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En los estudios policiales los problemas relacionados con el uso de la fuerza han ocupado un lugar central desde sus inicios. Conocer y explicar su ejercicio es dar cuenta del principal rasgo constitutivo de su accionar (Bittner, 2006), así como del núcleo del mandato social que las instituciones policiales reciben (Proença & Muniz, 2006). La policía debe usar la fuerza dentro de los límites del respeto a los derechos de la población, por lo que un problema vertebral es la posibilidad de desborde sistemático del marco legal. Es decir, la fuerza policial ha sido estudiada en buena medida por la preocupación social y política que genera la posibilidad de su uso excesivo y brutal (Geller & Toch, 1996).
En México la preocupación general por prácticas policiales violatorias de los derechos humanos se fue desarrollando en paralelo con los procesos de transición y consolidación democráticas. Sin embargo, el problema no ha ocupado un lugar prioritario si se compara con el interés dirigido a las instituciones de seguridad por la falta de eficacia ante el aumento de la incidencia delictiva y el crecimiento de la sensación de inseguridad en la población. Como consecuencia, el número de investigaciones sobre prácticas de abuso policial aún es reducido (Chevigny, 1997; Martínez, 1998; López Ugalde, 2003; Naval, 2006; Azaola & Bergman, 2009; Pérez Correa & Azaola, 2012; Silva, Pérez Correa & Gutiérrez, 2012; Silva, 2016; Silva, Pérez Correa & Gutiérrez, 2017). En general, los estudios describen la frecuencia y las diferentes características de los casos de abuso, así como su variación por tiempo, lugar y para distintas fuerzas de seguridad.
En América Latina es posible señalar estudios acerca de la disposición de los policías a usar la fuerza (Birkbeck & Gabaldón, 2002; Birkbeck, Gabaldón & Norris 2003), así como sobre el abuso de la fuerza letal y el problema de los “enfrentamientos” con presuntos delincuentes como marco legitimador (Chevigny, 1997; CELS, 2002; Cano, 1997, 2010). En ellos se busca relacionar los abusos de la fuerza policial con actitudes de los agentes de policía, características sociodemográficas de las víctimas y contextos sociales de ocurrencia.2 Sin embargo, no suelen compararse factores de diferentes niveles de análisis ni las teorías que los sustentan.
En ese marco, en el campo de las investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza policial en México y en América Latina, el presente estudio compara distintos factores y tradiciones teóricas e interpreta sus resultados a la luz de las características de la sociedad y las instituciones policiales mexicanas.
Investigar el uso y abuso de la fuerza policial ofrece varias dificultades teóricas y metodológicas. En primer lugar, es necesario delimitar el fenómeno que se busca describir y explicar. Si se quiere conocer cuándo y cómo se “usa la fuerza” se requiere precisar los comportamientos policiales que serán considerados como tales. Hay definiciones más amplias o más restringidas: el uso de la fuerza será más frecuente si se incluyen las agresiones o amenazas verbales, o menor si sólo se tiene en cuenta la fuerza física. Otros estudios pretenden distinguir entre usos adecuados o inadecuados de la fuerza policial. Así, a partir de principios éticos, legales y de la práctica profesional (Klockars, 1996; Alpert & Dunham, 2004), se ha intentado diferenciar el uso correcto y necesario de la fuerza policial del excesivo o brutal.3
En las investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza policial es común que la observación directa o la búsqueda de información se restrinja a encuentros específicos de la policía y la población donde se sabe que se concentran los abusos. Por ejemplo, enfrentamientos con sospechosos de algún delito o en disturbios domésticos (Bayley, 1996; Lanza-Keduce & Greenleaf, 2000). Sin embargo, también se ha señalado que la violencia policial puede escalar en encuentros no considerados “peligrosos” en primera instancia o en aquellos que son ajenos al fenómeno delictivo (Lersch & Mieczkowski, 2005; MacDonald, Manz, Alpert & Dunham, 2003).
Las encuestas a la población en reclusión han señalado, en el caso mexicano, la alta frecuencia de amenazas y agresiones físicas de los policías en el momento de la detención (Azaola & Bergman, 2009; Bergman, Fondevila, Vilalta & Azaola, 2014), mientras que las realizadas a la población en general muestran que la fuerza policial puede actualizarse en dinámicas mucho más variadas que las detenciones a sospechosos de delitos o faltas administrativas (Silva, 2011). La diversidad de casos y lógicas de abuso policial en México también se observa en las quejas presentadas ante organismos defensores de los derechos humanos. Las formas y motivaciones del abuso policial en la Ciudad de México no obedecen solamente a los problemas propios del control de un sospechoso al detenerlo, sino también a prácticas ilegales para obtener una confesión o para la consecución de una renta monetaria (Silva, 2016). Es decir, mientras que en Estados Unidos la brutalidad policial casi es sinónimo de uso injustificado de la fuerza en un arresto (Bayley, 1996), en México las formas del abuso representan un conjunto más amplio de fenómenos.
