Introducción

Durante los primeros meses de la pandemia por el COVID-19, los expertos expresaron su preocupación por la gran vulnerabilidad al contagio de los solicitantes de asilo y otros migrantes, incluidos aquellos detenidos en Estados Unidos, quienes viajaban hacia la frontera entre EE. UU. y México, y los que esperaban en la frontera la oportunidad de cruzar (^{Bojórquez et al., 2020}; ^{Brito, 2020}). A nivel mundial, los mandatos de permanecer en casa o refugiarse en el lugar, junto con los cierres de fronteras, las cuarentenas nacionales y el temor generalizado al contagio, redujeron significativamente la movilidad humana, en particular los viajes transnacionales.

Al mismo tiempo, las políticas migratorias y fronterizas implementadas durante la pandemia, incluida la suspensión de los casos de asilo pendientes en Estados Unidos en virtud de los Protocolos de Protección de Migrantes -también conocido como el programa Quédate en México- y el cierre de la frontera estadounidense por el Título 42 (^{Del Monte Madrigal, 2023}), tuvieron como objetivo controlar la propagación de enfermedades al disuadir la migración en sí (^{Slack y Heyman, 2020}; ^{Torre Cantalapiedra, 2021}). Estas condiciones produjeron inmovilizaciones temporales, que incluyeron una caída a corto plazo en los flujos migratorios a lo largo del corredor Centroamérica-México-Estados Unidos, pero también un atrapamiento de migrantes que, al inicio de la pandemia, ya se habían embarcado en viajes hacia el norte o esperaban en la frontera la oportunidad de cruzar. Mientras tanto, a pesar de la recesión observada al comienzo de la pandemia, en pocos meses los flujos migratorios no solo se reanudaron, sino que se intensificaron (^{Gramlich y Scheller, 2021}; ^{Isacson, 2021}).

Durante el primer año y medio de la pandemia, antes de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles en Estados Unidos y México, las universidades implementaron restricciones de viaje destinadas tanto a proteger a sus investigadores como a prevenir la propagación del virus COVID-19 en el marco de investigaciones patrocinadas por instituciones. A partir de los debates políticos, los datos sobre aprehensiones y retornos fronterizos, además de la formación de campamentos de migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, parecía evidente que tanto la pandemia como las políticas fronterizas y migratorias implementadas para contenerla estaban teniendo efectos significativos en las experiencias de los migrantes vulnerables (^{Masferrer, 2020}; ^{Vilches Hinojosa et al., 2021}; ^{González Arias y Aikin Araluce, 2021}; ^{Blue et al., 2021}). Sin embargo, se estaba recopilando muy poca información desde la perspectiva de los propios migrantes.

El proyecto de narración digital Humanizando la Deportación, que había estado documentando las experiencias de migrantes vulnerables en México desde 2017, permaneció completamente cerrado durante 17 meses, desde marzo de 2020 hasta julio de 2021. En agosto de 2021, el proyecto reanudó el trabajo de campo con una subvención del Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA) de la Iniciativa de Salud de las Américas, con sede en la Universidad de California, Berkeley. En él se documentaron estas experiencias de los migrantes y se analizó, desde su propia perspectiva, cómo la pandemia había afectado sus vidas. Se examinaron tanto las repercusiones de la misma pandemia, como el impacto en sus vidas a partir de los cierres de fronteras y otras políticas de disuasión. A través del registro y la escucha atenta de estas narrativas, se buscó comprender mejor las motivaciones que llevaban a las personas a emprender viajes peligrosos e inciertos hacia el norte, incluso en un contexto donde gran parte del mundo permanecía inmovilizado. Además, se examinaron los obstáculos, amenazas y peligros que enfrentaban al atravesar terrenos complejos en contextos marcados por la hostilidad y por la inseguridad.

