Introducción

La participación electoral de una comunidad política va más allá de un mero procedimiento para la selección de gobernantes. Se trata de una forma primigenia de expresión democrática y la materialización de un derecho universal cuya práctica refleja la confianza en las instituciones, manifiesta la capacidad de las élites políticas para dialogar con los gobernados, así como también exhibe la eficacia percibida por los ciudadanos para impactar en su sistema político a través del voto. De acuerdo con cifras del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la participación electoral en comicios parlamentarios a nivel mundial presenta claros síntomas de contracción. Entre 1945 y 2015, esta pasó de 80% a 65% con una estable tendencia decreciente a lo largo de los años.

Las elecciones legislativas federales en México no han sido ajenas a este patrón. Entre 1946 y 1958 se registraban promedios participativos por encima del 75%, mientras que en la década reciente que va de 2003 a 2015, este promedio decayó a 56% (IDEA). Quienes han analizado la participación electoral en México concuerdan en que, si bien las tendencias longitudinales a nivel nacional retratan una realidad nacional, los factores que explican este fenómeno deben estudiarse de manera focalizada, por espacios geopolíticos y momentos electorales específicos.

Uno de los casos más llamativos en años recientes en términos de participación, es el de Yucatán. Entidad que después de tener uno de los más altos indicadores de abstencionismo en 1994, se ha proyectado como la más participativa en los procesos federales de 2012 y 2015.

En el presente artículo argumento que la participación electoral es resultado de una combinación de elementos que involucran el entorno político institucional, la capacidad de las élites para movilizar al electorado y una combinación de juicios racionales con factores socioeconómicos que rodean a los ciudadanos en un proceso determinado. Sostengo que Yucatán posee un entorno político institucional caracterizado por la competitividad partidista, un clima de paz social y la concurrencia de procesos electorales federales con locales, condiciones que habilitaron una alta participación electoral en 2012 y posteriormente en 2015.

A partir de datos sociodemográficos de 1014 secciones electorales en Yucatán, propongo un modelo de análisis que, atendiendo este entorno político institucional habilitante, contrasta la influencia de variables racionales y estructurales para explicar la participación en las elecciones legislativas intermedias de 2015.

Entre los principales hallazgos de este trabajo destaca que, de aquellos elementos sugeridos por la elección racional para explicar los niveles de participación electoral, únicamente el tamaño de la sección afectó la probabilidad de que esta fuera altamente participativa. Compruebo que secciones con listados pequeños fueron más propensas a alcanzar los más altos rangos participativos dentro de la entidad. Asimismo, demuestro que aquellas secciones con escasa actividad económica y prevalencia -tanto de analfabetismo como de población indígena- fueron más proclives a reportar una alta participación electoral. Finalmente, hallo que la cobertura de internet tuvo un impacto negativo sobre la propensión a que las secciones registraran una fuerte participación de sus habitantes en las urnas.

En la primera sección del artículo se hace un recuento de trabajos teóricos y empíricos cuyo objeto de estudio ha sido la participación electoral. Se presentan los postulados de las teorías racional y sociológica, haciendo referencia constante a estudios aplicados a México. La siguiente parte se concentra en caracterizar la entidad estudiada, dando cuenta del avance temporal de los niveles de participación electoral en comparación con otros estados y con la media nacional. De igual manera, se describe el entorno político institucional de Yucatán como marco de referencia para explicar la participación electoral en el caso de estudio. Para el acápite posterior se presenta un sistema de hipótesis construidas con base en la revisión de la literatura. Dichas hipótesis son el cimiento argumentativo para probar los postulados teóricos referentes a la participación electoral. Después hago una descripción de las fuentes y el tratamiento de los datos a analizar y explico la pertinencia del uso de secciones electorales como referentes geográficos para obtener conclusiones confiables en torno a la participación de los ciudadanos yucatecos en el proceso electoral intermedio de 2015. Posteriormente expongo y analizo un modelo de regresión logística que tiene como variable dependiente la pertenencia -o no- de una sección al cuartil más alto de participación electoral, usando como predictores las distintas categorías sugeridas por la teoría de elección racional y el enfoque sociológico. Por último, introduzco un apartado de conclusiones donde hago un relevamiento teórico de los datos obtenidos en función de las hipótesis propuestas.

Participación electoral. Discusión teórica y avances empíricos

En el presente acápite retomo los argumentos de distintas teorías e investigaciones empíricas buscando explicaciones tentativas sobre la participación de los ciudadanos yucatecos en el proceso electoral 2015. Si bien dejo de lado algunos enfoques de la participación electoral, retomo el debate entre dos de las más importantes perspectivas teóricas que estudian este fenómeno: la elección racional y el modelo sociológico del voto.

La teoría de la elección racional delinea al voto como una herramienta que los individuos utilizan calculadamente en espera de que sus preferencias personales sobre partidos, plataformas y/o candidatos, se vean reflejadas en la esfera pública. En cada elección, las personas sopesan parámetros subjetivos -como la relevancia de que gane un partido o candidato sobre otro o la influencia que pudiera ejercer su voto individual sobre el resultado final de una elección- para definir la viabilidad lógica de ejercer su voto (^{Tullock, 1967}; ^{Downs, 1957}). Este modelo sugiere que la decisión de participar o no en un proceso electoral es sensible a las consecuencias esperadas del voto individual dentro del agregado social. Si un individuo considera que su participación producirá resultados marginales o que incurrirá en costos mayores a los beneficios prometidos por el ejercicio del voto, es probable que se abstenga de expresarse en las urnas.

Así, un primer elemento de análisis racional es el tamaño de la localidad. La teoría asume que los ciudadanos tienden a votar menos cuando su sufragio se cuenta en espacios geoelectorales con muchos electores, pues estiman que su participación individual tendrá pocas probabilidades de afectar el resultado final de una elección.

Junto con el tamaño de las localidades, la competitividad ha sido un indicador que distintos estudios empíricos han utilizado para probar la racionalidad económica como fuerza motriz de la participación. Ante la existencia de dos o más partidos con probabilidades similares de ganar, y al darse alternancias constantes en el poder, se espera que los ciudadanos muestren un fuerte interés por participar en las elecciones, pues llegan a estimar que su voto individual tendrá efectos visibles (^{Blais, 2000}). Por el contrario, en procesos donde se sabe de antemano quién será el ganador, la gente puede pensar que es indistinto quedarse en casa o salir a votar, asumiendo que su participación no generará efecto alguno sobre el resultado.

Tras analizar la participación electoral a nivel agregado en 17 países durante las décadas de 1960 y 1970, ^{Bingham Powell Jr. (1986, p. 25)} concluyó que la competitividad generó un impacto de exigua influencia sobre los porcentajes de votación. En un estudio comparativo más reciente, que abarcó el periodo entre 1974 y 2004, se fortaleció el hallazgo de Powell al observarse una débil correlación entre competitividad y participación electoral en 52 democracias presidenciales (Dettrey y Schwindt-Bayer, 2009, p. 1331).

