Ser poblador es vivir meramente viviendo, pues a tus labores que hagas, porque no hay de otra cosa que te sostenga, porque no vas a vender una hectárea de tierra porque no lo tenemos y, dijéramos, si fuera ejidatario, fuera diferente.
B. S. registro 16/04/12
Introducción
A raíz de la reforma agraria de 1992 se han reconfigurado las disputas al interior de los ejidos respecto a los recursos naturales, los apoyos gubernamentales y los derechos sobre la tenencia de la tierra. El análisis se refiere con frecuencia a las paradojas del municipalismo y el agrarismo posrevolucionario (Azuela 1995; Baitenmann 2001; Léonard, Quesnel y Velázquez 2003; Trujillo 2012; Torres-Mazuera 2013a, 2013b), y a las encrucijadas provocadas por el proceso de amalgamado de ideas ecológicas y de desarrollo económico social (Haenn 2005; Isaac-Márquez et al. 2008; Radel 2012; Schmook et al. 2013; Cano Castellanos 2014). Estas investigaciones son un avance en el análisis de los cambios en el medio rural, sin embargo, se requieren estudios que den cuenta de nuevas formas de resistencia y del surgimiento de actitudes contestatarias frente a estas encrucijadas y paradojas (Cernea 1995). En este artículo examinamos las relaciones intraejidales y las recientes disputas protagonizadas en Calakmul, entre ejidatarios y pobladores sin tierra y sin vínculos familiares con el grupo ejidal,6 en un contexto neoliberal de pobreza y carencia de oportunidades. El análisis se centra en tres factores: 1) el acceso a los recursos naturales del ejido (tierra, agua, leña, madera, solar urbano, etc.), 2) la distribución de los apoyos gubernamentales que se destinan a las tareas del ejido (tanto para las actividades agrícolas como de otro tipo) y 3) el papel de las autoridades locales (comisariado ejidal / municipal) en las disputas surgidas a partir de los dos primeros puntos. Se toman en cuenta también las relaciones de parentesco, prácticas clientelares y pérdida de los órganos de gobierno ejidal (asamblea, comisario ejidal y consejo de vigilancia). Cabe aclarar que las disputas no ocurren exclusivamente entre ejidatarios y pobladores, los integrantes del grupo de ejidatarios se pelean entre sí y ocurre lo mismo con el grupo de pobladores; sin embargo, para fines de nuestro análisis se priorizan las disputas entre los ejidatarios y los pobladores que no poseen tierras ni tienen vínculos familiares con el grupo ejidal. Se seleccionaron tres ejidos (Nuevo Becal, Ricardo Payró Jene y La Guadalupe) como estudios de caso. Las preguntas que guían el estudio son: ¿cuáles son los motivos de las disputas al interior de esos ejidos? y ¿cuáles son los efectos de esas disputas en las relaciones entre los habitantes del ejido? A partir de trabajo etnográfico -realizado a lo largo de siete meses en los tres ejidos de Calakmul- se analiza el papel que desempeñan los ejidatarios y los pobladores que no tienen relaciones familiares con el grupo ejidal en las disputas, así como la causa subyacente a esos conflictos. El objetivo fue estructurar una narrativa de la relación ejidatario/poblador a partir de la información obtenida en las entrevistas con los habitantes locales y en las observaciones de campo, para mostrar las diversas formas de tensión y conflicto enmarcadas por el derecho, en el caso de los ejidatarios, o el no derecho a la propiedad de la tierra para los pobladores. Se plantea la necesidad de indagar más sobre la heterogeneidad de los residentes ejidales en la lucha por los recursos del ejido.
Situación actual del ejido en México
Las tierras ejidales en México ocupan el 51 % del territorio nacional, distribuidas en 29529 ejidos. La población ejidal está integrada por mujeres y hombres ejidatarios titulares de derechos de uso y disfrute de las tierras ejidales; los posesionarios, reconocidos -a partir de 1992- como propietarios por las autoridades agrarias con la posesión del certificado de titulación de las tierras parceladas, pero sin derecho a las tierras de uso común ni a la dotación de solares, y los avecindados, quienes poseen un derecho de propiedad sobre el solar, pero no tienen derechos sobre las tierras parceladas y de uso común (Ley Agraria 1992; Almeida 2012). Al mes de julio de 2017, el total de ejidatarios en México era de: 2 961 358 (79.2% hombres, 20.8% mujeres); 815 910 comuneros (75.4% hombres, 24.6% mujeres); 697 578 posesionarios (72.7% hombres, 27.3% mujeres) y 111 126 avecindados (70.9% hombres, 29.1% mujeres).7 La mayoría de los ejidatarios / as (62.9%) tiene más de cincuenta años, lo que indica un proceso de envejecimiento (Encinas 1995). El ejido lo integran: la asamblea, que es el órgano más importante en la que participan todos los ejidatarios; el comisariado ejidal, quien se encarga de ejecutar los acuerdos que toma la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido; y el consejo de vigilancia, encargado de observar las acciones del comisario ejidal y lo dispuesto por la asamblea de ejidatarios (Ley Agraria 1992).
Aunque la discusión sobre el ejido y los problemas de la tierra tiene un larga tradición en los estudios agrarios (Bartra 1974; Restrepo y Eckstein 1975; Orozco 1975; Hewitt 1978; De Janvry 1981; Warman 2001), en las últimas tres décadas las políticas promovidas por los gobiernos mexicanos de orientación neoliberal han activado diversos procesos de cambio en el espacio rural que han revitalizado la discusión del significado del ejido como medio de subsistencia y sistema de producción agrícola. Las evaluaciones de Ortega, León y Ramírez (2010) y Puyana y Romero (2010) sobre el sector agrícola en México muestran cómo la aplicación de las políticas neoliberales -desregulación de las actividades económicas, privatización de empresas públicas, liberalización de la economía, reordenamiento del gasto público y la eliminación de la intervención pública en una serie de procesos y actividades en el medio rural, entre otras- tuvo un impacto en la reducción hasta en un 50% de los precios de cultivos básicos, al tiempo que disminuyó la superficie sembrada entre 1980 y 2008. En el mismo sentido, Appendini et al. (1983), Appendini (1988, 1992, 2008), Caire (2010) y Suárez (2011) muestran cómo el modelo neoliberal en la agricultura, en el cual los pro- ductores reciben poco y los consumidores pagan mucho por los alimentos básicos (maíz, frijol, tortilla, etc.), ha provocado un deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones de escasos recursos y la quiebra de las cadenas agroalimentarias tradicionales. También los estudios de Coronado (1996), Oehmichen (1997) y López Monjardin (2006) muestran que la política agraria ha cancelado el crédito a campesinos productores de granos básicos y propiciado la atomización de los subsidios en programas asistencialistas, al mismo tiempo que los campesinos más pobres quedan atrapados en una lógica reglamentaria y empresarial de proyectos agropecuarios. Issac-Márquez et al. (2008) destacan el carácter asistencial y focalizado de los programas gubernamentales en comunidades campesinas del oriente de Tabasco, los cuales se han convertido en mecanismos de sobrevivencia y generadores de prácticas que tienen un costo ambiental elevado: la tala del monte o la cacería furtiva, que puede llegar a comprometer su capacidad productiva en el mediano y largo plazo.