Contexto

Métodos

HALLAZGOS

Effectos de las políticas de mitigación

Muchas de las consecuencias secundarias del COVID-19 afectaron a los migrantes de formas que podrían haber pasado inadvertidas para ellos. Por ejemplo, una migrante guatemalteca relató haber cruzado la frontera mexicana en El Ceibo y haber llegado a La 72, un refugio para migrantes ubicado en Tenosique, Tabasco, donde ella y su hija de cinco años fueron rechazadas debido a la falta de espacio:

Sólo nos ofrecieron comida por el hecho de que había mucha gente. Nos dijeron que no podíamos estar ahí por la pandemia, que no nos podían aceptar porque había muchas personas. Entonces la otra opción fue quedarnos en el parque. (^{Vásquez, 2022}, 2:29)

Es evidente que los migrantes no tienen forma de determinar si la capacidad limitada de un refugio se debe a las órdenes de distanciamiento social o a la falta de camas disponibles. Los migrantes sin experiencia previa que se dirigen hacia el norte pueden desconocer completamente lo que les espera en cada destino, incluyendo si podrán encontrar refugio en una ciudad determinada. Por lo tanto, resulta difícil cuantificar, a partir de las historias de los migrantes, los efectos positivos o negativos de las políticas de distanciamiento social. Aunque estas medidas pudieron haber reducido la aglomeración y protegido a ciertos migrantes, también negaron refugio a otros.

Protección es una palabra cuyo significado se ha vuelto ambiguo en años recientes dentro del contexto del corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos. La política controversial de 2019 conocida como ^{Migrant Protection Protocols (MPP)} o Protocolos de Protección a Migrantes, requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México durante el curso de sus procesos legales, permitiéndoles ingresar a Estados Unidos únicamente para las fechas judiciales designadas (MPP, 2019). En México, muchos migrantes viven en condiciones precarias, frecuentemente en refugios o campamentos hacinados, donde son vulnerables a una variedad de riesgos.

Un caso ilustrativo es el de una migrante hondureña y su hijo pequeño, quienes ingresaron a Estados Unidos en busca de asilo a finales de 2019, unos meses antes de la pandemia, cruzando la frontera de Reynosa. Poco después, fueron devueltos a México bajo el programa MPP en Nuevo Ladero, donde fueron secuestrados por un cártel (Mujer migrante hondureña, 2022). Según el testimonio de ella y de su esposo, diferentes grupos delictivos organizados controlaban la frontera en estos dos puertos de entrada. Para cruzar la frontera, los migrantes debían pagar y proporcionar una contraseña como comprobante de pago. Sin embargo, al ser repatriados en un punto de cruce fronterizo diferente, enfrentaron nuevas exigencias. El esposo de la migrante explicó: “era otro cartel, entonces le pidieron la clave y era otra, entonces la secuestraron” (Hombre migrante hondureño, 2022b, 1:41).

Ella recordó su experiencia con temor: “Muchos saben que cuando uno es secuestrado y no tiene dinero uno pierde la vida. Gracias a Dios mi familia estuvo conmigo. Mi mamá tuvo que vender su casa para juntar una parte del dinero” (Mujer migrante hondureña, 2022, 1:36). Cuando su esposo encontró la oportunidad de cruzar indocumentado a Estados Unidos, temiendo a los cárteles del norte, ella huyó al sur de México, abandonando su caso de asilo de MPP. Afortunadamente, la nueva administración presidencial permitió que aquellos con casos incompletos de MPP, incluyendo a personas que no asistieron a las citas judiciales, reingresaran a Estados Unidos para continuar con sus procesos de asilo desde ese país. Así, pudo cruzar legalmente la frontera y reunirse con su esposo (Mujer migrante hondureña, 2022).

Si bien el programa MPP fue suspendido durante la primera parte de la pandemia, a principios del 2022, este proceso se estaba aplicando nuevamente a algunos migrantes. Aunque este programa ha sido diseñado específicamente para migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras solamente, estos estaban siendo expulsados rutinariamente durante la pandemia sin que se les permitiera solicitar asilo bajo el programa del Título 42. A finales de 2021, se relanzó el programa MPP para países cuyos migrantes no estaban siendo aceptados por México bajo el Título 42, incluidos los de Colombia y Nicaragua (^{Schacher, 2022}).