En concordancia con otros trabajos sobre elecciones parlamentarias en Europa (^{Marsh, 1998}; ^{Reif y Schmitt, 1980}), la investigación de ^{Morales et al. (2011)} sobre las elecciones de diputados federales en México entre 1997 y 2009, mostró que el votante mexicano desplegó un comportamiento diferenciado entre elecciones legislativas concurrentes e intermedias, participando menos en las segundas. Tales resultados -diría la teoría de elección racional- se debieron a que los procesos electorales intermedios hicieron que la adquisición de información (menos abundante en procesos no concurrentes) fuera más costosa para el ciudadano. A la vez, se pudo deber a que las elecciones intermedias regularmente no proveen mucha claridad acerca de las implicaciones de política pública que pudiera tener el voto individual (^{Franklin, 2004}). Empero la conclusión que más interesa a los fines de este trabajo es que la competitividad no fue un predictor confiable de participación, pues tuvo un impacto bastante reducido en los procesos electorales de 1997 y 2006.¹

El modelo de elección racional exige que el votante sea analizado desde su individualidad, considerándolo como un ente capaz de organizar cálculos de conveniencia para decidir estratégicamente su participación en un proceso electoral. Una de las debilidades de dicho axioma es que ante las ínfimas probabilidades de que el voto de una sola persona determine el resultado de una elección -y que por consecuencia la preferencia de un individuo influya directamente sobre la distribución de bienes públicos-, la solución más racional sería la abstención (^{Goodin y Roberts, 1975}; ^{Arrow, 1969}). No obstante, existe evidencia de que incluso en grandes comunidades electorales donde la posibilidad de definir una elección con un voto individual es casi nula, amplias porciones de ciudadanos deciden sufragar.²

Como alternativa al enfoque racional, la aproximación sociológica propone que la participación electoral está definida por aspectos distintos a los anteriormente descritos. Esta depende de otras causas, como la pertenencia de las personas a contextos metaindividuales que fungen como entornos estructurantes de perspectivas y decisiones políticas. En este sentido, la disposición a votar es resultado de una función que comprende competencias, experiencias y percepciones personales configuradas a partir de interacciones que ocurren dentro de un contexto material determinado.

El modelo sociológico considera que los ciudadanos tienen una racionalidad limitada al experimentar restricciones cognitivas, así como información imperfecta y sesgada por opiniones de sus grupos de adscripción, su nivel educativo, su edad, su condición laboral etc., lo que les impide seguir criterios puramente lógicos para decidir su participación en una elección. Se trata pues, de ciudadanos impregnados por valores y experiencias intersubjetivas, moldeadas por contextos socioeconómicos ora habilitantes, ora restrictivos (^{Rolfe, 2012, p. 4}).

A partir del trabajo seminal de ^{Almond y Verba (1963)}, el fenómeno de la participación electoral se ha relacionado a la posesión de recursos cívicos que contribuyen a cristalizar actitudes latentes de los individuos hacia el sistema. Tales habilidades se desarrollan en círculos de socialización continua, por lo que la manera en que un individuo se relaciona con el ámbito institucional de la política depende tanto de sus pulsiones personales como de los recursos cognitivos y de la percepción de eficacia participativa que le proveen sus referentes colectivos.

Investigaciones sobre distintos países y en contextos temporales variados, han comprobado esta correlación entre el nivel de votación y variables de carácter socioeconómico como PIB per cápita, educación, índices de bienestar y empleo (Dettrey y Schwindt-Bayer 2009; ^{Blais y Dobrzynska, 1998}; ^{Rosenstone, 1982}; ^{Powell, 1982}, ¹⁹⁸⁶). No obstante, la dirección de este nexo entre condiciones socioeconómicas y participación electoral, ha generado posturas encontradas.

Por un lado, hay quienes defienden que los ciudadanos ubicados en estratos económicos superiores son más proclives a votar dado que su bienestar material les facilita la obtención de recursos valiosos para informarse, socializar y orientar su voto, además de que disponen de una mayor cantidad de tiempo libre para reflexionar sobre el ámbito político. Así, aquellos ciudadanos que experimentan estas condiciones, poseen diversas fuentes de información además de un engranaje cognitivo sólido para reflexionar e interpretar esa abundante información, lo que reduce sus costos de votar. Tanto la posesión de recursos como la percepción positiva de incidencia sobre las decisiones políticas de un sistema -que en cierto sentido les favorece- llevan a que estos ciudadanos tengan pocos incentivos para delegar decisiones políticas en sujetos “mal informados” o que puedan respaldar propuestas de cambio al statu quo (Norris, 2002; ^{Gray y Caul, 2000}; Miller, 1977; ^{Matsusaka, 1995}).

Siguiendo esta línea, ^{Goodin y Dryzek (1980)} sostienen que los ciudadanos menos favorecidos en términos económicos son poco participativos debido a que perciben que sus peticiones son constantemente marginalizadas del debate público. En otras palabras, experimentan una sensación de ineficacia del voto individual que los lleva a un paulatino retraimiento de la política institucional, ya sea para apartarse por completo de la participación electoral, o bien para buscar otras vías a través de las cuales puedan modificar la estructura de distribución de los recursos (^{Solt, 2008}).

Del lado contrario, hay quienes sostienen que la lucha electoral constituye la única arena donde se pueden superar las distinciones de clase, ingreso y nivel educativo. Dado que la democracia -a diferencia de la lógica de mercado- le da un peso igual a todo votante, los ciudadanos menos aventajados ven en las elecciones la oportunidad para que sus opiniones sean escuchadas, razón por la que aquellos que carecen de recursos salen a las urnas cada que el sistema les permite expresar sus reivindicaciones (^{Meltzer y Richards, 1981}).

Wolfinger y Rosenstone (1980) se colocan del lado del debate que encuentra una correlación positiva entre posesión de recursos y participación electoral. Los autores afirman que la escolaridad produce un efecto positivo sobre esta. Parten de que la exposición de un individuo a espacios formativos aumenta su capacidad para reconocer fuentes de información e incrementa sus recursos cognitivos disponibles, lo que genera una natural acentuación de su interés en la política, así como su capacidad para entenderla; a la vez que fomenta en la persona un sentimiento de deber y conciencia cívica; y son estos pilares de una cultura democrático-participativa.

De acuerdo con ^{Salazar y Temkin (2007)}, esta expectativa teórica fue aplicable al caso mexicano desde finales de los ochentas y hasta antes de 2003. Comentan que esta inversión en la relación entre escolaridad y participación que se dio en el proceso federal intermedio de 2003, se debió a “una reducción…de los niveles de confianza en las instituciones políticas por parte de los grupos más escolarizados” (^{Salazar y Temkin, 2007, p. 26}). En su estudio proponen que, a partir de 2003, la escolaridad ha generado actitudes más críticas hacia el desempeño del gobierno y las instituciones políticas, lo que puede reducir la participación.

