Introducción³

Desde el primer gobierno de Donald Trump (2017-2021), un conjunto de políticas y programas de control migratorio y de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos han provocado el bloqueo, la expulsión y la espera prolongada en el norte de México de desplazados forzados y solicitantes de asilo mexicanos y centroamericanos. Muchas de estas políticas continuaron y otras medidas de control empezaron a ser ejecutadas durante el gobierno de Joe Biden (2021-2024) (^{Capicchiano Young, 2024}). Esto ha provocado que miles de mexicanos y extranjeros se queden en ciudades como Tijuana, en una condición que diversos autores han denominado “atrapamiento” (^{Odgers-Ortiz et al., 2023}). En esta espera prolongada, las personas sobreviven en condiciones de gran precariedad y son vulnerables a ser víctimas del crimen organizado.

Este artículo busca explicar el proceso de desplazamiento forzado desde México y Centroamérica y su relación con las prácticas del crimen organizado en los lugares de salida, de movilidad y de atrapamiento. Se indaga sobre la violencia criminal como factor de huida de las personas migrantes, durante su movilidad en México y su espera en Tijuana. La migración forzada ligada a la violencia criminal es explicada como un proceso de intensidad gradual que no se detiene al momento de la salida de las personas, sino que, con frecuencia, continúa con una persecución a lo largo del trayecto. Al estar presentes grupos del crimen organizado en distintos espacios de los países de origen y de tránsito-atrapamiento en la frontera, las personas pueden ser revictimizadas, lo que genera no solamente una huida, sino varias movilidades forzosas.

El trabajo de campo comprendió 15 entrevistas estructuradas (con preguntas mayoritariamente cerradas y algunas abiertas) así como 29 entrevistas semiestructuradas con migrantes mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que se encontraban en un centro de acogida administrado por el Gobierno mexicano en Tijuana (Centro Integrador para Migrantes “Carmen Serdán”) mientras esperaban poder cruzar para pedir asilo en Estados Unidos.

El artículo se divide en cinco apartados: el primero aborda la problemática de las migraciones forzadas en relación con diversas formas de violencia (criminal, estatal y de género). A partir del concepto “continuum de violencias” propuesto por ^{Scheper-Hughes y Bourgois (2004}), se explica la espiral de agresiones y violaciones graves a derechos humanos que llevan desde a abusos cotidianos en los hogares y extorsión generalizada hasta el secuestro y el asesinato.

En el segundo apartado se presenta la metodología de esta investigación, así como las características demográficas y los factores de huida de las personas entrevistadas. Un tercer apartado describe la violencia criminal y el control territorial impuestos por las organizaciones criminales (OC), tanto en México como en el norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador); también se analiza -con base en la literatura sobre criminalidad y desplazamiento forzado, y la información proporcionada por las personas entrevistadas en esta investigación- cómo esta violencia criminal y de género está ligada a otras formas de violencia propiciadas por el Estado.

En el cuarto apartado se describe la continuidad de la persecución y el peligro de sufrir ataques en otros lugares de asentamiento en Centroamérica y en México. Se muestra cómo las migraciones forzadas suelen incluir varios desplazamientos en la búsqueda, a veces desesperada, de un lugar seguro. La huida hacia Estados Unidos se percibe entonces como la única opción para obtener protección contra la persecución. La última sección aborda las vivencias de violencia en la frontera norte de México, relacionadas con las expulsiones, la precariedad de la espera y la inseguridad.

Violencias múltiples y migraciones forzadas

Stephen ^{Castles (2003}) llama la atención sobre la necesidad de estudiar más a profundidad las migraciones forzadas y los procesos de transformación social en la era del capitalismo global. El autor propone analizar la movilidad humana a raíz de la globalización y del final de la Guerra Fría mostrando el rol de intereses económicos estratégicos del norte global (petróleo, diamantes, armas, etc.) en las guerras locales o regionales prolongadas. Así mismo, pone de relieve que las situaciones de guerra en los países de origen han cambiado: “los protagonistas han dejado de ser grandes ejércitos nacionales y suelen integrar fuerzas armadas irregulares que no pretenden acceder al gobierno o dominar el territorio sino controlar a la población” (p. 18).

Por su lado, Ariadna ^{Estévez (2022}) sostiene que las migraciones forzadas son un componente mismo del extractivismo, considerando que en última instancia el despoblamiento forzado de extensos territorios facilita el despojo y la apropiación de recursos naturales. Además, la creciente securitización de las rutas migratorias, la multiplicación de las muertes de migrantes y la proliferación de actividades criminales en los territorios de tránsito, muchas veces en colusión con las propias autoridades, provocan que esa población móvil sea acosada y amenazada antes de llegar a un destino donde logre la protección de su vida.

A partir del trabajo de campo y de diversos aportes recientes en las Américas (ver por ejemplo ^{Alba Villalever et al., 2024}), se entienden aquí “las migraciones forzadas” como un proceso de movilidad humana debido a un grado considerable de amenaza contra la vida o la integridad de las personas que puede ser consecuencia ya sea de la persecución debido a razones raciales, religiosas, étnicas, políticas, nacionales, de género, de pertenencia a un grupo en particular, o bien de amenazas inminentes contra la integridad personal o la vida de familiares, pérdida de la vivienda y de las fuentes de subsistencia como consecuencia de proyectos de desarrollo, extractivismo, cambio climático, catástrofes naturales o antropogénicas (^{Castles, 2003}). Las personas que huyen de estas condiciones intentan muchas veces reasentarse en el país de origen, ya sea en alguna ciudad cercana o en localidades pequeñas a través de sus redes familiares; pero la extensión de las redes criminales provoca que los desplazados forzados internos sean reencontrados por sus persecutores y se vean obligados a cruzar alguna frontera para buscar protección internacional.

En México y Centroamérica, esta forma de movilidad humana está frecuentemente vinculada a la violencia causada por las OC, la cual está a veces imbricada en las instituciones locales y en las agencias de seguridad a través de vínculos diversos de corrupción y connivencia (^{París, 2017}). Esta violencia está ligada a relaciones de poder extremadamente desiguales en las comunidades de origen: actores armados estatales o irregulares imponen su voluntad a través de agresiones físicas y castigos ejemplares. Está además imbricada en lo que ^{Segato (2013}) denomina “estructura de género”: “En condiciones socio-políticamente ‘normales’ del orden de estatus, nosotras, las mujeres, somos las dadoras del tributo; ellos, los receptores y beneficiarios. Y la estructura que los relaciona establece un orden simbólico marcado por la desigualdad que se encuentra presente y organiza todas las otras escenas de la vida social regidas por la asimetría de una ley de estatus” (p. 24).

