Acceso a la vivienda adecuada

Con base en las discusiones en torno a la vivienda adecuada, este concepto se puede definir como un espacio físico que cuenta con una dotación de infraestructura y de servicios que permite satisfacer las necesidades de salud, seguridad, dignidad (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México [CDHEM], 2016) e intimidad (^{Ferrando, 1992}; ^{Taller, 2014}), interactuar socialmente con otras personas (^{CONAVI, 2023}), así como desarrollar y mantener apego a la vivienda (^{Pinto de Carvalho y Cornejo, 2018}). La falta de acceso a una vivienda en dichos términos dificulta el desarrollo personal y social, conlleva problemáticas en relación con la salud física y mental, con el acceso a la educación y al trabajo, así como puede implicar una gran exposición a la violencia y a la criminalidad (^{CONAVI, 2023}; ^{Luneke y Varela, 2020}; ^{Novoa et al., 2014}; ^{Triveno y Nielsen, 2020}).

Son tres los elementos clave para tener acceso a la vivienda adecuada: la seguridad en la tenencia, la asequibilidad y la habitabilidad.

Trayectorias residenciales

Las trayectorias residenciales se pueden definir como la sucesión de situaciones residenciales -dormir en espacio público, residir en albergues o refugios para migrantes, rentar cuarto (en hoteles, cuarterías y departamentos, entre otros), habitar departamentos y casas- y las vivencias en torno a las mismas. Las trayectorias residenciales no son lineales, pues avanzan en diferentes direcciones e implican tanto avances como retrocesos en la calidad de vida (^{Orozco-Martínez et al., 2023}).

Uno de los mayores potenciales del concepto de trayectorias residenciales es que permite establecer un diálogo entre el enfoque espacial y los aspectos biográficos de las personas o del curso de vida (^{Najman, 2021}). De manera similar a como sucede con las trayectorias migratorias (^{Pizarro y Ciarallo, 2021}), es posible relacionar las trayectorias residenciales individuales con los factores estructurales presentes en las coordenadas espaciotemporales a las que se encuentra expuesto el migrante. En este artículo cobran especial importancia los entrecruzamientos de las trayectorias residenciales con los empleos que va teniendo la persona a lo largo del tiempo, con el proceso para obtener los documentos migratorios y situar todo eso en el contexto social y migratorio de Tapachula durante los años que residieron en dicha ciudad.

Los inmigrantes y los refugiados ante el desafío de la inserción residencial

La inserción de los inmigrantes en un mercado residencial es un proceso dinámico en el que interactúan diferentes aspectos: a) los perfiles de los individuos y su capital social y cultural; b) las condiciones del destino y la forma del fenómeno migratorio, y c) las condiciones del mercado residencial y la estructura social de la ciudad receptora (^{Orozco-Martínez et al., 2024}).

Además de la violencia y de la persecución como factores de expulsión, muchos refugiados se movilizan por razones mixtas. De manera frecuente, también los impulsan motivaciones económicas. Una parte de los migrantes que llegan a México, lo hacen con pocos recursos económicos o incluso sin nada, lo cual puede conducirlos a situación de calle, con el riesgo de ser víctimas de la delincuencia y mermar su salud (^{París, 2020}). De igual forma, la migración supone un distanciamiento de las redes sociales del lugar de origen (^{Rascón, 2017}). Las redes sociales con las que cuentan los migrantes disminuyen los costes de la migración, porque facilitan obtener un empleo o un lugar para residir, ya sea temporal o definitivo (^{González y Sánchez, 2014}). Quienes carecen de ellas en el lugar de recepción deben valerse por sí mismos y son más dependientes de otros recursos, como pueden ser la asistencia que dan los albergues y las organizaciones de la sociedad civil.

Las características de temporalidad y de acompañamiento de la migración determinan el grado en que pueden aceptarse ciertas condiciones residenciales (^{Orozco-Martínez et al., 2024}). Por lo general, durante los primeros años, las personas migrantes llegan a un nuevo país, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, laboral y legal, lo que las lleva a seguir diferentes estrategias para sobrevivir con pocos ingresos, acudir a los albergues y a rentar habitaciones en hoteles, cuarterías y casas, entre otros, así como buscar la corresidencia con personas que, con frecuencia, no son familiares, para compartir gastos y sufragar las rentas de la vivienda (^{Leal y Alguacil, 2012}).