Otro elemento que ha manifestado influir sobre la participación ciudadana en los comicios, es la edad. Uno de los principales argumentos de la literatura especializada es que los jóvenes reportan una menor participación que cohortes etarias mayores debido a que los primeros transitan por una etapa en la que apenas comienzan a conocer los efectos de las decisiones políticas sobre sus vidas, mostrándose poco interesados en los resultados electorales. Esta hipótesis asume que conforme la gente madura, adquiere recursos y experiencias que estimulan su participación electoral (^{Rosenstone y Hansen, 1993}). Asimismo, se piensa que dada su corta edad, los jóvenes no han generado vínculos ideológicos o militancia con alguna fuerza partidista. En este sentido, viven una ciudadanía en ciernes por lo que generalmente carecen de conocimientos sobre el funcionamiento y las repercusiones de la participación política, lo cual limita tanto sus recursos disponibles para ejercer el voto como el costo moral de abstenerse (^{Morales et al., 2011, p. 171}; ^{Franklin, et al., 2004}; ^{Rubenson et al., 2004, p. 416}).

Existe una convergencia generalizada en que los medios masivos estimulan el interés ciudadano sobre los procesos electorales; ayudan a que los electores hagan un monitoreo más eficiente de sus gobernantes (^{Besley y Prat, 2006}); diseminan información relevante sobre candidatos y partidos a una gran cantidad de personas; y permiten que las partes en competencia difundan sus mensajes para movilizar a los ciudadanos a las urnas. Sin embargo, la creciente densidad informativa y las formas de interacción producidas por estos medios, ha evolucionado desde la radio hasta el internet, impactando sobre la participación electoral de manera diferenciada.

Un estudio sobre los años en que la radio se introdujo a los hogares de EE.UU., comprobó que las regiones con alta presencia de receptores radiofónicos tuvieron un notable incremento en su participación electoral (^{Störmberg, 2004}). Poco tiempo después, ^{Gentzkow (2006)} descubrió que la irrupción de la televisión en ese mismo país, redujo la participación en elecciones congresionales intermedias entre 1940 y 1970. El autor atribuyó tal hallazgo a que la televisión generó una sobresaturación de mensajes complejos que exigían de altas competencias cognitivas por parte de los electores para comprender y decodificar tanto los asuntos políticos, como las posturas partidarias proyectadas en su televisor. Al no contar con estos insumos interpretativos, el grueso de la población experimentó una sensación de desconocimiento sobre el proceso político, lo que hizo que se alejaran de las urnas.

La irrupción de internet en el campo de las contiendas electorales representó la posibilidad de acceso a grandes volúmenes de información. Dos propiedades cruciales que distinguen al internet de otros medios han sido consideradas como potenciales factores de modificación de la participación electoral. La primera es que permite la autogestión de la información; el tipo de contenidos a los que accede el usuario no dependen, como en el caso de radio, televisión e impresos, de líneas editoriales y filtros previos (^{Durante y Knight, 2012}). Y la segunda, es que a través de la red el ciudadano puede formar parte activa del debate político en forma no presencial. La posibilidad que brinda el internet para hacer donativos, activismo de campaña y verter opiniones en foros, notas periodísticas, etc., hace que los usuarios pertenezcan a comunidades virtuales donde afirman, expresan y contrastan tanto su identidad política, como sus demandas de manera constante y no necesariamente presencial.

Tras revisar este conjunto de teorías y estudios, la propuesta analítica de este trabajo considera que es imposible extraer a un individuo de la red de estructuras socioeconómicas que lo rodean. Empero, asume que si bien dichas estructuras moldean las perspectivas políticas del individuo por contener factores habilitantes o restrictivos para la participación electoral, también es cierto que estas no determinan a un ciudadano al grado de desvanecer su voluntad individual, su razonamiento, ni sus intereses personales. En este sentido, el modelo aquí propuesto considera que, junto con el componente comunitario y contextual, existe cierta racionalidad individual detrás de la participación electoral, por lo que elementos como la competitividad, el tamaño de la localidad o las alternancias reiteradas, tienen la potencialidad de estimular o inhibir al homo economicus en la expresión de sus preferencias políticas.

El caso de Yucatán

El voto no es la única forma en que los ciudadanos pueden expresar sus preferencias políticas, comunicarlas a sus representantes e incidir en la conformación de las agendas de gobierno. No obstante, la participación de los ciudadanos en elecciones periódicas representa el pilar de cualquier sistema democrático. El ejercicio de este derecho estimula la rendición vertical de cuentas e incluye al individuo de manera continua en las resoluciones colectivas.

Como se mencionaba anteriormente, un caso notable en términos de participación electoral en México, es el de Yucatán. A pesar de que en 1994 fue la entidad federativa con mayor nivel de abstención, tanto en 2012 como en 2015, Yucatán ha sido el estado con mayor participación electoral para la elección de sus diputados federales.

Si se ve en forma longitudinal, promediando solo el porcentaje de votantes del estado que han ejercido su derecho al voto desde 1997, la entidad supera la media nacional en 11 puntos porcentuales. De acuerdo con l gráfica 1 que se muestra a continuación, el punto más alto se encuentra en la jornada intermedia de 2015, cuando rebasó a la media nacional por 21.3 puntos, siendo por segunda ocasión consecutiva la entidad que obtuvo el mayor indicador de participación electoral en un proceso federal.

Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2012. Instituto Nacional Electoral (INE).

Gráfica 1. Comparación del nivel de participación electoral en Yucatán con la media Nacional (1991-2015)  

Como lo refleja la gráfica 2, entre 1991 y 2015, Yucatán ha mantenido una clara tendencia a reducir su distancia con respecto de la entidad de mayor participación. Si bien el comportamiento de sus votantes no es uniforme y contiene algunos picos de abstención como en 2003 y 2009, el desenlace es que en las elecciones de 2012 y 2015 aparece como la entidad más participativa de todo el país.

Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2012. Instituto Nacional Electoral (INE).

Gráfica 2 Distancia porcentual entre Yucatán y la entidad más participativa del proceso electoral (1991-2015) 

Analizando datos electorales a nivel sección, el salto participativo en la entidad es mucho más notorio. Los mapas expuestos a continuación expresan de manera gráfica este proceso de incremento en la vocación participacioncita de la entidad por sección. Los mapas permiten ver que la región central de la entidad tendió a concentrar la mayor parte de las secciones muy participativas dejando los perímetros sur, noroeste y este como los territorios yucatecos con mayor concentración de secciones no altamente participativas.

N= 1014 secciones electorales del estado de Yucatán. Las secciones en blanco (con el valor “Null”) fueron excluidas del análisis por no haber información electoral suficiente en el PREP 2015. Fuente: elaboración del autor en el programa ArcGis, con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la elección de Diputados Federales 2015 y Sistema de estadísticas censales a escalas geoelectorales (IFE-INEGI). Nota: Para ser consideradas altamente participativas, las secciones debieron registrar un nivel de asistencia electoral por encima del 81% (cuartil superior de la distribución media entre 2009 y 2015).

