INTRODUCCIÓN

Actualmente, América Latina atraviesa el mayor periodo democrático de su historia. La tercera ola de democratización (^{Huntington, 1994}) marcó el comienzo de dicho proceso no solo a nivel latinoamericano, sino también mundial. Desde entonces, nunca en la historia de la humanidad el sistema internacional estuvo compuesto por tantos regímenes democráticos (ver gráfica 1), característica que se vio acompañada también por la larga durabilidad -más de 40 años- del proceso (^{Diamond, Mainwaring y Peréz-Liñán, 2015}). Las explicaciones a este proceso son variadas, como así también los patrones en que se dio.

Fuente: Polity IV Project

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE REGÍMENES A LO LARGO DEL PERIODO 1800-2015 

En lo que se refiere a las causas, existieron cambios ocurridos en el plano internacional que posibilitaron la realización del proceso, destacando (^{Huntington, 1994}):

Por el lado de los patrones, todos los países que llevaron adelante un proceso de democratización a lo largo de la tercera ola lo hicieron por medio de diferentes caminos, entre los cuales se pueden identificar: 1) patrones cíclicos; 2) dinámica del segundo intento; 3) democracias interrumpidas; 4) transición directa; 5) proceso de descolonización. (^{Diamond, 2015}; ^{Lust y Walder, 2015}; ^{Huntington, 1994}; ^{Nohlen, 1994}).

En lo que se refiere al patrón de independización, se puede hacer clara referencia a la amplia cantidad de países que formaban parte del bloque soviético y que, producto de la caída del mismo, se constituyeron en países independientes (^{Diamond, 2015}; ^{Lust, E. y Waldner, 2015}). Por el lado de los patrones cíclicos, podemos encontrar países (como Argentina) que tenían en su haber varios intentos democráticos, pero habían sido interrumpidos súbitamente por interruptus autoritarios/dictatoriales. Retomando el caso argentino, la perdida de legitimidad por parte del gobierno dictatorial se profundizó a partir de una coyuntura crítica como la derrota en un conflicto armado, la cual posibilitó el establecimiento de una nueva democracia a partir de 1983. Mientras ciertos países lo hicieron por vías más consensuadas, como lo fueron Brasil (1985), Chile (1990) o Sudáfrica (1991) (^{Karl, 1988}; ^{Share y Mainwaring, 1986}), otros lo realizaron por medios más revolucionarios o como producto de una revolución externa (caso de las colonias portuguesas en África: Angola y Mozambique en 1975).

Sin embargo, lo hasta aquí descrito no implicó que en los años sucesivos las diversas democracias consolidadas alrededor del globo hubieran carecido de desafíos una vez alcanzado dicho estado. A partir del año 2006 se comenzó a observar un proceso de desaceleración respecto al número de democracias electorales que se fueron incorporando al escenario internacional. Tal número llegó a situarse en torno a las 114-119 democracias en el mundo para el año 2013 (Freedom House, 2015); a lo cual se le debe sumar el hecho de que el nivel de libertad¹ en el mundo se vio levemente deteriorado pasando de 3.22 (en 2005) a 3.30 (en 2013) (^{Diamond, 2015, p. 142}). Es en este contexto que comienza a discutirse una nueva literatura que buscaba dar cuenta de las características de este nuevo fenómeno político que estaba aconteciendo en relación a los regímenes políticos.

El “democratic backsliding” (retroceso democrático, en español) buscó trabajar este nuevo fenómeno político por medio de la redefinición de los términos “democracia” y “dictadura”. El concepto propuesto planteó abandonar el análisis dicotómico de los regímenes políticos con el fin de introducir un concepto que permitiera pensar la relación entre los regímenes como un continuum. Abordada la democracia de esta manera (^{Bermeo, 2016}; ^{Diamond, 2015}; ^{Mainwaring y Peréz-Liñán, 2015}; ^{Lust y Walder, 2015}), surgieron nuevas tipologías capaces de identificar con mayor precisión la existencia de áreas marrones (^{O’Donnell, 1993}) o zonas grises (^{Diamond, 2015}) en materia de regímenes políticos.

El objeto del presente trabajo es poner en discusión el concepto de “democratic backsliding” teniendo por base el caso de la República Bolivariana de Venezuela (periodo 2009-2017). Entendemos que el presente caso se muestra de interés ya que permite visualizar claramente las principales dimensiones teórico-metodológicas consideradas centrales a la hora de identificar si el régimen democrático de un determinado país se encuentra “en retroceso”.