A partir del análisis de quejas sobre violaciones al derecho a la integridad personal, este trabajo tiene por finalidad abundar en la descripción de los casos de uso excesivo de la fuerza policial en la Ciudad de México, así como en la explicación de su gravedad. El objetivo descriptivo se focaliza en los espacios donde ocurre el abuso y su importancia para atribuir diferentes motivos del uso ilegal de la fuerza. El segundo propósito es advertir la gravedad de las violaciones al derecho a la integridad a partir de factores situacionales y contextuales que enmarcan los encuentros entre policía y población.
Luego de delimitar el empleo excesivo de la fuerza policial como fenómeno por observar, se señala un segundo obstáculo: los estudios sobre el tema no siempre explicitan los marcos teóricos de los que surgen los factores que buscan explicar su variación (Hays, 2011). Por lo tanto, es necesario sistematizar las teorías de las que se desprenden los factores que pondré a prueba y que nos permiten plantear las hipótesis sobre el impacto esperado de cada factor en particular.
El artículo se divide en cinco secciones: en la primera se presentan marcos teóricos propuestos para explicar el uso excesivo de la fuerza policial; en la segunda, el diseño metodológico a partir de las fuentes de información, la construcción de indicadores correspondientes a los marcos teóricos, las hipótesis que se desprenden de ellos y las técnicas para su análisis. En la tercera sección se describen las quejas por uso excesivo de la fuerza policial en México según lugares de ocurrencia y se delimitan los casos por considerar en el análisis de su gravedad en función de situaciones y contextos. En la cuarta, se muestran los resultados a partir del estudio de cinco años de quejas por violación al derecho a la integridad personal en la Ciudad de México, y en la quinta se discuten los resultados a la luz de la investigación sobre el abuso policial en general y de México en particular.
Marcos teóricos para el análisis del uso excesivo de la fuerza policial
Es frecuente que se clasifiquen los factores que influyen en el uso excesivo de la fuerza policial según distintos niveles de análisis. Por ejemplo, una clasificación ordena los factores en individuales, situacionales y organizacionales (Friedrich, 1980; Worden, 1996), pero debe considerarse la corriente de estudios que privilegia los factores que explican el uso de la fuerza a partir de los contextos socioestructurales en que se realiza el trabajo policial (Jacobs & O’Brien, 1998; Newburn & Reiner, 2007).
Sin embargo, para Zachary Hays (2011), uno de los problemas de muchos estudios sobre el uso excesivo de la fuerza policial es la inclusión de los factores explicativos disponibles (de uno o más niveles, aunque es poco frecuente que se comparen entre sí), sin que estén guiados por una teoría que exponga por qué están relacionados con el uso excesivo de la fuerza policial.
Como respuesta, Hays sistematiza las teorías más socorridas para explicar el uso excesivo de la fuerza policial a partir de dos marcos generales: el de la amenaza social y el de la amenaza criminal. A éstos suma y privilegia la teoría de la desorganización social que tradicionalmente se ha empleado para analizar las variaciones del comportamiento delictivo en diferentes espacios barriales y que el autor utiliza también para explicar las variaciones del uso excesivo de la fuerza policial.
La clasificación de marcos teóricos que propone Hays está incompleta. Deja fuera niveles de análisis como el individual y el organizacional, de los que difícilmente puede argumentarse que carecen de teorías que expliquen las relaciones esperadas entre sus variables independientes y el uso de la fuerza policial.
En el plano individual la teoría más trillada es la de las “manzanas podridas”, la cual señala que las actitudes y rasgos psicológicos de algunos oficiales de policía los hacen más propensos a usar la fuerza y la violencia que a otros. Su confirmación la dieron los estudios cuyo resultado indicó que una parte sustantiva de los problemas por uso excesivo de la fuerza recaen en un número muy reducido de policías (Toch, 1996; Lersch & Mieczowski, 1996; Adams, 1996).
En lo organizacional destacan teorías institucionales sobre el diseño de los sistemas de rendición de cuentas y su impacto en el uso de la fuerza (Fyfe, 1979; Walker, 2005; Fridell, 2010), así como teorías de las subculturas policiales que analizan los diferentes valores, significados compartidos, recompensas simbólicas y recetas para resolver los problemas cotidianos de los oficiales que otorgan mayor o menor legitimidad al uso excesivo de la fuerza policial como recurso en su trabajo cotidiano (Westley, 1970; Terrill, Paoline & Manning, 2003).
Sin embargo, para los objetivos del presente texto, que busca poner a prueba factores situacionales y sociocontextuales,4 la clasificación de las teorías sobre el uso excesivo de la fuerza policial de Hays (2011) es de gran utilidad.
Las teorías de la amenaza social, herederas de la teoría del conflicto (Jacobs, 1979), señalan que los grupos sociales desaventajados (por raza o clase social) representan una amenaza a desigualdades y jerarquías en la distribución del poder, y, por tanto, se vuelven un objetivo prioritario de los controles formales del Estado. Como consecuencia, los grupos racial o socialmente subordinados tendrán mayor probabilidad de experimentar controles, y de carácter más punitivo, que aquellos que vivencian los grupos sociales dominantes.
