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Signos históricos

versión impresa ISSN 1665-4420

Sig. his vol.16 no.31 México ene./jun. 2014

 

Artículos

 

Los vigilantes en el Oeste de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX: un ejemplo de administración de justicia al margen de la ley

 

Vigilantes in western territories in The United States during the second half of the nineteenth century: a model of justice administration outside the law

 

María Estela Báez-Villaseñor*

 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa * ebaezv@hotmail.com

 

Recepción: 01/08/2011
Aceptación: 05/11/2012

 

Resumen

El fenómeno de los vigilantes tuvo lugar a finales del siglo XIX en algunos territorios en proceso de colonización en el Oeste de Estados Unidos. Su aparición respondió a un conjunto de circunstancias inherentes a la organización de dichos territorios y a la ausencia y/o ineficacia de un marco legal formal que protegiera las vidas y propiedades de los colonos, los cuales tomaban la ley en sus manos con diversos grados de violencia. El propósito de este artículo es examinar el surgimiento y la proliferación de movimientos vigilantes con el fin de aquilatar su importancia en el proceso de colonización del Oeste de Estados Unidos.

Palabras clave: vigilantes, ley, Oeste, territorio, Estados Unidos.

 

Abstract

Vigilantism appeared in the last decades of the nineteenth century in some Western territories of the United States in process of colonization. These movements were consequence of the way such territories were organized, as well as of the absence and/or ineffectiveness of a formal legislation or authorities enforcing the law. Thus, the purpose of vigilantism was to protect the life and property of the settlers, who actually took the law in their own hands with some degree of violence. This paper examines the characteristics of the vigilante movements in order to trace their impact in the process of territorial organization undergone by Western areas of the United States.

Key words: vigilantism, law, West, territories, United States.

 

INTRODUCCIÓN

Un elemento permanente en el devenir histórico de Estados Unidos, como en el de otras naciones, ha sido la violencia. Desde los tiempos coloniales, cuando los colonos se enfrentaron a un nuevo entorno, a los nativos y a otros grupos de inmigrantes, la violencia ha sido muchas veces ensalzada como una virtud, como el único recurso que permitió tanto a individuos como a comunidades, sobrevivir en condiciones extremas. De hecho, la violencia ha encontrado un nicho en la legislación estadounidense, en la cual la Segunda Enmienda garantiza el derecho a portar armas. Asimismo, la violencia fue un elemento cotidiano en el largo y complejo proceso de colonización, así como para vincular las diferentes regiones que componen al país. En frecuentes ocasiones, se justificó por la ausencia o ineficiencia de instituciones formales en los nuevos territorios.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, culminó en Estados Unidos un proceso que se inició desde el periodo colonial: la organización territorial del país. Durante ese siglo se anexaron diversos territorios; en 1848 mediante el tratado Guadalupe-Hidalgo más de la mitad del territorio de México fue anexado al de Estados Unidos. Una última anexión fue la Mesilla en 1853. El interés del gobierno estadounidense por este territorio se debió a la certidumbre de que un ferrocarril transcontinental era indispensable para consolidar el control territorial, y su adquisición permitiría establecer una ruta al sur de las Rocallosas. Efectivamente, la aparición de los ferrocarriles contribuyó al establecimiento de la población permanente y traslado de personas —así como de productos y de mercancías— a través del país.

La importancia de la legislación territorial, más allá de su eficiencia a corto plazo, radicó en que era un importante recurso del gobierno federal para reforzar su presencia y autoridad en lugares alejados de las zonas ya integradas al proyecto nacional. El proceso mediante el cual un territorio adquiría las condiciones necesarias para convertirse en estado y solicitaba su ingreso a la Unión americana en términos de igualdad con las otras entidades, se sustentaba en la introducción y arraigo de instituciones que favorecieran y refrendaran la autoridad del gobierno nacional. A pesar de que la legislación territorial promovió el surgimiento de localidades sedentarias permanentes, la lejanía y la ausencia de prácticas legales formales contribuyeron a que los habitantes de estos territorios recurrieran a otros métodos, frecuentemente violentos, para hacer justicia y para lidiar con una serie de problemas característicos de su entorno.

Además de los ferrocarriles, otra medida que promovió el gobierno federal con el propósito de acelerar el asentamiento de colonos en los territorios en proceso de colonización, fue la llamada Homestead Act,1 la cual facilitaba la distribución de tierras a muy bajo costo, lo que supuestamente promovería el establecimiento de colonos permanente en las regiones en proceso de organización. La Homestead Act se caracterizaba por su compromiso con el proyecto agrícola. Su espíritu radicaba de manera particular en brindar apoyo a aquellos agricultores que mediante el trabajo de la tierra civilizarían estas regiones agrestes y, en términos de la época, incivilizadas. Se buscó trasladar al medio Oeste la granja autosuficiente, surgida durante la época colonial en Nueva Inglaterra.

El escenario donde tuvo lugar la última etapa de organización territorial no fue homogéneo, por lo que el éxito de la Homestead Act fue relativo. Aún cuando el propósito de las autoridades federales era la consolidación de una población que se dedicara a las faenas rurales, el clima y los recursos de las regiones a colonizar impidieron el éxito de la Homestead Act. Por ello, y para tratar de hacer frente a esta circunstancia, se introdujeron otras dos leyes que buscaban adecuarse a las condiciones que habían evitado que la ley original fuera eficiente: la Timber Culture Act (1873) y la Desert Land Act (1877). La primera requería que el colono sembrara una cantidad específica de árboles para poder asignarle un lote; en la segunda, el requisito consistía en construir un sistema de irrigación. El éxito de ambas fue modesto, y en lugar de consolidar poblados a la usanza de otras regiones, diversos actores interesados en hacer su fortuna en estos escenarios pronto compitieron por el espacio y los recursos necesarios para desarrollar nuevas actividades económicas.

De esta manera, a la par de los agricultores aparecieron los ganaderos —dedicados al ganado mayor—, los ovejeros, los rancheros y los mineros. Además, algunos grupos que se dedicaban a faenas agrícolas pronto entraron en curso de colisión tanto con los nativos como con quienes entorpecían su explotación de los recursos. Todos competían para que su actividad fuera la preponderante y no tenían reparo alguno en obstaculizar a sus rivales. La coexistencia de actividades económicas y la falta de un marco legal que brindara un poco de orden dieron lugar a frecuentes episodios de violencia. En este escenario, apareció un fenómeno que ya había tenido lugar en otros sitios del país, pero que encajó muy bien con la volatilidad de los territorios en proceso de organización: los llamados vigilantes, quienes impartían justicia de forma directa al margen de las instituciones legales. Su prioridad era erradicar de forma expedita elementos —a su criterio—, nocivos para la comunidad.

El objetivo de este artículo es analizar el fenómeno de los vigilantes en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, dentro del marco del proceso de organización territorial del país, el cual propició las condiciones para que surgiera y se extendiera. Asimismo, se estudiará la función de dicho fenómeno en comunidades embrionarias en donde no existían formas de administración de justicia formales o en donde la propia población prefería esa especie de justicia expedita, pues a su juicio, era más eficiente y adecuada para las necesidades de la comunidad. Además, se busca conocer la reacción de las autoridades formales ante la extensión del fenómeno y qué recursos ejerció, ya fuera para erradicarlo o para, a pesar de su evidente ilegalidad, acogerlo como un elemento que reforzara su propia autoridad.

Presento tres apartados. El primero analiza las condiciones específicas del proceso de organización territorial de Estados Unidos que favorecieron la aparición del fenómeno de los vigilantes. El segundo define cuáles eran las características del mismo y aquilata el impacto de su acción. Finalmente, el tercero analiza someramente algunos del los movimientos más importantes vinculándolos con algunas de las actividades económicas que competían por el espacio y los recursos del Oeste de Estados Unidos.

 

ANTECEDENTES: LA COMPLICADA FAENA DE ORGANIZAR EL TERRITORIO

Un reto que enfrentó el gobierno de Estados Unidos desde la independencia del país fue cómo regular el proceso de integración de nuevos territorios a la Unión. El primer caso fue el del territorio del Noroeste, en el cual después de la independencia había una población importante que no formaba parte de una entidad formal. Las Ordenanzas de 1784 y 1785 ofrecieron tierras al asentamiento del pueblo común, también aseguraban que el sistema de gobierno del Oeste sería democrático y establecían el principio de que los futuros estados serían admitidos sobre la base de una igualdad completa con sus predecesores.2

En dicho territorio surgieron de tres a cuatro estados, cada uno de los cuales podría solicitar su ingreso a la Unión cuando contara con 60 mil habitantes libres.3 Se prohibió la esclavitud y el township4 se convirtió en la herramienta para el reparto de la tierra.