La estructura que adoptaremos para nuestro análisis constará de dos partes: una a) teórico-metodológica; b) y otra centrada en el análisis del caso. El primero de los ejes estará destinado a discutir las principales características teórico-metodológicas trabajadas por la perspectiva “democratic backsliding” que serán tenidas en cuenta en nuestro análisis. En lo que respecta al segundo eje, este se encuentra subdividido en dos partes. Primero se realizará un breve desarrollo histórico del caso, que haga principal hincapié en cómo es que se ha desarrollado el conflicto político-social a lo largo del periodo aquí establecido. Por último, se buscará sistematizar el caso sugerido teniendo por base las principales dimensiones teórico metodológicas que la perspectiva seleccionada toma en consideración a la hora de afirmar que una determinada democracia se encuentra en proceso de “backsliding”.

En síntesis, nuestro análisis nos permitirá sostener que Venezuela se encuentra transitando un periodo de “democratic backsliding”, implicando esto último un paso progresivo desde un régimen democrático hacia uno de carácter autoritario. Al mismo tiempo, nos permitirá identificar cuáles son las principales características de dicho proceso. Este trabajo terminará discutiendo algunas problemáticas que se desprenden de la descripción aquí realizada, identificando con ello potenciales interrogantes que sean factibles de realizar en futuros trabajos.

DEMOCRATIC BACKSLIDING COMO CATEGORÍA CONCEPTUAL: LO BUENO, LO MALO, SUS ALCANCES Y ALGO MÁS

En la presente sección nos abocaremos a la presentación de los principales conceptos teóricos que serán utilizados a lo largo del estudio del caso venezolano. Para ello, ya se adelantaron ciertas características propias de la perspectiva, pero resulta de utilidad retroceder, en términos conceptuales, un poco sobre nuestras palabras para mantener el orden en el desarrollo de las ideas.

Si realizáramos una revisión exhaustiva de la literatura disciplinar, nos encontraríamos frente a una rica proliferación conceptual en torno a cómo es utilizado tanto el “adjetivo” democrático, como el “adjetivo” autoritario. Podemos encontrar expresiones más minimalistas (schumpeterianas), como la propuesta por ^{Przeworski (2004}, ¹⁹⁹⁷⁾, en donde se entiende al régimen como aquel método mediante el cual se realiza la asignación de los cargos gubernamentales. De lo anterior se desprende que será conceptualizado como régimen democrático todo aquel en donde “los que gobiernan son seleccionados por medio de elecciones libres y competitivas” (^{Przeworski, 2004, p. 191}), quedando de esta manera enmarcado dentro del concepto de dictadura todo aquello que “no es democracia”. Es decir, a los ojos del autor, el concepto dictadura se torna una categoría residual que es pensada (y delimitada) en forma antagónica al concepto de democracia.

Por otro lado, podemos encontrar conceptos un poco más amplios que el anterior en donde se entiende al régimen como “el conjunto de patrones, explícitos o no, que determinan la forma y los canales de acceso a las principales posiciones gubernamentales, las características de los actores admitidos y de los excluidos de ese acceso, y los recursos [y] estrategias que ellos pueden usar para alcanzarlo” (^{O’Donnell, 1993}). Este concepto, a diferencia del propuesto por ^{Przeworski (2004}, ¹⁹⁹⁷⁾, permite poner en consideración como elementos del concepto no solo a los mecanismos mediante los cuales son seleccionados los gobernantes, sino también a los procedimientos por los que se definen quiénes son aquellos actores que pueden competir por el acceso al poder. De esta manera, se reconoce en el régimen una capacidad de fomentar (así como también desalentar) la existencia de ciertos actores político-sociales en un determinado sistema político.

Sin embargo, a partir del año 2006 se comenzó a observar en el escenario internacional un proceso de desaceleración respecto al número de democracias electorales que iban surgiendo, número que llegó a consolidarse entre las 114-119 para el año 2013 (Freedom House, 2015). La particularidad del fenómeno radicaba en tres elementos (^{Bermeo, 2016}; ^{Diamond, 2015}):

Fuente: ^{Diamond, 2015} (p. 149).