Mapa 1 Secciones altamente participativas por proceso electoral (2009-2015)  

Para ayudar a la lectura de los anteriores mapas, considérese que, en las tres últimas elecciones, la cantidad de secciones electorales altamente activas -es decir, que tuvieron más de 81% de participación con respecto de su lista nominal- tuvo un aumento notorio. En 2012, 461 secciones fueron altamente participativas (45.46% de la entidad), lo que representó un incremento con respecto de 2009 de más del 35%, cuando únicamente se registraron 86 secciones muy participativas. Finalmente, para 2015, la aparición de secciones con alta participación fue menor a la de 2012 (367 secciones que representaron el 36.19%), aunque la cifra fue notablemente superior si se contrasta con 2009.

Yucatán es un estado donde se conjugan distintas condiciones político-institucionales que pueden estar relacionadas con la consolidación de su comportamiento altamente participativo. Estas son el clima de seguridad, las alternancias a nivel estatal y el esfuerzo institucional por garantizar la concurrencia de los procesos locales con los federales.

Indicadores recientes retratan a Yucatán como una entidad con baja incidencia de delitos. La relación inversa entre violencia y participación electoral ha sido ya demostrada por distintos estudios (^{Somuano y Velázquez, 2013}; ^{Trelles y Carreras, 2012}; ^{Magaloni et al. 2012}). En tal sentido, permanece como una de las entidades menos afectadas por este fenómeno, lo cual hace pensar que estimula el acceso de sus ciudadanos a las urnas.³

Como se mencionó en el apartado anterior, tanto la competitividad partidista, como la alternancia generan en los ciudadanos una percepción de mayor peso específico de su voto por lo que tienden a aumentar sus incentivos de participar en las elecciones.

Yucatán es una de las pocas entidades donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) encontró una oposición partidista sistemática y efectiva. Después de un retiro protestativo de las urnas en la década de los setenta, el Partido Acción Nacional (PAN) se replanteó como la más importante oposición al PRI en la entidad, dando origen a una dinámica bipartidista que “ha dejado poco espacio para otras expresiones partidistas, en especial para aquellas ideológicamente asociadas con la izquierda” (^{Figueroa-Magaña, 2013, p. 138}).

El crecimiento del voto urbano independiente, derivado de la erosión del corporativismo local, de una cultura de rechazo a las políticas del gobierno central y de la crítica al priismo por parte del clero y algunos medios independientes, permitió que la fuerza del PAN se esparciera paulatinamente de la alcaldía en Mérida (ganada en forma consecutiva por este partido entre 1990 y 2010) al congreso local y posteriormente hasta la gubernatura (^{Figueroa-Magaña, 2013}).

Este complejo proceso político desembocó en un sistema bipartidista altamente competitivo haciendo de Yucatán uno de los pocos casos donde se ha vivido doble alternancia. Después de haber sido gobernado por el PRI, tuvo un primer periodo de alternancia que permitió a la oposición (PAN) acceder a la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal y después, el mismo ejercicio democrático, permitió al PRI recuperar esta posición. En este sentido, Patricio Patrón Laviada fue el primer gobernador de oposición electo (PAN-PRD-PT-PVEM) y su victoria, con 53.52% de los votos, le permitió gobernar la entidad entre 2001 y 2007. En 2007 -última fecha en la que se celebraron elecciones locales en el estado sin que coincidieran con el calendario de comicios federales-, Ivonne Ortega Pacheco recuperó la gubernatura para el PRI con 49.24% de los votos a su favor. Dicho triunfo del PRI sería refrendado en 2012 por Rolando Zapata Bello.

Diversas investigaciones han corroborado las ventajas que puede generar la concurrencia de procesos electorales en términos de participación (^{Morales, et al., 2011: 141-144}). Por ejemplo, ^{Crespo (2010)} documentó cómo las entidades que organizaron procesos concurrentes en la elección intermedia de 2009, tuvieron una participación electoral 15% mayor que aquellos estados en donde los procesos local y federal no coincidieron. En este sentido, la autoridad electoral, en conjunto con las instancias decisionales de la entidad, han hecho un esfuerzo conjunto por emparejar el calendario de los procesos locales con los federales. Por decreto, el congreso local redujo el periodo de gobierno de Ivonne Ortega Pacheco a 5 años. De esta forma se empataron (concurrencia) las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales con los procesos electorales federales. A la fecha, se han llevado a cabo dos elecciones concurrentes y este hecho coincide en que han sido también las que han mostrado los resultados más sobresalientes, en términos de participación para el estado, respecto del resto de las entidades federativas. En 2012, por ejemplo, alcanzó 75% de participación y en 2015, un 68.66%.

Respecto a los indicadores demográficos en general, el estado no muestra características disímbolas con el resto del país. La proporción de hombres y mujeres es prácticamente igual a la composición nacional. Lo mismo sucede con el tamaño promedio de sus hogares, 3.8 y 3.9 respectivamente; y el porcentaje de población mayor a 5 años, con educación primaria completa también es muy similar (INEGI).

Por otro lado, existen variables que se alejan marginalmente de la radiografía nacional, como es el caso de su Población Económicamente Activa (PEA). De sus cerca de 2 millones de habitantes, poco más de 997 mil se definen como PEA, cifra que equivale a 50.99% de la misma; mientras que a escala nacional el mismo porcentaje equivale solo a 46.68% (INEGI).

Al revisar la agenda de Gobierno que refleja el Catálogo de programas de bienes y servicios públicos 2015 de Yucatán, se observó un importante reconocimiento a la importancia que tiene la población indígena maya en la región; 13 de sus 180 programas gubernamentales se enfocan en apoyos para preservar y enriquecer sus costumbres, legado y tradiciones, pero también a fortalecer su acceso a la justicia, impulsar sus proyectos productivos y consolidar su desarrollo comunitario.

En síntesis, Yucatán posee un entorno político institucional habilitante para altas tasas de participación electoral. El clima de tranquilidad sumado a un sistema bipartidista altamente competitivo, con alternancias constantes en cargos de distintos órdenes de gobierno y la tendencia a compatibilizar los calendarios electorales subnacionales con el federal, se consideran como elementos contextuales que facilitan la expresión ciudadana en las urnas. No obstante, estas variables contextuales resultan insuficientes para explicar por qué en ciertas regiones del estado que muestran una relativa estabilidad a lo largo de las tres últimas elecciones, existe una mayor propensión a que haya secciones altamente participativas.

Hipótesis

A continuación, se plantea un sistema de hipótesis cuyo objetivo es comprobar si las relaciones causales sugeridas por los distintos preceptos teóricos tratados en líneas previas se comprueban, o bien son refutadas, en la elección para diputados federales de Yucatán en 2015.

H1: racionalidad económica. Con base en los presupuestos de la teoría racional, que asume al voto como una función de utilidad, la cual contrasta los costos con las ventajas esperadas de sufragar, se espera que la participación electoral se vea incrementada en aquellas secciones con altos niveles de competitividad, donde se registren alternancias continuas y en unidades geográficas, tengan un tamaño relativamente pequeño de votantes. Tales expectativas se sustentan en la idea de que los individuos tienen incentivos para emitir su voto cuando tienen una expectativa racional de que su participación individual puede afectar el resultado de los comicios.