Del lado de la oferta residencial, la incertidumbre que se vincula al migrante hace que arrendar una vivienda o departamento en el mercado formal sea difícil. Los migrantes tienen que hacer frente a las exigencias de documentación, al requisito de pagar meses por adelantado o contar con aval (^{Buitrón, 2024}). Además, está documentado que los inmigrantes sufren discriminación por parte de los arrendadores que tienen prejuicios y estereotipos negativos sobre ellos (^{Margarit y Bijit, 2014}; ^{Rasse y Sanzana, 2020}). De esta forma, la opción más factible para los recién llegados es rentar un cuarto, frecuentemente de manera informal, en alojamientos que no cumplen con estándares de habitabilidad: hay hacinamiento, insalubridad y falta de servicios, entre otros. Deben pagar sobreprecios, estar expuestos a los desalojos, en especial cuando los arrendadores explotan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos migrantes (^{Bonhomme, 2021}; ^{Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2019}).

También está documentado que lo migrantes y los SCRR tienden a establecerse en las zonas más empobrecidas de la ciudad, donde la dotación de servicios es escasa y la inseguridad es elevada (^{Bonhomme, 2021}; ^{Buitrón, 2024}). La perspectiva georreferencial ha aportado evidencia de que los SCRR en varias ciudades de México tienden a ubicarse en colonias con mayores niveles de pobreza y marginación (^{Cruz, 2024}).

Etapa 1. Llegada a Tapachula: a merced de las circunstancias de un contexto desfavorable

Mientras que algunos solicitantes pasaron todo el proceso de solicitud de refugio en México bajo detención en una estación migratoria (centro de detención para migrantes), otros lo hicieron sin estar privados de libertad porque realizaron sus solicitudes directamente ante las oficinas de la COMAR (solicitantes en régimen de oficina) o porque, tras recalar en una estación migratoria, recibieron un oficio para seguir el trámite estando en régimen de oficina. Este último grupo de solicitantes, al que refiere este artículo, debieron lograr los medios para subsistir en Tapachula hasta que las autoridades mexicanas resolvieran sus casos y enfrentaron la falta de oportunidades laborales y de viviendas asequibles. También lidiaron con cuestiones de inseguridad (^{Asylum Access, 2021}; ^{París, 2020}). Las dificultades se acrecentaron a medida que los trámites de algunos se demoraron meses o incluso años, porque la COMAR no cumplió en muchas ocasiones con los plazos legalmente establecidos (dos periodos de 45 días hábiles).

El primer acceso de las personas entrevistadas a una residencia en Chiapas difirió según los recursos económicos con los que contaban. Quienes tenían pocos o ningún recurso, acudieron a los albergues de migrantes. A quienes el dinero todavía les alcanzaba, rentaron cuartos (en cuarterías, departamentos y hoteles) o minidepartamentos. Además, en varios casos se observa que los recién llegados pernoctaron en la calle los primeros días con la finalidad de iniciar sus solicitudes ante la COMAR. Ramón (guatemalteco, 21 años) y sus familiares (madre y hermana), pasaron varias noches durmiendo “donde les agarrara la noche” hasta que pusieron en marcha sus peticiones de refugio.

Aunque las personas a quienes se entrevistó refieren algunas circunstancias negativas de su paso por los albergues y refugios, como la falta de privacidad y de protección ante las altas temperaturas y la ubicación poco accesible, entre otras, lo cierto es que estos espacios constituyeron un recurso institucional muy importante para ellos: evitaron que acabaran en situación de calle, contaron con programas de inserción laboral y asesoramiento legal para los trámites de solicitud de la condición de refugiado, recibieron apoyo para que los transfirieran a otros lugares del país y facilitaron apoyo económico para pagar la renta, entre otros.

Según la información de las entrevistas, acudir a los albergues ofrece una ventaja adicional: son un espacio de convivencia de migrantes que facilitó la construcción de redes de apoyo entre ellos y dio lugar al desarrollo de estrategias de corresidencia. Este es el caso de Julia (salvadoreña, 27 años), María (salvadoreña, 23 años) y Marina,⁴ que se conocieron en un albergue y, tras semanas de residir en el mismo, se fueron a vivir juntas.