Entre las historias registradas en 2022, varios solicitantes de asilo provenientes de Nicaragua se quejaron de ser asignados al programa MPP. Uno de los que cruzó la frontera en Otay a principios de enero de 2022 “estuve detenido 12 días en las famosas hieleras ”.⁵ Continuó con su relato: “Sólo me llamaron a los 12 días para comunicarme de que iba a ser retornado a la ciudad de Tijuana con el programa MPP ” (Hombre migrante nicaragüense, 2022a, 0:55). Posteriormente, cruzó para asistir a citas en la corte a principios de febrero y mediados de marzo; sin embargo, al momento de registrar su testimonio unos meses después, aún permanecía esperando en México, profundamente angustiado por la inseguridad. En su historia digital titulada “México peligroso”, señala que algunos refugios tratan a los migrantes de manera “inhumana” y que vivía en constante temor “porque México es un país súper peligroso. No todos los mexicanos son malos, pero aquí hay muchos secuestros hacia el migrante, hay extorsiones, hay muertes, violan a las mujeres”, observando que en términos de delincuencia, las condiciones son mejores en Nicaragua (Hombre migrante nicaragüense, 2022a, 2:34).

Otra persona nicaragüense, quien emigró en la misma época para escapar de la violencia política, enfrentó una situación similar. Tras cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza, aunque expresó a gritos su temor a regresar a Nicaragua o México, fue obligado a firmar documentos que autorizaban su inscripción en el programa MPP. Después de regresar a México tras su cita en la corte en febrero de 2022, fue agredido por la policía de Tijuana: “Me botaron de boca […], me robaron mi dinero y me golpearon las rodillas y mis manos. Ando lastimado por la caída en el suelo” (Hombre migrante nicaragüense, 2022b, 8:30). Su testimonio incluyó imágenes que mostraban heridas en manos, rodillas y boca. Ciertamente, las instituciones mexicanas encargadas de garantizar la seguridad pública, a menudo ejercen violencia sobre los migrantes.

La solicitud de asilo durante los primeros meses de la emergencia pandémica, cuando muchas agencias de apoyo a los migrantes permanecían cerradas, presentó obstáculos burocráticos y políticos adicionales para encontrar un lugar seguro. Uno de los mayores retos destacados en los testimonios de los migrantes fue el cierre estricto de la frontera, cuyos puertos de entrada comenzaron a reabrirse para solicitantes de asilo, en un ritmo gradual e impredecible, a través de un sistema de medición administrado por un grupo limitado de agencias no gubernamentales tras un año y medio.

Como explica una migrante transgénero en su historia digital a principios del 2022, época en la que la medición estaba activa “Migrar para allá [EE. UU.] está batalloso, porque ahorita la frontera está cerrada, el proceso es larguísimo, yo ya tengo ahorita creo que el año peleando el caso” (^{Alexia, 2022}, 3:52). Además del cierre de la frontera, los procedimientos de asilo fueron suspendidos por un período considerable, lo cual sobrecargó el sistema de procesamiento de solicitudes de protección internacional. Esto convirtió a ciudades fronterizas como Tijuana en cuellos de botella, donde los migrantes deben esperar meses o incluso años para cruzar. A medida que la pandemia avanzó y los peligros de contagio disminuyeron con la introducción de las vacunas, se puso en evidencia que muchas de las políticas implementadas en nombre de la salud pública en el fondo tenían el objetivo de disuadir la migración a cualquier costo.

La instancia más notoria de este tipo fue la activación del Título 42, una política que reforzó los procesos de exclusión que el gobierno de Estados Unidos había fortalecido progresivamente, al menos desde el lanzamiento del MPP a principios del 2019, o incluso antes (^{Silva Hernández y Miranda, 2022}). El Título 42, implementado al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, por los Centros para el Control de Enfermedades como medida de salud pública para contener la propagación de COVID-19, permitió la expulsión rápida de personas que cruzaban la frontera ilegalmente, sin considerar su posible elegibilidad para el asilo en Estados Unidos.

Durante sus 38 meses de vigencia, las autoridades estadounidenses registraron casi 3 millones de aprehensiones fronterizas (^{Chishti et al., 2024}). Sin embargo, una misma persona pudo haber sido registrada en más de una ocasión, debido que no se realizaban juicios de deportación y muchas de ellas intentaban cruzar nuevamente. Los migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron devueltos a México, mientras que los de países como Haití y Ecuador eran expulsados directamente a sus países de origen.