Las teorías de la amenaza social a nivel agregado plantean como hipótesis que ciudades o barrios con mayor desigualdad o poblaciones más amplias de personas de clase baja o de raza negra (para Estados Unidos) tendrán mayores tasas de usos letales o excesivos de la fuerza policial (Jacobs & O’Brien, 1998; Sorensen, Brock & Marquart, 1993; Holmes, 2000). En los espacios con mayor composición de grupos desfavorecidos se realizan controles más coercitivos y brutales por parte de las policías. Desde esta perspectiva, no sólo las personas pueden ser consideradas como “sospechosas”, también las áreas geográficas (Werthman & Piliavin, 1967).
Las teorías de la amenaza social a nivel individual-situacional argumentan que los policías toman acciones punitivas con mayor probabilidad sobre sospechosos de raza y clase social desfavorecida en relación con las personas de otras razas y clases sociales (Correll, Park, Judd, Wittenbrink, Sadler, Keesee, 2007; Worden, 1996). Como gran parte de la sociedad, los policías también consideran a los miembros de ciertos grupos sociales como personas de menor valía y, por lo tanto, como “merecedores” de castigo al delinquir o cometer una falta. Por otro lado, el policía aprende de sus experiencias recetas prácticas como la que William Ker Muir llamó la “paradoja de los desposeídos”: cuanto más dificultoso es para la policía “amenazar” a una persona con un daño no físico (un recurso legal que afecte su prestigio o su economía), mayor será la probabilidad de recurrir a la fuerza física (Muir, 1977).
En segundo término, las teorías de la amenaza criminal argumentan que los policías usan la fuerza en respuesta a amenazas a su seguridad, a la de otros policías o de civiles (percibidas o reales) por parte de individuos, situaciones y entornos (Hays, 2011). La percepción del peligro llevará a los policías a usar con mayor probabilidad todos los tipos de fuerza (legítima e ilegítima) cuando trabajen en espacios sociales hostiles y violentos (Terrill & Reisig, 2003; Newburn & Reiner, 2007), así como cuando experimentan interacciones que consideran directamente amenazantes (MacDonald et al., 2003; Worden, 1996; Garner et al., 2002).
En el nivel agregado las medidas más empleadas en los estudios desde dicha perspectiva son las tasas de homicidios u otros delitos y su relación con el uso de la fuerza letal o un uso excesivo de la fuerza (Jacobs & O’Brien, 1998; Liska & Yu, 1992; Sorensen et al., 1993). En el nivel individual-situacional, los escenarios que con mayor probabilidad son percibidos como amenaza seria a la integridad de los policías son aquellos donde hay resistencia activa a una detención y donde la intervención policial se detona por delitos de mayor gravedad (Holmes, Reynolds, Holmes & Faulkner, 1998; MacDonald et al., 2003).
Finalmente, el tercer marco teórico se desprende de la tradición de la desorganización social (Shaw & McKay, 1942), la cual señala que distintas características de las estructuras comunitarias habilitan o restringen el enraizamiento de controles informales entre los habitantes. Dichos controles generan una menor incidencia de comportamientos delictivos, pero, ampliado al fenómeno que nos interesa, también impactarán en menos casos de uso excesivo de la fuerza policial (Kane, 2002). Desarrollos posteriores han señalado que los lazos sociales barriales (Sampson & Groves, 1989), los vínculos de mutua confianza y el deseo de intervenir por el bien común (eficacia colectiva) (Sampson, Raudenbush & Earls, 1997) son las variables que median entre las características estructurales de los espacios locales y los controles que se ejercen sobre las actividades delictivas (o los abusos policiales) (Hays, 2011).
Utilizando como unidad de análisis los encuentros entre policía y población presentes en las quejas por violación al derecho a la integridad personal en la Ciudad de México de 2007 a 2011 pondré a prueba indicadores de las tres aproximaciones teóricas recién descritas para observar su impacto en la gravedad de los casos de uso excesivo o brutal de la fuerza policial.
1. Metodología
Los estudios acerca del uso excesivo de la fuerza se han basado principalmente en tres fuentes: registros oficiales (investigaciones penales, reportes de uso de la fuerza, quejas ciudadanas), observaciones del comportamiento policial (detenciones a sospechosos de delitos o faltas), y encuestas a población (en ocasiones a grupos de personas con mayor contacto con las fuerzas de seguridad, por ejemplo, población en reclusión).5 Debido a las dificultades de tiempo, financiamiento y acceso a las instituciones, en América Latina los estudios observacionales sobre el uso de la fuerza no han sido muy frecuentes. En relación con los registros oficiales, en México aún no se llevan reportes del uso de la fuerza dentro de las policías, y son muy escasas las investigaciones penales por abuso policial o tortura, y menos aún las sentencias de culpabilidad.
