Introducción

El arribo de Domingo F. Sarmiento a la presidencia (1868-1874) tuvo una característica distintiva que le confirió un sello personal a su gobierno. Su triunfo representaba la victoria de un candidato sin partido propio, lo cual implicaba la llegada al gobierno de alguien ajeno a la desgastante lucha diaria de las facciones y que había sido colocado para elevarse sobre las aspiraciones e intereses de estos grupos. Sarmiento retornaba de su misión diplomática en los Estados Unidos y se presentaba como alguien que no iba a distinguir entre amigos y enemigos a la hora de aplicar la ley, proponiendo una conducción y liderazgo que no estarían sujetos a favores personales.¹ Al acceder a la presidencia, Sarmiento propone establecer un principio de autoridad que pretendía ejercer, según sus propias definiciones, “la función ejecutiva en la mayor medida que la Constitución tolerase”, y en ese sentido, estaba convencido de que el monopolio del uso de todas las fuerzas militares era una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, inherente a su rol de Comando en Jefe del Ejército. Este atributo fue ejercido de forma efectiva y no solamente nominal por el propio Sarmiento en distintas situaciones en donde la intervención del Ejecutivo se apoyaba en la consigna de fomentar la institucionalidad en todos los niveles del Estado.² A la hora de defender la Constitución, Sarmiento no dudará en sostener que:

…La ley militar está al frente de la Constitución de los Estados Unidos y de la nuestra también. Ante ella enmudecen las garantías individuales proclamadas por el pueblo libre. El ciudadano norteamericano mismo desaparece, desde que en la Constitución se le muestra el tambor pronto a sonar (…) No hay, pues, justicia federal para el que lleva en las manos el arma que le ha confiado el Estado, la que toma contra él. Los nacidos en la República Argentina son miembros de la Guardia Nacional, estén enrolados o no, entiéndanlo bien; y desde que un argentino lleva un arma y un paquete de cartuchos, está sujeto a las terribles leyes militares que precaven a la sociedad de que esos cartuchos vayan a la boca del fusil sin orden del jefe de Estado.³

Con estas consignas Sarmiento se ocupó de definir el rol del ejército y de la Guardia Nacional. Sostuvo fuertes disputas con los gobiernos provinciales en relación con la autoridad y potestad sobre las fuerzas militares de origen local⁴, que el presidente reclamaba para la nación. Aquellas disputas se debían en parte a que las definiciones acerca de las incumbencias militares que la Constitución Nacional reservaba para la Guardia Nacional estaban expuestas con una cierta ambigüedad que permitía algunas excepcionalidades, quedando la potestad sobre la GN sujeta a las diversas interpretaciones surgidas de las conveniencias del gobierno central o de los mandatarios provinciales.⁵

En esas querellas sobre la potestad y el control de la Guardia Nacional también hizo su aparición la justicia civil expresada en los tribunales federales de justicia dependientes de la recientemente creada Corte Suprema. Éstos tuvieron un importante desempeño en diversos conflictos relacionados con la disputa de atribuciones entre la justicia civil y los tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo.⁶ La tarea de centralizar el poder militar requería políticas específicas tendientes a conseguir la institucionalización y modernización de las fuerzas armadas. En ese sentido, reivindicar la incumbencia de la justicia militar por sobre la justicia civil implicaba un mayor control por parte del presidente y comandante en jefe, a quien responden directamente los tribunales de guerra. Por otra parte, el control de la Guardia Nacional impulsado por Sarmiento sería un importante paso hacia la consolidación de un nuevo orden político que afirmaría la transferencia de poder desde la periferia hacia el centro. El segundo paso será emplazar al Ejército de Línea como la base militar de aquella organización, de modo que la profesionalización de esta fuerza y la estructuración de sus servicios serán el centro de las preocupaciones de Sarmiento en materia militar.

En esta investigación se comprende que las normas, prácticas y acciones políticas orientadas a conducir la autoridad hacia el poder central no surgen de una estricta penetración del Estado nacional sobre la sociedad, sino más bien, de una interrelación entre los poderes provinciales y los nacionales.⁷ El Estado nacional se edifica sobre otras formas de autoridad preexistentes y en este estudio se propone abordar la faz militar de esta perspectiva.⁸ Los proyectos de renovación de las estructuras militares, expresados por la Ley de Reclutamiento (1872) y la profesionalización del cuadro de oficiales del Ejército, se asocian con el proceso de centralización, que involucran una redefinición de las relaciones entre el Estado nacional y las provincias.⁹ A su vez, la formación académica de los oficiales del Ejército de Línea iniciada en la década de 1870, expresada en la creación del Colegio Militar de la Nación, se concibe para fortalecer las relaciones de mando y obediencia entre el poder central y los jefes del Ejército. En este sentido, el abordaje de la educación militar en la década de 1870 se vincula con la subordinación de las fuerzas armadas al Estado nacional. Como veremos en las líneas que siguen, el control del ejército por parte de la autoridad presidencial será el rasgo distintivo del futuro oficial formado en el Colegio Militar. Este trabajo examina esos elementos y propone trazar sus trayectorias en el marco de las dinámicas, proyectos y concreciones que apuntan a lograr el monopolio de la fuerza militar por parte del Estado nacional y constituyen una parte central del proceso de consolidación de esta entidad en la Argentina.¹⁰

