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Introducción
El 16 de agosto de 2019 se realizó en la Ciudad de México (CDMX) la marcha feminista #NoMeCuidanMeViolan. La protesta denunció la falta de atención de las autoridades a los casos de violencia contra las mujeres por parte de la policía. Durante la marcha se pintaron monumentos y se destruyeron algunos servicios públicos.
El artículo tiene el objetivo de analizar cómo los discursos de las columnas de opinión compitieron tanto por el sentido de la protesta como por el sentido de la respuesta que el gobierno le dio. Se examina la forma en que un conjunto de columnistas consideró la protesta como la expresión del hartazgo y el cansancio de las mujeres ante la apatía de las autoridades para hacer frente a la violencia que sufren. También se analizan las columnas de quienes consideraron los daños a la propiedad pública como inadecuados. Por último, se examina el debate entre quienes cuestionaron la reacción del gobierno frente a la protesta y quienes la respaldaron.
Se analiza la competencia de sentido entre dichos discursos en la esfera civil, ese mundo de valores e instituciones que “genera la capacidad de crítica social e integración democrática al mismo tiempo” (Alexander, 2006, p. 4). La democracia depende de lazos de solidaridad que trascienden los acuerdos de orden político. Dichos lazos se construyen a través del lenguaje democrático, que remite a valores universales abstractos, como la libertad, la justicia, el respeto o la reparación civil, pero que individuos y grupos traducen en demandas concretas de inclusión social (Alexander, 2006).
Las ideas de cómo construir solidaridad propician desacuerdos sobre las formas en que deben articularse los valores universales en la vida cotidiana. En la democracia, los ciudadanos se enfrentan entre sí para definir la manera en que debe construirse la solidaridad (Junker y Chan, 2019). A veces las disputas terminan por excluir a grupos y a personas, a tal punto que éstas traducen sus demandas de inclusión y justicia en la alteración del orden social: dañando propiedad, bloqueando carreteras u ocupando edificios públicos. Como sugieren Alexander y Stack (2019), estos actos pueden ser juzgados al mismo tiempo como expresiones de protesta legítima o ilegítima, lo cual genera disputas en torno a la necesidad de incluir o no a quienes han interrumpido el orden social.
El argumento del presente artículo es que los actos de violencia en la marcha #NoMeCuidanMeViolan fueron interpretados de diferentes maneras en columnas de diarios nacionales. En algunas columnas se justificó el uso de la violencia como un medio para expresar las demandas. En otras se dijo que la violencia mostraba la incapacidad de las mujeres para controlar sus impulsos. Al mismo tiempo, se desarrolló una disputa sobre la actuación gubernamental frente a las protestas. Algunos columnistas juzgaron que el gobierno capitalino las había alentado al ignorar las demandas feministas de atender la violencia contra las mujeres. Otros sostuvieron que el gobierno actuó de forma adecuada y que el vandalismo era responsabilidad de un grupo acotado de feministas interesadas en afectar a las autoridades.
Para analizar estas tres interpretaciones, el artículo abre con una exposición de los conceptos básicos que permiten comprender la competencia entre los discursos civiles y los anticiviles, subrayando la capacidad de esta perspectiva para ahondar en el entendimiento de las movilizaciones feministas en México. En el segundo apartado, se presenta el contexto de la marcha #NoMeCuidanMeViolan evocado en las columnas analizadas. En el tercer apartado se analiza la disputa de sentido en las columnas de opinión de los cinco diarios nacionales. Después se examina cómo en dicha disputa se debatió la legitimidad de las irrupciones feministas para exigir justicia. Al final se exponen los principales hallazgos y conclusiones.
Conceptos para el análisis
La esfera civil está organizada a través de discursos: palabras que expresan opiniones, marcan distancias, provocan desplazamientos y organizan lo que existe y lo que puede existir en la sociedad (Farge, 1994).1 Los discursos pretenden sacralizar o contaminar las acciones que realizan aquellos actores sociales que quieren producir o sostener cierto tipo de solidaridad social (Jacobs, 1996; Smith, 2005). Esta última se define como el sentimiento de estar conectado con los demás, que habilita a participar de manera significativa en la sociedad, respetando la individualidad y proporcionando la sensación de ser parte de un colectivo (Alexander, 2006, p. 13). La esfera civil permite comprender la tensa relación entre los referentes universales de inclusión solidaria y las demandas particularistas de grupos sociales.2
Los miembros de una sociedad tienen distintas interpretaciones sobre cómo debe cristalizarse la solidaridad y expresan una y otra vez su desacuerdo sobre la forma en que se deben articular las demandas individuales y las obligaciones colectivas. Actores y grupos sociales se confrontan de manera constante, porque se atribuyen uno al otro pureza o impureza democrática, se juzgan como civiles o anticiviles y demandan con ello quién merece o no ser considerado en las membresías de la inclusión y la solidaridad. El carácter democrático civil puro o impuro que se atribuyen los actores y grupos sociales es relacional: así como “no hay religión desarrollada que no divida el mundo entre salvados y condenados, no existe discurso civil que no conceptualice el mundo entre aquellos que merecen la inclusión y aquellos que no” (Alexander, 2006, p. 55).
La esfera civil provee una interpretación de las dinámicas estructurales de la inclusión y la exclusión de los discursos y de las instituciones democráticas (Kivisto y Sciortino, 2019). Mientras que el sentido de la disputa se construye de forma relacional (Alexander, 2006), la civilidad de unos se articula en el lenguaje de la incivilidad de los otros. Estas imputaciones se trasladan hacia las instituciones a las que de modo constante se acusa de ser o no lo suficientemente democráticas e inclusivas. Las disputas sobre las atribuciones morales civiles o anticiviles se cristalizan de forma espacial y temporal en instituciones comunicativas y en instituciones regulativas.
