Introducción

The US-Mexico border has never been a static or peaceful entity. vIt was borne out of violence and nurtured on conflict throughout its history.

Justin Akers Chacón

La cooperación transfronteriza en materia de seguridad pública y migración entre México y Estados Unidos ha sido una tarea complicada y ha predominado el unilateralismo de Washington. Las fuentes de poder político están a miles de kilómetros y las problemáticas locales pasan a segundo orden de prioridad.¹ En el proceso de deportación de exconvictos hay una relación asimétrica entre instituciones de seguridad pública involucradas. Por un lado, una agencia federal estadounidense, Immigration and Customs Enforcement (ICE), que, representando intereses del poder político central, tiene entre sus atribuciones identificar, aprehender extranjeros y, si es necesario, deportar criminales convictos, aquellos que amenazaron la seguridad nacional, fugitivos o quienes recién cruzaron la frontera; por el otro, policías y gobernantes en ciudades de la frontera norte de México, que representan intereses locales.

El presente trabajo tiene como objetivo presentar que el proceso de deportación de exconvictos se da de manera unilateral. La información no fluye entre expulsores y receptores, estos en una región caracterizada por la violencia originada por el crimen organizado; mermando así la cooperación transfronteriza en materia de seguridad pública y migración, en tiempos en que ambos países se vienen comprometiendo con la seguridad internacional.

Para ambos países, la migración es un asunto de seguridad nacional (^{Del Ángel, Flores, Martínez, Mena, Navarrete y Siu, 2012}). La seguridad pública y la migración no pueden aislarse sin pensar en las repercusiones que una causa sobre otra. La (in)seguridad afecta la relocalización de las personas (^{Ríos, 2014}) y viceversa. Por ejemplo, los desplazamientos de personas a El Paso, Texas, por la inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, al menos 30,000 entre 2009 y 2011 (^{Ríos, 2014}); el incremento de mexicanos solicitando asilo en Canadá por la violencia mexicana (^{Rocha, 2014}); o lo que concierne a este trabajo, ¿cómo repercute la deportación de exconvictos hacia las ciudades de la frontera norte de México, donde la violencia está presente por ser región de trasiego de drogas y de disputa entre narcotraficantes? Esto en tiempos en que las autoridades estadounidenses han borrado la línea entre migración e inseguridad y los migrantes indocumentados se convirtieron en delincuentes.

Para argumentar la necesidad de una mayor cooperación, porque la que existe no es suficiente, el trabajo inicia abordando el incremento de deportados exconvictos que ha generado preocupación y debate sobre si viene a agudizar la violencia en ciudades fronterizas.

A continuación, se presentan teorías sobre la posibilidad de la cooperación internacional policial, tomando en cuenta que las naciones dominantes imponen sus intereses en el escenario internacional y que la autonomía de las instituciones policiales con respecto a los centros del poder político es necesaria para tal cooperación, con el fin de responder cuál es el papel de las instituciones policiales locales en la cooperación contra el crimen internacional. Posteriormente se revisa de manera breve la historia de la cooperación bilateral en materia de seguridad y la imposición de intereses por parte de Estados Unidos. Después se plantea el incremento de la violencia en la frontera y cómo repercute en el imaginario de los estadounidenses, generando un ambiente aún más adverso a la cooperación y el entendimiento transfronterizo. Por último, las conclusiones.

Deportados

La frontera México-Estados Unidos es asimétricamente interdependiente. La afinidad étnica o cultural entre las personas adyacentes a la línea fronteriza realza las interacciones transnacionales y las actividades que cruzan la frontera son intensas por la amplia presencia de personas de origen mexicano que viven en la región fronteriza estadounidense, quienes, a su vez, han mantenido estrechas relaciones con los mexicanos al sur de la frontera (^{Martínez, 1998}). Esto contribuye a la intensa movilidad de residentes fronterizos y se da de manera más aguda entre ciudades gemelas como Tijuana-San Diego, Mexicali-Calexico, Nogales-Nogales, Ciudad Juárez-El Paso, Piedras Negras-Eagle Pass, Nuevo Laredo-Laredo, Reynosa-McAllen y Matamoros-Brownsville. San Ysidro, ubicado en la zona Tijuana-San Diego, es el punto fronterizo más transitado del mundo (^{EMIF Norte, 2011}).

La afinidad étnica y la identidad cultural en la franja fronteriza contrastan con las políticas antiinmigrantes, particularmente de deportación. Estas segregan y separan a una comunidad con una matriz común, provocando persecución y racismo, elementos que no suelen estar presentes en el escenario de la cooperación.