Hacemos aquí una mención al recorrido del trabajo realizado a partir del acceso a diversas fuentes y repositorios. En el Servicio Histórico del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) y Archivo General del Ejército (AGE) existe una gran cantidad de documentación oficial de las actividades del ministerio de Guerra y Marina. Allí hemos tenido acceso y examinado las 80 cajas de material clasificado como Organización Nacional 1861-1888. En este acervo documental poco frecuentado por historiadores no militares pudimos explorar una numerosa cantidad de testimonios y fuentes de diversa índole vinculados con el Colegio Militar en sus primeros años de existencia: partes militares, órdenes generales, actos de justicia militar y sanciones disciplinarias, numerosas cartas de familiares, madres, padres, hermanos dirigidas a distintos jefes militares o al ministerio de Guerra y Marina. El análisis de esa documentación nos ha permitido informarnos acerca del funcionamiento de la estructura militar tanto en épocas de relativa paz como en el contexto de un enfrentamiento militar. También nos ha proporcionado material para analizar la relación entre la guerra y la sociedad, mostrando la presencia del fenómeno de la movilización militar y la violencia en la vida cotidiana. Hemos consultado las memorias presentadas al Congreso por el Ministerio de Guerra y Marina de aquellos años (1862-1881), éstas se encuentran en el Servicio Histórico del Archivo del Ejército y en la biblioteca del Archivo General de la Nación (AGN). Este material ha sido un importante insumo para nuestra investigación, proporcionando datos sobre los movimientos de entradas y salida de personal, actividades del Colegio Militar y diversos proyectos tendientes a la profesionalización de las Fuerzas Armadas.¹¹ El examen de la prensa y los debates parlamentarios también fue de suma importancia para el trabajo realizado. En la Biblioteca del Archivo General de la Nación (AGN) hemos analizado distintos debates parlamentarios ocurridos en épocas de movilización militar o discusiones en torno a proyectos relacionados con la organización militar. Los archivos y colecciones particulares de militares, políticos, y otros hombres públicos asentados en la sala VII del AGN han sido de gran utilidad, como el fondo Domingo Faustino Sarmiento del Archivo Museo Sarmiento o los fondos documentales de Julio A. Roca e Ignacio Rivas, localizados en el Museo Roca. A ello se suman los relatos y memorias escritas de algunos jefes y oficiales que pasaron por las aulas del Colegio Militar de la Nación.

Reformas institucionales en la organización militar (1868-1874)

Sarmiento fue el candidato propuesto por los oficiales del ejército, subordinados a Mitre en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, cuando el candidato natural a la sucesión mitrista parecía ser Rufino de Elizalde. El triunfo de Sarmiento expresaba en gran medida el descontento de la oficialidad por el estado de la organización militar durante la Guerra en el Paraguay y las rebeliones en el interior del país. Como veremos a continuación, algunas de las demandas vinculadas con la necesidad de lograr una mayor modernización en el ejército serán atendidas durante su gestión presidencial (1868-1874).

Sobre las huellas todavía frescas de ese enorme fenómeno social que fue la Guerra de la Triple Alianza, a partir de la salida de Mitre se empezaron a poner en cuestión algunos aspectos relacionados con la organización militar. Los cinco años de campaña militar internacional significaron una prueba de fuego para el todavía incipiente Ejército Nacional, un gran aprendizaje para los soldados y oficiales que lograron regresar del frente¹². La exigencia de profesionalizar la organización militar en todos sus niveles, desde la conducción y preparación para el combate, hasta las relaciones entre la política militar con el poder civil y la sociedad fueron colocados entre los temas pendientes por resolver. Las conclusiones provisorias y contundentes que dejaba como saldo el conflicto de la Triple Alianza es que todas las carencias de una organización militar deficiente se traducían en vidas humanas perdidas, tiempo de campaña y enormes costos materiales.¹³ La falta de disciplina y del llamado “espíritu de cuerpo” se expresaba en forma de motines y deserciones que obligaban a sancionar ejemplarmente a sus instigadores con el fin de evitar la temida “desmoralización” de los batallones.¹⁴ Desde la visión crítica de una nueva generación de oficiales curtidos en las trincheras del Paraguay estas cuestiones comienzan a ser asociadas con la política militar que los origina.¹⁵