En las décadas posteriores el gobierno federal tuvo particular interés en proteger al colono que de forma espontánea se establecía en los territorios trasapalaches. Con dicho fin se anunció en 1841 la llamada pre-emption bill mediante la cual, cuando las tierras eran subastadas de manera pública, quienes tenían primera opción de comprarlas eran aquéllos que se encontraban asentados en ellas. De esta manera, también se pretendía reducir la especulación de la propiedad. Es necesario recordar, además, que las tierras públicas se encontraban bajo la administración del gobierno federal, pues en el momento en que un territorio solicitaba su ingreso a la Unión en calidad de estado, entregaba al gobierno federal la administración de sus tierras públicas.5

Es necesario destacar que durante el siglo XIX la soberanía, en el caso específico de Estados Unidos y en correspondencia a la definición previa, requirió de un sustento surgido de la población y de la capacidad del gobierno federal de promover una legislación que tuviera como objetivo la ocupación de los territorios, con el fin de que los colonos radicados en ellos crearan de forma sistemática instituciones para reforzar la presencia del gobierno federal e integrar dichos territorios al proyecto nacional, sin violentar el principio de autonomía local.

De esta manera, se favoreció el proceso de transformación de territorios desorganizados en estados miembros de la Unión. Así, la política territorial del gobierno estadounidense buscó la consolidación de vínculos entre la gran diversidad de espacios físicos y la instancia federal, aunque, como ya se dijo, siempre hubo un gran interés en preservar la autonomía local tanto de los territorios como de los estados.

Conforme el país fue creciendo, aparecieron nuevos retos. Uno de los más importantes fue decidir si en los nuevos territorios se permitiría la introducción de la esclavitud. De hecho, fue precisamente este debate, junto con otra serie de conflictos, el que propició una crisis nacional que llevó a la Guerra Civil en 1860.

En el Congreso, los representantes del Sur se habían opuesto de forma sistemática a la creación de una legislación que facilitara el reparto de tierras. La forma de aprovechamiento de las mismas difería de la del Norte, en donde había surgido la granja autosuficiente, modelo que se intentó difundir en los nuevos territorios. La oposición de los sureños a la ley también se sustentó en lo que concebía como una medida que afectaría la agricultura nacional:

Los intereses agrícolas del país nunca han sido sujetos a un golpe tal como lo sugiere esta ley, que puede ser llamada con propiedad: una ley para robar al suelo de su fertilidad y promover el cultivo descuidado e ineficiente y para contrarrestar los esfuerzos de las sociedades agrícolas de los estados.6

Para los sureños, además, la Homestead Act era la culminación de una política territorial iniciada por Thomas Jefferson. Para ellos

Desde la compra de la Louisiana [1803] el gobierno ha promovido de forma sistemática y sólida una política en el manejo de sus tierras, la cual busca acelerar el poblamiento de los nuevos estados. Se han ofrecido importantes ventajas a quienes estén dispuestos a emigrar a ellos. En un principio esta política se justificó como una forma de ingreso para el gobierno que le permitiría pagar la deuda revolucionaria; sin embargo la política continúa hoy en día sin justificación alguna [...] Por cerca de 40 años, la despiadada y cruel política gubernamental ha acabado la riqueza y población de los antiguos estados.7

Los legisladores que favorecían la distribución de tierra en los territorios todavía sin organizar y que buscaban que la asignación de los lotes fuera casi gratuita, aprovecharon la ausencia de los miembros sureños del Congreso a consecuencia de la Secesión y en 1862 se creó la llamada Homestead Act. La ley8 establecía que los jefes de familia, personas mayores de 21 años y veteranos —con la provisión de que quedaban excluidos quienes habían tomado las armas en contra de la Unión o proporcionado ayuda a sus enemigos— eran aptos para reclamar la cuarta parte de una sección (160 acres)9 o menos de tierra pública todavía no adjudicada en propiedad privada. Después de cinco años de residencia, el gobierno emitiría un título por el lote. Si el colono contaba con los recursos, podía comprar la tierra antes de dicho lapso, al precio establecido de 1.25 dólares el acre.10

Además de las leyes necesarias para promover la población permanente en los territorios distantes, el gobierno federal estaba consciente de la urgente necesidad de invertir en infraestructura que permitiera una comunicación adecuada entre las diferentes regiones.11 Era particularmente acuciante integrar de manera adecuada estas zonas, pues la minería y el consecuente ascenso de San Francisco como el principal puerto del Pacífico habían tenido como resultado el desarrollo económico de la región y la acumulación de capital.

Asimismo, habían surgido núcleos de población entre los que era necesario promover la creación de instituciones para reforzar la presencia federal y garantizar la ocupación permanente de dichos territorios. Así, se garantizaría la seguridad de las costas y fronteras, percibidas como vulnerables por los políticos de la época. Sin embargo, la diversidad entre las distintas regiones provocó que el interés en invertir en el Oeste no fuera homogéneo. Muchos estados tenían otro tipo de prioridades y no deseaban destinar fondos a lugares tan distantes. Por ejemplo, tuvo lugar un debate en torno a la legislación encaminada a construir un ferrocarril transcontinental, lo que era una prioridad para algunas regiones y tendencias políticas, mientras para otras no era más que un desperdicio de recursos los cuales debían ser invertidos en problemas más apremiantes. En los años posteriores a la Guerra Civil, se retomó el proceso de organización territorial. Nuevas entidades ingresaron a la Unión.

Una de las instituciones que tuvo una amplia gama de funciones en el Oeste fue el ejército. De hecho, su presencia también tenía el objetivo de reforzar la autoridad del gobierno federal en las zonas en proceso de organización. De acuerdo con la llamada Doctrina Cushing,12 se establecía que todos los varones mayores de quince años, incluyendo miembros del ejército regular, marina y organizaciones de milicia podían ser convocados durante una emergencia. Ello ofrecía una fuente de autoridad a los colonos en esos casos. Esta medida rebasaba la aprobación presidencial ya que cualquier oficial civil podía recurrir a unidades militares organizadas para someter insurrecciones o arrestar bandas o delincuentes. Sin embargo, era reconocidamente aceptado que el ejército en el Oeste dependía del Departamento de Guerra y, en última instancia, del presidente, con lo que también se fortalecía el vínculo hacia el ejecutivo.

Existen ejemplos en que los soldados trabajaron en cercana colaboración con magistrados y oficiales civiles para arrestar infractores, salvaguardar prisioneros, desalojar invasores de predios y controlar bandas de delincuentes y asaltantes de ferrocarriles. El ejército era visto por el gobierno federal como un eficiente brazo de autoridad en las regiones desorganizadas; aunque muchas veces llevaba a cabo funciones administrativas o de reconocimiento, además, tuvo un lugar preponderante en el sometimiento de los grupos indígenas de los territorios en proceso de organización.

El ejército se vio de alguna manera debilitado como consecuencia del compromiso de 1877.13 Este hecho marcó el fin de la Reconstrucción radical que consideró la presencia militar en los estados previamente confederados como un requisito para el desmantelamiento de las instituciones sureñas. Los habitantes del sur habían resentido enormemente la presencia del ejército en sus entidades y la creación de gobiernos militares. Por ello, uno de los puntos principales del compromiso de 1877 fue el retiro de las tropas del suelo sureño. Este proceso se vinculó con el manejo del ejército en el Oeste, pues en la primavera de 1878, el representante William Kimmel de Maryland sugirió enmiendas a las leyes referentes a la acción militar. La legislación prohibió el uso de fuerzas terrestres y navales de la Federación excepto en casos concretos autorizados por el Congreso y el Presidente. Para varios de los legisladores, la medida estaba estrechamente vinculada con el resentimiento de los sureños contra el ejército, y consideraban que debían tener cuidado de no confundir la situación del Sur con la del Oeste, en donde la presencia militar era sumamente necesaria. A pesar de tan importante acotación, la enmienda fue aprobada, contemplando incluso multas para quienes desobedecieran la ley. Las únicas excepciones en cuanto a la intervención militar fueron disturbios indígenas, tierras públicas y leyes de neutralidad internacional. Conforme a esta legislación, el Departamento de Guerra emitió la Orden General núm. 49 del 7 de julio de 1878 para restringir la intervención de ayuda militar a autoridades civiles.14 Sin embargo, la realidad de la situación provocó que, unos meses después, en octubre del mismo año se anunciara la Orden núm. 71, de acuerdo con la cual:

En caso de invasión súbita e inesperada, insurrección o revuelta que pusiera en peligro la propiedad pública de los Estados Unidos o en caso de intento o amenaza de robo, interrupción del correo de los Estados Unidos u otra emergencia equivalente, los oficiales del ejército pueden, si consideran que tal necesidad existe, actuar previamente a las instrucciones emitidas por una instancia gubernamental, siempre que el caso y la legislación bajo la que se actúe se justifiquen.15

Como es evidente, la presencia y autoridad del ejército era insuficiente para los frecuentes brotes de violencia que tenían lugar en el inestable escenario del Oeste. Dicha inestabilidad explica en parte por qué en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando la colonización de los territorios del Oeste entró en su última etapa, se justificaba que los colonos recurrieran a las armas e hicieran justicia por su propia mano. El ejército y la presencia militar no eran invocados de manera sistemática, puesto que, a los ojos de los colonos, tenían otro tipo de funciones y no solucionaban un vacío de autoridad que los afectaba de manera directa.