Las deportaciones y el clima antiinmigrante son rampantes y ahora los controles de las políticas migratorias se extendieron más allá de la zona fronteriza. Actores semigubernamentales o no gubernamentales, incluyendo empleadores y prestadores de servicios, arrendadores, etcétera, están excluyendo a los inmigrantes indocumentados (^{Leerkes, Bachmeier and Leach, 2013}). Entre los controles internos, está la participación de las policías locales en la detención de indocumentados en espacios públicos, logrando incrementar el número de detenciones. El azar o encuentro fortuito, también, está presente en el proceso de deportación (^{Rocha y Ocegueda, 2013}, ^{Gilbert and Kolnick, 2013}). La administración Obama ha incrementado las deportaciones de manera exponencial, alcanzando casi dos millones de indocumentados deportados, la misma cifra del total entre 1892 y 1997 (^{Shear, 2013}).

Instituciones mexicanas² encuentran que en 2012 fueron deportadas 352 mil personas. El 55 por ciento por la ciudad de Tijuana, 84 por ciento si se toma en cuenta también Mexicali y Matamoros. Los tres estados de donde más deportados hubo fueron Texas con 30.8 por ciento, Arizona con 29.3 por ciento y California con 27.3 porciento. Del total de los deportados, 87 por ciento son hombres y 13 por ciento son mujeres, con un promedio de edad de 31.9 años (^{Velasco y Coubés, 2013}). Algunos deportados perdieron su estatus legal por involucrarse en actividades criminales o por haber cumplido una sentencia en prisión (^{Slack y Whiteford, 2010}).

Immigration Customs Enforcement deportó³ (removals⁴) 188,467 inmigrantes en 2000 y 387,242 en 2010 (^{ICE, 2010}). La proporción de los deportados con más de un año de antigüedad de vivir en Estados Unidos ha crecido considerablemente, de ser 5.1 por ciento en 1995 a 46 por ciento en 2011 (^{Del Ángel, 2012}). En el año fiscal de septiembre de 2011 a octubre de 2012, un poco más de 225 mil exconvictos fueron deportados, más de la mitad a ciudades fronterizas como Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez y Tijuana, sin supervisión ni seguimiento por parte del gobierno mexicano (^{Pérez, 2013}). En 2012 se deportaron 273,915 personas a México, el 46.8 por ciento fueron considerados criminales (^{Simanski and Sapp, 2013}). En 2013, ICE realizó 368,644 deportaciones, 133,551 migrantes fueron aprehendidos en el interior y 235,093 a lo largo de la frontera mientras intentaban entrar ilegalmente al país. Del total, casi el 70 por ciento son mexicanos y 59 por ciento han sido exconvictos. De los detenidos tratando de cruzar la frontera, 45 por ciento han sido criminales convictos (^{ICE, 2013}). Es muy probable que anteriormente hayan sido deportados y al tratar de cruzar de nuevo la frontera, ya son considerados criminales.

En el año fiscal de 2007, fueron deportados 102,024 criminales exconvictos y para el año fiscal de 2014 fueron 177,960. Este último año, los deportados del interior del país fueron 102,224 y de ellos, 85 por ciento (86,923) fueron criminales convictos. Estos han sido convictos por una o más ofensas criminales que no incluyen delitos de tráfico. Así también la Oficina de Migración y Control de Aduanas (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) deportó 2,802 individuos que han sido miembros de pandillas en Estados Unidos. El número de deportados de alta peligrosidad ha venido incrementando con los años.

El 85 por ciento de criminales exconvictos deportados fue clasificado por el ICE en tres niveles. El 1 corresponde a “delito grave”, aquí se incluyen quienes han cometido dos o más delitos graves, cada uno de ellos con un castigo de más de un año de cárcel. El nivel 2 se refiere a delincuentes extranjeros convictos por delitos menores o quienes han cometido tres o más delitos, cada uno de ellos con un castigo de menos de un año de cárcel. El nivel 3 se refiere a extranjeros convictos por un delito menor con un castigo de menos de un año.

Elaboración propia con datos de ICE Enforcement and Removal Operations Report. Fiscal Year 2014. December 19, 2014. Recuperado de https://www.ice.gov/doclib/about/offices/ero/pdf/2014-ice-immigration-removals.pdf

Gráfica 1 Criminales deportados por ICE, por nivel, vdesde el interior. Año fiscal 2014 

Desde el interior se han deportado más convictos por delitos graves (nivel 1) que desde la frontera. El Departamento de Seguridad Interna advirtió que en 2013 alcanzó el número 100 de su ejecución (^{Pérez, 2013}).

Hay que considerar que muchos de los convictos fueron culpados por volver a entrar de manera ilegal. Estos pasaron de 690 en 1992 a 19,563 en 2012. En el primer año el 23 por ciento de los convictos eran latinos, en 2012 eran 48 por ciento (^{Light, et al., 2014}). John Sandweg, director de ICE, anunció que el 98 por ciento de las deportaciones están dentro de las prioridades establecidas, “enfocarnos en delincuentes convictos y proteger nuestras fronteras” (Marrero, 2013, La Opinión). Tan solo por Tijuana se han deportado unos 7 mil exconvictos en 2013 (^{Betanzos, 2013}).

