I. Introducción

El movimiento de personas en el mundo occidental ha sido documentado desde tiempos antiguos, con registros que datan de la antigua Grecia y la legendaria Roma. Sin embargo, se pueden identificar cuatro periodos significativos de migraciones a gran escala a lo largo de la historia mundial. El primero, en el siglo XVI, como consecuencia del descubrimiento del nuevo mundo; el segundo, surge después de la abolición del comercio de esclavos que comprende del siglo XVII al XIV; en teoría, los trabajadores contratados eran personas que habían aceptado un contrato para laborar durante un periodo especifico en el extranjero, donde se destacan el flujo de obreros que se cuentan por miles de la India y China, hacia lugares de Asia, Oceanía y América.¹

El tercer periodo se conoce como el de las Grandes Migraciones y está compuesto por la migración de Europa occidental a Australia y América del Norte que comenzó en el siglo XVIII y alcanzó su punto máximo en la primera década del siglo XIX. Se calculó que emigraron a Argentina 5.7 millones (1831-1926); a Brasil 5.6 millones (1820-1970); a Canadá 6.6 millones (1831-1924), y a Estados Unidos 36 millones (1820-1924); el cuarto y último culmina con las migraciones irregulares gestadas en el siglo XX después de la terminación de la Guerra Fría y que continua en el siglo XXI.²

La migración tiene una existencia prehistórica, que comprende, en el primer periodo, los siglos XVI-XIX; el segundo, se desarrolla a partir del siglo XVII al siglo XIX; el tercer periodo masivo, en el siglo XVIII, que llega a su apogeo en la primera década del siglo XIX, el último periodo comprende las grandes migraciones del Sur al Norte, que empezó durante la década de los años cincuenta del siglo pasado, gestadas por las secuelas que dejo la Segunda Guerra Mundial.³

Inglaterra también tuvo un papel destacado a partir del decenio de 1660, principalmente a través de la Real Compañía Africana, que estuvo activa desde 1672 hasta 1752. Las economías de plantación de azúcar en las Indias occidentales, de tabaco en Virginia, y de arroz e índigo en Carolina del Sur, demandaban un creciente volumen de trabajo esclavo de África. En las Indias occidentales, la inmigración blanca fue sustituida por la negra en una isla después de otra, hasta constituir los esclavos alrededor de los cuatro quintos de la población.⁴

La migración, como fenómeno fáctico, donde las poblaciones participan, es tan antigua como la existencia. En sus inicios, la migración no fue objeto de estudio en la ciencia del derecho, sino que se remonta al surgimiento de los Estados-nación, una característica distintiva de la Edad Media.

Durante ese período, se observó un incipiente desarrollo en la regulación jurídica relacionada con el ingreso, residencia y salida de extranjeros en jurisdicciones específicas. Sin embargo, es importante señalar que esta regulación se centraba principalmente en asuntos comerciales y de navegación, dejando de lado otras formas de migración, como la humana, y mucho menos abordaba los derechos de los migrantes que son relevantes en la actualidad.

II. La migración en perspectiva

La protección social, con respeto de los derechos humanos que incluye a una población migrante en constante movilidad en el mundo entero, es una construcción política, humanista, constructivista en el desarrollo cotidiano de la gestión pública y la gobernanza corporativa de las empresas privadas y sociales, que se asocia con los cuatro grandes objetivos políticos de cualquier sociedad que se jacte de ser democrática. Además de preservar el orden público y la seguridad ciudadana, se busca promover la libertad, el bienestar económico, la justicia social y la protección del medio ambiente. Ante ello es razonable dilucidar pensando que el Estado de bienestar social debe sobreponerse, desarrollarse, expandirse y sobrevivir.

El sistema de bienestar no surge de decisiones arbitrarias de líderes políticos populistas, como sugiere la teoría económica neoclásica; más bien, se considera una consecuencia social del progreso político de la humanidad dentro de cualquier sociedad capitalista.

Los fundamentos esenciales del Estado de bienestar se resumen en la garantía de un nivel mínimo de satisfacción material para todos los individuos, que abarca necesidades básicas como la alimentación, vestimenta y vivienda digna; además, se reconoce la oportunidad de mejorar los estándares de vida. En última instancia, se acepta que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir y resolver lo conducente cuando no se logra asegurar estas condiciones básicas, con la inclusión social.

El Estado de bienestar es el pináculo más alto para cualquier país -y de la sociedad misma- para que hombres y mujeres en su conjunto se disminuyan los problemas de desigualdad e injusticia.

En el mundo marcado por una economía global poderosa y competitiva, surge un desafío radical: garantizar los derechos sociales en contraposición con los derechos civiles y políticos establecidos. Esto implica reconocer nuevos derechos que desafían el orden legal existente y representan una nueva generación de derechos necesarios para prosperar en este entorno desafiante; estos derechos emergentes, incluso disruptivos, buscan asegurar la participación legítima de todos los ciudadanos en la distribución equitativa de la riqueza social.

No cabe duda que, en México, como en otros países, los derechos de los trabajadores han sido una de las piedras angulares para los avances y logros en materia de derechos humanos y bienestar social, así como para la inserción de capital humano en la imperante informalidad laboral. Sumadas las necesidades de miles de migrantes trabajadores, en principio, cualquier cambio a beneficio del incremento de la calidad de vida laboral debe ser bienvenido, adoptarlo, mantenerlo sostenidamente con criterios de una nivelación laboral, que contribuya a establecer sin soslayar el Estado de bienestar social, uniforme y sostenido en una sociedad global.

La migración resultaría fácil de definir, pues consiste en el abandono por determinadas personas de su lugar de residencia y la adopción de uno nuevo durante un periodo, aunque no sea necesariamente largo; lo que conlleva una acción y efecto de pasar de un país a otro para residir en él.⁵

La migración se ha integrado como un elemento esencial de la globalización, en conjunto con el movimiento de capitales y bienes. Sin embargo, aquellos que se embarcan en estos desplazamientos se encuentran con múltiples obstáculos que los hacen vulnerables y los ponen en riesgo de ver afectados sus derechos fundamentales. Las políticas nacionales relacionadas con la seguridad social, la atención médica y el empleo a menudo no consideran los cambios frecuentes de residencia, lo que dificulta en gran medida que los migrantes puedan ejercer plenamente estos derechos. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define

La migración como el desplazamiento de individuos desde su lugar de origen hacia otro país, ya sea de manera temporal o permanente. Sin embargo, la migración entre países limítrofes, se caracteriza por movimientos temporales y reversibles de poblaciones de un país a otro, generando una movilidad circular de difícil cuantificación, por lo general, estos migrantes se encuentran en situación irregular, y trabajan en condiciones precarias y sin protección en el sector informal.⁶

Fuente: Sulbarán Lovera, Patricia, Mexicanos en Estados Unidos: las cifras que muestran su verdadero poder económico, BBC News Mundo.

Gráfica 1 Fuerza laboral civil de latinos a partir de los 16 años, promedios año 2000-2016⁷  

Aunque todos los Estados reconocen su responsabilidad de proteger los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus legal, en la práctica esta normativa internacional no se implementa de manera efectiva y coherente. Las violaciones a estos derechos no solo son frecuentes, sino que parecen estar aumentando constantemente, lo que socava y causa considerables daños al tejido social de la inmensa movilidad humana.

Para la Organización Internacional para las Migraciones, durante el último periodo que transcurre; la migración constituye uno de los temas globales más influyentes en el devenir de la humanidad, puesto que nunca antes en la historia, se había tenido registro del enorme flujo o movimiento de personas. Cada día, el fenómeno migratorio, de acuerdo con tendencias y cifras aunadas con recesión económica, estancamiento global, las variaciones climáticas, el origen e incremento de redes de trata, tráfico de migrantes, las migraciones transnacionales de personas, así como por la transculturización por lo digital y cibernético, el fenómeno migratorio es enorme, es complejo, y en sus diversas vertientes se vuelve monumental.

Fuente: Secretaría de Gobernación de México. Datos hasta 2018.

Gráfica 2 ¿Quién migra a México?⁸  

Lo anterior significa una evidente vulnerabilidad, donde la protección social, negada en su propio territorio, esperando recibir en su lugar de destino algo mejor o diferente sin duda es mucho menor a lo esperado. Las migraciones son procesos humanos complejos y difíciles; en el camino de la movilidad migrante tratan de sortear procedimientos de expedición de documentos en su propio país, permisos de ingreso, permanencia y tránsito en un país o varios según el país de donde inician la diáspora del recorrido, ubicar medios de transporte, rutas de alto riesgo, costos elevados de endeudamiento y las condiciones de discriminación, sumadas a los obstáculos en tránsito y destino de barreras lingüísticas, culturales, sociales, prejuicios por ser considerados diferentes frente a una sociedad global.