Las manifestaciones de violencia en el Oeste han sido frecuentemente estudiadas como un fenómeno inherente al proceso de organización.16 De hecho, se les ha interpretado como una prueba —y consecuencia— de la ausencia de formas legales en la región.17 Sin embargo, es necesario advertir que la violencia es un fenómeno mucho más complejo de lo que se podría creer en un análisis superficial. Un acercamiento a diversas manifestaciones de violencia nos permite observar que éstas se justificaban, en buena medida, en elementos liberales como la libertad y el derecho a proteger la propiedad. De esta manera, el Oeste fue mucho más que el entorno de una sociedad agresiva que fácilmente recurría a las armas. El Oeste aparece, como ya se mencionó, como un mosaico de actividades en un territorio que por encontrarse en proceso de organización, facilitó que sus habitantes recurrieran a los elementos de la doctrina liberal y los reinterpretaran en sus intentos de crear una sociedad favorable a sus intereses particulares. Así, el Oeste nos ofrece una paradoja muy interesante, cuando comunidades aparentemente al margen de la ley invocaban una doctrina que justificaba un marco legal que de alguna manera les permitía legitimar acciones, a todas luces, ilegales. Esta contradicción, que para quienes la ponían en práctica no era tal, la encontramos en una serie de episodios característicos del Oeste a finales del siglo XIX.

El conjunto de características descritas en este apartado facilitó la creación de un escenario propicio para la aparición del tema que analiza este trabajo: los vigilantes. Este fenómeno fue consecuencia de un vacío, pero además sintetizó, de alguna forma, una serie de elementos que en tiempos posteriores se identificaron con el Oeste de Estados Unidos. Como ya se mencionó, la competencia por el espacio fue clave entre los vectores económicos para fomentar estallidos de violencia.

La inmadurez de las instituciones y lo dinámico de la sociedad se conjugaron para permitir a los habitantes del Oeste recurrir a una doctrina de una forma más pragmática e inmediata que sus contrapartes en las zonas ya organizadas. En el caso del Oeste, los individuos disfrutaban de una cercanía mayor con su marco institucional y legal que los habitantes en los territorios plenamente integrados. En dichas regiones las instituciones y estructuras habían alcanzado una condición que favorecía la distancia entre éstas y la población. Los habitantes de tales estados carecían de recursos que les permitieran participar de una manera más dinámica en la creación y transformación de su propio marco jurídico.

 

LOS VIGILANTES EN EL OESTE DE ESTADOS UNIDOS: POR UNA JUSTICIA AL MARGEN DE LA LEY

Se considera que el primer movimiento vigilante en Estados Unidos tuvo lugar entre 1767 y 1769 en Piedmont, Carolina del Sur.18 Durante el siglo XIX existió actividad vigilante variable en el país.

La práctica estadounidense de recurrir a comités de vigilantes algunas veces tuvo lugar en zonas que no eran de frontera y que enfrentaban problemas distintos a los de la violencia generada en la franja de la propia frontera. Tanto estos comités como los posteriores se sustentaron en el tradicional hábito estadounidense de vigilar: estar alerta respecto a la condición de los gobernados y el bienestar de la nación. Tal vigilancia por parte del pueblo, de acuerdo al republicanismo estadounidense, subraya la fuerza del concepto de milicia, de ciudadanos soldados y el derecho de portar armas.19

En los estados del Atlántico los vigilantes fueron escasos pero en la mayoría de las entidades y territorios trasapalaches fueron particularmente frecuentes. Este fenómeno, en que un grupo de individuos se adjudicaba el derecho de administrar justicia al margen de las formas establecidas, cobró gran importancia en el Oeste de Estados Unidos.20 Tuvo como marco el enfrentamiento entre diferentes actividades económicas, que rivalizaban por el control del espacio y de los recursos. Al encontrarse estas regiones en proceso de organización y ante la carencia de formas legales consolidadas, la rivalidad entre actividades desembocó en frecuentes brotes de violencia, en ocasiones generada por la tensión entre aquellos sectores que buscaban el monopolio territorial, el control de los gobiernos locales y una presencia federal más fuerte y quienes deseaban continuar con actividades surgidas en la primera etapa de colonización y que, si bien anhelaban el amparo y protección del gobierno federal, recelaban de éste y de lo que percibían como constante apoyo a los terratenientes y magnates.21 De esta manera, y con el riesgo de simplificar y afectar los matices que conformaban un escenario muy complejo, se puede proponer que el primer grupo favorecía la incorporación de la región, mientras que el segundo no veía en ésta ventajas particulares para sus necesidades inmediatas.

En el caso que nos ocupa, los vigilantes surgieron como respuesta a un problema muy claro, la ausencia de ley en las zonas de frontera.22 En los inicios de la vida independiente dicha frontera23 se encontraba justo al oeste de la cordillera de los Apalaches, pero conforme el país anexó nuevos territorios y la población de desplazó a otras regiones, fue reubicada constantemente. El establecimiento de colonos de manera permanente tuvo como consecuencia el surgimiento de instituciones que regulaban la vida cotidiana tales como escuelas e iglesias. Asimismo, surgieron y se consolidaron formas legales que facilitaron la implantación de un sistema legal y la administración de justicia. Sin embargo, los movimientos vigilantes tenían el propósito de subsanar la ausencia de instituciones o incapacidad de organismos legítimos para regular las prácticas cotidianas y administrar justicia. Era frecuente, además, que a los ojos de los pioneros, las leyes tradicionales resultaran insuficientes o fueran inadecuadas para enfrentarse a los retos y necesidades de territorios en proceso de organización.

Los colonos que decidían establecerse en nuevos territorios se enfrentaban a la ardua faena de adaptarse a un nuevo paisaje y a recursos diferentes a los existentes en su lugar de origen. Otro problema de los colonos radicó en la inestabilidad de los territorios en vías de organización, pues actuó como caldo de cultivo para actividades al margen de la ley. La especulación, el bandolerismo, la prostitución y el despojo eran frecuentes. Los pioneros percibían al gobierno federal como una autoridad real —a la que en última instancia había que comprarle las tierras que ocupaban— pero en cierta medida abstracta y lejana, pues, con excepción del ejército no tenía mecanismos para contar con una presencia vigorosa y eficiente en la vida cotidiana de la comunidad. Fue precisamente por ello que el tomar la ley en sus propias manos se justificó ante la ausencia o incapacidad de recurrir a formas legales establecidas.

Como se mencionó en el apartado anterior, el propósito del gobierno federal era establecer en los nuevos territorios comunidades permanentes que auspiciaran instituciones para reforzar el vínculo de los colonos con el proyecto nacional. Sin embargo, el surgimiento y consolidación de actividades económicas ajenas a las faenas agrícolas, con frecuencia escasamente viables por la mala calidad de los suelos, propició un escenario sumamente distinto. En el caso de los campamentos o pueblos mineros, la aparición de los mismos no aparejó la creación de una comunidad sustentada en familias que a su vez favorecieran el surgimiento de instituciones formales. La prostitución no sólo era tolerada, sino promovida; el robo y el asesinato quedaban frecuentemente impunes. Aplicar la ley era un objetivo demasiado complejo, fuera de su alcance. La ley como tal correspondía a un futuro en el cual la comunidad ya se hubiera consolidado y contara con los recursos para ello. Sin embargo, si se quería garantizar la supervivencia inmediata de la localidad, lo que se requería no era aplicar la ley, sino administrar justicia para proteger a la vulnerable población. El castigo era aplicado de acuerdo con el criterio de los propios vigilantes.

De acuerdo con Charles Shinn, los mineros sustentaban sus leyes sobre tierras en tempranos conceptos germánicos. El derecho a la tierra se encontraba vinculado al trabajo de la misma. Peter L. Reich señala, en el caso de California:

La cuestión de la propiedad de minerales en el nuevo estado de California quedó inscrita en los conflictos entre mineros y agricultores por el acceso a la tierra [...] La legislatura de California tendía a favorecer los intereses mineros, principalmente por parte de individuos o pequeñas sociedades. En el acta de posesión de 1850, los colonos tenían derecho a 160 acres de tierra pública pero estaba prohibido asentarse "en tierra que contenga minas o cualquier tipo de metales preciosos". Este estatuto fue enmendado dos años después para autorizar la búsqueda de metales en tierra previamente destinada a ganados o a cultivos.24

Ello resultó en un complejo corpus legal que incluía la dimensión de la porción en cuestión, las condiciones en que sería trabajado y los medios para resolver disputas en torno a su propiedad.25 Sin embargo, los campos mineros ofrecieron un escenario propicio para las actividades de los vigilantes.

