Introducción
La seguridad alimentaria volvió a adquirir relevancia a raíz de la volatilidad de los precios de los alimentos (Dorward, 2013). De acuerdo con la FAO (2014), los precios reales de los alimentos fueron los más altos en casi 30 años. Esta alza de precios provocó graves privaciones, sufrimientos y protestas sociales, en particular entre la población más pobre (FAO, 2014), pues ellos destinan la mayor parte de sus percepciones a la compra de alimentos (Dorward, 2013).
En el informe de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL, 2011), la incidencia de la población con carencia por acceso a la alimentación fue la única de carácter social que aumentó. Y es que las familias pobres hacen frente a los incrementos de precios, comiendo alimentos más baratos y menos nutritivos, lo que puede tener efectos de por vida en el bienestar físico, social y mental de las personas, sobre todo de niños y jóvenes.
Si bien los precios de los productos agrícolas han descendido desde sus cifras máximas, los precios de los alimentos siguen siendo elevados y no se espera que durante la próxima década desciendan a los niveles registrados en 2007-2008. Más aún, OCDE/ FAO (2013) prevén que en los próximos 10 años los precios medios de los cereales sean 50 % más altos en términos reales que el valor medio del periodo 1998-2002. El mismo informe advierte que en los próximos años no se pueden descartar episodios de volatilidad extrema, similares al aumento experimentado en 2008, especialmente porque los precios de los productos básicos dependen cada vez más de los costos de la energía y el petróleo, y los expertos advierten mayor variabilidad en las condiciones climáticas. La recuperación económica, una mayor demanda de alimentos en los países en desarrollo y el crecimiento del mercado de los biocombustibles son elementos clave para apuntalar los precios y los mercados de productos básicos agrícolas a mediano plazo.
Ante una situación como la descrita, es necesario tomar medidas de política pública para mejorar la seguridad alimentaria, en particular de las familias rurales pobres, más aún cuando un incremento en los precios de los alimentos afectaría negativamente en mayor medida a las familias pobres que a las ricas (Dorward, 2013); por ejemplo, simulaciones hechas por Levin y Vimefall (2015), sobre el precio del maíz en Kenia, indican que el efecto en el nivel de pobreza sería de hasta el doble en el medio rural. Ante este escenario, se identifican dos grandes enfoques de política: dar a las personas más vulnerables acceso a los alimentos o ayudar a los pequeños productores a elevar su producción y obtener más ingresos. Estos enfoques que conceptualmente son complementarios, en los hechos pueden competir, sobre todo cuando son diseñados e implementados con la misma población objetivo y en un mismo territorio.
Bajo el primer enfoque, la mejor política es transferir dinero en efectivo a los pobres de manera condicionada, porque les permite ajustar su dieta a los precios relativos y no limita el ingreso de aquellos que proveen alimentos a los pobres. A largo plazo, estas transferencias ofrecen los incentivos correctos a los productores de alimentos para aumentar su producción (Levy y Rodríguez, 2005; BID, 2008; Mayer-Foulkes y Larrea, 2007). Una clara muestra de este enfoque lo constituye “Oportunidades”, Programa mexicano de combate a la pobreza, mediante el cual se entrega dinero a los hogares pobres a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela, mejoren el peso corporal de los mismos, estén al día con los calendarios de vacunación y asistan a clínicas de salud1. La idea detrás de una transferencia monetaria condicionada, es que mitiga la pobreza actual (mediante ingresos complementarios), al tiempo que previene la pobreza futura (al crear incentivos para que las familias inviertan en capital humano).
Bajo el segundo enfoque, se considera que las transferencias condicionadas resultan insuficientes para superar la pobreza alimentaria y patrimonial, en particular en el medio rural, debido a que no inciden en el desarrollo de las capacidades de las familias para producir sus propios alimentos, emprender proyectos productivos para generar ingresos, mejorar las condiciones del hogar y del medio ambiente (Alvarado Bahena, 2010). En virtud de ello, la SAGARPA puso en marcha el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en municipios y comunidades rurales de alta y muy alta marginación. Este programa arrancó su fase piloto en 2002 y cuenta con el soporte técnico y metodológico de la FAO. Se ha planteado como objetivo “contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y su agricultura familiar en comunidades rurales de alta y muy alta marginación, para incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los mercados locales, promover el uso de alimentos y la generación de empleos, a fin de lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso” (Gobierno de México, 2010).
