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Si la transición democrática latinoamericana tiene un origen más pragmático que de principios, es obvio que se le exija no sólo evitar la inestabilidad macroeconómica, sino producir resultados que se reflejen en el bienestar general. México es un claro ejemplo de esa situación: pareciera que el apoyo de largo plazo a la democracia es sólido, lo que blinda al país de apuestas que busquen romper el orden social con un discurso socioeconómico o de lucha de clases. Sin embargo, lo que es obvio es la insatisfacción ciudadana con una democracia mexicana que desde 1995 ha ofrecido estabilidad, pero un muy pobre crecimiento económico que se refleje en los bolsillos de los ciudadanos. México tiene amplio campo de maniobra para consolidar su democracia, pero la falta de resultados económicos de impacto social, en el corto plazo, puede complicar el escenario.