El balance que realizan del sector agrícola Léonard y Losch (2009) y su integración al mercado norteamericano vía Tratado de Libre Comercio (TLCAN) revela un mecanismo perverso que ha obligado a la agricultura mexicana a hacer frente a los embates de la economía de Estados Unidos. En Chiapas por ejemplo, las remesas provenientes de EUA han superado la aportación que genera el sector agropecuario al producto interno bruto (PIB). Los dólares que envían los chiapanecos al estado representan el 1.5% del PIB, mientras que el sector agrícola solamente representa el 0.75129 %. Eso indica que en el estado ha habido más ingreso de dólares para beneficio de las familias de quienes han emigrado al vecino país del norte, pero también es muestra de que se ha dejado de trabajar la tierra (Ramírez 2017).
Entre los impactos negativos de las reformas neoliberales en los ejidos, Trujillo (2012) menciona que éste se ha convertido en una forma de pequeña propiedad privada o minifundio tipo farmer, materializado en miles de unidades de producción campesina individual que ha dejado a millones de familias viviendo por debajo del límite de pobreza en las áreas rurales. Por su parte Barnes (2009), menciona tres factores que han impactado de manera negativa al ejido: 1) las reformas al marco legal de tenencia de la tierra puestas en marcha en 1992; 2) la apertura comercial que cambió el panorama macroeconómico del país con el TLC a partir de 1994, y 3) los procesos de urbanización y el consiguiente aumento en el valor comercial de la tierra. Estos tres factores han representado un “shock” para los campesinos y sus familias. En un estudio realizado en Cacobampo, Sonora, Robles Ibarra y Montaño Bermúdez (2010) ofrecen un ejemplo del efecto negativo que han tenido estos tres factores sobre la economía familiar de los ejidatarios, la heterogeneidad de los núcleos agrarios y los retos que se derivan de la creciente presencia de personas sin derechos ejidales, quienes, a pesar de no tener títulos de propiedad, son usuarios de los recursos naturales. El estudio revela que el ejido está en riesgo de perder su capacidad de reproducción debido a los cambios sufridos en su estructura y a la reorientación de los subsidios agrícolas que sostenían al sistema ejidal y a la legalización de la venta de tierras a partir de las reformas al Artículo 27 constitucional en 1992, que en la práctica representa un tránsito desde la propiedad social hacia la propiedad privada. Estos cambios han representado para los ejidatarios y sus hijos la debilitación de los vínculos de reproducción social del núcleo ejidal y la desvalorización de la tierra como medio de subsistencia.
Materiales y método
Área de estudio
El municipio de Calakmul se localiza en la parte sur de la península de Yucatán. Colinda al norte con los municipios de Champotón y Hopelchén; al sur, con la República de Guatemala; al este, con el estado de Quintana Roo; y al oeste, con los municipios de Escárcega y Candelaria del estado de Tabasco (ver Figura 1). La selva seca tropical ocupa 1 574 389 hectáreas, lo que equivale al 93.7% de la superficie total de Calakmul. En el municipio se practica la agricultura de subsistencia y comercial (maíz, frijol, chihua, chile jalapeño), se realizan aprovechamientos forestales y cacería de animales silvestres (Uitz Chi et al. 2006). Las familias tienen animales de traspatio y existe el comercio a través de pequeños expendios, incluyendo la tienda comunitaria. También se practica la ganadería de bovinos / ovinos, promovida por programas gubernamentales, y la apicultura. La población total del municipio es de 28 424 habitantes (INEGI 2017b). Calakmul presenta situaciones precarias en casi todos los índices, lo que refleja el nivel de vida: el índice de marginación es alto (CONAPO 2017); el 40% de la población se encuentra en condiciones de pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y de patrimonio, es decir, un nivel de rezago social alto (Martínez 2010).
En Calakmul, la densidad poblacional se mantuvo muy baja hasta finales de la década de 1960, cuando se promovió la colonización y se instauraronn programas de desarrollo (Haenn 2006). Durante la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976) se aceleró la colonización del sureste y la formación de nuevos ejidos (Ericson, Freudenberger y Eckart Boege 1999) con inmigrantes y campesinos solicitantes de tierras provenientes de 23 estados del país, principalmente de Guanajuato, Durango, Coahuila, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Chiapas (Medrano 1996; Vallejo, Gurri y Molina 2011; Gurri y Ortega 2012). De este modo, familias con distintas culturas, religiones, idiomas y experiencias productivas convergieron en la zona. En 1989, el gobierno federal creó la Reserva de la Biósfera de Calakmul y se diseñaron programas de desarrollo comunitario y de participación social relacionados con el medio ambiente (Uitz Chi et al. 2006). En 1996, Calakmul fue decretado municipio (INAFED 2017), lo cual trajo un aumento de servicios, instituciones, programas de gobierno y la aplicación del procede (Haenn 2006); de hecho, hay diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que operan casi cincuenta programas (Azuara y Pallares 2011), entre los que destacan el de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), el de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) y el de Inclusión Social (PROSPERA).
