Introducción

La crisis de seguridad en México presenta una serie de desafíos y preocupaciones complejas que van más allá de los conflictos relacionados directamente con las economías ilícitas, pues se entrelazan con dinámicas sociales más amplias, como la exclusión, la marginación y la discriminación (^{Sagot 2017}). Las mujeres, en particular, enfrentan una multiplicidad de violencias en este contexto donde aumenta la impunidad. Son afectadas por extorsiones, trata, homicidios y desapariciones, y también por la violencia estructural (^{INEGI 2023}; ^{OCNF 2023}).

Frente a la crisis de seguridad, las mujeres desempeñan roles cruciales en la articulación de resistencias. A nivel local, se convierten en fuerzas motrices como defensoras de los derechos humanos que acompañan a víctimas en su búsqueda de verdad y justicia; influyen en la creación de políticas preventivas y de atención; y elevan la conciencia a través de la participación en medios de comunicación y otros espacios públicos.

El presente trabajo analiza la diversidad de desafíos que enfrentan las defensoras de derechos humanos y destaca la relevancia de los enfoques interseccionales que consideran las complejidades inherentes a sus experiencias y luchas. Nos enfocamos, específicamente, en su acción en 12 entidades federativas del país respecto a dos tipos de violencia que afectan la integridad de las mujeres y las niñas: el feminicidio y la desaparición forzada.

El primer apartado aborda una discusión teórica que explora la complejidad de la violencia de género en México desde una crítica a la aproximación homogeneizadora del feminismo institucional. Se retoma el cuestionamiento de ^{Schild (1998}, ²⁰¹⁵, ²⁰²²⁾ del enfoque de las agencias gubernamentales en América Latina y se enfatiza la necesidad de reconocer las experiencias complejas de las mujeres y desarrollar respuestas específicas y efectivas. Destaca la relevancia de una perspectiva interseccional que aborde las realidades diversas y las múltiples formas de opresión que enfrentan las mujeres, en particular en comunidades marginadas (^{Roth 2019}). Este análisis insta al feminismo institucional a ampliar sus políticas con enfoques más inclusivos y dialogantes, y a diseñar estrategias pertinentes y sensibles a distintas realidades.

En segundo lugar, desarrollamos un análisis contextual de la crisis de seguridad en México y la situación de violencia letal contra las mujeres que ha resultado en un alarmante incremento en el riesgo de feminicidios y desapariciones. Esta sección contextualiza la situación actual con el análisis de tendencias, estadísticas y dinámicas subyacentes que agravan el panorama.

En un tercer apartado se presenta la metodología utilizada en este estudio. El propósito de la investigación fue generar un espacio de coaprendizaje con y entre mujeres que trabajan en comunidades en el apoyo a las familias de víctimas. Organizamos tres foros con la técnica de grupos focales y sistematizamos la información compartida por 13 mujeres que participan en organizaciones y colectivos locales en 12 estados del país.

En el cuarto apartado analizamos los resultados de la investigación. Las defensoras, a través de su participación en los grupos focales, no solo describieron el complejo panorama de la violencia en México, sino también presentaron propuestas críticas. Destacaron la interconexión entre conflictos sociopolíticos, crimen organizado y desigualdades, y subrayaron la urgencia de un enfoque interseccional en la lucha contra la violencia de género. Insistieron en la importancia de escuchar las voces de las mujeres afectadas para desarrollar políticas públicas efectivas y sensibles a las realidades locales, con énfasis en enfoques inclusivos y adaptativos que aborden tanto las causas como las manifestaciones de la violencia.

Discusión teórica

En México, los cambios legislativos y las movilizaciones feministas han sido fundamentales para transformar las percepciones sociales y combatir la normalización de la violencia contra las mujeres, con lo cual han contribuido significativamente a una evolución en las actitudes públicas que marca un distanciamiento respecto a prácticas que anteriormente minimizaban o ignoraban la gravedad de este tipo de violencia (^{Htun y Jensenius 2022}). Sin embargo, a pesar de estos avances, aún se observa una notable brecha entre la inversión gubernamental y la efectividad de las medidas de protección para las mujeres (^{Madrid 2023}). La persistencia de la violencia letal por razones de género, enmarcada en una creciente crisis de seguridad, subraya la insuficiencia de los esfuerzos actuales (^{Índice de Paz México 2023}, ^{INEGI 2022}, ^{ONU Mujeres México 2020}).

La actual desconexión entre las políticas de protección y las experiencias de las mujeres evidencia una falta de enfoques participativos genuinos en su diseño. Estas estrategias fallan en la identificación del impacto de las distintas violencias estructurales y sistemáticas, y en su abordaje “desde arriba” (^{Thomas, Weber y Bradbury-Jones 2022}; ^{Mergaert, Linková y Strid 2023}).