La década de 1870 fue una época caracterizada por los diferentes intentos de modernización de las fuerzas armadas. Las novedades impulsadas por estos años estuvieron orientadas en conjunto a lograr las reformas necesarias para establecer las bases de un ejército nacional profesional. Para ello, la organización reglamentaria y la formación de sus cuadros habrían de proyectarse en los protocolos administrativos que fueran propios de la estructura castrense. El proyecto de Sarmiento de separar al ejército de las luchas facciosas mediante su profesionalización encontraba una cierta afinidad con el clásico planteo de Carl Von Clausewitz¹⁶ acerca de la naturaleza dual de la guerra. Según Clausewitz, la guerra era simultáneamente una ciencia autónoma con sus propios procedimientos y es a la vez también una actividad subordinada en tanto que sus fines provienen fuera de sí misma. La guerra tiene su propia gramática, pero no su propia lógica. La lógica militar es definida por el poder político en función de sus objetivos y la gramática es la ciencia de lo militar.¹⁷ Preparar militares profesionales implica el reconocimiento de aquella naturaleza dual de la estructura militar, separarlos de la lógica de la política y subordinarlos a ella.¹⁸ Además, emergía la preocupación por la llamada moralización de las costumbres en los soldados y la disciplina que pretende hacer dóciles los cuerpos. Estos asuntos parecen estar siempre presentes en la justificación de las prácticas disciplinarias y punitivas que buscan hacerlos aptos para la lealtad y subordinación requerida. Entre los extremos de la imposición violenta, que desata acciones de resistencia frente a la arbitrariedad impuesta por los mandos militares, y la autoridad consensuada, en la práctica de los cuarteles y campamentos militares se negocian las relaciones de obediencia en el marco de una construcción cultural de creencias y prácticas que rivalizan en un escenario de conflicto.¹⁹ La política militar que propone Sarmiento intentará separar esas prácticas basadas en relaciones personalistas por un modelo burocrático que prepare oficiales para responder de manera impersonal al Estado nacional y ése es uno de los desafíos que se plantea enfrentar la instauración del Colegio Militar.

La ley de reclutamiento y la Guardia Nacional

La primera ley nacional sobre reclutamiento de efectivos para el ejército permanente (1872) estaba inspirada por aquella vieja fórmula tendiente a “desarraigar la localización de los cuerpos que destruye toda idea de un Ejército Nacional”,²⁰ aunque más precisamente dirigida al objetivo de alejar el control de la Guardia Nacional del poder de los gobiernos provinciales y colocarlo definitivamente bajo la órbita del poder nacional. Según dice Natalio Botana, al interpretar las ideas militares de Sarmiento, la GN era una organización militar que adquiría las características del medio que las engendraba. Así, cada sociedad proyectaba sus características sociales y la fisonomía de sus luchas en la composición y funcionamiento de la Guardia Nacional.²¹ Para acabar con esa diversidad marcada por el origen, Sarmiento insistía en definir a la GN a partir de la suma de sus componentes, “Los nacidos en la República Argentina son miembros de la Guardia Nacional, Estén enrolados o no, entiéndanlo bien”. En ese sentido, la GN debería constituir una abstracción hasta el momento en que el Estado nacional decida su reunión, un concepto que en la práctica compone a todos los ciudadanos de la Nación y ya no debe ser identificada con aquellas milicias provinciales en manos de los “caudillos”.²²

En septiembre de 1872 el Congreso de la Nación sanciona una nueva ley para el reclutamiento del ejército. En ella se disponen las condiciones para el alistamiento de voluntarios, enganchados, destinados y la proporción del número de reclutas en forma de contingente con que cada provincia debía contribuir a la remonta del Ejército de Línea. Es la primera disposición que adecúa a los contingentes requeridos de acuerdo con la población existente en cada provincia según el censo nacional de 1869.²³ En 1872 se crea la Escuela Naval que comienza a funcionar a bordo del buque de guerra General Brown. El salto tecnológico en la fuerza naval obligaba a la modernización de las fuerzas de mar y con esa perspectiva el comandante del buque, Coronel Rosetti, mayor Clodomiro Urtubey, apoyado por un grupo de marinos propuso a Sarmiento la creación de una escuela náutica separada del Colegio Militar. Sarmiento estuvo de acuerdo y el 5 de octubre de 1872 dispuso la organización de la Escuela Naval Militar, puesta bajo la dirección de Urtubey con asiento en el General Brown, que de esta forma se convierte en el primer buque escuela de la marina argentina. De este modo, 1872 se convierte en el año donde quedarán estructuradas las bases para la futura profesionalización del ejército, aunque este proceso se demorará todavía otras dos décadas más.²⁴ Curiosamente, 1872 es el año de aparición del Martín Fierro, personaje cuya existencia transcurre atravesada por la dureza y rigor de las disposiciones militares.²⁵

