Introducción

“[El] problema del futuro de la democracia sigue siendo la democracia (...)” sentenció el profesor ^{Dahrendorf (2003: 81)} ante una pregunta similar a la que aquí nos comparten los editores en la convocatoria para este dossier. Si el problema de la democracia (y su futuro) es ella misma, no carece de relevancia volver una y otra vez sobre la dimensión política de aquella, a la vez que imaginar posibles escenarios futuros siempre más democráticos, sin embargo esos senderos no son excluyentes con aquel que se propone observar los funcionamientos de la democracia. En este sentido, mi propósito aquí consiste en reflexionar sobre algunos asuntos relacionados con el rol que juegan los hechos en los funcionamientos democráticos. En particular me interesa indagar si resulta posible que una democracia manipule y termine ocultando hechos.

Esta preocupación por el rol que juegan los hechos en la democracia no es nueva, se inserta en una larga tradición de pensamiento que ha pasado por diferentes discusiones: la relación entre verdad y política, conocimiento y poder, doxa frente a episteme, entre otros múltiples nodos de reflexión.² Estas son aguas muy profundas que observo aquí a la distancia y por prudencia me sitúo en una orilla un tanto más segura. Para el objetivo que aquí me trazo resulta suficiente suscribir la idea de que en las democracias hay un nivel epistémico que cumple un rol fundamental para su funcionamiento.³

No me resulta necesario tomar posición sobre lo epistémico en cuanto “valor” con la finalidad de justificar la democracia por sobre otros regímenes de gobierno, ni sobre los actos autoritativos de la democracia (^{Estlund, 2011}). Aquí me sitúo en el nivel epistémico en cuanto mecanismo que está disponible en una democracia y no en el nivel de cómo lo epistémico podría ser utilizado para justificar los motivos o razones que tienen los ciudadanos para preferir la democracia frente a otras formas de gobierno.⁴ Por tanto, no requiero aceptar o rechazar la afirmación que sostiene que la democracia es un régimen de gobierno que produce buenas decisiones autoritativas,⁵ ya que mi interés en este trabajo consiste en mostrar (exploratoriamente) que la diferencia democrática entre las democracias puede deberse, entre otras cosas, a la capacidad ciudadana e institucional para lidiar con los desacuerdos fácticos, es decir, en la existencia de diferentes “mecanismos” epistémicos disponibles.⁶ Por tanto, preguntarse sobre cómo funcionan los desacuerdos fácticos en las democracias es una forma complementaria a la cuestión de qué tan razonablemente bien está decidiendo una democracia cuando produce democracia. Para desarrollar mis ideas parto de tres premisas: i) los hechos cumplen un papel fundamental en la elaboración de las políticas,⁷ ii) así como los ciudadanos tienen disputas doxásticas, también mantienen desacuerdos fácticos,⁸ y finalmente iii) aunque los ciudadanos tienen mucho que aportar en los desacuerdos fácticos el papel de los expertos adquiere un rol preponderante en el procesamiento de aquellos.⁹

Dado que me interesa indagar si resulta posible que una democracia manipule y termine ocultando hechos, me serviré del desenvolvimiento institucional reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (en adelante INDEC) con la finalidad de exponer cómo puede suceder que en una democracia se manipulen u oculten los hechos. Utilizo en el primer apartado el concepto de “mentira organizada” propuesto por ^{Arendt (1996)} para caracterizar la situación en la cual la democracia puede seguir funcionando a pesar de sustraer un conjunto de hechos del espacio compartido por el público ciudadano. En la segunda parte describo cómo los eventos acaecidos en el INDEC desde 2007 hasta la actualidad encuadran bajo el concepto de “mentira organizada”. Muestro, también, que aunque la “mentira organizada” asumió un desarrollo imperfecto o incompleto, ha servido para ejercer las funcionalidades atribuidas al concepto: la sustracción de los hechos en el plano de los desacuerdos fácticos. En el tercer apartado expongo que la manipulación de los hechos condujo a debilitar el espacio institucional encargado de procesar los desacuerdos fácticos y también a reducir su rol en el funcionamiento democrático.