Al tiempo que refleja la necesidad de enfoques participativos en la política de género, la crítica de ^{Schild (2022)} al feminismo institucionalizado en América Latina resalta un dilema central: la adopción por parte de las agencias gubernamentales de un paradigma de empoderamiento que, lejos de capturar la heterogeneidad de experiencias de las mujeres en la región, impone un modelo reduccionista y uniforme. Este enfoque no solo simplifica la complejidad de las luchas contra la violencia de género, además excluye del diseño y de la implementación de las acciones públicas a grupos históricamente discriminados, como los de mujeres indígenas, afrodescendientes o procedentes de sectores marginados. Tales omisiones evidencian la necesidad imperiosa de repensar y diversificar las estrategias para promover políticas públicas que respondan a la pluralidad de voces y necesidades dentro de la sociedad (^{Curiel 2007}; ^{Rivera Cusicanqui 2010}; ^{Schild 2015}, ²⁰²²; ^{Schild y Follegati 2018}; ^{Suárez y Hernández 2008}).

En este escenario, las agencias estatales encargadas de formular e implementar programas para la protección y promoción efectiva de los derechos de las mujeres han sido objeto de críticas significativas tanto por sus resultados como por sus enfoques metodológicos. Esta problemática se agudiza con programas que, al generalizar las necesidades de las mujeres, no logran capturar la diversidad de experiencias y necesidades en contextos de violencias múltiples y convergentes (^{Curiel 2007}, ^{Schild 2022}).

En México, las defensoras de derechos humanos que acompañan casos de feminicidio y desaparición de mujeres en distintas entidades han ofrecido testimonios y propuestas que cuestionan este enfoque generalizado. Las experiencias de violencia en diversos estados ilustran contextos en los que se entrelazan formas de violencia causadas por conflictos sociopolíticos, crimen organizado o desigualdades socioeconómicas, lo que resalta la necesidad de un enfoque interseccional y contextualizado en la lucha contra la violencia de género y el feminicidio.

La necesidad de un enfoque interseccional

La interseccionalidad, concepto acuñado por ^{Crenshaw (1992)}, se erige como marco analítico esencial para desentrañar la complejidad inherente a las interacciones de género, raza, clase y otras categorías de diferenciación social en la violencia de género. Este enfoque desafía al feminismo institucional y liberal a expandir su marco analítico y político para promover políticas públicas y prácticas sociales que sean genuinamente inclusivas y sensibles a la diversidad de experiencias y necesidades de las mujeres, lo que facilita la implementación de estrategias más efectivas y equitativas de prevención y atención.

De acuerdo con ^{Crenshaw (1992)}, ^{Hill Collins (2000)} y ^{Hancock (2007a}, ^2007b), la interseccionalidad despliega un análisis crítico que visibiliza un entrecruzamiento de identidades y opresiones que ofrece una comprensión matizada de las luchas por la justicia social y la equidad. Este marco propone una reflexión profunda sobre la experiencia de las mujeres en contextos marcados por múltiples y simultáneas formas de opresión y enfatiza la importancia de considerar las particularidades de cada contexto para una intervención política efectiva y pertinente.

^{Viveros (2016)} afirma que la interseccionalidad facilita un espacio para el diálogo entre distintas corrientes feministas y demanda un manejo cuidadoso para evitar su generalización excesiva. Este marco, al ser aplicado de manera contextualizada, evita simplificaciones y reconoce la complejidad de las opresiones. Es crucial, entonces, analizar la manera en que la interseccionalidad aborda efectivamente variadas experiencias de injusticia mientras, a su vez, mantiene la riqueza y la particularidad de cada lucha dentro del feminismo (^{Viveros 2016: 14-15}).

La oficialización del feminismo interseccional, dominante en el discurso de Europa y Estados Unidos, ha provocado una desconexión con sus orígenes activistas que ignora aportes significativos de contextos no angloparlantes. Esto representa un reto a los feminismos institucionalizados, los cuales a menudo no logran capturar la complejidad de las dinámicas interseccionales por las limitaciones de sus marcos teóricos y de sus prácticas. Es esencial reconectar la teoría con sus raíces en los movimientos sociales e incluir contribuciones significativas que se han originado fuera de los círculos académicos dominantes (^{Busquier 2018}, ^{Curiel 2009}, ^{Roth 2019}). En el contexto latinoamericano, es imperativo incorporar el enfoque interseccional en el análisis de las luchas feministas y sociales para develar las múltiples capas de opresión que afectan de manera desproporcionada a mujeres negras, indígenas y de comunidades marginadas, y reconocer la riqueza de sus experiencias y luchas (^{Curiel 2009}, ^{Roth 2019}).

Adoptar una perspectiva interseccional en la lucha contra la violencia de género en México implica un compromiso institucional con un diálogo continuo con las comunidades afectadas y sus defensoras. Este diálogo es crucial para diseñar estrategias que aborden la intersección de género, raza, clase y otras categorías de diferencia (^{Guzmán y Jiménez 2015}, ^{Viveros 2016}).