Algunas organizaciones de la sociedad civil están llamando la atención sobre la contratación de exconvictos por parte del crimen organizado, muchos pandilleros preparados en el uso de armas⁵ colaborando por un prolongado o indeterminado periodo de tiempo, que con disciplina y control cometen crímenes graves, y operando a nivel internacional usan la violencia para intimidar, así como las estructuras comerciales comunes para lavar dinero, influyendo en la política, los medios, la administración pública, en las autoridades judiciales o la economía para perseguir ganancias o poder (Edwards and Gill, 2003). Algunos de ellos han sido detenidos en las ciudades fronterizas por delitos relacionados con el tráfico de drogas (^{Andrade, 2013}). También autoridades fronterizas en México destacan la necesidad de poner atención a las deportaciones de exconvictos, ya que debido a esto “han crecido las mafias en Ciudad Juárez, Reynosa, Mexicali y Tijuana, porque hubo muchas deportaciones de jóvenes de las cárceles norteamericanas” (^{Arellano, 2013}). Esto llevó a que, en mayo de 2013, durante el Cuarto Encuentro Binacional de la Asociación de Alcaldes Fronterizos de México y Estados Unidos, se viera como una necesidad la creación de un protocolo formal para la deportación de exconvictos y así asegurarse de que fueran trasladados a sus lugares de origen y no se quedaran en los municipios fronterizos de México.⁶ Recientemente, el gobierno mexicano ha expresado su preocupación a su contraparte estadounidense por la forma en que se realizan las deportaciones de indocumentados. El presidente mexicano señaló que las deportaciones ocurren en masa, por distintos puntos fronterizos y en horarios indefinidos, y que en muchos casos los repatriados cometieron delitos y las autoridades estadounidenses no proveen información a las mexicanas (^{Garduño y Villarino, 2014}).

En octubre de 2015, el congreso de Baja California exhortó a los tres niveles de gobierno en México para establecer mecanismos de coordinación y protocolos de actuación ante la inminencia de deportaciones masivas de reos.⁷

Teoría

La cooperación no es equivalente a armonía y solo se presenta en situaciones donde se mezclan conflictos e intereses complementarios. En tales situaciones, la cooperación ocurre cuando los actores ajustan su conducta a las actuales o anticipadas preferencias de los otros actores. En ese sentido la cooperación no es buena desde un punto de vista moral (^{Axelrod and Keohane, 1985}). La cooperación entre instituciones policiales (burocracias que generan conocimiento especializado) se genera cuando son suficientemente autónomas de sus respectivos Estados nacionales y funcionan como burocracias relativamente independientes. Los inicios de la Comisión de la Policía Criminal Internacional, fue resultado de una autonomía burocrática (^{Deflem, 2002}) independiente, que significa que ve más allá de los intereses políticos de sus centros de poder. Las instituciones policiales pueden cooperar con organizaciones burocráticas similares en otros Estados nación, debido a su autonomía comparable respecto a sus centros políticos. Si no se alcanza tal autonomía, la cooperación policial permanecerá limitada en su alcance de la participación internacional y no se puede extender más allá de los confines de los estados política e ideológicamente parecidos (^{Deflem, 2000}).

Tener un interés común en la lucha contra el crimen organizado (^{Deflem, 2000}) y prácticas no institucionalizadas entre los oficiales de enlace, como los contactos personales y el conocimiento sobre los sistemas y culturas, favorece la cooperación (^{Block, 2008}). La confianza es fundamental para compartir información y suele retenerse si los involucrados no se conocen. De igual manera la sospecha de corrupción es un impedimento a la cooperación policiaca (^{Hufnagel, 2011}). Compartir información de inteligencia es en lo que menos están dispuestos a cooperar las instituciones; de estas, las provinciales o municipales participan menos de dicha cooperación (^{Schneider and Hurst, 2008}).

El régimen internacional tiende a reflejar los intereses políticos y económicos de los miembros dominantes de la sociedad internacional (^{Andreas and Nadelmann, 2006}). Siendo Estados Unidos un actor preponderante en el escenario mundial, impone sus criterios para tratar de manera determinada los diversos delitos considerados crímenes internacionales.

En el caso de la frontera norte de México, las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado y mantener la seguridad pública a nivel federal y local, en ambos lados de la frontera, dependen en gran medida de las decisiones y visiones que se tienen desde sus respectivos centros de poder. Aunado a que históricamente el involucramiento policial internacional de Estados Unidos está orientado pragmáticamente a las condiciones locales, manteniendo las prioridades internas y respondiendo regionalmente en asuntos transfronterizos como la migración, etnicidad, narcóticos y otros crímenes relacionados con la movilidad (^{Deflem, 2002}).