Finalmente, concluyo que resulta difícil medir el daño que la democracia argentina se ha generado a sí misma mediante el ‘acontecimiento INDEC’, y esta dificultad no sólo se reduce a la tarea compleja de rastrear los efectos en cascada de la “mentira organizada”, sino fundamentalmente porque no contamos con herramientas analíticas sólidas para evaluar los efectos negativos, en términos de calidad democrática, producidos por la reducción de los desacuerdos fácticos mediante el ocultamiento o manipulación de los hechos.

Democracia y hechos

^{Arendt (1996)} en su texto Verdad y política presenta una tesis fundamental: la mentira es una forma de acción y la “mentira organizada” no sólo es un mal terrible que presenciamos durante el siglo XX, sino que tiene la capacidad de erosionar cada vez que se presenta en el espacio democrático, la “realidad común y comúnmente reconocida” (^{Arendt, 1996: 249}). Arendt trabaja tres componentes esenciales en su explanans: a) la verdad factual o de hecho se presenta de manera coactiva al político y a la esfera política; sin embargo b) las verdades fácticas pueden ocultarse a la luz de lo público y por medio c) de la “mentira organizada”, como forma deliberada del accionar del Estado, puede suprimir aquello más estable que se encuentre en la vida en común y que sirve (y se requiere) para configurar el pensamiento político (^{Arendt, 1996: 250}).¹⁰ Lo que aquí quiero presentar, mediante la referencia a los sucesos acaecidos en el INDEC (desde 2007 hasta la actualidad), es que dada la naturaleza potencialmente política de la mentira (^{Arendt, 1996: 262-3}), juntamente con la capacidad transformadora que la opinión ejerce sobre las verdades factuales, genera un escenario que impone al ciudadano y al demócrata una tarea con un desenlace absolutamente incierto: evaluar el daño democrático que causa una mentira, especialmente aquella que organizándose desde el Estado, como atalaya autoritativa, se irradia hacia la sociedad.

Mi postura consiste en mostrar que ni los demócratas, ni los ciudadanos, ni siquiera los analistas muy bien entrenados, están suficientemente dotados de herramientas para advertir el deslizamiento de una mentira hacia una “mentira organizada”, y menos aún en avizorar los daños que una “mentira organizada”, aun desarrollada de forma imperfecta, puede producirle a la democracia. Una vez traspasado un umbral, no hay forma de evitar que la democracia se dañe a sí misma, el desafío para las democracias consiste en que el umbral tenga sensores y alarmas lo suficientemente ruidosas que despierten a la mayor cantidad posible de demócratas, y quizá de manera optimista a muchos ciudadanos. El caso del INDEC muestra que estamos lejos de esa deseable situación.¹¹

Ciudadanos, demócratas y analistas: la dificultad de detectar las “mentiras organizadas” [a medias]

In ancient times they had no statistics so they had to fall back on lies

Stephen Butler Leacock (1869-1944)¹²

“Alemania invadió Bélgica en agosto de 1914” y “la (tasa) de inflación en Argentina desde el 2007 es de más de dos dígitos” son ejemplos de verdades factuales o de hecho. El hecho que Alemania invadiera en agosto de 1914 Bélgica constituye para la política una coacción, como dice ^{Arendt (1996: 253)}: “[v]ista con la perspectiva de la política, la verdad tiene un carácter despótico”. La primera es una verdad factual a pesar que los formadores de opinión interpreten de múltiples formas ese evento, narren diferentes historias en torno a él, pero lo que no pueden hacer es eliminar el evento en sí. Con aguda ironía ^{Arendt (1996: 251)} lo pone así: “Es verdad que se necesitaría mucho más que los gemidos de los historiadores para eliminar de las crónicas el hecho de que en la noche del 4 de agosto de 1914 las tropas alemanas cruzaron la frontera belga: se necesitaría nada menos que el monopolio del poder en todo el mundo civilizado”.

El asunto de la “inflación en Argentina” y su relación con el INDEC ha tenido, tiene y tendrá múltiples impactos en la sociedad, la economía y fundamentalmente en la vida democrática de Argentina. Ya se han realizado diferentes y antagónicas interpretaciones y se han sucedido alternativas evaluaciones al interior de los públicos que componen la opinión pública, se escribieron y se escribirán múltiples crónicas al respecto (^{Noriega, 2010}; ^{Bullrich-Jueguen, 2010}), sin embargo, lo que seguro no se podrá evitar decir en el futuro es que en Argentina en estos últimos ocho años hubo inflación anual de más de dos dígitos.¹³ Si bien es cierto que para eliminar el registro de un evento en la esfera pública del mundo se requeriría un poder monopólico, nada impide que el poder intente organizar una “mentira” con la finalidad de ocultar un evento que es público, pero como ha insistido ^{Arendt (1996: 248)} se lo inserta en territorio tabú,¹⁴ es decir, producir un ocultamiento sistemático de un evento que tiene el poder de enfrentar el poder y poner en perspectiva a la política.

