La Fundación Carolina solicitó a un grupo de investigadores bajo la coordinación de Carlos Sanz Díaz un libro que indagara sobre el intercambio entre los procesos transicionales democráticos de España y Latinoamérica, es decir, las enseñanzas significativas que compartieron estos países en materia de políticas públicas, memoria histórica, políticas de género, justicia transicional y rehabilitación al terminar sus respectivas dictaduras y conflictos armados. Para lograr lo propuesto, se hicieron varios estudios de caso donde se analizaron e identificaron las políticas de los gobiernos democráticos de España, Chile, Argentina, Guatemala y Colombia, prestando atención a las experiencias de los procesos transicionales a partir de la memoria histórica con relación al tratamiento dado a las víctimas y la responsabilidad en materia de justicia transicional, así como la relevancia que tienen los archivos en este proceso.

A partir de las inquietudes anteriormente expuestas surgió el libro Transiciones democráticas y memoria histórica: aprendizajes de ida y vuelta entre América Latina y España, el cual está integrado por seis capítulos que identifican y analizan desde diferentes perspectivas el cambio a la democracia y la memoria histórica, advirtiendo los avances, retrocesos y desafíos. Esta obra colectiva muestra, no solamente las contribuciones de España en materia de transición a la democracia en Latinoamérica, sino también evidencia de que países como Chile, Argentina, Guatemala y Colombia han proporcionado también aportaciones significativas, por ejemplo, en los ámbitos de la justicia social, la memoria histórica y las políticas de género, todo lo cual ha permitido un fructífero intercambio entre España y América Latina.

La introducción “Memoria y democracia en Iberoamérica: una relación de ida y vuelta”, a cargo de José Antonio Sanahuja, expone las dos etapas en que se divide el proceso de la transición y consolidación a la democracia entre España y América Latina, proporcionando así una relación de ida y vuelta en las prácticas, visiones y aprendizajes que han tenido lugar entre ellos. Sin embargo, los procesos de transición y de posterior consolidación democrática en estos países tienen elementos compartidos, pero al mismo tiempo, existen diferencias de acuerdo con el contexto de cada uno. La primera etapa se encuentra casi al término de la Guerra Fría, al promover España su exitoso modelo de transición a la democracia en Latinoamérica, lo cual permitió incitar al diálogo social, destacar la relevancia del Estado de derecho y de las instituciones como elementos fundamentales para la democracia y la importancia de estos principios en la política exterior.

No obstante, Latinoamérica inició una segunda etapa de transición democrática con el fin de la Guerra Fría, la cual se caracterizó por terminar con la autonomía militar; “dotar de contenido económico y social a la democracia […] y afirmar una verdadera ciudadanía civil más allá de la ciudadanía política”, así como “hacer frente al legado de impunidad de esa «primera transición»” (p. 9). De modo que ahora los países latinoamericanos transmitieron sus experiencias en materia de transición democrática a España. Así, el presente libro evidencia, a través de un exhaustivo análisis y desde diferentes perspectivas críticas, la importancia que también ha tenido América Latina en materia de memoria, historia, justicia, reparación y democracia y la influencia de su experiencia en estos aspectos sobre la propia España, dando así lugar a un aprendizaje significativo de ida y vuelta entre ambos lados de Atlántico.

El primer capítulo “Transición de ida y vuelta. Democracia, memoria histórica y aprendizajes entre España y América Latina”, del historiador complutense Carlos Sanz Díaz, tiene como propósito investigar sobre la circulación y transición de distintos modelos y prácticas que van en diferentes direcciones, así como reconocer la memoria histórica y las prácticas políticas transicionales en diversos estudios de caso latinoamericanos y españoles, demostrando que se han superado los discursos unidireccionales sobre este tema. Lo anterior busca contribuir a las discusiones sobre las transiciones democráticas y la memoria histórica que han sido cuestionadas, revertidas o bloqueadas por planteamientos que confrontan la justicia, la reparación a las víctimas, las garantías de no repetición y la verdad establecidos por el derecho internacional humanitario.