Una acción vigilante que rodeaba a los buenos para nada y a los forajidos, seguida por una azotaina, expulsión o ejecución de los mismos, no sólo resolvía el problema del desorden sino que tenía, además, un valor simbólico de gran importancia. Los vigilantes advertían claramente a los trasgresores que lo reciente de la comunidad no podría ser aprovechada para atentar contra los valores de la civilización. [Los vigilantes] eran una violenta santificación de los valores más sagrados de la vida y la propiedad.26

Lo anterior explica por qué el fenómeno de los vigilantes tuvo gran proliferación en el Oeste durante las últimas décadas del siglo XIX. En él se conjugaron los rasgos predominantes del proceso: la necesidad de elementos expeditos para el control de trasgresores, reales y supuestos, la incapacidad de las formas oficiales de lidiar con cualquier tipo de irregularidad en una comunidad y el enfrentamiento de necesidades locales con el marco de referencia federal, considerado para muchos de los colonos lejano, abstracto y ajeno a su realidad. De acuerdo con Richard Maxwell Brown, el sustento de la ideología de los movimientos vigilantes radica en tres elementos: autoconservación, el derecho a la revolución y la soberanía popular".27 Para los vigilantes, y en buena medida para la comunidad de la que surgieron, la autoconservación era la primera ley de la naturaleza. Asimismo, si bien las acciones de los vigilantes se encontraban al margen de la ley e incluso podían ser contrarias a la misma —en donde ya había incipientes sistemas legales—, eran justificables por el derecho a la revolución, inspirado en el proceso de 1776 en que los colonos se rebelaron a la injusta legislación británica. En el caso de la soberanía popular, los vigilantes se concebían a sí mismos como la encarnación de la misma, para proteger los intereses de la mayoría ante la ausencia de un marco legal eficiente. Como se puede advertir, los vigilantes no se consideraban revolucionarios ni trasgresores, sino un conjunto de individuos que ante la carencia de formas legales eficientes se veían obligados a administrar justicia en un escenario de confusión y desorden. Los vigilantes invocaban el derecho de proteger sus vidas y propiedades, amenazadas por una serie de fuerzas fuera de control.28 El impacto social de los vigilantes estaba confinado a zonas muy pequeñas. Algo que les favorecía particularmente fue que afectaban instituciones cuya rapacidad era resentida por granjeros y pequeños propietarios. Dichos personajes, además, no anhelaban cambios en el orden social. Su importancia radicaba en su enorme influencia en la cultura popular estadounidense.29

Es necesario identificar los elementos ideológicos que contribuyeron al surgimiento de una dinámica particular entre los diferentes actores que coexistían en el Oeste. De esta forma, prácticas y tradiciones que en las zonas ya organizadas carecían de vigencia fueron rescatadas e invocadas en estos territorios para justificar y legitimar acciones al margen de la ley, las cuales tenían como objetivo llenar un vacío de autoridad o —por lo menos ello se afirmaba— administrar justicia de manera expedita. Dentro de estos elementos ideológicos estaban:

1. La doctrina de no retroceder. Fue resultado de la evolución de la ley común inglesa. Originalmente aquel que se veía involucrado en un enfrentamiento debía retroceder para evitar el derramamiento de sangre. Sin embargo, en el Oeste de Estados Unidos se optó por favorecer el que los involucrados en actos de violencia permanecieran en sus sitios tras el conflicto, como forma de legitimar su proceder. El derecho a resolver los conflictos de manera directa y personal. Ello auspició la proliferación de pistoleros —aun colonos— que solucionaban sus problemas de manera directa recurriendo frecuentemente a las armas. Por su parte, los ganaderos establecieron el llamado "Código del Oeste", especialmente en Texas, Colorado y Nuevo México. Los puntos de dicho código incluían: 1) nunca disparar contra un hombre desarmado, 2) nunca disparar contra un hombre por la espalda, 3) nunca aceptar un insulto sin pelea y 4) nunca retroceder en un enfrentamiento.30

2. La ética de la pequeña vivienda (Homestead ethic). Ésta se generó en la frontera colonial. Se sustenta en tres puntos: El derecho a tener y conservaruna granja de tamaño suficiente para mantener a una familia; el derecho a disfrutar dicha propiedad sin cargas económicas como hipotecas o impuestos excesivos; y el derecho a ocuparla sin miedo a la violencia (por ataques de indios o forajidos) en contra de sus ocupantes o de la propiedad. Este punto es de suma importancia ya que vincula el fenómeno de los vigilantes con la legislación destinada a organizar el territorio mediante la concesión de lotes a los colonos.

3. La ética de la pequeña vivienda dio paso a la ética de la empresa individual, generada por las condiciones particulares de la zona. Ésta fue sustentada por los grandes capitalistas de la región y establecía la defensa —incluso mediante la violencia— de las adquisiciones de los nuevos magnates, ya fueran tierras, industria o riqueza.31

Al invocar la Homestead Act, los vigilantes legitimaban sus acciones en la protección del pequeño propietario. El gobierno federal tomó la iniciativa de reducir el precio de la tierra ofreciendo lotes casi gratuitos. Sin embargo, no protegía a los colonos que aprovechaban dicha oferta y que eran vulnerables a una serie de amenazas. De esta manera, un fenómeno al margen de la ley apoyó sus postulados y acciones en la propia legislación federal. Los abogados que simpatizaban con los movimientos vigilantes aceptaban las consecuencias prácticas de la soberanía popular. Para ellos el derecho a la acción popular era una opción real y no sólo una teoría sustentada en la doctrina de soberanía popular:

[...] si las instituciones establecidas [...] eran incapaces de resolver las necesidades de la comunidad, entonces recurrir a ellas para hacer cambios era un gesto inútil. En dichas circunstancias, se justificaba que las personas usaran la fuerza extralegal para lograr lo que el gobierno debía, pero era temporalmente incapaz de hacer. Para estos abogados, el apoyo a los vigilantes era una opción extraordinaria, pero válida, pues los movimientos eran animados por motivos de interés popular y contaban con el liderazgo de miembros prominentes de la comunidad.32

De hecho, muchas veces la acción de los vigilantes tenía lugar de forma paralela a las actividades realizadas por las instancias legítimas encargadas de administrar justicia. En este caso, el objetivo de los vigilantes no consistía en darle solución a un vacío generado por la ausencia o por la etapa embrionaria de las instituciones, sino en ofrecer una forma alternativa a la administración de justicia.33 De ser así, surgían dos posibilidades. La primera era que los vigilantes entraran en conflicto con los organismos legítimos y que quienes fueran responsables de los mismos condenaran tanto la existencia como las prácticas de aquéllos ya que de alguna manera usurpaban y demeritaban su función. La segunda posibilidad radicaba en un alto grado de colaboración —complicidad— entre los vigilantes y los representantes legítimos de la ley. Así, estos últimos veían grandes ventajas en la justicia expedita administrada por los vigilantes, ya que se ahorraban recursos económicos e incluso impuestos que se tendrían que invertir en largos juicios.34 Las condiciones de comunidades en vías de organización también explican el apoyo de la población a los vigilantes, ya que se creía que era mucho más práctico y eficiente finiquitar los elementos problemáticos por vías alternas a la ley. De acuerdo a Maxwell Brown:

[...] usurpando las funciones de las herramientas regulares de ley y justicia, incluso llegando a duplicarlas, el costo de los gobiernos locales se reducía. Como los propios vigilantes pagaban impuestos también resultaban beneficiados por dicha reducción en los gastos públicos. En segundo lugar, el proceso de reconstruir una comunidad mediante la recreación de estructuras y valores tenía efecto de una manera más dramática mediante los movimientos vigilantes que a través del funcionamiento regular de la ley. Un ahorcamiento a manos de los vigilantes era una advertencia gráfica para todos los elementos disruptivos en potencia de que los valores y estructura de la comunidad se protegerían a cualquier costo.35

Así, muchas veces el propio comisario o funcionario había participado en planear el linchamiento de un prisionero bajo su resguardo, aunque generalmente se presentaba cierta resistencia a la acción vigilante con el objetivo de conservar las formas. Ello se vinculaba, además, con el hecho de que para dichas comunidades el fin último no era el cumplimiento de la ley, sino hacer justicia. Como afirma Smurr:

Los habitantes del Oeste frecuentemente se enfrentaban al dilema [de cómo garantizar que se hiciera justicia] durante los primeros meses de gobierno territorial. No deseaban dejar en libertad a criminales peligrosos y no contaban con otro recurso que enjuiciarlos en una corte que tenía a la justicia, si no a la ley, de su parte; una corte de su propia creación. Había dos cortes de tal naturaleza, la Vigilante y la del Pueblo. Sin mayor información de por medio pareciera que hubiera poca diferencia entre una y otra, ya que las dos se encontraban al margen de la ley y las dos requerían del apoyo de los ciudadanos. Sin embargo, las diferencias eran fundamentales. La "corte" Vigilante era un asunto privado, cuya principal herramienta era la violencia. Por lo general, no permitía que abogados intervinieran a favor de los acusados y desdeñaba otros elementos de un juicio justo. Los decretos de los vigilantes eran irrevocables ya que éstos no respondían más que ante sí mismos por sus acciones. La corte del Pueblo, por su parte era un eslabón en la evolución de las primeras cortes mineras [... ] eran organismos permanentes con sentido de responsabilidad [...] La mayor parte de ellas con gusto delegaron su autoridad cuando las cortes de distrito Territorial hicieron su aparición.36

Los vigilantes, tenían una eficiente y compleja estructura interna que pretendían diera un toque de formalidad a su organización, ya fuera que actuaran al margen de la ley o que funcionaran como una agrupación paralela a la misma. Esto nos indica el grado de interés y de compromiso por parte de aquéllos que conformaban el movimiento.