Enfocada la migración en que las condiciones de marginalidad, exclusión con pobreza de los migrantes y sus familias, son los componentes desde el inicio de su tránsito en sus lugares de origen. Por ello los colectivos de personas que migran lo hacen por la falta de acceso al goce, disfrute y hasta reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales negados por su condición de vulnerabilidad desde su nacimiento. Por ello, buscar un nivel de vida diferente los orilla, los empuja y los obliga a aventurarse en otro país por condiciones para superar pobreza, marginación, exclusión y discriminación.⁹

La OIM estima que el proceso de mundialización actual, y las crecientes brechas entre las naciones económicamente fuertes y los países considerados en desarrollo, han generado una movilidad humana sin precedentes. Millones de personas, individualmente o en familia, arriesgan todo en busca de oportunidades para cambiar sus condiciones de vida, lo que pone a prueba las capacidades de las sociedades tanto expulsoras como receptoras de migrantes. En la actualidad, los trabajadores migrantes y sus familias representan el 3.6 % de la población mundial, lo que equivale a unos 240 millones de hombres, mujeres y niños.¹⁰

Dentro de este grupo social intrínsecamente vulnerable, se encuentran los trabajadores migrantes en situación irregular, quienes son especialmente propensos a sufrir actitudes xenófobas y racistas, así como a ser blanco de diversas organizaciones criminales dedicadas a la trata y explotación de personas. Su estatus migratorio irregular los expone a condiciones extremas de discriminación, que van desde la explotación laboral hasta la esclavitud sexual, e incluso los hace víctimas de delitos que ponen en riesgo sus vidas.

La situación migratoria irregular de este grupo los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad, limitando su capacidad para buscar protección en los países por los que transitan o en los que se establecen. Esta vulnerabilidad se ve agravada por las restricciones impuestas a la movilidad humana como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Estas medidas, que incluyeron el aislamiento y el distanciamiento social en varios países, inicialmente contuvieron el flujo de migrantes, como las numerosas caravanas que atraviesan México en su ruta hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, hemos observado un aumento masivo en el movimiento de miles de personas, lo que refleja una tendencia ascendente preocupante.¹¹

En el contexto de lo que fue la pandemia sanitaria del COVID 19 que aquejó al mundo en general, las vulnerabilidades a lo largo del ciclo migratorio se exacerbaron, afectando sobre todo en la caída del trabajo doméstico remunerado, la perdida de oportunidad de empleo y la inserción al trabajo subordinado, entendiendo que el empleo es para todos, como oportunidad en el mercado empleador, resultado para pocos el trabajo formal o informal, derivado de la negativa al ingreso documentado, la negación para recibir atención para la salud, limitación para las condiciones habitacionales y estigmatización por origen étnico o nacional.

No existe, entonces, inclusión social, solo aumenta la discriminación laboral, misma que, sin la protección básica o universal, representa el insoslayable obstáculo que encierra el nulo acceso a los sistemas de seguridad social, salud y educación, los modelos de desarrollo de la región de América Latina y El Caribe señala que la informalidad laboral y migratoria representa un 55 %. La población migrante de la región de América Latina y El Caribe cargan con la peor crisis del siglo, donde la pobreza se incrementa 37.3, suman 237 millones, de los cuales 118 son mujeres, unos 98 millones vivirán en la extrema pobreza, por lo que padecerán hambre, porque no alcanzarán a cubrir sus necesidades. Estos retos para la región más desigual del mundo, los caracteriza como el rostro de la desigualdad, donde los migrantes son los más vulnerables de los vulnerables.¹²

Los migrantes en situación irregular en los países de destino se ocupan en las siguientes actividades: sector de cuidados de enfermos, adultos mayores y niños; servicios de aseo y vigilancia; servicios de suministros. En el Sur-Sureste de México, el 17.2 % de los migrantes son personas ocupadas en el trabajo doméstico, lo que es un contraste con el incremento del número de deportaciones en 2010.

Fuente: Mario Zúñiga en Migraciones en América Central de Carlos Sandoval García, con datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Nacional de Prisiones en Estados Unidos.

Gráfica 3 Número de latinoamericanos deportados entre 1993 y 2010, y porcentaje de “hispanos” en las prisiones federales de Estados Unidos 

Las vulnerabilidades a lo largo del ciclo migratorio se agravaron por la caída en las actividades de ocupación de los migrantes, sea por su estadía temporal o por su permanencia en países que recorren para alcanzar su destino final, se aprecia el impacto en lo siguiente: riesgos ante la búsqueda de empleo, cierre de fuentes de trabajo (sobre todo, en el trabajo doméstico), la negación de documentos para la atención de la salud durante su tránsito por el territorio nacional.

¿Se necesita una socialización para moralizar a nuestras sociedades para que no haya discriminación, racismo y xenofobia en las poblaciones migrantes? Sería una interrogante general que no cuenta con muchas respuestas en diversos países, respecto a donde las personas trazan la ruta de destino. En el fenómeno migratorio hay personas o familias que migran con todo a su favor o de su lado, mientras que muchas otras tienen que vender cosas para irse y migrar de un lado a otro. Muchos huyen con apenas lo necesario, hay quienes logran llegar a su destino, y a otros les cierran el paso, a muchos más los entierran, teniendo claro que las condiciones en las que cada migrante se desplaza, no son iguales. En la Gráfica 4, se indica la contención que se ha intentado implementar, cerrando fronteras.

Fuente: Cabrera, Axel y Casas, Pedro, con datos de la SEGOB en Migración en México: más apertura, menos barreras.

Gráfica 4 Comparativa de países de origen-solicitudes de refugio 

En nuestra región, como país integrado a la región o cercanía con Centroamérica, las remesas que envían son la segunda fuente de ingreso de varios países. Hoy en día al menos en el estado de Chiapas en el sureste de México, para los migrantes su destino de paso, refugio y transmigración, se ha convertido en una zona símil de pobreza y violencia, como el de sus regiones de donde salieron huyendo, buscando un mejor presente, para construir un mejor futuro.¹³

III. El derecho a la movilidad

La movilidad humana se manifiesta en un territorio donde se entrelazan relaciones complejas entre la espacialidad, la temporalidad y la sociabilidad. Es importante distinguir que la migración no es simplemente un acto de movimiento físico, sino que surge con la creación de fronteras y la formación de los Estados nacionales.¹⁴

El ser humano, como especie biológica, posee una serie de características naturales, una de las cuales es su habilidad para desplazarse, realizada gracias a dos herramientas fundamentales: los pies y la inteligencia. Con esta última, puede diseñar medios artificiales o utilizar herramientas para transportarse de un lugar a otro.¹⁵

La movilidad humana puede concebirse tanto como una capacidad potencial como una acción concreta. En un sentido, la movilidad es la capacidad de desplazarse, de realizar un movimiento físico; en otro, es la acción misma de llevar a cabo ese desplazamiento. La movilidad humana puede entenderse tanto como una posibilidad como una realidad, en un sentido, la movilidad es la capacidad de desplazarse, de realizar un movimiento físico; en otro sentido, es el hecho concreto de llevar a cabo ese desplazamiento.¹⁶

Además, el desplazamiento, como el acto de moverse, es también una necesidad vital para los seres humanos en sí misma. Aunque, teóricamente, podría ser posible para una persona permanecer estática en un solo lugar durante toda su vida, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, o incluso a circunstancias extraordinarias, el movimiento sigue siendo una parte esencial de la vida humana y de sus actividades cotidianas.¹⁷

Fuente: Cabrera, Axel y Casas, Pedro, con datos de la SEGOB en Migración en México: más apertura, menos barreras.

Gráfica 5 Solicitudes de refugio en México 

Por lo tanto, el encuentro entre individuos, esa interacción que abre innumerables posibilidades de convergencia y creación conjunta en la diversidad, es crucial para la plenitud y el desarrollo tanto individual como colectivo del ser humano; cada individuo aporta sus propias particularidades, lo que significa que cuando dos o más personas se unen, inevitablemente surgen nuevas ideas y perspectivas. Esta capacidad de generar algo nuevo es fundamental tanto para la vida individual como para la vida en sociedad.