Las transiciones democráticas no han sido procesos sencillos, tanto en España como en América Latina, puesto que el final de las dictaduras y de los conflictos armados no implica que se produzcan transformaciones de forma inmediata y se termine con la violencia, ya que perviven algunos de los factores que originaron aquellos procesos. Por ello, fue necesario buscar herramientas que permitiesen cambios a través de la articulación de políticas públicas. En este sentido, los países latinoamericanos fueron pioneros en dos cuestiones con relación a la justicia transicional: por un lado, en la búsqueda de la verdad y la persecución de las vulneraciones de los derechos humanos y, por otra parte, en la introducción de las demandas y experiencias de las víctimas en los mecanismos de las garantías de no repetición, verdad, reparación y justicia.

En Latinoamérica, en “materia de justicia transicional” se crearon las comisiones de la verdad, que han documentado información referente a los períodos de violencia de las dictaduras y conflictos armados, haciendo públicas las violaciones a los derechos humanos y permitiendo, de este modo, que investigadores y ciudadanos puedan realizar sus propias indagaciones. Sin embargo, estas comisiones tienen también sus límites, ya que solamente presentan datos esquemáticos de los acontecimientos y no construcciones del pasado, no se tiene acceso a toda la información y además no hacen visibles algunos grupos y acciones. Por otra parte, la reparación de las víctimas se centró a menudo en acciones simbólicas y materiales promovidas por el Estado en favor a las víctimas y sus familias, cuyo propósito consistió en compensar materialmente los daños y responsabilizar a los perpetradores por sus acciones, pero al mismo tiempo también se buscó que la sociedad se involucrase para superar el conflicto mediante una reconciliación.

En relación con la memoria compartida como instrumento para la reconciliación, convivencia y justicia, no podemos hablar solamente de una memoria, sino que existen varias que pueden llegar a ser contradictorias sobre los acontecimientos que recuerdan el pasado reciente, lo que a menudo ha provocado disputas. A pesar de las diferencias que se pueden llegar a generar en la memoria histórica se han creado espacios encargados de recolectar, conservar y estudiar documentos, así como testimonios orales de la violación de los derechos humanos, permitiendo difundir estos hechos a través de diferentes medios como actividades museísticas, pedagógicas e históricas para que el público se informe y evitar la reproducción de estas situaciones en un futuro.

Por otro lado, las garantías de no repetición son aquellas adoptadas por los poderes públicos y el Estado con el propósito de no repetir los mismos acontecimientos que violenten los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. En el caso de España se adoptaron estas políticas de justicia transicional de no repetición tardíamente, debido a que los distintos gobiernos demoraron en comprometerse con las demandas de responsabilidad de las víctimas del franquismo y solamente se ha incorporado, en los últimos años, la memoria histórica de las estructuras administrativas del Estado, así como la aprobación de planes estatales de derechos humanos de acuerdo con las Naciones Unidas. En este sentido, las medidas que tomaron los países latinoamericanos sobre los mecanismos de las garantías de no repetición, verdad, reparación y justicia han servido a España como modelos en la memoria histórica para afrontar el pasado y construir la convivencia en el presente. Comprobando que no solamente España ha transmitido sus experiencias y modelos de la transición democrática a los países de América Latina, sino que estos también han dado aprendizajes significativos a España como parte de ese intercambio circular que señalábamos.

El capítulo dos, “Claroscuros de la justicia transicional en Chile”, escrito por Hugo Rojas Corral, expone tanto los logros como los desafíos que continúan pendientes en la justicia transicional chilena después de la dictadura militar de Augusto Pinochet, período en el que se violentaron de forma masiva los derechos humanos. El autor se interesa por exponer los claroscuros del esclarecimiento de los crímenes cometidos; la conmemoración y memorización de las víctimas; el establecimiento de las garantías de no repetición; la reparación de las víctimas y de sus familias; la impartición de justicia y la sanción a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de represión estatal.

El Estado chileno ha reconocido oficialmente a las víctimas de violación de los derechos humanos durante la dictadura y se han creado comisiones de la verdad con el fin de conocer los crímenes cometidos, así como mecanismos simbólicos y materiales para la reparación de las víctimas y sus familias. Pese a ello, parte de la sociedad chilena todavía no reconoce la magnitud de la violación de los derechos humanos que se ejerció durante este período, como fue el caso de la represión sobre las comunidades indígenas y los asesinatos de campesinos, mientras otro sector social estuvo de acuerdo o bien toleró dichas violaciones.