Los ejidos de Calakmul incluidos en el estudio son Nuevo Becal, Ricardo Payró Jene y La Guadalupe. En Nuevo Becal, los habitantes practican agricultura de subsistencia -la milpa- y el aprovechamiento forestal; en Ricardo Payró Jene y La Guadalupe, se practica la milpa de subsistencia y el cultivo comercial de la chihua (semilla de calabaza). Ninguno de los tres ejidos cuenta con drenaje, y el agua para uso doméstico es captada de la lluvia. Sólo Ricardo Payró Jene cuenta con un Centro Comunitario de Aprendizaje. Muchas viviendas son de madera con techos de lámina, aunque en los últimos años la intervención de programas como Échale a tu Casa ha cambiado el paisaje de las viviendas con construcciones de “material”.8
Metodología
La recolección de datos en los tres ejidos se realizó durante los meses de marzo/agosto de 2012 y junio de 2013. Se desarrolló una metodología basada en trabajo etnográfico (Taylor y Bogdan 1987; Hammersley y Atkinson 1994; Kerlinger y Lee 2002) que incluyó entrevistas a profundidad, grupos focales y observación participante. En total, 199 residentes ejidales y funcionarios públicos participaron en las entrevistas: 127 individuales a profundidad y 72 en grupo focal. Las entrevistas se hicieron a personas con distintos derechos y formas de acceso a los recursos del ejido. La relación establecida con las familias de las comunidades generó confianza y facilitó la comunicación. Fue posible conocer las disputas y rivalidades entre ejidatarios y pobladores por los recursos del ejido y por la distribución de los apoyos gubernamentales; la observación y la presencia en asambleas ejidales fueron fuente de información importante (Gutiérrez y Delgado 1995). Se realizaron entrevistas a profundidad con fundadores del ejido y ancianos, hombres / mujeres ejidatarios y grupos de productores. Estos hombres y mujeres recordaban su trayectoria, los incidentes y disputas como experiencia de vida (Turner y Bruner 1986). Se entrevistó también a funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Xpujil,9 ex funcionarios municipales y al presidente municipal de Calakmul, quien facilitó el proceso para entrevistar a funcionarios encargados de operar los programas y proyectos en la región.
La información arrojó antecedentes sobre la producción agrícola local, la organización social de cada ejido, y los comportamientos y rencores subyacentes en las disputas entre ejidatarios y pobladores. Durante los grupos focales se hicieron grupos por separado de pobladores y de ejidatarios; cada grupo desde su mesa pudo expresar el conflicto derivado de la inequidad en la asignación de los apoyos gubernamentales, los derechos ejidales y el acceso y uso de los recursos naturales del ejido, lo cual creaba un ambiente tenso. La mayor parte de las entrevistas fueron grabadas con el permiso de las personas y luego transcritas para el análisis. Éste consistió en comparar los tres factores que guiaron nuestra narración de las disputas entre ejidatarios y pobladores: el ejercicio de los derechos sobre la tierra, el acceso a los apoyos gubernamentales y el uso de los recursos naturales. Los testimonios y trayectorias de vida nos permitieron establecer los parámetros históricos y actuales de las interacciones entre los ejidatarios y los pobladores que no poseen tierras y ni tienen vínculos familiares con el gupo ejidal, y contextualizar la situación económica y de tenencia de la tierra. También revelaron una fuente de desigualdad que permea las disputas entre ejidatarios y pobladores; entre estas disputas sobresale la revuelta antiejidatarios por parte de los pobladores de Ricardo Payró Jene. La asistencia a dos reuniones de la asamblea ejidal en cada comunidad permitió explorar los puntos de vista de los ejidatarios y del gobierno. El análisis se complementó con información del archivo municipal (programas agrícolas, apoyos económicos, actas de asamblea, informes sobre la gestión municipal, entre otros) y documentos (solicitudes de apoyos económicos, actas constitutivas como productores, informes de trabajo) de líderes locales, productores y del comisariado ejidal/municipal.
Resultados y discusión
Ejidatarios versus pobladores
En Calakmul, a los residentes que carecen de derechos ejidales se les denomina pobladores.10 A esta categoría social pertenecen los hijos de ejidatarios y las personas sin tierra y sin vínculos familiares con el grupo ejidal que por distintas razones se establecieron en los ejidos. Tanto a los ejidatarios como a los pobladores se les exige participar en el trabajo comunitario (fajinas) y pagar las cuotas y multas al ejido. Sin embargo, una diferencia separa los dos grupos, los ejidatarios son propietarios de las tierras ejidales y los pobladores no, lo cual genera una desigualdad en la participación, ya que los pobladores no tienen voz ni voto en la asamblea ejidal, que es el espacio donde se toman las decisiones más importantes que afectan al ejido. Las asambleas generales donde sí opinan los pobladores son convocadas en pocas ocasiones. Los pobladores dependen completamente de los ejidatarios, quienes rentan o prestan tierras y contratan gente para trabajar en sus parcelas. Esta forma de jerarquización social ejidatarios/pobladores, en los tres ejidos de estudio, es en realidad un microcosmos de los problemas que estructuran la vida local. En esta primera parte de resultados y discusión, se presentan datos del aumento en la población sin derechos sobre la tierra y se contextualiza el proceso histórico de la división entre ejidatarios y pobladores sin tierra y sin familiares ejidatarios.
De acuerdo con el Padrón e Historia de Núcleos Agrarios (PHINA) (2017), el estado de Campeche tiene 46 567 ejidatarios. De estos, 3 690 (7.9%) viven en el municipio de Calakmul. La población de avecindados es de 1387 personas, y la de posesionarios de 116.11 Sin embargo, al comparar los datos oficiales y los recolectados en campo encontramos diferencias significativas en el número de ejidatarios y la población sin derechos sobre la tierra (ver Cuadro 1). Es posible que durante las encuestas oficiales se contabilizaran sólo jefes de familia (ejidatarios, hombres y mujeres), excluyendo a sus hijos, lo que quizá explica la “falta” de población en las cifras del PHINA (2017). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2017a) reporta un promedio de cuatro ocupantes por vivienda en los tres ejidos de estudio, lo que demuestra que la mayoría de la población no es ejidataria. Las observaciones de Azuela (1995) y Torres-Mazuera (2013 a) confirman la misma situación en poblados rurales de Veracruz y del Estado de México: hijos de ejidatarios que no alcanzaron a heredar parte de la parcela del padre, yernos o nueras de ejidatarios en las mismas condiciones, o personas avecindadas y posesionarios que por diferentes razones se han establecido en los poblados mediante la compra de un solar en la zona urbana o parcela en los ejidos, supera en número a los ejidatarios.
Ejido | Número de ejidatarios* |
Número de pobladores* |
Número de ejidatarios** |
Número de pobladores** |
---|---|---|---|---|
La Guadalupe | 73 | 5 | 65 | 80 |
Ricardo Payró Jene | 102 | 6 | 84 | 117 |
Nuevo Becal | 86 | 14 | 95 | 200 |
Total | 261 | 25 | 244 | 397 |
* Fuente: RAN.