Este asunto comenzó en enero de 2007, cuando la democracia argentina vivió un cambio a nivel organizativo e institucional con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), que aquí denominamos ‘acontecimiento INDEC’. A raíz de ello, una parte de la opinión pública denominó “intervención del INDEC” al citado ‘acontecimiento’ y, a partir de entonces, la opinión pública quedó, para muchos ciudadanos, dividida, mientras que para otros, más relativistas o menos categóricos en sus opiniones, quedó al menos multiplicada en muchos mini-públicos que comenzaron a establecer expectativas diferenciales en torno a datos básicos que en una democracia consolidada suelen ser suficientemente creíbles y confiables, puesto que son el resultado de una metodología epistémicamente consistente e intersubjetivamente validada. El denominado ‘acontecimiento INDEC’, que en términos jurídico-administrativos fue un cambio de autoridades en un organismo desconcentrado de carácter autónomo que actualmente está bajo la primera línea del organigrama del Ministerio de Economía y Finanzas,¹⁵ fue presentado por el poder ejecutivo nacional de la República Argentina como un requerimiento (técnico-administrativo) para afrontar un futuro cambio de metodología y mejora sustantiva en la calidad del índice para la medición de la evolución de precios.¹⁶

Sin embargo, lo que los diferentes públicos, incluyendo en éstos a los analistas, fueron entendiendo conforme pasó el tiempo es que lo que se ponía en juego con el denominado ‘acontecimiento INDEC’ era la medición del índice de precios al consumidor, materia prima para calcular y difundir la inflación y todas las ramificaciones que ese dato genera en una sociedad compleja. Y los públicos tuvieron la oportunidad de entender el asunto porque las verdades factuales son despóticas, y lo son en un doble sentido: (i) porque vienen de fuera del poder, (ii) y porque son irremediablemente contingentes (volveré sobre este punto al final de este acápite). Sin embargo, comprender el asunto no permite salir del galimatías en el que estamos insertos, puesto que no podemos, me incluyo aquí, enunciar una tasa de inflación diferente a la que difunde el Estado, porque sería un privado frente al poder autoritativo, una parcialidad frente a la estadística pública. Como veremos más adelante, sería una enunciación de facto, un testimonio, que rápidamente se convertiría en opinión, una verdad factual en el torrente de las disputas doxásticas. Y en esto consiste la “mentira organizada”, cuya consecuencia más temible es la voracidad doxástica sobre lo fáctico que, justamente, es una de las conclusiones a la que arriba Arendt en Verdad y política.

No obstante, frente a esta descripción, la nueva conducción del INDEC, a poco de andar, comenzó a enfrentar tres tipos de reacciones: i) numerosas instituciones (grupos de legisladores/as de la oposición, organismos estadísticos de provincias, entre otros) y organizaciones de la sociedad civil (ONGs, gremios y consultoras especialmente) comenzaron a manufacturar Índices de Precios al Consumidor (IPC) cuyos resultados no coincidían con los del INDEC (^{UBA, 2010: 13}, Gráfico 1); por otra parte, ii) no parece haber evidencia de que expertos internacionales respaldaran la nueva conducción del organismo autónomo encargado de las estadísticas públicas argentinas, muy por el contrario hubo críticas insistentes¹⁷ y, finalmente, iii) los “terceros observantes internacionales” se mostraron primero cautelosos y expectantes para luego emitir algunas señales de advertencia y finalmente recomendaciones como fue el caso del Fondo Monetario Internacional (^{FMI, 2012}). Frente a ello el gobierno argentino impulsó tres acciones: i ́) combatió política y jurídicamente a las instituciones y organizaciones que pretendían disputar el monopolio de la manufactura y publicidad de las estadísticas nacionales (^{Clarín, 02/02/2011}; ^05/02/2011; ^25/02/2011a; ^25/02/2011b). En el frente de la expertise, ii ́) convocó al Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento conforme al Art. 4 del Decreto 927/2009 (^{PEN, 2009}; ^{CAES, 2010}; ^{UBA, 2010}; ^{Telam, 23/05/2013}) con la finalidad de obtener un aval científico para sus cambios metodológicos. Y, finalmente, iii ́) en el frente internacional reivindicó la “autonomía nacional” (o una versión gubernamental de ella) frente a los terceros observantes hasta el momento que tuvo que dar señales de buena voluntad para iniciar un camino titubeante de reinserción financiera de Argentina en el mercado internacional (^{El Cronista Comercial, 5/12/2014}; ^16/12/2014). En resumen: frente al poder despótico de los hechos, y dada la imposibilidad de anular los testimonios de los agentes que padecen la inflación, la respuesta del Estado argentino consistió en ocultar la verdad factual detrás de las estadísticas públicas, es decir, oficiales.

