Introducción

El concepto de competitividad es amplio y puede abordarse desde niveles nacional, local y empresarial. A nivel empresarial, es especialmente complejo, pues implica factores internos y externos como la gestión, las actividades productivas, la estructura organizacional y la calidad, clave en el desarrollo de ventajas competitivas. Además, los resultados deben reflejarse en el mercado o sector industrial, ya que la competitividad también depende de la innovación, el dinamismo del sector y la estabilidad económica, esenciales para lograr ventajas sostenibles. Para ello, la empresa debe adoptar enfoques estratégicos y de adaptación al entorno competitivo, sin importar su tamaño o sector (^{Braidot y Nicolini, 2007}; ^{Saavedra et al., 2017}).

^{Saavedra (2012a)} plantea que la competitividad empresarial se logra a través de la participación en mercados nacionales e internacionales, la posición competitiva, productividad, rentabilidad, relaciones empresariales, el sector y la infraestructura regional, siendo esta última clave para abordar la competitividad desde enfoques nacional, territorial y regional. Por su parte, ^{Fajnzylber (1988)} define la competitividad como la capacidad de una nación para participar en mercados internacionales y mejorar el nivel de vida de su población. En la misma línea, ^{Camagni (2002)} destaca la competitividad territorial como la búsqueda de empleo estable, beneficios de la integración externa y crecimiento del bienestar local. Asimismo, ^{Martínez et al. (2010)} señalan que la competitividad, ya sea empresarial, regional o nacional, implica medir el grado de éxito y aprovechar fortalezas corrigiendo debilidades para mantenerse en competencia a largo plazo.

Al analizar la importancia que tiene la competitividad a escala regional, territorial y nacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) plantea el concepto de competitividad estructural, donde se involucran empresas competitivas y fortalezas, un competitivo nivel de eficiencia en la estructura productiva nacional, las tendencias en contexto de largo plazo que puede tener la tasa y sus diferentes formas de inversión, la infraestructura técnica y otros factores corporativos (^{Ravelo y Mendoza, 2023}). En un sentido estructural y complementario el International Institute of Mangement (IMD) define a la competitividad como la destreza que desarrolla un país para crear y mantener un entorno adecuado para fomentar el crecimiento empresarial y el incremento en el poder adquisitivo de sus habitantes (^{Ravelo y Mendoza, 2023}).

Para ^{Muñoz et al. (2022)} el análisis de la competitividad territorial es relevante porque es conceptualizada como la habilidad territorial para desarrollar fortalezas en sus actividades económicas, construyendo una relación cercana con su población residente y mejorando sus condiciones de vida. De forma complementaria y reafirmando esta postura ^{Sarmiento et al. (2023)} sostienen que la competitividad territorial requiere una examinación especializada porque son involucrados diversos agentes ambientales, económicos y sociales. Por tanto, conlleva un análisis, como el de vocación territorial, una examinación de condición empresarial integral porque dentro de éste debe incluirse la institucionalidad, recursos naturales y la sociedad, con el fin de lograr una refinada articulación de agentes territoriales en el aprovechamiento de los recursos que contribuyan a una adecuada distribución de ingresos, un incremento de las capacidades del territorio y el progreso de las condiciones de vida de sus habitantes. En síntesis, se puede observar que la competitividad requiere de la participación de elementos, como las autoridades en sus distintos niveles (nacional, estatal y municipal) para comprender las razones asociadas al crecimiento de una región.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realiza un análisis descriptivo anualmente para establecer un posicionamiento clasificado de las entidades federativas más competitivas. El Índice de Competitividad Estatal del IMCO es una herramienta para identificar las fortalezas y debilidades de las entidades y permite evaluar qué tan atractivas son para el talento y la inversión a partir de las condiciones de vida y de empleo en ellas (^{IMCO, 2023}). Asimismo, cabe mencionar que el lugar o posición que cada estado ocupa es resultado de un índice de competitividad que se obtiene bajo el análisis de 72 indicadores y 10 subíndices, los cuales determinan seis niveles de competitividad (^{IMCO, 2023}).