** Fuente: registros de campo. Elaboración propia con datos del Registro Agrario Nacional (RAN) y de trabajo de campo.
Antes de la reforma al Artículo 27 constitucional de 1992, los ejidos de Calakmul tenían una forma de acceso a la tierra flexible que permitió a los inmigrantes ingresar al padrón. Los recién llegados se dirigían a la asamblea para solicitar su entrada al ejido. Los ejidatarios a su vez, les solicitaban cartas para certificar que no tuvieran antecedentes criminales. Una vez aceptados como pobladores, los ejidatarios les cobraban una cuota de entrada que debían ir pagando poco a poco, con la esperanza de que en el futuro les serían dadas sus propias parcelas para trabajar la agricultura y ser reconocidos como ejidatarios. Este accesos abierto a los pobladores sin tierra y sin vínculos familiares con ejidatarios, sobre todo en el uso de la milpa, representaba también la garantía de acceso a los recursos naturales (tierra, agua, leña, madera, solar urbano, etc.) y a los apoyos gubernamentales destinados al ejido. Sin embargo, los miembros del ejido buscaban beneficios propios para aceptar a los nuevos pobladores obligándolos a participar en los proyectos de trabajo comunal y a pagar las cuotas al ejido. Además, algunos ejidatarios abusaban robando la cosecha de los pobladores, forzándolos a dejar la región para cobrar tarifas de entrada a los nuevos inmigrantes. Haenn (2005) describe cómo durante la colonización de Calakmul -desde la década de 1960- los primeros ejidatarios mantuvieron subordinados a los pobladores sin vínculos familiares en el ejido, nombrando a sus hijos -pobladores- nuevos ejidatarios y asegurándoles tierra para el futuro. Por su parte, los pobladores sin tierra utilizaban la ayuda de los ejidatarios para recibir préstamos del gobierno para la agricultura y después huir del ejido, dejando la deuda a los ejidatarios. En Nuevo Becal por ejemplo, las historias de vida implican movimientos múltiples y un registro cambiante de ejidatarios maya hablantes que posibilitaba el ingreso de nuevos pobladores al ejido con el apoyo del gobierno estatal. Sin embargo, los ejidatarios no permitieron la entrada de los pobladores argumentando que eran gente de fuera y no sabían si eran gente mala o si los tratarían bien. Los ejidatarios justificaron el abandono de sus compañeros con listas de nuevos ejidatarios ante las autoridades agrarias y desalentaban a los pobladores diciéndoles que no había tierra.
En el año 1977 no había mucha gente, nosotros [pobladores] llegamos pero esas gentes antiguas no dejaban entrar, hablan su maya, nos decían que aquí no había tierra para gente fuereña, todos eran mayas de Becal [Calkiní, Campeche] y nosotros no hablamos ningún dialecto y por ese motivo no nos querían dar tierritas, ellos metieron una lista de bastante gente para acaparar las tierras pero al final de cuentas no todos vinieron, aquí solo había como quince ejidatarios (B. A. registro 21/03/12).
Esta situación generó un conflicto en los años setenta entre ejidatarios y pobladores que escaló hasta el gobierno del estado de Campeche. Las autoridades agrarias advirtieron a los ejidatarios de Nuevo Becal que dividirían el ejido si no permitían el ingreso de las nuevas familias, pues había tierras suficientes y los once ejidatarios no cubrían la capacidad del ejido. El problema se resolvió cuando las autoridades ejidales decidieron aceptar la entrada de los pobladores sin tierra.
[…] fue capricho del finado Don Luciano Navarrete que nos empezó aconsejar y nos metió a los chiapanecos, tabasqueños y veracruzanos. Pero la gente decía “¿cómo es posible?, no los conocemos, no sabemos qué carácter tienen, si son llevables o pueden matar a la gente” [...] la gente de Becal no quería que nos revolviéramos, pero vino una orden de Campeche que éramos poquitos, que nada más veníamos a pasear y luego nos vamos, que no queremos nada que sólo nos gusta hacer sombreros, y pues el gobernador quería meter más gente, que para eso eran las tierras y si no se iba a recortar el ejido, pero tomaron el acuerdo en la asamblea que hay que aceptar más gente (M.C. y C.T. registro 22-23 /04 /12).
En Ricardo Payró Jene, los primeros ejidatarios acusaban a los pobladores recién llegados de ser compradores de tierras obligándolos a salir del ejido: “yo vine acá [Ricardo Payró Jene] pero me echaron polilla, que yo tenía dinero, que compre terrenos en Polo Norte [Ricardo Payró Jene] por eso fue que me sacaron (B.Z. registro 19/03/12). En La Guadalupe los pobladores fueron acusados de invadir las tierras de los ejidatarios: “un día me dijeron que yo era el que estaba moviendo tierra [invadiendo], pero yo les dije que nosotros no andábamos quitando propiedades, que solo queríamos un terreno para sembrar (G.O. registro 19 /03 /12).
Esta problemática intraejidal parece haber dejado una huella importante en la memoria colectiva de Calakmul que se profundizó con la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992, al cancelar el acceso a la tierra ejidal y restringir el uso de los recursos naturales y beneficios de los apoyos gubernamentales, lo que generó un nuevo marco de relaciones entre ejidatarios y pobladores -sin tierra y sin familiares con ejidatarios-, y pobladores sin tierra con familiares ejidatarios, a través de la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Del Rey 2005). Los ejidatarios decidieron certificar sus parcelas agrícolas de carácter personal y un porcentaje del valor de las tierras de uso común, con ello conservaron todas sus atribuciones, al mismo tiempo que sus privilegios como propietarios de la tierra. Esta mezcla entre propiedad individual y uso común permitió también a los ejidatarios obtener una base de recursos naturales y apoyos del gobierno. Los pobladores, en cambio, fueron excluidos, y ahora efectivamente son personas sin derechos ejidales que ya no tienen acceso a las tierras, los recursos naturales y, eventualmente, a los apoyos de gobierno. Estas asimetrías se vieron reforzadas por las acciones de las autoridades estatales y locales que afectaron las decisiones en torno a la tierra ejidal de los actores locales en particular de los ejidatarios (Haenn 2006). En este marco de intereses distintos -a menudo contradictorios- que rodea la certificación agraria en Calakmul, se reconfiguraron las actuales disputas intraejidales. Al entrevistar a ejidatarios y pobladores, las descripciones que cada uno utilizó para referirse a su contrario denotaban los rencores y rivalidades: “Los pobladores no tienen terreno, y aunque los tengan no los trabajan, ellos viven ahí nada más de maleantes” (S. A. registro 21/06/2013). Los pobladores sin tierra, en cambio, caracterizan a los ejidatarios como gente que los chantajea y los engaña: “ellos tienen el mando, y entre los ejidatarios se ponen de acuerdo para no apoyarnos, nos multan por no estar al corriente en los tequios (trabajo comunitario), pero yo vi las listas de los ejidatarios y algunos no tenían ningún tequio” (B.S. registro 16/04/12). Este ambiente de animosidades ha tenido efectos importantes en la interacción ejidatario/poblador bajo la afluencia de los apoyos gubernamentales en Calakmul.
