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Desde Maquiavelo ya se hizo evidente que el objeto de la política no era otro que el poder, algo que, sin embargo, había sido velado durante muchos siglos; en parte, por la subordinación de la política a la ética y, en parte, también porque estas relaciones se insertaban en el seno de sociedades tradicionalmente jerárquicas, por lo que la asimetría propia del poder se justificaba por la condición social a la que se ingresaba en el momento de nacer. Pero en los inicios de la Modernidad1 , al generalizarse el desarrollo del mercado, comienza a diferenciarse una esfera privada de una pública, y el poder aparece, entonces, claramente separado de toda contención ética. Esto significa que buen hombre y buen ciudadano ya no coinciden, planteando de esta forma que no hay continuidad entre público y privado. Esta es, por cierto, una característica que define la política moderna, que pasa así a distinguir una ética pública de una privada. Ya no hay, como se dice vulgarmente, "'una sola' ética, válida para la actividad política como para cualquier otra actividad" (Weber, 1984: 160), por lo que el contenido de esa ética que llamamos pública no guarda relación alguna con los valores de la moral.