La metodología PESA enfatiza la promoción y planeación participativa, con el propósito de identificar, formular, gestionar, poner en marcha y dar seguimiento a proyectos familiares que permitan contribuir a mejorar la salud en el hogar (a través del establecimiento de estufas ahorradoras de leña, silos para almacenar granos y sistemas de captación de agua de lluvia), producir alimentos de origen agrícola o pecuario para el autoconsumo y generación de ingresos. Para ello, se plantea el objetivo de “desarrollar capacidades” en la población que vive en comunidades de alta marginación a través de Agencias de Desarrollo Rural (ADR)2 que promueven, de manera participativa, el desarrollo micro-regional por medio de proyectos y gestión local.
Para el financiamiento de estos proyectos, al PESA se le han canalizado recursos públicos crecientes, pasando de 561 millones de pesos en 2007 a tres mil millones de pesos en 2013, siendo Guerrero, conjuntamente con Oaxaca y Chiapas, los estados que año con año absorben más de 40 % del presupuesto total que se reparte entre 16 estados de la República. Alrededor de 60 % de los recursos públicos se destinan a subsidiar hasta 90 % del valor de las inversiones en infraestructura y equipo que requieran los proyectos productivos.
De acuerdo con cifras de la UTN-FAO (2013), al cierre de 2012, el PESA contaba con 295 mil 162 proyectos vigentes3 distribuidos entre 16 estados, 40 % de los cuales corresponden a la producción de huevo y carne de ave en el traspatio. Al respecto, de acuerdo con la misma fuente, en el periodo 2007-2012 se implementaron aproximadamente 117 mil 500 proyectos para la producción de huevo y carne de ave a nivel nacional. De este total, 24 % se localizan en Chiapas y 14 % en Guerrero.
Para el caso de Guerrero, hasta 2011, al menos una cuarta parte de los proyectos implementados se orientaban a la producción de huevo y carne de ave. Y es que después del maíz y el frijol, estos alimentos son los que en mayor medida producen las familias de las regiones marginadas de Guerrero (alrededor de 89 % los produce). Sin embargo, entre 50 y 60 % de las familias manifiestan comprar estos alimentos durante todo el año, lo cual refleja la insuficiencia de la producción local y sugiere la necesidad de mejorar la capacidad productiva de los sistemas de traspatio o bien de incorporar nuevas familias a la producción. Además, es importante considerar que un incremento en los precios del maíz tiene impactos negativos para los compradores netos del grano (Levin y Vimefall, 2015) por lo cual, estos consumidores se encuentran más vulnerables en los escenarios actuales de volatilidad de precios.
En este sentido, los apoyos para la cría de animales han sido muy utilizados, ya que se considera que la producción pecuaria en pequeña escala representa una alternativa eficaz para alcanzar la seguridad alimentaria (FAO, 2011; FAO 2013). Para la población rural pobre, los animales de granja constituyen un elemento importante de subsistencia, al desempeñar múltiples funciones como la producción de alimentos y fertilizantes, generación de ingresos, fuente de tracción, además de constituir un activo financiero. En particular, los animales pequeños como las aves requieren una mínima inversión por parte de los productores pobres, pueden criarse en las cercanías de la vivienda y ser alimentados con “residuos” de la pro ducción agrícola (Reist et al., 2007).
En este contexto, el objetivo de la presente investigación fue analizar la situación de los proyectos avícolas de traspatio implementados en el estado de Guerrero a 18, 30 y 48 meses de su puesta en marcha y la relación que mantienen con las capacidades y activos familiares, ello con la finalidad de verificar los factores que determinan su sostenibilidad y formular recomendaciones sobre los lineamientos que debe considerar una política pública que fomente la producción de alimentos a nivel de las familias pobres del medio rural.
Materiales y métodos
Zona de estudio
El estado de Guerrero se localiza en el sur de la República Mexicana. Está integrado por siete regiones económicas con una variedad de climas como cálido subhúmedo, semicálido, templado y templado subhúmedo. De su población 58 % es urbana, 42 % rural, y 15 de cada 100 personas mayores a cinco años son hablantes de alguna lengua indígena (INEGI, 2011).