En Estados Unidos, después de la caída del bloque soviético, sus prioridades cambiaron. Ya no era la contención al bloque comunista, sino la guerra antinarcóticos lo que acaparaba sus esfuerzos hacia el exterior, y posteriormente esto se amplió hacia el combate al terrorismo y más recientemente a la migración indocumentada. Bajo este escenario, las tácticas, tecnologías y procedimientos militares se expandieron para proteger los intereses estadounidenses y su frontera sur, que recibió especial atención, más que su frontera norte (^{Andreas and Nadelmann, 2006}). La visión de la Drug Enforcement Administration (DEA), principal agencia estadounidense que combate el tráfico de drogas, ha sido de supply side de la oferta, que significa que grupos extranjeros y/o étnicos, abastecen de drogas a ciudadanos estadounidenses, “involuntarios, víctimas” (^{Edwards and Gill, 2002}), que no participan en el crimen organizado. Esto hace que se tenga una visión unilateral del problema del tráfico de drogas. Donde los “villanos” son los invasores extranjeros, minorías étnicas que amenazan constantemente su seguridad interna.

Tomando en cuenta estas ideas, se puede pensar desde México que las autoridades migratorias estadounidenses no cooperan, al no entregar información sobre los exconvictos que deportan. Por otro lado, en Estados Unidos se puede pensar en que no se crean conflictos, pues desde su punto de vista solo se observa una solución.

Entendiendo la cooperación transfronteriza como la más o menos institucionalizada colaboración entre autoridades subnacionales a través de fronteras nacionales (^{Perkman, 2003}), podemos ver que los intereses de los actores políticos de ambos lados de la frontera, necesariamente tienen que tender puentes de entendimiento y resolver asuntos comunes. Vista desde esta manera, la cooperación transfronteriza no se ha dado adecuadamente entre México y Estados Unidos en materia de seguimiento a exconvictos. Más bien, la frontera refleja la naturaleza del poder y la habilidad de un grupo por determinar, imponer y perpetuar líneas de separación, o bien removerlas, dependiendo del ambiente político de cada momento determinado (^{Newman, 2006}). Si bien las autoridades federales estadounidenses han planteado la preocupación de que la violencia en el norte de México cruce la frontera, parecen solo buscar acciones de contención y no de solución.⁸ Mientras tanto, las autoridades de los gobiernos locales fronterizos, principalmente en México, solo sortean decisiones tomadas por autoridades de mayor nivel.

La cooperación transnacional debe considerar el principio de subsidiariedad, que asegura que las decisiones son tomadas lo más cercana posible a la ciudadanía y asegurarse que la acción al nivel de la comunidad está justificada tomando en cuenta las posibilidades nacionales, regionales y locales (^{Hufnagel, 2011}).

La cooperación

Desde la década de los ochenta y noventa del siglo pasado se consolidan espacios de diálogo bilateral. Mecanismos como la Comisión Bilateral México-Estados Unidos, la Conferencia de Gobernadores Fronterizos (la primera en 1989) y los Mecanismos de Enlace Fronterizo, se establecieron como foros de coordinación gubernamental para atender temas de cooperación bilateral, entre ellos la migración. Sin embargo, el tema ha sido omitido dentro de estos foros por considerarse de fricción (^{Pérez, 2014}).

En México, los más avanzados mecanismos de coordinación interinstitucional se desarrollaron en la frontera norte. Los denominados Mecanismos de Enlace Fronterizo (MEF), creados en 1993 han tenido un importante desarrollo para atender los problemas de la frontera, sobre todo en el área de San Diego-Tijuana y Ciudad Juárez-El Paso, “donde participan los gobiernos federales, estatales y municipales para asegurarse que los asuntos locales en cada punto fronterizo se aborden desde la perspectiva de quienes, al radicar en la frontera, tienen una mejor perspectiva de los problemas. Esto permite que las comunidades fronterizas influyan directamente en las políticas públicas federales”.⁹ Sin embargo, el problema en ambos casos fue el bajo nivel de coordinación entre las instancias de gobierno para realizar acciones en la franja fronteriza, a pesar de que se han desarrollado mecanismos como el Grupo de Alto Nivel para el Control de Drogas (^{Herrera-Lasso y Becerra Gelóver, 2003}).