Análisis del contexto: violencia en contra de las mujeres y crisis de seguridad en México

En México, las mujeres se enfrentan a un amplio rango de agresiones, desde sutiles hasta extremas, además de violencias estructurales y sistémicas. El feminicidio, como asesinato misógino de mujeres y forma extrema de violencia de género, se arraiga en desigualdades estructurales y discriminaciones sistémicas (^{Lagarde 2006}, ^{Radford y Russell 1992}). Como señala ^{Sagot (2017)}, el feminicidio es indicativo de una profunda desigualdad en las relaciones de género, que evidencia un patrón de dominación y terror. Esta violencia extrema tiene sus raíces en una estructura de poder asimétrica que relega a las mujeres a un estado de subordinación en múltiples esferas.

La creciente ola de desapariciones de niñas y mujeres en México refleja una economía de desposesión de vidas humanas -en la cual las personas se ven como recursos para la acumulación de capital- y una violencia sistemática perpetrada por instituciones estatales. Estos factores, junto con una cultura de discriminación de género, crean un ambiente propicio para la desaparición y victimización de mujeres y niñas. La lucha contra este fenómeno exige un enfoque que desafíe tanto la violencia directa como las estructuras económicas y políticas que reproducen esta violencia.

Durante el periodo que comprende de enero del 2015 a julio del 2023, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registraron 29,170 asesinatos de mujeres y niñas, de los cuales 25.7% (7,210) se clasificaron como feminicidios. Estos datos (véase el Cuadro 1) muestran que en los últimos siete años la cifra de delitos de feminicidio creció casi al doble: de un total de 427 que se registraron en 2015 a 977 en 2022 (^{SESNSP 2023}).

Este tipo de violencia letal se presenta en toda la república, pero en algunas entidades la problemática es aún más grave. Durante el periodo mencionado, poco más de la mitad de los delitos por feminicidio (56%) se concentraron en ocho estados: Estado de México (12.90%), Veracruz (9.13%), Ciudad de México (7.32%), Nuevo León (6.49%), Jalisco (6.23%), Oaxaca (5.26%), Sinaloa (4.66%) y Chiapas (3.98%).

Fuente: elaboración propia con datos del ^{SESNSP (2023)}; cifras de incidencia delictiva estatal 2015-julio de 2023.

Mapa 1 Feminicidios en México, por entidades federativas 

La desaparición forzada de mujeres en México, enmarcada en el contexto de una crisis de seguridad más amplia, refleja una convergencia de factores estructurales y sistémicos que perpetúan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas en el país. La violencia de género, la impunidad, la militarización, la explotación de los cuerpos femeninos y las carencias en la aplicación de protocolos eficaces de búsqueda e investigación con perspectiva de género son elementos que se entrelazan para dar forma a esta problemática.

Entre 2019 y 2022, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se asientan 35,894 nombres de los cuales 8,401 (23.42%) son de mujeres. Es notable que en los últimos tres años se haya reducido la edad de las víctimas, de tal manera que, en 2022, casi la mitad de los reportes de mujeres eran en realidad de niñas y adolescentes menores de 19 años (^{RNPDNO 2023}).¹

Es crucial reconocer los contextos en los que las violencias convergen para desarrollar respuestas y políticas públicas específicas y efectivas, adaptadas a las particularidades de cada región, con el objetivo de prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en el país. La identificación de los lugares donde desaparecen las mujeres es un punto de partida. Según los datos del RNPDNO, los estados con las cifras más altas de mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas entre 2019 y 2022 fueron Ciudad de México (14.99%), Jalisco (12.41%), Estado de México (11.38%), Nuevo León (7.46%) y Tamaulipas (6.47%). Estos cinco estados concentran poco más de la mitad de los registros (^{RNPDNO 2023}).

Fuente: elaboración propia con datos del ^{RNPDNO (2023)}.

Mapa 2 Mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en México, por entidades federativas, entre 2019 y 2022 

Las dinámicas de desaparición en estos estados son diversas; en algunos, las defensoras reportan un creciente mercado de explotación sexual y tráfico de personas que podría estar incidiendo en que la edad de las personas desaparecidas sea cada vez menor. En otras regiones, las defensoras de derechos humanos hablaron de prácticas de castigo de ciertos grupos delictivos que afectan las vidas de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes. Lo cierto es que se requieren estudios locales que identifiquen las particularidades de la desaparición y su interacción con otras formas de violencia.

Esta situación de violencia letal ha llevado a las mujeres de ciertas localidades a unirse entre sí en la búsqueda de justicia o para encontrar a sus hijas desparecidas. En el camino han encontrado grupos que les ofrecen acompañamiento desde el feminismo. Estas agrupaciones realizan tareas que le corresponderían a las agencias gubernamentales, como atención a víctimas, asesorías jurídicas, diligencias e investigaciones. Es importante señalar que estas colectivas, muchas de ellas lejos de las discusiones transnacionales, han creado estrategias de resistencia (^{López y Frías 2020}): actúan con base en los recursos, las necesidades y las convicciones con que cuentan en cada situación. Son agentes, pero también son ciudadanas afectadas por las omisiones por parte del Estado para garantizar la protección y la justicia a las niñas y a las mujeres.