GRÁFICA 2 TENDENCIAS DE LOS INDICADORES DE LIBERTAD Y GOBERNANZA DE FREEDOM HOUSE PARA ÁFRICA (2005-2013) 

Of the 25 breakdowns since 2000 listed in the Table, eighteen have occurred after 2005. Only eight of these 25 breakdowns came as a result of military intervention (…) The majority of the breakdowns -thirteen- resulted from the abuse of power and the desecration of democratic institutions and practices by democratically elected rulers. (^{Diamond, 2015, p. 147}).

Es en este contexto que comienza a discutirse el “democratic backsliding”. En palabras de Bermeo, el retroceso democrático “is the weaking or disassembling of a given set of democratic institutions”. (2016, p. 16). Por ende, la perspectiva pretende abordar este nuevo fenómeno político por medio de la redefinición de los términos “democracia” y “dictadura”. Como se mencionaba anteriormente, el concepto aquí propuesto plantea abandonar el análisis dicotómico de los regímenes políticos para introducir un concepto que permita pensar la relación entre los regímenes como un continuum (^{Diamond, 2015}). Abordada la democracia de esta manera, se pueden describir con mayor precisión las características del régimen político de un país para un determinado tiempo, resaltando con ello cuáles son los componentes democráticos y autoritarios existentes en él (^{Bermeo, 2016}; ^{Diamond, 2015}; ^{Mainwaring y Peréz-Liñán, 2015}; ^{Lust y Walder, 2015}).

Con este fin, la perspectiva establecerá su análisis en torno a tres elementos: a) mecanismos de acceso al poder; b) libertades políticas y civiles; y por último, c) accountability. Claramente, la novedad conceptual radicaba en la intención de querer indagar más sobre el grado en que las libertades políticas y civiles, así como los procesos de check-and-balance variaban de un país a otro, variando conforme a ello la posición que ocupaba un determinado país dentro del continuum. Por esto, los conceptos desarrollados a comienzo de la sección encontraban ciertas limitaciones conceptuales en lo que se refiere a su capacidad descriptiva respecto del fenómeno que aquí es de interés trabajar.

Para ello, era necesario un concepto de régimen político que permitiera dar cuenta no solo de los mecanismos mediante los cuales se accede al poder o de cuáles son los actores que están habilitados a competir por el acceso al poder, sino también a cómo es que se da el proceso de toma de decisiones y su correspondiente implementación. A su vez, dicho concepto debía permitir observar cómo es que tales elementos pueden variar a lo largo de un periodo de tiempo determinado sin tener que llegar al punto de afirmarse que dichas variaciones implicaban el paso abrupto de un extremo del continuum al otro. Debido a ello, la perspectiva sugiere un concepto de régimen político con mayor amplitud conceptual que tuviera los siguientes elementos (^{Zelasnik, 2009, p. 252-253}):

Mediante este nuevo abordaje teórico-metodológico se pueden construir nuevas tipologías capaces de describir (e identificar) con mayor precisión la existencia de zonas grises (^{Diamond, 2015}) en materia de regímenes políticos. Un claro ejemplo de ello lo representa el estudio realizado por ^{Mainwaring y Peréz-Liñán (2015)}, en donde se presenta el estado de situación de los regímenes políticos latinoamericanos en la actualidad. Los autores presentan una tipología compuesta por cuatro (4) categorías, en donde cada una de ellas se encuentra compuesta por diversos países latinoamericanos que presentan características similares en lo que se refiere a sus regímenes políticos. Estas categorías son: 1) Democratic erosion; 2) Democratic stagnation; 3) Democracies with shortcomings y 4) High-Quality democracies.

La democratic erosion está compuesta por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Venezuela. Al entender de los autores, estos cinco países tienen en común el hecho de que han atravesado un profundo proceso de erosión de sus regímenes democráticos. Algunos de ellos pasaron de ser democracias débiles a semidemocracias (casos de Ecuador y Bolivia), mientras que otros (los casos de Venezuela y Nicaragua) representan casos en donde sus regímenes políticos se han constituido en regímenes autoritarios competitivos. Por el lado de Honduras, este país es el único a nivel continental que ha atravesado un golpe de estado. En síntesis, si bien hacia el interior del grupo existe una diversidad de variaciones en lo que respecta a regímenes políticos, todos ellos coinciden en que han sufridos profundos procesos de erosión de sus democracias, mismos que han derivado en el hecho de que sufran un cambio en el grado de consideración de sus democracias.