De acuerdo el boletín del Índice de Competitividad Estatal (^{IMCO, 2023}), el cual está compuesto por 69 indicadores categorizados en 10 subíndices, las entidades federativas se catalogan por grupos de mayor a menor competitividad, siendo la Ciudad de México el primer lugar del ranking. Enseguida, aparece un segundo grupo, con un alto nivel de competitividad, donde se ubican estados como Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur y Jalisco. En el tercer grupo, catalogado como competitividad media alta, se localizan entidades federativas como Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán y Durango. Posteriormente, en un cuarto grupo, de competitividad media, se ubican los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Campeche, Estado de México, Puebla, Morelos, Colima, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Michoacán. Finalmente, se presenta un quinto grupo denominado de competitividad baja, donde están ubicados estados como Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

En el contexto de la competitividad territorial, cuyo propósito es promover la productividad, el crecimiento y el bienestar regional, resulta importante brindar respuestas a los siguientes cuestionamientos: ¿Qué factores están positivamente asociados al Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) en las entidades federativas más competitivas acorde a los criterios del IMCO en el último lustro? ¿Qué relevancia tiene la inseguridad en la dinámica de crecimiento regional? y ¿Qué relación tiene el crecimiento vía exportaciones con el ITAEE?

El objetivo general de este trabajo de investigación consiste en explorar los factores asociados a la competitividad de las nueve entidades federativas más relevantes de México durante el último lustro. Para ello, se realiza un análisis de los indicadores de competitividad del IMCO y su influencia en el desempeño económico estatal, medido a través del ITAEE. Además, bajo el régimen de economías abiertas, se examinan los efectos de las exportaciones locales en la actividad económica de cada Estado.

El trabajo busca demostrar que, dentro del marco de la competitividad sistémica, el desempeño económico de una entidad federativa, así como el desarrollo de sectores y ramas industriales en una región, constituyen factores decisivos para impulsar su expansión. Concretamente, bajo un entorno de competencia internacional, actividades como las exportaciones constituyen un elemento estratégico que impulsa el crecimiento y fortalece el posicionamiento de dichas entidades. Al mismo tiempo, se destaca que la actividad de la administración pública debe enfocarse en tareas esenciales, como garantizar un entorno de seguridad que mejore la percepción de la población, dado que este factor influye directamente en el desempeño económico regional. Por tanto, es importante que se generen las condiciones para desarrollar una infraestructura informática adecuada para los negocios, herramienta fundamental para facilitar transacciones comerciales y favorecer los sectores productivos, consolidando así las bases para un crecimiento económico regional sostenible.

En la primera sección del trabajo se presenta el marco analítico, en el cual se define la competitividad como la capacidad de generar bienes y servicios eficientemente, vinculada a innovación, productividad y políticas públicas, y se analizan los enfoques clásico, endógeno y sistémico en relación con factores institucionales, empresariales y territoriales del crecimiento regional. A continuación, se describe la metodología, basada en el ITAEE como variable dependiente y en indicadores del IMCO sobre competitividad estatal, aplicando modelos de regresión agrupada y de datos de panel con efectos fijos y aleatorios para una muestra de nueve entidades federativas durante 2018-2023, con el objetivo de evaluar la relación entre crecimiento económico, exportaciones, infraestructura digital e inseguridad. La sección de resultados indica que el modelo agrupado es el más adecuado, mostrando efectos directos de las exportaciones e indirectos de la inseguridad sobre el ITAEE. Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación.