La ley de reclutamiento se daba en un contexto de fuertes cuestionamientos al poder ejecutivo nacional por las intervenciones federales y sobre el rol del ejército como brazo armado de la centralización.²⁶ De esta nueva legislación hay que destacar, por un lado, la aparición de algunos aspectos novedosos, así como también la confirmación de la vigencia de disposiciones del antiguo régimen.²⁷ La medida plantea como novedad la universalización del servicio militar en el Ejército de Línea a través de la convocatoria de contingentes de la Guardia Nacional en la que deben participar todos los individuos hombres y mayores de edad por su condición de ciudadanos. El contingente se conformaría a través del sistema de sorteo en cada localidad entre todos los hombres de 18 a 45 años hasta completar las plazas requeridas por el ejército regular.²⁸ A continuación de esta medida se incluye la posibilidad de habilitar un personero “que sustituirá en todos sus derechos y obligaciones al reemplazado”.²⁹ Por otro lado, la ley de reclutamiento reafirma explícitamente en su artículo 9º que una vez firmado el contrato por parte del soldado “quedará sujeto en todo a las Ordenanzas Militares”³⁰ que no son otras que las antiguas leyes militares de la época de Carlos III (promulgadas en 1768) y los sucesivos bandos y disposiciones derivados de ellas. Otro aspecto que queda plasmado será el de la asociación entre castigo penal y servicio militar expresado en la figura del destinado. Son destinados “por el término de su condena, los que, con arreglo a las Leyes penales, sean sorteo castigados con el servicio de armas” siendo luego “puntualmente dados de baja, después de cumplir su condena”.³¹

En su origen inmediato, la ley de reclutamiento de 1872 y las restantes medidas destinadas a sentar las bases de la universalidad del servicio militar y la profesionalización de la carrera de las armas deben visualizarse en su contexto de producción. Atrás ha quedado la guerra en el Paraguay y las amenazas del antiguo federalismo neutralizadas luego de las primeras batallas contra el jordanismo entrerriano. Una paz relativa en el contexto de resistencias provinciales que amenazaban la autoridad nacional impulsa algunos avances institucionales del poder nacional que se propone destinar una mayor cantidad de recursos materiales y humanos para encarar el avance de la frontera.³² Cuando el Ministro de Guerra Martín de Gainza presenta al Congreso la Memoria de su cartera en 1872 dice que es la primera vez que “se presenta ante el Congreso el Departamento de la Guerra libre de toda complicación militar así en el interior como en el estrangero (…) de manera que el Congreso podrá dirijir su atención y sus luces á legislar sobre las necesidades del ejército sin la coacción que producen situaciones anormales y exigencias violentas del momento.”³³

La política tendiente a regularizar la situación del ejército por parte del gobierno nacional muestra -nuevamente- que no puede llevarse a cabo de manera completa y efectiva, pues es la misma dinámica de lo irregular y la arbitrariedad la que permite contar con mayor cantidad de efectivos cuando hay necesidad de hombres para el ejército. El propio ministro reconoce que “El ejército de línea se compone de seis mil cien hombres, distribuidos en las tres armas, de que un mil setecientos se hallan cumplidos, algunos, en doble tiempo del de su empeño”.³⁴ Aunque agrega que por el momento no es posible otorgar la baja a tanta cantidad de individuos cumplidos de su servicio, en primer lugar, porque no hay muchos individuos dispuestos a engancharse como reclutas. En segundo lugar, no se puede reenganchar a los que han cumplido con el tiempo de servicio o condena, es decir, volver a firmar el contrato de enganche, pues el presupuesto con el que cuenta el Ministerio “no alcanzaría para pagar los reenganches de la mitad de los cumplidos”, entonces lo mejor es mantenerlos en servicio activo hasta que las condiciones institucionales y presupuestarias permitan esas innovaciones.

En aquel marco de precariedad se desenvuelve la política militar, habiendo expresado la voluntad de mejorar el servicio del ejército dice el ministro que el gobierno se ha visto en “la necesidad de ocurrir á los contingentes de Guardias Nacionales con todos sus inconvenientes y gravámenes. La Guardia Nacional reclutada y remitida violentamente, dá los peores resultados en el servicio, habiéndose repetido los casos de deserción en masa con armas y caballos, abandonando los fortines cuya defensa les había sido encomendada”.³⁵ El servicio de la Guardia Nacional, aquel simbólicamente identificado con la ciudadanía armada, el honor y el deber de los ciudadanos argentinos de armarse en defensa de la patria y sus instituciones, se veía continuamente desnaturalizado como consecuencia de la violencia de los contingentes enviados por la fuerza.³⁶ La coronación de aquella distorsión era expuesta por el propio Ministro y podía verificarse en las fronteras del sur, donde “los indios de Catriel á más del servicio que les está encomendado, prestan el de escoltar a los guardias nacionales que hacen descubiertas y guarnecen fortines para evitar su deserción”.³⁷