Para 1994, la administración Clinton implementó el Plan Nacional Estratégico, una doctrina de seguridad fronteriza que emanó de la oficina de Política Nacional de Control de Drogas. Dicho plan indicaba que el tráfico de drogas se estaba incrementando y que había una invasión de inmigrantes indocumentados desde la frontera suroeste. La respuesta fue la construcción de bardas en San Diego, California y Laredo, Texas, con los nombres de Operación Hold the line y Operación Gatekeeper, respectivamente (^{Akers, 2010}). En 2006, el Congreso estadounidense aprobó una de las reformas más agresivas con relación a los residentes extranjeros vinculados con conductas criminales, la ley Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (IIRAIRA), con la finalidad de localizar y expulsar a los residentes extranjeros con antecedentes criminales sin importar su situación migratoria. Con dicha ley todo acto ilícito cometido por un extranjero con o sin documentos, considerado hasta entonces como una falta menor, en lo sucesivo será tratado como un delito con agravantes y, en consecuencia, adicional a la pena de prisión la persona queda sujeta a la deportación (^{Pérez, 2013}).

En el siglo pasado, el terrorismo no era parte de la agenda exterior de México y no se contaba con políticas o estrategias para su combate, lo que implicaba la ausencia de una coordinación interinstitucional sistemática y permanente, tanto en el plano interno como en el ámbito internacional, principalmente en el contexto bilateral. Con la llegada del nuevo siglo y los atentados terroristas, se creó en 2002 la Alianza Fronteriza México-Estados Unidos, para generar una frontera eficiente. Desde el punto de vista de la Unión Americana, esto significaba una frontera segura. La seguridad se tradujo en el reforzamiento de controles y vigilancia fronterizos para frenar los flujos de indocumentados y de drogas ilícitas de México. Para Estados Unidos, el objetivo último de tal cooperación bilateral es utilizar los territorios de México y Canadá como área de frontera, concibiendo su propia línea fronteriza como última frontera, dentro de un perímetro externo de seguridad norteamericana que incluya a sus dos vecinos (^{Emmerich, 2003}).

La Alianza para la frontera se crea bajo los intereses primordialmente estadounidenses en materia de seguridad (^{Ramos, 2002}). Prueba de ello fue la aprobación de PATRIOT Act, que entre otras cosas reestructuró el Immigration and Naturalization Service (INS), para crear el Immigration and Customs Enforcement (ICE) y el Customs and Borders Protection (CBP); ambos fueron incorporados a Home Land Security. Esto motivó la coalición de grupos políticos para formar un frente antiinmigrante. El traslado del tema migratorio a la seguridad interna permitió que las fuerzas antiinmigrantes, particularmente del partido republicano, regularan el papel de la migración mexicana y la guerra doméstica contra el terrorismo borró cualquier discusión sobre una probable amnistía y se suplantó el concepto de derechos humanos por el de terrorismo, orientándolo a los trabajadores indocumentados (^{Akers and Davis, 2006}).

Después de 11 meses de entrar en vigor la Alianza, el secretario de gobernación mexicano y el secretario del Departamento de Seguridad Interna, declararon conjuntamente que los principales problemas que han enfrentado los dos gobiernos están asociados con la falta de comunicación más fluida, así como con elevar el nivel de comunicación institucional (^{Herrera-Lasso y Becerra Gelóver, 2003}).

Para 2005 los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá anuncian la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que significó cooperación para aumentar el apoyo y la seguridad en la región, tomando medidas contra el terrorismo y el crimen organizado. Dentro de la agenda de seguridad se propusieron: 1) instrumentar estrategias comunes de seguridad fronteriza y bioprotección; 2) mejorar la protección de infraestructura importante e implementar un modelo común de respuesta ante emergencias; 3) instrumentar mejoras en la seguridad aérea y marítima, hacer frente a las amenazas extraregionales en materia de información de inteligencia; 4) implementar estrategias de agilización fronteriza a fin de aumentar la capacidad instalada de mejorar el movimiento legítimo de personas y mercancías en las dos fronteras (^{Trejo, 2006}). En el marco de esta Alianza, Estados Unidos ha asegurado en diversas ocasiones que los temas de migración y de controversias comerciales se tratarán de manera independiente al ASPAN (^{Trejo, 2006}). Como futuros compromisos de la Alianza destaca el reforzar la cooperación en la lucha contra actividades criminales y terroristas de índole transfronterizo, así como garantizar la repatriación segura, ordenada, digna y humana de inmigrantes indocumentados de zonas de alto riesgo (^{Trejo, 2006}). A la par de los acuerdos mencionados, el presidente Bush inauguró la Iniciativa de Seguridad Fronteriza en 2005, incrementando la barda fronteriza.¹⁰ En este mismo año comenzó a mandarse a cortes federales a los migrantes que reintentaban entrar de manera ilegal. Antes, los que eran aprehendidos en la misma frontera tenían permitido regresar a México de manera voluntaria sin ninguna sanción (^{Light, López, and Gonzalez-Barrera, 2014}).