Después de Chiapas, Guerrero es el estado con la mayor proporción de habitantes en condición de pobreza (69.7 %) y pobreza extrema (31.7 %) de todo México. Para 2012, de los 3.5 millones de habitantes del estado, 39.4 % registraban carencia por acceso a la alimentación (CONEVAL, 2013).
Fuentes de información e instrumentos de colecta
Entre 2007 y 2009 se apoyaron en Guerrero 6909 proyectos avícolas con recursos del PESA. De los 2268 correspondientes al ejercicio 2009 se seleccionó una muestra aleatoria de 329 Unidades Avícolas de Producción Familiar (UAPF), con 95 % de confiabilidad y 5 % de precisión, mediante un muestreo de proporciones con máxima varianza. De esta muestra sólo 107 proyectos tenían al menos un año de haberse implementado y fue a los cuales se les aplicó la primera encuesta en diciembre de 2010. En esta primera encuesta se encontraron 39 UAPF con 18 meses de operación y otras 68 con 30 meses.
Con el fin de dar seguimiento a estas UAPF, en junio de 2012 se aplicó un segundo cuestionario a 51 unidades ubicadas en las localidades y regiones con mayor número de proyectos avícolas de la muestra original. Se encontraron 10 proyectos que tenían 36 meses de operación y 41 con 48 meses. La estructura de los cuestionarios aplicados se muestra en el Cuadro 1.
La disponibilidad de grano fue calculada como el porcentaje de los requerimientos de la UAPF que podían abastecerse con la producción de granos de la familia; de esta manera, es cero para quien no produce granos y depende totalmente de la compra, y 100b% para quien es autosuficiente durante todo el año.
Las variables cualitativas fueron categorizadas con valores de 0 y 1, formando dos grupos. El grupo 1 para las UAPF que presentaron el atributo de interés y 0 cuando era otra opción.
Análisis de la información
Las UAPF se agruparon de acuerdo con su estatus, los cuales fueron definidos considerando el cambio porcentual de la parvada inicial (suma de la parvada existente antes del PESA, más las aves otorgadas por el programa) con respecto al momento de la aplicación de la segunda encuesta (Cuadro 2). En algunos análisis, los dos primeros estatus se agruparon como UAPF con estatus “no deseable”, mientras que los dos restantes se agruparon como UAPF con estatus “deseable”.
Para el análisis comparativo de los cambios temporales, se utilizaron estadísticos descriptivos con las variables cuantitativas del estudio, mientras que para el impacto de cada una de las variables en el estatus de las UAPF, se realizó un análisis de varianza (A de V) y posteriormente pruebas de Scheffé para comparación de medias. La información de carácter económico se transformó a dólares americanos considerando el tipo de cambio promedio en el periodo de ejecución de los proyectos (1 USD equivalía a 12.06 pesos mexicanos). Para el análisis se utilizó SAS (SAS, 2004).
Resultados y discusión
Perfil de las familias que operan las UAPF
Las familias participantes en el programa están integradas por cuatro miembros, cuya jefa de familia tiene 45 años en promedio, 20 % de éstas son menores de 30 años y 14 % mayor de 60 años. La escolaridad promedio es de cuatro años de estudio efectivo. Su actividad predominante es la agricultura y la ganadería en un 46 % de los casos. En segundo lugar, están las familias cuya principal fuente de ingresos son los jornales y que representan 19 %.
Antes de la intervención del PESA, la avicultura era una actividad practicada por 89 % de las familias, con un promedio de 13 aves criollas, pero con amplia variación, pues el 46 % tenía 10 o menos y solamente 17 % tenían una parvada de 25 o más aves. La producción se orientaba fundamentalmente al autoconsumo y ocasionalmente se vendían los excedentes. El manejo de las aves se hacía bajo sistema de producción tradicional con aves criollas, en el patio de la casa y al aire libre, lo cual exponía a la parvada a depredadores. La alimentación era a base de desperdicios de la cocina, situación similar a lo reportado por Reist et al. (2007); así como vegetales e insectos que las aves recolectaban en el campo, sin control sanitario, pero sin problemas importantes de enfermedades debido a la resistencia y adaptación de las aves a las condiciones locales.