La reforma militar expresada en la ley de reclutamiento de 1872 funcionaba en varios niveles que nos permiten vincular a la guerra con los procesos de construcción estatal.³⁸ Una guerra “entendida como institución interna y ya no solamente como acontecimiento bruto de la batalla”³⁹, nos permite reconocer que la modificación en las funciones y el modo de reclutamiento de la GN implica una trasformación en el modo de preparar y organizar la guerra. El modelo militar que el gobierno nacional pretendía superador respecto a la organización de las milicias provinciales encuentra en la ley de 1872 una legislación directamente relacionada con el avance del Estado nacional. En primer lugar, reorganizando el modo de hacer la guerra, pues el poder nacional proyectaba un modelo de Estado centralizado diferente al modelo estatal representado por la Guardia nacional, entendida como milicia provincial.⁴⁰ En segundo lugar, la efectividad de la puesta en práctica de esas reformas militares significaría el avance material del modelo de Estado centralizado representado militarmente en el ejército profesional. Si la guerra hizo al Estado y el Estado hizo la guerra, ambas estructuras irán evolucionando de manera conjunta en una relación de recíproca influencia. En tercer lugar, la reforma militar de 1872 implicaba la posibilidad de obtener un mayor control del territorio nacional por parte del Estado. Una presencia territorial que todavía no aparece con firmeza en las zonas de frontera y más allá, en el “desierto” habitado por las sociedades indígenas.⁴¹

El Colegio Militar de la Nación y la educación de los aspirantes en la década de 1870

En estos tiempos, no obstante admirar el pueblo el valor y las glorias del Ejército, casi nadie quería ingresar en la carrera militar. Pues los batallones, cuerpos, regimientos y demás instituciones de esta naturaleza, eran considerados por nuestros ciudadanos como cuerpos de corrección o establecimientos de punición. Por consiguiente, yo sabía con seguridad que la negativa de mi familia la tendría en masa; no había que pensar en solicitar el beneplácito de mis padres.⁴²

Sarmiento era un gran admirador de las doctrinas militares europeas, sobre todo las de Francia, y estaba convencido de que preparando soldados de carrera de acuerdo con un programa científico se daría el primer paso para acabar con la improvisación y avanzar hacia la modernización del ejército.⁴³ Con estas ideas retoma el antiguo proyecto de Mitre de organizar una escuela militar, iniciado poco antes de la Guerra en el Paraguay y truncado por ese conflicto. Con la ayuda de su ministro de Guerra, Martín de Gainza, se propone poner en marcha el Colegio Militar en 1869.⁴⁴

La trayectoria del Colegio Militar de la Nación durante su primera década de existencia, expresada en la vinculación de sus alumnos, egresados, autoridades y docentes con el poder político, la sociedad y su articulación con el ejército de su tiempo, dará cuenta de la ardua tarea que implica promover una “instrucción científica” de los nuevos cuadros. La academia se propone alejada de los vicios y prácticas que se intentan desterrar en el ejército y por ello los aspirantes estarían sometidos al estricto control de un régimen disciplinario ajustado al texto de la “Ordenanza Militar en todo lo que concierne a la subordinación, el respeto debido a los Superiores, la prontitud y exactitud en la ejecución de las órdenes, etc.”.⁴⁵

El lugar elegido para iniciar las actividades fue la antigua residencia de Rosas en San Benito de Palermo. Allí funcionaba durante el gobierno de Mitre (1862-1868) la Escuela de Artes y Oficios, que fue el antecedente más cercano del Colegio Militar. La casona de Palermo había sido acondicionada para establecer la sección militar de dicha escuela, destinada a la instrucción de reclutas, aunque fue una experiencia truncada al estallar la guerra en el Paraguay. Sarmiento se ocupó personalmente de nombrar una comisión de militares que fue la encargada de redactar el reglamento que contendría todas las disposiciones que formarán al oficial profesional egresado del Colegio.⁴⁶ En pocos meses éste fue redactado y aprobado por el presidente el 12 de marzo de 1870, quien además designó como director del colegio al militar de origen húngaro Juan Czetz.⁴⁷ El primer reglamento de la institución establecía el perfil requerido por los jóvenes aspirantes. La educación militar estaría destinada a los:

