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En España este fenómeno sería más tardío y no llegaría con fuerza hasta la última década del siglo XX, coincidiendo así con la madurez del "Estado de las autonomías" y el consecuente adelgazamiento del gasto estatal. En esos años, las privatizaciones de empresas públicas estatales se aceleraron (Guarnido Rueda y Jaén García, 2005; Gámir Casares, 2005), alentadas políticamente y también por las exigencias de convergencia nominal con la Unión Europea. En definitiva, más para allegar fondos extraordinarios a las arcas públicas y contribuir a reducir el déficit público que por motivaciones de eficiencia (González de la Fe, 2003, 2004; Ortega Almón, 2003).