Según Kivisto y Scorttino (2015), las primeras reflejan y difunden las posturas, pasiones e intereses de quienes se asumen como parte de una sociedad o forman una red de actores que hablan en nombre de la sociedad, hacia la sociedad y como sociedad. Entre estas instituciones están los medios de comunicación, las asociaciones voluntarias y los movimientos sociales. En cambio, las instituciones regulativas responden ante el reclamo social de solidaridad y poseen el derecho de tomar decisiones vinculantes, como sucede con los cargos electivos o tribunales.
Las imputaciones sobre las virtudes o el vicio cívico se dan en tres niveles: los motivos, las relaciones y las instituciones (Alexander, 2006). En el primero, se considera que un actor social o político está respaldado por motivos democráticos si se interpreta que es autónomo, racional, razonable y realista; y se considera que es un actor antidemocrático si se juzga que sus motivos son irracionales, no realistas o carecen de autonomía. En el segundo nivel, se evalúan las relaciones de los actores sociales o políticos en términos civiles si se estima que son abiertas, confiables, susceptibles de crítica y honorables; y se califican de anticiviles si se evalúan como cerradas, sospechosas, deferenciales, egoístas o tramposas. En el tercer nivel se valoran las instituciones a las que apelan los actores, y se categorizan de civiles si se interpreta que están reguladas por la ley y son equitativas, inclusivas e impersonales; o de anticiviles, si se valora que funcionan de manera arbitraria, jerárquica, excluyente y para beneficio de una persona o grupo.
Los grupos sociales y sus demandas adquieren carácter de civiles y democráticos ―o anticiviles y antidemocráticos― en la medida en que sus motivos, relaciones e instituciones se interpretan en el marco de las relaciones binarias de pureza e impureza civil. La valoración relacional de las imputaciones se lleva a cabo en términos concretos y no abstractos. Se construyen discursos considerados verdaderos e incluso éstos llegan a atribuir una cierta esencia de bondad o de maldad a grupos o personas para justificar su inclusión o exclusión.3
Desde esta perspectiva, los movimientos sociales traducen las demandas de reparación civil frente a un sentimiento de daño u ofensa particular en términos sociales y morales. En consecuencia, siempre expresan y movilizan demandas particularistas a través de referentes de inclusión y solidaridad universales. Las expresiones de lo universal concreto defienden valores que se consideran sagrados en términos civiles. Los movimientos sociales se asumen como actores que “representan” a la sociedad, esgrimiendo un lenguaje que le habla de manera directa y demandando reparación civil o membresías de inclusión. Además, los movimientos hablan y se movilizan ante las instituciones comunicativas y las regulativas de la esfera civil a las que tratan de persuadir para que generen cambios en leyes, instituciones y políticas.
Los movimientos sociales expresan sus demandas mediante acciones concertadas, de carácter dramático, que pueden considerarse performances, actos en los que se despliega el sentido consciente o inconsciente de su situación social (Alexander y Mast, 2011). A través de estas acciones simbólicas, los movimientos sociales significan sus demandas de forma dramatizada. Los actores crean proyecciones simbólicas en los performances y articulan un discurso, una imagen y una capacidad de liderazgo (Merciert, 2005). Buscan generar empatías morales con distintos interlocutores o auditorios (Riviére, 2005). El performance puede llegar a movilizar afectos y apoyos al ser valorado como auténtico, o puede ser objeto de crítica y rechazo por parte de quienes lo estimen inauténtico. Que un performance sea considerado como un drama auténtico o no, está sujeto a la interpretación que se hace de él. Esto significa que mientras para algunos miembros de la sociedad un performance puede resultar creíble, para otros se trata de una puesta en escena falsa, montada para ocultar o distorsionar la realidad (Alexander y Bartmanski, 2012).
A veces los performances pueden ser juzgados como radicales o violentos ―porque bloquean caminos, toman edificios gubernamentales, “vandalizan” el espacio público o “provocan” a las fuerzas del orden―. Qué significa radical o violento, es algo condicionado de manera cultural (Cooke, 2019). Si bien la violencia puede ser real, se expresa siempre mediante un performance que da cuenta del sentimiento de privación o exclusión de las membresías de inclusión social y sus lazos de solidaridad (Arteaga, 2019). En otras palabras, se busca llamar la atención y crear empatía sobre el dolor que un grupo siente como profundo (Alexander y Stack, 2019). El sentimiento de exclusión puede resultar significativo gracias a que los actores y los grupos comparten visiones del mundo (Geertz, 2003) que sostienen los sueños y esperanzas de una reparación civil que garantice la ampliación de la solidaridad social (Heins y Unrau, 2019; Khosrkhavar, 2019).
Los movimientos feministas han trasformado las estructuras de dominación heteropatriarcal a través de la movilización colectiva de discursos, códigos y performances que significan las condiciones de opresión, discriminación y violencia contra la mujer (Cardona y Arteaga, 2020). Con ello pretenden presionar para instaurar mecanismos de reparación civil que permitan la igualdad y la justicia (Luengo, 2018, p. 39). Dichos movimientos han reescrito la relación entre los valores universales y los valores particularistas de inclusión social (Alexander, 2019).