Un sistema de producción de estas características no exige mucho tiempo y trabajo de parte de la familia, ni desembolsos monetarios significativos, pues es desarrollado con materiales e insumos disponibles en la localidad, aprovechando el trabajo de las mujeres y niños. La crianza de aves se realizaba con la finalidad de obtener huevo para incubar, para consumo y ocasionalmente para la venta.
Este sistema de producción es común en regiones rurales marginadas del mundo, donde igualmente la avicultura familiar no representa una fuente de ingresos importante. La amplia difusión del sistema obedece a su bajo costo y poca exigencia de manejo, su baja contribución al ingreso es resultado de no tener escalas de producción importantes, pues en general las familias tienen menos de 20 aves, lo que no permite tener excedentes de producción para destinarlo al mercado (Khieu, 1999; Kyvsgaard et al., 1999; Dolberg, 2003). Adicionalmente, se logran limitados parámetros productivos, tales como periodos de 180 a 210 días para iniciar postura (Castañeda Naranjo, 2000; Centeno et al., 2007) y ciclos productivos cortos que apenas permiten obtener entre 60 a 65 huevos al año (Castañeda Naranjo, 2000; Mengesha, 2013).
El enfoque de intervención del PESA
Los subsidios públicos del PESA en Guerrero consistieron en la entrega de materiales para la construcción de una galera o gallinero con lámina, malla, blocks de concreto y cemento, así como aves mejoradas para la producción de huevo y carne. Las familias aportaron materiales locales para la construcción y la mano de obra. A diferencia de otros programas, en el PESA la correcta aplicación y uso de estos recursos era supervisada por las ADR. Se pretendía transformar de manera significativa el sistema de producción, aumentando su escala y mejorando la intensidad. El programa fijó el incentivo de otorgar apoyos anuales para la avicultura u otra actividad productiva diferente para las familias que mantuvieran los proyectos en operación por tres años, situación que también fue supervisada por las ADR, pero una vez concluido el periodo se suspenden los apoyos y se interrumpe el acompañamiento técnico-operativo de las agencias.
Esta intervención es diferente a otras experiencias internacionales, donde el fomento de la avicultura de traspatio descansa en la provisión de servicios técnicos, micro-financiamiento, accesibilidad a medicamentos y vacunas y sólo excepcionalmente se entregan aves mejoradas a las familias (Huq y Mallik, 1999; Kumtakar, 1999).
La proveeduría de las aves fue realizada por dos empresas, las cuales, al momento de la entrega, no tuvieron capacidad de producción suficiente y entregaron aves hasta de una semana de edad, cuando la edad acordada y recomendada para reducir riesgos de mortalidad era de al menos seis semanas de edad. Esto provocó que las familias tuvieran que esperar hasta siete meses para que las aves iniciaran postura, lo cual se tradujo en una reducción del tamaño de la parvada original por mortalidad y por dificultades para propor cionar la alimentación con los recursos disponibles.
En la primera encuesta, por lo menos 40 % de las familias reportaron haber recibido aves enfermas, a pesar de que se planeó la entrega de aves vacunadas para prevenir las enfermedades más comunes como Newcastle y gripe aviar. Este problema también fue detectado por Yúnez Naude y Taylor (2009), quienes en los resultados de su evaluación mencionan que en algunas localidades los hogares recibieron animales en malas condiciones que murieron antes de proporcionar algún beneficio para las familias.
Adicionalmente se entregaron parvadas desbalanceadas en cuanto a la relación macho/hembras4, situación que sólo pudo constatarse hasta que las aves crecieron, pues al recibirlas eran muy pequeñas y no era posible diferenciarlas por sexo.
La inversión promedio en el primer año para cada UAPF fue de 699.90 USD, de los cuales se destinaron 583.70 USD para infraestructura y 116.20 USD para adquirir aves. Algunas familias recibieron subsidios para el mismo proyecto en un segundo y hasta tercer año mientras participaron en el programa, por lo que los montos totales de apoyo gubernamental pudieron ser mayores. Cada UAPF recibió 32 aves en promedio, aunque hubo variación de acuerdo con la región de estudio, por ejemplo, en la Montaña la parvada promedio fue de 20 aves, mientras que en la Costa Chica el promedio fue 45.