Los críticos del Título 42 han argumentado convincentemente que su implementación por parte del gobierno de Estados Unidos nunca estuvo realmente enfocada en proteger la salud pública, sino en restringir la migración, incluidos los casos de solicitantes de asilo (^{Del Monte Madrigal, 2023}). Aunque las restricciones del Título 42 finalizaron en mayo de 2023, una orden ejecutiva de junio de 2024 autoriza la expulsión de solicitantes de asilo que cruzan la frontera sin autorización previa, lo que parece perpetuar el espíritu de esta política.

De hecho, el Título 42 generó repercusiones perjudiciales para los migrantes durante la pandemia de COVID-19, muchos de los cuales esperaron meses o incluso años para cruzar la frontera para iniciar las solicitudes de asilo (^{Slack y Heyman, 2020}; ^{Chishti et al., 2024}). En otros casos, los intentos de los migrantes fueron completamente frustrados. Por ejemplo, un joven migrante ecuatoriano llamado Sebastián llegó a la frontera norte de México en Piedras Negras, donde los coyotes lo ayudaron a cruzar el río. Sin embargo, fue recogido por un automóvil que luego fue detenido por la policía por pasarse un semáforo en rojo y ésta lo entregó a la patrulla fronteriza. Aunque su hermana, una ciudadana estadounidense, contrató a un abogado para representarlo “me dijeron que nosotros caímos en el artículo 42 de la deportación directa y que no podíamos hacer nada”. Después de ser enviado de regreso a Ecuador, Sebatián partió de nuevo de inmediato, pero esta vez fue detenido y repatriado desde México (^{Sebastián, 2021, 3:18}).

Las acciones de disuasión no son realizadas únicamente por el gobierno de Estados Unidos, sino que involucra a múltiples estados nacionales. De hecho, México, que aceptó la expulsión de migrantes no mexicanos a su territorio bajo el programa MPP y el Título 42, ha sido profundamente cómplice de estas políticas, y aunque la imagen pública de estos acuerdos puede estar expresada en términos de seguridad, las experiencias de los migrantes sugieren lo contrario.

Una madre ecuatoriana con tres hijos fue detenida por la patrulla fronteriza poco después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Tras ser aprehendida, fue retenida durante tres días en un cuarto frio donde uno de sus hijos contrajo neumonía. Ella recuerda: “mi hija también se enfermó y yo también […]. Era muy feo, muy traumante. En tres meses que regresamos nos recuperamos” (Mujer migrante ecuatoriana, 2021, 4:22). No solo se les negó la oportunidad de solicitar asilo, sino que fueron sometidos a condiciones adversas y estresantes que empeoraron su salud. Aunque un médico verificó que no presentaba síntomas de COVID-19, la familia fue deportada a la fuerza a Ecuador mientras aún se encontraban enfermos.

No está claro cuántos migrantes que esperan solicitar asilo en Estados Unidos calificarían realmente bajo la legislación actual de EE. UU. Ciertamente, según algunas medidas, las tasas de éxito de los solicitantes de asilo provenientes de varios de los países que llegaron en mayor número a la frontera durante la pandemia, incluídos México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y Haití, han sido consistentemente bajas, con índices inferiores al 20 por ciento (^{Transaction Records Access Clearinghouse, 2023}). Sin embargo, las expulsiones realizadas bajo el Título 42 dejaron cualquier excepción a la discreción de los agentes de la patrulla fronteriza, quienes no estaban obligados a preguntar a los migrantes si temían regresar a su país de origen o a México. Como resultado, muchas personas que podrían haber calificado fácilmente para solicitar asilo fueron devueltas de manera inmediata, sin ninguna consideración por su seguridad. Un migrante hondureño relató que fue atacado por miembros de las maras en su pueblo natal de Choluteca debido a su orientación sexual:

de entrada, me agarraron de los brazos, uno me comenzó a golpear, me cortaron la parte de la frente, otras partes del cuerpo también, como la rodilla. Eran cinco personas. Pues me violaron […] y ya me dispararon. Me dieron un rozón de bala en la cadera. Después de ahí, yo corrí, salí huyendo. (^{Irias, 2022}, 2:45)