Metodología

El objetivo de este estudio es examinar las experiencias de defensoras de derechos humanos involucradas en el seguimiento de casos de feminicidio y de mujeres desaparecidas en 12 entidades federativas de México. El equipo de investigación estuvo conformado por profesoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por integrantes de la organización ciudadana siwa, Artesanas de Paz y Justicia.

Este equipo se había propuesto realizar entrevistas semiestructuradas para recabar información cualitativa sobre las dificultades que enfrentan las defensoras, así como sus perspectivas sobre las medidas públicas enfocadas en la atención a las violencias y en la protección a las mujeres. Sin embargo, las limitaciones impuestas por las medidas de confinamiento durante la pandemia de COVID-19 obligaron a adoptar una nueva estrategia: convocar a las defensoras a participar en tres grupos focales mediante una plataforma de videoconferencia, una modalidad que facilitó la interacción y la recolección de datos.²

Para organizar y examinar la información recabada, hicimos transcripciones completas de las conversaciones en las mesas de discusión. Luego, identificamos las categorías de análisis, una tarea que implicó clasificar la información de manera que reflejara con claridad y orden los temas relevantes para el estudio. Para el análisis de estos datos cualitativos utilizamos el software Atlas.ti.

Las participantes

Como primera tarea, el grupo de investigación generó un directorio de defensoras de los derechos humanos que trabajan en el tema y que dirigen colectivas locales en estados con el mecanismo de Alerta de Violencia de Género en Contra de las Mujeres (AVGM). Después de un trabajo de rastreo de información, identificamos a las posibles participantes y las invitamos a colaborar en el proyecto. En conjunto, desarrollamos un cuestionario, el cual se nutrió con las intervenciones de las participantes.

En el directorio de defensoras de derechos humanos que integramos para la realización de los foros de discusión -cuyos resultados se analizan en este artículo- consideramos la diversidad tanto de interpretaciones del movimiento feminista como de involucramiento con las agencias del estado. Invitamos a participar a mujeres que han trabajado de cerca con los gobiernos locales para crear secretarías, mecanismos y programas para atender la violencia de género, y también convocamos a defensoras que se oponen abiertamente a colaborar con actores políticos. Algunas tienen posiciones académicas en el feminismo o antecedentes en los movimientos sociales de la izquierda. Otras son defensoras porque las violencias las llevaron a reunirse con sus pares para acompañarse en la búsqueda de justicia o para encontrar a sus hijas desaparecidas. Más allá de las diferencias, las entrevistadas tienen en común que todas ellas son observadoras ciudadanas en primera línea de la actuación del gobierno respecto a la protección e impartición de justicia para las mujeres.

Las participantes en este estudio son mujeres destacadas en sus respectivas localidades, algunas de ellas han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales por su compromiso y labor excepcional. A pesar de su visibilidad mediática en la denuncia de violaciones a los derechos humanos, optamos por resguardar sus identidades con pseudónimos para proteger su privacidad (véase el Cuadro 2). En cualquier caso, obtuvimos su consentimiento por escrito para el uso de su imagen y de la información compartida durante las entrevistas para garantizar el manejo ético y transparente de los datos. Este procedimiento refleja el firme compromiso del estudio con la confidencialidad y la seguridad de la información personal.

Fuente: elaboración propia.

Mapa 3 Entidades federativas en donde trabajan las activistas y defensoras que participaron en el proyecto 

Testimonios de las defensoras: percepción sobre las medidas públicas implementadas para la protección y prevención de las violencias de género

En sus participaciones en los grupos focales, las defensoras reconocieron avances en la transversalidad de la perspectiva de género en los programas e instituciones gubernamentales en sus estados. Mencionaron como logros importantes la armonización legislativa de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género (LGAMVLV), la creación de organismos especializados en el tema y otras acciones públicas (algunas derivadas de las declaratorias de AVGM en los municipios).

No obstante, también identificaron que no todas estas acciones abordan adecuadamente la complejidad de las violencias que enfrentan las mujeres, en especial en las comunidades marginadas. Dijeron que, en sus entidades, las políticas de prevención y atención a la violencia no parten de diagnósticos locales, y cuando estos se realizan, no consideran violencias estructurales y sistémicas que afectan a las mujeres. Además, en estos ejercicios se excluyen las experiencias y aportaciones de las defensoras que no son afines a los grupos en el gobierno. Tampoco se consideran las voces de la diversidad de representaciones de las mujeres en sus contextos locales.

Durante su participación, Julia destacó avances en el estado de Jalisco; subrayó la creación de protocolos enfocados en la violencia de género, inclusive uno específico para el feminicidio (Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género de Jalisco). Este protocolo integra la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y los derechos humanos, con lo que da un paso importante en la atención y prevención de la violencia. Además, habló de la integración del Protocolo Unificado de Atención Integral en Jalisco, que busca ofrecer al personal público una guía clara para la atención y el seguimiento adecuados con un enfoque diferenciado y especializado: “Logramos en ese proceso tener pasos importantes, como fue trabajar un protocolo de feminicidio con perspectiva de género, interés superior de la niñez, derechos humanos, un protocolo muy importante”.