No todos los recién llegados acuden a los albergues. Cynthia (hondureña, 29 años) viajaba con su hijo y su actual pareja Carla (hondureña, 27 años). Al llegar a Tapachula durmieron en la calle durante tres días antes de iniciar con el trámite para solicitar la condición de refugiadas. Mientras esperaban, Carla conoció a una persona que les recomendó no ir a los albergues, sino buscar un lugar para rentar. Lo que las condujo a una situación no muy agradable: un cuarto con cama, un ventilador y una mesa en una cuartería de ocho habitaciones, en la que compartían baño y cocina con el resto de las huéspedes, donde se sentían inseguras.

El análisis de esta primera etapa lleva a concluir que las personas solicitantes de refugio tienen muy poco margen de maniobra si no quieren acabar en situación de calle. Básicamente se presentan ante sí dos opciones: 1) acudir a los albergues, cuando hay disponibilidad y los aceptan, lo que implica recibir un apoyo fundamental, pero de manera simultánea hay falta de privacidad y otras incomodidades. 2) Rentar cuartos a personas o negocios especializados en trabajar con poblaciones migrantes, donde destacan las malas condiciones de habitabilidad: hacinamiento, insuficiente protección ante el clima, falta de higiene, insalubridad, carencia de servicios, prácticas abusivas de los arrendadores, como el pago por persona, los recargos y el desalojo.

Etapa 2. Acomodos residenciales transitorios e inestables

Los albergues son espacios que funcionan como un lugar de residencia temporal. Varía la duración de las estancias, que van desde unos pocos días hasta semanas, según el albergue, dependiendo de la situación del fenómeno migratorio en su conjunto y cada caso particular, por lo que los migrantes deben buscar un lugar para vivir, por lo general cuartos (^{París, 2020}).

Para rentar un cuarto es necesario que la persona produzca los recursos económicos necesarios. Carlos (hondureño, 20 años) pasó del albergue a rentar un cuarto, lo hizo con dos paisanos que conoció en el primero y con los que congeniaba bastante bien. No obstante, reconoce que pagar la renta ha sido “un dolor de cabeza”, pues los dos mil pesos mensuales de alquiler se “comían” todo lo que podía ganar en los trabajos que le iban saliendo: “A veces no sabía si comer bien o pagar el alquiler” (Carlos, hondureño, 20 años). Uno de los mayores impedimentos para conseguir un mejor empleo era que no tenía documentos, pues no había solicitado pasaporte y había perdido su acta de nacimiento en el albergue.

Como se mencionó, también Julia, María y Marina pasaron a rentar un cuarto con baño, por el que pagaban 3 500 pesos al mes, pero no tenía cocina ni un espacio para lavar. Cuando una de ellas quedó desempleada, se mudaron a otro lugar más económico (2 800 pesos mensuales). Si bien el precio era más bajo y el cuarto era más grande, estaba peor ubicado para llegar a sus respectivos lugares de trabajo. María tuvo que gastar una parte importante de su salario en transporte.

Las personas entrevistadas que no acudieron a los albergues, también transitaron de los primeros lugares en que “aterrizaron” a otros espacios en busca de mejores condiciones. En tan solo nueve meses, Cynthia y Carla cambiaron cinco veces de alojamiento (véase tabla 3). En el primer cuarto en que se hospedaron, les incomodaba que otros inquilinos hacían mucho ruido, consumían alcohol y drogas, y el precio elevado (750 pesos por semana). Tras dos meses y medio, se mudaron a una cuartería más pequeña de cinco habitaciones donde pagaban menos (2 000 pesos al mes), pero ahí percibían problemas similares. Se cambiaron a un departamento que estaba “bonito y lo tenía todo, su cocina, la pila, el baño” (Cynthia). Para pagar la renta fue esencial el apoyo que Cynthia recibía del gobierno mexicano (5 280 pesos). Gracias a ello pudieron seguir pagando la renta, pese a que Carla tuvo que dejar su empleo. También recibieron el apoyo económico de Casa Frida (organización de la sociedad civil que apoya a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ [lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, intersexuales, queers y otras identidades y orientaciones sexuales no incluidas en las siglas anteriores]), que dieron acompañamiento a su proceso de integración a México. También recibían el apoyo de Grupo la 30: 3 300 pesos que implicaba el compromiso de tomar talleres de capacitación laboral durante dos meses. Sin embargo, tras quedar desempleadas, dejaron ese piso por su elevado coste (llegaron a pagar hasta 4 700 pesos al mes). De nuevo rentaron un cuarto en cuartería (señalan que ahí padecieron el acoso del arrendador) y, por último, rentaron un departamento compartido con el dueño, que tenía un precio asequible de 2 500 pesos al mes y mejores condiciones que las cuarterías.

