Introducción

La gobernanza es una red de colaboración entre Estado y sociedad cuyo propósito es que cada una de las partes establezca los límites del Estado en referencia a las prioridades de la ciudadanía. Así es como, a diferencia de la gobernabilidad en la que el Estado tiene el control y la responsabilidad de tomar decisiones respecto a una problemática, la gobernanza alude a un sistema de gestión en la que la participación de la sociedad es inherente a la estructura de gobierno. Tal distinción es fundamental, ya que indica el cambio de paradigma en la gestión pública a partir de la formación de una esfera civil.

Una red de gestión disemina las decisiones a partir de las problemáticas. En medida en que las necesidades de desarrollo se diversifican, los sistemas de gestión se ajustan a tal heterogeneidad y además, las decisiones se construyen para después redistribuir responsabilidades. Tal es el caso de la problemática del agua en la que el gobierno federal comparte con el gobierno local, los pueblos originarios, las inmobiliarias y los migrantes la gestión de los recursos hídricos. Además, respecto a la escasez de agua, las autoridades locales tienen la facultad de establecer un sistema de cobro acorde con el nivel de disponibilidad hídrica. A partir de las tarifas, el gobierno municipal redistribuye la problemática: ya el coso unitario del servicio de agua potable supone un balance entre los ingresos per cápita, el volumen de consumo y el suministro. Es así como el sistema de gestión hídrica comparte problemas y soluciones orientados a la sostenibilidad de los recursos hídricos.

Sin embargo, desde la óptica de la gobernabilidad e ingobernabilidad, los recursos naturales son un bien público que puede ser considerado un bien privado por parte de los usuarios si se establece una tarifa para su consumo. Es decir, la distribución del agua entre los usuarios de la red de abastecimiento está determinada por 1) la discrecionalidad del gobierno local y 2) por el cumplimiento de los usuarios en el pago de las tarifas o sanciones así como la valoración de las subvenciones. El sistema de cobro es vulnerable tanto a la discrecionalidad directiva como al pago de los usuarios. En tal sentido, la gobernanza definida como un sistema de corresponsabilidad que va de lo local a lo global supone la construcción de una identidad en la gestión de los recursos. Ello es así porque un sistema de gobernanza requiere la construcción de una problemática común, una gestión consensuada y un balance solidario para con la naturaleza. Se trata de una gobernanza más allá de las estructuras políticas o sociales, incluso ambientales, ya que exige la sostenibilidad de los recursos en referencia a las generaciones del futuro. En tal sentido, la gobernanza de los recursos hídricos es un sistema de gestión para la civilización del cambio climático.

¿Cuáles son las dimensiones de la gobernanza para la sustentabilidad hídrica?

La respuesta está en la construcción teórica y práctica de la gestión de los recursos naturales a partir de su disponibilidad y en referencia a la distribución equitativa entre las especies, el avance tecnológico de reutilización y reciclaje, así como la formación de capital humano para la promoción de estilos de vida orientados al cuidado de los recursos como indicador esencial de la participación urbana y rural.

No obstante que la inclusión, participación y deliberación de la ciudadanía se enmarcan en el desarrollo humano, la sostenibilidad supone la emergencia de estilos de vida a partir de la generación de oportunidades de inversión local, movilidad de capacidades de gestión, promoción y ahorro de recursos en referencia al establecimiento de responsabilidades que orienten el conocimiento científico y tecnológico en su diseminación social por medio de representaciones o habitus de consumo. En el futuro, la gobernanza de los recursos naturales se establecerá ya no a partir del consenso, la gestión o la solidaridad, sino del concurso de proyectos por parte de la esfera civil que inhiban la dependencia energética e incentiven la producción de tecnologías de cero emisiones. Son estas ideas las que animan el presente escrito, el cual tiene por objetivo relacionar el sistema de gobernanza con las problemáticas de desabasto de agua local para discutir la construcción de una agenda local en materia de sostenibilidad hídrica. Tal ejercicio le permitirá al lector vincular la dimensión política de la gobernanza con la dimensión psicosocial de los estilos de vida orientados no sólo al desarrollo local, sino además sostenible respecto de los recursos hídricos.

Dimensiones de gobernanza para la sustentabilidad hídrica

La gobernanza es un sistema de gestión en redes de autoridades y ciudadanos (^{Naranjo, Lopera y Granada, 2009:88}). En este sentido, las dimensiones de gobernanza y los términos involucrados en ellas implican una red que a su vez supone el intercambio de información desde nodos identificables, pero que conforme transcurre el tiempo y se genera confianza y compromiso, tales nodos se convierten en algo más que fuentes o medios (véase Cuadro 1). Precisamente, es en este punto del desarrollo de una gestión en red en el que vale la pena estacionar la discusión ya que, a diferencia de la gobernabilidad, la participación civil asume el debate y las decisiones que le fueron negadas en las formas y regímenes de gobierno (^{Rosas, Calderón y Campos 2012:118}).

La gobernanza implica la interacción de diversos actores, económicos, políticos, sociales y científicos en torno a la construcción de observatorios ciudadanos para el pleno respeto a los derechos humanos, la evaluación de las finanzas públicas y la trasparencia en las decisiones de inversión (^{Iglesias 2010:102}). La gobernabilidad parece estar determinada por la discrecionalidad burocrática o la opacidad directiva en materia de instrumentos y capacidades para el desarrollo humano, local y sostenible (^{Araujo 2004:204}). Los asentamientos humanos irregulares conocidos como barrios en las periferias de las ciudades (^{Machado 2012:245}), los conflictos entre autoridades y usuarios de las redes de suministro de servicios públicos (^{Gómez-Díaz de León 2013:190}), y la relocalización entendida como una nueva ola de asentamientos irregulares de migrantes indica la ingobernabilidad urbana (Brites 2008:132).

