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Algunos ejemplos concretos que ratifican la existencia de la tradición legalista son observables en los sólidos argumentos jurídicos que Chile esgrimió para apoyar la resistencia de la mayoría de los estados latinoamericanos para evitar la condena de Cuba, la abstención en la votación que excluyó a Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la reunión de Punta del Este, en 1962, y la abstención frente al intento de aplicación de sanciones a Cuba acordado en julio de 1964 (Muñoz, 1984). Otro indicador ha sido el amparo en el respeto de los tratados internacionales para no modificar situaciones vinculadas a la cuestión territorial. Un ejemplo más cercano en el tiempo y paradigmático fue la posición adoptada por Chile en calidad de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones en 2003. La administración Lagos decidió no apoyar la invasión a Irak por considerar que violaba los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Empero, esta fuerza profunda atravesó un impasse en la era Pinochet cumpliendo selectivamente los acuerdos internacionales. En ese sentido se ajustó un estricto cumplimiento de los tratados vigentes en materia territorial y, aludió constantemente a principios generales del derecho internacional —no intervención en asuntos internos, por ejemplo— aunque se violaron numerosas convenciones relativas a los derechos humanos.