Apoyos gubernamentales y movimiento antiejidatarios
En Calakmul, las agencias gubernamentales y la coparticipación de ONG generan un flujo de programas, recursos económicos y formas normativas que influyen en las interacciones cotidianas de hombres y mujeres de los ejidos. Azuara y Pallares (2011) registran aquí once instituciones entre gubernamentales y ONG. Siete de las instituciones presentes en la región destinaron más de $37 000 000 durante diez años (1998-2007) a 17 programas orientados al desarrollo social, agrícola, ganadero, ambiental y de desastres naturales. Datos de campo muestran que los apoyos gubernamentales ligados al estatus ejidal (posesión de un derecho de propiedad), como aquellos que son abiertos a la población en general, incluidos mujeres, jóvenes y pobladores sin tierra, son una fuente de disputas. Los pobladores sostienen, por ejemplo, que el principal motivo de los altercados que se producen en los ejidos es la “injusta” distribución de los apoyos económicos. Los ejidatarios son los primeros en repartirse las aportaciones gubernamentales destinadas a toda la población, que incluyen apoyo para la construcción de piletas o casas, o los recursos económicos del Programa de Empleo Temporal (PET). Los pobladores sin tierra también culpan al comisariado ejidal y al agente municipal de elaborar las listas de los programas gubernamentales con familiares o allegados, lo cual genera el disgusto de la gente.
Este ambiente de inconformidad y desconfianza hacia los ejidatarios alcanza su más amplia significación en un movimiento social antiejidatarios que produjo un conflicto abierto en contra de las autoridades ejidales de Ricardo Payró Jene, y la integración de asociaciones de productores independientes en La Guadalupe y Nuevo Becal. Don B. S. es de Las Choapas, Veracruz; sus padres lo trasladaron en 2000 a El Rosario, Calakmul. Entre 2002 y 2008 migró varias veces hacia Birmingham, Alabama, Estados Unidos. En 2010, don B. S. fue el líder del movimiento de pobladores -con y sin vínculos familiares con ejidatarios- que demandó mayores apoyos económicos y buscó nombrar un comisariado ejidal que les ayudara a gestionar sus propios recursos, ya que a través de los ejidatarios no había sido posible.
Aquí hay muchos apoyos, pero los ejidatarios no nos toman en cuenta, nos dan lo que quieren, cien pesos por el jornal y te vas a caminar lejísimos. Yo y mi primo estuvimos hablándoles a los pobladores, si podemos organizarnos para poner un comisario que baje los proyectos para nosotros los pobladores. Pero tuvimos problemas con los ejidatarios, no quisieron, se pusieron al brinco que estábamos dividiendo al pueblo, y les dije “no lo estamos dividiendo, simplemente nos organizamos porque necesitamos algo de apoyo, y si ustedes no nos quieren apoyar pues nosotros vamos a buscar la manera de que nos puedan apoyar”. Tuvimos problemas, nos sacaron, no nos dejaron organizarnos, y algunos pobladores tuvieron miedo, porque les dijeron los ejidatarios que no les iban a dar su carta de residencia, y se nos vino abajo el movimiento, no tuvimos apoyo, ese fue el detalle (J. F. registro 16/04/12).
Esta situación agrupó a los ejidatarios para frenar la protesta y convencer al líder de acabar con las movilizaciones en contra de los ejidatarios. La respuesta, a través de la asamblea ejidal, fue contundente: o desistían de su cometido que ponía en peligro la unidad del ejido o serían expulsados. Las autoridades lograron resolver el problema amedrentando a los líderes del movimiento, como se muestra en el siguiente relato de Don J.S., quien fue presidente del comisario ejidal durante el trienio 2009-2012.
[…] este chamaco empezó hacer sus revueltas con pobladores, y comenzó a gestionar para sus pobladores; entonces yo me vi obligado a buscar solución, fui al palacio municipal a platicar porque yo no quería que el pueblo se divida, y el agente municipal no se movía para nada siendo su trabajo, entonces en una asamblea hice un documento firmado por toda la gente que estaba apoyándome para que a esta persona se le quite el poder que tiene y no se le atienda en nada, y lo llevamos a las dependencias […] ahorita está tranquilo, ya no hay revueltas, que los pobladores, que los ejidatarios, todo ese rollo se acabó […] (J.S. registro 19/03/12).
Entre las pláticas que sostuvimos con varios pobladores sin tierra, oímos decir entre ellos que “tarde que temprano se impondrá un poblador como comisariado ejidal” y entonces las cosas cambiarán para ellos. Una situación similar ocurre en Nuevo Becal, donde los pobladores sin tierra conformaron un grupo independiente de productores de miel con el apoyo de algunos ejidatarios quienes les prestaron sus parcelas ante los abusos y engaños de las autoridades ejidales: “aquí hay un grupo organizado que cuenta con su acta constitutiva, y te piden que la CURP o la credencial de nosotros, pero no sabemos qué recursos bajan, no nos dicen para qué, y de ahí no sabemos si viene o no el apoyo, como que nos utilizan” (F.H. registro 21/07/12). En La Guadalupe, un líder local formó una Sociedad de Producción Rural denominada Coox Muu’ch Meyah Uh Luu’m (Nosotros Juntos Trabajamos la Tierra),12 con media comunidad (muchos de ellos pobladores), para obtener beneficios económicos que el comisario ejidal no les brindó. La otra mitad de la comunidad -ejidatarios- se organizó con el apoyo del comisario. Ambos grupos (ejidatarios/pobladores) esperan tener a un comisariado ejidal de su grupo para tener acceso pleno a los programas y subsidios gubernamentales.
