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Para contestar a estas preguntas, debemos mencionar algunas cuestiones de gran importancia institucional. En primer lugar, la influencia ejercida por el diseño constitucional uruguayo. En efecto, la Constitución de 1966 exige la cooperación de los diferentes partidos políticos en la dirección de los Entes Públicos o en la formación de mayorías especiales para gestionar temas específicos (por ejemplo, la reforma constitucional). Indudablemente estos mecanismos, dada la tradición cooperativa que existe entre los partidos y la carencia de mayorías propias por parte de los mismos, facilitan la negociación política acortando las distancias entre gobierno y oposición, al tiempo que permiten, a esta última, coparticipar en la gestión pública accediendo al manejo de importantes recursos de poder.