Desacuerdos fácticos: ¿procesarlos o eliminarlos?

La política tiene, entre otros desafíos relevantes en una democracia moderna, el de generar decisiones autoritativas en los bordes de un delgado desfiladero: de un lado, evitar considerar que los hechos sean un destino inevitable (por ejemplo, vivir con una inflación de dos dígitos), y por otro, no sucumbir a la tentación de manipularlos o eliminarlos (^{Arendt, 1996: 272}). De un lado los hechos se conectan con las opiniones, por el otro con las mentiras, o camina entre ellas o es combatido por ellas en una lucha cuerpo a cuerpo o de manera combinada (^{Arendt, 1996: 249}). Las verdades factuales, al igual que las verdades científicas, están sujetas al error e ignorancia (formas de limitaciones cognitivas), sin embargo son afirmadas de manera coactiva, es decir, su entidad no depende del número de personas que adhieren a ella (^{Arendt, 1996: 252}). Como coactivas que son, y sujetas a las limitaciones cognitivas, están siempre alcanzadas por los desacuerdos fácticos. Pero su naturaleza despótica frente al poder se hace notar, están allí aunque al poder no le guste, la inflación estaba y está allí aunque el INDEC no la difunda, o lo haga de manera tergiversada.

Pero los desacuerdos fácticos no hacen otra cosa que mantener las decisiones autoritativas sobre el sendero del desfiladero, eliminar el desacuerdo fáctico, ya sea mediante la remisión de los desacuerdos fácticos al nivel doxástico, o mediante la “falsedad deliberada” (^{Arendt, 1996: 244}), significa reducir la propia complejidad y riqueza de la vida democrática, implica dañar la democracia a partir de sí misma. Remitir los desacuerdos fácticos a las fauces trituradoras de la opinión sólo resulta posible si la entidad factual se ha sustraído del mundo en común, se ha puesto en duda, de alguna forma se ha ocultado.

El ‘acontecimiento INDEC’ puede presentarse, por la propia e incuestionable naturaleza y alcance epistémico del Instituto, como la transmutación de un verdadero desacuerdo fáctico en otro doxástico, la eliminación de un lugar construido por el legislador para procesar desacuerdos fácticos y reemplazado por un espejo que remite una y otra vez opiniones. Esto es, en donde antes los desacuerdos fácticos, en caso de existir, se procesaban al interior del Instituto mediante criterios propios de la autoridad científica, ahora resultan expuestos a la opinión ciudadana como un asunto doxástico. La iniciativa gubernamental del cambio de autoridades (en 2007), fundada en la necesidad de mejorar el IPC (que finalmente acontece siete años después), abrió un período de desacuerdos fácticos, seguramente porque diferentes principios epistémicos estaban en competencia, porque se apelaba a alternativas fuentes de autoridad epistémica y se valoraba de manera diferente las evidencias (en este caso metodologías alternativas de índices), dando por resultado una institución con escasa legitimidad para procesar los desacuerdos fácticos (^{LPO 30/11/2014}). La evidencia de ello se encuentra en la multiplicidad de índices disponibles y que muchos ciudadanos consideran como alternativamente “verdaderos” (“falsos”). Puesto de manera democráticamente dramática: la ‘tasa de inflación’ pasó a ser un asunto de desacuerdo doxástico.