Aunque el agente victimario suele ser un miembro de una OC o un hombre de la familia (la pareja, el padre), la responsabilidad del Estado se evidencia reiteradamente por omisión o por colusión. El Estado participa activamente en la generación de condiciones de extrema desigualdad y de despojo a través del impulso de políticas neoliberales, de megaproyectos que no tienen en cuenta las necesidades de las poblaciones locales. Pero es también generador de violencias directas en su lucha contra las OC, que se despliega a menudo a través de la militarización, el aumento de la violencia sexual en zonas “de guerra” y de la criminalización de ciertos sectores sociales (^{Menjívar y Walsh, 2017}).

La violencia y el desplazamiento forzado benefician a ciertos sectores empresariales vinculados a las industrias extractivistas, a los mercados criminales o a su contraparte, la industria de la seguridad. Los recursos financieros provenientes de actividades ilegales ingresan a la economía formal y, a medida que se va consolidando su control territorial, los propios grupos criminales incursionan en diversos sectores legales e ilegales del comercio, la minería, la agricultura y el transporte. Así, existen múltiples anclajes sociales, económicos y simbólicos de las OC en la vida cotidiana de las localidades bajo su control (^{Guerra, 2022}; ^{Maldonado, 2019}).

Las OC llegan a operar a gran escala si se tiene en cuenta “el número de víctimas, victimarios, cuantía de daños, permanencia en el tiempo, habitualidad y complejidad” (^{Quintero, 2021}, p. 340). En el sentido laxo de la “macrocriminalidad”, los delitos pueden ser cometidos por actores no estatales con la omisión estatal, mientras que, en sentido estricto, se puede encontrar un sistema y estructura de organización que se diferencia de la “normalidad” criminal por el rol que desempeña el Estado, observándose una “criminalidad fortalecida por el Estado” (Hassemer, citado en Quintero, 2021, p. 341).

El desplazamiento forzado se inserta en una espiral de violencias, o en un conjunto de violencias intersectadas que comprenden factores económicos, políticos, étnicos y de género (^{Abrego y Menjívar, 2023}; Menjívar y Walsh, 2017). En las entrevistas, la primera motivación de la salida urgente o el factor desencadenante de la huida es la “violencia criminal”; en segundo lugar, destaca “la violencia de género”. Sin embargo, en la narrativa de las personas se detecta un continuum de violencia (^{Scheper-Hughes y Bourgois, 2004}) o violencias múltiples (multisided violence) (Menjívar y Walsh, 2017) que se van encadenando antes del desplazamiento y que comprenden acoso y violencia sexual, extorsión a través de amenazas, secuestro o reclutamiento forzado por parte de OC, agresiones, golpes, tortura, desapariciones forzadas y asesinato de familiares. ^{Querales-Mendoza (2020}) señala que las víctimas experimentan “un flujo de continuidad” entre la desaparición forzada y el desplazamiento forzado interno. Por su parte, ^{Bourgois (2001)} habla de “violencia cotidiana” (everyday violence), es decir, prácticas diarias y agresiones en un nivel de micro-interacción: interpersonal, doméstico y delincuencial. De tal manera, las personas normalizan tanto estas “brutalidades mezquinas” dentro del hogar, como el terror vivido en el nivel comunitario; crean así un sentido común o “ethos de violencia” (p. 8).

De igual manera, en referencia a la violencia de género en Honduras, Menjívar y Walsh muestran la intersección o interconexión de formas cotidianas de violencia y humillación que “contribuyen a su normalización, y a la internalización de marcos de sentido a través de los cuales las personas comprenden su mundo social” (Menjívar y Walsh, 2017, p. 223). Es en este sentido que las autoras hablan de “una arquitectura sociopolítica de la violencia” que organiza la vida cotidiana de las personas y que forma sus marcos de referencia.

Los mecanismos de mortificación de los cuerpos imponen una fuerte carga psicológica en las personas desplazadas, las descripciones detalladas en las entrevistas, las fotografías impresas y en el celular, además de los videos en el mismo dispositivo pueden explicarse como el ánimo que describe ^{Guerra (2017}) para lastimar al cuerpo de las víctimas más allá de toda racionalidad y publicitar estas imágenes y remarcar los componentes de clase, género, homofóbicos, identitarios y hasta religiosos.

Metodología

Con el objetivo de analizar las experiencias de huida, persecución y espera forzada que viven personas mexicanas y centroamericanas atrapadas en la frontera norte de México, se llevó a cabo trabajo de campo cualitativo en un centro de acogida del Gobierno mexicano en Tijuana. Durante septiembre y octubre de 2021, se entrevistó a 44 personas (18 hombres y 26 mujeres). El levantamiento de información comenzó con un instrumento estructurado (15 cuestionarios con la mayoría de las preguntas cerradas) y luego se adaptó a uno semiestructurado (29 entrevistas) con el objetivo de profundizar en las historias de desplazamiento forzado. Debido al riesgo de seguridad tanto para las personas entrevistadas como para los entrevistadores, los sujetos nunca fueron identificados por sus nombres reales. Algunos de ellos, además de haber huido en una o varias ocasiones por ser víctimas del crimen organizado, recibieron amenazas al ser relocalizados en Tijuana. En los consentimientos informados y durante las entrevistas se utilizaron seudónimos para proteger sus identidades, incluso en las grabaciones, y prevenir posibles amenazas dirigidas a obtener información.

Las entrevistas se llevaron a cabo en el Centro Integrador para el Migrante “Carmen Serdán” (CIM) del Gobierno federal, ubicado en un parque industrial en la Zona Este de Tijuana. La seguridad estaba a cargo de la Guardia Nacional, que gestionaba dos puntos de acceso y supervisaba el comportamiento de los albergados. Diversas agencias de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales proporcionaban servicios como atención psicológica, actividades lúdicas y educativas para niñas y niños, asesoría legal para la solicitud de la condición de refugiado en México o para la solicitud de asilo en Estados Unidos.

