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Estas posiciones derivarían, posteriormente, en la creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), por los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú en una reunión celebrada en Santiago de Chile, el 18 de agosto de 1952. Entre otras cosas, proclamaron como norma de su política internacional la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos le corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, y sobre el suelo y subsuelo de dicho mar, para asegurar la conservación, el desarrollo y aprovechamiento de las riquezas existentes, en beneficio de la subsistencia y la economía de sus pueblos, y reconociendo el "derecho de paso inocente e inofensivo", a través de esa zona, para las naves de todas las naciones. Estos principios generales y propósitos quedaron consagrados en la Declaración de Santiago15. Por otra parte, la Convención de Derecho del Mar (Montego Bay, Jamaica, 1982) fue incorporada en 1986 como norma interna chilena al dictarse la Ley Nacional 18565.