Según destacó, estos instrumentos se desarrollaron desde la iniciativa de colectivos feministas, como aquel en el que ella participa; agrupaciones que por mucho tiempo han buscado ser consideradas en el diseño de políticas públicas para la protección de las mujeres. Los logros mencionados reflejan un impacto significativo del trabajo de las defensoras. Sin embargo, Julia enfatizó la necesidad de avanzar aún más, especialmente en la implementación efectiva de estos protocolos y en la prevención de la violencia. Destacó la insuficiente aplicación de las medidas existentes y la urgencia de adoptar la perspectiva de género en actuaciones judiciales; también señaló el desbordamiento institucional ante el incremento de la violencia y la resistencia a implementar la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, la cual define obligaciones para los servicios de salud de identificar, atender y prevenir la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Julia propuso una serie de medidas dirigidas al estado para mejorar la respuesta ante la violencia de género e insistió en la garantía de acceso a servicios esenciales para las víctimas y la protección de las activistas. Subrayó la importancia de desarrollar alianzas entre el estado y las organizaciones civiles para prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres, así como la necesidad de adoptar un enfoque transversal que involucre a todas las instituciones en la lucha contra esta problemática.

En el contexto de la lucha contra la violencia feminicida en el estado de Oaxaca, Olivia relató los logros de las iniciativas feministas, así como los desafíos impuestos por las deficiencias institucionales y el crecimiento alarmante de la violencia; destacó el incremento en la conciencia colectiva y en la capacidad de agencia de las mujeres para reconocer y confrontar la violencia, lo cual evidencia un despertar respecto a sus derechos y respecto a sus posibilidades de acción legal y personal en procesos como el divorcio, el reclamo de pensiones y la separación. Este fenómeno indica una transformación positiva en el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y en la disposición para ejercer tales derechos en busca de protección.

El estado de Oaxaca es una de las 22 entidades federativas en las que se ha activado la AVGM en respuesta al aumento preocupante de reportes y denuncias por violencia de género (^{Inmujeres 2021}). Durante los últimos cuatro años se han reportado 2,000 casos de violencia de género en la región, de los cuales más de la mitad ocurrieron en 40 municipios que están bajo el mecanismo (^{Consorcio Oaxaca 2021}). La organización Consorcio Oaxaca considera que la actuación gubernamental presenta deficiencias porque se limita a la creación de comités, la realización de algunas capacitaciones y la puesta en marcha de patrullas especializadas.

Olivia criticó la ineficacia de las estrategias gubernamentales actuales y la insuficiencia de las medidas de protección para las mujeres, todo lo cual evidencia una desconexión preocupante entre las intenciones declaradas y las acciones concretas. La defensora condenó vehementemente la simulación en medidas como la Alerta de Género por parte de las autoridades de Oaxaca; argumenta que esta inacción no solo pone en peligro la vida de las mujeres, también erosiona el tejido social. Esta crítica se extiende a la gestión de fondos destinados a la equidad de género, con una asignación inadecuada y una falta de transparencia que socavan los esfuerzos por combatir la violencia de género de manera efectiva:

El problema es que no se han dado cuenta que el simular la implementación de la alerta de género está costando la vida a las mujeres y está deteriorando el tejido social. O sea, asesinar a una mujer evidentemente no es un asunto privado, sino va desquebrajado el tejido social y eso tiene impactos de largo alcance. Y el tema es que la impunidad también lleva a que las formas de asesinatos hacia las mujeres, o de feminicidios, sean más tremendos […] Si se simula, se va generando un andamiaje de permisibilidad que va lastimando y desestimando la importancia de la vida y de los cuerpos de las mujeres y se nos mira como objetos a destruir, y eso es muy grave.

La defensora denunció que la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca asigna 53% de su presupuesto a cuestiones relacionadas con la equidad de género. Otras instituciones del estado, como la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía, afirman destinar un porcentaje considerable de su presupuesto a temas de igualdad de género; no obstante, al indagar sobre la asignación de estos recursos, las defensoras encontraron que los fondos no están necesariamente destinados a la atención de la violencia contra las mujeres.

En este sentido, resaltó el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil, que han provisto un apoyo esencial a las mujeres en riesgo, ante una respuesta institucional inadecuada mediante el acompañamiento en procesos legales y el soporte emocional, aunque estas acciones se vean limitadas por la escasez de recursos de dichas organizaciones.

En su participación, Olivia instó a una colaboración más estrecha entre las instituciones públicas y la sociedad civil para abordar de manera efectiva la violencia feminicida y subrayó la importancia de la sinergia entre los grupos de defensoras, las entidades gubernamentales y la sociedad en su conjunto para garantizar la seguridad y los derechos de todas las mujeres.

Gabriela, por su parte, resaltó que Guanajuato fue uno de los primeros estados donde las activistas solicitaron la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Además, exhortó a las organizaciones feministas a desarrollar metodologías exhaustivas para evaluar su implementación en el ámbito jurídico, así como para discernir los desafíos y logros obtenidos. No obstante, identificó como principal adversario a la persistencia de estructuras patriarcales que relegan a las mujeres a un segundo plano y criticó la percepción de las autoridades que no las reconocen plenamente como sujetos de derecho. Esta situación se inscribe en una cultura en la que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son accesibles únicamente a través de medios económicos, lo cual refleja “el sentido patriarcal y neoliberal de la vida” (^{Lagarde 2018: 161}).