Como se puede observar en esta segunda etapa, las trayectorias residenciales muestran avances y retrocesos hacia la vivienda adecuada, y conducen a los migrantes a residencias transitorias e inestables en un doble sentido: 1) están todavía a la expectativa de encontrar un lugar con mejores condiciones: mejor habitabilidad, donde traer a la familia, vivir sin compartir el espacio, no pagar sobreprecios y menor inseguridad, entre otros. 2) Continúa el riesgo de sufrir desalojo o de incurrir en impago por falta de recursos económicos. 3) La residencia compartida es una de las estrategias privilegiadas de los SCRR, pero esa situación por lo general deriva en hacinamiento (^{Leal y Alguacil, 2012}; ^{Marcos, García y Módenes, 2022}; ^{Orozco-Martínez et al., 2024}).

Más allá de Tapachula: el trabajo como pilar de estabilidad y vuelta a empezar en lo residencial

Aunque la mayoría de las personas a las que se entrevistó y que obtuvieron la condición de refugiado optaron por permanecer en Tapachula -al menos en el momento de la entrevista-, es sabido que una gran parte de quienes solicitan esa condición se marcha a otros lugares del país siguiendo planes previos o por la dificultad de establecerse en Tapachula (^{Arriola y Martínez, 2020}; ^{París, 2020}).

No tener empleo hizo que Carla y Cynthia urdieran un plan para salir de Tapachula y llegar a Monterrey con el apoyo de Casa Frida. A Carla la contrató una empresa de tiendas de conveniencia y le pagó la renta de un mes en un espacio compartido con otras personas que participan en el mismo proyecto. “Lo malo es que solo la cubre a ella y yo me voy para el refugio. Están viendo si me apoyan para también contratarme, aunque también Casa Frida me está ofreciendo la opción de un trabajo en línea o de medio tiempo, y así las dos ya tendríamos trabajo, pero estamos viendo lo que se dé primero” (Cynthia).

Tras varios meses en Tapachula, Daniel (hondureño, 22 años) terminó en la Ciudad de México, donde se quedó quince días en el refugio de Casa Frida. Después, una amiga que conoció en Tapachula le ayudó a conseguir trabajo en un call center. Como quedaba “bien lejos” del albergue, él tomó la decisión de mudarse con su amiga a un cuarto con una litera en una casa que compartían con diez personas más. Ambos buscaron un departamento para vivir solos, pero, como son extranjeros, se complican los requisitos que piden los arrendadores, “como estado de cuenta, copia de residencia permanente, referencias” (Daniel).

Para quienes dejan Tapachula, y se van a otras ciudades, lo más importante para poder rehacer sus vidas en territorio mexicano es la centralidad del trabajo. Para ellos, pese al tiempo que llevan en México, se produce un empezar casi de cero en términos de acceso a la vivienda. También se puede observar que la transición de esos migrantes hacia espacios más estables en otras ciudades no solo depende de sus recursos económicos, sino también de su capacidad para construir redes de apoyo, tanto de activistas promigrantes como de otros migrantes con quienes comparten trayectorias similares, para tener acceso y construir mejores oportunidades laborales y residenciales.

Barreras relativas al proceso de reconocimiento de la condición de refugiado

Hay muchos obstáculos durante el procedimiento para solicitar la condición de refugiado ante la COMAR. Las dificultades se presentan desde un inicio. Varios entrevistados no encontraron más opción para comenzar el trámite que pasar varias noches bajo el cielo raso. Ramón, Daniel, Cynthia y Carla tuvieron que sufrir esa vicisitud.

Una vez que comienza el trámite, se reduce la movilidad geográfica de los solicitantes, ya que, salvo excepciones, tienen que quedarse en la misma ciudad (Tapachula) hasta que finalice. Aunque el plazo legalmente establecido es de hasta noventa días hábiles, lo cierto es que muchos se ven obligados a quedarse más meses o incluso años para que se resuelva su caso. Durante todo ese tiempo tienen que proveerse comida y alojamiento, independientemente de si permanecen en Tapachula tras la resolución de la COMAR. Cuando los SCRR dejan Tapachula, una vez más padecen el proceso de inserción residencial en la ciudad a la que lleguen, con las dificultades, los costos y las adversidades que eso conlleva. Además, la circunstancia supone que se aletarguen todos los procesos de integración social y económica. Carla, Cynthia y Daniel son casos que ejemplifican esas adversidades, pese a haber contado con el apoyo de Casa Frida para cambiar de ciudad.

