I. Introducción

El tema referente a la prescripción de los créditos laborales - o de la acción judicial destinada a cobrarlos- parece plantear una suerte de contradicción estructural cuando es analizado en confrontación con los principios fundamentales que hacen a la esencia del derecho del trabajo.

Realmente, nadie duda que en el ámbito de la legislación del trabajo la irrenunciabilidad de los derechos atribuidos por las leyes al trabajador funciona como un auténtico mecanismo de control o de equilibrio en una relación contractual que es genéticamente desequilibrada a favor del empleador, en la medida en que éste tiene el poder económico y de dirección de la empresa, mientras que el empleado dispone únicamente de su fuerza de labor.

Ahora bien, el instituto de la prescripción no es más que una suerte de renuncia tácita a una ventaja establecida por el ordenamiento positivo en favor de alguien que, por cuenta de su supuesto desinterés en la persecución del derecho que le corresponda,¹ perderá los respectivos mecanismos legales de cobro, sin perjuicio de que el presunto deudor luego cumpla espontáneamente la obligación (hipótesis que la teoría permite pero la práctica desconoce).

En esos términos, y considerando que muchas veces el trabajador no posee una garantía de permanencia o estabilidad en su empleo, no es difícil intuir que no se arriesgará a perder su fuente de sustento personal y familiar para demandar a su empleador mientras la relación laboral siga en curso. Podrá ocurrir entonces -y con muchísima frecuencia, definitivamente ocurre- que múltiples incumplimientos de la legislación laboral acaben consolidados por el solo transcurso del tiempo.²

No es por acaso, pues, que los demandantes que a menudo se encuentran en los juzgados del trabajo no sean propiamente empleados sino ex empleados. Así, en España, Carmen Sáez Lara registra que, como regla, "el trabajador es el demandante y el empresario el demandado";³ en Uruguay, Juan Raso Delgue esclarece que el actor "en la práctica procesal es siempre la parte trabajadora";⁴ en Perú y en Venezuela la misma impresión nos es transmitida por, respectivamente, Luis Vinatea Recoba⁵ y Eric Lorenzo Pérez Sarmiento.⁶

De modo que, antes aun de empezar a verificar las circunstancias y las características que tenga la figura de la prescripción en los distintos niveles de la legislación estatal, hay que registrar una advertencia preliminar: quizás estemos ante un instituto que, en rigor, no debería existir en la materia laboral, es decir, no debería ni siquiera estar sujeto a algún margen de discusión legal, doctrinal o jurisprudencial.

II. Aspectos de fondo

En el derecho material brasileño, los plazos de prescripción de las deudas laborales están previstos en el artículo 7o., apartado XXIX, de la Constitución Federal, donde se establece como uno de los derechos de los trabajadores la "acción, cuanto a los créditos resultantes de las relaciones de trabajo, con plazo de prescripción de cinco años para los trabajadores urbanos y rurales, hasta el límite de dos años después de la extinción del contrato de trabajo".

Esa misma regla es reproducida por el artículo 11 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) de Brasil.

Cuatro situaciones especiales que es conveniente mencionar son:

Si bien la situación brasileña en ese asunto está lejos de poder ser considerada ideal, parece cierto, de otro lado, que la normativa de Brasil, en tal punto específico, es un poco mejor que la de sus países hermanos del cono sur. Así:

Una circunstancia importante que no puede dejar de ser debidamente registrada es que en las normativas chilena y uruguaya, del mismo modo que en la normativa brasileña, el legislador estableció, más allá de los plazos generales de prescripción, una suerte de "fecha límite" o "fecha máxima", que está directamente relacionada con el momento del término o de la extinción de la relación de trabajo. En Brasil dos años; en Chile seis meses, y en Uruguay un año.⁹

Como se puede fácilmente advertir, los ordenamientos en cuestión claramente acortaron sus plazos de prescripción utilizando como fundamento, para ese efecto, el hecho central o esencial de la terminación del contrato de trabajo. ¿Y por qué lo hicieron?

La respuesta es sencilla: porque presumieron que, después del término de la relación de dependencia, el trabajador ya no tendría las naturales limitaciones que su estado de subordinación crea en relación con su empleador, y, por lo tanto, estaría libre o liberado para buscar a sus derechos.

En puridad, es aquí que los legisladores de esos países, en cierta medida, se traicionan a sí mismos: involuntariamente admiten que durante el tiempo del contrato de trabajo hay un serio impedimento para que el empleado demande judicialmente sus créditos laborales. Pero precisamente porque las cosas son así, entonces la medida más lógica a implementar sería no estipular ningún plazo de prescripción mientras estuviera en vigor la relación de trabajo.

III. Aspectos de forma

En Brasil, el entendimiento predominante es que la prescripción laboral, para ser reconocida judicialmente, depende de una alegación expresa de la parte interesada (normalmente el empleador).

