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El conflicto que caracteriza a toda política pública obedece a que sus objetivos y acciones específicas afectan los intereses y las posiciones de diversos grupos. Ante situaciones de conflicto, los actores recurren a estrategias de negociación o a mecanismos de coacción. La conflictividad de una política afecta el acceso de los actores al proceso de implementación y los mecanismos que éstos utilizan para la resolución de los conflictos.[4] El segundo elemento del modelo de Matland es el grado de ambigüedad de la política pública. Por una parte, las políticas suelen estar diseñadas con objetivos ambiguos no sólo por descuido o desconocimiento, sino también como un acto premeditado de sus diseñadores para desplazar el conflicto político hacia el terreno de la implementación. Por otra parte, la ambigüedad de las políticas se encuentra también en sus medios o acciones concretas. Esto se debe, en gran medida, al problema de "tecnologías inciertas" que caracteriza a muchas áreas del sector público (Cohen, March, y Olsen, 1972), lo que significa que el conocimiento disponible no permite establecer con certeza las relaciones causa-efecto en el tratamiento de problemas públicos. La ambigüedad en el diseño de una política pública afecta aspectos nodales de la implementación, tales como la capacidad de monitoreo y supervisión, el grado de entendimiento de sus elementos entre todos los actores y la influencia de los contextos locales en sus resultados, entre otros.