No es extraño, por tanto, que algunos sectores de la sociedad no estén interesados en reconocer la violación de los derechos humanos durante la dictadura y prefieran que sea un tema silenciado u olvidado, de modo que no se cuenta con una memoria histórica compartida del pasado reciente, sino que coexisten diferentes memorias colectivas. Para revertir esta situación se implementaron medidas que permitieron reparar, sancionar, conocer y recordar a las víctimas para se pueda debatir públicamente a través del currículum escolar, en actividades culturales, organismos públicos y medios de comunicación.

En el capítulo tres “La violencia por motivos de género en la última dictadura militar argentina. Apuntes para su visibilización e investigación en el ámbito judicial”, Lorena Balardini analiza la violación de los derechos humanos por la última dictadura en Argentina desde una perspectiva de género, permitiendo abordar interrogantes relacionados con la violencia de género en los centros de detención clandestinos a través de las voces de las mujeres sobrevivientes, que narran las atrocidades que vivieron, como la tortura generalizada, incluso a embarazadas, la violencia sexual y el aborto forzado.

Sin embargo, el delito de violencia sexual quedó inicialmente excluido de las leyes para juzgar los crímenes de violación de los derechos humanos. No sería hasta la reapertura de los juicios penales contra los crímenes cometidos durante la última dictadura, cuando se reconocieron las condiciones de vida de las mujeres secuestras en los centros clandestinos de detención. Es decir, se comenzaron a exponer los abusos vinculados con el género que no habían sido visibilizados debido a que se consideraban como parte del delito de tortura y no como violencia de tipo sexual independiente.

Los obstáculos que se presentaron en la investigación y sanción de la violencia por causa de género estuvieron en gran medida determinados por el hecho de que los testimonios constituían la única prueba, lo que obligaba a las víctimas a presentar pruebas de la existencia de secuelas psíquicas o físicas, vulnerando la dignidad y derechos de intimidad. Pero, a pesar de estas dificultades, en 2007 se comenzaron a abordar los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad y desde entonces no se hizo necesario que terceros corroboraran las acciones denunciadas para poder acreditar el caso. Ello permitió que en 2023, “de acuerdo con los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son ya 47 las sentencias en las que se han investigado diferencialmente estos delitos, y constituyen el 16% del total de las dictadas” (p. 85). Esto nos permite advertir los avances que se han logrado en Argentina en relación con la violencia de género. Pese a ello, todavía existen desafíos tales como definir la manera en que se aplicaría el enfoque de género a las investigaciones judiciales y que a los equipos de trabajo se les proporcione una formación de estrategias psicojuridicas, a fin de que los problemas que se presentan en estos procesos sirvan de ejemplo para la reforma del sistema de justicia donde se integren los delitos de violación sexual o violencia de género actuales.

En el capítulo cuarto, “Problemas de los operadores de justicia para conseguir avances en justicia transicional: el caso de Guatemala”, la especialista guatemalteca Elena Martínez Barahona analiza los problemas de los juicios de justicia transicional, advirtiendo las dificultades para la continuidad de estos, así como los problemas de los operadores de justicia al momento de llevar a cabo los procesos. La autora presenta algunos ejemplos que han sido emblemáticos en la justicia transicional, no solamente para Guatemala sino también a nivel internacional, al llevar a juicio a exgenerales que cometieron genocidio con las comunidades indígenas, así como condenar a los responsables del caso Sepur Zarco, donde se condenaron por primera ocasión crímenes de esclavitud sexual y doméstica contra mujeres indígenas durante el conflicto armado, convirtiendo a Guatemala en un país pionero en un sistema de justicia que lleva a los responsables de estos delitos a los tribunales para ser juzgados. Ello ha permitido además investigar las desapariciones forzosas y los crímenes políticos, lo que ha llevado a procesos judiciales.