I. Marco teórico analítico

El concepto de competitividad hace referencia a la capacidad de una entidad, ya sea una empresa, región o país, para suministrar bienes y/o servicios de manera más eficiente que sus competidores en el mercado. Por tanto, la competitividad puede asociarse con los procesos de innovación y mejora continua, así como la capacidad de adaptación a los desafíos del entorno económico. Consecuentemente, para que los países o regiones en el mundo puedan mejorar su competitividad resulta clave, desde una perspectiva de las políticas públicas, llevar a cabo avances significativos en el ámbito educativo, desarrollar una sólida infraestructura, fomentar el desarrollo de capacidades tecnológicas a partir de las inversiones a nivel sectorial, con el propósito de generar un entorno empresarial competitivo que a su vez favorezca el desarrollo económico (^{Ferrer, 2005}).

Existe un consenso general al señalar que la competitividad empresarial es un factor clave para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico a nivel regional y global. A nivel local, las empresas competitivas son capaces de estimular la innovación, crear empleos y fomentar la atracción de inversiones, que a su vez pueden inducir una expansión en su infraestructura y también de sus actividades productivas. A nivel internacional, la competitividad empresarial permite a las firmas producir y exportar bienes y servicios de alta calidad, lo que facilita su posicionamiento en los mercados globales y les otorga una ventaja frente a otros competidores. Estos efectos, en última instancia, pueden reflejarse en un desarrollo favorable de la balanza comercial de un país (^{Álvarez y García, 2010}).

Dada la importancia de competitividad en términos del vínculo directo con el crecimiento económico, existen diversas corrientes teóricas enfocadas en estudiar los principales determinantes de la competitividad y, por tanto, de los procesos de crecimiento y desarrollo económico de las naciones. Entre estas teorías, por mencionar algunas, destacan la economía clásica, que resalta la eficiencia en la asignación de recursos; la teoría del crecimiento endógeno, donde se consideran aspectos como el capital humano, las innovaciones, la instituciones y la apertura comercial y, más recientemente, destaca el enfoque de la competitividad sistémica, que enfatiza la importancia de la coordinación entre empresas, instituciones y políticas públicas para lograr un desarrollo competitivo sostenible (^{Benavides et al., 2004}).

Desde la perspectiva de la economía clásica, la competitividad y el crecimiento están asociados a la eficiencia en la asignación de recursos y al libre mercado, de tal manera que la competitividad se alcanza cuando las empresas optimizan el uso de los factores productivos capital y trabajo, mientras que la competencia entre éstas favorece la innovación y la mejora continua de la productividad. Concretamente, el modelo de ^{Solow (1956)} constituye la base teórica del crecimiento económico y toma como punto de partida una función de producción agregada del tipo Cobb-Douglas, donde el producto depende de la razón capital-trabajo; es decir, el crecimiento económico a largo plazo es resultado de la acumulación de capital físico per cápita. Asimismo, esta función está caracterizada por rendimientos decrecientes de los factores productivos y rendimientos constantes a escala, para explicar el crecimiento de largo plazo del producto con base en la productividad total de los factores (PTF); es decir, la eficiencia con la que se combinan los factores productivos, la cual se considera exógena al modelo y, por lo tanto, la política económica implementada por el Estado tiene poca capacidad de incidir sobre el proceso de crecimiento.

Posteriormente, sobresale el enfoque del crecimiento endógeno con las aportaciones de ^{Paul Romer (1986)}, quien sustituye la hipótesis de rendimientos decrecientes del capital fijo por la de ^{Arrow (1962)}, que destaca el aprendizaje resultante de la inversión para mejorar la eficiencia productiva. Romer plantea rendimientos crecientes a escala, ligados a la acumulación tecnológica y del conocimiento, de modo que, al aumentar la producción, la productividad crece, los costos unitarios disminuyen y la relación capital-trabajo mejora. Introduce también la noción de externalidades positivas derivadas del conocimiento y asume que el progreso técnico es endógeno, impulsado por inversiones sostenidas.