En lo que refiere a la democratic stagnation, en esta categoría encontramos a países como Colombia, Guatemala, Haití y Paraguay, los cuales, si bien han mantenido niveles importantes de estabilidad democrática, también son países que han encontrado serias dificultades a la hora de llevar adelante un proceso de profundización y consolidación de sus democracias.

Las democracies with shortcomings corresponden a una categoría que reúne a todas aquellas democracias consolidadas de la región (Brasil, Argentina, México y Perú), con altos niveles de desempeño en la materia, pero que han tenido pequeños momentos de conflictividad a lo largo del periodo de estudio. Tales momentos no han implicado en ningún momento la puesta en duda de la estabilidad democrática de los países, pero sí representaron claros desafíos a su capacidad de poder canalizar y resolver dichos conflictos por medio de las ya existentes instituciones democráticas.

Por último, se encuentran las high-quality democracies. Estas democracias son las que mejores puntajes reciben por parte de Freedom House. Los países comprendidos en esta categoría son Chile, Costa Rica y Uruguay. Estos países, no solo son los que mayor longevidad democrática de la región tienen, sino también los países que mejor se han desempeñado en lo que se refiere a establecer un proceso de profundización de sus regímenes democráticos, según los indicadores e índices elaborados por Freedom House.

En resumidas cuentas, la categorización anterior permite ver cómo es posible aplicar la perspectiva teórica metodológica del democratic backsliding al estudio de cuáles son las características presentadas por los regímenes políticos existentes para una región particular del planeta y para un periodo de tiempo determinado.

Sin embargo, la perspectiva presenta una debilidad: no se describe cómo es que se produce la erosión democrática. De esta manera, se puede observar que dentro de una misma categoría como la de erosión democrática se encuentran juntos países que han encabezado procesos completamente diferentes. Por ejemplo, y tomando en consideración los indicadores de gobernanza publicados por Freedom House, difícilmente se puede argumentar que los términos en que se ha dado el fortalecimiento de los poderes ejecutivos frente a los demás poderes institucionalizados del Estado en los países de Ecuador y Bolivia fueron en los mismos términos que lo acontecido en Venezuela. Es por ello que el presente trabajo encuentra de interés retomar la conceptualización de erosión democrática a los fines no solo de identificar cuáles países han presentado transformaciones en sus indicadores de democracia, sino también describir cómo es que se ha dado el proceso de los mismos.

A continuación, se realizará una breve presentación histórica del caso venezolano y se buscará llevar adelante una descripción e identificación de las características principales presentadas por el régimen político vigente en tal país, mediante la aplicación de los elementos teórico-metodológicos que hemos estado discutiendo hasta el momento.

DEMOCRATIC BACKSLIDING: EL CASO VENEZOLANO (2009-2017)

Según Diamond, uno de los mayores desafíos metodológicos que presenta la perspectiva aquí en cuestión es “determine a precise date or year for a democratic failure that results from a long secular process of systemic deterioration and executive strangulation of political rights, civil liberties, and the rule of law.” (^{Diamond, 2015, p. 144}), y el caso venezolano no escapa a dicha dificultad. Tal vez se puede argumentar por el carácter histórico y complejo del proceso político social aquí en cuestión, que es complicado encontrar un hecho singular que actúe como puntapié inicial del proceso de erosión democrática venezolana. Sin embargo, a los fines de esquematizar y ordenar nuestro trabajo, entendemos que es de gran importancia señalar como evento de interés la reforma constitucional del año 2009.

Ya en el año 2007, el gobierno de Hugo Chávez intentó llevar a cabo una reforma constitucional que proponía el cambio de 69 artículos de la Constitución de 1999. Tal reforma buscaba la reelección indefinida del presidente y la ampliación de su mandato a 7 años. No obstante, el “No” a la reforma ganó con un estrecho margen (50.7 % frente a 49.2 %) y el oficialismo no encontró otra salida para ese entonces más que aceptar la derrota. Sin embargo, en febrero de 2009, el gobierno impulsó un segundo intento de reforma, siendo la misma cuestionada en términos de legalidad. En esta segunda ocasión ganó el “sí” con el 54.36 % de los votos. Así, se allanaba el camino para que Hugo Chávez buscara la reelección de manera indefinida.