En consecuencia, el movimiento, tanto como acción concreta como potencialidad, es una realización valiosa tanto en sí misma como en su capacidad para facilitar otros aspectos de la vida humana. Restringir o limitar este movimiento sería obstaculizar la realización de un valor esencial para la humanidad, si bien es cierto que la movilidad humana está intrínsecamente relacionada con la libertad, su valor va más allá de ser simplemente una manifestación de la libertad. Aunque están vinculados, la movilidad humana como posibilidad es inherente a la libertad misma.

La restricción a la movilidad de las personas es un atentado contra nuestra humanidad y contra la propia condición humana; sin embargo, debemos tener en cuenta que vivir plenamente nuestra humanidad no implica necesariamente movernos de manera constante, de hecho, un exceso de movimiento puede ser perjudicial.

Los derechos de libertad presentan una dualidad característica: primero, son derechos de elección libre, lo que significa que el individuo tiene la capacidad de decidir si desea ejercerlos o abstenerse de hacerlo; segundo, en caso de que elija ejercerlos, le otorgan la libertad de hacerlo de la manera que prefiera, sin imponer obligaciones adicionales a los demás más allá de la abstención. Es evidente que, para garantizar esta libertad de acción, las autoridades públicas deben vigilar y sancionar.

A diferencia de los derechos de libertad, los derechos de bienestar se caracterizan por negar dos aspectos clave de los derechos de libertad; son derechos orientados hacia un polo específico y no se extienden al polo opuesto. También existe el derecho a la alimentación y al agua, pero no al hambre ni a la sed; el derecho a la salud, pero no a la enfermedad; el derecho al trabajo, pero no a la holganza; el derecho a la vivienda, pero no al desamparo o la vida a la intemperie; y el derecho a la instrucción y la cultura, pero no a la ignorancia o la incultura.

Los derechos de bienestar tienen dos características distintivas. En primer lugar, son derechos dirigidos hacia la mejora en el nivel de vida y la prosperidad, no hacia la disminución o declive. En segundo lugar, los derechos de bienestar imponen obligaciones correlativas de dar o hacer. Por ejemplo, para disfrutar del derecho al trabajo, se requieren medios que otros deben proporcionar; para tener una vivienda, la sociedad debe proveer los medios.

Cada derecho de bienestar implica una obligación de la sociedad en la que vivimos para ayudarnos a satisfacerlo, con ciertas obligaciones extendidas a individuos específicos según sus medios económicos, funciones administrativas, legislativas o judiciales, o relaciones particulares con nosotros.

El individuo humano posee un derecho fundamental a la libre movilidad, como todo derecho natural del hombre. Este derecho no puede tener un límite constitutivo externo que no sea el respeto a los derechos fundamentales de los demás. Por lo tanto, no se trata simplemente de un derecho a la movilidad dentro del territorio nacional, o un derecho a que las autoridades del país propio no impidan a uno salir de él (para ir a donde se le haya otorgado permiso para entrar); más bien, hablamos de un derecho mucho más básico: el derecho a la movilidad, el derecho a no estar restringido geográfica o territorialmente de manera inherente.

Los movimientos migratorios son acontecimientos valiosos en la vida de las comunidades humanas y deben considerarse como tal; aquello que obstaculiza estos movimientos debe ser visto como un detrimento y debe ser prohibido cuando supera un límite permisible. Las conductas migratorias merecen ser alentadas y fomentadas mediante medidas adecuadas, naturalmente dentro de ciertos límites y condiciones; una humanidad con una movilidad fluida y vigorosa será más vibrante y enriquecida, tanto económicamente como culturalmente, que una humanidad estática, estancada y fragmentada.

La movilidad humana es un derecho fundamental que otorga a toda persona la libertad de desplazarse de un lugar a otro. La OIM la define como: “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”.¹⁸

Una humanidad con una movilidad fluida y vigorosa será más vibrante y enriquecida, tanto económicamente como culturalmente, que una humanidad estática, estancada y fragmentada. Derivado del incesante flujo migratorio, resulta precisar que, en relación con el derecho a la movilidad, la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad en la Ciudad de México, señala en su artículo 5o., de manera objetiva, amplia y diversa, una adecuada protección inmersa:

La movilidad humana implica el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, abarcando las mejoras que reduzcan las desigualdades, preocupaciones y discriminación. En ningún caso se considerará ni reconocerá a ningún individuo como ilegal debido a su condición migratoria.¹⁹

Asimismo, según la ley, se considera a las personas en movilidad humana, sin importar su condición migratoria, a:

Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de su territorio;

Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para:

La OIM la define como “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”. Se trata de

Un proceso complejo y motivado por diversas razones (voluntarias o involuntarias), que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por períodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular, este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior.²¹

A continuación, se recogen los elementos nucleares que la definen, según esta organización:

IV. La dimensión de la movilidad humana

Según datos del migration data portal, en 2017 había alrededor de 257.7 millones de individuos migrantes a nivel internacional, lo que representa aproximadamente el 3.4 % de la población mundial. Esto indica que un número significativo de personas reside temporal o permanentemente en un país distinto al de su nacimiento. A lo largo del tiempo, si bien la mayoría de la población mundial permanece en su país de origen, el número y la proporción de migrantes internacionales han aumentado. En 1990, la población migrante internacional representaba el 2.9 % del total, lo que indica una tendencia al alza en la migración a nivel global.

En el contexto de la movilidad humana, es importante considerar también a aquellos individuos que se desplazan dentro de las fronteras de su propio país, sin cruzar las fronteras internacionales. Según las estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2009, se calculaba que había alrededor de 750 millones de migrantes internos, aunque este número probablemente sea una subestimación en la actualidad. Por lo tanto, los datos muestran que la mayoría abrumadora de movimientos de personas ocurre dentro de los límites territoriales de su país de origen.²³

En los últimos años, la migración internacional ha mostrado una tendencia al crecimiento y una creciente complejidad. En 2005, la población migrante internacional ascendía a 192 millones, lo que representaba aproximadamente el 2.9 % de la población mundial. Catorce años más tarde, en 2019, esta cifra aumentó a 272 millones.²⁴

Históricamente, las personas han emigrado en busca de mejores condiciones de vida;, sin embargo, en la actualidad, la movilidad humana masiva responde a una serie de situaciones arraigadas en un desarrollo social y económico insuficiente. Estas situaciones incluyen diversas formas de violencia social y familiar, tensiones políticas, conflictos armados y los impactos de los cambios climáticos, que han resultado en desastres naturales.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Gráfica 6 Emigrantes internacionales por edad y sexo 2020 

En el siglo XXI, la política migratoria presenta una dualidad ambivalente. Por un lado, se implementan medidas de control selectivo para regular el ingreso y reforzar el papel del Estado en la gestión de los flujos migratorios; por otro lado, las Naciones Unidas y sus organismos regionales promueven la adopción del Pacto Mundial sobre Migración, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos, sociales y económicos, y de establecer un proceso migratorio seguro, ordenado y regular.²⁵

En las últimas décadas, Estados Unidos ha destacado como el principal destino de la población migrante internacional, atrayendo el 18.6 % del total de migrantes en 2019. En particular, respecto a las mujeres migrantes, los principales destinos han sido EEUU, Alemania y Rusia. En el caso específico de la población migrante mexicana, la concentración se observa en América del Norte, donde el 97.4 % se encuentra en Estados Unidos y el 0.73 % en Canadá.²⁶

Los principales Estados de origen de aquellos que obtuvieron su matrícula consular en California fueron Michoacán (16.0 %), Jalisco (13.4 %) y Oaxaca (10.3 %). Desde 2010, ha persistido una estabilidad en la magnitud de la población nacida en México, residente en Estados Unidos, con alrededor de 12 millones de personas. Esta cifra representa el 97.4 % de las personas mexicanas que vivían en un país distinto a México, lo que coloca la migración entre ambos países como uno de los fenómenos más significativos en términos de migración global.²⁷

La población de origen mexicano residente en Estados Unidos exhibe tanto continuidades como cambios significativos que están definiendo una nueva dinámica demográfica. Se observa una estabilidad en el número de personas de primera generación, mientras que, en los últimos cinco años, la segunda generación ha experimentado un notable aumento, alcanzando los 13.9 millones en 2022. Además, el número de individuos pertenecientes a la tercera generación se aproxima actualmente al de la primera generación.²⁸

En la diáspora migratoria que recorre la región el istmo centroamericano, que se ha exponenciado. Sólo en junio de 2019 se reportaron, por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, 22,000 personas oriundas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua fueron expulsadas por tierra desde México; esto coincidió con el acuerdo donde Estados Unidos desistía de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, y el Estado mexicano se obligaba a desplegar efectivos de la guardia nacional para contener las corrientes masivas migratorias irregulares al suelo estadounidense.²⁹

Fuente: Axel Cabrera y Pedro Casas, con datos de la SEGOB en Migración en México: más apertura, menos barreras.