Los estudiantes serían becados por el gobierno y los requisitos para optar por una de las 50 becas disponibles eran “Tener buena salud y adecuada robustez. Saber leer, escribir y conocer la aritmética elemental. Tener 12 a 14 años de edad.”⁴⁹ El primer plan de estudios fijaba una duración de cinco años para la totalidad de los cursos. Estaba estructurado en cinco períodos que incluían cursos de matemáticas, castellano, historia, geografía, cosmografía, ordenanza táctica de las tres armas, planimetría, dibujo, inglés, francés y ejercicios de tiro y esgrima. Los exámenes finales serían supervisados por una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo, cuyo primer presidente fue el general Emilio Mitre. Una vez iniciada la tarea educativa y durante más de un año desde su inauguración, el número de estudiantes no llegaría a cubrir las 50 becas. Al iniciar el año 1871 se alcanza el número de treinta y seis “aspirantes a oficiales” en los cursos regulares.⁵⁰ La escasez de aspirantes obligaría a permitir el ingreso de algunos estudiantes que no cuadraban con los requisitos de admisión; ingresaron algunos mayores de 14 años y otros menores de los 12 años estipulados. Hubo aspirantes que no rendían satisfactoriamente los exámenes de ingreso que consistían en una evaluación de aritmética básica, lectura, escritura y dictado, pero si el examen de su constitución física aparecía como de “condición robusta” serían admitidos⁵¹. Una constitución física “débil” tendría un mayor peso negativo que un mal examen o el no cumplir con los límites de edad a la hora de rechazar a los candidatos⁵².

Para 1872 el colegio contaría con 56 estudiantes, 18 cursando el primer año, 24 en segundo y 16 en tercero.⁵³ A fines de 1873 se graduaría la primera camada de estudiantes, un total de 13 oficiales.⁵⁴ Fue en octubre de 1873, a raíz de la segunda guerra contra López Jordán, luego de que cuatro alumnos de 4º año fueron movilizados por orden del ministro Gainza para completar el cuadro de oficiales del Regimiento 1º de Caballería que operaría en las cercanías de Paraná.⁵⁵ En la misma fecha el gobierno entregó los despachos de subteniente al resto de los alumnos del 4º año y con ello los primeros egresados del Colegio se integraron al ejército. El primer reglamento del Colegio establecía que “a los 17 años, los seis alumnos más distinguidos entrarían como Tenientes 2º á los cuerpos que elijan, quedando obligados á servir cuatro años; los otros pasarán a los cuerpos en calidad de Alférez y tienen la misma obligación de servicio”.⁵⁶ Sin embargo, la trayectoria de estos primeros años de vida del Colegio va sugiriendo algunas reformas sobre la marcha, impulsadas a partir de las contingencias de la militarización de la vida política antes que por los dictados de la ciencia militar. La incorporación de los futuros oficiales a las unidades, apresurada por los movimientos de la vida política, irá dificultando el cumplimiento estricto de las disposiciones reglamentarias. La necesidad de oficiales con formación teórica en un contexto de movilizaciones bélicas siempre latentes obliga a acortar los años de duración de la carrera. En 1875 se establece que desde el tercer año los alumnos puedan ser incorporados a las unidades de caballería o infantería, y como incentivo para quienes completen la formación de cinco años, podrían optar por incorporarse a un regimiento de artillería o el cuerpo de ingenieros.⁵⁷

La escasa afluencia de postulantes se relacionaba con la evocación que hace José Daza - uno de aquellos primeros aspirantes - acerca de la consideración que la sociedad de su tiempo tenía sobre la carrera militar. La idea de que las unidades militares eran “cuerpos de corrección o establecimientos de punición” tenía su correlato en la cantidad de individuos destinados por delitos comunes a servir en esos cuerpos en donde también iban a parar los “vagos y malentretenidos”, o los infractores a la ley de enrolamiento de la Guardia Nacional y otros tantos llevados por la fuerza de la arbitrariedad en el “contingente”.⁵⁸

En 1875 el ministro Alsina se muestra preocupado por una cierta idea que circula acerca de los destinatarios de la educación del colegio, quienes serían sólo jóvenes huérfanos o hijos de militares muertos en combate. Pasados cinco años desde su fundación, el Ministro planteaba la necesidad de cambiar aquellos prejuicios sobre los potenciales estudiantes del colegio. Desde su óptica aquella idea estaba asociada con una falsa apreciación que surgía de la interpretación literal del reglamento, Alsina afirmaba que “desnaturaliza la índole de la institución. Lo que se propuso no fue dar educación a los hijos de tales o cuales padres, sino fundar una casa de educación que diera a la República oficiales instruidos siendo preferidos, en igualdad de condiciones, los huérfanos de militares”.⁵⁹ El ministro planteaba la necesidad de ampliar el ingreso para todos los jóvenes interesados en la carrera militar y proponía la modificación del edificio de San Benito de Palermo para poder albergar a treinta estudiantes más.