Doña R. J., originaria de Juárez, Chiapas, llegó desde muy pequeña a La Guadalupe. Sus padres son fundadores del ejido. Su núcleo familiar está integrado por diez hermanos, todos pobladores. Debido a la desigualdad en la distribución de los apoyos económicos relacionados con la posesión del derecho de propiedad que realizan autoridades del ejido, en el 2012 Doña R.J. se incorpora a la Sociedad de Producción Rural para obtener mejores beneficios económicos:
Aquí está dividido el ejido. Los ejidatarios nos humillan mucho, no nos quieren apoyar. En las asambleas no podemos hablar ni decir nuestra opinión, y no tenemos derecho a nada. Se supone que es así aquí. Por eso la mayoría de los pobladores está con M.P. (líder local de los pobladores), porque estamos inconformes con lo que nuestras autoridades hacen, y pues decidimos estar con él; él nos ha apoyado bastante. Al menos yo recibí el apoyo de PROCAMPITO,13 él lo gestionó para que lo pudiéramos obtener, es lo único que tenemos gracias a él, y no nos quita nada del apoyo que nos da el gobierno, porque ahí en la asamblea ejidal nos quitaron la mitad del apoyo y trabajábamos igual que el ejidatario (C.S. registro 19/04/2012).
Esta disputa es bien conocida entre los funcionarios municipales de Calakmul, para quienes representa un dilema otorgar apoyos económicos entre las familias de las comunidades beneficiadas, debido a compromisos y relaciones de “amistad” que guardan con autoridades ejidales y líderes locales, como se muestra en el siguiente testimonio:
En La Guadalupe hay un conflicto social. Don M.P. (líder local de los pobladores) tiene un grupo que maneja media comunidad y don M.M. (líder local de los ejidatarios) maneja la otra media comunidad, son rivales a morir, la lucha de poder es impresionante. Ambos son mis amigos y son muy trabajadores, y para nosotros como Ayuntamiento es difícil cuando hay apoyos porque se vuelve en un conflicto (L.V. registro 18/06/13)
Las jerarquías sociales y el acceso a los recursos naturales del ejido
Esta división de jerarquía en Calakmul (ejidatarios / pobladores) también desempeña un papel importante en el acceso de los recursos naturales del ejido.
Antes de la década de 1990, la leña era un recurso esencial para preparar las comidas en Calakmul y tanto ejidatarios como pobladores la recogían de los árboles caídos. Sin embargo, en los tres ejidos de estudio, algunos ejidatarios exigieron a los pobladores un permiso para recolectarla. En Nuevo Becal, por ejemplo, durante una asamblea, observamos que un ejidatario, después de haber visto a un poblador sacar leña de una parcela sin permiso, sugirió que la asamblea desarrollara una norma para multar dicha extracción. Dos ejidatarios expresaron una opinión contraria y el asunto se resolvió temporalmente cuando un ejidatario recordó a sus compañeros que muchos pobladores son hijos de ejidatarios y necesitan leña. Este conflicto también tiene una dimensión étnica en la medida en que ejidatarios mestizos y pobladores indígenas tzeltales ocupan una posición diferenciada en los derechos sobre la tierra: “ahorita los ejidatarios se repartieron la zona urbana en partes iguales y si un poblador busca un terreno, te dicen ‘ya no hay’ ” (R.P. registro 21/07/12). Esta situación se ha convertido en un asunto conflictivo. Don F. H. es indígena tzeltal de Chiapas, llegó hace diez años a Nuevo Becal por uno de sus familiares, quien le presta una extensión de tierra para sus actividades agrícolas. Don F. H. forma parte de un grupo de quince indígenas chiapanecos que se instalaron en los últimos años a las afueras del poblado. La siguiente descripción indica la profundidad de lo que consideran como “justo” y una violación de sus derechos por parte de los ejidatarios mestizos:
Aquí hay mucha discriminación hacia nosotros como indígenas, porque la verdad los apoyos del gobierno nada más se los agarran los ejidatarios o la gente de Veracruz y Tabasco, a nosotros no nos toman en cuenta, por ejemplo, aquí hay un grupito de ejidatarios que agarran el recurso de empleo temporal y de ahí nos pagan según de dónde eres, te dicen: “¿sabes qué?, te doy trabajo”, ya no te dan la parte que te debe corresponder, ellos lo manejan como negocio y nos pagan por jornal; nosotros trabajamos igual que los ejidatarios pero la mayor parte se la agarran ellos porque dicen que el apoyo viene para ellos […] (F. H. registro 21/07/12).
Doña E. A, del estado de Veracruz, llegó al ejido Nuevo Becal en la década de 1970, a la edad de seis años. Desde muy pequeña su padre la incorporá a las tareas del campo, debido a que varios de sus hermanos emigraron a Estados Unidos. Obtuvo los derechos ejidales después de que su esposo también emigró a EUA. Al interior del ejido es vista como una mujer muy activa y trabajadora; ella ha trabajado en el chicle, en el carbón, en la ganadería, la agricultura y la miel, entre otras actividades. Está molesta debido a que los pobladores no participan en las fajinas (trabajo comunitario) del ejido y extraen la madera sin permiso de los ejidatarios. Considera que debería obtener un beneficio económico del carbón que los pobladores elaboran con la madera del bosque porque es ella quien posee legalmente los derechos sobre los recursos naturales del ejido. En el mismo sentido, menciona que los recursos económicos ejidales, obtenidos del área de uso común forestal, no deben repartirse en partes iguales, ya que son los ejidatarios quienes poseen los derechos, como se refleja en el siguiente testimonio:
Hay que ser justos, aquí los pobladores no tienen ningún derecho, se te ponen al brinco en las asambleas como un ejidatario, ellos tienen que apoyar con las fajinas (trabajo comunitario) y no quieren. Por ejemplo, cuando el ciclón afecto los montes hace tres años, los pobladores iban a sacar la madera en fila. Los ejidatarios no sacaron ni un pie de madera, y los pobladores pasaban con sus camionetotas bien llenas, ¡cuánta madera no vendieron! […] Por ejemplo, si ellos están haciendo carbón, bueno dame una parte, porque yo tengo el derecho, yo soy más derechosa que ellos; pero si ellos se ayudan más que yo, uno se pregunta “¿qué beneficio tengo de ser ejidataria?” […] Si yo voy a recibir dos mil pesos de madera, pues que les den mil pesos porque nada más es poblador, porque yo tengo más derecho, pienso yo así; a lo mejor yo estoy mal, pero si les dan partes iguales todavía te gritan y es de “me vas a dar porque me vas a dar”, y les dicen que no tienen ningún derecho y si queremos nosotros les damos, si no, no les damos, porque el derecho es de nosotros (E. A. registro 20/07/12).