En cambio, un buen número de casos son registrados desde hace 20 años de manera sistemática en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Desde su fundación en 1993, casi una quinta parte de las quejas recibidas por diversas violaciones a los derechos humanos corresponden a agentes de las distintas policías que operan en la ciudad.6
Para el presente estudio analizo el universo de quejas cuyo presunto responsable fuera algún policía de la Ciudad de México e incluyera al menos una violación al derecho a la integridad personal (categoría en que se encuentran los distintos casos de uso excesivo de la fuerza). En cuanto al periodo revisado, como solamente se pudo acceder a expedientes electrónicos que estuvieran concluidos, fue necesario partir del primer año con dicho tipo de registro (2007) y llegar hasta donde la mayor parte de los expedientes ya tuviera un cierre (2011).7 Considerando los anteriores criterios, el universo de quejas entre 2007 y 2011 fue de 1 485. Sin embargo, una de las principales debilidades de los estudios a partir del análisis de quejas ciudadanas es el bajo porcentaje de sustanciación de las mismas (Adams, 1996). Por lo tanto, se decidió dejar fuera del análisis aquellos expedientes donde la propia CDHDF consideró que no hubo violación al derecho a la integridad personal ni los elementos suficientes que permitieran evaluar el caso adecuadamente.8 El universo disminuyó a 706 expedientes, de los cuales, por problemas de información sólida o ausente se eliminó 18%. El análisis final se realizó sobre 575 quejas ciudadanas por violaciones al derecho a la integridad personal, de 2007 a 2011, cuyo presunto responsable fue un policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o un agente de investigación de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Los expedientes cuentan con una narración de los hechos constitutivos de una violación al derecho a la integridad personal. Al relato de los agraviados se agregan las respuestas de las autoridades policiales y, finalmente, la Comisión de Derechos Humanos realiza un balance sobre los hechos violatorios del derecho a la integridad personal. Dichos documentos no interesaban en tanto procedimiento administrativo, sino como ventana a las situaciones en que la policía usó excesivamente la fuerza.
Todos los casos remiten a usos inadecuados de la fuerza, pero las modalidades son variadas y van de usos desproporcionados o amenazas a casos de tortura o muerte de los agraviados. Al contar sólo con casos de brutalidad policial en una única circunscripción (Ciudad de México), analizamos el impacto de factores contextuales y situacionales correspondientes a distintos marcos teóricos sobre su gravedad. Se espera que los factores que favorecen una mayor incidencia del uso excesivo de la fuerza policial también influyan en la cantidad de abusos cometidos.
Para ello construimos una variable dependiente dicotómica de abusos graves y no graves a partir de tres criterios: la propia clasificación de las quejas por parte de la CDHDF dentro del derecho a la integridad personal, que toma como casos graves la tortura y ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias; la consideración de si el o los agraviados sufrieron heridas graves (las que tardan más de quince días en sanar) como saldo del uso de la fuerza policial, y las quejas donde hubo agresiones sexuales, clasificadas también como violaciones graves. La agregación de los tres criterios separó el universo de quejas en dos grupos: no graves (83.3%) y graves (16.7%).
A partir de la información disponible en los expedientes de queja se construyeron variables que corresponden a los conceptos de las teorías de la amenaza social y la amenaza criminal, así como un indicador aproximado a uno de los conceptos desarrollados por la tradición de la desorganización social.
De las teorías de la amenaza social consideramos un indicador sociocontextual y otro individual-situacional de los encuentros entre policía y población. El primero es una medida del contexto de desventaja social del espacio de ocurrencia del encuentro policía-agraviado a partir del índice de marginalidad9 urbana de las áreas geográficas estadísticas básicas. La expectativa es que al aumentar la marginalidad de las colonias, aumenta la probabilidad de casos de mayor gravedad en el abuso policial:
H1: A mayor grado de marginalidad en las colonias, mayor probabilidad de abusos graves.
En el nivel individual-situacional se buscó una medida de clase social de los agraviados. Lamentablemente, no es una información que se recabe al presentar las quejas y quede registrada en los expedientes. Sin embargo, sí es posible extraer información sobre su colonia de residencia. Este último dato nos permitió tomar el índice de marginación de la colonia donde reside el agraviado como indicador aproximado de su nivel socioeconómico para nuestra segunda hipótesis. H2 en comparación con H1 representa un uso, y un valor, distinto del índice de marginación: en H1 el índice es el de la colonia donde ocurre el encuentro entre policías y agraviados (por lo tanto, una variable del contexto barrial) y en H2 el índice es el de la colonia donde reside el agraviado (y, por lo tanto, un atributo de la persona). La expectativa a partir de la teoría de la amenaza social al nivel individual-situacional queda expresada de la siguiente forma:
H2: A mayor nivel de marginación de la colonia de residencia de los agraviados, mayor probabilidad de casos de abusos graves.
A partir de las teorías de la amenaza criminal, consideramos un indicador para el nivel sociocontextual y dos indicadores para el nivel individual-situacional. Los lugares con mayores niveles de violencia aumentan la percepción del peligro por parte de los policías y generan un mayor estrés cada vez que se enfrenta un problema. Como consecuencia, aumenta la posibilidad del uso excesivo de la fuerza y de casos de mayor gravedad. La información disponible permitió, en lo sociocontextual, atribuir a cada lugar donde ocurrió el encuentro entre policía y población, el número de delitos de alto impacto social correspondiente a las distintas coordinaciones territoriales de la Ciudad de México.10
H3: A mayor incidencia delictiva de alto impacto en las áreas del encuentro, mayor probabilidad de abusos graves.