En junio de 1875 las postulaciones provienen en su mayor parte de descendientes de militares o de jóvenes recomendados por sus parientes militares. Hasta ese momento la admisión de postulantes sólo alcanza para superar las bajas que se van produciendo y seguir sosteniendo las cincuenta plazas disponibles.⁶⁰ En julio del mismo año se concreta la idea de Alsina de contar con 80 “aspirantes” a oficiales y se introduce una reforma en el reglamento que modifica las condiciones de ingreso al colegio, el régimen de castigos disciplinarios y los modos en los que los egresados del establecimiento serán incorporados a las unidades militares.

El aumento en el número de aspirantes⁶¹ pone en evidencia una serie de inconvenientes relacionados con la carencia de condiciones necesarias para una buena instrucción de los reclutas y se registran problemas de convivencia entre las actividades del colegio y los vecinos y trabajadores del Parque 3 de Febrero.⁶² El ministro Alsina personalmente tomará las medidas disciplinarias correspondientes, atribuyendo estos problemas a la falta de adecuación de las instalaciones del colegio que fuera la antigua residencia de Rosas. El establecimiento en aquel momento estaba situado en medio de un lugar de esparcimiento público - el parque 3 de febrero -, “circunstancia que hace más difícil la disciplina, y distrae a los alumnos quitando al estudio y á la reflexión un tiempo precioso”. Agregaba Alsina que, como el edificio de Palermo fue construido “para mansión de un tirano extravagante, no llena, en manera alguna, las condiciones requeridas”.⁶³

La política en las aulas

La experiencia de los primeros años de existencia del colegio es atravesada por las guerras contra las fuerzas de López Jordán entre 1870 y 1873 y más tarde por las convulsiones políticas de las disputas facciosas y la cuestión electoral durante 1874. En abril de ese año un incidente con motivo de las elecciones presidenciales determina la destitución de Juan Czetz de la dirección del colegio. Según el testimonio del propio Czetz fue dado de baja a partir de una serie de cuestionamientos ocurridos luego de ser sospechado de partidario de la candidatura mitrista.⁶⁴ En su lugar fue designado Mariano Moreno (hijo), quien estará en el cargo hasta 1876.⁶⁵

Desde el año 1873 encontramos diversos incidentes protagonizados por alumnos del colegio y reflejados en sumarios internos que fueron elevados al Ministerio de Guerra. Estos incluyen causas como la deserción, ataques vandálicos a los transeúntes, denuncias de padres de un alumno contra la violencia ejercida por un profesor, un sumario a otros estudiantes que “estropearon gravemente a un compañero”, y otro “proceso levantado para esclarecer los grados de culpabilidad de varios aspirantes que eran acusados de entregarse, casi sin reserva, al asqueroso vicio de la sodomía”⁶⁶, tan inaceptable dentro de la institución militar. Las penas aplicadas a esas faltas iban desde la suspensión de recreos, pasando por la sanción de arresto de 24 horas y hasta los 6 meses, o bien, la baja del Ejército y expulsión del colegio. Esta última medida se tomó solo en algunos casos que tomaron estado público a raíz de una polémica que involucraba a dos facciones de estudiantes del colegio enfrentadas a través de los periódicos porteños.⁶⁷ Las sanciones de expulsión de la institución acompañada de la prohibición de formar parte del Ejército, dadas a las faltas consideradas más graves, fueron disposiciones cuya decisión final recayó en el presidente Avellaneda, en su rol de Comandante en Jefe.⁶⁸ Este protocolo expresaba el control del ejército y su sometimiento a la autoridad presidencial, una característica que está plasmada en su normativa y que puede apreciarse en el quehacer cotidiano de la institución, como parte de su cultura institucional y apuntando a convertirse en el rasgo distintivo del futuro el oficial formado en el Colegio Militar.