En Nuevo Becal, el carbón representa una fuente adicional de recursos para las familias y tanto ejidatarios como pobladores realizan esta actividad, aunque en ocasiones estos últimos lo hacen de manera clandestina en parcelas ejidales, para venderlo en Xpujil donde proliferan asaderos de pollos. Nosotros registramos al menos veinte negocios de este tipo. En los ejidos de La Guadalupe y Ricardo Payró Jene, la producción de carbón dejó de realizarse hace al menos diez años, con la llegada de programas de conservación. En Nuevo Becal, la extracción de madera y leña para los pobladores está prohibida por la asamblea, sólo los ejidatarios pueden extraerla de sus parcelas o de la zona forestal. Si es un familiar, se le permite extraer de las parcelas ejidales, pero si es poblador sin vínculos familiares con ejidatarios, la única manera de acceder a estos recursos es mediante la compra o alquilándose para trabajo de jornal como también sucede en La Guadalupe y Ricardo Payró Jene. Esta forma diferenciada de acceso a los recursos naturales del ejido se ha vuelto más compleja en La Guadalupe, donde un grupo de ejidatarios se unió ante la negativa de las autoridades ejidales de brindar apoyo para proyectos de conservación. Doña R. M., de La Margarita, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegó en 1990 al ejido La Guadalupe en busca de tierras; después de un tiempo de trabajar en la pisca del chile, fue reconocida como ejidataria ante la asamblea ejidal. Tras la migración de su esposo, ella se convirtió en ejidataria y asumió la responsabilidad del trabajo ejidal. Doña R.M., ofrece otra perspectiva de las disputas internas por el trabajo de conservación del bosque que realiza un grupo de ejidatarios.
Antes, las autoridades ejidales nos apoyaban, les daban a los pobladores parejo, pero todo el problema de la división del ejido fue por causa de las autoridades en estos últimos años; nosotros estamos trabajado la reforestaría, y las autoridades ejidales no les agrada ese trabajo, y por eso para nosotros no hay ni una firma, ni un sello, no hay nada, nos han desconocido, porque no quieren el trabajo de la reforestación y dicen que nosotros le estamos robando al ejido […] Han tratado de desanimar también a los pobladores, a mí me trataron de desanimar, pero a mí me gustó mucho ese trabajo, porque mire, en la misma reforestación nosotros podemos sembrar frijol, calabaza y maíz […] (R.M. registro 21/04/12).
El papel de las autoridades locales: comisario ejidal vs. agente municipal
En México existe una larga historia de contradicciones legales entre el ejido y el municipio que adquirieron un significado práctico después de las reformas a los Artículos 115 constitucional, de 1983, y 27, en 1992, cuando los municipios empezaron a desempeñar un papel más autónomo a nivel local (Baitenmann 2001; Olivera 2002; Alfaro et al. 2011). En los ejidos de Calakmul existe la figura de un comisariado municipal o “agente municipal”, que es un ejidatario y funge, de acuerdo con la ley, como una extensión del poder municipal (Azuela 1995), es decir una especie de mediador, representante y gestor de las necesidades urbanas del ejido ante el Ayuntamiento. De acuerdo con la gente, el comisario municipal o “agente” se encarga de resolver los problemas de la zona urbana del ejido (servicios, infraestructura, alumbrado, etc.) y las necesidades de los pobladores; mientras que el comisario ejidal es responsable de las tierras del ejido. Ambas figuras están regidas por legislaciones oficiales aunque el comisario ejidal no recibe un salario, salvo autorización de la asamblea para gestiones propias del cargo, lo cual hace que mucha gente no quiera ocupar ese puesto. Estas dos figuras de autoridad (comisariado ejidal / municipal) se confrontan a menudo, y se duplican acciones y tareas al interior de los ejidos; por ejemplo, la gestión de un mismo programa o la elaboración de listas de beneficiarios de los apoyos gubernamentales. La gente sostiene que el principal motivo de las disputas es la inequitativa distribución de apoyos gubernamentales que los comisariados ejidal / municipal realizan. Sin embargo, para las autoridades ejidales, las inconformidades de la gente derivan de los acuerdos de asamblea -donde los ejidatarios deciden cuánto y a quién dar los apoyos- y del desconocimiento de las funciones de ambas autoridades.
Nosotros, como autoridad, tenemos que gestionar los programas y después que vienen, resultan un problema que hay que enfrentar, porque a veces no hay para todos, y en la asamblea donde se toman acuerdos y se firman actas, nosotros como autoridad, tenemos que hacer que se cumpla ese acuerdo porque está firmado entre todos […] Aquí hubo un caso que hasta golpes me querían dar. En esa ocasión, hicimos una asamblea municipal, y un poblador me dice “esto es municipal, tú no tienes nada que hacer aquí, cuando sea ejidal eres tú, pero ahorita no te metas”, pero yo lo hice para ayudar a la gente. Les dije que les iba a traer un jurídico para que les explicara el trabajo del comisariado municipal y ejidal, hasta donde podíamos involucrarnos en los asuntos; lo solicité al ayuntamiento y nos explicaron que el comisariado ejidal debe estar trabajando con el municipal todo el tiempo, tiene que involucrarse en todos los programas que haya porque tiene que apoyarlo, para que vea que los programas se hacen bien, entonces toda la gente se dio cuenta como estaba el rollo, y ya la gente empezó apoyarme a mí (J. S. registro 19/03/12).