Tal reforma significó una modificación cualitativa del régimen político venezolano ya que implicaba una alteración del “juego democrático” que se venía jugando hasta el momento, siendo que los actores opositores al gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dejaron de encontrar incentivos que los llevaran a continuar participando en dicho juego. La principal consecuencia de esta dinámica no será otra más que la radicalización del conflicto político-social entre los actores del sistema político, marcando con ello la rápida desaparición del acuerdo social que mantenía en pie el juego democrático venezolano hasta el momento. Es por todo esto que el presente trabajo encuentra de interés comenzar a estudiar el proceso de erosión democrática venezolano a partir del año 2009.

Para el análisis del estado actual del régimen político venezolana, desarrollaremos una breve descripción de la coyuntura económica, política y social de Venezuela a partir de la consideración de una serie de variables. En primer lugar, consideraremos unas variables estructurales (PBI per cápita, inflación), las cuales permitirán dar cuenta de las principales problemáticas que presenta el país latinoamericano en lo que se refiere a materia económica. Por el otro lado, se consideran otras variables de carácter más político-institucional (como la integridad del proceso electoral, la accountability o rendición de cuentas, y las libertades civiles y políticas), las cuales permitirán describir las principales características que presenta el régimen político venezolano en cada una de tales dimensiones. En conjunto, tales variables nos permitirán contar con un análisis descriptivo detallado del momento actual en que se encuentra el régimen democrático venezolano.

Situación económica y social

En varios de sus trabajos Przeworski se abocó al estudio de la relación entre democracia y desarrollo. Su intensión principal radicaba en discutir las principales teorías que establecían la relación entre ambos elementos con el fin de explicitar sus principales capacidades y limitaciones explicativas. A diferencia de lo planteado por la tradicional teoría de la modernización, ^{Przeworski (2004)} entiende que es difícil establecer la existencia de un único camino hacia el crecimiento económico. Sin embargo, el autor afirma que “ninguna democracia jamás cayó, incluso en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, en un país que tuviera un ingreso per cápita más alto que el de la Argentina en 1975, que era de USD 6055.” (^{Przeworski, 2004}). Esto es un elemento interesante ya que el autor no habla de prerrequisitos necesarios para establecer una democracia, pero sí menciona aspectos que aumentan las probabilidades de sobrevivencia de la misma, siendo dicho umbral de PBI per cápita uno de ellos. Si lo aplicamos al caso de Venezuela, podemos observar que dicho umbral de ingreso no ha sido disminuido desde el año 2007.

Esto se debe a que entre 2002 y 2013, Venezuela experimentó un periodo de bonanza económica a partir de un contexto internacional que le proveía altos precios al petróleo. Durante este lapso, 95 de cada 100 dólares que ingresaban en la economía venezolana provenían de la exportación de petróleo (^{Monaldi, 2015}). De esta manera, el gobierno de Hugo Chávez pudo establecer una alta intervención estatal en la economía. La amplia disponibilidad de recursos económicos le permitió al chavismo no solo estatizar industrias venezolanas estratégicas dentro del desarrollo venezolano, sino también implementar un amplio conjunto de políticas sociales que buscaran mejorar los principales indicadores de bienestar del país.

Sin embargo, en 2010 el petrosocialismo (^{Hidalgo, 2009}) comenzó a experimentar signos de flaqueza. En primer lugar, esto se debió a que el sector petrolero se vio fuertemente afectado por la abrupta caída de su precio internacional. El barril de crudo pasó de valer 96.4 dólares en 2014 a 32.4 dólares en diciembre de 2015 (^{Monaldi, 2015}). A esto último, y desde una perspectiva económica interna, se le debe sumar las trabas a la inversión de capital tradicional impuestas por el gobierno por medio de controles cambiarios, expropiaciones, una compleja e ineficiente estructura regulatoria y la presión de la deuda pública, las cuales no hicieron otra cosa más que acelerar la recesión económica experimentada producto de los malos precios internacionales del crudo.

En conjunto, tales factores contribuyeron al hecho de que la economía venezolana se viera seriamente perjudicada. Por ejemplo, la gráfica 3 nos muestra la evolución y proyección del PBI per cápita en cuatro países latinoamericanos según el FMI (citado por ^{Leatherby, 2017}). Si observamos puntualmente los resultados para el caso de Venezuela, encontramos una caída a partir de 2009, siendo las proyecciones para el periodo 2017-2022 aún más alarmantes. El tamaño de la economía venezolana se contrajo un 6.2 % en 2015, un 10 % en 2016 y se proyecta una contracción del 4.5 % para 2017 (^{Werner, 2016}).