El CIM era un lugar seguro, dijeron las personas entrevistadas; lo enfatizaron aquellas que habían estado previamente en algunos albergues de la sociedad civil y, sobre todo, quienes habían vivido en un campamento improvisado cerca del cruce fronterizo El Chaparral. Sin embargo, era también un lugar de hacinamiento, donde existían pocas oportunidades de privacidad. Las personas albergadas tenían acceso a dormitorios compartidos, comidas, regaderas y baños, atención médica y psicológica, bolsa de trabajo, centros de carga de teléfono y áreas de cuarentena para aquellos con enfermedades contagiosas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Muchas personas preferían no salir, porque estaban garantizadas sus necesidades básicas y consideraban peligrosa la zona en donde se ubica el CIM, que colinda con colonias con altos niveles de criminalidad; además, persistía el temor a ser ubicadas por sus victimarios y perder la vida.

Las entrevistas se llevaron a cabo en el área de desayuno durante los períodos en que estaba vacía, para preservar la privacidad y la confianza. Algunas personas vinieron acompañadas de sus parejas, sus hijos o de ambos, ya que muchos estaban en núcleos familiares. Sin embargo, no se entrevistó a menores de edad y se tomaron medidas para evitar que escucharan las conversaciones; se los ubicó en mesas cercanas y se les proporcionaron libros para colorear y juguetes.

El objetivo fue analizar el riesgo ante las situaciones de violencia que vivían los solicitantes de asilo obligados a esperar en la frontera norte de México durante la resolución de sus casos en cortes de inmigración situadas en Estados Unidos. Sin embargo, con la declaración de emergencia sanitaria debido a la pandemia de COVID-19, las autoridades estadounidenses cerraron la frontera terrestre para todos los solicitantes de asilo. Así, en el momento de las entrevistas, la mayoría de las personas que se encontraban en el CIM habían sido expulsadas al tratar de cruzar de manera irregular o no habían podido cruzar la frontera y se encontraban en espera de que abrieran el puerto de entrada.

La guía de entrevista buscó comprender las experiencias de huida, persecución y espera forzada, profundizando en temas de violencia, violaciones de derechos humanos y rutas de desplazamiento interno que, en el caso de los sujetos centroamericanos, se convirtieron en internacionales. Finalmente, se indagó sobre la situación en la frontera y los riesgos percibidos durante la espera.

El cuadro 1 presenta información sobre las 44 personas desplazadas. En cuanto al lugar de origen, 11 mujeres eran de México y 15 de Centroamérica, mientras que 6 hombres eran de México y 12 de Centroamérica. En general, la principal causa de salida fue la violencia criminal (30), seguida por la violencia intrafamiliar (7) y la pobreza (4).

Si bien en el caso de las personas mexicanas se habla de desplazamiento forzado interno (DFI), estas personas se encuentran en la frontera con la intención de huir del país. Dos personas mexicanas entrevistadas ya habían tenido un juicio de asilo en Estados Unidos, una de ellas con una resolución positiva, y otra, negativa. En el primer caso, su retorno a México se debió a circunstancias familiares que la obligaron a visitar su lugar de origen y, al intentar regresar, se encontró varada en Tijuana debido al cierre de la frontera. En el segundo, fue deportada a México cuando se rechazó su solicitud.

Continuum de violencia en los lugares de origen

Durante la década de 2000, los mercados criminales en México y en el norte de Centroamérica pasaron por cambios significativos que llevaron al control de amplios territorios por parte de las OC. En Centroamérica, estas organizaciones son identificadas generalmente como “maras” o pandillas y su poder se ha instaurado principalmente en barrios periféricos de las ciudades. En México son conocidos como cárteles, a pesar de una clara tendencia a la fragmentación de las grandes corporaciones criminales y la aparición de múltiples bandas territoriales (^{Bailey, 2014}). Estas bandas disputan amplias zonas rurales, nodos urbanos situados en las rutas del tráfico de armas, de drogas y de personas, así como espacios de narcomenudeo, piratería, prostitución y producción de drogas en las ciudades. Se organizan muchas veces en redes adscritas a alguna organización de mayor tamaño, controlada por cabecillas locales o regionales (^{Guerra, 2017}).

En Centroamérica, el control territorial se ha construido mediante el establecimiento de redes clientelares y de protección, acuerdos, sobornos, captura de gobiernos locales, policías y otros cuerpos de seguridad, así como sistemas amplios de extorsión (^{International Crisis Group [ICG], 2017}). En la medida en que permite reforzar el dominio sobre un territorio, sostener económicamente y garantizar salarios a múltiples miembros locales dedicados a la vigilancia y coerción, la extorsión se ha impuesto a lo largo de la última década como el elemento vital de la criminalidad y el motor económico de las pandillas. Pequeños y medianos negocios, profesionistas, transportistas e incluso hogares situados en la zona de control de alguna pandilla pagan puntualmente el denominado impuesto de guerra bajo amenaza de ser violentamente agredidos, secuestrados o incluso asesinados en caso de fallar en los pagos (^{Insight Crime e Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, 2019}). La presión por pagar el llamado “derecho de piso” o impuesto de guerra evoluciona frecuentemente hacia formas de violencia de género o reclutamiento forzado para la participación en actividades delictivas.

De acuerdo con diversos autores e informes sobre las maras y pandillas presentes en Guatemala, Honduras, El Salvador y en México, estas han evolucionado hacia formas reticulares cada vez más complejas de control territorial, con base tanto en redes de apoyo y protección como en aparatos de coerción y depredación (^{Saunders-Hastings, 2018}). Estas dos caras (clientelar y depredadora) no son mutuamente excluyentes; los miembros de las pandillas pueden ser a la vez víctimas y perpetradores de una violencia cada vez más cruda y destructiva a nivel barrial.

Las pandillas centroamericanas se distinguen por una gran capacidad de reclutamiento, ya sea voluntario o forzado; integran a niños y adolescentes dedicados a amedrentar a compañeros de escuela o a vigilar la cuadra donde habitan (^{Insight Crime e Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional, 2019}). La entrevista con Araceli, salvadoreña, da cuenta del grado de vulnerabilidad de los menores de edad, lo que obliga a sus tutores a salir huyendo con ellos: “A mi sobrino y a mi hijo los querían hacer pandilleros. Entonces me mandaron un mensajito: que si nosotros sacábamos a los nenes del país, tenían 11 años, nos iban a hacer picadillo, nos iban a matar” (Araceli, comunicación personal, 11 de octubre de 2021).