Otra dificultad es tener que firmar en las oficinas de la COMAR cada semana. Los solicitantes no solo deben tener en cuenta la distancia de su residencia a los lugares de trabajo, sino también la ubicación de estas en relación con las oficinas de la COMAR. Para las personas cuyo presupuesto es limitado, los gastos de desplazamiento resultan significativos. Además, son varias las personas que reportan que sus ingresos económicos se vieron disminuidos el día que van a firmar, porque sus empleadores les descuentan una cantidad del salario. A Ramón (guatemalteco, 21 años) le pagaban 1 200 pesos a la semana, “pero siempre me daban menos, porque me descontaban cada que iba a firmar a la COMAR”.

Una vez terminado el proceso, obtener los documentos se vuelve un momento paradójicamente crítico para muchos refugiados. Cuando se los reconoce, se adquiere el estatus de residente permanente, lo que facilita el acceso a derechos y servicios. Sin embargo, a partir de ese momento, varias organizaciones internacionales y de la sociedad civil cesan los apoyos, con la consecuencia de una merma económica ostensible en un momento crítico para su integración. Por lo tanto, deben utilizar estrategias alternativas, como retomar y fortalecer las redes de apoyo y la residencia compartida con otros migrantes; sobre todo, quienes están en proceso de movilizarse hacia una nueva ciudad.

Barrera por no cumplir con las exigencias de los arrendadores

Algunas personas llegan a México sin documentos o los pierden durante su estancia en el país. Es decir, quedan a expensas de los procesos largos para obtener documentos a través del reconocimiento de la condición de refugiado o de la obtención de una tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH). No obstante, esto no impide emplearse o conseguir vivienda, solo que se está completamente inmerso en la informalidad, lo que significa menores ingresos y peores acomodos residenciales.

La situación descrita tiene un contraste significativo con los lugares donde se quedan los primeros meses y años porque ahí parece que no se les exigen documentos por la informalidad. La problemática se vislumbra en el acceso a las viviendas del sector formal, en esos casos los requerimientos de los arrendadores se multiplican: documentos que van más allá que los legalmente necesarios, más garantías, como avales y fianzas (^{Buitrón, 2024}; ^{Virgilio y Debandi, 2023}).

Daniel no encontró estas trabas en su paso por diversas residencias en Tapachula, pero sí una vez que llegó a la Ciudad de México. Si lograse cubrir todos los requisitos de los arrendadores del sector formal, encontraría un lugar donde quedarse con su amiga a un precio cercano al que paga por compartir un departamento con otras personas.

Barreras económicas

Como se ha observado en otros contextos, la barrera más destacada que mencionan las personas a quien se entrevistó para conseguir una vivienda es no tener los recursos económicos para sufragarla (^{Algaba, 2003}; ^{Virgilio y Debandi, 2023}). Los alquileres se han elevado en Tapachula, en especial durante los periodos de mayor afluencia de migrantes a la ciudad (^{Hjorth, 2024}), lo que implica que los SCRR enfrenten situaciones abusivas. Tanto la prensa como las organizaciones de la sociedad civil han denunciado que algunos arrendadores pasaron de cobrar la renta por cuarto a hacerlo por persona, con lo que se promueve el hacinamiento. Esa circunstancia fomenta que muchas personas presenten situación de calle (^{Consejo Danés para Refugiados [DRC] y Servicio Jesuita a Refugiados México [JRS], 2022}; ^{Gómez, 2023}). Como se puede observar en la literatura académica, lo que se describe no es exclusivo de Tapachula, sino que el abuso que sufren los migrantes se produce en otros lugares (^{Bonhomme, 2021}).

Los SCRR a quien se entrevistó dependían mayormente de los recursos que obtenían de su trabajo. Como se señaló, disminuyó su ingreso por tener que seguir el procedimiento ante la COMAR y por carecer de documentos para aspirar a determinados trabajos. La mayoría de las personas entrevistadas comenzaron con empleos informales y de baja remuneración, que son insuficientes para rentar una vivienda adecuada. Incluso quienes llevan más tiempo siguen rentando cuartos. Viven al día y el pago de la residencia utiliza la mayor parte de sus salarios, lo que va en consonancia con lo que se ha observado en los inmigrantes en otros contextos, respecto del porcentaje muy elevado del presupuesto doméstico dedicado al alquiler del cuarto o la vivienda (^{Bengochea y Madeiro, 2020}).