Gráfica 7 Trámites de residencia por entidad federativa (2016-2021) 

La movilidad internacional se refleja por la característica de procesos internos de cada país expulsor de personas migrantes, con el sello de ser lo más vulnerables, propio de la exclusión de su origen, como hoy se excluyen países, comunidades, pueblos y familias desintegradas como núcleo básico de la sociedad por el éxodo en busca de una mejor vida.

La migración es el constante movimiento; y lo que mueve a los seres humanos, el desplazamiento de millones de personas, se movilizan de sus lugares de origen con la finalidad de buscar mejores oportunidades, espacios para una mejor existencia, los movimientos que generan el desplazamiento se dan en las rutas de un país a otro, también de una región a otra, que depende del mercado laboral en desarrollo o el declive de procesos como la industrialización y la urbanización.³⁰

Para el entorno migratorio de la movilidad de personas de Centroamérica, la referencia de las causas se atribuye a la violencia, narcotráfico, trata de personas, conflictos sociales, políticos, que son generadores de la inseguridad, sumando los desastres naturales como huracanes y terremotos que se considera una causa más para migrar.³¹

La violencia estructural centroamericana se focaliza en el campo laboral, que determina las mismas condiciones de trabajo precarizadas. El componente político lo detona. Por ello, la misma violencia estructural conduce, dirige la migración interna e internacional, concebida como una migración forzada de la región de Centroamérica. La migración deberá ser una elección, no una necesidad.

La población migrante en tránsito masivo, recurrente y exponencialmente en crecimiento desmedido, se encuentra focalizado en la ruta centroamericana en ruta a los Estados Unidos, el 95 % proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador.³²

En flujo migratorio que completa el 5 % restante lo componen personas migrantes de Haití, Venezuela, Cuba, Ecuador, Colombia, que en general son hijos, en su mayoría, de migrantes nacidos en Estados Unidos, donde, en muchos de los casos, por quebrantar las leyes americanas, o por no contar con documentos, fueron atrapados en redadas y deportados a los países de origen, donde el desarraigo familiar no existe en vínculos familiares, reiniciando la ruta de la diáspora migratoria, financiados desde Estados Unidos, en la travesía del territorio mexicano, plagado de diversos peligros.³³

La movilidad humana de la migración también refleja determinada estacionalidad para conseguir recursos económicos, consiguiendo trabajo informal y precario, derivado por causas de exclusión y marginación, alentadas además de extorsiones y explotación laboral, trata de personas y prostitución que controlan grupos de la delincuencia organizada a lo largo de las rutas de movilidad migratoria.

V. La vulnerabilidad de la movilidad migrante

La vulnerabilidad social se puede entender como la materialización de la desigualdad social; aunque la desigualdad y la pobreza son perspectivas teóricas diferentes, la pobreza tiene su origen, prevalencia y reproducción en la desigualdad en sus diferentes dimensiones que comprenden lo social, la política, económica y cultural.

La desigualdad se siente en las personas y familias de como experimentan frente a la pobreza en términos objetivos (empleo, fuentes de recursos, consumo, vivienda, educación y salud), y los aspectos subjetivos, como las percepciones y sentimientos. Por ello la desigualdad y vulnerabilidad social sirven como marco de referencia para comprender las causas estructurales de la pobreza, que en muchos casos se convierten en procesos de degradación humana.³⁴

Además, la migración en América Latina se caracteriza principalmente por ser crecientemente femenina, lo que ha llevado a hablar de la “feminización” de este fenómeno; esas mujeres migrantes viajan solas, dejando atrás a sus familias, hijos y redes de apoyo, en lugar de migrar como acompañantes de sus parejas. La creciente presencia de mujeres en los flujos migratorios se asocia con la demanda de trabajos tradicionalmente femeninos, como el cuidado de ancianos, niños, y en el trabajo doméstico.³⁵

Los movimientos migratorios son una consecuencia directa de las transformaciones económicas y sociales asociadas a la plena globalización en el mundo actual, el crecimiento continuo del comercio internacional, los flujos de capital y la internacionalización de la producción; lo que conduce a una mayor interconexión entre los países, cuyas economías emergentes se vuelven cada vez más interdependientes.

En esta coyuntura, se observa un flujo acelerado de productos, capitales, valores y símbolos, que caracteriza un intercambio dinámico y continuo. Dentro de ese panorama, los movimientos migratorios, representados por la movilidad de un número considerable de personas a nivel mundial, emergen como una faceta adicional de dicho proceso de intercambio dinámico y constante.

Fuente: Anuario en informe ejecutivo Cepal, 2020.

Gráfica 8 Datos de movilidad que segmenta la proporción entre hombres y mujeres 

Además, las políticas nacionales relacionadas con el reconocimiento, la aplicación y la salvaguarda de los derechos humanos, la seguridad social, la salud y el empleo, así como la protección social, generalmente no consideran los cambios frecuentes de residencia de los individuos, lo que en última instancia dificulta su plena realización.³⁶

En esta interacción con el entorno social, los individuos requieren satisfacer necesidades fundamentales como acceso a vivienda, alimentación, empleo, atención médica y educación, con el propósito de asegurar una equidad en las oportunidades para cada individuo.

En 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el primer Informe sobre Desarrollo Humano, que presentó una nueva perspectiva del desarrollo humano. Esta visión trasciende el enfoque tradicional, basado únicamente en el ingreso y el crecimiento económico, para enfocarse en las capacidades y potencialidades de las personas. Se trata de una visión centrada en las personas, orientada a mejorar su calidad de vida y promover su participación tanto en la esfera productiva como en la promoción de su propio bienestar. Dicho enfoque multidimensional del desarrollo integra aspectos económicos y sociales relevantes, reconociendo la interdependencia entre ellos.³⁷

Además, se suma el desequilibrio político y económico entre los Estados o naciones que ocupan roles hegemónicos a nivel global y aquellos ubicados en la periferia. Eso conlleva a la marginación de vastos segmentos de la sociedad del avance y el desarrollo, relegándolos a la pobreza y a la periferia.

La búsqueda predominante de nuevas oportunidades de vida lleva a la migración hacia los epicentros políticos y económicos, mayormente representados por las grandes urbes y metrópolis de la época contemporánea. Además, siempre habrá una demanda de mano de obra flexible y económica para ocupar empleos temporales, que suelen carecer de regulación y acceso a la protección social.

La esencia de la pobreza radica en la desigualdad que afecta a amplios estratos de la población mundial, el aumento de tales disparidades expone a la población migrante a mayores riesgos y limita sus oportunidades. En este sentido, el actual modelo neoliberal, la globalización económica y la pandemia y sus derivadas secuelas sociales de COVID-19, han generado un contexto propicio que favorece la migración masiva e incontrolable; que detonan diversas variables como las causas para la movilidad por migrar, por diversas causas y múltiples variables asociadas a mencionar.

Fuente: INEGI, con datos de la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014-2018.

Gráfica 9 Principales causas de migración 

A nivel global, también se han identificado cuatro tipos de migraciones no deseadas:

VI. Una mirada global de la movilidad migrante

La mitad de lo que se produce en el mundo cabe en el 1.5 % de la superficie del planeta. América del Norte, Europa y Japón, cuya población no alcanza a los 1,000 millones de personas, concentran las tres cuartas partes de la riqueza mundial; por otra parte, los países con retrasos importantes en su desarrollo, en los cuales se concentra el 12 % de la población, perciben menos del 1 % del PIB mundial.³⁹

Los datos del Banco Mundial (2021) muestran que en las últimas décadas la inequidad y distribución desigual de las riquezas se ha acentuado, la producción económica se concentra en las naciones más desarrolladas; y dentro de ellas, en unas pocas ciudades avanzadas, con presencia de compañías y bancos transnacionales, llamadas ciudades globales por su rol decisivo en la coordinación y administración de la economía capitalista mundial.⁴⁰

En 2015, la cifra de migrantes internacionales en todo el mundo llegó a los 191 millones, con más del 50 % siendo mujeres y una creciente proporción de niños y niñas. En cuanto a los refugiados, se estima que son alrededor de 17 millones, representando el 9.7 % de la migración internacional. La migración internacional está aumentando a una tasa anual del 3.8 %, con los migrantes constituyendo aproximadamente el 3 % de la población mundial. Cada año, un promedio de 2.8 millones de migrantes internacionales se desplazan de países en desarrollo a países desarrollados.⁴¹

Según las proyecciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP), para el año 2050, se espera que la población de migrantes en el mundo alcance los 230 millones de personas, considerando tanto hombres como mujeres. En cuanto a la migración indocumentada, se calcula que se incrementara en un 20 %.⁴²

Las familias en México, que dependen de las remesas de los trabajadores migrantes para cubrir sus necesidades básicas, enfrentan dificultades para asegurar derechos futuros, como acceso a la atención médica o pensiones. Aunque estas remesas puedan satisfacer las necesidades actuales, su sostenibilidad a largo plazo es incierta. Esto podría representar una carga significativa para los sistemas de asistencia social (ya sobrecargados), los cuales se financian principalmente a través de impuestos de todos los ciudadanos mexicanos.