La incapacidad de legitimar un desacuerdo fáctico al interior del INDEC, conduce a la democracia como un todo a que los ciudadanos en vez de tener opiniones (positivas o negativas) sobre la inflación (y sus consecuencias), tengan opiniones doxásticas sobre la ‘tasa de inflación’. No es quizá un asunto inédito, pero sí incomprensible para una democracia que quiere construir calidad democrática en sus funcionamientos y resultados, predisponga a sus ciudadanos a discutir epistémicamente cuál es la forma ‘verdadera’ de calcular el IPC y la tasa de inflación. En este contexto resulta que las verdades fácticas (limitadas por errores cognitivos) no sólo estén acorraladas por opiniones, sino que expertos y ciudadanos se encuentren inmersos en un mundo doxástico, sustraídos a los hechos que conforman las evidencias necesarias para gobernar por medio de políticas.

Los ciudadanos, que por las razones que fuere, tienen o expresan opiniones favorables al gobierno, pueden minimizar o inadvertir la existencia de desacuerdos epistémicos al interior del INDEC, mientras que los que observan con preocupación y detenimiento los desacuerdos fácticos al interior del Instituto, pueden reforzar sus opiniones negativas frente a las iniciativas gubernamentales. De esta forma, la relación entre desacuerdos doxásticos y fácticos se produce en más de un sentido. Pero dada su duración,¹⁸ y los impactos en el entretejido institucional,¹⁹ han hecho de este evento un acontecimiento relevante para la democracia argentina. Los ciudadanos podrán tener opiniones favorables o negativas en torno al llamado ‘acontecimiento INDEC’, podrán manifestar públicamente desacuerdos doxásticos sobre la ‘tasa de inflación’ y, finalmente, de acuerdo a lo anterior podrán minimizar o resaltar la existencia de desacuerdos epistémicos sobre las estadísticas nacionales, lo que no pueden poner en duda es la importancia de éstas para el diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación del gobierno cuando éste actúa por medio de políticas. La multiplicación de índices de precios al consumidor y la disparidad de guarismos que guardan con el IPC del INDEC no sólo expresan una creciente desconfianza en las estadísticas manufacturadas por el órgano estatal que legalmente tiene la responsabilidad de proveer de datos confiables y oportunos para la discusión pública y toma de decisiones democráticas, sino que exponen descarnadamente lo que los ciudadanos promedios perciben como el meollo de la situación: la inflación.²⁰

Si bien los ciudadanos conviven con la inflación, lo que confirma que el evento coactivo no se puede suprimir, no ha evitado que la ‘tasa de inflación’, esto es un artefacto vital para las interacciones sociales, se haya convertido en un asunto de opinión, deambula por el reino doxástico. La ‘tasa de inflación’ ya no se valida coactivamente, sino que busca persuasivamente opiniones a favor de la ‘tasa de inflación oficial’. El ‘acontecimiento INDEC’ muestra que lo que debería haber sido un simple desacuerdo fáctico al interior del Instituto, se presentó como un desacuerdo doxástico sobre las tasas de inflación, repercutiendo sobre múltiples desacuerdos doxásticos en la esfera pública,²¹ y afectando a diferentes y variados desacuerdos fácticos, ya sea porque la inflación constituye una evidencia para otras políticas, o porque las estadísticas oficiales conforman una evidencia intersubjetivamente valorada para la toma de decisiones públicas.

Si ^{Arendt (1996: 255 y ss.)} está en lo cierto cuando piensa que la actividad política siempre tiene una cuota de mentira, ya que la política tiene que cambiar lo que existe y muchas veces para cambiarlo hay que mentir. Mentir sobre la ‘tasa de inflación’, en este caso, es hacer que las cosas sean de otra manera cuando al gobierno no le gusta como son. Porque la inflación es por un lado el resultado de una(s) política(s) específica(s), pero por otro, constituye el contexto que influye y delimita el diagnóstico, diseño e implementación de otras. Es decir, como resultado de una política y como evidencia para otras. El ‘acontencimiento INDEC’ parece haber reducido los hechos hasta hacerlos desaparecer, dejando por consiguiente a la democracia argentina, a sus demócratas y a los ciudadanos que la habitan en medio de disputas doxásticas y sin, como sentenció ^{Arendt (1996: 249)}, una “(...) realidad común y comúnmente reconocida”.