La violencia puede escalar de las amenazas, extorsiones y despojo hacia el secuestro o asesinato de familiares, como lo refleja el relato de Eduardo, originario de Guerrero y propietario de un pequeño negocio de comida. Inicialmente, la OC que controla la región le obligó a pagar cinco mil pesos mensuales. Unas semanas después, le aumentaron al doble la “cuota”, con amenazas de muerte. La llamada “cuota” siguió aumentando hasta que se vio obligado a huir con su familia para pedir asilo en Estados Unidos. Sin embargo, fueron expulsados a México, por lo que trataron de instalarse en Cancún, Quintana Roo, donde sus persecutores los volvieron a localizar y los obligaron a regresar a su pueblo. Eduardo reabrió su negocio en su vivienda y siguió pagando durante unos meses los diez mil pesos exigidos por los delincuentes. Además, los delincuentes llegaban en cualquier momento y se instalaban en su casa obligándolo a atenderlos sin pagar. Después de unos meses, de extorsión, pasaron a las amenazas para que se involucrara en el narcotráfico.

A mi esposa y mi niña me dijeron que si hacía algo las iban a matar [...]. Me dijeron que tenía que vender drogas, así que tenía que trabajar para ellos, si quería seguir vivo [...]. Yo les dije que no, pero ya llevaban [...] droga ahí y me decían a tal hora va a pasar alguien a recogerla. [...] Hasta apenas el mes pasado, en agosto [...] llegaron en una camioneta y se bajó uno de ellos que yo nunca había visto. [...] Me asomé [...] le dije que iba a abrirles y ya ahí las abracé [a la esposa e hija], y le dije que se salieran [...] por la puerta de atrás y que trataran de brincarla y las bardas de los vecinos y que fueran allá. Yo pensé “bueno”, yo estaba seguro de que me iban a matar o me iban a hacer algo [...] me despedí de ellas prácticamente [...]. El señor me dijo: “la próxima semana vas a empezar a trabajar con nosotros, pero vas a cerrar aquí, te vas a venir con nosotros, te vas a venir con nosotros a los chingadazos”. [...] Le dije sí, si no aceptaba nos iban a matar a todos, a toda mi familia. (Eduardo, comunicación personal, 13 de octubre de 2021)

Poco antes de huir por segunda ocasión, Eduardo fue al centro a cenar, unas personas lo subieron a su camioneta y lo secuestraron. Lo llevaron con los ojos vendados a su propia casa y amenazaron con asesinarlo si no seguía las reglas que le imponían. Eduardo decidió denunciar los hechos y las autoridades le informaron que abrirían una carpeta de investigación, pero nunca lo visitaron en su casa ni le hicieron otra entrevista, por lo que decidió huir nuevamente con su familia a Tijuana para solicitar protección en Estados Unidos.

En la entrevista de Eduardo, se observa no solo el ensañamiento y formas de persuasión violenta de las OC, sino también la omisión y la ausencia de las autoridades en el refuerzo del Estado de Derecho, lo que da sistemáticamente a las personas desplazadas una sensación de desamparo, de falta de respuesta institucional o de protección estatal.

Las OC que operan en México combinan las formas más brutales de coerción y depredación con redes clientelares basadas en la protección e incluso en la distribución de bienes de consumo entre la población. El desplazamiento forzado de las comunidades, la desaparición o asesinato de líderes sociales y ambientalistas garantizan la implantación de industrias extractivas enormemente contaminantes, la destrucción de bosques o la expansión de zonas de producción de narcóticos. Los vínculos, las alianzas e incluso la captura de gobiernos locales implican una transformación de las redes de poder a nivel regional y la implantación de lo que ^{Maldonado (2019}) denomina “hegemonía política/criminal” (p. 751).

A esta supremacía ilegal contribuye el apoyo y la protección de algunos pobladores que han legitimado la actividad de las OC al no encontrar otras opciones económicas o apoyo del Estado (^{Guerra, 2017}). El nivel de complejidad de los cárteles mexicanos les permite cometer crímenes contra las industrias globales y de alto valor agregado, como explica Luis, un desplazado interno mexicano cuyo conocimiento de las operaciones del comercio internacional en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo convirtieron en un activo importante para los delincuentes. Como tenía un empleo como custodio de contenedores marítimos, fue en varias ocasiones asaltado. Dejó entonces ese empleo y fue acosado por miembros de una OC que querían reclutarlo para sus actividades de extorsión y tráfico ilegal (Luis, comunicación personal, 9 de septiembre de 2021).

El despojo de propiedades o negocios puede ser también repentino, después de la herencia o adquisición de los bienes. Este es el caso, por ejemplo, de Cándido, originario de Michoacán, quien heredó la casa de sus abuelos, con los que se había criado. Fue a tomar posesión y ahí lo asaltaron los halcones (miembros de una OC). Lo amarraron y torturaron durante dos días y se quedaron con su moto y la casa de sus abuelos. Otro caso similar es el de Israel, originario de San Salvador. Su esposa heredó un puesto de pupusas que se encontraba situado entre dos territorios de diferentes pandillas. Ambas quisieron cobrar una gran cantidad de dinero que la pareja no pudo pagar, de manera que los secuestraron y golpearon y los dejaron bajo un puente, dándolos por muertos.

El poder creciente de las OC y los procesos de militarización también han intensificado la violencia de género, desde la violencia intrafamiliar hasta el feminicidio. La guerra social exige soldados insensibilizados, capaces de exhibir extrema crueldad. Esas masculinidades son necesarias y funcionales no solo a las agencias de seguridad del Estado sino también al crimen organizado (^{Segato, 2013}). Beatriz, de 25 años, rememora su experiencia en Honduras como víctima colateral de su pareja, ligada a las pandillas:

Yo me junté con una persona [...] tenía muchos problemas encima y me alcanzaron a mí y a mi hija. Nos llegaron y nos encañonaron dentro de donde nosotros vivíamos... nos amenazaron de que él iba a morir ese día y yo también. Nosotros huimos de ahí a otro lugar, pero [...] también nos encontraron. [...] A él lo tuvieron que sacar de emergencia porque corría riesgo [...] Después de buscarme a mí empezaron con su familia; le mataron a un tío; luego buscaron a su hermano y después otro tío. [...] [Yo] trabajaba para mantener a mi hija, pero [...] me mandaron un mensaje con otra persona, de que ya no era yo, sino era ella y que ella era hija de él… y como él debía muchas cosas ella era la... como la que iba a responder por él [...] Con ella se iban a desquitar y le iban a quitar algo que le doliera más que sus otros parientes. (Beatriz, comunicación personal, 11 de octubre de 2021)

Las OC imponen a las mujeres el rol de parejas de hombres integrados en las estructuras del crimen organizado. Los delincuentes secuestran a las mujeres jóvenes, frecuentemente adolescentes, o las obligan a acompañarlos bajo amenazas de muerte contra ellas y sus familiares. En contraste, los adolescentes varones son reclutados con fines de vigilancia -conocidos en México como “halcones” o “punteros”- y, con el tiempo, son destinados a realizar otras actividades delictivas, incluyendo el sicariato.

