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Por eso la ética pública reconoce una lógica de funcionamiento muy particular, ya que, como señala Weber, la "singularidad de todos los problemas éticos de la política está determinada sólo y exclusivamente por su medio específico, la violencia legítima en manos de las asociaciones humanas" (1984: 171). Esta peculiaridad que la caracteriza no deja de constituir en realidad un problema, ya que el monopolio de esa violencia legítima lo tiene el estado moderno, que lo ejerce además sobre ciudadanos desarmados. Construido modernamente como dios mortal, el estado adquiere en este contexto un potencial represivo que se acrecienta aún más con la conformación posterior del estado democrático de masas, al punto de dejar abierta la puerta a las más grandes aberraciones, como da cuenta de ello la historia del siglo XX.