Después de recibir constantes amenazas de muerte, el migrante decidió abandonar su ciudad natal. “En mi camino hacia aquí no pude andar en autobús. Obviamente me tocó ir pidiendo jalones para poder llegar hasta México. Porque por todos lados las Maras están en todo el país” (^{Irias, 2022}, 3:50). Al llegar a Aguascalientes, México, fue atacado nuevamente, esta vez por la policía: “Me golpearon, me violaron y también me raparon el cabello y trataron de ahorcarme y asfixiarme por el cuello […]. Yo me hice el que había muerto. Me dejaron tirado ahí” (Irias, 2022, 5:20). Cuando llegó a Tijuana, el refugio LGBT+ del que había oído hablar estaba lleno y le negó la entrada. Ante esta situación, se dirigió a Ciudad Acuña, Coahuila, desde donde cruzó el Río Grande. Ya en Estados Unidos, relató su experiencia a los agentes de la patrulla fronteriza, quienes mostraron poca empatía: “Se burlaron de mí. No me quisieron ayudar, me dijeron que no tenía oportunidad, que no estaban dando asilo. Que no por ser de la comunidad LGBT+ le daban asilo a uno” (Irias, 2022, 6:37). Poco después, lo expulsaron a Ciudad Acuña bajo el Título 42. Posteriormente, regresó a Tijuana, donde esta vez logró encontrar espacio en el refugio el Jardín de Mariposas, mientras esperaba la oportunidad para cruzar legalmente a Estados Unidos para solicitar asilo (Irias, 2022, 3:48).

Estas narrativas ilustran que uno de los efectos de regresar los migrantes a México es que a menudo son puestos a riesgos graves. Las organizaciones de derechos humanos han identificado un incremento en los ataques contra migrantes en el lado mexicano con la implementación del Título 42, con reportes de incidentes hasta cuatro veces más frecuentes en comparación con los años del MPP (^{Human Rights First, 2021}).

Vivir en un estado constante de peligro genera temor y paraliza a los migrantes en busca de la subsistencia diaria, hasta el punto de que eventualmente pueden terminar confinados en refugios. Esta fue la experiencia de un guatemalteco que fue deportado y ahora se encuentra en Tijuana esperando reingresar a Estados Unidos:

Lo que me pasó hace poco aquí en Tijuana, saliendo de mi propia casa vi cuando mataron a una persona. No sé el nombre de la persona que lo hizo, porque andan cubiertos aquí en la cara, pero él sí me vio. Sólo vi en sus ojos como decía mejor quédate callado, porque si no por el mismo camino vas. (^{De León, 2022}, 3:50)

Aunque era capaz de trabajar, el migrante seguía aterrado de salir del refugio. A principios de 2021, una coalición de organizaciones civiles en Tijuana comenzó a coordinarse con funcionarios estadounidenses para permitir cada día que un pequeño número de los migrantes más vulnerables cruzaran a Estados Unidos e iniciaran sus solicitudes de asilo. Los sistemas de “medición” se habían implementado desde 2016, con la llegada de un gran número de haitianos a la frontera. Asimismo, fueron utilizados nuevamente a partir de finales de 2018 para procesar a los migrantes que habían llegado a Tijuana en caravanas muy mediáticas (Silvia Hernández y Miranda, 2022). La versión más reciente de este sistema de medición continuó hasta principios de 2023, cuando fue reemplazada por una aplicación móvil que, de manera similar, limitaba el número de cruces diarios autorizados para solicitantes de asilo. Sin embargo, este sistema no se basaba en el orden de llegada, sino que priorizaba a los migrantes principalmente en función de su grado de vulnerabilidad, dando preferencia sobre hombres solteros a mujeres, niños o familias que viajaban juntos.

Varios hombres que migraron lamentaron este esquema, ya que implicaba que mientras ellos esperaban meses en la frontera, sus esposas e hijos podían encontrarse en condiciones vulnerables en otros lugares. Este fue el caso de un migrante haitiano llamado Pierre Louis ^{Joseph (2022}a, 2022b), cuya historia de movilidad empezó a inicios de 2010, cuando él y su familia migraron a Brasil. A mediados de la década, al no poder subsistir en ese país, se fueron a Estados Unidos en 2016. Su travesía incluyó Perú, Ecuador y Colombia, cruzando hacia el Tapón de Darién, y luego a través de Centroamérica, hasta llegar a Tijuana a fines de ese mismo año. Aunque se les permitió cruzar a los EE. UU., poco después de su llegada fue separado de su esposa y su hijo pequeño. Posteriormente, la nueva administración presidencial ordenó la deportación de los haitianos varones recién llegados (^{Joseph, 2022a}).