En relación con el nivel individual-situacional la resistencia de las personas sospechosas ante los comandos policiales es un escenario típico de percepción de amenaza y suele ser considerada como el principal factor detrás del uso legítimo de la fuerza en una situación de detención. Sin embargo, la fuerza debe aplicarse de modo proporcional al grado de resistencia que ejerza el sospechoso. Por lo tanto, también puede activar el uso excesivo de la fuerza, ya sea por impericia en la respuesta, como consecuencia de dinámicas emocionales propias de una situación de conflicto físico, o como castigo moral o expresivo por enfrentarse a la autoridad. Para el presente análisis consideramos la resistencia activa11 como una variable situacional propia de la perspectiva de la amenaza criminal que favorece los casos de abusos graves:
H4: En los casos donde los agraviados ejercieron resistencia activa hacia los policías, aumenta la probabilidad de abusos graves.
Los tipos de situaciones que inician el encuentro entre policía y población también son relevantes. Las detenciones a sospechosos de delitos como homicidios, secuestros o violaciones pueden favorecer abusos más graves por dos razones. Ante un delito grave, tal como señala la perspectiva de la amenaza criminal, puede preverse una mayor peligrosidad de los sospechosos, pero también desde una perspectiva normativa de la violencia, porque las personas que vulneran valores morales centrales “merecen” mayor castigo. Como segundo indicador del nivel individual-situacional consideramos una variable dicotómica: una categoría corresponde a las detenciones por homicidios, violaciones y secuestros, la otra categoría corresponde a las restantes situaciones por las que se inició la interacción con la policía.
H5: En las detenciones por delitos graves son más probables los abusos graves que en las restantes situaciones de interacción.
Finalmente, desde la tradición teórica de la desorganización social se han desarrollado diferentes medidas que corresponden a desventajas estructurales de los barrios, controles sociales informales, lazos sociales barriales y cohesión social (estos dos últimos como variables mediadoras del desarrollo de controles sociales). Para el presente estudio sólo consideramos como indicador de la presencia de lazos sociales una medida de asociatividad en las colonias. La ausencia de asociaciones indicaría una menor organización que es percibida por los policías como un espacio de menor respuesta colectiva ante un comportamiento abusivo. Recurro a una variable dicotómica que indica la presencia o ausencia en la colonia de organizaciones de la sociedad civil registradas oficialmente.12
H6: En las colonias sin ninguna asociación civil hay mayor probabilidad de abusos graves que en las colonias con presencia de asociaciones civiles.
Debido a las diferencias de funciones y estructuras organizacionales entre la policía preventiva y la policía de investigación he incluido como control una variable dicotómica con cada institución como una de sus categorías.
Antes del ejercicio sobre determinantes de la gravedad del abuso policial, describo características sobre los espacios en los que ocurren las quejas por violaciones al derecho a la integridad personal en la Ciudad de México. Como consecuencia de dicha descripción, tomaré la decisión de dividir el universo de quejas entre los casos que serán analizados a partir de los factores sociocontextuales y situacionales, y un segundo subuniverso que debe ser considerado separadamente.
2. Abusos en las situaciones de detención y en instalaciones de seguridad y justicia
En los estudios sobre uso excesivo de la fuerza policial (en su mayoría anglosajones), se da por supuesto que las dinámicas y espacios urbanos donde se encuentran policías y sospechosos (una detención, revisión, control de una manifestación, etc.) son los mismos en los que acontece el abuso. Hay un desplazamiento en el espacio urbano debido, por ejemplo, a una persecución, pero los datos situacionales y socioestructurales que se consideran serán los correspondientes al lugar y momento de la detención final. Sin embargo, los casos analizados en las quejas por violación al derecho a la integridad personal en la Ciudad de México muestran dinámicas espaciales más variadas. En particular me interesa subrayar una diferencia -bajo la cual es posible suponer diversas motivaciones del abuso-: en un número importante de quejas los abusos ocurren o continúan luego del traslado de los agraviados a una edificación de seguridad pública o procuración de justicia.
La fuerza policial legítima debe ejercerse de forma razonable (Alpert & Smith, 1994), una idea que está guiada por dos elementos: aplicar la fuerza necesaria para controlar a un sospechoso si éste se resiste y para eliminar una amenaza presente. El grado de la amenaza (a personas presentes o el propio policía) y el tipo de resistencia determinan el nivel de fuerza. La fuerza debe cesar cuando el sospechoso está controlado y la amenaza removida. La distinción se vuelve relevante en relación con los lugares donde ha ocurrido el uso excesivo de la fuerza. Un abuso que se realiza o continúa en lugares a los que es trasladado el agraviado es con mayor probabilidad un abuso que obedece a motivos ajenos al control del sospechoso que se resiste o a la eliminación de una amenaza, ya que, en general, ambos elementos, resistencia y amenaza, han cesado con anterioridad al traslado. Por lo tanto, es importante conocer el porcentaje de casos donde el abuso policial se ejerce en un lugar al que los agraviados han sido trasladados (véase cuadro 1).