Como consecuencia de la crisis actual, debemos considerar cifras adicionales que subrayan el crecimiento de los problemas de migración y desempleo. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2009, la población desempleada en el país aumentó a 2.4 millones de personas. Las secuelas económicas continuaron manifestándose en 2019, exacerbadas por la pandemia de coronavirus. En marzo, la cifra de desempleados aumentó en 100,000 personas, y en el segundo trimestre del mismo año, casi 800,000 personas más se sumaron a esta estadística. Para 2020, las cifras mostraron un 1,200,000 desempleados, atribuibles al cierre y quiebre de empresas debido al confinamiento ordenado por las autoridades en respuesta a la pandemia de COVID-19.

En 2019, la tasa de desocupación equivalente se situó en un 5.2 %, mientras que el porcentaje de la población económicamente activa superó el 3.5 % registrado en el mismo trimestre de 2009 durante la pandemia de influenza H1N1. Comparando estos datos con los de 2020, después del surgimiento del coronavirus del COVID-19, y al ajustar las cifras para eliminar las diferencias de días hábiles entre trimestres (cifras desestacionalizadas), se observa un aumento de 0.70 puntos porcentuales en la tasa de desempleo nacional, respecto al trimestre anterior. Esto sugiere similitudes en las situaciones generadas por ambas pandemias, con una diferencia de solo 11 años entre ellas.⁴³

Lo anterior, sumado a las últimas cifras en el gobierno de Barack Obama. Donald Trump impulsó la construcción de un muro fronterizo para contener la migración. Este ha sido el discurso que invocó para buscar la reelección en el país, expulsando a 400,000 migrantes mexicanos carentes de estancia legal, lo que implicaría su inserción en actividades de informalidad en todo el territorio nacional.⁴⁴

El concepto de trabajo informal o informalidad es de suma relevancia en la actualidad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores informales abarcan a aquellos ocupados en el servicio doméstico, así como a los trabajadores ocasionales y por cuenta propia (con excepción de profesionales y técnicos), además de patrones, empleados, obreros y trabajadores familiares que laboran en empresas con un personal no superior a cuatro personas.⁴⁵

VII. Migración y derechos humanos

La sociedad es esencial para la preservación de la cultura, ya que no se limita a ser simplemente la suma de individuos, sino que implica un compromiso colectivo para alcanzar metas que promuevan la dignidad y el progreso humanos; el establecimiento del Estado moderno introdujo dos principios fundamentales: la división de poderes y los derechos fundamentales. Mientras que la división de poderes buscaba garantizar una administración más eficiente del poder en beneficio de la sociedad, los derechos fundamentales tenían como objetivo asegurar la protección universal de los derechos individuales a través de un marco constitucional aplicable.

Los movimientos migratorios son una consecuencia directa de los cambios económicos y sociales asociados a la plena globalización en el mundo contemporáneo. En este escenario, se da lugar a un flujo acelerado de productos, capitales, valores y símbolos, donde los movimientos migratorios, representados por un número global de personas, constituyen simplemente una de las facetas más en este proceso continuo y dinámico de intercambio.⁴⁶

El objetivo principal de una sociedad democrática, global e incluyente, sin lugar a dudas, es el bienestar colectivo de todos, que debería ser el propósito central de cualquier sistema legislativo, así como de la gestión del Estado como garante de cualquier gobierno electo democráticamente, tanto a nivel nacional como internacional. En última instancia, se puede reducir este objetivo a dos principios fundamentales: la libertad y la igualdad.

En un contexto donde la libertad individual prevalece, cada restricción impuesta a la movilidad humana representa una limitación de la fuerza disponible para el Estado. La igualdad, siendo fundamental para la preservación de la libertad, se ve afectada por políticas restrictivas en materia migratoria, generando condiciones de vulnerabilidad y violaciones de derechos humanos de manera generalizada.⁴⁷

Esta situación no reconoce la valiosa contribución de los migrantes al desarrollo económico de los países receptores. Por el contrario, los margina y excluye, lo que promueve la formación de una clase suburbana que desencadena efectos particularmente críticos, como comportamientos hostiles y desviados de las normas sociales, resultado de la exclusión que han sufrido.

Lo anterior se traduce en una perpetua situación de pobreza y problemas sociales, afectando de manera más significativa a los grupos considerados vulnerables. Estos grupos comprenden a aquellos que, debido a su condición migratoria, género, raza, situación económica, social, laboral, cultural, lingüística, edad o discapacidad, son excluidos de cualquier forma de protección social.

La vulnerabilidad de los migrantes está definida por su posición social como titulares de derechos humanos y laborales. Ese reconocimiento llevó a las Naciones Unidas a designar a los migrantes internacionales como un grupo vulnerable. Dicho proceso social, que implica la imposición de esta condición de vulnerabilidad de una persona sobre otra, implica que la condición de inmigrante o extranjero entra en interacción social tanto con individuos como con el país de destino.

La condición migratoria nunca debe ser motivo para privar a las personas de las protecciones básicas establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que son progresivos e indivisibles. Además, es innegable que toda persona posee atributos inherentes a su dignidad humana, que son inviolables y que las convierten en titular de derechos fundamentales que no pueden ser ignorados. En consecuencia, estos derechos son superiores al poder del Estado, independientemente de su estructura política.⁴⁸

La migración, tanto interna como internacional, ha alcanzado proporciones significativas en México, alterando considerablemente la distribución de la población en el territorio. Además de esto, la presencia de mexicanos en Estados Unidos ha otorgado a la nación un perfil internacional destacado. Actualmente, la migración de mexicanos fuera del país representa aproximadamente el 10 % del total, convirtiéndola en una de las migraciones más importantes a nivel mundial.

El fenómeno migratorio, tanto a nivel nacional como mundial, ha despertado un interés considerable por parte de las autoridades pertinentes debido a su magnitud y complejidad. A nivel global, según la máxima autoridad de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que hay alrededor de 175 millones de migrantes, lo que representa aproximadamente el 3 % de la población mundial. Este grupo diverso abarca individuos de diversas clases y categorías, algunos empleados en trabajos de alta calidad, mientras que otros son víctimas de tráfico humano o explotación. Asimismo, coexisten migrantes con estatus legal y una gran mayoría que se encuentra en situación migratoria irregular.⁴⁹

La interconexión entre migración y derechos humanos se manifiesta en todas las etapas del proceso migratorio: desde las razones que motivan (que incluyen la partida del país de origen, el tránsito y la llegada al destino final), los migrantes, en su mayoría no calificados, enfrentan un alto riesgo de violación de sus derechos fundamentales, enfrentándose a menudo a discriminación, trato desigual y falta de equidad de oportunidades laborales.

Los servicios de salud, educación y vivienda a los que acceden los migrantes no siempre son comparables con los disponibles para los ciudadanos del país receptor. Dentro de la población migrante, las mujeres son las principales afectadas por la discriminación, el abuso, proxenetismo y trata de personas.