Las poblaciones surgidas como consecuencia de la explotación de minerales resultaron ideales para la acción de los vigilantes. La posibilidad de obtener una fortuna inmediata atrajo a una gran cantidad de individuos a las zonas en donde se había encontrado oro literalmente al ras de la tierra o en los arroyos. Su ambición les dejaba poco tiempo para interesarse en la administración de justicia o en los fundamentos legales. "En estas condiciones uno suponía que la violencia fuera endémica. Dicho supuesto se apoyaba en la demografía del auge minero: hombres jóvenes, solos y armados, surgidos de una gran variedad de culturas y naciones, en búsqueda de riqueza".37 Poco a poco surgieron campamentos mineros que explotaban diversos minerales, estas comunidades eran volátiles e inestables y existían mientras el mineral ofrecía trabajo y fortuna. Si con el paso del tiempo dicho poblado por su ubicación y recursos aledaños no se convertía en sitio obligado de tránsito y sus habitantes se dedicaban al comercio o a la agricultura, estaba condenado a desaparecer. Predominaban hombres solos, debido a las condiciones tan precarias de los poblados, más interesados en lo expedito de las acciones necesarias para proteger sus intereses que en las formas legales. Cuando el primer grupo de mineros se establecía se elegía a algún miembro del mismo para registrar los acontecimientos, fijar ciertas reglas de convivencia y establecer algunos límites, como prohibir el robo, el asalto y el asesinato. Para facilitar el traspaso de los derechos sobre la minas, las reglas que regulaban dicha transacción fueron ignoradas.

Los campamentos mineros se caracterizaron por una aplicación rudimentaria de la ley. Originalmente, la manera en que en los campamentos mineros lidiaban con infractores era convocar a todos los mineros del distrito y tratar de llegar a un veredicto por parte de los mismos o nombrar un jurado, en el entendido de que podría tener lugar una apelación general. Como nadie tenía particular interés en vigilar prisioneros, era común que las sanciones fueran la expulsión del trasgresor de la comunidad, o la aplicación de castigos físicos como cortar las orejas y los azotes, así como en casos extremos, la muerte.

Los vigilantes desecharon estas prácticas y las sustituyeron por juicios privados en donde los acusados eran frecuentemente considerados culpables, incluso antes del interrogatorio. Sus acciones eran justificadas por el temor de que los detenidos fueran rescatados por sus amigos y allegados, o por las dificultades que implicaba tratar de llevar a cabo un juicio abierto en lugares en donde era común que el propio comisario38 fuera uno de los dirigentes de las bandas de criminales.39 De acuerdo con John Welling Smurr, los vigilantes se adjudicaban el derecho de llevar a cabo los juicios y los castigos porque desconfiaban del sistema judicial. En el caso de los mineros, como ya se mencionó, la inestabilidad de las comunidades era consecuencia de lo transitorio de su población. Los chinos conformaron un grupo que fue particularmente vulnerable a la agresión, tanto en sitios en donde había actividad vigilante como en donde se aplicaba la justicia de manera más tradicional. En muchos lugares se les prohibió trabajar, y frecuentemente eran atacados y llegaban incluso a ser asesinados o linchados. Los chinos organizaron sus propios campamentos pero no lograron eludir las leyes estatales de California que incluían impuestos discriminatorios y otras restricciones.40

Los vigilantes eran quienes a menudo tomaban la iniciativa en actos que de ninguna manera podían ser avalados dentro de una legislación formal pero, el reflejar el sentir de la mayor parte de la comunidad les permitía un amplio margen de acción y virtual impunidad. Ello es evidente en su participación en linchamientos en los que, además, se veían involucradas tensiones de índole racial y cultural. En algunos casos los vigilantes retaban la autoridad de las instituciones oficiales como el ejército, aprovechando el margen de acción que les daba la desorganización del territorio. En cierta ocasión en Fort Union, Nuevo México, oficiales del ejército arrestaron y pusieron en prisión a un grupo de asesinos. El comisario solicitó le fueran entregados, y aunque los presos suplicaron que se les permitiera continuar bajo el control del ejército, el comandante en turno los entregó al oficial de la ley. En cuanto el pequeño contingente rebasó la jurisdicción militar, el comisario fue confrontado por un grupo de vigilantes civiles, quienes se apoderaron de los prisioneros y los colgaron de postes del telégrafo. Era por todos conocido que el oficial que entregó a los reos al comisario sabía perfectamente cuál sería su suerte. Los vigilantes contaban con el apoyo popular que aprobaba lo que percibían como justicia expedita. Además, como señala Lawrence Friedman, entró en juego otro sutil elemento:

[Los vigilantes] tenían la satisfacción, a pesar de ser sombría, de tener la justicia en sus endurecidas manos. Ellos jalaban la soga, no necesitaban intermediarios. Las cortes regulares nunca fueron tan expeditas. Para muchas personas el castigo es doblemente satisfactorio cuando es inmediato, cuando los argumentos y dubitación de un juicio no afectan las emociones.41

Friedman no comparte la opinión de otros historiadores, tales como Hubert Howe Bancroft o Frederick Jackson Turner, respecto a que los movimientos vigilantes fueron el resultado de un espíritu democrático gestado en el Oeste. Para él, los vigilantes eran:

[...] pequeños carteles que protegían los intereses de quienes primero llegaban de quienes lo hacían después. También presionaban al gobierno para que vendiera tierras baratas. Los grupos mineros, más que democráticos, eran proteccionistas y tomaban formas gremiales. El romance del Oeste, el drama del paisaje han subordinado los hechos históricos.42

Podemos concluir que el fenómeno de los vigilantes en el Oeste respondió más que a ningún otro motivo a la competencia de las diferentes actividades económicas por el espacio y por los recursos. Con el paso del tiempo y la gradual institucionalización de canales legítimos —y eficientes— tales como funcionarios y cortes permanentes, su presencia ya no se justificaba, aunque se les continuó exaltando en la memoria colectiva como un recurso legítimo para administrar justicia cuando las circunstancias así lo requerían.

 

MINEROS, RANCHEROS Y AGRICULTORES: ACTORES EN UN ESCENARIO INESTABLE

El propósito de este apartado es revisar algunos de los movimientos vigilantes más representativos, así como vincular sus acciones con alguna de las actividades económicas que competían en el Oeste, con fin de ofrecer una explicación más clara de las condiciones que favorecieron el surgimiento de los vigilantes y la aportación de los mismos en un escenario específico. Dos estados del Oeste se caracterizaron por albergar frecuentes movimientos de vigilantes: Texas y California, pero fue en Montana donde los vigilantes encontraron mayor arraigo. Tanto en California como en Montana tuvo lugar un auge minero por el descubrimiento de ricos yacimientos e incluso por la posibilidad, sobre todo en California, de encontrar oro al ras de la tierra o en los riachuelos. En todos los casos lo que favoreció la aparición y desarrollo de grupos vigilantes fue el tácito apoyo popular. Los vigilantes eran percibidos por la sociedad, incluso por individuos deseosos de vivir dentro de un marco legal, como un recurso que permitía preservar el orden e impartir la justicia de manera expedita.43

En el caso California el movimiento vigilante tuvo lugar entre el descubrimiento de oro en 1849 y la Guerra Civil. De hecho, hubo dos movimientos vigilantes, ambos en San Francisco. El primero, conocido como el Comité de Vigilantes se refiere a los llamados Sidney Ducks, quienes habían sido convictos en Inglaterra y transportados a Australia. Algunos llegaron a California atraídos por la fiebre del oro, pero muchos de ellos pronto se vieron involucrados en actos criminales como robos u homicidios. Ante las frecuentes explosiones de violencia, cada pueblo y campamento minero organizó su propio comité local.44 El comité estableció buenas relaciones con las autoridades formales e incluso se tomó la atribución de revisar los barcos procedentes de Australia en búsqueda de probables criminales. Sus integrantes se identificaban como miembros mediante el símbolo de un ojo vigilante. En términos prácticos, dicho comité sólo estuvo en funciones alrededor de 100 días.45

El segundo comité vigilante de San Francisco recibió el nombre de Gran Comité Vigilante de 1856. Las causas que motivaron su creación fueron, entre otras, la explosión demográfica de la ciudad como consecuencia de la fiebre del oro.46 Llegaron diversos grupos étnicos y culturales cuya convivencia no fue sencilla. Numerosos maleantes aprovecharon el rápido crecimiento de la ciudad y la ausencia de recursos legales para controlar a quienes violaran la ley. Una pandilla conocida como The Hounds (Los sabuesos) atacaban y humillaban a los sectores chilenos y mexicanos, que por su pobreza eran sumamente vulnerables. Sam Brennan encabezó el movimiento vigilante que logró reclutar 700 miembros. Apresaron a 17 de los criminales en un barco en la bahía, ya que no existía una cárcel formal. Más tarde fueron entregados a una corte formal. El resto de la pandilla se dispersó y el comité desapareció.