^{Lucas (1988)} destaca la importancia de la acumulación de capital humano, ya sea debido al proceso de aprendizaje o como resultado de la educación formal, la cual es capaz de generar externalidades positivas en una economía, mismas que fortalecen la productividad del capital físico y, a su vez, estimulan el ingreso per cápita nacional. De acuerdo con ^{Gaviria (2007)}, Lucas desarrolla dos modelos tomando al cambio tecnológico como motor complementario del crecimiento, a saber: el primero, enfatiza la acumulación de capital humano mediante la educación y la academia; y el segundo, centra la especialización adquirida mediante el aprendizaje. Asimismo, otros desarrollos teóricos importantes correspondieron a los modelos donde la Investigación y Desarrollo (I+D) resultan capaces de generar cambio tecnológico endógeno bajo un escenario de competencia imperfecta (^{Grossman y Helpman, 1994}). Dada esta condición, las externalidades generadas por la tecnología, la inversión en investigación y desarrollo (I+D), así como la formación de capital humano, permiten alcanzar tasas de crecimiento superiores en el largo plazo. Por tanto, el papel que desempeña la política económica puede resultar determinante para tal propósito.

De acuerdo con ^{Suñol (2006)}, la teoría de la dependencia de Prebisch establece que las diferencias estructurales entre los países periféricos y los países centrales provocan que los primeros mantengan bajos índices de ahorro y eficiencia. Ante esto, una posible solución a esta situación radica en establecer las estructuras productivas adecuadas a través de la adopción de políticas públicas. Particularmente, ^{Romer (1992)} plantea que las políticas públicas en los países rezagados son elementales en la creación o formación del capital humano necesario para acelerar el crecimiento y, por ende, es competencia del Estado, la construcción de una base interna para adecuar el sistema de educación y los marcos de orden institucional que auxilien y apoyen a la formación de capital humano rentable y mejora del capital físico para las empresas del sector privado.

De acuerdo con ^{Enright et al. (1994)} e ^{Ivancevich y Lorenzi (1997)}, la competitividad de una empresa, bajo condiciones de libre mercado, se define como su capacidad para suministrar bienes y servicios de manera más eficiente y eficaz que sus competidores. En el ámbito mundial, esta característica implica que la empresa pueda superar exitosamente las exigencias de los mercados internacionales, manteniendo o incluso aumentando el ingreso real de sus habitantes, simultáneamente.

Dado el gran dinamismo del comercio mundial, la competitividad internacional resulta un factor esencial para determinar si las empresas pueden ser capaces (o no) de aprovechar las oportunidades que brinda la economía internacional, de tal manera que esto permita apuntalar la estrategia de crecimiento económico. Bajo este contexto, tanto las exportaciones como el desarrollo y la difusión tecnológicos, ligados a la transformación productiva y al proceso de crecimiento, pueden coadyuvar a la consolidación de las empresas locales en los mercados internacionales. En consecuencia, aquellas políticas encaminadas a favorecer el dinamismo y la diversificación de las exportaciones pueden mejorar sustancialmente las posibilidades de generación de empleos e impulsar el crecimiento económico, ya que un sector exportador consolidado ejerce un efecto de arrastre al resto de los sectores productivos e impulsa el empleo, el aprendizaje y la difusión tecnológica. Una mayor coordinación entre las distintas políticas de desarrollo productivo, tales como el fomento a la producción, la difusión tecnológica, la formación de recursos humanos y aquellas de carácter comercial, es fundamental para aumentar la competitividad (^{Rosales, 1995}).