Una nueva y preocupante forma de vulneración de los derechos de los migrantes es la trata de personas, un fenómeno que implica el reclutamiento y transporte de individuos mediante métodos coercitivos, engaño, fraude o secuestro, con el objetivo de explotarlos laboralmente, sexualmente u otros propósitos. Los migrantes no son los únicos afectados por la trata de personas, ya que este fenómeno ocurre tanto dentro de los países como en el cruce de fronteras nacionales. Sin embargo, los migrantes, especialmente las mujeres, niños y niñas, son particularmente vulnerables a esta problemática. A pesar de que los derechos de los migrantes no son abordados específicamente en muchas instancias legales internacionales, se encuentran protegidos por un extenso marco jurídico internacional que reconoce los derechos humanos universales.⁵⁰

La migración en el mundo globalizado nos lleva a cuestionar lo siguiente: ¿es posible en un futuro no muy lejano establecer y convenir mundialmente que la migración a cualquier país, por cuestiones económicas y de subsistencia misma debe ser tratado como un derecho humano, teniendo como razón que la migración es una calidad intrínseca a la naturaleza humana? ¿Es objetivamente posible conciliar los diversos criterios sociales, legales y políticos de los países?

Los derechos humanos de los migrantes deben ser reconocidos, salvaguardados y garantizados por el Estado y el derecho, que son la dignidad misma de las personas; la naturaleza humana funda la dignidad y la dignidad humana funda al derecho de las personas, que suman dignidad, libertad e igualdad.⁵¹

La dignidad es un valor especifico de los seres humanos sin duda tendrán como presupuesto el derecho a la igualdad, donde en principio significa trato no diferenciado, con la expectativa de un mínimo de bienestar generalmente aceptadas por los miembros de la especie humana.⁵²

Los migrantes en situación irregular se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad, expuestos a abusos y explotación por parte de empleadores, funcionarios públicos y grupos delictivos. Muchos de estos migrantes se ven obligados a trabajar en condiciones laborales precarias, desempeñando roles en sectores caracterizados por trabajos difíciles, insalubres y peligrosos, con remuneraciones más bajas y sin acceso a servicios médicos ni educativos; donde además, enfrentan dificultades para asegurar una vivienda adecuada y viven con la constante amenaza de extorsión, detención y deportación.

VIII. El derecho a la salud en la migración

Es importante considerar que la pertenencia, si bien es fundamental para el reconocimiento de una identidad específica vinculada a un proceso cultural y al surgimiento de nuevos aspectos de la nacionalidad receptora, también conlleva la consolidación de nuevos vínculos sociales y económicos derivados de una relación laboral diversa.

El trabajo desempeña un papel fundamental en la configuración y reconfiguración de los nuevos esquemas socioeconómicos, y, por ende, en la evolución de los lineamientos del derecho internacional relacionados con la situación de los migrantes. Es a través del trabajo que se establecen las dinámicas laborales y económicas, que influyen en la vida de los migrantes y en la formulación de políticas y normativas para su protección y bienestar.⁵³

Sin duda, todo esto resalta la importancia de establecer una legislación uniforme, objetiva y coherente con el estilo de vida migrante que las políticas económicas de los Estados latinoamericanos han promovido en los últimos años. Esta normativa debe estar fundamentada en el principio integrador de la solidaridad, lo que implica la aceptación social de los migrantes en cada país de la región y ruta de tránsito de diversos países de otros continentes.

La discriminación y la explotación de estos individuos en sociedades desarrolladas no solo vulneran sus derechos fundamentales, sino que también los convierten en objetos en lugar de sujetos de deberes y obligaciones. Este fenómeno es evidente en las normativas que, aunque en algunos casos prohíben el trabajo de los migrantes de manera directa, en otros casos lo hacen de forma indirecta.

La falta del reconocimiento de una remuneración equivalente a la de los trabajadores nacionales, obligación intrínseca en la ley laboral; los patrones excluyen el pago de esa igualdad salarial, lo que inevitablemente contribuye a profundizar la desigualdad social. Esta situación de desventaja solo se resolverá cuando se comprenda que se trata de un grupo de individuos que necesitan sobrevivir sin renunciar a lo más valioso para ellos, como lo es su nacionalidad e identidad de origen.

A pesar de que, en teoría, todos los Estados reconocen su responsabilidad de proteger los derechos de los migrantes, sin importar su estatus migratorio, en la práctica, en el día a día, se observa una brecha significativa entre la normativa internacional y su aplicación efectiva. Esto no solo daña el tejido social, sino que también parece conducir a un aumento constante en las violaciones de esos derechos.⁵⁴

La relación entre desarrollo y migración se presenta como un eje fundamental en la vida pública relacionada con estos fenómenos. Sin embargo, la ineficacia en la gestión pública de la migración integral en países unidos por un objetivo común agrava este problema, especialmente cuando se trata de la población que opta por abandonar su país de origen.⁵⁵

Los movimientos migratorios abarcan cualquier desplazamiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, sin importar la cantidad de personas afectadas o las razones que los motivan. Dependiendo de la dirección del flujo, se utilizan los términos “inmigración”, que describe el proceso mediante el cual personas no nacionales ingresan a un país con la intención de establecerse en él, y “emigración”, que se refiere al acto de salir de un Estado con la intención de establecerse en otro.⁵⁶

Las políticas públicas y programas de desarrollo social y económicos implementados por el Estado mexicano no han acelerado como se requiere; no ha sido una transición a la par del desbordante flujo migratorio de los últimos años, donde además se transita lento hacia el reconocimiento de la migración y la protección social en aspectos de la seguridad social, que garanticen al menos la atención y cuidados de la salud; sobre todo, como resultado de tener trabajo subordinado. Estos factores asociados incluyen la falta de una cultura previsora, la pérdida de confianza en las instituciones públicas y los ingresos económicos limitados de este sector de la población. Esto plantea la interrogante fundamental: ¿deberían los trabajadores migrantes contar con cobertura y protección por parte de la seguridad social?⁵⁷

El acceso a servicios de salud, además de garantizar el bienestar de los individuos y las comunidades, promueve un sentido de pertenencia y una adaptación creativa y transformadora de la realidad. Por lo tanto, constituye una dimensión crucial de la cohesión social, que también abarca a grupos considerados vulnerables, como es el caso de los migrantes.

El derecho al acceso a la salud, como un elemento fundamental de los derechos humanos, está consagrado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada en Nueva York en 1946. En este texto, se describe la salud como un estado completo de bienestar que incluye aspectos físicos, mentales y sociales, y no se limita simplemente a la ausencia de enfermedad. Además, se establece un principio central que asegura que, el disfrute del más alto nivel posible de salud, es un derecho fundamental de todas las personas, sin importar su raza, ideología política, o situación económica o social.⁵⁸

Por lo tanto, se establece claramente desde la perspectiva internacional que, el derecho a la salud, es integral y no se limita simplemente a la ausencia de enfermedad. Este derecho está estrechamente relacionado con el acceso a una amplia gama de bienes y servicios que promueven el bienestar y contribuyen a lograr una calidad de vida óptima. Para que este derecho se materialice, es necesario garantizar también otros derechos, como el derecho a vivir y trabajar en un entorno saludable, el acceso a la educación y la protección social.⁵⁹

Desde la perspectiva jurídica, esta declaración se sitúa en un nivel que expresa simplemente la voluntad de progresar gradualmente en el cumplimiento de los derechos establecidos. Su importancia radica en que sirve como base para la formulación de principios que luego se incorporan en instrumentos jurídicos vinculantes, como los convenios y tratados internacionales. En 1996, todas las disposiciones de esta declaración fueron consolidadas en dos tratados: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos pactos, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos y han sido ampliamente ratificados a nivel internacional, lo que significa que son legalmente vinculantes para los Estados miembros, que determina lo siguiente:

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), también conocido por sus siglas en inglés como ICESCR, proporciona la definición más exacta y exhaustiva del derecho a la salud a nivel internacional. Además, este artículo tiene un mayor peso jurídico en el ámbito del derecho internacional.⁶⁰

Los Estados reconocen el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Además, reconoce el derecho a ciertas condiciones fundamentales para alcanzar la salud, como el acceso a la alimentación adecuada, vivienda adecuada, seguridad e higiene en el trabajo, y educación.⁶¹

El Pacto reitera el principio de no discriminación como un requisito fundamental para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto se refleja en el artículo 2.2, que establece que los Estados parte se comprometen a asegurar el ejercicio de los derechos enunciados en él, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.⁶²

Por consiguiente, la normativa internacional establece la obligación de los Estados de proporcionar protección en materia de salud a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sin hacer distinciones; ya sean nacionales o extranjeras, migrantes o no migrantes. Estos principios deben ser considerados en la formulación de políticas relacionadas con la migración y la salud, prestando especial atención a los grupos más vulnerables.⁶³

Otro aspecto importante del ICESCR es el principio de progresividad en la realización de los derechos, por parte de los Estados. Se establece en el artículo 2.3 del Pacto, que los países en desarrollo, considerando sus derechos humanos y su situación económica nacional, pueden determinar hasta qué punto garantizarán los derechos económicos reconocidos en el Pacto a personas que no sean nacionales suyos.⁶⁴

El artículo 2.3 establece la necesidad de que los Estados actúen con diligencia para garantizar el cumplimiento efectivo de estos derechos para todas las personas, incluso aquellas que no son nacionales del Estado en cuestión. Entonces, aunque reconoce que los países en desarrollo pueden enfrentar limitaciones debido a sus recursos, al mismo tiempo se les exige que demuestren avances continuos hacia la plena realización de estos derechos.⁶⁵

En ese sentido, se considera fundamental determinar la importancia del alcance de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sin menoscabo de que deberán existir las condiciones indispensables para hacer posible una vida digna e incluyente para la movilidad migratoria.