La defensora compartió las experiencias de la colectiva Casa mujeres sanadoras, originaria de León, Guanajuato. A partir de diversas acciones, como campañas, murales, marchas y la organización de ferias de saberes, las mujeres que colaboran en esta iniciativa han logrado transformar la percepción de sus colonias; las muestran no solo como espacios de conflictos, sino como lugares de empoderamiento y sanación. Este esfuerzo ha culminado en la creación de una clínica gestionada por y para mujeres donde se abordan problemáticas como la violencia sexual y se promueve una cultura de prevención y cuidado mutuo desde una perspectiva de derechos humanos. Gabriela enfatiza la necesidad de construir espacios seguros y de un enfoque restaurativo que priorice la reparación y prevención sobre la penalización; así, destaca este camino como esencial para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Gabriela subrayó que, al desarrollar acciones comunitarias, esta colectiva es un ejemplo de que las acciones públicas deben surgir desde las propias comunidades y adaptarse a sus contextos específicos y a sus desafíos. Reconoció que las agencias estatales no suelen brindar el apoyo necesario para fortalecer las iniciativas de las mujeres organizadas, sobre todo en los espacios de mayor marginación. Esta falta de reconocimiento y respaldo institucional, además de limitar la capacidad de las colectivas para expandir su impacto, conlleva un desafío más amplio dentro del movimiento feminista: la necesidad de que las políticas públicas adopten un enfoque más inclusivo y apoyen activamente las soluciones generadas por la comunidad, con lo cual garantizarían una protección más efectiva para todas las mujeres, en especial para aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Claudia destacó que, en el contexto de Chihuahua, un estado en la frontera norte que resuena en el discurso nacional por su larga lucha contra los feminicidios, se han creado fiscalías especializadas para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Sin embargo, estas instancias operan de manera limitada: solo en ocho de los 59 municipios en la entidad federativa. Además, identificó dos aspectos que “no las dejan avanzar” en los objetivos de incidir en la creación de mecanismos eficientes para la búsqueda de personas desaparecidas y para la prevención de las violencias de género: la simulación y la colusión con los grupos delictivos por parte de las autoridades. Relató que la rotación de personal, los presupuestos limitados y la saturación de trabajo impide que en el estado se cuente con suficientes agentes públicos sensibles y competentes en los protocolos de búsqueda con perspectiva de género:

Nuestro gobierno es un gobierno de simulaciones, es decir, simula tener fiscalías […] Crea fiscalías como elefantes blancos nada más para decir que tienen. [Los funcionarios públicos] batallan para gasolina, los ministerios públicos, para la comida simplemente. Es una necesidad terrible la que el gobierno hace que pasen sus operadores. Es un gobierno de simulación que no atiende a su gente.

Claudia denunció “la colusión que tienen entre autoridades y el crimen organizado” en el estado de Chihuahua. Para ella, la situación en la que agentes del gobierno y grupos de la delincuencia establecen acuerdos, la cual abona a la inoperancia de los órganos que se encargan de investigar y sancionar los delitos, representa “un estado de derecho fallido”.

Por su parte, desde Michoacán, Maribel examinó la implementación de la AVGM y destacó tanto los progresos como los desafíos significativos. Mediante observaciones de grupos de trabajo, se han delineado programas y políticas públicas para atender a las mujeres afectadas. No obstante, Maribel criticó la ausencia de un marco temporal definido para la aplicación de la AVGM, la falta de estrategias preventivas específicas y la carencia de indicadores precisos que reflejen la realidad del feminicidio en el contexto de Michoacán, donde la influencia del crimen organizado complica aún más su ejecución. Además, destaca la limitación geográfica de la AVGM, ya que únicamente se aplica en 14 de los 113 municipios del estado, lo cual sugiere una cobertura insuficiente frente a la magnitud del problema.

Maribel agrega que, a la par de la implementación de la Alerta de Género en 2016, un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las autodefensas en Michoacán señaló que en 32 municipios la violencia contra las mujeres, principalmente la feminicida, había aumentado en 184% debido al contexto de guerra y falta de gobernabilidad que impide al estado responder jurídicamente a las agresiones contra mujeres. El manejo territorial de los cárteles no solo incluye la cooptación y los vínculos con las autoridades, sino también la agresión a los cuerpos de las mujeres, quienes no pueden movilizarse ni denunciar debido a los vacíos institucionales provocados por la inoperancia, la irresponsabilidad y la negligencia de las autoridades. Sobre ello, la defensora añadió que, en un contexto de guerra contra el crimen organizado, además de ser agredidas por sus parejas y familiares, las mujeres se ven afectadas por la violencia exponencial contra sus cuerpos: “No podemos pasar por alto el hecho de que algunos de los estados en que empezamos a solicitar la alerta están justamente en el área occidental, centro-occidente de nuestra república, y que existe una presencia del crimen organizado y del narcotráfico”.