Las acciones legales en contra de los responsables de la violencia sexual en Guatemala, a cuyas víctimas se les tuvo que brindar apoyo psicosocial, podrían ser una guía para otros países que presenten procesos semejantes en justicia transicional. Pero, a pesar de los avances que se han tenido en esta materia, Guatemala enfrenta aún otros problemas como la impunidad que ha permitido que los responsables de crímenes no rindan cuentas, la corrupción del sistema judicial, las amenazas a jueces y fiscales, así como la falta de recursos y capacitación en las instituciones. Para solucionar estos problemas, la autora recomienda la implementación de medidas de cooperación institucional dirigidas a brindar protección, por parte del Estado y las instituciones, a los jueces y fiscales encargados de los procesos de justicia transicional.

El capítulo “Aprendizajes y reflexiones sobre los modelos de participación social en el diseño e implementación de políticas públicas transicionales en Colombia”, escrito por Juan Pablo Vera Lugo y Ana Guglielmucci, tiene como propósito discutir la relevancia de la participación social y política de distintas organizaciones, ciudades y comunidades en el desarrollo de los principios generales de la justicia transicional en Colombia, así como su vínculo con procesos más amplios de democratización política. En el caso de la justicia transicional en Colombia destaca la participación que han tenido las víctimas, lo que ha constituido un logro significativo en la democratización institucional y en la aparición de políticas públicas dirigidas a incorporar los principios internacionales de justicia a través de planteamientos teóricos. Sin embargo, falta abordar cuestiones prácticas para garantizar tanto la ejecución como el fortalecimiento de dichas políticas, debido a que se puede llegar a silenciar la voz de las víctimas en los procesos judiciales a causa de la cultura política y de la existencia de jerarquías en las prácticas institucionales.

El proceso de paz con las FARC-EP permitió la entrada de la izquierda al sistema político, lo que dio acceso a las condiciones para la alternancia política democrática. Por otro lado, los enfoques de justicia transicional han introducido perspectivas democráticas como procesos asociados a la transición de dictadura a democracia, ligados a la lucha por la democratización y por la transformación de la organización social. No obstante, las políticas transicionales necesitan una continuidad sin perder impulso para evitar retrocesos o interrupciones durante la transición de bloques de poder.

El último capítulo, “Archivos y transiciones políticas en América Latina”, a cargo de Antonio González Quintana, aborda la importancia de preservar, gestionar y hacer accesibles los documentos de los archivos que constituyen el testimonio de la violación de los derechos humanos, ya que a través de ellos se puede, por ejemplo, sancionar a los perpetradores de este tipo de delitos. Por ello, es importante conservar los documentos como una herramienta de justicia transicional en el marco de los procesos de modernización archivística ligados a los programas de resarcimiento y depuración del Estado. En este sentido, los archivos que han tenido mayor presencia en Latinoamérica que en España son los de las distintas comisiones de la verdad, cuyos documentos son testimonios del pasado reciente fundamentales para los procesos de memorización. Sin embargo, no todos los países tienen acceso a este tipo de información y en otros casos no se conoce el destino de los documentos después del cierre de las comisiones. De modo que se deberían tomar medidas para garantizar la conservación documental, así como acuerdos para otorgar un acceso general a estos materiales para los procesos de memorización y de justicia transicional. No sólo falta una norma que regule el acceso a los documentos públicos sobre la violación de los derechos humanos durante las dictaduras y conflictos armados, sino que las infraestructuras de los archivos en algunos países latinoamericanos continúan siendo precarias por lo que son necesarios planes de infraestructura y de contratación y capacitación de recursos humanos en esta área.

Como vemos, el libro Transiciones democráticas y memoria histórica: aprendizajes de ida y vuelta entre América Latina y España presenta un análisis desde diferentes perspectivas, no solamente del pasado reciente sino también del presente y el futuro de la justicia transicional en América Latina y España, prestando atención a aquellos países que han sido pioneros en esta materia y abordando los límites y retrocesos que se han presentado en este proceso. La obra nos deja ver las aportaciones que varios países latinoamericanos han proporcionado a España en el ámbito de la memoria histórica, demostrando un intercambio de ida y vuelta entre naciones con problemáticas similares que ha permitido avanzar en materia de justicia, no repetición, verdad y reparación.