Evolución del estatus de las UAPF
La Figura 1 muestra que el estatus “no deseable” de las UAPF registra una tendencia creciente desde el momento mismo en que se inicia la intervención. Sin embargo, la gran mayoría de proyectos se mantienen operando durante los primeros 30 meses ante el incentivo de recibir más subsidios, pero una vez acumulados los tres años de apoyo el estatus “no opera” registra un drástico incremento ante la certeza de que ya no habrá más subsidios. Sólo aquellas UAPF que resultan verdaderamente atractivas desde el punto de vista económico y proporcionan beneficios relevantes a las familias “se mantienen” y “crecen”.
Esta situación también fue analizada por Martínez-González et al. (2013) en unidades caprinas, y encontraron que ante el incentivo de recibir nuevamente infraestructura o animales, las familias mantuvieron los rebaños caprinos estables o decreciendo lentamente, a pesar de operar con poco o nulo beneficio económico.
Factores explicativos del cambio en el estatus de las UAPF
Además de los factores externos, como las condiciones ambientales de cada región, la estrategia de intervención del PESA, y la calidad de la proveeduría de bienes y servicios, existen factores internos a las UAPF que también explican los estatus (Cuadro 3). En este sentido, la edad y escolaridad de la jefa de familia, el número de integrantes de la familia y el tamaño de la parvada existente antes de la intervención, no fueron determinantes del estatus, mientras que la disponibilidad de grano y el porcentaje de la producción que se destina a la venta, sí explican las diferencias en los estatus; lo anterior no coincide con Emaikwu et al. (2011) quienes reportan que en Kaduna, Nigeria, variables como la experiencia y escolaridad se relacionan de manera directa con el tamaño de la parvada, mientras que variables como edad de los productores y tamaño de la familia se relacionaron de manera inversa. Anteriormente, Adebayo y Adeola (2005) encontraron que el acceso a financiamiento y el nivel de escolaridad tenían una relación positiva con la producción avícola y que el acceso a servicios de extensión era una limitante de la producción.
Fuente: elaboración propia con información de campo 2012.
Sig*: nivel de significancia según la prueba de Scheffé; NS: No significativo a < de 0.05 de probabilidad.
Por ejemplo, el estatus “no opera”, presenta una disponibilidad promedio de granos inferior a 20 % de los requerimientos anuales de las UAPF, mientras que los estatus “deseables” (“se mantiene” y “crece”) tienen una disponibilidad anual promedio de grano superior a 60 %. Esta evidencia sugiere que para lograr resultados satisfactorios en una estrategia de fomento de la avicultura familiar, resulta imprescindible garantizar la disponibilidad de grano por arriba de 60 % de los requerimiento de la parvada, pues cuando se depende de la compra de alimento, resulta inviable y no sostenible la producción de huevo y carne en condiciones de traspatio, lo cual concuerda con otros hallazgos reportados en diversas investigaciones (Centeno et al., 2007; Morales, 2010; Zaragoza et al., 2011; Oladunni y Fatuase, 2014); además, que se encuentran más vulnerables ante un incremento de los precios de los alimentos (Dorward, 2013; Levin y Vimefall, 2015).
Por otra parte, no obstante que en la estrategia PESA, la avicultura pretende contribuir a la autosuficiencia familiar, los resultados sugieren que los esta tus “deseables” están asociados a UAPF que destinan mayores volúmenes de su producción a la venta. Es decir, que el incentivo de generar ingresos para la familia es fundamental para la permanencia de los proyectos.
Un tercer factor asociado a lo anterior, que influye de manera determinante en los estatus, es la exigencia de dinero líquido para solventar los gastos de medicamentos y sobre todo de alimentos para las aves, en caso de no producir suficiente maíz. Así, las UAPF con estatus “se mantiene” demandan en promedio 39.60 USD al mes y este monto se incrementa en las de estatus “creciendo” hasta 54.30 USD, ello explica la relevancia de las ventas de una parte de la producción.
Es a este nivel donde las familias enfrentan el dilema de garantizar la alimentación de las aves destinando parte de su exiguo ingreso en efectivo o de canalizar el ingreso disponible al mantenimiento de la familia. Ante tal disyuntiva, generalmente se opta por lo segundo y se disminuye la atención hacia las aves o se abandona el proyecto por su elevado costo de oportunidad. Al respecto Khieu (1999), estima que proporcionar alimento concentrado a una parvada de entre 10 y 15 aves en un año, podría ser equivalente a alimentar a una persona durante seis meses. Lo anterior sólo considera los costos de alimentar a una parvada, sin incluir los posibles beneficios que podrían obtenerse al producir carne y huevo para alimentar a la familia.