En 1856 la población de San Francisco alcanzó 50 000 habitantes. La corrupta administración del neoyorquino David C. Broderick provocó la formación de un nuevo comité de vigilantes, después del asesinato de James King, editor del Daily Evening Bulletin, a cargo de James P. Casey. King había sido miembro del comité de vigilantes de 1851 y mediante su publicación criticó en varias ocasiones las prácticas de Broderick. Poco después tuvo lugar el asesinato del Marshal William Richardson a manos de Charles Cora, amigo de Broderick. El comité vigilante se reorganizó práticamente de la noche a la mañana y alcanzó la cifra de 6 000 miembros. Ante el hecho de que el gobierno local no consignó a los asesinos, los vigilantes decidieron que los funcionarios a cargo de la ley eran corruptos e ineficientes. Así, bajo el liderazgo de William Tell Coleman, quién también había sido un vigilante en 1851, persiguieron y dispersaron a los seguidores de Broderick, excepto Cora y Casey, los cuales fueron ahorcados. Posteriormente, el Gran Comité de Vigilantes encauzó sus esfuerzos a la formación de un Partido Popular, que favorecía al Partido Republicano, con el fin de defender a San Francisco de la corrupción.47

El territorio de Montana fue creado en 1864.48 En el periodo posterior a la Guerra Civil se convirtió en el punto de confluencia de una serie de actores cuyos intereses específicos pronto entraron en conflicto. Numerosos demócratas sureños, decepcionados por la derrota del Sur, así como republicanos norteños deseosos de hacer valer su influencia, se establecieron en la región. Incluso entre los sureños había una división interna, pues algunos eran antiguos veteranos, mientras que otros habían evadido el servicio militar.49 Asimismo, el descubrimiento de minerales y el consecuente surgimiento de comunidades mineras contribuyeron a la inestabilidad. Como ya se mencionó, lo volátil y conflictivo de los campamentos mineros los hizo auténticos caldos de cultivo para la violencia. En el caso de Montana, el descubrimiento de oro en la zona entre Bannack y Virginia City entre 1863 y 1864 atrajo una enorme cantidad de migrantes. Los mineros fueron objeto de constantes robos por parte de una banda organizada por el californiano Henry Plummer, quien ocupaba de manera informal el puesto de comisario. Los mineros contaban con pocos recursos formales para enfrentarse a esta situación, pero la presencia de algunos masones en la comunidad permitió planear una estrategia de defensa.50

Los masones proporcionaron la base para la organización de los comités de vigilancia, gracias a la confianza que imperaba entre los integrantes de dicha asociación.51 Se reclutaron miembros y se formaron compañías de 50 hombres. El comité ejecutivo contaba con 17 individuos: el presidente, el oficial ejecutivo, el tesorero, el secretario, cuatro ciudadanos de Virginia City, tres de Nevada, una de Junction, una de Highland, una de Pine Grove, dos de Summitt y una más de Bivins Gulch. La presencia de ocho bastaba para que hubiera quorum.

[Era] deber del Comité Ejecutivo legislar por el bien del comité en su conjunto y enjuiciar a los criminales que sean arrestados [...] y supervisar de forma general los actos criminales que sean cometidos en este territorio. El Presidente del Comité Ejecutivo designaría capitanes en diferentes distritos que a su vez reclutarían una compañía, la cual elegiría a su capitán. Éstos, por su parte, designarían tenientes que les ayudarían.52

La influencia masónica fue clave; de hecho, los vigilantes de Montana adoptaron el 3-7-77 como su símbolo, y se cree que ello conmemora el número de masones en las primeras reuniones. Los vigilantes llevaron a cabo una campaña en el invierno, resultado de la cual Plummer y 21 miembros de su banda fueron capturados y ahorcados. Los restantes abandonaron el territorio.53

Es importante señalar que un requisito clave para el buen funcionamiento de un comité de vigilantes era que su objetivo se concentrara en eliminar amenazas a la comunidad y rechazar acción respecto a rencillas personales o venganzas privadas. Esto fortaleció su posición dentro de la comunidad y le brindó legitimidad ante la misma.

 

El resurgimiento del movimiento vigilante en Montana. El conflicto entre actividades económicas

Años más tarde, en 1884, surgió un nuevo comité de vigilantes, el cual se enfrentó con una banda de cuatreros que operaba entre Montana y el territorio de Dakota. La encabezaba Granville Stuart, un ranchero de Montana. Las acciones fueron más discretas que las del comité anterior, pero lidió con los saqueos que hacía dicha banda en los ranchos de la zona. Los dirigentes del comité contaban con amplio apoyo popular e incluso en los periódicos locales se les alababa.54

Como se puede observar, ambos comités de vigilantes surgieron para proteger uno de los elementos claves de la doctrina liberal: la propiedad privada. Sus acciones se justificaron ante la falta de protección a la misma por parte de instituciones formales. En el caso de la protección a la propiedad privada, necesaria además para el desarrollo y consolidación de la población de Montana, era más importante administrar justicia que invertir tiempo y recursos en poner en marcha un aparato legal cuya eficiencia todavía estaba en duda.

Después de la desaparición de las manadas de bisontes y la introducción del ferrocarril, tuvo lugar un importante ascenso en la demanda de carne de res en los nuevos territorios de Dakota, Wyoming y Montana. Como consecuencia, surgieron enormes ranchos ganaderos, sobre todo en Texas.55

En otros lugares la cantidad de tierra que se podía adquirir era limitada por las leyes de tierra ya comentadas en el primer apartado. La introducción de los llamados longhorns facilitó el arreo de grandes manadas de reses a otros puntos del país. Sin embargo, esta actividad requería campos abiertos, lo que provocó un conflicto con los agricultores, ya que la mayoría de ellos deseaba cercar su tierra. En regiones en donde la escasez de árboles impedía hacer cercas de madera, la introducción del alambre de púas facilitó delimitar propiedades. Pronto aparecieron aquellos dedicados a cortar ilegalmente las cercas de alambre, lo que generó violencia.

También hubo roces por el agua, cuando los rancheros desviaban afluentes con el consecuente perjuicio para pequeños agricultores. A su vez, quienes se dedicaban a la cría de reses hostilizaban a los ovejeros, ya que las ovejas al consumir las pastos desde la raíz, dejaban sin alimento al ganado mayor. Un enemigo común a todos los anteriores era el ferrocarril, elemento clave para el aumento en la producción agrícola:

El auge de la agricultura fue posible gracias a los ferrocarriles, que no sólo transportaban con rapidez alimento en grandes cantidades a las ciudades que crecían y se multiplicaban, sino que también hicieron posible la creación de un vasto mercado de exportaciones transoceánicas.56

El ferrocarril contribuyó a una situación compleja; eliminó los enfrentamientos entre agricultores, pero se colocó como el nuevo enemigo —abstracto y poderoso— de éstos. Por otra parte, los ferrocarriles disputaban a los diferentes giros económicos el control de la tierra y además obligaban a los agricultores y ganaderos a pagar altas cuotas en el embarque de sus animales y productos.

En este ambiente de rivalidad y desconfianza surgieron movimientos vigilantes cuando colonos del fértil condado de Mussel Slough en California, a 45 millas de Fresno, se enfrentaron a los dueños del Southern Pacific Railroad que deseaban despojarlos de sus tierras. Cuando el fallo de la corte federal de circuito fue favorable a los empresarios ferrocarrileros en 1879, los colonos trataron de intimidar a los que apoyaban las demandas de los dueños del ferrocarril con actividades vigilantes. Invocaron la doctrina de no retroceder en defensa de sus pequeñas pero fértiles granjas. El episodio terminó en un tiroteo que dejó cinco colonos muertos.57 Los agricultores fueron finalmente derrotados por la compañía ferrocarrilera y se vieron obligados a abandonar sus granjas.