En este marco, es necesario analizar las posibilidades que tienen las políticas públicas para impulsar la competitividad en un entorno de economías abiertas. Al respecto, ^{Rosales (1995)} establece que las políticas de desarrollo productivo generalmente se enfocan en políticas horizontales que tratan, por un lado, de resolver directamente las imperfecciones de mercado y, por otro, de fortalecer sus funciones en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con la producción. En contraparte, las nuevas vertientes de las políticas de desarrollo productivo se caracterizan por: i) desarrollar mercados incompletos en cuanto a tecnología, capital humano, mercados de capital a largo plazo y de divisas, para compensar las subinversiones en exportación o el apoyo insuficiente a sectores precursores; ii) fomentar los rendimientos crecientes y complementariedades estratégicas para estimular la competitividad sistémica; iii) regular los mercados críticos para la competitividad; iv) crear espacios a la inversión privada en materia de infraestructura con mecanismos eficaces para fijar tarifas y criterios de gestión económica y v) apoyar la internacionalización productiva favoreciendo la inversión en el exterior, las alianzas con socios externos y la participación local en cadenas de comercialización. Al estudiar la competitividad en un entorno global hay que adoptar un enfoque estructural que va más allá de los costos de producción, incluyendo factores organizativos, institucionales, interconexiones sectoriales, y calidad de relaciones e infraestructura (^{García et al., 2003}). De aquí surge el concepto de competitividad sistémica, que se refiere a la capacidad de un sistema económico para generar y mantener ventajas competitivas sostenibles a largo plazo, incorporando capital humano, infraestructura, innovación, regulación, cultura empresarial y relaciones entre agentes económicos. ^{Esser et al. (1996)} destacan cuatro niveles analíticos clave: meta (capacidad social y estatal para la acción estratégica), macro (estabilidad macroeconómica), meso (entorno de fomento empresarial) y micro (aprendizaje por interacciones para innovación). Este enfoque holístico analiza la interacción de elementos del sistema económico para impulsar crecimiento y desarrollo, sirviendo como herramienta para diseñar políticas que fortalezcan la competitividad regional o sectorial (^{Hernández, 2001}). La competitividad sistémica se caracteriza por: i) aprendizaje interactivo y dinámico a nivel micro, ii) un sistema nacional de normas e instituciones que incentivan el comportamiento empresarial, y iii) el rol del Estado como coordinador del desarrollo industrial y productivo. Así, conforme aumenta la complejidad organizacional, la coordinación entre gobierno, empresas, educación y sociedad civil se vuelve esencial para un crecimiento sostenido (^{Dávalos, 1996}).

El papel institucional en la competitividad

Diversos analistas han realizado esfuerzos establecer dimensiones de desempeño que caractericen la competitividad, ya que se tiene preocupación por analizar los alcances institucionalmente, porque se han realizado análisis a escala sectorial sobre las condiciones competitivas (^{Montoya et al., 2008}). Por un lado, algunos analistas revisan el desempeño de la ventaja competitiva a escala empresarial (^{Porter, 1996} y ^{Pineda, 1997}) y por sector industrial (^{Cantú y Torres, 2022}). En un contexto de economía nacional (^{Bernal y Laverde, 1995}), analizan la competitividad en función de la capacidad de respuesta que tiene un país ante la evolución de la internacionalización sostenible (^{Montoya et al., 2008}). No obstante, analistas como ^{Bejarano (1995)} mencionan que es importante no perder el objeto de estudio porque son las empresas las que compiten, considerando que la competitividad no es un objetivo de política pública que pueda establecer en un mediano o corto plazo; sino la búsqueda de tener condiciones sostenibles en el largo plazo, mediante la permanencia en un eje rector que son los mercados (^{Roldán y Espinal, 1998}) con la coexistencia de diversos elementos de apoyo, como lo es el gobierno, su sector productivo, clientes y usuarios (^{Bernal y Laverde, 1995}).

La competitividad puede analizarse desde distintos niveles interconectados, que van de lo empresarial a lo internacional, como se muestra en la Figura 1. Desde una perspectiva microeconómica, ^{Villarreal (2002)} destaca que el desempeño empresarial es el punto de partida, especialmente en contextos globales, donde la eficiencia sostenible y la capacidad de adaptación resultan claves. A partir de ahí se articula el nivel meso, vinculado al desarrollo del capital intelectual, organizacional y logístico, que favorece la creación de redes de negocios. En un tercer nivel, el entorno macroeconómico brinda certidumbre mediante políticas fiscales, cambiarias y de estabilidad, actuando como soporte del desarrollo empresarial (^{Montoya et al., 2008}).