H2: eficacia electoral. En secciones con altos índices de analfabetismo y desempleo, la participación electoral será reducida. Si se asume que tanto el analfabetismo, como la inactividad económica son condiciones estructurales que se enraízan en entornos territoriales y se reproducen por largos periodos de tiempo -incluso por generaciones-, los ciudadanos en tal situación pueden percibir que ni su participación en los comicios, ni los resultados electorales agregados modifican sus condiciones de vida. Así, las secciones electorales pobladas por ciudadanos en estratos socioeconómicos altos, serán más participativas que el resto debido al acceso privilegiado de sus habitantes a recursos habilitantes en la esfera política y a una sensación de eficacia del voto.

H3: ciudadanía en construcción. Las localidades con una alta prevalencia de jóvenes tendrán niveles reducidos de participación electoral dado que estos grupos etarios tienden a poseer recursos informativos y cognitivos limitados, así como una débil afección por los asuntos públicos.

H4: amplificación mediática de los recursos políticos. En regiones con una amplia cobertura de medios masivos de comunicación, como internet y televisión, se registrarán altos niveles de participación electoral. El acceso de los ciudadanos a estos medios ampliará sus recursos cognitivos, sus capacidades cognitivas y su interés en el proceso electoral, aun tratándose de una elección intermedia.

Datos y métodos

En el presente estudio, se analizan las elecciones para Diputados Federales de mayoría relativa realizadas en junio de 2015, tomando como unidades de observación las secciones electorales definidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el estado de Yucatán.

Las secciones son fracciones de los distritos uninominales que constituyen las unidades mínimas de la geografía electoral en México. Cada sección se conforma con un mínimo de 100 y un máximo de 3000 electores, debiendo respetar los linderos municipales, y siendo necesaria la instalación de una casilla por cada 750 electores o fracción dentro de cada sección electoral (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE, arts. 147 y 253).

En el proceso electoral intermedio de 2015, la geografía política de Yucatán estuvo conformada por un total de 1129 secciones electorales distribuidas a lo largo de cinco distritos federales uninominales (Ticul, Progreso, Mérida (1), Mérida (2) y Valladolid).⁴ En este estudio se debieron eliminar aquellas secciones donde no hubiera información suficiente por contener registros ilegibles o con casillas que no reportaron resultados, quedando descartados los votos de 41887 yucatecos, lo que representó el 3.3% del listado nominal en 115 secciones.

La decisión metodológica de elegir secciones electorales como unidades de observación para el presente trabajo, tiene un correlato con el modelo analítico propuesto. Dado que no hay una encuesta a nivel individual que permita conocer características socioeconómicas y percepciones de cada votante -o de una muestra estadísticamente significativa de la entidad-, decidí enfocarme en unidades territoriales con un grado controlado de heterogeneidad. Al estar conformadas por manzanas o localidades, los hogares e individuos que se encuentran dentro de cada sección electoral, asumo que comparten ciertas características socioeconómicas entre sí.

Este análisis sigue la propuesta planteada por ^{Lizama (2012)} de que, en años recientes, México ha demostrado una clara regionalización de las vocaciones participacioncitas de sus habitantes. Este autor comprobó que la prevalencia de insumos habilitantes o restrictivos para la participación política puede ser explicada por marcos geográficos de referencia, los cuales funcionan como contenedores de grupos ciudadanos que comparten condiciones sociodemográficas. Una línea metodológica de esta naturaleza permite observar que la participación política no es un fenómeno únicamente individual sino que tiene un componente colectivo que se materializa en clusters geoespaciales cuyas vocaciones participativas permanecen relativamente estables a lo largo del tiempo.

En el sentido de lo anterior, considero que al ser unidades territoriales más pequeñas que las estudiadas por Lizama (municipios), las secciones electorales pueden reflejar con cierta nitidez un conjunto de características socioeconómicas compartidas por los segmentos de votantes que ahí habitan. Con ello, espero probar la influencia del componente social sobre la participación electoral en los comicios intermedios de 2015.⁵

La fuente utilizada para obtener información electoral de las secciones en Yucatán -votos para cada partido o coalición, tamaño de la lista nominal, votos nulos y votos para candidatos registrados-, fue el Programa de Resultados Preliminares (PREP, 2015).⁶ Es preciso mencionar que este programa muestra resultados electorales no oficiales, ya que su función es meramente informativa, siendo el cómputo distrital, el procedimiento legal por el que se determina al ganador y presenta los resultados oficiales de la elección. No obstante, el sistema PREP ha sido evaluado por diversas auditorías como un mecanismo confiable tanto en términos técnicos, como de contenidos (véase por ejemplo la auditoría de la UNAM sobre el PREP disponible en: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_325.html).

Los datos sociodemográficos (población económicamente activa, hogares censales indígenas, etc.) correspondientes a cada una de las 1129 secciones electorales de Yucatán, fueron recuperados de la página estadísticas censales a escalas geoelectorales (http://gaia.inegi.org.mx/), la cual contiene paquetes estatales descargables con información desagregada por sección del censo de población y vivienda 2010.⁷

Para analizar estos datos, fue necesario establecer una selección de variables con base en el marco analítico desarrollado en líneas previas. La primera variable definida en el estudio fue la dependiente; es decir, la participación electoral. Esta se obtuvo de dividir el total de votos -incluyendo anulaciones y candidatos no registrados- entre inscritos en la lista nominal de cada sección para el proceso electoral 2015. Tras realizar diversas pruebas de normalidad, se observó que esta variable de tipo continuo, describió una distribución Poisson multimodal, lo que de entrada impidió la realización de cualquier análisis con base lineal.⁸ Fue por ello que se tomó la decisión de hacer un análisis de regresión logística binomial.

Con el objeto de tener una variable dependiente acorde con el modelo sugerido, fue necesario realizar una transformación dummy definiendo un umbral de corte con base en el porcentaje de participación; esto para distinguir entre secciones con un nivel regular o bajo de participación, de aquellas con una alta incidencia participativa. Después de dividir la variable escalar por 3 puntos naturales de corte (jenks), dicho umbral se fijó en 81% (valor mínimo del cuartil superior). En este sentido, aquellas secciones con una participación por encima del umbral de 81%, se codificaron como 1= altamente participativas; las demás obtuvieron una codificación de 0= no altamente participativas.

Las variables independientes empleadas para medir el segmento racional del voto por sección fueron la competitividad, la alternancia y el tamaño de la sección electoral. La competitividad fue calculada como: el inverso del cociente resultante de la diferencia entre partido o coalición ganadora y segundo lugar:

Ello permitió tener un índice de competitividad de 0 (sección con competitividad nula) a .99 (sección perfectamente competitiva). Posteriormente, se transformó el valor de este índice escalar a una variable categórica que permitiera distinguir las secciones altamente competitivas del resto. Para ello, se siguió el mismo procedimiento de división por cuartiles utilizado para la participación electoral y se codificó cada observación, estableciendo la cifra de .86 como el referente. Así, las secciones con una competitividad por encima de .86 -en los procesos de 2009, 2012 y 2015- se definieron como 1= altamente competitivas y el resto como 0= no altamente competitivas.