Violencia de género en transversalidad con otras violencias

Todas las participantes hablaron sobre la crisis de seguridad en el país y cómo afecta la vida de las mujeres. Además, algunas mencionaron otros sistemas de exclusión y dominio que interactúan con la violencia de género e imponen una situación de desventaja para las mujeres. Por ejemplo, Camila denunció que las violencias que enfrentan las mujeres en el estado de Chiapas son exactamente las mismas que viene observando desde hace 32 años, cuando inició su labor como defensora de derechos humanos: múltiples agresiones físicas y verbales, feminicidio, despojo y discriminación. Además, resaltó que Chiapas se encuentra en la frontera, en medio de múltiples intereses por los proyectos macroeconómicos, la actividad de los grupos delincuenciales en el tráfico de drogas, armas y personas, además de las estrategias de militarización.

La crítica al feminismo institucional, que a menudo adopta una perspectiva homogeneizadora, destaca la urgencia de un enfoque más transversal e incluyente en el tratamiento de la violencia contra las mujeres en regiones como Chiapas. Camila señaló cómo esta área, caracterizada por su diversidad cultural, se enfrenta a desafíos particulares, por ejemplo, la desaparición de mujeres indígenas mayas, agravada por la impunidad y la falta de capacidad institucional para ofrecer servicios en lenguas indígenas. Este escenario subraya la necesidad de adaptar las respuestas institucionales para que reflejen y respeten la diversidad cultural y lingüística de las comunidades afectadas.

Estamos en frontera, en medio de todos los proyectos macroeconómicos, el Tren Maya, el conflicto armado interno, el del narcotráfico… somos un estado más militarizado que Chihuahua, por ejemplo, aunque tengamos la mitad de la extensión territorial… el tema efectivamente de migración… el tema de violencia se vuelve en situaciones súper complejas, violencia, desaparición y demás de niñas, niños y adolescentes.

Camila destacó que la pobreza y la desigualdad social contribuyen a la propagación de la violencia feminicida. En Chiapas, el nivel de pobreza es alarmante, y las mujeres y las criaturas son a menudo las más afectadas. La falta de acceso a servicios básicos, como agua potable, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia, pues a menudo tienen que salir de sus hogares en condiciones inseguras para obtener agua.

Además, dijo que las instituciones gubernamentales, que deberían ser la primera línea de defensa para estas mujeres, a menudo son inadecuadas y tardías en su respuesta. Como resultado, las organizaciones de la sociedad civil son las que asumen el trabajo de proporcionar apoyo a las mujeres en situaciones de violencia. Estos retos complejos subrayan la urgencia de la lucha de Camila y de muchas otras defensoras en Chiapas. A pesar de los obstáculos, persisten en su esfuerzo por cambiar la realidad de las mujeres en la región, enfrentándose a los poderes institucionales y sociales que permiten la continuación de la violencia feminicida:

Las redes salvan, las mujeres somos expertas tejedoras, cada una somos un hilo en una trama, ocupando nuestro lugar le damos sentido, y hasta significado, y hasta curación a ser de ese hilo, de ese tejido, de esa red que sigue salvando, nos salva a nosotras, salva a otras.

Algunas de las participantes pertenecen a colectivos que no necesariamente son feministas, pero que acompañan a otras mujeres en la búsqueda de sus hijas desparecidas o en la exigencia de justicia para las víctimas de la violencia feminicida. Estas mujeres denunciaron que la responsabilidad del estado de otorgar verdad y justicia ha sido delegada a las familias, quienes realizan un trabajo de investigación que no deberían. Además, reprocharon a las autoridades que revictimicen a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, cuando niegan la atención oportuna a sus familiares bajo los protocolos de perspectiva de género. Sofía, de Sinaloa, lo expresó de esta manera:

Muchas veces los ministerios públicos no lo conocen [el protocolo con perspectiva de género para la búsqueda de mujeres], ellos se basan en decir que las niñas, las muchachas, andan por ahí, se fueron con el novio […] Las hemos encontrado nosotras porque somos nosotras quienes las buscamos.

En las experiencias que compartieron las representantes de los grupos de búsqueda se hace evidente que las desapariciones de mujeres tienen su origen en las violencias de género y en la convergencia con otras violencias que están presentes en sus contextos. En la geografía de la criminalidad en el país operan distintos grupos, que varían en intereses, actividades ilícitas, estructuras organizacionales y maneras de interacción con las comunidades. En esa cartografía también convergen estructuras de poder y domino patriarcal que impactan en las vidas y en los cuerpos de las mujeres.

En sus descripciones, las defensoras hablaron sobre las diferencias espacio-temporales en las formas en que desaparecen las mujeres, las redes nacionales y transnacionales que participan, así como las complicidades entre perpetradores y autoridades. En este último punto se retrata lo que Segato ha definido como un “régimen patriarcal de tipo mafioso” (^{Segato 2018: 44}) en el que diversos actores establecen un pacto de silencio que produce y reproduce una impunidad en la que el cuerpo de las mujeres es el desecho del proceso.