La movilización #NoMeCuidanMeViolan, en cuanto performance, buscó traducir un sentimiento de exclusión, indignación y privación de justicia frente a lo que colectivos feministas consideraron un posible sobreseimiento en la investigación de una presunta violación a una joven por parte de policías de la CDMX. Sin embargo, la protesta y los actos vandálicos fueron interpretados en las columnas de opinión en la lógica del discurso binario de la esfera civil: ya sea como un performance auténtico ―comprensible, razonable y justificable, por tanto, civil― o como un performance inauténtico ―incomprensible, injustificable e irracional: un acto anticivil―.4 Desde la primera interpretación, la violencia se justificó como una vía para exigir la reparación civil ante la violencia contra las mujeres. En cambio, la segunda interpretación calificó la marcha de anticivil, pues se juzgó que el vandalismo era un medio inadecuado para demandar reparación civil.
Metodología
La teoría de la esfera civil sugiere que se puede comprender el proceso de imputación de civil o de anticivil que expresan las instituciones comunicativas analizando cómo se construyen en la prensa las narraciones sobre los supuestos motivos, relaciones e instituciones de ciertos actores que alteran el orden público a través de performances. Se revisaron las 64 columnas publicadas sobre el tema en los diarios Excélsior, El Universal, Milenio, Reforma y La Jornada. La opinión periodística es una interpretación sobre los acontecimientos (McCarthy, McPhail y Smith, 1996, p. 479; Ortiz, Myers, Walls y Diaz, 2005, p. 406), y las columnas periodísticas son parciales y sesgadas en sus interpretaciones, porque se construyen en marcos analíticos anclados en referentes morales específicos (Earl, Martin, McCarthy y Soule, 2004, p. 67; Río, 2008, p. 60). Por tal razón se tuvieron en cuenta las diferentes interpretaciones de la marcha #NoMeCuidanMeViolan.
Dicho sesgo es una fuente para analizar cómo las interpretaciones se activan en la esfera civil ya que, como sugieren Butler y Luengo (2016, p. 284), construyen mensajes que pretenden traducir situaciones concretas en códigos civiles universales a través de interpretaciones y discursos, al tiempo que narrativizan la vida cotidiana e imaginan colectividades (Gupta, 2015, p. 193). Alexander (2006) explica que en las narraciones los periodistas atribuyen motivos, relaciones e instituciones contaminantes o purificadoras a las acciones de los actores políticos y sociales.
¿Qué imputaciones e interpretaciones se hicieron en las columnas dedicadas a la marcha #NoMeCuidanMeViolan? Siguiendo la metodología que se deriva de la teoría de la esfera civil, se identificaron las imputaciones que cada columna hizo a los motivos, relaciones e instituciones de quienes promovieron o participaron en ella. Las opiniones de los columnistas se clasificaron a partir de los juicios que hicieron sobre el carácter civil o anticivil de la movilización. Siguiendo la teoría de la esfera civil, primero se indagó sobre si en el sistema discursivo binario los motivos de las mujeres fueron considerados como civiles ―inspiradas por demandas racionales, justas, objetivas y realistas, y si ellas fueron juzgadas como autónomas― o, si por el contrario, se les atribuyeron motivos inciviles por ser consideradas como irracionales, prejuiciosas, irrealistas y sujetas a manipulación.
Luego se analizó si en las columnas se consideraba que las mujeres apelaban a relaciones abiertas, críticas y francas ―inspiradas en virtudes civiles― o cerradas y discrecionales, orientadas a satisfacer intereses específicos y acotados. Después se examinó qué tipo de instituciones se interpretaba que las mujeres estaban invocando: reguladas, bajo el imperio de la ley, equitativas e inclusivas o, por el contrario, arbitrarias, discrecionales, jerárquicas y excluyentes. Al final se procedió a la reconstrucción hermenéutica de la disputa en términos binarios.
La aproximación interpretativa a la protesta #NoMeCuidanMeViolan que se hace en este artículo complementa los trabajos publicados que destacan el papel del discurso misógino en las instituciones y en las redes sociales cuando se critica la movilización feminista (Álvarez, 2020; Cerva, 2020). En el presente artículo se enfatiza que la disputa sobre la movilización #NoMeCuidanMeViolan se estructuró también a partir de juzgar si la marcha feminista, que alteró el orden social, era traducción civil de una demanda justa de solidaridad y justicia o una expresión anticivil, motivada por intereses personales y de grupo ―ajenos a las demandas de las mujeres víctimas de la violencia―.5
La violencia de y contra las mujeres
La violencia contra la mujer en la CDMX resulta preocupante. En 2019 se presentaron 20 531 casos de violencia familiar, 3 831 casos de abuso sexual, 1 178 casos de violaciones y 72 feminicidios (Gobierno de la CDMX, 2019). Claudia Sheinbaum reconoció este problema en su toma de protesta como jefa de gobierno el 5 de diciembre de 2018 (Excélsior, 2018). Fue candidata del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) después de 20 años de gobiernos del Partido de la Revolución Democrática (PRD). MORENA también obtuvo la presidencia de la república bajo la premisa de impulsar una cuarta transformación nacional. La jefa de gobierno conoció, desde los primeros días de su gestión, denuncias de presuntos secuestros de mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Data Cívica y Torreblanca, 2019).