Fuente: FMI Database, citado por ^{Leatherby, L. (2017)}.

GRÁFICA 3 PBI PER CÁPITA (EN USD) PARA ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA (1999-2020) 

Por otro lado, la crisis económica tuvo su principal impacto inmediato en la realidad cotidiana de la sociedad venezolana. Por ejemplo, la gráfica 4 nos muestra cómo el aumento de alimentos y bebidas produjo un cambio sustancial en la dieta alimenticia de los venezolanos. La inflación llegó a ser del 181 % en 2015 y del 200 % en 2016 (Puente y Rodríguez, 2016). A través de una encuesta llevada a cabo en 2015 por ONGs y dos universidades venezolanas, se determinó que el 87 % de los entrevistados en el país -en su mayoría de hogares de bajos ingresos- tenían dificultades para comprar alimentos (^{Human Rights Watch, 2016}).

Fuente: Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, Instituto Nacional de Estadística, citado por ^{Leatherby, L. (2017)}.

GRÁFICA 4 PERSPECTIVA COMPARADA ENTRE EL AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (2008-2015) Y EL PORCENTAJE EN QUE CADA FAMILIA AFIRMA COMPRAR CADA PRODUCTO (2014-2016) 

En síntesis, la caída del precio internacional del petróleo junto a los controles cambiarios, la hiperinflación, la deuda pública y la consecuente reducción de las importaciones en una economía estrictamente petrolera, conformó un escenario de crisis económico-social para el nuevo gobierno del PSUV en manos de Nicolás Maduro, que se mostraba como un caldo de cultivo para cualquier profundización del conflicto social que se pudiera experimentar en Venezuela para ese entonces.

Situación político-institucional

En una democracia, la relación conflicto-cooperación entre los poderes de gobierno supone la política normal siempre y cuando se resuelva dentro del marco constitucional (^{Mainwaring y Pérez-Liñán, 2015}); a esto último se le debe sumar el hecho de que los actores deben mantener el compromiso de seguir participando incluso cuando pierden en el juego (^{Przeworski, 2004}; ¹⁹⁹⁷). Si aplicamos dicha afirmación al caso venezolano, podemos afirmar que con la reforma constitucional del año 2009, el oficialismo evidenció un cambio de posturas no solo respecto a los actores sociales opositores al gobierno del PSUV, sino también en relación al “juego democrático”:

1. Se establece como opción válida estirar los estándares legales y constitucionales a los fines de garantizar la permanencia en el poder.

2. La búsqueda por establecer la reelección demuestra una baja intención por parte del chavismo en reconocer cualquier resultado electoral adverso.

En conjunto, ambas afirmaciones representan un cambio político-institucional que comienzan a redefinir el juego democrático venezolano. Esto último no solo erosiona el régimen democrático por vía del accionar del PSUV, sino también por medio de una creciente y continuada radicalización del accionar de los actores sociales opositores al chavismo, los cuales dejaron de observar incentivos positivos en la permanencia del juego democrático actual.

Para describir este proceso de radicalización del conflicto político-social venezolano, procederemos al análisis de tres variables político-institucionales que permitan describir y analizar la forma en que los diversos actores sociales venezolanos dejaron de utilizar los canales democráticos como la principal ruta de resolución de conflictos sin tener que recurrir al derramamiento de sangre (^{Przeworski, 1997}). Dichas variables son: integridad del proceso electoral, accountability (o rendición de cuentas) y libertad civil y política.

La integridad del proceso electoral implica un sistema legal e institucional que promueva y garantice elecciones libres y justas. En términos generales, la integridad involucra un sistema que asegure que los actores políticos que compiten en elecciones puedan hacerlo en igualdad, que se garantice al electorado votar libremente por el candidato de su elección y, por último, que el resultado refleje de manera precisa sus preferencias. Según el Electoral Integrity Project (2013; 2012) la integridad electoral en Venezuela pasó de “moderada” en la votación presidencial de 2012, a “baja” en la elección especial de 2013. La integridad del proceso electoral explicita deterioro y se ha dado de manera convergente con la pérdida de competitividad del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) a partir del fallecimiento de Hugo Chávez y la caída de los precios del petróleo (Alarcón, Álvarez y Hidalgo, 2016).