En 2021, Pierre Louis Joseph pudo intentar reunirse con su familia, quienes habían sido autorizados a permanecer en Estados Unidos. Para ello, siguió la misma ruta larga y tortuosa hacia México, pasando por Brasil y el Tapón de Darién. Sin embargo, esta vez el viaje fue más difícil, ya que se enteró de que su esposa se había caído y parecía estar gravemente enferma e incapaz de cuidar adecuadamente a su hijo pequeño. Además, cuando lo dejaron esperando por meses en Tijuana, sufrió maltrato por parte de autoridades mexicanas, así como discriminación en el trabajo. Como hombre que viajaba solo, fue excluido de los refugios para migrantes y se le negó acceso prioritario para las listas de medición (^{Joseph, 2022b}).

Otro migrante haitiano, Richard, quien había intentado emigrar por primera vez a Chile, donde vivió por tres años sin poder obtener la residencia legal. Posteriormente, viajó país por país a través del oeste de Sudamérica hasta el Tapón de Darién (^{Richard, 2022a}). Allí, fue testigo de todo tipo de sufrimiento y permaneció traumatizado tras salvar a nueve personas de ahogarse. Más tarde, esperó varios meses en Tijuana donde vio cómo los haitianos eran asaltados o incluso cómo les disparaban. Durante este tiempo, trató de ganar algo de dinero para enviarlo de vuelta a Haití donde la familia, incluyendo no solamente a su hija pequeña sino también a su abuela y hermana, dependían de su ayuda. Al respecto, lamentó:

Cuando las organizaciones empezaron a ayudar a la gente a cruzar la frontera, sentí una esperanza. Pensé que ayudarían también a los migrantes solos, pero priorizan sólo a familias y a nosotros ni nos ven. Pero tengo a mi hija, tengo que trabajar para mandarle algo a ella en Haití. (^{Richard, 2022}b, 2:11)

Además, explica: “Entiendo por qué priorizan a las familias; sin embargo, creo que podrían equilibrar más el proceso. O sea, si van a admitir a 50, digamos, 20 personas, 10 podrían ser familias y otras 10 gente que migra sola” (^{Richard, 2022}a, 1:14). Su esperanza eventualmente disminuyó: “Los migrantes no acompañados se sienten solos, no hay organizaciones para ayudarles. Por esto no podía más, no resistía más”. Richard confesó que tomó la desafortunada decisión de cruzar ilegalmente a Estados Unidos por su cuenta. Una vez allí, fue rápidamente recogido por agentes de la patrulla fronteriza, quienes de inmediato lo procesaron para su repatriación a Haití bajo el Título 42, sin darle oportunidad de presentar una solicitud de asilo político (^{Richard, 2022b, 1:31}).

Para algunos migrantes, las expulsiones del Título 42 pueden haber representado solo un inconveniente o un retraso: los mexicanos o centroamericanos que fueron devueltos en la frontera sin una deportación formal en su registro, podrían tomar su regreso como una pequeña derrota y simplemente volver a intentarlo en otra ocasión. Por ejemplo, el migrante gay hondureño que fue expulsado de Ciudad Acuña después de cruzar ilegalmente, unos meses después estaba en fila para cruzar la frontera legalmente en Tjuana (^{Irias, 2022}). Sin embargo, para otros migrantes como Richard o Sebastián, regresar a la frontera de Estados Unidos desde países lejanos como Haití o Ecuador puede implicar años de ahorro, o en última instancia, puede ser imposible de realizar. Independientemente de si ellos dos calificaran para el asilo o no, la expulsión forzosa sin oportunidad de hacer una declaración inicial puede representar una violación a los derechos humanos, así como una pérdida económica significativa, un cúmulo de traumas psicológicos y, a menudo, lesiones físicas; todo ello en vano.