Cuadro 1 Lugar de ocurrencia del abuso por institución policial
| Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal | Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal | |
| Se llevó a cabo sólo en la colonia donde se inició el encuentro. | 54.4 | 73.2 |
| Se llevó a cabo sólo en la CT, MP, JC, etc.) * donde se inició el encuentro. | 8.5 | 2.9 |
| Se llevó a cabo en otro lugar al que fueron trasladados. | 37.1 | 23.9 |
| Total | 100 | 100 |
*CT = Coordinación Territorial, MP = Ministerio Público, JC = Juzgado Cívico.
En cuatro de cada diez quejas contra policías de investigación de la PGJDF la violación al derecho a la integridad personal ocurrió desde un inicio en instalaciones de procuración de justicia o en el lugar adonde los agraviados son trasladados. Para los policías preventivos de la SSPDF, la situación ocurre en más de la cuarta parte de los casos.
Si queremos conocer la repercusión que las características situacionales y el contexto barrial tienen en la gravedad de los abusos policiales, debemos separar los casos en que ocurre en contextos barriales de los que acontecen dentro o en las afueras de un edificio de seguridad o justicia. Las violaciones al derecho a la integridad personal en instalaciones oficiales pueden obedecer a motivos de extracción de renta, obtención de una confesión o castigo al agraviado, pero se diluye el impacto de las características del contexto espacial y situacional de la detención. En cambio, los casos donde el abuso se comete en el lugar del encuentro y la detención (o a escasos metros), es mucho más probable que el espacio barrial y las características situacionales desempeñen un papel más fuerte en la determinación de la gravedad del uso ilegal de la fuerza policial.
Los lugares a donde han sido trasladados los agraviados y donde se ha cometido el abuso, se presentan en el cuadro 2.
Cuadro 2 Lugar de traslado por institución policial
| Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal | Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal | |
| CT, MP, JC, etc. | 71.4 | 55.9 |
| Interior de patrulla o carro. | 41.6 | 42.6 |
| Otro lugar en la calle. | 5.2 | 22.1 |
| Construcción sin identificar. | 5.2 | 1.5 |
| Otro lugar. | 1.3 | 1.5 |
| Total | 124.7 | 123.6 |
Para ambas autoridades sus instalaciones, a pesar de los intentos discursivos o prácticos por evitarlo, continúan siendo espacios donde se consuman un número significativo de excesos en el uso de la fuerza. Además, las patrullas y otros vehículos son también lugares donde los abusos son frecuentes. En el caso de los policías de la SSPDF, el simple traslado a otro lugar en la calle (generalmente a uno cercano al del encuentro inicial), seguramente con menor visibilidad, es otra dinámica espacial habitual en los abusos de los que he recabado información.
Es posible dividir las quejas dependiendo de si el abuso ocurre en contextos barriales o en instalaciones de seguridad pública o procuración de justicia. El primer subuniverso se construye con base en los siguientes criterios: 1) casos en que el abuso fue sólo en el lugar de inicio del encuentro (sin ser instalaciones de seguridad o procuración de justicia); 2) casos en que el abuso sólo ocurre en una patrulla o en otro lugar de la calle como destino de un traslado. Es decir, el subuniverso restante corresponde a abusos cometidos en instalaciones de seguridad pública o procuración de justicia, o en otro tipo de edificación.
Es importante subrayar que las instalaciones donde ocurre el abuso es muy importante para explicar su gravedad. En los espacios institucionales son más frecuentes los abusos graves que en los contextos barriales, tal como se observa en el cuadro 3.
Cuadro 3 Gravedad del abuso por lugar de ocurrencia (porcentajes)
| Abusos no graves | Abusos graves | Total | |
| El abuso ocurre en instalaciones de seguridad pública o justicia. | 78.3 | 21.7 | 100 |
| El abuso ocurre en los contextos barriales donde se inició el encuentro. | 85.7 | 14.3 | 100 |
| Total | 83.3 | 16.7 | 100 |
Una medida básica de asociación entre espacios institucionales y abusos graves es significativa (valor de chi2 4.949, p < 0.05). En dichos espacios es posible presumir motivaciones ajenas al control del sujeto, por lo que son más proclives a casos graves de abuso. Para los restantes casos, ocurridos en contextos barriales, se realiza el análisis de sus determinantes socioestructurales y situacionales en el siguiente apartado.
Determinantes socioestructurales y situacionales de la gravedad de los abusos policiales
En el universo de encuentros en los que el uso de la fuerza acontece en colonias de la ciudad nos interesa considerar los factores situacionales y contextuales presentados y su impacto en la gravedad de los abusos. El subuniverso por considerar corresponde a 68% de las quejas (391 casos), donde en 64.5% hubo policías de la Secretaría de Seguridad Pública y en 35.5% de policías de investigación. La variable dependiente de violaciones graves y no graves al derecho a la integridad personal se divide en 14.3% de casos graves y 85.7% de casos no graves.