 

El conflicto étnico

Otro elemento que causó problemas fue la convivencia en el mismo espacio de grupos étnicos diferentes. En este caso el fenómeno de los vigilantes fue, para algunos historiadores, una manifestación de la resistencia detentada por algunos sectores a la tendencia promovida por el gobierno federal de incorporar no sólo territorios, sino comunidades y ajustarlos a patrones de conducta y aparatos legislativos promovidos por la instancia federal. Incluso, grupos minoritarios vieron en la organización de grupos vigilantes —tales como las Gorras Blancas en Nuevo México58 y los "bandidos" en Texas—, una oportunidad (en este caso para los hispanos), de resistirse a la creciente presencia del poder federal y a la gradual pérdida de control de su propio entorno y recursos naturales inmediatos. Si bien algunas minorías fueron frecuentemente víctimas de la acción de los vigilantes, otras vieron en este tipo de agrupación un recurso para defender sus intereses específicos. Sin embargo, sería un error pensar que en todos los casos los vigilantes estaban comprometidos con la defensa de valores tradicionales, pues muchos de ellos provenían de grupos interesados en los mercados en proceso de consolidación y no en la defensa de sectores marginados de la sociedad.59

En Nuevo México surgieron los llamados "Gorras Blancas". En este caso el fenómeno de los vigilantes aparejó elementos raciales, ya que los "Gorras Blancas" eran hispanos que se resistían al creciente poder de los angloamericanos en tierras previamente bajo jurisdicción mexicana. Los "Gorras Blancas" se dedicaban a cortar cercas y en algunas ocasiones llegaron a disparar contra los rancheros que tomaban parte de las antiguas tierras comunales dedicadas a la cría de ovejas. Como se puede ver en este caso, la resistencia del fenómeno de los vigilantes se vinculó al enfrentamiento entre actividades tradicionales bajo presión ante el desarrollo de nuevos proyectos económicos. Es necesario destacar que, en el caso de los "Gorras Blancas", un grupo en desventaja, los hispanos fueron los que recurrieron a un movimiento vigilante para proteger sus intereses, en contraste con otros lugares en donde uno de los principales objetivos de los vigilantes era presionar a los sectores discriminados por su raza o cultura, tales como los chinos y los mexicanos.

 

REFLEXIONES FINALES

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la aparición y actividad de los vigilantes en el Oeste estuvo vinculada tanto a las características específicas de dicho escenario como a las consecuencias de lo anterior, al surgimiento de actividades económicas irreconciliables en un mismo espacio, aunque, por supuesto, otra serie de condiciones favorecieron su formación. Entre éstas podemos mencionar la convivencia de grupos étnicos y culturales diferentes, así como la constante llegada de nuevos colonos y aventureros. Los vigilantes tomaron como bandera la ausencia de formas institucionales de impartir justicia, su preocupación inmediata.

Como se planteó, la aparición y paulatina consolidación de vías legales para administrar justicia no terminó de golpe las actividades vigilantes, ya que continuó el apoyo popular a sus actividades. La justicia administrada por los vigilantes compitió y complementó, y en ocasiones, continuó sustituyendo a las instancias legítimas. En el primer caso generó un grave problema, pues descalificaba a los depositarios legítimos de la ley y les provocaba una auténtica crisis de autoridad.

El fin del proceso de organización territorial marcó el ocaso de los movimientos vigilantes, ya que de forma gradual las instancias legales tomaron forma y contribuyeron al proceso de consolidación de las instituciones formales en regiones previamente al margen de las mismas. Sin embargo, el legado de los vigilantes es de suma importancia en la tradición cultural estadounidense y de manera frecuente se exalta la acción de aquellos que, en favor de la justicia y sin recurrir a los medios establecidos, la aplican, pues lo que defienden es un conjunto de valores considerados intrínsecos en la tradición cultural de Estados Unidos.

 

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Notas

1 El impacto de la llamada Homestead Act en el proceso de colonización de Estados Unidos fue enorme. Véase María Estela Báez-Villaseñor, "De pionero a colono: consideraciones en torno a la organización territorial y la administración de la tierra en el Congreso de los Estados Unidos durante el siglo XIX", en Riccardo Forte Veronese y Natalia Silva Prada (coords.), Cultura política en América, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Juan Pablos, 2006, pp. 131-154. Para un estudio detallado y preciso sobre las leyes de colonización véase Benjamin Horace Hibbard, A History of the Public Lands Policies, prefacio de Paul W. Gates, Madison/Milwaukee, The University of Wisconsin Press, 1965.

2 Robert Kelley, El modelo cultural en la política norteamericana. El primer siglo, traducción de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 120.

3 De dicho territorio surgieron Illinois, Ohio, Wisconsin, Michigan e Indiana.

4 Inspirado en el antiguo township de Nueva Inglaterra; este modelo de distribución de la tierra se basaba en la granja autosuficiente,

trabajada por toda una familia en su conjunto.

5 El único caso en que no se llevó a cabo, fue el de Texas. En 1845, cuando negoció su ingreso a la Unión, conservó el control de sus tierras públicas, ya que no era un territorio sino una república independiente. De hecho, fue en Texas en donde se ensayó, por vez primera, una ley que protegiera la pequeña y mediana propiedad, un antecedente de la Homestead Act de 1862.

6 L. O'Branch, Representante por Carolina del Norte, Statutes al Larger, Congressional Globe, Congreso 36, 1ª sesión, marzo de 1860, Congreso 34, sesión, 1856, p. 1155.

7 Ibid., p. 1158. Como se puede observar, la rivalidad entre regiones en Estados Unidos a mediados del siglo XIX no sólo involucraba al Norte y al Sur, sino que también había cierto conflicto entre los llamados "viejos estados", es decir las antiguas colonias y las nuevas entidades que habían surgido después de la Independencia o que se encontraban en proceso de organización a partir de los territorios adquiridos a lo largo del siglo.

8 El texto completo de la ley puede ser consultado en Gary Noy (comp. y ed.), Distant Horizon. Documentsfrom the Nineteenth Century American West, Lincoln/Londres, University of Nebraska Press, 1999, pp. 92-94. La traducción de las fuentes consultadas en inglés es mía.

9 Un acre equivale a .404 hectáreas.

10 No hay una traducción literal de Homestead Act. En este texto se sugiere denominar a Homestead'Act como la ley de la vivienda inalienable, ya que el lote asignado no podía ser expropiado por deudas y lo que la ley buscaba era la protección de lotes del tamaño mínimo para garantizar la subsistencia de una familia.

11 Un ensayo que analiza la primera etapa de la expansión territorial es el de Walter A. McDougall, Promised Lands, Crusader State, The American Encounter with the World Since 1776, Nueva York, Mariner Books, 1998. El autor, en el cuarto capítulo, hace una reflexión sobre el espíritu del expansionismo y examina las peculiares características de la sociedad estadounidense de mediados del siglo XIX, así como elementos inherentes a la consolidación territorial tales como la violencia y el racismo. Véase pp. 76-97.

12 Michael L. Tate, The frontier army in the settlement of the west, Norman, University of Oklahoma Press, 1999, p. 82. La Doctrina Cushing fue creada por el procurador general Caleb Cushing en 1854. Aunque en el caso del Oeste rara vez se puso en práctica, fue un precedente importante en cuanto a la posibilidad de los colonos de invocar una fuente de autoridad.

13 Se conoce como Reconstrucción al periodo que abarca de 1865, cuando el Sur fue derrotado, a 1877 (cuando mediante una negociación entre Demócratas y Republicanos) terminó la ocupación de los estados sureños por tropas de la Unión. Durante la Reconstrucción hubo conflictos entre quienes demandaban un total desmantelamiento del Sur y quienes abogaban por una postura más moderada. Se introdujeron enmiendas encaminadas a incorporar a los afroamericanos a la vida institucional, pero su éxito fue relativo ante la interferencia de las legislaturas estatales.

14 Michael L. Tate, op. cit, 1999, p. 94.

15 Ibid.

16 A este proceso se le ha denominado como Guerra Civil de incorporación del Oeste. Véase Richard Maxwell Brown, "Violence", en Clyde A. Milner II et al., The Oxford History of The American West, Nueva York, Oxford University Press, 1994, p. 399.

17 La ausencia de instituciones formales para impartir justicia provocó la frecuente improvisación para enfrentar riñas, homicidios y violencia. Esto se suscitó desde la época de las grandes caravanas, cuando tenían lugar —durante el largo trayecto— eventos que requerían algún tipo de juicio. Véase John Phillip Reid, "Punishing the elephant: malfeaseance and organized criminality on the overland trail", en Montana: The Magazine of Western History, vol. 47, núm. 1, primavera, 1997, pp. 2-21.

18 El gobierno colonial de Carolina del Sur tenía su capital en la ciudad costera de Charleston, la cual se encontraba rodeada de grandes plantaciones, ocupadas por familias de fortuna. Las zonas pobres y poco pobladas de la colina eran de poco interés para el gobierno colonial, el cual reservaba escasos o nulos fondos para la región de Piedmont. Además, no existía una milicia provincial y grandes bandas de forajidos estaban activos en las colinas. Hacia 1755 los colonos organizaron grupos vigilantes para enfrentarse a los maleantes, los cuales se denominaron Reguladores. Para 1767 los Regulardores lograron derrotar a los forajidos y, a partir de entonces, tomaron de facto el control del gobierno, aunque nunca tuvieron la anuencia o el reconocimiento del gobierno colonial. Philip Mullins, The Ancesors of George and Hazel Mullins, en [http://uts.cc.utexas.edu/~pmullins/chapter02.htm] consultado el 1 de octubre de 2012.

19 Christian G. Fritz, "Popular sovereignity, vigilantism, and the constitutional right of revolution", en Pacific Historical Review, vol. 65, núm. 1, febrero, 1994, p. 46.

