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El control autoritario del mundo rural fue una pieza clave del ejercicio del poder durante el siglo XX mexicano. Después de la intensa movilización generada por la revolución de 1910, que llevó a miles de campesinos en todo el país a luchar organizadamente por la tierra, los gobernantes de los años veinte y treinta se esforzaron por contener esa fuerza social a través de diversas vías. La más exitosa fue el intenso reparto agrario que se llevó a cabo entre 1936 y 1938 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que no sólo respondió a las demandas de tierra y agua que habían surgido en todo el país, sino también puso al campesino en el corazón de la dignidad nacional. Este proceso se desarrolló a la par de los trabajos para constituir una organización que debería garantizar los logros de la reforma agraria a partir de "la unificación campesina".1 La fundación de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 1938 y su incorporación al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) marcaron la pauta de lo que habría de ser la relación autoritaria entre el Estado y los trabajadores del campo a lo largo de las siguientes décadas.