Ese aspecto, que siempre fue considerado sencillo, pasó a ser objeto de alguna controversia a partir del año 2006, por causa de una modificación realizada en el Código de Proceso Civil brasileño, según la cual el juez deberá pronunciar o reconocer, "de oficio" (ex officio), la ocurrencia de la prescripción (artículo 219, apartado quinto). Es decir, hubo en este aspecto y en la dimensión del proceso civil brasileño una equiparación entre las figuras de la prescripción y de la caducidad del derecho.

El problema que entonces se presentó era saber se existiría compatibilidad de ese precepto legal con la normativa laboral. La respuesta, a nuestro juicio, es claramente negativa, y esa parece ser la tendencia actual de la jurisprudencia del Tribunal Superior del Trabajo (TST).

Desde una perspectiva general, es posible constatar que diversos ordenamientos establecen que los plazos de prescripción serán interrumpidos o suspendidos por la promoción de una demanda judicial o, incluso, de una reclamación administrativa o extrajudicial. Esa circunstancia nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, en las normativas argentina (LCT, artículo 257), uruguaya (Ley 18.091, artículos 3o. y 4o.), paraguaya (CT, artículo 404, "a"), chilena (CT, artículo 510), española (Ley de la Jurisdicción Social, artículos 65 y 73), mexicana (Ley Federal del Trabajo, artículo 521, I), venezolana (Ley Orgánica del Trabajo, artículo 52), colombiana (CT, artículo 489), panameña (CT, artículo 12.7) y brasileña (CLT, artículo 625-G; Código Civil, artículo 202; CPC, artículo 219).

En el caso específico de Brasil, la jurisprudencia del Tribunal Superior del Trabajo ha entendido que la presentación de la demanda judicial, aun cuando la misma fuere archivada, interrumpe el plazo de prescripción, pero lo hace solamente en relación con los "pedidos idénticos". Es decir, habiendo la proposición de una segunda demanda, se considerará que hubo interrupción del plazo de prescripción exclusivamente en cuanto a las postulaciones (pedidos) que sean iguales a los que existían en la primera demanda. Una disposición similar puede ser encontrada en el artículo 510 del Código del Trabajo chileno.

IV. Conclusiones

El insigne jurista mexicano Néstor de Buen, después de registrar que en "el fondo parece que sí hay una contradicción entre la aceptación de la prescripción y las finalidades proteccionistas y tutelares que pueden reconocerse a los derechos de los trabajadores", concluye, sin embargo, con apoyo en la doctrina de Radbruch, que la prescripción es necesaria por una razón de seguridad jurídica, una vez que, sin ella, "la vida de las relaciones laborales sería intolerable y no habría tiempo más que para atender a los conflictos, sin que existiera capital que pudiera hacerles frente".¹⁰

Esa concepción parece haber prevalecido en la generalidad de los ordena mientos laborales. Incluso, en algunos casos, con una suerte de retroceso o involución de la normativa positiva, que fue cambiada en orden a reducir los plazos de prescripción de los derechos de los trabajadores.

Así, en Brasil, los trabajadores rurales, para los cuales hasta el año de 2000 no existía prescripción durante el tiempo del contrato, tuvieron su situación igualada a la de los trabajadores urbanos por fuerza de una modificación introducida en aquel año a la Constitución Federal. En Chile, bajo el régimen del Código de Trabajo de 1931, "no corría plazo de prescripción alguna -salvo para el cobro de horas extraordinarias- durante la vigencia del contrato de trabajo".¹¹ En la república uruguaya, el plazo de prescripción llegó a alcanzar 20 años, luego fue reducido a un año, aumentado posteriormente a diez y luego disminuido a dos, antes de la entrada en vigencia de la Ley 18.091.¹²

Volvemos entonces a la reflexión anticipada en la introducción de este texto: a nuestro juicio, no hay como superar la contradicción estructural que la irrenunciabilidad de los derechos laborales conlleva a la figura de la prescripción. En verdad, como muy bien advertía Oscar Ermida, la reducción de los plazos de prescripción "constituye una forma de desregulación por deslizamiento, indirecta o encubierta, pero terriblemente eficaz, ya que recurriendo a un instrumento no laboral -en el caso, procesal-, produce el inmediato cercenamiento de un importante cúmulo de derechos del trabajador".¹³ En ese contexto, prestigiar la seguridad de las relaciones jurídicas implicaría desprestigiar a la persona del trabajador. Implicaría, por lo tanto, afectarlo en su dignidad en cuanto ser humano.¹⁴

De este modo, hay que, si no expurgar, por lo menos restringir el alcance de tal figura en los ordenamientos laborales. A ese respecto, los ejemplos que nos parecen adecuados mencionar son la Constitución Política de Bolivia (2009, apartado IV de su artículo 48),¹⁵ la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela (2012, artículo 51),¹⁶ y la normativa peruana del año 2000 (Ley 27.321, artículo único).¹⁷ Incumbe pues a los demás países del continente examinar con atención las legislaciones de nuestros hermanos del norte de los Andes¹⁸ y, en la máxima medida posible, incorporar tal contenido en sus respectivos ordenamientos.