^{Zing Varela et al. (2024}) estudiaron las emociones y las resistencias de mujeres en proceso de desplazamiento forzado de Honduras y México en los albergues de Tijuana, encontrando la violencia desde origen, trayecto y atrapamiento. Las mujeres narraron sus sentimientos de culpa, miedo, enojo y esperanza para ellas y sus familias.

La violencia de género puede ser también una forma de chantaje contra otros familiares, para reclutarlos de manera forzada. Karen, una migrante desplazada salvadoreña, recuerda cómo salió huyendo para evitar convertirse en una mujer de los mareros, mientras a su padre lo intentaban reclutar:

Yo estudiaba [...] mi papá era el taxista y pagaba cierta cantidad de dinero por cada carro [a la mara] [...] una vez le llamaron y le dijeron que si podía llevar unas armas, drogas y cosas ilícitas... de un lugar a otro... mi papá se negó [...] Ellos se enojaron y le dijeron que, si él no cumplía con eso, a mí me iban a tomar como mujer de ellos, porque yo no había tenido ningún novio. Ellos me tenían bien vigilada. Yo iba a la escuela. (Karen, comunicación personal, 18 de octubre de 2021)

Las personas LGBTIQ+ son hostigadas continuamente tanto en el ámbito familiar y comunitario como laboral. La violencia cotidiana puede ir in crescendo, con amenazas y agresiones físicas. Por ejemplo, Isaura, una mujer desplazada de origen mexicano, se vio obligada a huir del estado de Michoacán debido a la persecución que sufrió tras iniciar una relación sentimental con su pareja, Matilde. Inicialmente, Isaura perdió su empleo cuando el dueño del establecimiento donde laboraba desaprobó su orientación sexual. Posteriormente, enfrentó una situación de mayor gravedad al ser objeto de acoso y amenazas por parte del exesposo de su pareja, quien tenía vínculos con el crimen organizado.

Nos andaba siguiendo y después que se enteró de que éramos una pareja, le salía en donde quiera [porque era taxista allá] y la seguía… y como él tiene conocidos y se dedica a la maña [crimen organizado] nos mandaba seguir y hasta que un día en la tarde-noche, ya después de que fuimos a tomar una copa, veníamos saliendo y nos venía siguiendo un carro; armados y encapuchados. Y nos tuvimos que venir de un rato para otro… y era mucha la inseguridad. Nos iba a matar porque él no quería ver a sus hijos con dos personas así. (Isaura, comunicación personal, 13 de octubre 2021)

Las personas quedan atrapadas en este orden social ilegal; si no cumplen con el rol que se les asigna son amenazadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas. Algunos migrantes viajan con actas de denuncia, fotografías de las heridas por la tortura sufrida o de sus familiares asesinados (cuando no quedan desaparecidos) en el afán de tener pruebas para pedir asilo en los Estados Unidos. Muchos intentan reasentarse primero en casa de familiares, en algún pueblo o ciudad de México o Centroamérica. Cuando son encontrados por sus persecutores o revictimizados, toman la decisión de partir a Estados Unidos.

Desplazamientos múltiples y revictimización

El vasto control territorial de las pandillas o de los carteles lleva a las personas a tomar la decisión de someterse totalmente al poder criminal o de huir de sus hogares. Pero en muchas ocasiones el desplazamiento forzado interno no les garantiza librarse de la violencia y la persecución. Así, diez entrevistados vivieron al menos otro desplazamiento antes de llegar a Tijuana. Algunas personas de Centroamérica intentaron reubicarse primero dentro del mismo país o bien en otro país centroamericano antes de tener que huir a México. Beatriz, originaria de Honduras, recuerda: “Me moví a la cabecera del departamento que es Trujillo, Colón [...]. Habían pasado como unos 4 días cuando nos sacan [...]. Fue cuando salimos un día a medianoche, caminando, porque ya no teníamos confianza en nadie” (Beatriz, comunicación personal, 11 de octubre de 2021).

En el caso de mexicanos desplazados, se observa también la extensión de las redes criminales y la capacidad de rastrear su localización, ya que las personas que se relocalizaron en otros estados fueron encontradas por sus persecutores. Por ejemplo, Alejandro huyó en 2020 de su pueblo, situado en el estado de Jalisco, después de que delincuentes encapuchados llegaran en camionetas a su casa y lo despojaran de sus terrenos y de su ganado. Logró viajar con su madre y sus hermanos al estado de Colima y más adelante a Nayarit, pero en ambas ocasiones fueron reencontrados y amenazados. Se dirigieron a Tijuana y fueron directamente a la frontera para pedir asilo en Estados Unidos, pero encontraron el puerto terrestre cerrado y un gran campamento de migrantes cerca de la garita de El Chaparral, donde estuvieron viviendo.

En el caso de Jesús, originario de Michoacán, al ser extorsionado, amenazado y despojado de sus bienes, huyó junto con su familia e intentó refugiarse en la capital del estado, Morelia:

no sé cómo nos contactaron. Nos volvieron a amenazar, que ya sabían dónde estábamos. ¿Y qué querían? Pues ahora sí, tierras, todo. Pero pues ahora sí que nosotros ahí lo dejamos todo, no trajimos nada. Nosotros nos salimos con lo único que pudimos huyendo de ellos y con miedo y más que nada hasta por los niños. Nosotros a los niños ya, ya ni siquiera los dejábamos salir así al patio a jugar, porque son gentes que andaban hasta rondando ahí. (Jesús, comunicación personal, 12 de octubre de 2021)

Los mexicanos que viajaron directamente a la frontera a pedir asilo no fueron agredidos durante el viaje. Una vez que salieron de la zona más cercana a su lugar de residencia, perímetro en el que son más vulnerables a ser encontrados por los integrantes de las OC que los amenazan, tienen la posibilidad de tomar un autobús o un avión hacia la frontera gracias a su libertad de tránsito en el país.