En diciembre de 2015, ya en el marco de un régimen con graves deficiencias democráticas (Pérez-Liñán y Mainwaring, 2015; Levitsky y Way, 2011), la oposición venezolana logró un resonante triunfo en las elecciones legislativas nacionales. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sumó 45 bancas, mientras que el partido oficialista (PSUV) descendió de 98 a 55. Así, la oposición al chavismo adquirió una mayoría de dos tercios, siendo este el número necesario para aplicar una serie de importantes facultades delegadas por la Constitución (entre ellas la activación de un referendo revocatorio).

Por ejemplo, si observamos el Índice de Democracia Electoral presentado por Varieties of Democracy (V-Dem)³ se puede evidenciar un descenso en la calidad democrática-electoral de Venezuela (de 0.49 en 2009 a 0.35 en 2016). Si bien se observa un marcado descenso desde el año 1999, no se puede dejar de marcar la caída observable para las elecciones de 2013 (ver gráfica 5), lo cual presenta concordancia respecto a la percepción de integridad electoral antes descrita.

Fuente: V-Dem Project (2017).

GRÁFICA 5 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DEMOCRACIA ELECTORAL SEGÚN VARIETIES OF DEMOCRACY PARA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999-2016) 

La concepción de accountability aquí utilizada, de carácter primordialmente horizontal, se basa en: “la existencia de agencias estatales que tienen la autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del Estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos” (O’Donnell, 1997, p. 26). A pesar de la victoria de la oposición en las elecciones y el logro de la supermayoría, el MUD no pudo ejercer su rol como actor de veto del Poder Ejecutivo. Según ^{Polga-Hecimovich (2017)} esto se debió a “through a combination of presidential vetoes and favorable rulings from government-stacked courts, President Maduro has rendered the National Assembly nearly powerless. This has included giving the Supreme Court (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) the power to approve the budget law in October 2016 (a prerogative that belongs to the legislature) (Chinea y Ellsworth 2016; Ellsworth 2016), perpetuating Maduro’s recurring state of emergency, and even declaring the National Assembly in contempt of court.” (p. 35).

A partir del triunfo de la oposición en 2015, se produjo una aceleración del conflicto⁴ dando como resultado una situación de bloqueo mutuo (“political deadlock”) y una radicalización en la forma de explicitar sus posturas por parte de los actores⁵, tal como argumenta ^{Pérez-Liñán (2016)}:

Los líderes políticos con preferencias radicalizadas desarrollan como objetivo primordial el control hegemónico de las instituciones políticas. Y en la medida en que estos objetivos hegemónicos se ponen de manifiesto, la supervivencia de los gobiernos electos y la estabilidad del régimen democrático se ven amenazadas. Una oposición radicalizada busca desestabilizar al gobierno por cualquier medio disponible, sea éste institucional o para-institucional, mientras que un gobierno radicalizado busca restringir el debate público y reducir los niveles de competencia política. (p. 13).

El hecho detonante fue la suspensión oficial, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), del proceso activado por el MUD para realizar el referendo revocatorio presidencial y la suspensión de las elecciones a gobernadores pautadas para 2016. Desde este momento se producirá una escalada en el conflicto entre los actores, culminando con la asunción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las competencias del parlamento el 29 de marzo de 2017. Luego de protestas y presiones internacionales, el Ejecutivo exhortó al TSJ para que revise las sentencias 155 y 156 a partir de las cuáles se atribuía funciones parlamentarias.

En la misma línea de análisis podemos tomar en consideración dos índices construidos por V-Dem Project para la medición en lo que se refiere a restricciones legislativas sobre el ejecutivo⁶ y restricciones judiciales sobre el ejecutivo⁷. A partir de la reforma constitucional de 1999 se ha dado un retroceso en la capacidad de controlar al oficialismo. En 1999, el índice legislativo era de 0.51; en 2009 de 0.05 y en 2016 de 0.34; mientras que el índice judicial en 1999 era de 0.59, en 2009 de 0.08 y en 2016 de 0.03 (ver gráfica 6).

Fuente: V-Dem Project (2017).

GRÁFICA 6 RESTRICCIONES LEGISLATIVAS Y JUDICIALES SOBRE EL EJECUTIVO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999-2016) 

En el índice legislativo se observa una mejora al 2016 comparado al 2009. La elección legislativa de diciembre de 2015 evidencia esta mejora, pero a partir del freno al referendo revocatorio y de la decisión del TSJ en marzo de 2017 al atribuirse las competencias del parlamento, podría esperarse que el índice para el año 2017 se muestre significativamente menor que el índice de 2009. En el caso del índice judicial, se observa una tendencia gradual de abandono de su facultad de poner restricciones al Ejecutivo.