Fuente: ^{Villareal (2002)}.

Figura 1 Desagregación de los factores de la competitividad 

Lo anterior permite entender que la competitividad también depende de factores institucionales, sociales y territoriales. Elementos como el Estado de derecho, la calidad de los servicios públicos y la estabilidad política fortalecen el capital institucional y gubernamental. Asimismo, el desarrollo social y el modelo empresarial internacional contribuyen a la capitalización del mercado laboral y al posicionamiento global. En este sentido, la competitividad territorial permite analizar el desempeño económico y social en distintos niveles geográficos, desde lo local hasta lo nacional (^{Soria, 2017}).

Desde 2006, el IMCO ha realizado estudios sobre la competitividad estatal, definiendo este concepto como la capacidad de un estado para atraer inversiones, lo que refleja su enfoque en los factores que favorecen el desarrollo económico regional. No obstante, en 2009 amplió su definición a la capacidad para atraer y retener talento humano (^{Huber y Mungaray, 2017}). Actualmente, el IMCO elabora el Índice de Competitividad Estatal (ICE) para evaluar las fortalezas y debilidades de las 32 entidades federativas de México, con el objetivo de promover políticas públicas que impulsen la atracción, generación y retención de talento e inversión (^{IMCO, 2023}). En la edición 2023, la evaluación de competitividad estatal está compuesta por 50 indicadores agrupados en seis subíndices, con los que se clasifican los estados por nivel de competitividad.

II. Metodología

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (en adelante ITAEE) es un indicador de coyuntura que brinda un panorama general del contexto macroeconómico de las entidades del país, por lo cual ofrece información con mayor desagregación temporal que el PIB anual por Entidad Federativa (en adelante, PIBE). Este indicador proporciona índices de volumen físico, mediante el método de Laspeyres, variaciones porcentuales anuales y acumuladas desglosadas para las economías estatales en su totalidad y por tipo de actividad económica (primarias, secundarias y terciarias), además de presentar los datos regionales en cinco áreas representativas: Norte, Centro-Norte, Centro, Centro-Sur y Sur-Sureste (^{INEGI, 2023}).

Con el propósito de obtener una visión completa del desarrollo económico regional, el ITAEE se estima de manera consistente con las metodologías del PIBE anual y del PIB trimestral a través del método del benchmarking aplicando la técnica de Denton para homologar los datos de estos indicadores. El objetivo de este método consiste en preservar, en la medida de lo posible, los patrones de los cálculos a corto plazo observados en los datos originales, tomando en cuenta las restricciones impuestas por los datos anuales del PIBE. Asimismo, con la intención de sincronizar los cálculos regionales de corto plazo con los resultados del PIB trimestral, se extiende el ajuste basado en la técnica de Denton al incorporar una restricción adicional. Consecuentemente, el ITAEE se ajusta simultáneamente al PIBE y al PIB trimestral (^{INEGI, 2023}).

Con base en la metodología previa y bajo un contexto de crecimiento económico regional en México, el ITAEE puede considerarse como una variable proxy del PIBE debido a su capacidad para reflejar de manera más inmediata las fluctuaciones de la actividad económica, ya que, al tratarse de un indicador trimestral, es posible capturar variaciones en la producción y consumo en intervalos temporales más cortos. Asimismo, el ITAEE desagrega la actividad económica por sectores y regiones, facilitando un análisis pormenorizado de las entidades federativas. Esta descomposición resulta importante para analizar las particularidades del crecimiento regional, permitiendo correlacionar sus variaciones con factores explicativos tales como las exportaciones, las cuales pueden incidir en el crecimiento regional, bajo el régimen de economías abiertas, aunque con efectos diferenciados dada la heterogeneidad predominante entre los distintos sectores productivos a nivel estatal.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) tiene una metodología basada en seis dimensiones: a) innovación y economía, b) infraestructura, c) mercado de trabajo, d) sociedad y medio ambiente, e) derecho y f) sistema político y gobiernos (^{IMCO 2023}), los cuales tienen un total de 50 indicadores para explicar cada dimensión que conforma un índice general. Asimismo, cada dimensión es conformada por diversos indicadores para explicar el valor de cada subíndice. En este sentido, se analizan indicadores relacionados con la competitividad en las dimensiones de Infraestructura, Economía y Estado de Derecho, donde solo cuatro de ellos fueron significativos en las regresiones panel y tres significativos en la regresión agrupada. En secciones posteriores, se especifican en las características de las variables y su descripción.