En la gobernabilidad, la gestión de los recursos hídricos y el sistema de cobro están relacionados por el supuesto de que el agua es un bien común que el Estado distribuye para el desarrollo local, regional o nacional. En el sistema de gobernanza, el agua sigue siendo un bien público, aunque ya no es necesariamente controlado por el Estado ya que la ciudadanía organizada puede intervenir en su gestión y distribución, pero en detrimento de los derechos de pueblos originarios que cuidaron esos recursos al no explotarlos para su desarrollo comunitario (^{Orgaz, Molina y Carrasco 2011:11}). Es decir, la gobernabilidad se impuso a las necesidades y expectativas de comunidades para distribuir el agua a zonas urbanas e industriales; sin embargo, la gobernanza abrió a discusión sobre la distribución equitativa no sólo entre localidades humanas, sino entre generaciones de especies animales y vegetales (^{Pallares 2012:172}). Ambos términos apuntan hacia la sostenibilidad ya que aluden al establecimiento de redes de gestión acordes con los vínculos entre capital natural y social (^{Loyola y Rivas 2010:3-5}).

Ante tal panorama, las dimensiones de gobernanza para la sustentabilidad hídrica subyacen como sistemas globales y locales en que se construye un humanismo trasnacional que atraviesa a comunidades y organizaciones como los actores principales de la gestión de redes sostenibles institucionales de derechos humanos e integración regional (^{Innerarity 2012:19}). Empero, el sistema de gestión global y local en red incluye a actores de la esfera civil como empresas o sindicatos que defienden intereses de mercado disonantes con la disponibilidad de recursos (^{Nin 2012:44}). De este modo, la gobernabilidad de los recursos hídricos parece ser la antesala de la gobernanza del agua, ya que mientras la primera determina las estrategias de acción gubernamental, la segunda las legitima a partir del consenso entre los intereses de mercado, comunitarios y ambientales. Se trata de dimensiones de gobernanza que parecen «amontonarse» en torno al balance de crecimiento y desarrollo, disponibilidad y consumo.

A medida que el tiempo transcurre los recursos no sólo se extinguen, sino que dejan de ser administrados por el Estado, su disponibilidad prospectiva ahora depende de una gestión en red que permita su conservación no para las generaciones del futuro, sino para la subsistencia de las generaciones actuales (^{Rodríguez 2010:200}). Es aquí en donde las dimensiones locales y regionales de gobernanza se trastocan y emergen conflictos entre las masas subalternas y las tradiciones institucionales (^{Valencia 2006:476}), y se transforman en un sistema global autoritario en torno a la administración de los recursos naturales. Es decir, la gobernabilidad y la gobernanza de los recursos naturales, principalmente los energéticos e hídricos, cada vez están más orientadas a las necesidades de redes de consumo en las que se articulan las estrategias para la sostenibilidad hídrica local más que global, temporal más que prospectiva y retributiva más que equitativa.

Discusión

Las dimensiones de sostenibilidad hídrica, en cuanto a gobernanza se refiere, suponen que las redes empresariales, comunitarias, ciudadanas y gubernamentales pueden articularse bajo el principio de «conservar hoy para consumir mañana», confinando las oportunidades, restringiendo las capacidades y desdibujando las responsabilidades de las generaciones futuras en torno a la huella ecológica que heredan de las redes de gestión actuales.

Las dimensiones de gobernanza, desde asentamientos irregulares hasta organizaciones trasnacionales, aunque están permeadas de redes de valor, confianza y compromiso, legitiman decisiones gubernamentales y transforman estrategias discrecionales en consensos públicos a partir de los cuales la gestión de los recursos naturales es asumida como un instrumento para el desarrollo de redes lideradas por organizaciones que pretenden representar los intereses de las especies animales y vegetales actuales y futuras.

En el caso del agua, la gobernanza legitima los sistemas de cobro ya no a partir de la disponibilidad y el consumo, sino de los estilos de confort empresarial, sindical o barrial. Dado que los gobiernos federales y locales tienen menos injerencia en las decisiones de inversión, distribución y cobro, las organizaciones civiles parecen orientar sus esfuerzos a la gestión más que a la reutilización o reciclaje del agua. Tal proceso impacta los estilos de vida de comunidades y barrios ya que una gestión de abundancia de agua deriva en acciones de dispendio y una gestión de escasez deviene en conductas de ahorro.

Por ello, las dimensiones de gobernanza en materia de abastecimiento de agua están circunscritas a formas de organización y optimización de recursos más que a la construcción de una identidad para la cultura de ahorro de agua. Las redes ciudadanas que se organizan para el abastecimiento de agua pueden ser eficientes y eficaces, pero son poco efectivas.

La eficiencia respecto a la extracción, potabilización, distribución, consumo y tratamiento puede garantizar la permanencia del sistema por generaciones, pero dado su enfoque local, la construcción de una identidad a partir de usos y costumbres inhibe la diseminación de una cultura del agua que permita no solo redistribuirla a quienes no la tienen o la poseen en menor medida, sino a quienes la usarán en el futuro y tendrán que formar profesionistas a fin de promover su ahorro, reutilización y dosificación.

En efecto, las dimensiones de gobernanza para la sostenibilidad hídrica suponen la inclusión de acciones concretas de uso de agua más que consumo o pago de la misma. Es decir, el agua al ser un elemento asociado con el confort productivo, sanitario y recreativo ha cimentado una cultura hídrica utilitaria, que la convierte en el medio por excelencia para alcanzar el fin de la calidad y el bienestar humano: la felicidad del confort.

Es entonces preciso replantear la felicidad humana a partir de la disponibilidad de los recursos y no de las necesidades humanas o de las planificaciones organizacionales.