Posteriormente, la Iniciativa Mérida surge en 2007, para que los gobiernos de México y Estados Unidos expandan y profundicen la cooperación para maximizar los esfuerzos y enfrentar al crimen organizado transnacional. La iniciativa representa un cambio de paradigma en la cooperación en materia de procuración de justicia y seguridad. De Estados Unidos a México se destinaron recursos por más de 10 mil millones de dólares para fortalecer instituciones de seguridad y justicia, incluyendo la protección legal a los derechos humanos. Bajo esta iniciativa, los gobiernos de ambos países han: a) incrementado el intercambio de información sobre las organizaciones transnacionales de narcotráfico; b) fortalecido las extradiciones entre los dos países; c) mejorado la seguridad fronteriza y las seguridades de inspección, invirtiendo 97 millones de dólares en equipo fijo y móvil de inspección no intrusiva y aparatos pequeños de detección; d) trabajado para asegurar las cadenas de producción y facilitar los flujos legítimos de comercio y viajeros al establecer programas complementarios de viajeros confiables y proveedores seguros; e) entrenado y desarrollado capacidades en más de 5 mil oficiales y administradores del sistema penitenciario y apoyando los esfuerzos de México para ampliar las capacidades de las prisiones federales de 6,400 a 20,000 reos y establecer una academia de sistema penitenciario judicial; f) entrenado a más de 7,500 funcionarios del sistema judicial federal y 19,000 de los sistemas estatales, en diferentes aspectos del sistema judicial acusatorio en México; g) apoyado los esfuerzos del gobierno de México para mejorar la eficiencia de sus sistema judicial, en especial en los estados y áreas en donde la reforma al sistema de justicia penal ya ha sido complementaria; h) fortalecido a la investigación de los flujos financieros fronterizos, el lavado de dinero y crímenes financieros; i) apoyado en entrenamiento a más de 4,400 policías investigadores de la Secretaria de Seguridad Pública asignados a diversos puntos del país y j) transferido 21 aeronaves a las fuerzas de seguridad para hacer frente a las organizaciones criminales (^{SRE, 2012}).

En la propuesta presupuestal para el año fiscal 2015, el presidente Obama incluye un financiamiento de 35 mil millones de dólares para continuar con programas de la iniciativa Mérida, con particular énfasis en fortalecer y elaborar reformas para mejorar el estado de derecho y los derechos humanos, subrayando que “un México más estable incrementará la seguridad nacional de Estados Unidos…” (^{Brooks, 2013}).

De manera contraria, ensuciando la cooperación en seguridad pública entre ambas naciones, la operación rápido y furioso vino a demostrar que los intereses de seguridad estadounidenses están por encima de la seguridad pública en México. El 31 de octubre de 2009, agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF por sus siglas en inglés), en Phoenix, Arizona, recibieron información de una tienda de local de armas sobre la reciente compra de rifles AK 47 por cuatro individuos. Los agentes empezaron a investigar estas compras y pronto empezaron a creer que los compradores, llamados “compradores de paja” estaban envueltos en una gran operación de una organización de tráfico de armas responsable por comprar armas para llevarlas a los cárteles mexicanos. Esta investigación después fue llamada “Operación rápido y furioso” (^{US Department of Justice, 2012}). Con el objetivo de descubrir conspiraciones del lado mexicano, sin informar a sus autoridades, la BATF, facilitó que más de 2,500 armas de asalto entraran ilegalmente a México para ser rastreadas, pero el dispositivo de rastreo falló. La operación fue un fracaso. Se descubrieron armas vendidas de esta operación en la escena de un tiroteo en Arizona donde fue asesinado un agente de CBP (Customs and Border Protection). Se argumentó que ni el presidente Obama ni el procurador Eric Holder sabían sobre la operación, sin embargo esto ha sido cuestionado (^{Cooper, 2011}).

La entrada de armas a México procedentes de Estados Unidos, después de que en 2004 expirara la prohibición de la venta de rifles de asalto, incrementó la violencia en municipios mexicanos fronterizos, particularmente en los vecinos de Texas, Arizona y Nuevo México, donde los homicidios se incrementaron en un 60 por ciento. En este incremento están fuertemente involucrados los integrantes del crimen organizado, como los traficantes de drogas y de armas (^{Dube, Dube y García-Ponce, 2012}). Un promedio de 65 por ciento de armas recuperadas por las autoridades mexicanas, provienen de Estados Unidos (^{Wilson y Lee, 2014}) y la Universidad de San Diego calculó que desde 2010 al menos 253 mil armas han cruzado la frontera de Estados Unidos, lo que ha dejado ganancias de hasta 127 millones de dólares a la industria armamentista de aquel país.¹¹

Violencia en la frontera

Los homicidios en México por cada 100 mil habitantes se duplicaron en una década, pasaron de 16.2 en 2000 a 31.3 en 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (^{México Evalúa, 2014}). De diciembre de 2006 a septiembre de 2011, 47,500 asesinatos han sido oficialmente relacionados con el crimen organizado (Molzahan, 2012), comparado solo con 8,901 de 2000 a 2006 (^{Ríos, 2014}).