Además, los migrantes se clasifican en dos categorías: aquellos que migran de manera regular, es decir, cuya entrada, residencia y empleo, cuando corresponda, han sido reconocidos y autorizados por las autoridades oficiales del Estado; y los migrantes irregulares, que son aquellos cuyo ingreso y residencia no han sido autorizados. Por ejemplo, pueden ingresar como turistas o trabajadores temporales y quedarse más allá del tiempo establecido, o pueden entrar de manera directamente ilegal, sin el conocimiento de las autoridades fronterizas.⁶⁶

Así mismo, se pasa por alto la contribución que los migrantes realizan al país de destino, y se establecen condiciones que vulneran sus derechos humanos. Por consiguiente, es crucial imponer la obligación de brindar un nivel básico de protección en salud a los migrantes en situación irregular. Es importante resaltar que las políticas restrictivas en materia de migración promueven la migración irregular, lo que facilita la contratación de mano de obra barata sin acceso a la seguridad social ni a la atención médica. Sin embargo, como se puede evidenciar, las normativas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos imponen obligaciones a todos los Estados para cuidar y proteger la salud de las personas bajo su jurisdicción, sin importar su condición migratoria.

Uno de los principales desafíos para acceder a la atención médica es el estatus migratorio. Las leyes y políticas migratorias, que limitan el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales, incluida la atención médica, según su estatus legal, perpetúan la noción de que, la precariedad en la que se encuentran, es responsabilidad exclusiva de los migrantes, y que cubrir los costos de su atención médica representa una carga para el Estado y sus contribuyentes.

Para tal efecto, respecto de trabajadores migrantes, la condición migratoria no debe ser, ni podrá ser en menoscabo de su salud, la condición de trabajador está garantizada por el artículo 2o. de la Ley Federal de Trabajo que es en la letra una garantía social incluyente, que al respecto determina:

Las normas laborales buscan alcanzar un equilibrio entre los diferentes factores de la producción y promover la justicia social, con el objetivo de asegurar un trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

El concepto de trabajo digno o decente se refiere a una situación laboral en la que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Esto implica la ausencia de discriminación por motivos como origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, estado de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Además, incluye el acceso a la seguridad social y la percepción de un salario justo y adecuado. Asimismo, implica la oportunidad de recibir formación continua para aumentar la productividad con beneficios compartidos y garantizar condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos laborales.⁶⁷

El concepto de trabajo digno o decente también abarca el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores. Esto implica garantizar la libertad de asociación, la autonomía sindical, el derecho a la huelga y a la negociación colectiva. Estas son condiciones fundamentales para asegurar que los trabajadores puedan participar en la defensa de sus intereses laborales de manera colectiva y justa.

Se protege la igualdad sustantiva o de hecho entre trabajadores y trabajadoras en relación con el empleador. Esto implica garantizar que hombres y mujeres reciban un trato equitativo y justo en el ámbito laboral, sin discriminación por motivos de género.

La igualdad sustantiva se alcanza al eliminar la discriminación contra las mujeres, lo que afecta su capacidad para ejercer plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito laboral. Esto implica asegurar que tengan acceso equitativo a oportunidades, teniendo en cuenta las diferencias biológicas, sociales y culturales entre mujeres y hombres.⁶⁸

La mayoría de los países solo proporcionan atención médica de emergencia a los migrantes en situación irregular, lo que significa que a menudo esperan hasta que su salud esté lo suficientemente deteriorada como para acceder a estos servicios. El miedo a ser reportado a las autoridades de inmigración actúa como un obstáculo para acceder a los servicios de salud. Por lo tanto, es crucial capacitar al personal de salud en temas de migración y derechos humanos, enfatizando el principio fundamental de respetar la confidencialidad y garantizar el acceso a la atención médica de los migrantes indocumentados.⁶⁹

Es fundamental resaltar que, los trabajadores migrantes en situación regular, también pueden enfrentar dificultades para acceder a servicios médicos, similares a las de los migrantes irregulares. A menudo, se ven afectados por condiciones de vida y trabajo que impactan su salud. No obstante, en muchas ocasiones, evitan buscar atención médica debido a los costos asociados o a problemas logísticos, como la imposibilidad de ausentarse del trabajo o la falta de cuidado para sus hijos. Además, muchos de ellos no están familiarizados con los sistemas de salud locales y pueden enfrentar barreras culturales y de comunicación al tratar de expresar sus dificultades.

Para tomar en cuenta, un aspecto fundamental en el acceso a la salud es la adecuación cultural de los servicios médicos. Estos se deben adaptar a las concepciones culturales sobre salud y enfermedad, así como a las necesidades específicas de los migrantes. La falta de consideraciones culturales puede resultar en diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados y baja adherencia, por parte de los pacientes.

La discriminación y la estigmatización representan barreras significativas que limitan el ejercicio de los derechos, además de tener un impacto adverso en la salud física y mental de las personas. Estas actitudes también obstaculizan el acceso a los servicios médicos, creando un entorno desafiante para aquellos que necesitan atención médica. Las mujeres son, en este sentido, un grupo triplemente vulnerable, por ser mujeres, pobres y migrantes, están a menudo más expuestas a la violencia y los abusos en el ámbito doméstico y laboral.⁷⁰

Los antecedentes revelan que, a pesar de la presencia de legislación internacional de derechos humanos, particularmente en lo que respecta al derecho a la salud, los inmigrantes enfrentan obstáculos para acceder a los servicios de salud debido a la carencia de políticas y programas diseñados específicamente para este grupo poblacional. Este desafío surge de la falta de información sobre la situación de salud de los inmigrantes, la falta de comprensión de los flujos migratorios y el número de inmigrantes, especialmente aquellos en situación irregular. Esas limitaciones dificultan la capacidad de planificación y la implementación de programas efectivos y oportunos.

Aunque la comunidad internacional ha brindado una atención relativamente limitada a los problemas de salud de los migrantes, la creciente magnitud de la migración ya sea forzada o voluntaria, en condiciones de regularidad o irregularidad, hace que sea imperativo abordar este asunto sin demora. Esto es crucial para evitar que amplios segmentos de la población queden excluidos del acceso a la atención médica, un derecho humano inalienable inherente a su condición como seres humanos, y que no debería estar condicionado por su estatus migratorio.

Los migrantes regulares no representan una carga significativa para los servicios de salud y bienestar social del país receptor, ya que, al tener contratos de trabajo, contribuyen a través de sus cotizaciones a diversas prestaciones y están sujetos a impuestos. En contraste, los migrantes irregulares suelen carecer de seguro de salud, ya que trabajan en sectores precarios e informales de la economía, sin contratos de trabajo formales.⁷¹

Es importante considerar que la pertenencia, si bien es fundamental para el reconocimiento de una identidad específica vinculada a un proceso cultural y al surgimiento de nuevos aspectos de la nacionalidad receptora, también conlleva la consolidación de nuevos vínculos sociales y económicos derivados de una relación laboral diversa.

Sin duda, todo esto resalta la importancia de establecer una legislación coherente con el estilo de vida migrante, que las políticas económicas de los Estados latinoamericanos han promovido en los últimos años. Esta normativa debe estar fundamentada en el principio integrador de la solidaridad, lo que implica la aceptación social de los migrantes.

La discriminación y la explotación de estos individuos en sociedades desarrolladas no solo vulneran sus derechos fundamentales, sino que también los convierten en objetos en lugar de sujetos. Este fenómeno es evidente en las normativas que, aunque en algunos casos prohíben el trabajo de los migrantes de manera directa, en otros casos lo hacen de forma indirecta.