Estos hechos motivaron una movilización feminista en el Monumento a la Madre el 2 de febrero, acusando que “ni la jefa de gobierno ni el presidente de la república habían hecho pronunciamientos sobre el tema” (Proceso, 2019). El 8 de marzo, día de la mujer, familiares de víctimas de feminicidio y colectivos feministas instalaron una Antimonumenta: una escultura rosa del símbolo de mujer (♀) con un puño en el centro en señal de resistencia y con dos frases: “Exigimos alerta de género nacional” y “Ni una más” (Sagastegui, 2019).6
En abril se presentaron 424 867 denuncias de presuntos casos de violencia y acoso sexual con el hashtag #MeToo (Gómez, 2019c). Ese mes el gobierno capitalino creó un grupo especializado en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para investigar feminicidios (El Universal, 2019b). En junio se modificó la Ley de Cultura Cívica para sancionar piropos obscenos. Pese a estas acciones, se incrementó en los medios y redes sociales la denuncia de presuntos casos de violencia y de desaparición de usuarias de taxis convencionales y de las plataformas Didi y Uber.
Entre julio y agosto, se denunciaron tres presuntas agresiones sexuales de policías capitalinos contra sendas mujeres: una en situación de calle, una en el Museo de Archivo de Fotografía y una de 17 años en la alcaldía de Azcapotzalco (Aristegui Noticias, 2019). Este último caso motivó que cerca de 500 mujeres y colectivos feministas protestaran el 12 de agosto frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Exigían castigar a los presuntos responsables. En la protesta lanzaron diamantina rosa contra el secretario de la SSC,7 pintaron grafitis y frases como: “Somos malas, podemos ser peores”, “Cerdos violadores”, “Atacan a una y nos atacan a todas”, “No nos cuidan, nos violan”. También pintaron de rojo los uniformes de policías. Algunas mujeres se trasladaron a la PGJ de la CDMX donde pintaron frases como: “Funcionarios cerdos”, “Policías corruptos”, “No necesitamos ser valientes, necesitamos ser libres” (Fuente, 2019). Algunas manifestantes rompieron las puertas de cristal del edificio que habían sido cerradas. También destrozaron parte de la recepción. Mientras tanto, otro grupo puso la cabeza de un cerdo a la entrada de la PGJ.
La procuradora y la jefa de gobierno de la CDMX calificaron los hechos de “provocaciones” a las que no iban a responder. “No vamos a caer en ninguna provocación […]. Querían que el gobierno utilizara métodos violentos iguales a los que ellos utilizaron. Y nosotros por ningún motivo vamos a caer en provocaciones. Claro que va a haber carpetas de investigación por lo que ocurrió en la Procuraduría […], pero lo más importante para nosotros es no caer en provocaciones”, declaró Sheinbaum en conferencia de prensa (Grupo Reforma, 2019). Estas declaraciones que acusaban a las feministas de “provocadoras” fueron rechazadas en las redes sociales. El 18 de agosto se informó que no se abrirían procesos judiciales contra las manifestantes.
Algunas columnas de El Universal y Reforma acusaron a Sheinbaum de calificar como ilegítima la demanda de garantizar justicia pronta y expedita a la presunta víctima de violación (Backhoff, 2019; Gantús, 2019; Gómez, 2019b; Krauze, 2019a). Al decir de Kraus (2019) y Reneaum (2019) de El Universal, el enojo social se incrementó cuando, por un lado, los policías acusados de violación fueron reincorporados ―bajo el argumento de no afectar sus derechos laborales― y, por otro lado, cuando las autoridades dejaron entrever que la violación no había ocurrido. Ambas acciones confirmaron ―según esta posición crítica al gobierno― la ineficiencia y el poco tacto institucional.
Algunos columnistas de Milenio, El Universal y La Jornada reaccionaron de manera positiva cuando Sheinbaum se retractó de sus acusaciones a las feministas y de abrir carpetas de investigación en su contra (Gil Gamés, 2019; Gómez, 2019b; Puig, 2019; Zamarrón, 2019). En las mismas columnas se interpretó que, al corregir sus declaraciones, Sheinbaum mostraba su pertenencia a una izquierda que no criminalizaba la protesta y que entiende por qué ésta adquirió un rostro violento (Hernández, 2019).
Pero también hubo interpretaciones críticas. Ciertas columnas del Excélsior, Milenio, Reforma y El Universal insistieron en que Sheinbaum no había sido capaz de establecer una comunicación con las mujeres o de desarrollar políticas para garantizar su derecho a una vida libre de violencia (Dresser, 2019; Editorial de El Universal, 2019a; Loret de Mola, 2019; Rueda, 2019; Zamarrón, 2019). Desde esta interpretación, Sheinbaum trató la presunta violación como un problema administrativo, cuando era un tema de gobierno: implicaba mostrar que se buscaba terminar con las estructuras patriarcales (Ramírez, 2019). También se dijo que la administración capitalina estaba mejor preparada para reparar mobiliario urbano y edificios públicos que para atender la violencia contra las mujeres (Dresser, 2019; Islas, 2019).
El 14 de agosto se realizó el Diálogo Cero Impunidad y Justicia Absoluta para las Mujeres y Niñas Víctimas de la Violencia. Participaron autoridades de la CDMX, del gobierno federal, organizaciones, colectivos y activistas feministas. Ese mismo día, organizaciones y colectivos feministas emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por la posible criminalización de la protesta (Gómez, 2019d) y convocaron a marchar en nueve estados bajo los lemas #NoMeCuidanMeViolan y #ExigirJusticiaNoEsProvocación (Aquino, 2019). Para algunos columnistas de El Universal, la convocatoria feminista mostró la insensibilidad de Sheinbaum para gobernar: se le acusó de convocar al evento del 14 de agosto sólo a las feministas de la “vieja guardia”, excluyendo a las más jóvenes, combativas y molestas por la inacción del gobierno (Loret de Mola, 2019). No se da cuenta ―argumentaron los críticos de Sheinbaum― de que son estas últimas las que están transformando la vida pública del país y no las feministas del pasado (Gómez, 2019b). Al decir de Semo (2019), de La Jornada, el gobierno estaba frente a dos feminismos irreconciliables: uno, que apuesta por modificar el funcionamiento del Estado para reducir la violencia contra las mujeres y otro que ve en el Estado el origen de la violencia.