La violencia relacionada con el crimen organizado creció en diversos lugares del país. En los estados de la frontera norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), la ciudadanía experimenta una carga de consternación por la pérdida de vidas humanas y un costo económico muy grave por los actos delictivos que suceden en la región convertida en un cementerio público. También simbolizan la desarticulación entre los tres órdenes de gobierno (^{Monárrez, 2012}). La frontera es una barrera entre la ciudad más segura de Estados Unidos, El Paso, Texas, y una de las ciudades con el mayor número de homicidios en México, Ciudad Juárez,¹² Chihuahua.

En los seis estados mexicanos localizados en la frontera norte se cuentan el 47.8 por ciento de los asesinatos relacionados con las drogas, a pesar de que estos estados tienen solo el 17.6 por ciento de la población del país (^{Ríos, 2014}). De 2006 a 2010, la tercera parte del total de las muertes han ocurrido en 37 municipios fronterizos. Para 2010 el 30 por ciento de los ejecutados fueron jóvenes de entre 21 a 30 años (^{Solera, 2011}). Ese mismo año las ciudades fronterizas acumulaban el 29.5 por ciento de los homicidios y para 2011, participaban solo con el 17 por ciento, esto en gran medida porque en otras ciudades del país se incrementó de manera alarmante la violencia (^{Molzahn, Ríos y Shirk, 2012}).

La violencia en la frontera norte de México generada por el narcotráfico, se explica por diversas variables (^{Correa-Cabrera, 2012}), desde las políticas de ajuste estructural y reestructuración económica, política y social, que contribuyeron a configurar un mercado exitoso de ilegalidades, con particular énfasis en las drogas (^{Maldonado, 2012}). Alejandro ^{Hope (2013)} sustenta que la violencia en México que hizo triplicar la tasa de homicidios en 48 meses (8,867 en 2007 a 27,199 en 2011) tiene que ver principalmente con la estructura social marcada por la falta de oportunidades de empleo y desigualdad social, aunque por sí sola esta estructura no explica el aumento de la criminalidad, se apoya con el aumento del precio de la cocaína en Estados Unidos entre 2007 y 2008 (Colombia disminuye su producción).

Así como subía el precio de la droga, las armas se abarataban. En 2004, Estados Unidos eliminó la prohibición de la venta de rifles de asalto. Se dio un aumento de uso de armas de grueso calibre sobre todo en la frontera mexicana. Por otro lado, llegaron hombres dispuestos a utilizar estas armas. Entre 2002 y 2008 el número de exconvictos repatriados se incrementó en 35 por ciento, particularmente a la zona fronteriza, todo esto mientras los controles fronterizos estadounidenses se apretaban. Al mismo tiempo las luchas internas de los grupos criminales en México se recrudecían y el gobierno federal les declaró la guerra con el despliegue masivo de fuerzas federales y el número de extradiciones se incrementaba (el temor de los más grandes delincuentes) de 12 en 2006 a 107 en 2009, y para completar el paquete y explicar la expansión de la violencia, la impunidad.

Los migrantes que intentan cruzar de manera ilegal la frontera enfrentan la violencia que se ha incrementado en algunas regiones de manera drástica, pues se les ha empujado a lugares que eran usados por los traficantes de drogas. Asaltos, secuestros y violaciones son parte de los delitos que los criminales comenten contra los inmigrantes que buscan lugares alejados para cruzar la frontera (^{Slack, Martínez, Whiteford, Peiffer, 2013}). Algunos deportados han sido interceptados por delincuentes que los obligan a cruzar de nuevo con drogas o los usan como distractores para la patrulla fronteriza, mientras otros cruzan drogas (^{Slack y Whiteford, 2010}).