La información fue obtenida del Instituto Nacional, Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Específicamente, el ITAEE fue obtenido por el primer instituto y los otros indicadores por el segundo en mención. La selección de entidades federativas se basó en la clasificación del ranking en su edición 2023 del IMCO, donde nueve entidades federativas tenían datos completos en el ITAEE para el periodo 2018-2023. En el mismo sentido aplica para los indicadores que conforman una parte del índice de dimensión.

Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, la muestra se conforma por la recopilación de información de entidades como Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora y Baja California. Sin embargo, la entidad de Baja California fue excluida del análisis debido a la falta de registros completos en el indicador ITAEE trimestral (véase Tabla 3).

Las variables involucradas dentro del análisis son el ITAEE como variable dependiente y las independientes son la infraestructura de internet, los puntos de venta de tarjeta de crédito y la percepción de inseguridad ciudadana, donde el ITAEE y las terminales de puntos de venta (PV) son índices, el acceso a internet y la inseguridad son porcentajes (Tabla 4).

Se aplica una regresión agrupada (pooled), un panel efectos fijos y aleatorios. La ecuación 1 corresponde a la regresión agrupada, donde α es el intercepto común para toda i = 1, 2, 3, …, 9 entidades federativas y t = 2018, 2019, …, 2023. Por su parte, de β1 a β4 son coeficientes correlacionados con cada una de las variables de orden explicativo del modelo. El término de error se representa por U_it.

a) Agrupada:

Por otra parte, bajo el método de regresión con efectos fijos, el intercepto no es común para todas las unidades de observación, sino que varía entre ellas. Este rasgo se representa añadiendo un subíndice i, razón por la cual el intercepto se representa como αi. Es necesario recordar que los métodos de efectos fijos y efectos aleatorios constituyen una proporción de los modelos de componente de error, donde éste último añade el efecto inobservable ci además de uit y es especificado de la forma vit=ci+uit. No obstante, la estimación por efectos fijos requiere la eliminación de ci. En estas circunstancias, la ecuación 1 se transforma como en la ecuación 2.

b) Efectos Fijos:

La regresión panel bajo el criterio de efectos con aleatoriedad discrepa de su homóloga agrupada y de la de efectos fijos en dos cuestiones, una es en el intercepto y lo otra recae en el error. En el supuesto de efectos aleatorios el intercepto es α1 y su principal característica de este recae en que es un valor medio. Por ende, se plantea que las unidades a analizar posean una media común para el intercepto. El término del error es vit y esto es a razón de que en efectos con aleatoriedad se concibe que ci no registra correlación con ninguna de las variables de orden explicativo, es así como se presenta la necesidad de aplicar alguna técnica o método para removerlo de la ecuación 2. El modelo con criterio de efectos con aleatoriedad se representa así:

c) Efectos Aleatorios:

III. Resultados y discusión

En la metodología de datos de panel, la elección entre un modelo balanceado o no balanceado tiene implicaciones analíticas relevantes. Un panel balanceado garantiza que todas las unidades de observación dispongan de información completa en cada periodo, lo que facilita la comparación y asegura mayor homogeneidad. Sin embargo, un panel no balanceado puede resultar igualmente útil, ya que permite ampliar la muestra al incluir unidades con información incompleta, aportando evidencia adicional que enriquece la estimación empírica.