La alternancia por sección se empleó como segundo elemento de prueba para la explicación racional del voto. Esta se expresó como variable nominal dicotómica contrastando al partido ganador en las elecciones intermedias de 2009 con el ganador de 2015. Así, cuando el partido ganador en 2009 fue el mismo que en 2015, la sección se codificó como 0= no alternancia. En el caso inverso, su codificación fue de 1.

El tamaño de la sección electoral (cantidad de ciudadanos en la lista nominal de cada sección) se recodificó para ser convertida en un predictor dicotómico para abonar al fragmento racional del voto. Nuevamente recurrimos al método de división por puntos de corte para cuatro grupos iguales. De esta manera, aquellas secciones con una cifra superior al valor de corte mínimo para el cuartil superior (en este caso, las que hubieran tenido 2098 o más electores inscritos), se codificaron como 1= grandes, mientras que las secciones que tuvieron una lista inferior a esa cifra se codificaron como 0= no grandes.

Ahora bien, para comprobar los efectos de factores socioeconómicos sobre el voto, se consideraron distintas variables como el porcentaje de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), PEA, analfabetas mayores de 15 años, personas mayores de 60 años y personas entre 18 y 24 años; todas con respecto del total de pobladores en la sección electoral. Asimismo, con respecto del total de viviendas habitadas en cada sección, se calculó el porcentaje de viviendas particulares habitadas con acceso a ciertos bienes como radio, televisión, teléfono fijo, celular e internet,⁹ así como el porcentaje de población indígena.

Con el objeto de facilitar la lectura del modelo logístico y superar problemas derivados de la distribución anormal de algunas variables, todas las anteriores fueron convertidas a valores dicotómicos por el método de puntos de corte para grupos iguales.¹⁰

Explicando la participación electoral en Yucatán, 2015. Un modelo de análisis

Antes de introducir el modelo, presento una tabla con los principales descriptivos en bruto -es decir, sin transformaciones- de cada una de las variables analizadas. Un dato que por ser categórico no se incluye en la tabla, son las secciones que vivieron alternancia entre 2009 y 2012. En total fueron 261 secciones electorales, lo que representó el 25% del universo analizado en esta investigación.

Como se dijo anteriormente, dadas las restricciones de normalidad presentadas en la distribución de la variable dependiente (participación electoral), se realizó un modelo de regresión binaria logística con efectos fijos. Este tipo de modelos develan la relación entre una variable dependiente cualitativa dicotómica y una o más variables independientes mediante una ecuación exponencial. Su objetivo es medir la probabilidad de ocurrencia de un suceso -en este caso, que una sección registre un alto nivel de participación electoral- en función de la significación e influencia que distintas covariables generen sobre dicho evento. Así, la ecuación empleada para estimar la participación electoral fue:

El primer indicador estadísticamente significativo mostrado en la tabla 2 es el tamaño de la lista nominal. Comparadas con las secciones que no tuvieron una alta concentración de electores enlistados, las secciones electorales de mayor densidad en su lista nominal, tuvieron momios 62 % inferiores de ser altamente participativas. Es decir, cuando las secciones electorales tuvieron listas numerosas, existió una menor probabilidad de que estas reportaran altos porcentajes de participación.

Dicho resultado soporta el argumento de la perspectiva racional de que los ciudadanos reservan su voto cuando conocen que este puede tener una incidencia acotada sobre el resultado de una elección. Si forma parte de un listado nominal grande, un individuo puede tener la percepción de que su voto individual se diluirá perdiendo su peso específico, lo que induciría su abstención. Una explicación alternativa para este resultado, es que los partidos políticos tienen una mayor capacidad de persuasión en secciones pequeñas donde, con recursos relativamente manejables de monitoreo y comunicación, pueden movilizar con cierta eficiencia a posibles votantes.

Si bien la teoría de la elección racional considera la alternancia como un elemento que estimula el voto, en el caso de Yucatán este indicador tuvo una modesta incidencia sobre la participación electoral. Es decir, el hecho de que una sección viviera alternancias partidistas en procesos previos, no aumentó su propensión de ser altamente participativa como lo esperaría la teoría. Tal resultado puede tener una explicación metodológica, propia de las unidades de observación seleccionadas para este estudio. Y es que los ciudadanos difícilmente identifican si su sección o su distrito vivió una alternancia. Un individuo construye sus juicios participativos a partir de resultados electorales visibles, que generen consecuencias programáticas. Por tanto, se podría pensar en que las alternancias municipales o estatales -y no las de secciones electorales- sí tendrían alguna incidencia sobre la participación electoral.

La competitividad es otro factor que la teoría racional considera para explicar la participación electoral. El modelo arrojó que la competitividad de las secciones en las elecciones intermedias de 2009, fue el único dato que impactó el nivel de votación en 2015 aunque tuvo una incidencia estadística poco significativa. De esta manera se comprueba que ni la competitividad en las elecciones inmediatas anteriores, ni la registrada en el mismo proceso electoral, constituyeron un factor estimulante para la participación electoral.

Como ocurrió con la alternancia, al haber definido secciones como las unidades de observación, se pudo haber limitado la capacidad explicativa de la competitividad. Es decir, cabe la posibilidad de que los ciudadanos no percibieran -o no les resultara relevante- si su sección fue competitiva. En cambio, sí reconocieron la competitividad en referentes territoriales más concretos en términos de representación política, como el municipio o el estado.

Esta primera parte del modelo permitió observar que del conjunto de variables normalmente usadas por la teoría de la elección racional para explicar la participación electoral, únicamente el tamaño de la lista nominal tuvo el efecto esperado. Si bien la alternancia y la competitividad se correlacionaron débilmente con la participación, esto pudo deberse a la estrategia metodológica propia de este trabajo. Aunque esto no descarta la posibilidad de que, en efecto, el ciudadano de Yucatán le haya otorgado un peso marginal a estos factores al momento de decidir si emitiría su voto o no.

El porcentaje de PEA fue el primer elemento estructural del voto considerado en este análisis. La hipótesis de la eficacia electoral, hacía esperar una relación positiva entre actividad económica y participación electoral. Contrario a esta expectativa, el modelo demostró que las secciones con altas concentraciones de PEA, tuvieron momios 77 % menores de resultar fuertemente participativas que aquellas con bajos porcentajes de PEA. Con ello se puede consentir que la inserción -o búsqueda de inserción- en el mercado laboral, no necesariamente activó en el ciudadano una percepción de efectividad en el voto u otro sentimiento que lo haya incentivado a participar. El hecho de que aquellas secciones con altos porcentajes de beneficiarios del IMSS (trabajadores con un empleo estable) tampoco fueran más proclives a ser altamente participativas, refuerza la noción de que la inserción (efectiva o intencional) en el mercado laboral, no aumenta los impulsos de participación electoral.