Aunque la migración es un fenómeno multidimensional influenciado por diversos factores, se reconoce que su determinante principal está relacionado con el desarrollo socioeconómico. Bajo esta perspectiva, las regiones expulsoras de población reflejan limitaciones o crisis evidentes en su desarrollo, mientras que, las regiones receptoras, exhiben ciertas capacidades para integrar los flujos migratorios y beneficiarse de ellos, a pesar de los desafíos sociales que esta movilidad implica, especialmente en el corto plazo.

Además, se pasa por alto la contribución que estos inmigrantes realizan al país de destino, y se establecen condiciones que vulneran sus derechos humanos. Por consiguiente, es crucial imponer la obligación de brindar un nivel básico de protección en salud a los migrantes en situación irregular.

Es crucial destacar que, las políticas restrictivas en materia de migración, fomentan la migración irregular, lo que facilita la contratación de mano de obra barata, sin acceso a la seguridad social ni a la salud. No obstante, como se puede observar, las normativas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos imponen obligaciones a todos los Estados de cuidar y proteger la salud de las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su condición migratoria.

Para tomar en cuenta, un aspecto fundamental en el acceso a la salud es la adecuación cultural de los servicios médicos. Estos se deben adaptar a las concepciones culturales sobre salud y enfermedad, así como a las necesidades específicas de los migrantes. La falta de consideraciones culturales puede resultar en diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados y baja adherencia por parte de los pacientes.

Incluso los migrantes con estatus migratorio regular enfrentan desafíos adicionales en términos de salud, atribuibles a la pobreza y a las condiciones laborales y de vivienda precarias en las que a menudo se encuentran. Además, las dificultades económicas, las barreras culturales y la falta de información sobre la disponibilidad y el funcionamiento de los servicios de salud reducen su acceso a la atención médica.

También se destaca que los migrantes operan en un entorno de exclusión y discriminación que afecta negativamente su salud. Por lo general, se encuentran empleados en sectores laborales extremadamente precarios, participando en actividades de alto riesgo con escasa observancia de las medidas de seguridad, lo que los expone a una mayor incidencia de accidentes laborales.⁷²

Además, los migrantes suelen recibir salarios más bajos y destinan gran parte de sus ingresos a enviar remesas, lo que a menudo los lleva a vivir en condiciones de hacinamiento, en entornos insalubres y con una alimentación deficiente. Esta combinación de viviendas precarias, condiciones laborales peligrosas y problemas sociales graves, contribuye al consumo excesivo de alcohol y a comportamientos sexuales que aumentan el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH/SIDA, y a tener embarazos no deseados.⁷³

Los migrantes pueden clasificarse según su condición en migrantes forzados, que son aquellos desplazados por la guerra, desastres naturales o por el desarrollo, incluyendo personas que huyen de la persecución política y la tortura; así como refugiados y solicitantes de asilo. También existen los migrantes voluntarios o económicos, es decir, aquellos que se trasladan en busca de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, es importante señalar que las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las dificultades de vida cada vez más apremiantes en los países en vías de desarrollo, cuestionan en la práctica esta distinción.⁷⁴

Es importante destacar que, el desarraigo y las condiciones de vida en el país receptor, pueden deteriorar la salud mental de los migrantes. Estos individuos enfrentan el desafío de adaptarse a modos de relación que son ajenos a su cultura de origen, así como de elaborar duelos por las pérdidas de su entorno y redes sociales de apoyo. Además, deben afrontar condiciones marcadas por la incertidumbre y la vulnerabilidad, lo que puede agravar aún más su bienestar psicológico.⁷⁵

Por esto, se requiere asegurar la asistencia en salud mental, sin consideración de nacionalidad y condición socioeconómica; asimismo, es necesario tener presente la diversidad étnica y cultural de los solicitantes de servicio, lo cual deberá ser considerado al momento de planificar las intervenciones.⁷⁶

En Latinoamérica, las mujeres migrantes tienen más problemas de salud sexual y reproductiva, debido a su dificultad para acceder a los servicios de salud. El 70 % de esta población están en edad reproductiva, presentan más altas tasas de embarazos no deseados, dificultad para acceder a anticonceptivos, menor uso de los servicios de control de embarazo y parto, bajo acceso a la prevención de las enfermedades sexuales, y están más expuestas a la violencia.⁷⁷

Altos índices de mortalidad y morbilidad materna; así como de mortalidad infantil son superiores entre las mujeres inmigrantes que, entre las pertenecientes a las minorías étnicas, los porcentajes de abortos son superiores y el uso de anticonceptivos modernos es inferior en general, las diferencias se explican por la falta de información y por sus niveles deficientes de formación.⁷⁸

Además, la situación de salud se vuelve aún más precaria para los migrantes en situación irregular, dado que los planes nacionales a menudo no aseguran el pleno ejercicio de su derecho a la salud. En muchos casos, solo se asegura la atención médica para enfermedades que representan un riesgo vital o en situaciones de emergencia.

Por otra parte, a nivel mundial se ha transformado en una práctica frecuente regular la entrada de migrantes según su estado de salud, esto a pesar de que la información disponible señala, que, por ejemplo, permitir la entrada de migrantes infectados con VIH no constituye un riesgo adicional para la población local. Por el contrario, las restricciones pueden más bien favorecer la entrada ilegal, lo que dificulta el acceso a la salud y el uso de medidas preventivas, todo tiende a indicar que el cierre de fronteras y las limitaciones a la migración es más bien una medida ineficaz; por ello es más conveniente la vigilancia pública de la salud de las personas susceptibles de padecer infecciones.⁷⁹

Por lo tanto, su situación se desarrolla en un entorno de incertidumbre y vulnerabilidad, lo que dificulta la integración social y el bienestar de los migrantes, y afecta negativamente su salud física y mental.

Asegurar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, y favorecer su inclusión social, demanda una mayor apertura a la migración y procesos de regularización migratoria, ya que esto facilita el acceso a contratos de trabajo, a la seguridad social y a la salud; a su vez, posibilita la evaluación sistemática, la vigilancia epidemiológica, el control sanitario y la provisión de cuidados de salud.⁸⁰

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, del 18 de diciembre de 1990, define, en su artículo 2o., que: “1. Se considerará trabajador migratorio a toda persona que se disponga a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del cual no sea nacional”.⁸¹

Estos trabajadores establecen relaciones laborales en las que la formalidad legal a menudo está ausente, debido a su estatus migratorio irregular. Sin embargo, gracias a los lazos familiares, muchos de ellos envían remesas a sus familiares en México y en sus países de origen, constituyendo esta solidaridad familiar su principal forma de protección social. Es importante destacar que, de los 2,443 municipios en nuestro país, solo 93 no tienen ninguna relación con la migración en términos de remesas o expulsión de migrantes.

IX. Conclusiones

Primera. Por la pobreza, la marginación y los problemas sociales, los que más sufren por la movilidad humana de migración, son los grupos llamados vulnerables, entendiéndose como cualquier grupo poblacional insertos en los desplazamientos migratorios, en la movilidad humana global e imparable que, derivado de su género, raza, condición económica, social, laboral, cultural, lingüística, cronológica o funcional, son excluidos como grupo socialmente débil y con vulnerabilidad por la condición de la búsqueda de un mejor presente. La migración es la movilidad social, de la expulsión, exclusión, reclusión y discriminación.

Segunda. La legislación internacional establece claramente el carácter integral del derecho a la salud, para las personas en movilidad; para los migrantes de manera universal que va más allá de la simple ausencia de enfermedad. Este derecho se encuentra estrechamente vinculado a la posibilidad de ser incluidos -y no excluidos- de un abanico amplio de bienes y servicios que promueven el bienestar, y contribuyen a alcanzar una óptima calidad de vida. Su realización solo es posible si se garantizan otros derechos, como la dignidad humana, así como el derecho a vivir y trabajar en un entorno saludable, a la educación y a la protección social.

Tercera. Los acuerdos internacionales, como el T-MEC, facilitan el intercambio de mercancías, promoviendo la globalización económica. Sin embargo, de manera simultánea, abre las fronteras para la movilidad migrante, donde no solo se endurecen más las medidas antinmigrantes. Esas medidas discriminatorias están en aumento, mientras que las leyes comerciales favorecen el consumismo en los países de origen de los migrantes o la explotación laboral en la fabricación de componentes o el ensamblaje de productos. Incluso, en algunos casos, se flexibilizan los controles y la recaudación fiscal para las empresas, lo que crea un entorno en el que los migrantes enfrentan mayores obstáculos para acceder a oportunidades equitativas a las que la normativa y la gestión pública soslayan de manera inadecuada o por lo menos sin la protección social básica y universal.