No obstante, la posibilidad de una relocalización con el pasar del tiempo está latente, como le sucedió a Eduardo después de un fallido intento de pedir asilo en Estados Unidos:

Me vine para acá para Tijuana hace dos años más o menos. Ajá, a pedir asilo. Igual me lo negaron y ya no quise regresar a Guerrero, así que me fui a Cancún. Ajá. Ahí estuve trabajando un tiempo, pero me llegaban mensajes así, llamadas y no me preocupaba tanto hasta que me dijeron en un mensaje que ya sabía dónde estaba, que yo estaba en Cancún. Ajá, que mejor me regresara. (Eduardo, comunicación personal, 13 de octubre de 2021)

Para las personas de Centroamérica, una estrategia de movilidad consiste en la solicitud de refugio al llegar a México, en Chiapas o en Tabasco. Sin embargo, esto implica períodos largos de espera en esos estados, donde pueden ser ubicados por las pandillas o víctimas de otros delincuentes (^{París, 2017}). Para uno de los entrevistados, las largas filas frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Chiapas fueron el lugar donde lo ubicaron sus perseguidores. Marvin, originario de El Salvador, asegura que integrantes de las maras estaban ahí mismo formados, con los solicitantes de la condición de refugiado, y lo amenazaron de muerte, por lo que tuvo que huir hacia el norte sin poder tramitar documentos migratorios (Marvin, comunicación personal, 15 de octubre de 2021).

Algunos entrevistados centroamericanos afirmaron haber contratado a un coyote (traficante) para viajar desde su lugar de origen hasta la frontera estadounidense. Por ejemplo, Indira, originaria de Honduras, viajó con una niña en la caja de un tráiler. Con ella iban cerca de 200 personas, por lo que no podían ni moverse, y varios se desmayaron a causa de la deshidratación. Los transportistas la amenazaron para que le tapara la boca a la niña o le impidiera llorar. Aunque pagaron cinco mil dólares al coyote, que hizo el compromiso de hacerlas llegar a Estados Unidos, perdieron el dinero al ser expulsadas a Tijuana.

En otros casos, los migrantes intentaron viajar por México por su propia cuenta o contrataron a coyotes únicamente para cruzar la frontera sur del país. En todos estos casos, los relatos mencionan al menos un asalto por parte de delincuentes o un evento de extorsión por las autoridades migratorias. Un hombre hondureño, Karlo, fue extorsionado en el camino por la Guardia Nacional. En Monterrey lo secuestraron y le pidieron 20 000 pesos para liberarlo.

Las formas más extremas de violencia física, incluido secuestro y trata de personas, fueron narradas por dos hombres que cruzaron con sus familias por el estado de Tamaulipas, en el noreste de México. Una de estas familias fue expulsada por Tijuana, Baja California, y la otra, por la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Al entrar a México, Iván fue víctima con su familia (la última mencionada) de secuestro y trata de personas.

Cuando nosotros salimos [por Reynosa] tomamos un taxi y ese taxi nos fue a vender a la mafia. Estuvimos 21 días secuestrados. Incluso ando con el brazo hinchado donde me golpearon con una tabla. Me pegaron con un arma en la cabeza. A mi esposa le golpearon la rodilla. Ella se cayó y se golpeó su cabeza y convulsionó. Gracias a Dios no lo hacían enfrente de mi hijo. Mi hijo no pasó ese trauma, pero si nos mantenían alejados de él. Nosotros no sabíamos dónde estaba o qué iba a pasar.

Nos pidieron el número de nuestros familiares y nosotros les dijimos que no teníamos, que por eso habíamos cruzado así. Y pues, con una tía, les pagamos casi 30 000 pesos mexicanos. Y me pusieron a trabajarles casi 15 días: era cuidarles una bodega de noche; sin derecho a comida, agua; y sin derecho a ver a mi hijo y mi esposa.

Y uno de los cuidadores de las bodegas se apiadó de mí: me daba comida y agua. Pero ellos no sabían, porque si ellos se enteraban lo tableaban a él, o sea, lo golpeaban. Él abogó por mí de que me dejaran ir: que yo me les iba a morir ahí e iba a quemar la bodega. Porque sin comida, agua y desvelado día y noche... entonces fue cuando me soltaron... -ya vete, me dice. Ya sacamos lo que necesitábamos de ti. Con lo que nos cuidaste hiciste tu paga. (Iván, comunicación personal, 15 de octubre de 2021)

Al devolver a Iván y otros miles de solicitantes de asilo a México, el Gobierno estadounidense los expone en los hechos a los mismos peligros de los que huyeron, en violación al principio de no devolución, piedra angular del sistema internacional de protección de los refugiados. La extensión de redes criminales y la violencia generalizada en México y Centroamérica provoca así la revictimización de personas expulsadas, relocalizadas o bloqueadas. Como lo veremos en el siguiente apartado, la frontera norte de México constituye justamente un espacio de alta vulnerabilidad ante la violencia criminal y de género, donde las personas se ven atrapadas durante meses o años en espera de poder pedir protección en Estados Unidos.

Espera, precariedad y vulnerabilidad en tijuana

Las personas entrevistadas en el transcurso de esta investigación tenían familiares en Estados Unidos, razón por la cual se encontraban en la frontera. Sus familiares estaban dispuestos a sufragar gastos de algún coyote (traficante) o bien les habían informado sobre sus posibilidades de pedir asilo. Ninguno conocía, sin embargo, las políticas de rechazo y expulsión de migrantes y solicitantes de asilo instrumentadas por el Gobierno estadounidense con apoyo de su contraparte en México.

Desde 2016, las personas que llegaban a Tijuana para solicitar protección internacional se veían obligadas a anotarse en listas de espera administradas primero por los albergues y organizaciones de la sociedad civil, más adelante por personas voluntarias en colaboración con autoridades mexicanas. En 2019 se empezó a impulsar un programa denominado oficialmente Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y conocido como “Quédate en México”, mediante el cual personas que habían logrado cruzar a Estados Unidos a pedir asilo u otra forma de protección podían ser devueltas a México a esperar durante todo su proceso de solicitud. Cruzaban la frontera únicamente los días de sus audiencias en las cortes de inmigración, situadas en los puertos de entrada estadounidenses (^{París, 2022}).