Efectividad de la intervención del PESA
Para estimar la efectividad de la intervención, en el Cuadro 4 se presenta la dinámica de la parvada promedio para todas las UAPF y para los diferentes estatus. Los resultados obtenidos revelan que el tamaño promedio de la parvada existente a 48 meses de iniciada la intervención del PESA fue 108 % mayor que la existente sin PESA. Esto sugiere que es posible duplicar la capacidad productiva en huevo y carne de ave después de cuatro años de intervención en familias pobres, a través de una estrategia de inversión que considere la entrega de aves mejoradas, infraestructura de alojamiento y capacitación.
Sin embargo, al analizar la dinámica de la parvada considerando los cuatro estatus formados para este estudio, se observa que este crecimiento mayor a 100 % de la parvada original está soportado por sólo 29 % de las familias apoyadas por el programa, pues 71 % restante de las UAPF registran un decremento en la parvada con una clara tendencia a desaparecer o bien ya había desaparecido por completo una vez transcurridos 48 meses de iniciada la intervención del PESA.
Estos hallazgos sugieren que no se justifica un enfoque de promoción masivo y que es necesaria una mejor focalización de la intervención priorizando aquellas familias que cumplan con un perfil que trascienda simples criterios de elegibilidad como fami lias: “que quieran”, que se encuentren en condiciones de pobreza o que ya cuenten con aves. El perfil mínimo deseable que debieran cumplir las familias para garantizar la eficacia de una estrategia de fomen to de la avicultura de traspatio sería: 1) producir al menos 60 % de las necesidades anuales de grano de la parvada; 2) contar con apoyo familiar consistente en mano de obra y por lo menos 40 USD por mes para la compra de insumos y, 3) posibilidades de venta de una parte de la producción, lo cual implica producir por arriba de los requerimientos del autoconsumo y tener condiciones de acceso a mercados locales.
Además del desperdicio de recursos públicos, la no focalización se traduce en un empobrecimiento aún mayor de las familias por el lado del ingreso, pues se incurre en costos de producción mayores que los beneficios netos obtenidos o de los precios a los cuales se podría comprar el mismo producto en el mercado abierto. Esto implica que cuando en una política pública se oriente a los pobres se considere el tema de la producción, además de tomar seriamente en cuenta las restricciones operativas que enfrentan las familias para producir sus propios alimentos, y no sólo criterios de valoración vinculados con el déficit de alimentos, patrones de consumo alimentario o la existencia previa de algunas aves en el traspatio. No considerar este tipo de hallazgos, contraviene el objetivo por el cual la producción pecuaria en pequeña escala ha sido muy utilizada, pues como se ha indicado (FAO, 2011; FAO 2013) estos proyectos representan una alternativa para alcanzar la seguridad alimentaria.
A este respecto, De Janvry y Sadoulet (2000) señalan que, entre los caminos para salir de la pobreza rural, la producción agropecuaria tiene viabilidad sólo para quienes cuentan con suficiente capital natural y en contextos de mercado, institucional y de política que permitan el uso redituable de este activo productivo. Mientras que Ashley y Carney (1999) mencionan que de acuerdo con la experiencia generada con programas de fomento productivo en Kenia, es necesario involucrar solamente a las familias interesadas que tengan la dotación de recursos requerida por los proyectos y no a todas las familias en condición de pobreza. De igual manera, según el South Asia Pro Poor Livestock Policy Programme, entregar aves mejoradas a las familias que viven en zonas marginadas, es una buena decisión si lo que se busca es incrementar en un corto tiempo la producción de huevo y carne, pero esta vía no es una alternativa para la mayoría de los pequeños productores, cuando lo que se busca es impulsar sistemas avícolas auto-sostenibles (SAPPLPP, 2010). Es decir, que para tener éxito en la promoción de proyectos de aves de traspatio deben considerarse factores sociales, comerciales, de créditos, culturales, y por supuesto los aspectos técnicos (Riise et al., 2005).