Una de las causas asociables a este resultado, es que el dato de la PEA escondiera altos porcentajes de desempleados en busca de trabajo que le atribuyeron poca efectividad al voto como mecanismo para modificar una condición de vida desfavorable y por consiguiente, se abstuvieron de presentarse a las urnas. Otro escenario probable es que los partidos no ofrecieran programas lo suficientemente convincentes para movilizar a los electores en secciones con altos niveles de actividad económica y prefirieran concentrar sus plataformas en localidades con mayores índices de desempleo.

Mi hipótesis de eficacia electoral planteaba que a mayor posesión de insumos habilitantes, llámese información, responsabilidad cívica y capacidad cognitiva (normalmente adquiridos por el ciudadano en centros de formación educativa) existiría un mayor nivel de participación. No obstante, los resultados del caso yucateco contradijeron esta hipótesis. Manteniendo los demás predictores constantes, el modelo mostró que la pertenencia de una sección al cuartil más alto de analfabetismo en la entidad incrementó 2.6 veces los momios de que esta fuera altamente participativa.

El anterior hallazgo permite cuestionar la noción de que las personas de escasos recursos -en este caso informativos e interpretativos- se manifiestan poco en las urnas asumiendo que los resultados electorales (cualesquiera que estos sean) mantendrán sus condiciones de vida inalteradas. En el caso yucateco, pudiera cobrar sentido el enfoque de la confrontación programática donde los grupos menos aventajados encuentran en las elecciones la oportunidad de que sus opiniones tengan el mismo peso que las de los miembros más favorecidos de la sociedad, por lo que participan en las elecciones buscando constituirse como mayoría en la defensa de programas que proponen una redistribución de los recursos públicos.

Por otra parte, los altos índices de participación electoral en secciones analfabetas pueden explicarse en comparación con otras formas de expresión política. Si bien votar no es la única forma que tienen los ciudadanos para expresarse políticamente, este es el mecanismo más común para que aquellos ciudadanos con un repertorio acotado de acción y recursos políticos puedan hacer notar sus preferencias. Es decir, el voto es la alternativa más viable para que los ciudadanos con abanicos limitados de acción política (entre ellos los analfabetas) manifiesten sus exigencias hacia el gobierno, por lo que valoran más la oportunidad de votar que aquellos individuos con redes, recursos y conocimientos suficientes para plantear sus demandas mediante estrategias más eficaces o sofisticadas que el voto.¹¹

Para explicar lo anterior, no se puede desestimar la hipótesis de una movilización exógena. Si se asume que los altos niveles de analfabetismo se asocian a limitaciones estructurales, cobra sentido la idea de que el establecimiento de redes clientelares aumentara la participación electoral por un esfuerzo de los partidos para movilizar al votante en secciones marginadas. Diversos autores han comprobado que las lógicas clientelares encuentran un terreno fértil en comunidades de ingresos bajos y analfabetismo (^{Schaffer y Schedler, 2007}; ^{Levitsky, 2003}). Esto se debe a que los votantes con carencias económicas y cognitivas tienden a mostrar mayor disposición para intercambiar su voto (que tiene tasas inciertas de retorno) por benefactores tangibles que satisfagan necesidades materiales inmediatas.

Al comparar las secciones donde la población indígena fue relativamente reducida, aquellas secciones con porcentajes de población indígena por encima del 85 % en hogares censales, incrementaron sus momios de ser altamente participativas en 120 %. En síntesis, el analfabetismo y la prevalencia de población indígena guardaron una relación positiva con los altos índices de participación electoral en las secciones analizadas.

Los anteriores datos no son del todo ajenos a la interpretación adelantada por ^{Figueroa-Magaña (2013)} sobre la configuración de una base electoral crítica, concentrada en áreas urbanas y con una cultura de cuestionamiento al gobierno central. Cabría matizar que estos grupos de electores urbanos e informados que fueron inicialmente atraídos por el PAN, podrían haber expresado su descontento en 2015 mediante el abstencionismo. Ya fuera porque el PAN no logró estructurar los cambios esperados cuando accedió al gobierno local o bien porque dejaron de percibir la política partidista como una vía idónea para el mejoramiento de las condiciones sociales.

En cuanto a los márgenes etarios definidos para esta investigación, se tuvo que en secciones con altos porcentajes de ciudadanos ubicados en las cohortes extremas (jóvenes o adultos mayores a 60 años), la participación electoral fue menor que en secciones sin esta composición. En las secciones con fuertes concentraciones de jóvenes, sus momios de tener altos niveles de participación electoral, se deprimieron en un 46 %, comparados con los de secciones donde hubo menor prevalencia de jóvenes. Lo mismo ocurrió con las secciones donde se registraron porcentajes considerables de adultos mayores. En tales espacios, los momios que tuvo una sección electoral de ser altamente participativa fueron 34 % inferiores contrastados con las secciones sin esa característica etaria.

Este resultado reforzó mi hipótesis de ciudadanía en construcción en el caso de los jóvenes, pero fue poco útil para explicar la contracción electoral mostrada por los adultos mayores. Al respecto, ^{Cumming y Henry (1961)} plantearon que los ancianos experimentan un proceso de alejamiento de la política institucional debido a sus limitaciones físicas -que restringen su capacidad para adquirir y procesar información, así como para asistir a mítines y urnas-, aunado a un sentimiento de colectividad reflexiva que los motiva a hacerse a un lado de la actividad política para que las nuevas generaciones se encarguen de los asuntos públicos.

De los medios de comunicación incluidos como factores predictivos de la participación electoral por sección, únicamente el porcentaje de conectividad a internet en hogares censales tuvo un efecto estadísticamente significativo. Las secciones electorales con un alto nivel de conectividad, reportaron momios 77 % menores de ser altamente participativas si se les compara con las secciones con un nivel menor de conectividad. Lo que significa que la accesibilidad a la red deprimió la participación electoral en Yucatán.

Una interpretación preliminar de este hallazgo sugeriría que al ser los jóvenes el grupo etario con mayor actividad en el internet¹² y que en las secciones electorales con mayor concentración de jóvenes la participación electoral se redujo, la edad fue una variable intercurrente para explicar esta relación negativa entre participación y acceso a internet. Sin embargo, para construir un modelo estadístico parsimonioso, antes de establecer sus indicadores, se eliminaron las variables colineales. En este caso, los indicadores etarios de marginación y el de acceso a internet mostraron no tener una correlación estadísticamente significativa entre sí, por lo que se pueden descartar la edad y la posesión de bienes como variables intercurrentes.

Mi hipótesis de la amplificación mediática de los recursos políticos apuntaba a que la cobertura de internet y TV aumentaría la participación electoral por generar una mayor disponibilidad de recursos informativos. El resultado, sin embargo, apuntó a que la TV no tuvo una influencia estadísticamente significativa y que la cobertura en internet redujo los momios comparativos de una sección para ser altamente participativa.