El 16 de agosto, día de la marcha #NoMeCuidanMeViolan, la PGJ de la CDMX anunció ―en una conferencia por la mañana― que revisando un conjunto de imágenes de cámaras de video de vigilancia, se encontraron inconsistencias en la declaración de la adolescente presuntamente violada. Mientras esto sucedía, distintos contingentes de mujeres se reunieron en varios puntos de la CDMX. Uno de ellos fue la glorieta de Insurgentes.8 La mayoría vestía de negro y algunas portaban pañuelos o pasamontañas con los que cubrían sus rostros. Llevaban pancartas con mensajes de rechazo a la violencia contra la mujer y algunos adornados con diamantina rosa. Durante la concentración gritaron frases como: “Yo sí te creo”, “Si me matan, si me violan, si me desaparecen, ¡destrúyelo todo!”, “Nos están matando y tú no haces nada”. Diferentes colectivos leyeron mensajes, danzaron, cantaron e hicieron pintas.
La movilización se desplazó hacia la avenida Reforma bajo el grito “Abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer”. Durante el recorrido rompieron el mobiliario de las instalaciones del Metrobús y prendieron fogatas dentro y fuera de dichas instalaciones (La Silla Rota, 2019).9 Más tarde otro grupo hizo pintas en una estación de policía a la que ingresó por la fuerza y prendió fuego en su interior. Varios monumentos de la ciudad fueron grafiteados, incluido el Ángel de la Independencia (El Financiero, 2019). El lugar turístico y punto de encuentro de diferentes expresiones ―de alegría y descontento nacional― fue marcado en sus escalinatas, esculturas metálicas y columnas con frases como: “Ni una menos”, “Policías violadores”, “Violicía”, “Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, “Se va a caer”, “Con nosotras no se juega”, “México feminicida”. Y pintaron símbolos como ♀, Ⓐ o una simbiosis de ambos (Excélsior Tv, 2019). También hubo agresiones en el metro: golpes y pintas sobre la ropa de hombres, periodistas, animales y transeúntes que intentaron participar, cubrir los hechos o que simplemente caminaban alrededor.10 Bajo el grito “Fuimos todas” se fue apagando la manifestación llegada la noche.
Siguiendo el análisis de Cedeño (2019), después de la marcha se divulgaron mensajes a favor y en contra. Algunos, como #NoMeCuidanMeViolan, #NiUnaMas, #feminicidios o #NosEstanMatando, rechazaban la violencia contra la mujer. Otras frases repudiaron lo que interpretaron como actos de violencia de las mujeres en el espacio público, por ejemplo: #AsíNO, #AsíNoMujeres, #EllasNoMeRepresentan o #AgredenAunoAgredenATodos. Otras expresiones criticaron el desempeño de Sheinbaum: #CDMXinsegura, #NoMásViolencia o #RenunciaClaudiaSheinbaum.
Pureza o impureza civil de la protesta feminista
Hubo un consenso en las columnas de opinión de los periódicos analizados en torno al hecho de que las mujeres viven diferentes formas de violencia en la CDMX y en el país. Se subrayó que las causas de la violencia estaban en la desigualdad de género, la erosión de las relaciones comunitarias, la fractura del tejido social y la pervivencia de una cultura heteropatriarcal (Berman, 2019; Güemes, 2019; Guerra, 2019; Niño de Rivera, 2019; Patrón, 2019; Rodríguez, 2019). Los columnistas reconocieron el carácter multicausal detrás de la violencia contra las mujeres (Gil Antón, 2019; Gómez, 2019a; Rocha, 2019; Zamarripa, 2019). Coincidieron en que las diferentes formas de violencia ponen en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres (Ávila, 2019; Hope, 2019; Patrón, 2019; Semo, 2019). Hubo consenso en medios de diferente línea editorial en que la autoridad era responsable de perpetrar y perpetuar la violencia, al no investigar ni castigar las agresiones contra las mujeres (Editorial El Universal, 2019b; González, 2019; Pérez, 2019; Reneaum, 2019; Tello, 2019; Zárate, 2019).
En las columnas se propusieron soluciones para enfrentar la violencia, como clases gratuitas de defensa personal (Fouilloux, 2019), la realización de un conversatorio nacional para pensar soluciones al problema (Bonnafé, 2019), el impulso de un cambio cultural y una política de justicia para acabar con la impunidad y la misoginia (Beltrán del Río, 2019; Carbonell, 2019; Gómez, 2019a; Krauze, 2019b). Según Ramírez (2019), el objetivo debía ser pasar del dolor y la rabia, a cambios institucionales. Aunque hubo coincidencias en los diagnósticos y las propuestas, hubo desacuerdos cuando se interpretó la protesta en función de los motivos, las relaciones y las instituciones de quienes participaron en ella pintando monumentos o dañando el mobiliario urbano.