Estas recomendaciones y los hallazgos de la presente investigación, contrastan con las conclusiones de las diversas evaluaciones practicadas al PESA en Guerrero. En efecto, Yúnez y Taylor (2009) señalan que la población apoyada con PESA tenía una media de producción, venta y autoconsumo de huevo mayor que las familias que no apoyó el programa, y que el impacto positivo más consistente del PESA fue el que corresponde a la alimentación proveniente del consumo de carne de aves. Por su parte, Serna Hidalgo y Ordaz (2011) reportaron que el programa aumentó los ingresos en familias apoyadas en 14 % en con respecto a los no beneficiarios del programa. Mientras que Pastrana Peláez (2011), mencionó que alrededor de 42 % de las unidades de producción con proyectos en operación manifestaron mejoras en su situación alimentaria, además de recibir ingresos por la venta de los excedentes.
Lo que estas evaluaciones pasan por alto es que, si bien las familias apoyadas por el PESA pudieron haber registrado mayor producción e ingresos que las familias no beneficiarias, esta situación sólo se presenta en una tercera parte de las familias, pues en el resto, la parvada de aves desaparece por completo o disminuye drásticamente a los 48 meses de iniciada la intervención. Asimismo, dado que las anteriores evaluaciones se practicaron en un momento en el cual las familias todavía estaban en su primer y segundo año de apoyos, de los tres años considerados, contaban con incentivos para mantener la operación de los proyectos aun cuando no fueran sostenibles.
En adición a lo anterior, Banerjee et al. (2015) concluyen que es posible mejorar el ingreso y bienestar de familias pobres de manera sostenible utilizando un enfoque de intervención multifacético. Los autores sistematizan evidencias de proyectos implementados en 10 495 hogares de seis países, donde antes de que las familias recibieran los activos del apoyo tuvieron entrenamiento y capacitación en temas técnicos (manejo, nutrición y sanidad del ganado) y administrativos (gestión de negocios). Además de los activos (principalmente cabras, pollos y ovejas), también recibieron asistencia en esquemas de ahorro y crédito, así como servicios de salud pública para los integrantes de la familia.
Conclusiones
La “nueva normalidad” de precios volátiles en los alimentos, afecta en mayor medida a las familias pobres, ya que destinan casi la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos. Por ello, en diversos países en desarrollo se han diseñado políticas públicas tendientes a contribuir a la seguridad alimentaria de la población rural más pobre. En el caso de México, el PESA ha promovido ampliamente la producción avícola de traspatio, pero los resultados obtenidos en la presente investigación, muestran que sólo los estatus con dinámica “deseable” lograrían producir estos alimentos de manera sostenible. Ello significa un pobre desempeño en términos de contribución al logro de la seguridad alimentaria y un uso ineficaz de los recursos públicos.
Las restricciones encontradas para la avicultura familiar en las zonas rurales marginadas fueron la disponibilidad de granos, la liquidez para la compra de insumos y el acceso a mercados locales. Por ello, la cuestión de fondo es que el PESA debe trascender la visión tradicional de que la provisión de bienes y servicios a determinados segmentos de la población es suficiente para desarrollar una actividad productiva como la avicultura de traspatio, y debe considerar el total de restricciones que limitan el desarrollo de dicha actividad.
En efecto, el análisis de las restricciones debe poner el foco no solamente en las determinantes de las capacidades de los hogares rurales que dan viabilidad a la actividad productiva a promover (habilidades técnicas y dotación de recursos por ejemplo), sino también en las variables igualmente determinantes en la toma de decisiones de las familias rurales que no dependen de dicha actividad productiva (como el costo de oportunidad de la fuerza de trabajo familiar o las aspiraciones de vida de sus integrantes).
Esto es particularmente relevante porque la pobreza y la desigualdad no sólo están determinadas por el acceso a bienes y servicios, sino también por las as piraciones y la capacidad efectiva de las personas para incidir en su realidad con el fin de alcanzar aquellos objetivos y compromisos que consideran importan tes de acuerdo con sus valores.
Un aspecto que no fue considerado pero que es importante investigar para completar el análisis de restricciones, se relaciona con el papel de agentes con capacidad de influencia en el sistema político, que promueven el clientelismo, la burocratización y la corrupción de los programas como el PESA, ya que éste es otro factor que condiciona las posibilidades de alcanzar las aspiraciones y la capacidad efectiva de las familias pobres rurales para incidir en su realidad.