Recientemente, en Ricardo Payró Jene, un grupo de ejidatarios, incluyendo al comisariado ejidal, se dirigió a las oficinas de la sagarpa, con sede en Xpujil, para denunciar al comisariado municipal -quien también es ejidatario- por elaborar las listas de beneficiarios del Programa de Apoyo al Paquete Tecnológico Insumos 201314 con pobladores que son familiares y amigos del comisariado municipal. Esta situación dejó fuera del programa a los ejidatarios, según lo manifestó una de las ejidatarias afectadas:
Fue el comisariado municipal quien hizo todas las listas y metió a casi toda su familia, y la mayoría son pobladores [sin tierra con familiares ejidatarios]; no se sabe por qué pasó eso, los dos comisarios no se ponen de acuerdo, ese es el problema, claro que los que tienen más derecho son los ejidatarios, por algo tienen el nombre de ejidatarios, porque cuentan con terreno. Eso es la verdad, hay mucho problema y conflictos, de hecho ya me quedé fuera del programa (I. A. 21/06/13).
Este suceso cobra significado porque refleja la “fuerza” de las relaciones de parentesco en un contexto de carencias y de competencia por los apoyos gubernamentales entre todos los habitantes del ejido. También revela que la condición de ejidatario / autoridad representa una oportunidad de obtener apoyos económicos para los pobladores sin tierra con familiares ejidatarios o amigos de la familia, aunque esto signifique un escándalo o desconfianza como el que manifiestan los habitantes de Ricardo Payró Jene al sentirse engañados por el comisario municipal, de quien se dice sólo entrega apoyos y obras entre los más cercanos a él.
[…] fíjese que el comisario municipal que había antes sólo les dio apoyos a unas señoras; a nosotros nos dijo que no teníamos familia y no nos podía dar una casa, pero le dieron apoyos a una persona que vive sola, y yo veo que todos tenemos derecho a una casita de material, por eso fíjese, no voy a las reuniones para no estar en pleito, porque solamente los allegados al comisario municipal les dan, fulano y fulano […] las autoridades así le hacen aquí distinguen cualquier apoyo que venga (R. M. registro 20/07/12).
Las disputas surgen en casos como los que acabamos de describir, pero tienen un marco más amplio de organización al interior de los ejidos. El acceso a la tierra, los recursos naturales del ejido, la influencia que tienen los subsidios entre los distintos sectores sociales y el papel de las autoridades locales desempeñan un papel central en la interacción ejidatario / poblador, y a menudo refuerzan y construyen nuevas jerarquías y desigualdades entre los ejidatarios y sus familias, pero también con los demás actores presentes en el ámbito local (autoridades municipales y estatales).
También ponen en juego un marco más amplio de dinámicas, contextos y formas de conflicto por la sobrevivencia. En esta dinámica local encontramos a un tipo de poblador sin vínculos familiares con los ejidatarios regateando los apoyos gubernamentales destinados al trabajo ejidal, a otro que enfrenta el dilema diario de la supervivencia alquilándose como jornalero, a otro que participa activamente en la formación de sociedades de producción rural, y a otro que fomenta un movimiento antiejidatarios para resolver los problemas de carestía que enfrentan. En estas asimetrías sociales recientes, el ejido revela la continuidad de viejos conflictos donde se presentan de manera constante abusos y corrupción. Pero también se han ido construyendo nuevas y diversas formas de tensión y desacuerdos. Para Robles Ibarra y Montaño Bermúdez (2010) las disputas al interior de los ejidos son parte del orden político actual, el cual siembra el descontento y fomenta el clientelismo y la inequidad entre los residentes ejidales. En este contexto, los hijos de ejidatarios, ahora pobladores sin tierra, no gozan de los mismos privilegios, rompiendo con los anteriores vínculos de reproducción social del núcleo ejidal y la tierra como medio de subsistencia.
Conclusiones
Aunque el estudio de las disputas y conflictos en comunidades rurales ha sido extensamente documentado en la etnografía de México (Dennis 1976; Van der Haar 2001; Roseberry 2004), en Calakmul, la evolución actual de las formas de tensión y disputas cobra especial importancia bajo las políticas económicas neoliberales. Los tres factores analizados aquí: el acceso a los recursos naturales del ejido (tierra, agua, leña, madera, solar urbano, etc.), la distribución de los apoyos gubernamentales, y el papel de las autoridades locales, nos dan una idea de las complejas interacciones en las que ejidatarios y pobladores se han visto involucrados en los últimos años. Al analizar las disputas, vemos por ejemplo cómo los ejidatarios han tratado de conservar sus privilegios sobre los recursos del ejido por diversas vías; muchas veces a costa del abuso y del engaño a los pobladores; también mediante acuerdos internos en la asamblea ejidal al tiempo que evaden la discusión respecto a los pobladores sin tierra que son hijos de ejidatarios para no dañar o fragmentar sus relaciones sociales o familiares en la toma de decisiones de la asamblea ejidal. Esta situación a menudo se traduce en silencios y falta de interés en los procesos ejidales ante la imposibilidad de garantizar los apoyos económicos a todos los habitantes. Los pobladores sin tierra y sin familiares ejidatarios, en cambio, han tenido que conformar un movimiento antiejidatarios y buscar alternativas de organización para gestionar recursos sin la intervención de las autoridades ejidales. Su resistencia ante la exclusión y discriminación de los subsidios gubernamentales revela acciones guiadas por el reclamo, el regateo, el engaño, la manipulación, y demandas de igualdad y justicia social en la distribución de recursos que se destinan a las tareas del ejido. La inconformidad del jornalero agrícola, que se siente subempleado por los ejidatarios, al no recibir lo “justo” por las limpias y chapeadas en las parcelas ejidales, es parte de una lógica inmersa de oportunidades de mercado y apoyos gubernamentales que buscan contener el hambre en un escenario desgarrado por la economía local. En el conjunto de estas disputas, el papel de los comisariados ejidal / municipal adquiere cada vez más un puesto destacado (Torres-Mazuera 2013b) en el reforzamiento y construcción de las jerarquías sociales al interior de los ejidos, al excluir o favorecer a ejidatarios o pobladores de los programas y apoyos gubernamentales. Sin embargo, una de las dimensiones relevantes de la situación social de los ejidos estudiados en Calakmul es que a menudo ejidatarios y pobladores están involucrados en diversas formas de tensión y disputas al mismo tiempo: por un recurso natural, por un apoyo gubernamental o por la actuación de las autoridades locales, que ponen de manifiesto los nudos del ejido frente a las desigualdades e injusticias que lastiman a amplios sectores de la población ejidal. También pone en evidencia la incertidumbre y dificultad que los diversos actores sociales enfrentan como consecuencia de las políticas neoliberales: una serie de prácticas clientelares renovadas y reforzamiento y construcción de jerarquías sociales sobre la base de las disputas.