Quienes criticaron la protesta advirtieron de la presencia de motivos anticiviles entre las movilizadas. Según esta interpretación (Cueva, 2019), el “vandalismo” de las mujeres estuvo impulsado por la creencia de que la violencia era la única forma de combatir la violencia que padecen. En dos columnas, una de El Universal y otra de La Jornada, se tildaron las pintas y los destrozos de incomprensibles o contradictorios con la petición esencial de acabar con la violencia contra las mujeres. Las manifestantes fueron calificadas de delincuentes por “propagar el vandalismo” (Cárdenas, 2019; Quiroz, 2019). En esas columnas se sostuvo que, si su demanda era terminar con la impunidad de violadores, asesinos y acosadores, tenían que asumir el castigo por sus actos. Pero se advirtió que no podían compararse los hechos de vandalismo con el asesinato de una mujer. No obstante, destrozar el mobiliario y las oficinas públicas ―al igual que el feminicidio― se origina en el desprecio al Estado de derecho y a los códigos de civilidad democrática. Algunas columnas del Excélsior opinaron que tanto el feminicida como quien vandaliza actúa bajo la certeza de que no será castigado (Beltrán del Río, 2019). Se enfatizó así en estas columnas en el supuesto carácter irracional de la acción de las mujeres que destruyeron mobiliario urbano.
Desde esta posición, también se criticó a quienes minimizaban el vandalismo, bajo el argumento de que “las pintas se borran, las muertas no”. Algunas columnas de El Universal, Reforma y Excélsior interpretaron este argumento como un “falso dilema” que presentaba dos opciones como excluyentes: si las pintas evitaran el asesinato o la violencia contra una sola mujer, habría razones utilitarias para defender el vandalismo. Argumentaron que la violencia fue gratuita y manchó una demanda justa (Bartolomé, 2019; Sarmiento, 2019).
Otros críticos del periódico El Universal subrayaron que la destrucción de los monumentos no representaba el “verdadero feminismo,” que el vandalismo no tiene y no ha tenido un papel en el cambio de ninguna sociedad, opinaron. Señalaron que la violencia tiende siempre a polarizar la ciudadanía (Gutiérrez, 2019). Otros columnistas sugirieron que algunas de las jóvenes que participaron en los actos de destrucción, pertenecían a grupos políticos de intereses diversos. Fueron calificadas de infiltradas que buscaban desprestigiar la protesta (Cedeño, 2019). Se insinuó la presencia de un grupo de choque del PRD (Gómez, 2019b) y de colectivos de feministas anarquistas (Serrano, 2019). Con este tipo de afirmaciones se subrayó en estas columnas la supuesta relación de algunas manifestantes con grupos políticos ajenos a las aspiraciones de justicia de las mujeres. De esta forma, la protesta, en cuanto performance, fue considerada inauténtica: no era una movilización legítima contra la violencia hacia las mujeres, sino un montaje para desprestigiar el gobierno.
En otras columnas de El Universal, Excélsior y La Jornada, se interpretaron los desmanes como expresión del cansancio de las mujeres ante la violencia. En estas columnas se consideró que el enojo y hartazgo derivaron en una violencia que manchó una protesta noble y minó el apoyo social esperado (Serrano, 2019). Además, se llamó a no idealizar la violencia, pues sólo trae destrucción, agresión y pérdidas sociales. Se señaló que era negativa para el movimiento y que podía afectar su cohesión. Por otra parte, se recomendó frenarla antes de que se convirtiera en un medio eficiente o en un mecanismo normalizado de reivindicación colectiva (Woldenberg, 2019). Otros columnistas llamaron a pensar que “la guerra de las mujeres es la paz”, y que si lograban controlar y domar la violencia ―“nunca poniendo la otra mejilla”―, podrían tener acceso al amor y a la justicia que estaban buscando (Bellinghausen, 2019). Estas opiniones trataron de mostrar que si bien los actos de vandalismo llamaron la atención y crearon empatía para con el sufrimiento de las mujeres, también debilitaron los lazos de solidaridad hacia ellas.
Quienes consideraron civiles las expresiones de enojo e ira, así como el daño a monumentos y mobiliario urbano, destacaron ―como hizo Guerra (2019) de El Universal― que dichas expresiones pusieron al descubierto las condiciones de violencia estructural, dominación masculina, racismo y clasismo que enfrentan las mujeres, y al mismo tiempo la indiferencia del gobierno para atender sus demandas. Estigmatizar la protesta ―se dijo en Milenio, Reforma y El Universal― es evadir el estado de precariedad al que han sido sometidas las mujeres de la CDMX (Domínguez, 2019; Zamarripa, 2019; Zamarrón, 2019).
En este tenor, algunos columnistas de los tres periódicos arriba mencionados se preguntaron: “¿Por qué nos afectan más las pintas que los miles de mujeres muertas por razones de odio en la presente década? ¿No es esto una manifestación propia, justamente, de una cultura androcéntrica?” (Patrón, 2019). Las paredes se pueden pintar de nuevo, las mujeres que mueren no pueden regresar a la vida (Islas, 2019). Se sugirió dejar los monumentos grafiteados como prueba de la demanda no satisfecha de acabar con la violencia contra las mujeres (Azar, 2019; Catón, 2019). Se argumentó que al pintar el Ángel de la Independencia se reescribió un monumento con el fin de “invertir ―y apropiarse― de su eficacia simbólica […]: es la signatura de quienes al pie de ese Ángel, se niegan a convertirse en sus ruinas” (Semo, 2019). Así, los grafitis fueron interpretados como expresiones que llamaron la atención sobre la solidaridad que merecen las mujeres víctimas de la violencia.