Una regresión logística me permitirá observar cómo, en la probabilidad de que una queja por violación al derecho a la integridad personal sea un caso grave, influye la presencia de diversos factores situacionales y socioestructurales. Resumo el resultado del modelo en el cuadro 4.
Cuadro 4 Coeficientes de regresión logística, errores estándar y coeficientes exponenciales de la probabilidad de que una queja por violación a la integridad personal sea un caso “grave”
| Variables independientes | Coef. Beta | Error estándar | Exp. Beta |
|---|---|---|---|
| Amenaza social | |||
| Índice de marginación del lugar del encuentro | .032 | .471 | .942. |
| Índice de marginación donde vive el agraviado | .564 | .361 | 1.757. |
| Amenaza criminal | |||
| Índice delictivo | .005* | .003 | 1.005. |
| Resistencia activa | .881** | .434 | 2.425. |
| Delitos graves (homicidio, violación y secuestro). | 1.605*** | .592 | 4.980 |
| Desorganización social | |||
| Ausencia de asociaciones civiles. | .767** | .360 | 2.152 |
| Control | |||
| Secretaría de Seguridad Pública. | .818** | .412 | 2.266 |
| Constante | -4.777 | 1.096 | 0.008 |
| R2 Nagelkerke | .127 |
* p ≤ 0.1.
** p ≤ 0.05.
*** ≤ 0.01
El resultado de la regresión logística muestra que los factores vinculados a la amenaza social no obtienen coeficientes significativos. Tanto si la marginalidad de la colonia del encuentro como de la colonia de residencia del agraviado obtienen coeficientes en la dirección esperada, no impactan en la probabilidad de ocurrencia de un abuso grave. Igualmente, la variable aproximada del estatus social del agraviado estuvo muy cerca de ser significativa, lo cual demanda continuar la prueba de su posible impacto a través de indicadores más precisos.
Son los factores de las teorías de la amenaza criminal los que obtienen los coeficientes significativos más elevados. En particular las variables del nivel individual-situacional. En relación con el nivel contextual, el índice delictivo tiene significatividad muy débil, y su coeficiente es positivo, pero casi cero, por lo que la razón de probabilidades es muy cercana a uno, lo que muestra su casi nula incidencia en el aumento de la probabilidad. Al realizar la prueba del aporte de cada variable a la mejoría del modelo, la inclusión del índice delictivo no representa una mejora significativa de su verosimilitud. Es necesario probar con indicadores de homicidios en espacios comunitarios, ya que es un indicador con mejor validez de la percepción de peligro para los policías y ha obtenido mejores resultados que los índices delictivos generales (Hays, 2011).
La perspectiva de la amenaza criminal, a nivel situacional, es la que obtiene mejores resultados. El modelo no apoya las hipótesis que señalan mayores excesos en la coerción a personas de menor estatus social, pero sí obtiene respaldo la percepción situacional de amenazas a los policías a través de la las variables resistencia activa de los agraviados y situaciones con delitos más graves. Si se observa el valor de los exponentes beta, se trata de los dos valores más altos del modelo. Una resistencia activa multiplica la razón de probabilidades por casi dos veces y media, mientras que en el caso de una detención por delitos graves lo hace casi por cinco.
Derivada de la tradición de la desorganización social, la ausencia de asociaciones civiles en la colonia donde ocurre el abuso obtuvo un coeficiente positivo y significativo. Es decir, al pasar de una colonia con presencia de asociaciones civiles a una que no tiene ninguna aumenta la probabilidad del suceso, en este caso, de un abuso grave. Se trata de la única variable contextual que obtiene respaldo y, con ello, el llamado a explorar, para el uso excesivo de la fuerza policial, la potencialidad explicativa de las restantes dimensiones de la perspectiva de la desorganización social.
La variable de control obtuvo un coeficiente positivo y significativo: al pasar de situaciones en las que participan policías de investigación a aquellas en que intervienen policías preventivos, aumenta la probabilidad de abuso grave. Se requiere indagar, detrás de la etiqueta institucional, los factores que ambientan que las detenciones de sospechosos o el control de personas en espacios públicos tengan mayor probabilidad de abusos graves con la presencia de policías preventivos en comparación con policías de investigación. Es importante señalar que en los casos donde el abuso acontece en lugares de traslado (con un mayor porcentaje de casos graves), la mayoría corresponde, por el contrario, a policías de investigación.
El ajuste del modelo en una regresión logística se mide por un pseudo R2 que no puede leerse directamente como porcentaje de la varianza explicada, tal como acontece en una regresión lineal. En nuestro modelo, el R2 de Nagelkerke es de .127, y aunque los valores de R2 suelen ser más bajos que en regresión lineal, señala, por supuesto, que es necesario explorar otros determinantes del uso excesivo de la fuerza policial para las policías de la Ciudad de México.