En Estados Unidos, investigaciones sobre la opinión pública han revelado que las actitudes hacia la migración tienden a ser más negativas según el incremento de los migrantes y cuando las condiciones económicas no son favorables (^{Solop y Wonders, 2013}). También se ha incrementado la idea de un atentado terrorista proveniente del sur, por los altos niveles de la violencia relacionada con las drogas y de que la violencia se derramará sobre toda su frontera. Sin embargo, el Departamento de Estado ha declarado que el riesgo de terrorismo a lo largo de la frontera con México es más potencial que real (^{Wilson y Lee, 2014}). Asimismo, el Instituto México del Centro Woodrow Wilson, utilizando datos del Federal Bureau of Investigation (FBI), demostró que la delincuencia en la frontera estadounidense es más baja que los promedios nacionales (^{Wilson y Lee, 2014}). Sin embargo, se ha creado un espectáculo mediático, alimentado por periodistas, medios de comunicación,¹³ políticos y analistas, provocando miedo y racismo entre la población estadounidense (^{Rosenberg, 2004}). Esto ha traído un impacto negativo en las economías de la frontera de México (^{Correa-Cabrera, 2012}). Entre 2008 y 2009, políticos estadounidenses alertaron sobre los riesgos que representa el poder que han alcanzado las organizaciones criminales al sur de la frontera, llegando a considerar la inminencia de un “Estado fallido” mexicano (^{Sánchez, 2011}). Recientemente, la encuesta realizada en línea por la empresa asesora GSD&M vía YouGov midió las actitudes hacia México de los ciudadanos estadounidenses. En los resultados, 7 de cada 10 tienen miedo de viajar a México y estos piensan que la mala imagen del país se debe a la violencia por el narcotráfico. Al relacionar a México con tres palabras, casi la mitad mencionó “drogas”. El 49 por ciento está totalmente en desacuerdo en que México está ganando la guerra contra los traficantes y carteles de la droga. Solo un 14 por ciento lo ve como un buen vecino, y el 17 por ciento considera México un país con una economía moderna (^{Vianovo/GDS&M, 2012}). Resulta interesante que los que contestaron en un 75 por ciento, eran demócratas e independientes y un 72 por ciento blancos.

Conclusiones

No es intención de este trabajo forzar la relación entre el incremento de deportados exconvictos y el aumento en la violencia en las ciudades fronterizas del norte de México. Esto a pesar de que algunos políticos mexicanos destaquen esa relación.¹⁴ Sobre todo si se toma en cuenta que el sistema penal estadounidense está criminalizando a un gran número de inmigrantes indocumentados solo por haber entrado ilegalmente. Las ofensas civiles de inmigración se han criminalizado, teniendo como marco la cooperación entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna (^{Gilbert y Kolnick, 2013}). En consecuencia, muchos deportados, llamados exconvictos, solo cometieron el delito de cruzar en una o varias ocasiones la frontera. Sin embargo, hay una realidad que debe de tomarse en cuenta y esa es la deportación de exconvictos culpados por delitos graves (nivel 1) hacia ciudades mexicanas con altos índices de violencia relacionada con el narcotráfico. Algunos exconvictos deportados pueden estar o no buscando engrosar las filas de la delincuencia organizada. Este trabajo no especula sobre el tema, lo que sí queda claro es que la falta de cooperación transfronteriza, en materia migratoria, puede estar repercutiendo en la seguridad pública.

La falta de cooperación transfronteriza se debe en gran medida a que las decisiones se toman a miles de kilómetros de distancia, donde la problemática de la frontera no golpea la cara de los políticos de Washington. En el caso de México, en el gobierno de Felipe Calderón se “desmigratizó” la agenda bilateral, es decir, se dio un menor peso al tema migratorio y se antepuso la seguridad y el comercio, excluyendo a las autoridades mexicanas de participar en discusiones sobre las repercusiones que las políticas antiinmigrantes causarían sobre México y los mexicanos. Entre estas discusiones, las deportaciones de exconvictos.

En las últimas tres décadas la seguridad de la Unión Americana se ha sobrepuesto a los intereses de México en materia migratoria y de seguridad pública. Las consecuencias de esto no han sido tratadas por los políticos de la Ciudad de México y menos en Washington. Lo que para el gobierno estadounidense es una solución de seguridad, para los gobiernos subnacionales de la frontera mexicana se convierte en un problema. En tiempos violentos en el norte mexicano, sus autoridades locales se limitan a sortear decisiones unilaterales de los gobiernos nacionales en materia de seguridad pública. La cooperación en materia de seguridad entre los dos gobiernos federales se ha incrementado, sin embargo, en la frontera se observan huecos. Debido a tal situación, recientemente se ha planteado establecer un diálogo de alto nivel entre los dos países, en temas relacionados con prevención de violencia fronteriza y repatriaciones (^{El Universal, 2014}).

Si ambas naciones están comprometidas con el combate a los grupos criminales, la violencia que generan y su poder económico, es indudable que la cooperación transfronteriza, que involucre a instancias federales y locales, en la circulación de información sobre exconvictos deportados culpados de delitos graves, abonará a estrategias de combate al crimen organizado. Diversos temas de la migración internacional y la seguridad pública deben estar en la agenda bilateral a nivel federal, pero también a nivel local, para producir una mejor cooperación transfronteriza. Una tarea urgente cuando la frontera mexicana presenta uno de los más altos índices de violencia que se nutre con la voracidad de delincuentes y autoridades corruptas que buscan beneficio de los flujos de sur a norte y de norte a sur de bienes y personas.