En general se toleraban los actos de indisciplina e insubordinación sin mayores consecuencias cuando los informes sobre la aplicación al estudio y al conocimiento eran satisfactorios. Inversamente, se disimulaba la falta de aptitudes y dedicación al estudio si los informes de conducta no registraban incidentes. Según el director Mariano Moreno los episodios de insubordinación que se registraron al comenzar el año 1875 fueron los coletazos de las convulsiones producidas por la rebelión mitrista. En una carta al Ministro Alsina afirma que las consecuencias del levantamiento militar en la actitud de muchos cadetes fue una relajación de la aplicación al estudio y unos pocos saludables deseos de protagonismo político en los jóvenes que fueron movilizados para reprimir la revuelta. Al estallar la rebelión mitrista se había formado una compañía de escoltas con cadetes del Colegio encargados de custodiar la asunción de Avellaneda el 12 de octubre de 1874. Según el director, esos hechos sirvieron para “distraer a los alumnos de su atención principal, hacerles perder el hábito del estudio y despertar en ellos aspiraciones prematuras, que han traído por consecuencia la separación de muchos de los destinados a servir en comisión en los cuerpos de ejército, eliminándose así, en cada una de las clases, la mayor parte de los alumnos más aventajados”.⁶⁹ Debido al estado de agitación producido por la rebelión mitrista se suprimió el egreso de oficiales a fines de 1874. Las referencias transmitidas por las autoridades del colegio y el propio ministro de guerra indican que los jóvenes oficiales adquirían rápidamente la conciencia de pertenecer a una corporación que tiene un papel importante en la disputa política. A esta situación se añadía el prestigio que portaban quienes triunfaban en los campos de batalla, rodeándose de una celebridad guerrera. El director del colegio y el ministro señalaban la mala combinación que resultaba de unir esas aspiraciones con la juventud e inexperiencia de los cadetes. Una mezcla que, desde su perspectiva, desarreglaba el clima propicio para el estudio y provocaba la relajación en la disciplina.

Al comenzar el año 1876, luego de algunas altas de alumnos en el Ejército y con la incorporación de nuevos aspirantes, habría 70 cadetes en todos los cursos del colegio. Durante los primeros diez años de existencia del colegio, entre 1870 y 1880, egresaron 84 oficiales de sus aulas. La primera promoción de trece oficiales se graduó en 1873; al año siguiente debido a las convulsiones producidas por la guerra contra los mitristas sólo finalizan sus estudios cinco cadetes más, quienes serán incluidos en la promoción de 1875 donde se añaden otros ocho, sumando un total de otros trece oficiales para la segunda promoción. La tercera camada fue de cinco en 1876, la cuarta dio un total de once en 1877, fueron nueve en 1878, dieciocho en 1879 y quince en 1880. Recién en 1884 el número de egresados sobrepasa los treinta y se mantiene en números similares, excepto en 1891, luego de las turbulencias producidas por la revolución del parque.⁷⁰

Conclusión

La centralización del poder militar en la nación requería la eliminación del poder de la milicia provincial a través del sometimiento definitivo de la Guardia Nacional a la autoridad de la nación. El Estado nacional es una forma de organización política que se edifica sobre otras formas de autoridad y de gobierno preexistentes, de modo que las normas, prácticas y acciones políticas orientadas a conducir la autoridad hacia el poder central surgen de una interrelación entre los poderes provinciales y los nacionales.⁷⁷ La reforma militar encarada a comienzos de la década de 1870 estuvo directamente vinculada con el avance del Estado nacional. La efectividad de la puesta en práctica de esas reformas significaría que el Estado nacional estaría representado militarmente por el ejército profesional. La ley de reclutamiento de 1872 planteaba la modificación en las funciones y el modo de reclutamiento de la Guardia Nacional con el propósito de una trasformación hacia el modelo militar de Estado centralizado, diferente al modelo estatal representado por la Guardia nacional.

Hemos mostrado que, desde la perspectiva oficial, para conseguir el control del ejército y la sumisión a la autoridad presidencial había que formar militares que acataran sin dudar las órdenes del Poder Ejecutivo y éste será el rasgo distintivo de los futuros oficiales formados en el Colegio Militar. El proyecto de Sarmiento de separar al ejército de las luchas facciosas mediante su profesionalización planteaba la naturaleza dual del arte de la guerra. Una ciencia autónoma con sus propios procedimientos, pero a la vez una actividad subordinada en tanto que sus fines provienen del poder político en función de sus propios objetivos. Preparar militares profesionales implicaba separarlos de la disputa política para subordinarlos a la autoridad estatal. La educación en la academia militar aspira a reemplazar las prácticas basadas en relaciones personalistas por un modelo burocrático que prepare oficiales para responder de manera impersonal al Estado nacional. Hemos repasado el funcionamiento del colegio en sus primeros años de existencia y pudimos entrever las formas en que la disputa político-militar se colaba en sus aulas modificando algunos de los protocolos ideados para separar al Ejército de los altercados militares o los enfrentamientos en torno de la competencia electoral.⁷⁸ El contexto de militarización de la vida política argentina tornaría dificultoso permitir las condiciones de posibilidad ideales para el desarrollo de la ciencia militar. Sin embargo, los avances institucionales, junto con los diversos proyectos y polémicas en torno del papel de las fuerzas militares en el sistema republicano forman parte de la lenta y poco visible transición entre una sociedad dominada por la guerra hacia una Argentina pacificada.⁷⁹ En ese ciclo de mediano plazo, el Colegio Militar de la Nación irá integrando gradualmente a los nuevos oficiales y abonando el camino hacia la profesionalización del Ejército.