Por variable libertades civiles y políticas, se concibe a la libertad como ausencia de violencia física ejercida por agentes del gobierno y la ausencia de restricción a la libertad política y privada de los individuos por parte del gobierno (^{HRW, 2016}). En este aspecto, ^{Human Rights Watch (2017}; ²⁰¹⁶⁾ advierte una serie de sucesos que han atentado contra las libertades civiles y políticas de los ciudadanos venezolanos:

1. Acciones legales contra opositores políticos por parte del gobierno: el líder opositor Leopoldo López, junto a otras personas, fue arrestado en relación a las protestas contra el gobierno en Caracas en 2014. Según el Informe Mundial de ^{Human Rights Watch (2017)} y Amnistía Internacional (2016), no existen evidencias creíbles que vinculen a López con algún delito, sin embargo, este último fue condenado a cumplir una sentencia de 13 años por una presunta incitación a la violencia mientras participaba en una manifestación.

2. Represión de protestas: a comienzos de 2014, las autoridades respondieron a las manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso brutal de la fuerza. A lo largo de semanas, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes no armados. En muchos casos, las personas detenidas permanecieron incomunicadas en bases militares por 48 h o más antes de ser llevadas ante un juez y algunas sufrieron abusos incluyendo violentas golpizas (^{HRW, 2017}). Este modus operandi de las fuerzas de seguridad se ha repetido tanto en manifestaciones en contra del gobierno, como en contra de la escasez de alimentos básicos.

3. Operación Liberación del Pueblo (OLP): en julio de 2015, el presidente Maduro movilizó más de 80 000 integrantes de la fuerza de seguridad para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. En febrero de 2016, la fiscal general Luisa Ortega Díaz manifestó que 245 personas habían sido asesinadas en redadas de la OLP, durante las cuales intervinieron funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad (^{HRW, 2017}; Provea 2016).

Desde otro punto de vista, la gráfica 7 nos muestra un ascenso sostenido de las muertes violentas en Venezuela. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el país registró 28 479 asesinatos en 2016, cifra que supera los 27 875 casos documentados en 2015 y que arroja una tasa de 91.8 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV); y Observatorio de Violencia, Ministerio del Poder Popular para la Salud, citados por ^{Leatherby (2017)}.

GRÁFICA 7 MUERTES VIOLENTAS ESTIMADAS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999-2016) 

CONCLUSIÓN

El presente trabajo buscaba poner en discusión el concepto de democratic backsliding teniendo por base el caso de la República Bolivariana de Venezuela (periodo 2009-2017). Entendemos que el presente caso se muestra de interés ya que permite visualizar claramente las principales dimensiones teórico-metodológicas consideradas centrales a la hora de identificar si el régimen democrático de un determinado país se encuentra “en retroceso”.

Para ello se procedió a discutir las principales características teórico-metodológicas que encierra el concepto de democratic backsliding, las cuales serían de utilidad para nuestro análisis. En lo que respecta al segundo eje, este fue subdividido en dos partes. Se comenzó realizando un breve desarrollo histórico del caso que hiciera principal hincapié en cómo es que se ha desarrollado el conflicto político-social a lo largo del periodo establecido. Por último, se buscó sistematizar el caso sugerido teniendo por base las principales dimensiones teórico-metodológicas que la perspectiva seleccionada toma en consideración para afirmar que una determinada democracia se encuentra en proceso de “backsliding”.

Conforme a todo lo anterior, el presente trabajo permitió poner en discusión diversos aspectos no solo teórico-metodológico de la perspectiva, sino también cuestiones particulares vinculadas al caso de Venezuela. El cotejo de ambas secciones nos permitió llegar a una serie de conclusiones, las cuales pueden ser estructuradas en dos partes: a) el régimen político venezolano: ¿es o no es una democracia?; b) si en territorio venezolano se ha observado un fuerte proceso de erosión de su régimen, ¿por qué no cae su gobierno? Entendemos que tales preguntas en su conjunto permiten estructurar los principales aportes que desde este trabajo se puede realizar en lo que se refiere a pensar nuevas temáticas de investigación en un futuro cercano.