La violencia se justificó en columnas del Excélsior y El Universal como una expresión de hartazgo (Ávila, 2019; García, 2019; Rocha, 2019). En dichos textos se dijo que estaban en un error quienes señalaban que el movimiento era legítimo en el fondo, pero no en sus expresiones violentas (Pérez, 2019). La manifestación fue calificada por Pascoe (2019) como la expresión de la “furia” de las mujeres que han decidido dar una “bofetada” a un gobierno sin “conciencia de género” e incapaz de protegerlas. Interpretó la marcha como un acto de rebeldía frente a la incapacidad de la cuarta transformación para cambiar el país y abandonar la visión misógina. En otras palabras, las irrupciones civiles al orden social se interpretaron en estas columnas como traducciones de demandas de solidaridad y justicia para con las mujeres. #NoMeCuidanMeViolan fue considerado, desde este punto de vista, como un performance auténtico.
En columnas de Milenio, Reforma y El Universal la supuesta violencia que se desplegó fue considerada proporcional al tamaño de la indiferencia de las autoridades (Aguilar, 2019; Berrueto, 2019; Editorial El Universal, 2019a; Loaeza, 2019; Zamarripa, 2019). En espacios de opinión de los tres diarios se preguntaron qué esperar cuando la violencia hace aflorar la ira: “¿Que las mujeres de Ciudad de México salieran a protestar calladitas porque así se verían más bonitas? ¿Que en lugar de madrazos a vitrinas repartieran flores a los hombres?” (Becerra-Acosta, 2019). Otros columnistas juzgaron que no era con buenos modales como resolverían el problema. El vandalismo que desplegaron se interpretó como mínimo frente a lo que enfrentaban en los espacios laborales, educativos, domésticos o públicos (Güemes, 2019; Guerra, 2019). También señalaron que las protestas mostraron un cambio generacional en el país y en el feminismo, donde hablan “el miedo y la “valentía”, la denuncia pública y los rostros ocultos (Zamarripa, 2019). Desde esta perspectiva, las manifestantes tomaban distancia de las instituciones tradicionales ―machistas, autoritarias y misóginas, en una palabra: anticiviles― para aventurar la posible construcción de instituciones transparentes, equitativas, justas y libres de violencia de género.
En columnas del Reforma se trató de imprimir un valor revolucionario a la marcha. Según Volpi (2019), la protesta desató la molestia de los defensores de la dominación heteropatriarcal. Estos defensores ―según el autor― llaman vándalas y criminales a quienes pintaron o destrozaron el mobiliario urbano. El poder masculino debe entender que una revolución que busca transformar las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres no puede “seguir las normas de etiqueta dictadas justo por quienes son los responsables del horror”. La etiqueta “feminazis” contra las manifestantes ―opinaron en Reforma― busca contaminar lo que ellas consideran una amenaza contra sus intereses. “Feminazi” es la versión posmoderna del peligro que representaban las amazonas: “mujeres violentas y armadas que viven o quieren vivir en sociedades cerradas que excluyen a los hombres.” “Amazonas y feminazis” son mitos de quienes temen perder el control sobre las mujeres (Turrent, 2019).
Frente a las irrupciones al espacio público se exigió a las autoridades ―en columnas de El Universal y Excélsior― que investigaran y castigaran a los responsables de los desmanes (Zavala, 2019). No es posible ―se argumentó― que se incendie una estación de policía o se destruyan instalaciones del Metrobús sin judicializaciones posteriores (Döring, 2019; El Universal, 2019a). Zavala (2019) afirmó que si no se hacía algo en contra del vandalismo, estaba claro que el gobierno había perdido el control de la ciudad. Según estas interpretaciones, las instituciones de la ciudad se estaban comportando de forma parcial, tolerando actos que debían ser castigados por la ley, lo que evidenciaba su rostro anticivil.
En columnas de La Jornada y El Universal, la actuación del gobierno frente a la marcha #NoMeCuidanMeViolan fue bien calificada. Ackerman (2019) y Serrano (2019) señalaron como positiva la posición del gobierno de no reprimir en ningún momento la protesta. Otros columnistas de estos medios acusaron que empezaría una “cacería de feminicidas y violadores”, ya que Sheinbaum había decidido priorizar este tema en su agenda (Mauleón, 2019). A lo cual había que sumar ―opinó Rodríguez (2019)― los esfuerzos de la administración para reconstruir el tejido social. Así, estas opiniones consideraron que las instituciones regulativas de la esfera civil estaban al fin operando en función de las demandas de justicia exigida por las mujeres.
Hubo quienes insistieron que era conveniente distinguir entre los aliados y los adversarios de la causa feminista en la ciudad. Ackerman (2019) ―de La Jornada― señaló que algunos políticos de derecha buscaban, a través de un “falso feminismo”, utilizar las protestas para “atacar injustamente al gobierno más feminista” de la historia mexicana. Advirtió que el uso de la diamantina ―como símbolo de protesta contra el abuso policial― había caído en manos de la derecha con el fin de dar un “golpe blando” a la cuarta transformación, bajo el argumento de que la derecha y la izquierda eran iguales (Ackerman, 2019). Así, este columnista interpretó que el movimiento feminista se estaba contaminando y perdía autenticidad, debido a que eran grupos contrarios a las políticas de la cuarta transformación.
Solidaridad, civilidad y desempeño gubernamental
La movilización #NoMeCuidanMeViolan fue interpretada en las columnas analizadas como un performance que tuvo cuatro efectos en la esfera civil: 1) detonó un espacio de solidaridad para con las mujeres y un acuerdo de que la violencia contra ellas era un problema grave que debía ser resuelto; 2) cuestionó la supuesta civilidad o anticivilidad de las mujeres que participaron en la manifestación; 3) se cuestionó o respaldó la actuación del gobierno capitalino; y 4) colocó las demandas de inclusión y solidaridad para con las mujeres como actos de reparación civil frente a la violencia que sufren.