Algunos de ellos están a un paso de caer en el círculo vicioso entre trabajo precario y vivienda inadecuada: quienes no logran un trabajo estable, tienen muchas dificultades para conseguir una residencia adecuada, que les dé estabilidad y condiciones para lograr y mantener un buen trabajo (^{Algaba, 2003}). Algo que también le sucede a la población mexicana de más bajos recursos.

Varios de los entrevistados recibieron apoyo económico del gobierno mexicano, de organismos internacionales, como el ACNUR, y de organizaciones de la sociedad civil durante su procedimiento de solicitud. El problema de los apoyos es que provocan el asistencialismo y la dependencia, ambos insostenibles a lo largo del tiempo. Debido a que Cynthia, Carla y Daniel no tenían trabajo en Tapachula, dependían de los apoyos económicos para pagar la renta y querían solucionarlo movilizándose a otras ciudades mexicanas que les ofrecían más oportunidades laborales.

Barreras sociales

Las redes sociales son un facilitador clave para obtener una residencia adecuada (^{García-Almirall y Frizzera, 2008}; ^{Soto-Alvarado, Gil-Alonso y Garrido-Castillo, 2023}). Los familiares, amistades y conocidos pueden ofrecer un lugar para quedarse los primeros días o por más tiempo (^{González y Sánchez, 2014}; ^{Leal y Alguacil, 2012}; ^{Marcos et al., 2022}). La mayoría de los SCRR a quien se entrevistó no contaban con redes sociales al llegar a México, lo que dificultó su inserción laboral y residencial en Tapachula. No obstante, se observó que establecieron rápidamente nuevas redes sociales con paisanos y migrantes de otras nacionalidades. Esas redes posibilitan cubrir la necesidad de la vivienda y, además, gracias a ellas se establecen estrategias de cuidado mutuo entre los que comparten un mismo techo (^{Marcos et al., 2022}).

Los albergues son espacios especialmente propicios para entablar lazos con otras personas y donde diseñar estrategias de residencia compartida. Los relatos de Julia, María y Carlos lo atestiguan. Las entrevistas muestran que incluso los encuentros fugaces en las oficinas de la COMAR y en sus inmediaciones fincan amistades y se encuentran compañeros de cuarto. Las entrevistas también destacan que las habilidades sociales de algunos sirven para construir redes de apoyo con miembros de los albergues y con otros migrantes. El caso de Daniel es llamativo en tanto que entabla relaciones por doquier con personas que encuentra en su camino y que lo llevaron a oportunidades laborales y residenciales tanto en Tapachula como en Ciudad de México.

En otros contextos migratorios se ha observado que los migrantes de bajos recursos tienden a construir redes sociales más fuertes con los paisanos que con los nativos o con otros grupos de migrantes, lo que supone una desventaja a la hora de lograr acceso a la vivienda (^{Soto-Alvarado et al., 2023}).

El aspecto de la discriminación que salió a relucir en algunas entrevistas se refiere al acceso a la vivienda. Alan señaló que fue muy difícil conseguir un “lugarcito para rentar”, porque la gente se pone “bien pesada” y desconfía. Según su relato, es debido a la condición de extranjeros. Carla y Cynthia afirman que la mujer de origen cubano que les rentaba el departamento elevó el precio porque ellas no eran cubanas.

El nivel de discriminación en las sociedades de acogida es importante para comprender los procesos de inserción y las trayectorias residenciales. Es una situación que afecta de manera desigual según sean los orígenes nacionales (^{Margarit y Bijit, 2014}; ^{Soto-Alvarado et al., 2023}). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 (^{INEGI, 2022}), a escala nacional, el 33.2% de la población mexicana refirió no estar dispuesta a rentar un cuarto de su casa a un migrante o a un refugiado (^{INEGI, 2022}). No obstante, hay diferencias destacables entre las entidades federativas. En Chiapas alcanza un 40.4% (^{INEGI, 2022}). Los porcentajes revelados por la encuesta muestran una resistencia de la población mexicana a alojar a personas extranjeras, lo que confirma la presencia de actitudes discriminatorias que limitan el acceso a la vivienda. La mayor desconfianza de los chiapanecos hacia la población migrante y refugiada posiblemente se explique en parte por el tamaño de los flujos migratorios que transitan y se establecen en la ciudad, así como los riesgos que perciben para la ciudad y para ellos mismos.