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La cuarta y última categoría propuesta por Matland es la implementación "simbólica", caracterizada por altos grados de conflicto y de ambigüedad en las políticas. Esto sucede en general en políticas públicas que invocan valores de muy alto contenido simbólico para la sociedad, sobre todo aquellas que conllevan el propósito de redistribuir bienes, recursos o poder. El factor que más peso tiene en los resultados de un proceso de implementación simbólica es el poder relativo de las coaliciones que se forman, ya sea para apoyar o para socavar la política pública. Las batallas de implementación tienen lugar no en el entorno de las instancias normativas centrales, sino más específicamente en el nivel micro. Es decir que, por la misma ambigüedad de los objetivos e instrumentos de la política, las autoridades centrales ven considerablemente disminuida su capacidad de controlar el proceso, por lo que el conflicto se desplaza hacia los niveles inferiores de la implementación. Es en este nivel donde los ejecutores se ven obligados a formar coaliciones con otros grupos locales para hacer avanzar la implementación de las políticas. Ni el enfoque "de arriba hacia abajo" ni el "de abajo hacia arriba" son capaces de describir y explicar, por sí solos, la implementación simbólica.