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La participación de los gobiernos municipales en la adopción de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres es un fenómeno ligado a una política nacional explícita cuya existencia es reciente en México. Si bien el principio de igualdad ante la ley de mujeres y hombres se estableció en el artículo cuarto de la Constitución mexicana desde su reforma en 1974, una de las bases legislativas de la política pública en la materia es una ley promulgada en agosto de 2006: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual define la igualdad entre mujeres y hombres como "la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo" (artículo 6).[11] También determina que la perspectiva de género debe incorporarse de manera transversal en el diseño de leyes y políticas públicas y dispone la creación de un sistema nacional, uno de cuyos fines es promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo acciones con perspectiva de género en materia económica y de reducción de la pobreza. Es importante anotar que los municipios son sujetos obligados de esa ley, lo que implica que son responsables de implementar políticas municipales orientadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.