20 Jared Keller, "Pax Vigilanticus: Vigilantism, Order, and Law in the Nineteenth Century American West", tesis para obtener el grado de Bachiller en Artes, Wesleyan University, 2009. Keller propone que los vigilantes eran una forma espontánea de gobierno, basado en la teoría del estado natural y la cual tiene su sustento histórico en el desarrollo institucional paralelo de agencias de protección mutuas y comités vigilantes en la frontera dinámica de Estados Unidos. Invoca un contrato social como base de la organización vigilante, p. 12.

21 De acuerdo con Keller, hay dos principios fundamentales, reglas históricas que determinan la acción de los individuos: 1) éstos hacen decisiones comparando los beneficios con los costos marginales con el fin de maximizar su bienestar y 2) esos mismos individuos sólo llegan a acuerdos y compromisos si suponen algún tipo de recompensa. Los comités de vigilantes no escapan a esta lógica económica, pero su desarrollo y estructura institucional es radicalmente diferente de otras agencias de protección de la frontera, ya que reflejan un vínculo con las normas históricas y reglas que sustentan el tejido del orden social del siglo XIX. Ibid., p. 13.

22 Cabe mencionar que si la ausencia de un aparato legal eficiente explica la aparición de los vigilantes, en años posteriores éstos compitieron y llegaron incluso a usurpar las funciones de la legislación formal.

23 Entiéndase como frontera la línea vertical dinámica que separa los territorios ya organizados bajo instituciones de origen occidental de los todavía no colonizados. En inglés recibe el nombre de frontier. La frontera política que separa entidades es designada borderline.

24 Peter L. Reich, "Hispanic Mineral Law in the Southwestern States", en Gordon Bakken Morris, Law in the Western United States, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 2001, p. 215.

25 Charles Howard Shinn y Joseph Henry Jackson, Mining Camps: A study in American Frontier government, Charleston, Nabu Press, 2011, p. 233. Cabe mencionar que el trabajo de Shinn destaca la convivencia de diferentes grupos raciales, étnicos y culturales en los campamentos mineros, lo cual también provocó tensión y estallidos de violencia, resultado de la marginación de ciertos grupos por cuestiones raciales. Clare McKanna Jr. también coincide en ello en su obra Race and Homicide in Nineteenth Century California, University of Nevada Press, 2002. McKanna señala que, excepto en el caso de los chinos, el crimen interracial entre los blancos era el menos frecuente.

26 Richard Maxwell Brown, "The American Vigilante Tradition", en Richard E. Morgan y James E. Connor, The American Political System, Introductory Readings, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1971, p. 428.

27 Ibid., p. 395.

28 Para autores como Seymour Martin Lipset, la referencia obligada a la que los estadounidenses recurren para legitimar sus acciones es el proceso de independencia, considerado por ellos como una revolución exitosa. Véase Seymour Martin Lipset, The first new nation. The United States in Historical and Comparative Perspective, Nueva York, Basi Books, Inc., 1963, especialmente el apartado "Revolution as the source of National identity", pp. 74-89. El derecho a la revolución era invocado repetidamente cuando se llevan a cabo acciones al margen de la ley o en ausencia de la misma.

29 Richard White, "Outlaw gangs of the middle border: American social bandits", en Gordon Morris Bakken y Brenda Farrington (eds.), Laws in the West, Nueva York/Londres, Garland Publishing, Inc., 2000, p. 72.

30 Clare McKanna Jr., op. cit., 2002, p. 74.

31 Ibid., pp. 393-394.

32 Christian G. Fritz, op. cit., 1994, p. 109.

33 Richard Maxwell Brown, op. cit., 1971, denomina a la actividad vigilante como una estructura paralela, p. 429.

34 Smurr se cuestiona si el rechazo de las comunidades mineras a pagar impuestos, aun cuando contaban con recursos suficientes para mantener un cuerpo de policía, edificar una cárcel y pagar a funcionarios legítimos, no contribuyó a que apoyaran sistemáticamente las actividades de los vigilantes. John Welling Smurr, 'Afterthoughts on the Vigilantes", en The Magazine of Western History, vol. 8, num. 2, primavera, 1958, p. 20.

35 Richard Maxwell Brown, op. cit., 1971, p. 429.

36 John Welling Smurr, op. cit., 1958, p. 17.

37 Andrew P. Morris, "Miners, vigilantes and cattlemen: property rights on the Western frontier", en The Freeman. Ideas on Liberty, The Foundation for Economic Education, vol. 57, abril, 2007, p. 2.

38 Entiéndase por "comisario" al agente policial encargado de una comisaría de distrito o de una demarcación, en inglés sheriff, el cual en Gran Bretaña y el Reino Unido es un representante de la corona en los condados con poder administrativo y judicial, mientras que en Estados Unidos es tanto un representante de la ley como el encargado de hacer que se cumpla.

39 John Welling Smurr, op. cit, 1958, pp. 8-20.

40 Andrew P. Morris, op. cit., 2011, p. 3.

41 Lawrence M. Friedman, A History of American Law, Nueva York, Simon and Schuster: Touchstone, 1985, p. 369.

42 Ibid., p. 370.

43 El apoyo popular y el hecho de que sus acciones no eran las de individuos marginados de la sociedad sino que se desenvolvían al interior de la misma permitieron que algunos de estos personajes fueran clasificados como "bandidos sociales", que de acuerdo con Eric Hobsbawm son personajes caracterizados por sus acciones evidentemente ilegales pero que de forma paradójica cuentan con el apoyo de los miembros de la sociedad que viven conforme a la ley. En el caso de este trabajo, no se busca forzar la definición de bandido social respecto a los vigilantes ya que se considera que aunque comparten ciertos rasgos, los vigilantes son consecuencia de una serie de circunstancias específicas. Richard Maxwell Brown, op. cit., 1994, p. 399.

44 George R. Stewart, Committee of Vigilance: Revolution in San Francisco, 1851, Nueva York, Houghton Mifflin, 1964, p. 207.

45 Ibid., pp. 298-320.

46 La población aumentó de 812 habitantes en 1848 a 25 000 a finales de 1849.

47 Jared Keller, op. cit., 2009, pp. 89-93.

48 Ingresó como estado a la Unión en 1889. Véase Ted Morgan, A Shovel of Stars. The Making of the American West -1800 to the Present, Nueva York, Touchstone, 1995.

49 Véase Merrill G. Burlingame, "Montana's righteous hangmen: a reconsideration", en Montana: The Magazine of Western History, vol. 28, num. 4, otoño, 1978, pp. 36-49. Este artículo examina la organización del comité y las características que le permitieron funcionar con eficiencia.

50 Véase Frederick Allen, "Vigilantes and the Origins of 3-7-77", en Montana: The Magazine of Western History, vol. 51, num. 1, primavera, 2001, pp. 2-19. Dicho trabajo examina en detalle el surgimiento del comité y su funcionamiento. En Montana todavía se celebra el Vigilante Day Parade para conmemorar a los vigilantes y para sustituir la tradicional pelea que tenía lugar en las escuelas de enseñanza media superior con el mismo fin. Asimismo, los números 3-7-77 aparecen en la insignia de la patrulla de la carretera de Montana como tributo a "la primera fuerza policiaca del pueblo".

51 ;Merill G. Burlingame, op. cit., 1978, p. 44.

52 Ibid., p. 44-45.

53 Frederick Allen también es autor de "A rashomon night: Montana vigilantes and the subjective question of guilt", en Montana: The Magazine of Western History, vol. 54, num. 3, otoño, 2004, pp. 34-43, en donde trata con detalle la ejecución de Plummer y sus seguidores.

54 El apoyo a los vigilantes era evidente. Granville Stuart fue elegido presidente de la Asociacion de Criadores de Ganado de Montana, a la par de las actividades del comité. Otro miembro, James Fergus, quien también estaba de acuerdo con la acción extralegal fue elegido presidente de la Sociedad Pionera de Montana y un condado recibió su nombre en 1885. Andrew P Morris, op. cit, p. 5.

55 Entre ellos estaba el XIT (Diez en Texas, ya que tenia partes en diez condados diferentes). Véase "General Rules of the XIT Ranch, 1888", en Gary Noy, op. cit., 1999, pp. 440-444.

56 En cuanto a la última etapa de la colonización y organización territorial véase el apartado "Indígenas, colonos, vaqueros y desesperados", en Paul Johnson, Estados Unidos. La historia, traducción de Fernando Mateo y Eduardo Hojman, Barcelona, Javier Vergara Editor, 2001, pp. 484-492.

57 Richard Maxwell Brown, op. cit, 1971, p. 400. Este episodio sirvió de inspiración a Frank Norris para su novela The Octopus, en donde denunciaba las prácticas de las grandes compañías.

58 Veáse la Plataforma de las Gorras Blancas en Gary Noy, op. cit, 1999, p. 353-354.

59 Richard White, op. cit, 2000, p. 394.

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