La emergencia sanitaria debida a la pandemia de COVID-19 multiplicó los mecanismos políticos y legales del Gobierno estadounidense para obligar a los refugiados a esperar del lado mexicano. Se cancelaron todas las audiencias en las cortes de inmigración y se autorizaron las expulsiones inmediatas a México. Estas políticas de expulsión y de espera prolongada provocaron pronto situaciones de precariedad extrema. Muchos migrantes extranjeros carecían de permisos de trabajo o de recursos para rentar cuartos o departamentos. En situación de pandemia, los albergues para migrantes se encontraban también en confinamiento a la mitad de su capacidad. Pronto se formaron campamentos improvisados y la población migrante en situación de calle se volvió cada vez más visible y en riesgo de ser revictimizada por la delincuencia. Algunas personas perdieron su lugar de vivienda en renta o bien, al no encontrar espacio en los albergues más institucionalizados y con mayor infraestructura, fueron enviados a albergues improvisados y peligrosos o terminaron en situación de calle. A partir de febrero de 2021 y durante más de un año se formó un campamento improvisado en las cercanías de la frontera (El Chaparral). Instalado con cientos de tiendas de campaña donadas por organizaciones sociales y voluntarios de Estados Unidos, este campamento carecía de servicios sanitarios y de cualquier tipo de ayuda o intervención por parte de autoridades, con excepción de un pequeño puesto ambulante de la Secretaría de Salud del Estado y del monitoreo por parte de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (^{Del Monte y París, 2021}).

Irwin y Karen (mencionada en el tercer apartado) se conocieron en El Salvador, pero se convirtieron en pareja cuando sus trayectorias se reencontraron en México, después de intentar asentarse en otros países de Centroamérica de manera individual. Juntos enfrentaron una serie de violencias en El Chaparral, en Tijuana, antes de llegar al CIM. A continuación, la pareja narra el ingreso del crimen organizado a El Chaparral a partir de un conflicto racial:

Uno de los haitianos golpeó a uno de ahí, mexicano, un grupito de malandros vinieron y empezaron a sacar a todos [...] andaban encapuchados [...]. Nos quedamos pero nos amenazaron por defender a un haitiano. Ese haitiano no se metía con nadie. Solamente llegaba a dormir en las noches. Como por uno pagan todos. Solo escuchábamos que gritaban las mujeres y niños. Andaban con bats y machetes. (Karen, comunicación personal, 18 de octubre de 2021)

Carpa por carpa sacaron a toda la gente [...] Traían unas armas también [...] Con armas largas y no teníamos para dónde ir [...] No eran de El Chaparral, pero sí estaban involucrados con ellos. Ya andábamos con temor. No teníamos más para dónde. (Irwin, comunicación personal, 18 de octubre de 2021)

Los migrantes varados en la ciudad, en particular las personas con necesidades de protección internacional, son vulnerables a ser víctimas de delitos, debido a las condiciones de precariedad en las que se encuentran (^{París, 2024}). Como lo han mostrado numerosos informes de derechos humanos, la espera prolongada de migrantes en las ciudades de la frontera norte aumenta enormemente las posibilidades de sufrir amenazas, extorsión por parte de las OC o de autoridades corruptas, secuestro y violaciones sexuales (^{Hope Border Institute y Human Rights First, 2021}). La persecución y la violencia criminal se reproduce con mucha frecuencia en Tijuana. Esta ciudad, situada en el extremo noroeste de la república mexicana, constituye, en efecto, una de las más peligrosas de México y de América Latina de acuerdo con sus tasas de homicidios (^{Hernández Hernández y Betancourt Cabrera, 2023}). El hecho de permanecer en albergues para migrantes tampoco garantiza la seguridad de las personas desplazadas. Si bien Tijuana es la ciudad con mayor número de albergues en la frontera norte de México (^{Coubès et al., 2020}), solo algunos cuentan con equipo profesional y con todos los servicios. Muchos albergues son espacios de alojamiento improvisados en iglesias, campamentos o edificios abandonados.

La mayoría de los migrantes entrevistados en el CIM habían pernoctado al menos una noche en albergues para migrantes o en campamentos antes de llegar a este centro de acogida. Las entrevistas dan cuenta no solo de una gran precariedad sino también de experiencias diversas de violencia en albergues improvisados. En el contexto de pandemia, el Instituto Nacional de Migración (INM) trasladaba a las personas a los lugares que los podían recibir, sin tener en cuenta las condiciones de inseguridad o la falta de servicios.

Indira, una migrante de Honduras que huyó con una niña de 5 años a causa de la violencia ejercida por su pareja, recuerda que cuando llegó a Tijuana las condujeron a un albergue muy pobre, muy lejos, con piso de tierra y mucho polvo, donde no había ni comida ni agua. A algunos migrantes les cerraron la puerta por no llevar dinero y a ella le quitaron el que llevaba (Indira, comunicación personal, 18 de septiembre de 2021).

Isaura, quien huyó con su compañera y dos niños, llegó con su familia a la garita para pedir asilo en Estados Unidos. Ahí, la canalizaron hacia un albergue para hombres:

Ese albergue era de puros hombres y nos dijeron que nos iban a dar chance de quedarnos arriba donde iban a construir un gimnasio, y nos empezó a mandar en Uber [un miembro de una organización local pagó el traslado de varios migrantes]. Yo fui la primera que llegó, con dos personas de la tercera edad y una niña como de 13 años. Pero cuando veo el lugar se veía bien feo. Unos señores se empezaron a asomar y dijeron: “carne fresca”. A mí me dio mucho miedo y le hablé a mi pareja y me dice “no, espérate ya estamos yendo en los demás Ubers”. Llegaron y todos “no”. Aquí no nos vamos a quedar. (Isaura, comunicación personal, 13 de octubre de 2021)

Las personas entrevistadas en Tijuana no señalaron haber sido víctimas de agresiones o violencia física en el CIM, no obstante, dos personas mencionaron situaciones de discriminación o de estigma por su orientación sexual y varios entrevistados hablaron del estrés de tener que compartir continuamente el espacio de vida con cientos de personas. Por otro lado, quienes estaban amenazados de muerte manifestaron sentirse protegidos por la permanencia de la Guardia Nacional y el Ejército en las instalaciones.