Para contextualizar estos hallazgos sobre los efectos de las políticas de mitigación, es importante mencionar que las políticas migratorias de control no operan en el vacío. Las relaciones y prácticas de disuasión se implementan con base en representaciones peyorativas de los migrantes, ya sea como una amenaza, un riesgo para la salud o simplemente como un obstáculo en la economía del país. Por un lado, las ideologías nativistas y discursos eugenésicos fueron muy influyentes en la política de salud de Estados Unidos a principios del siglo XX popularizando la idea de que las diferencias raciales eran innatas entre los grupos nacionales (^{Shah, 2001}). A lo largo de este siglo, los migrantes de diversas nacionalidades -chinos, mexicanos, africanos, entre otros-, han sido vinculados como poseedores de amenazas para la salud, estigmatizando a los migrantes como portadores de enfermedades contagiosas (^{Kraut, 1994}).

Estas representaciones negativas y estigmatizadas también han derivado en políticas punitivas de control migratorio y expulsión. El vínculo entre migración y criminalidad ha sido reforzado por una retórica conservadora que en décadas recientes ha ganado terreno en la política estadounidense. Esto ha llevado a la migración a ser vista no como un derecho, sino como una ofensa que debe castigarse. Las consecuencias de estas políticas de criminalización han sido documentadas por diversos académicos (^{Abrego et al., 2017}, ^{Martínez y Slack, 2018}). Si bien estas representaciones no son exclusivas de la pandemia, sus precedentes están anclados en una larga historia de políticas migratorias cada vez más restrictivas. Pero lo que es importante señalar no es la antigüedad de esta relación, sino los fundamentos sociales y morales que la sustentan. Cuando se revisita esta relación desde el siglo XIX, pasando por el XX, hasta el XXI, lo que subyace a las políticas antimigración son las ideas racistas y nativistas (^{Goodman, 2020}).

Conclusiones

Es evidente que los tiempos de pandemia tuvieron graves efectos en las poblaciones migrantes, especialmente para aquellos que buscaban protección internacional. Sin embargo, según lo documentado en las historias digitales recopiladas, los principales impactos no se debieron necesariamente al virus que paralizó al mundo, sino a las políticas implementadas en el nombre de la mitigación de la pandemia, que funcionaron como políticas de control y disuasión migratoria de facto.

La pandemia no parece haber frenado, retrasado ni cancelado los proyectos migratorios de quienes participaron en el proyecto, sino que parece haber sido un factor que motivó a algunos a abandonar sus países de origen. En términos generales, la pandemia generó obstáculos adicionales que hicieron que los viajes y los procesos migratorios, ya de por sí peligrosos y complejos, se tornaran aún más difíciles. Estos procesos ya estaban caracterizados por leyes y políticas migratorias restrictivas, exposición al crimen organizado, corrupción entre funcionarios gubernamentales, topografía peligrosa, dependencia de traficantes de personas, exclusión social y discriminación, así como la falta de apoyo y asistencia. La pandemia se convirtió en el contexto dentro del cual se desarrollaron estas movilidades contemporáneas, estableciendo un panorama desafortunadamente propicio para nuevas restricciones que, al parecer podrían extenderse en diversas formas en los próximos años.

En general, para los migrantes que compartieron sus historias durante la pandemia, los refugios en Tijuana continuaron siendo espacios relativamente seguros y protectores. Aunque estas instituciones tuvieron que ajustar su capacidad y limitar ciertos servicios, los migrantes los describieron con gratitud como espacios de acogida y apoyo donde pudieron sentirse seguros y protegerse de la violencia y la exposición a riesgos externos.

Si bien la enfermedad en sí no tuvo un impacto significativo en las experiencias de los migrantes, las repercusiones más severas estuvieron relacionadas con las políticas de disuasión migratoria como el Título 42. El rápido retorno de los solicitantes de asilo a contextos con alta incidencia de delincuencia y criminalidad los colocó nuevamente en el tipo de situaciones de alto riesgo, precisamente de las que muchos habían huido y de las cuales buscaban protección.

Las nuevas políticas que se están considerando actualmente, y que ya están en marcha, desafortunadamente tienen como objetivo introducir obstáculos adicionales para los solicitantes de asilo y disuadir a los posibles nuevos migrantes.

Traducción: Rafael Ramírez.