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A partir de marzo de 2004, cuando las encuestas de opinión pública seguían consignando la ventaja de López Obrador sobre el resto de los actores políticos, la difusión en los medios masivos de pruebas que demostraron la corrupción de funcionarios y delegados del gobierno del Distrito Federal, y la acusación por el incumplimiento de disposiciones judiciales en contra de su titular, han puesto en duda el ejercicio ético del poder del cual se jactaba López Obrador y se han traducido en el planteamiento de cuestionamientos múltiples por parte de sus detractores, así como en el inicio de un proceso para desaforarlo y que, de consumarse e implicar un juicio penal que lo sentencie,18 puede dejarlo sin posibilidades para participar en el proceso electoral de 2006. A esto hay que añadir el descontento por la inseguridad pública que prevalece en la capital del país, el cual se ha manifestado de manera masiva y organizada en una marcha ciudadana sin precedentes.