Conclusiones

El ‘acontecimiento INDEC’ muestra que una democracia puede ocultar, aunque sea de manera imperfecta, verdades fácticas. El hecho verificable de la existencia de la “mentira organizada” (imperfecta) consiste en haber utilizado a la tasa de inflación como un asunto de disputa o desacuerdo doxástico. La prueba ofrecida aquí consistió en mostrar que los asuntos fácticos y los desacuerdos asociados a la tasa de inflación se procesaron como un asunto doxástico, suprimiéndose los hechos como materia prima para la elaboración de juicios y decisiones políticas.

De forma complementaria he mostrado que la “mentira organizada” ha jibarizado el espacio institucional encargado de procesar las disputas fácticas, transformándolo en un espacio institucional de remisión doxástica con la misión de justificar el accionar gubernamental, es decir, persuadiendo a la ciudadanía sobre la ‘validez’ de la tasa de inflación (oficial).

Por otra parte, he mostrado que el ‘acontecimiento INDEC’ sucedió mientras la democracia argentina producía democracia. Este evento sucedió por un largo período de tiempo, en este caso por dos períodos presidenciales y mediante una reelección que fue histórica en términos de apoyo electoral. En el momento que ha sucedido el ‘acontecimiento INDEC’, es decir, mientras la democracia produce democracia, los ciudadanos pudieron percibir la mentira porque los hechos son despóticos, pero aun así la democracia y la opinión pública no supieron cómo reaccionar frente a la “mentira organizada”. El ‘acontecimiento INDEC’ muestra la impotencia política de los actores que insisten en el carácter “despótico” de los hechos, mientras que continuamente renovó el potencial y vitalidad de la “mentira organizada” como herramienta política. Esto fue posible, entre otras cosas, porque los ciudadanos que apelan a los hechos en estos contextos no se los puede diferenciar del conjunto de posturas doxásticas.

Por otra parte, si la “mentira organizada” sustrae a la democracia de una base común de evidencias para la elaboración de políticas, la existencia visible de hechos (padecimiento de la inflación en este caso) no necesariamente implica la existencia de desacuerdos fácticos en otras dimensiones que involucran estos asuntos fácticos, y menos aún la discusión sobre los impactos que éstos tendrán en el futuro de la calidad de la democracia. He tratado de mostrar que el ‘acontecimiento INDEC’ tiene ramificaciones en toda la sociedad y además dificulta la tarea de cuantificar y juzgar los rendimientos democráticos.

Finalmente, el daño que la democracia argentina se causó a sí misma no parece fácilmente cuantificable. El umbral queda identificado a través de la narración histórica de los sucesos, pero no para los ciudadanos, demócratas y analistas que estuvieron inmersos en el proceso que deslizó una mentira (política) hacia una “mentira organizada”. Cuando los actores políticos lograron percibir la “mentira organizada”, el daño que la democracia se había infligido a sí misma ya estaba consumado. El ‘acontecimiento INDEC’ generó un efecto cascada en un conjunto amplio de desacuerdos fácticos cuyo impacto resulta difícil de cuantificar, ya que la reducción del espacio institucional para procesar los desacuerdos fácticos producto de la “mentira organizada” ha tenido repercusiones en otros espacios de procesamiento de desacuerdos fácticos.

Resulta difícil identificar el daño que la democracia argentina se ha generado a sí misma mediante el ‘acontecimiento INDEC’, y esta dificultad no sólo se reduce a la tarea compleja de rastrear los efectos en cascada de la “mentira organizada”, sino fundamentalmente porque no contamos con herramientas analíticas sólidas para evaluar cómo las democracias utilizan los mecanismos epistémicos que tienen disponibles. Lo que el ‘acontecimiento INDEC’ nos sugiere es que no sólo las instituciones son fundamentales para la calidad de la democracia, sino que el rol de los desacuerdos fácticos, sus mecanismos de procesamiento y las relaciones que se establecen con las disputas fácticas son elementos relevantes de la calidad institucional. Una agenda de la calidad de la democracia que incorpore la relación de desacuerdos fácticos con los doxásticos, el rol de los expertos y su relación con los ciudadanos, parece ser relevante para el futuro de la democracia.