Defensa y protección de las mujeres durante la pandemia

En los grupos focales se discutió sobre las dificultades que enfrentaron las mujeres en México durante la doble emergencia de seguridad provocada por la pandemia de COVID-19. Se destacó el aumento de las agresiones y la ineficacia institucional ante estas crisis. La saturación de hospitales y la operación mínima de fiscalías y juzgados dejaron a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema que las obligó a buscar otras formas de organización y seguridad. Este escenario reveló la necesidad crítica de una respuesta más efectiva y adaptativa por parte de las instituciones.

Además, el confinamiento evidenció la inexistente valoración a la ética y al trabajo de los cuidados. Las defensoras compartieron cómo presionaron a las autoridades locales para que realizaran procesos de atención y crearan una serie de intervenciones inmediatas vinculadas a la policía municipal para prevenir algunos feminicidios. En palabras de Julia:

El gran reto fue adaptarnos a la nueva realidad y creo que lo que hicimos fue lo que siempre hemos hecho las mujeres, las niñas, las feministas: administrar ese dolor, administrar ese miedo, pero sobre todo administrar la fuerza y la esperanza de que no estamos solas y de que nos podemos acompañar.

Olivia relató que las defensoras tuvieron que sustituir el diálogo cara a cara con llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Mientras que, por otra parte, tuvieron que aumentar los cuidados sanitarios para ellas y para las personas a quienes acompañaban. De igual manera, enfatizó que el estado no contaba con mecanismos para afrontar la situación de violencia machista incrementada durante el confinamiento, lo que dificultó un activismo que requería más esfuerzos por parte de las defensoras.

Gabriela narró que el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, en Guanajuato, se percató de la necesidad de hablar que tenían las mujeres debido a la situación existente, principalmente porque estaban agotadas: “La escuela se fue a casa, los cuidados de personas enfermas o mayores se fueron a la casa”, y eso generó una saturación en la vida de las mujeres. Por lo anterior, crearon el programa Jueves de Escucha Comunitaria, así como la iniciativa Gesto Solidario, mediante la cual se realizan prácticas organizativas, una escuela de autocuidado feminista y una agenda comunitaria. Asimismo, la asociación realizó un diagnóstico sobre cómo la pandemia y la violencia habían afectado a las mujeres, el cual reveló una constante preocupación por su situación económica, así como por su integridad y su dignidad al momento de ocupar espacios públicos. De igual manera, a lo largo de su intervención, Gabriela agregó que el contagio durante la pandemia quedó en segundo plano, justo detrás de la inseguridad física y económica a la que se enfrenta la población, principalmente las mujeres.

En las participaciones, en conjunto con “pandemia”, destacaron las palabras “nosotras”, “nuestras” y “feministas”. Hablaron de las alianzas y redes de mujeres durante el confinamiento, de estrategias y resistencias. Mónica, por ejemplo, explicó que en Morelos se organizaron para enfrentarse a un problema de salud pública en el que muchas sufrieron depresión, crisis nerviosas y estrés derivados del confinamiento y sus consecuencias. Camila señaló que, “a través de una sororidad materializada”, trabajaron para reorganizar los apoyos y ayudar a otras durante la crisis sanitaria en Chiapas. Concluyó: “Las mujeres hemos logrado hacer jardines donde nos han querido imponer fosas”.

Conclusiones

En el marco de la crisis de seguridad en México, la lucha contra la violencia de género y los feminicidios ha revelado profundas discrepancias entre las estrategias gubernamentales y las necesidades reales de las mujeres afectadas. Esta disonancia se agudizó durante la pandemia de COVID-19, periodo en el cual las defensoras de los derechos de las mujeres en diferentes estados se enfrentaron a retos sin precedentes. Estas circunstancias han puesto de manifiesto las limitaciones del feminismo institucional, caracterizado por su enfoque homogeneizador y su incapacidad para abordar la diversidad de experiencias y necesidades de las mujeres en toda su complejidad.

Las defensoras, que trabajan frecuentemente en condiciones de precariedad, han subrayado la brecha crítica existente entre las políticas de igualdad de género promovidas desde las instituciones y la realidad vivida por las mujeres que se enfrentan a la violencia. Ante este escenario, las defensoras han propuesto un enfoque más transversal e incluyente, que contemple la multiplicidad de identidades y experiencias de las mujeres. Dicha aproximación demanda la implementación de políticas públicas desde enfoques participativos y comunitarios, la adopción de protocolos sensibles al género y la creación de redes de apoyo que faciliten el acceso a la justicia y el soporte para las víctimas.

Este análisis destaca la importancia de las reflexiones críticas y de las propuestas de las defensoras ante los desafíos institucionales. Subraya la necesidad de una colaboración más estrecha entre el estado y la sociedad civil para combatir efectivamente la violencia de género en México y garantizar la seguridad y los derechos de todas las mujeres con un enfoque más justo e inclusivo.