En la Tabla 5 se reportan los coeficientes estimados de los tres modelos. Los resultados de la prueba F y de Hausman sugieren que el uso de modelos de datos de panel es apropiado; sin embargo, la prueba de Breusch-Pagan indica que la opción más adecuada es la regresión agrupada (pooled). A su vez, las pruebas de normalidad, colinealidad y especificación confirman que el modelo estimado resulta estadísticamente válido.

De acuerdo con la Tabla 6, los resultados indican que las exportaciones tienen un efecto positivo y significativo sobre el ITAEE (coeficiente 0.1347, nivel de significancia del 90%), lo cual coincide con investigaciones previas que establecen una relación positiva entre exportaciones y PIB (^{Aditya y Acharyya, 2013}; ^{Yee Ee, 2016}; ^{Shafiullah et al., 2017}). Esta investigación contribuye al utilizar el ITAEE como variable proxy del PIB a nivel estatal para ofrecer una perspectiva regional más detallada. La percepción de inseguridad muestra un impacto negativo significativo sobre el ITAEE (coeficiente -61.1909, significancia 95%), consistente con estudios que asocian alta inseguridad con menor actividad económica (^{Bourguignon, 1999}; ^{Detotto y Otranto, 2010}; ^{Lozano et al., 2012}; ^{González, 2014}; ^{Quiroz et al., 2015}). Por último, las terminales punto de venta tienen un coeficiente negativo (-0.1415), lo que puede explicarse porque en periodos de recesión económica, cuando el ITAEE es bajo, algunas empresas, especialmente micro y pequeñas, incrementan el número de terminales para atraer clientes, aunque con menores márgenes; mientras que, en expansión, las grandes empresas optimizan y reducen puntos de venta, aumentando eficiencia y ventas.

Conclusiones

Conforme a los resultados obtenidos por esta investigación, es posible señalar que el efecto positivo de las exportaciones sobre el ITAEE pone de manifiesto la relevancia del comercio internacional como motor del crecimiento económico estatal, a partir del aumento en la demanda externa, lo cual estimula la producción local, genera empleos y fortalece las cadenas de suministro regionales. Concretamente, aquellos estados con economías orientadas hacia el sector externo pueden aprovechar este dinamismo para atraer inversión extranjera y diversificar sus sectores productivos. No obstante, es fundamental que las políticas públicas fomenten la competitividad internacional, facilitando el acceso a infraestructura, tecnología y mercados para maximizar los beneficios de este vínculo con el ITAEE. En cuanto a la percepción de inseguridad y el número de terminales puntos de venta, ambas variables muestran una relación inversa sobre el ITAEE, aunque por diferentes razones. El coeficiente asociado a la percepción de inseguridad señala cómo la falta de confianza en la seguridad impacta drásticamente en la actividad económica al desincentivar la inversión, reducir el consumo local y afectar la operación de las empresas. Análogamente, aunque con un efecto menor, el aumento de los terminales puntos de venta puede reflejar un comercio menos formalizado o la predominancia de pequeños negocios que contribuyen marginalmente al ITAEE. Estas relaciones destacan la necesidad de abordar problemas estructurales como la inseguridad y la informalidad para impulsar el desarrollo económico de las entidades federativas.

Finalmente, los objetivos y la hipótesis de investigación se alcanzan y demuestran parcialmente, ya que el estudio revela que la infraestructura informática empresarial no necesariamente tiene un impacto positivo en la expansión económica. No obstante, los hallazgos son relevantes, ya que subrayan el papel crucial de la inseguridad, un factor que debe ser considerado por los responsables de la política pública a nivel regional, quienes deben asumir una postura de responsabilidad central en la promoción de la competitividad. Las limitaciones del estudio se deben a la falta de información del ITAEE en otras entidades durante los períodos establecidos, lo que impide realizar un análisis más amplio. Además, no todas las fuentes proporcionan la información requerida por el IMCO para su análisis, lo que limita la posibilidad de investigar sectores industriales específicos.