Los hechos de alteración del orden en la marcha operaron como performances ―o dramatizaciones― que fueron interpretados por los medios al mismo tiempo como anticiviles o civiles, como auténticos o inauténticos. El campo que clasificó la protesta de las mujeres de anticivil lo hizo atribuyéndoles un conjunto de componentes de impureza civil. Primero: se criticó que las mujeres incurrieran en la violencia, recurso que, se cree desde esta perspectiva, fractura las formas de convivencia civil y democrática. Segundo: se resaltó el supuesto carácter irracional con el que las mujeres expresaron sus exigencias de reparación civil, lo que mostraba ―según este juicio― su incapacidad para ejercer una ciudadanía racional, libre de pasiones y por tanto autónoma. Tercero: las alteraciones al orden público que se llevaron a cabo en la marcha fueron consideradas un desafío al Estado de derecho. Estos elementos permitieron juzgar la marcha desde este campo interpretativo como inauténtica y, en el peor de los casos, sujeta a la manipulación de intereses políticos ajenos a la lucha de las mujeres contra la violencia.
Quienes calificaron la marcha como una alteración justificada y civil al orden social consideraron que fue proporcional e incluso menor que la ineficiencia que mostraron las instituciones para detener el feminicidio y la violencia contra la mujer. Las pintas en los monumentos se interpretaron como marcas para expresar la sacralidad violentada de la vida de las mujeres y la impunidad persistente. Las expresiones de furia fueron valoradas como reclamos legítimos y auténticos de reparación civil. Destruir y pintar el espacio público fue leído desde este campo interpretativo como una forma de justicia feminista que buscaba reescribir los procesos de inclusión social y solidaridad como una ruptura del modelo heteropatriarcal.
La disputa frente al desempeño del gobierno capitalino se dividió entre quienes valoraron que la autoridad había criminalizado la protesta y no había logrado la reparación de los agravios, y quienes apoyaron sus acciones, pues consideraron que había actuado adecuadamente. Incluso apelaron al pasado civil de Sheinbaum como parte del movimiento feminista. Para los primeros, el gobierno no combatió la impunidad, fue insensible a la problemática, no entendió la disputa entre las feministas mismas y excluyó a las jóvenes del debate público. Para los segundos, Sheinbaum actuó de manera democrática al no reprimir la protesta.
Los discursos en disputa compitieron por apoderarse del sentido de la protesta #NoMeCuidanMeViolan. Lograron colocar en el ámbito de la vida nacional el problema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios. La disputa desató un debate sobre las características propias de la protesta feminista y puso en duda las cualidades supuestamente naturales de las mujeres como actores civiles que no usan la violencia para expresar sus demandas. Con este tipo de performances, las instituciones comunicativas de la esfera civil experimentaron e interpretaron una forma particular de definir la inclusión, la solidaridad y las membresías civiles por parte de las feministas. Obligó también al conjunto de instituciones regulativas de la esfera civil a crear un espacio de discusión sobre el sentido de la violencia contra las mujeres.
Conclusiones
Las interpretaciones vertidas en las columnas de opinión sobre la protesta #NoMeCuidanMeViolan y los hechos de disrupción del orden ―en tanto performances― posicionaron la violencia contra las mujeres en el centro del debate sobre la reparación civil. Hubo un acuerdo en las columnas de opinión revisadas sobre la necesidad de cambios en las instituciones del gobierno, con miras a erradicar este tipo de violencia. El análisis de la disputa por el sentido de la movilización, en los cinco periódicos nacionales analizados, permitió sistematizar el debate sobre la legitimidad del uso de la violencia por parte de las feministas y sobre la eficacia del gobierno para atender sus reclamos.
El debate en las instituciones comunicativas de la esfera civil ―en particular la prensa― contribuyó a construir y concretar un nuevo conjunto de valores civiles, en los que las mujeres aparecen al mismo tiempo como víctimas, heroínas y antiheroínas. En el primer caso se les atribuye esa condición porque se reconoce que hay una estructura social e institucional que las vulnera y oprime de modo sistemático. Se les percibe como heroínas porque han sido capaces de alterar el orden civil para garantizarse un espacio en él. Pero se les trata como antiheroínas porque recurren a métodos que se consideran impropios de su condición de género. Cabe resaltar que se pudieron encontrar posiciones a favor y en contra de las alteraciones del orden público en las columnas de los periódicos revisadas ―independientemente del posicionamiento ideológico del diario―, lo cual muestra la diversidad de interpretaciones sobre lo que representó la movilización #NoMeCuidanMeViolan.
La teoría de la esfera civil que expusimos al principio del artículo (Alexander, 2006) permitió una reconstrucción de las disputas sobre la pureza o la impureza civil y sobre la autenticidad o la inautenticidad de la movilización #NoMeCuidanMeViolan, a partir de un análisis de las imputaciones hechas a las motivaciones, a las relaciones y a las instituciones de quienes participaron en dicha movilización. El análisis permite comprender cómo se han expandido las alteraciones al orden por parte del feminismo en México, tomando instalaciones, calles y a veces destruyendo instalaciones públicas. Estas alteraciones se dispersaron en recintos universitarios por todo el país entre 2019 y 2020 exigiendo justicia por casos de acoso y violencia contra las mujeres. Cabe esperar que en el futuro este tipo de intervenciones se incremente si consideramos, como sugiere Varela (2019), que una de las características del feminismo actual a escala global es que toma las calles, las plazas, los espacios laborales y educativos para desmontar el orden heteropatriarcal.