En los testimonios explicaron que durante el tiempo de estancia intentaron contactarse con las organizaciones civiles que ayudan a realizar los trámites de asilo en Estados Unidos, algunas veces con éxito y otras no; además, cuando son contactados, el seguimiento de su caso depende mucho de la política migratoria del momento. Eduardo (comunicación personal, 13 de octubre de 2021) narra que él llenó una encuesta de una organización por Internet. La mayor parte de las personas migrantes desplazadas entrevistadas llenaron esta modalidad de trámite con alguna de las asociaciones civiles que colaboraban en ese momento con el Gobierno estadounidense para facilitar el cruce de la frontera por parte de personas en situación de vulnerabilidad.

Algunos entrevistados manifestaron que salieron huyendo sin conocer que existía un proceso de asilo, su único objetivo era salvaguardar sus vidas. Al llegar a los albergues conocieron la opción y entonces se acercaron a las organizaciones de la sociedad civil de apoyo legal para la solicitud.

Conclusiones

Las migraciones forzadas, tanto de distintas regiones de México como de Centroamérica, pueden interpretarse como una forma de resistencia frente a las dinámicas coercitivas impuestas por el crimen organizado. A pesar de enfrentar constantes amenazas, extorsiones y violencia -ya sea mediante agresiones directas o a través de mecanismos de control como secuestros, desapariciones forzadas y homicidios de sus familiares-, los desplazados no sucumben completamente a las lógicas de sometimiento que buscan imponer las estructuras criminales. En este sentido, su desplazamiento forzado revela una tensión entre las fuerzas de coerción y la capacidad de resiliencia de comunidades que, lejos de ser simples víctimas, manifiestan una resistencia implícita ante el orden violento que pretende dominarlas.

Más allá de la atribución directa de responsabilidad al crimen organizado en la generación de desplazamientos forzados en México y Centroamérica, resulta ineludible reconocer la complicidad estructural de los Estados en este fenómeno. Ya sea por acción u omisión, los Estados contribuyen a las condiciones que obligan a las personas a abandonar sus hogares. La negligencia estatal, la corrupción sistémica y, en algunos casos, el apoyo directo o indirecto a grupos criminales refuerzan un entorno de violencia y vulnerabilidad que perpetúa el ciclo migratorio forzado. En este sentido, la responsabilidad estatal no solo radica en su incapacidad para garantizar seguridad, sino en su papel activo en la reproducción de las condiciones que facilitan el despojo y la movilidad involuntaria.

La estructura capitalista en la que se insertan las organizaciones criminales maximiza la extracción de recursos materiales y humanos, comenzando antes del desplazamiento forzado y prolongándose durante la persecución y atrapamiento de las víctimas en movilidad. Esta explotación no se limita a lo económico, sino que abarca la cooptación de la fuerza laboral de las personas antes del desplazamiento, quienes, al ser reclutadas para distintas funciones dentro de la red criminal, enfrentan la amenaza constante de violencia mortal hacia ellas o sus familiares. Una vez que su capacidad productiva se agota, estos individuos son descartados, convirtiéndose en personas prescindibles en un sistema que instrumentaliza la vida hasta su agotamiento. En este contexto de violencia estructural, la fuga emerge como la única posibilidad de supervivencia. Por lo tanto, el desplazamiento forzado no solo es una consecuencia de la violencia directa, sino un proceso vinculado a lógicas extractivistas más amplias, donde la vida humana se subordina al capital y la violencia se convierte en un mecanismo de acumulación.

El Estado también desempeña un papel en el proceso de acaparamiento, ya sea mediante prácticas corruptas, como las cuotas recibidas de grupos criminales, o a través de cobros informales y no oficiales exigidos a los migrantes para permitir su tránsito a través de los territorios nacionales. Aunque es menos frecuente que se vulneren los derechos humanos y la libertad de movilidad de ciudadanos dentro de su propio país, este tipo de violaciones se intensifican en el caso de personas extranjeras, tal como evidencian los testimonios recogidos.

Este fenómeno revela la participación del Estado en dinámicas extractivistas que transforman el tránsito migratorio en una oportunidad para la renta económica y política. La connivencia entre actores estatales y criminales sitúa a los migrantes en una doble vulnerabilidad: por un lado, como sujetos explotables y, por otro, como mercancías cuya movilidad está condicionada por pagos y sobornos.

El concepto de continuum de violencias utilizado en este artículo se aborda desde una perspectiva longitudinal hasta el momento en que las personas quedan atrapadas en la frontera.

La resistencia de las personas desplazadas forzosamente se manifiesta en una variedad de estrategias de movilidad, que van desde desplazamientos dentro de su localidad de origen hasta trayectorias más amplias que cruzan fronteras interestatales (interprovinciales o interdepartamentales) hasta las internacionales. Este movimiento no solo responde a la necesidad de huir del crimen organizado, sino que refleja un intento constante de eludir redes de control y violencia. En caso de deportación tras intentos fallidos de peticiones de asilo en EE.UU., estas personas reanudan su desplazamiento, buscando refugio en nuevos territorios. No obstante, en muchas ocasiones el entramado criminal logra rastrearlos y reinstaurar su dominio, evidenciando la persistencia de mecanismos de control. A nivel teórico, este fenómeno revela la tensión entre las dinámicas de agencia y coacción en contextos de violencia sistémica y movilidad forzada, cuestionando las nociones de soberanía territorial y protección estatal frente a redes criminales.

Las redes de corrupción entre el Estado y el crimen organizado evidencian la falta de protección oficial para las personas desplazadas, quienes, lejos de recibir apoyo institucional, suelen ser revictimizadas. La complicidad de las autoridades se manifiesta en el aviso a los criminales cuando se interpone alguna denuncia civil o penal. Además, las personas desplazadas, particularmente las extranjeras, enfrentan extorsiones en forma de sobornos exigidos por autoridades de diferentes niveles de gobierno, no limitadas a las instancias migratorias, para garantizar su libre tránsito por el territorio.

El crimen organizado no solo genera el desplazamiento forzado, sino que también ejerce control sobre los territorios que las personas deben atravesar durante su huida. Esta dominación perpetúa una tensión constante, obligando a las víctimas a enfrentar extorsiones, secuestros, amenazas de ser obligadas a regresar, y a pagar cuotas para transitar o sufrir represalias en su trayecto hacia su destino final. Aunque la regulación del tránsito migratorio es una función estatal, la influencia del crimen organizado ha usurpado, e incluso en ocasiones cooptado, dichas funciones a través de la corrupción. Este fenómeno revela una descomposición del Estado-nación, en la que actores no estatales se apropian de funciones soberanas, trastocando la legitimidad del control migratorio y la autoridad estatal.