A diferencia de otros medios de comunicación, el internet no tiene control de líneas editoriales, sus usuarios se exponen a un sinnúmero de fuentes de las cuales van formando un criterio informativo propio. A su vez, esto hace que quienes acceden a internet no sólo reciban información política que los convoque a las urnas, sino permite formar una posición crítica hacia partidos, candidatos, instituciones y al sistema en general durante todo el proceso.

Siguiendo el argumento de ^{Holzner (2007)}, el hecho de que los ciudadanos amplifiquen sus repertorios de participación política usando vías alternativas al voto, como las que permite el internet, podría causar una reducción en la participación electoral. Esto se debe a que los costos de abstenerse se reducen conforme los individuos encuentran otras formas, acaso más eficientes y puntuales, de expresar sus demandas, establecer sus posturas ideológicas y formar parte de comunidades políticas.

Téngase también en cuenta que la experiencia comunicativa en internet se construye a partir de una comunicación de dos vías, es decir, quienes acceden a la red no solo son capaces de captar información, sino también de generarla. De esta forma, el espacio de redes sociales, blogs y otros foros, abonan a la práctica de una actividad performativa continua -no solo en tiempo electoral, debe señalarse- que fortalece la identidad política y permite la expresión ciudadana en diversos temas de interés público. En este sentido, tanto la función expresiva del voto, como el contenido cívico-moral de la participación electoral, pueden bien satisfacerse mediante una presencia constante del ciudadano en comunidades virtuales.

Conclusiones

Para que una democracia funcione en forma eficaz, es necesario que su principal motor (la participación ciudadana) se encuentre bien aceitado. Visto desde una perspectiva agregada, este objetivo se puede lograr cuando existe un clima político institucional propicio para la votación, cuando partidos y candidatos generan propuestas viables, los gobiernos son receptivos con las demandas ciudadanas, la autoridad electoral garantiza la limpieza en los procedimientos y cuando los electores perciben la importancia política del voto informado. No obstante, existe una gran cantidad de factores intrínsecos a cada comunidad política que pueden afectar la participación electoral aun cuando todos los acores involucrados contribuyan para que esta sea extensiva.

El caso de Yucatán sirvió para analizar una comunidad con crecientes niveles de participación en el agregado estatal atribuibles al entorno político institucional. No obstante, este artículo demostró que en el interior de la entidad prevalecen un conjunto de diferencias socioeconómicas y etarias, así como características propias de la geografía electoral que afectan la participación. Un primer avance de carácter metodológico es que la participación electoral puede ser explicada mediante formatos geográficos de referencia (en este caso secciones electorales) que albergan ciudadanos con marcos sociomateriales que pueden habilitar o inhibir su participación electoral.

Como lo anticipa la teoría de la elección racional, las secciones de menor tamaño en su listado nominal fueron más propensas a figurar en el cuartil más alto de participación electoral. Al igual que la mayor parte de los resultados obtenidos en este estudio, este se puede analizar desde dos ángulos: el de la eficacia de las élites para movilizar al elector y el de las pulsiones propias del ciudadano para participar en el proceso.

El hecho de que las secciones menos numerosas fueran más participativas, se pudo deber a que los partidos encontraron menores restricciones para movilizar a los pobladores de secciones pequeñas y por representar menores costos de monitoreo e intercambio. Ahora bien, visto desde la óptica del elector, estas secciones pudieron ser más participativas por un sentido de racionalidad económica del voto, motivo por el cual los individuos consideraran que su participación tenía un mayor peso en secciones de menor tamaño poblacional.

Concluyo que el escaso peso estadístico de los predictores racionales del voto en este estudio se debió, entre otras cosas, a que los espacios de geografía electoral seleccionados no fueron los idóneos para poner a prueba los postulados de esta teoría. Es improbable que los electores reconozcan las alternancias o la competitividad en su sección electoral, pues sus juicios se concentran más bien en referentes geográficos amplios (como el municipio, el distrito o el estado) cuyos resultados electorales tienen implicaciones de política pública.

Tanto la densidad de población indígena como el analfabetismo deprimieron la propensión de las secciones yucateca de ser altamente participativas. Tal resultado permitió cuestionar la teoría de los recursos sugiriendo que, por un lado, las fuerzas políticas pudieron ser más eficaces para establecer intercambios clientelares en secciones marginadas. O bien, que los ciudadanos de esas secciones con alta prevalencia de analfabetas e indígenas usaron su voto como mecanismo de apoyo para propuestas de cambio en la distribución de los recursos. Esto último queda desde luego sujeto a que al menos un partido en efecto haya tenido propuestas atractivas para estos segmentos poblacionales. Otra explicación para este fenómeno es que al contar con repertorios acotados de expresión política, los grupos con cierta marginación hayan visto el voto como la única (o la más asequible) forma de expresión e sus demandas, aumentando su interés por participar.

La hipótesis de la ciudanía en formación no se comprobó por completo en el caso de Yucatán, pues tanto la concentración de jóvenes como de adultos mayores redujeron los momios de las secciones de ser altamente participativas. En el caso de los primeros, esta relación inversa se explicó por su escaso de nivel de conocimiento sobre el sistema, la posibilidad de un bajo nivel de politización y una postura crítica ante la eficacia del voto.

El hecho que la PEA de una sección haya estado inversamente correlacionada con su nivel participativo se atribuyó a causas metodológicas del indicador, como el hecho de que la PEA escondiera altos porcentajes de desempleados que tienden a ser ciudadanos críticos hacia el sistema. Se concluyó que otro escenario probable fue que los partidos no ofrecieran programas lo suficientemente convincentes para movilizar a los electores en secciones con altos niveles de actividad económica y prefirieran concentrar sus plataformas en localidades con mayores índices de desempleo.

Finalmente, el que las secciones con mayor conectividad de internet reportan momios comparativos negativos de ser altamente participativas, permitió mantener el cuestionamiento hacia la teoría de los recursos informativos. Esta correlación negativa se pudo deber a que el internet (al proporcionar información sin líneas editoriales ni filtros ideológicos externos al receptor) conformara una masa de votantes altamente críticos hacia el sistema en su conjunto. Asimismo, se atribuyó el resultado a que internet pudo representar una vía de expresión de posiciones y planteamientos políticos más valuados por el ciudadano que el propio voto.

El trabajo aquí presentado contribuyó a tener un conocimiento más profundo sobre una entidad que ha reflejado tener ciudadanos con una creciente vocación participativa. Las variables contextuales como el clima de tranquilidad, los esfuerzos institucionales por tener elecciones concurrentes y limpias, así como las transiciones en el Ejecutivo local, en buena medida propician los altos niveles participativos reportados en Yucatán desde hace varias elecciones. Sin embargo, dentro de la entidad se comprobó que esta lógica general de participación coexiste con elementos restrictivos internos como la actividad laboral, el acceso a internet y la prevalencia de jóvenes y adultos mayores a nivel seccional.