3. Discusión
Los abusos de las policías de la Ciudad de México suceden en una diversidad de espacios. Aquellos que ocurren en instalaciones de seguridad y justicia son graves en mayor medida que los acontecidos en los espacios inmediatos a donde se realizan las detenciones. Si el uso excesivo de la fuerza ocurriera más al detener a un sospechoso y no en espacios institucionales, será una tendencia positiva. Sin embargo, también hay condicionantes en la detención que ambientan casos graves de uso ilegítimo de la fuerza policial.
Una limitación del presente estudio es que el impacto explicativo de las teorías y factores puestos a prueba se reduce a la gravedad del abuso policial y no a su ausencia o presencia. Los expedientes de la CDHDF permiten acceder a información valiosa, pero al ser un universo exclusivo de violaciones al derecho a la integridad personal, el análisis explicativo se restringió a su intensidad.13 Como consecuencia, sus resultados deben ser tomados con la cautela necesaria. Sin embargo, además de un aporte y una perspectiva novedosa a los estudios policiales en México en el campo general de los estudios sobre uso excesivo de la fuerza policial, el análisis permite aumentar el rango de aplicación de las teorías puestas a prueba, ya que la mayoría de dichos estudios se centran en la presencia o ausencia de casos de uso excesivo de la fuerza y no abordan como variable dependiente su gravedad.
En segundo lugar, los principales resultados del análisis refuerzan la perspectiva de la amenaza criminal y de los factores situacionales (los que muestran los resultados más congruentes en estudios sobre el tema). La perspectiva de la amenaza criminal suele asociarse a motivos legítimos para el uso de la fuerza en comparación con los motivos ilegítimos de la teoría de la amenaza social (la diferencia entre usar la fuerza contra una persona “por lo que hace” o “por lo que es”). Sin embargo, los mismos factores vinculados a la percepción de peligro para el policía u otras personas presentes también pueden ser disparadores significativos del uso ilegítimo de la fuerza policial. En este sentido, los policías mexicanos, al realizar detenciones o controles, parecen responder de mejor forma al principio de necesidad en el uso de la fuerza que a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Sin embargo, los resultados positivos de los factores de la amenaza criminal para explicar la gravedad de los abusos en las policías de la Ciudad de México no deben interpretarse como una validación sin más de dicho marco teórico para el contexto de la sociedad y las organizaciones policiales mexicanas. Las teorías de la amenaza criminal se aproximan al uso de la fuerza, en buena medida desde una perspectiva cognitiva de la situación. Es decir, como una respuesta más o menos reflexiva o tipificada que se deriva de la percepción de peligro a su integridad física o la de otros que experimentan los policías. Los mismos factores que desde la percepción de los “hechos” pueden representar un peligro para la seguridad del policía, también pueden ser un factor que active procesos de evaluación moral o dinámicas emocionales que impulsen el uso excesivo de la fuerza policial.
El abuso de la fuerza ante una situación de resistencia no sólo es una respuesta instrumental, como podría considerarse en un caso de impericia técnica. Desde una evaluación moral-expresiva, la resistencia es también un símbolo de irrespeto a la autoridad y, por tanto, de una persona que es merecedora de castigo. Además, desde otra vertiente de las dimensiones de la interacción social, las situaciones de conflicto físico crean tensiones emocionales que, si no es posible evitar, pueden canalizarse mediante comportamientos de violencia física excesiva.
Algo similar acontece con la variable “detención por delitos graves”, pues circunscribir su impacto a la percepción del policía de una situación amenazante, simplifica el entramado de motivaciones y circunstancias en el que puede ejercerse el uso excesivo de la fuerza. Quien comete un delito grave también puede ser colocado en un espacio moral donde se carece de derechos (Van Maanen, 1978; Garriga, 2010). El entorno institucional, a su vez, puede dar mayor protección a la actuación policial en detenciones “importantes”, favoreciendo el ejercicio de la fuerza sin los riesgos de un futuro castigo. Estos procesos de interacción y significación que median entre la presencia de factores situacionales y el abuso policial deben investigarse desde perspectivas cualitativas, de mayor densidad descriptiva, que permitan triangular y afinar los resultados de análisis cuantitativo.
Los resultados significativos de las variables “resistencia activa” y “delitos graves” no son el punto de llegada en la explicación del uso excesivo de la fuerza en las policías de México, sino el punto de partida para la construcción de teorías adecuadas a sus contextos sociales e institucionales.
La vida asociativa y los controles que se esperan como resultado en espacios de convivencia también obtuvieron respaldo como factor disuasivo del uso excesivo de la fuerza policial. Se trata sólo de un indicador interno de la perspectiva de la desorganización social, por lo que es necesario explorar en futuros trabajos sus distintas dimensiones e indicadores asociados.
El uso de la fuerza es la principal atribución que, como sociedad, otorgamos a las policías, y mientras no conozcamos su uso sistemático difícilmente se tendrá éxito en la búsqueda de patrones más conformes a las orientaciones de la ley y el respeto a los derechos de la población.
