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Espiral (Guadalajara)

Print version ISSN 1665-0565

Espiral (Guadalaj.) vol.31 n.91 Guadalajara Sep./Dec. 2024  Epub Nov 15, 2024

https://doi.org/10.32870/eees.v31i91.7365 

Sociedad

El asociacionismo político: un marco de análisis desde la cultura política

Political associationism: a framework of analysis from political culture

Pablo Ranchero-Ventura1 
http://orcid.org/0000-0002-0656-499X

1Estancia posdoctoral Conahcyt, modalidad académcia. pablo.rventura@coltlax.edu.mx


Resumen.

Este artículo contiene un marco de análisis para el estudio del asociacionismo político; el cual se comprende como una forma específica de participación política y consiste en ciudadanos organizados que persiguen bienes colectivos cuyo principal objetivo es influir en la toma de decisiones políticas. De este modo, se retoman algunos conceptos, variables y dimensiones de la cultura política ofrecidas por Almond y Verba en su obra clásica The Civic Culture. El propósito del trabajo es identificar los elementos teóricos, metodológicos y empíricos que nos ayudarán a identificar los factores individuales que inciden en la participación política de los ciudadanos a través de asociaciones. Entonces, al retomar las orientaciones políticas, las posturas relativas al sistema político y las actitudes ciudadanas frente al Gobierno se podrá configurar un “modelo explicativo” que nos permita analizar los elementos de una cultura política democrática de participación.

Palabras clave: Cultura política; asociacionismo político; participación política; voluntarismo cívico y sistema democrático

Abstract.

This article contains a framework of analysis for the study of political associationism, which is understood as a specific form of political participation and consists of organized citizens who pursue collective goods whose main objective is to influence political decision-making. In this way, some concepts, variables and dimensions of political culture offered by Almond and Verba in their classic work The Civic Culture are taken up again. The purpose of this work is to identify the theoretical, methodological and empirical elements that will help us to identify the individual factors that influence the political participation of citizens through associations. Then, by taking up again the political orientations, the positions relative to the political system and the citizen attitudes towards the government, it will be possible to configure an “explanatory model” that will allow us to analyze the elements of a democratic political culture of participation.

Key words: Political culture; political associationism; political participation; civic voluntarism and democratic system

Introducción

A seis décadas de la aparición de la obra clásica The civic culture (1963)1 aún resulta válido destacar una de sus premisas más importantes: “la nueva cultura política mundial: será una cultura política de participación” (Almond & Verba, 1970, p. 20). Es decir, los sistemas políticos democráticos deben permitir y fomentar la actividad política de los individuos en los asuntos públicos. Dicha idea mantiene vigencia y se vislumbra con el cúmulo de estudios realizados desde la ciencia política, la sociología y la antropología, principalmente. Por lo tanto, la cultura política ha sido uno de los conceptos de mayor interés en el estudio de la política debido a su influencia en los sistemas políticos, y más en concreto en la estabilidad de la democracia, a través del comportamiento y la participación políticas (Torcal, 1997).

La gran variedad de estudios posteriores a la “obra pionera” (Morán & Benedicto, 1995) y en una reciente “revisión teórica de los clásicos de la cultura política se pueden ver dos líneas de investigación: la que fortalece la cultura política como fundamental para el desarrollo democrático y aquella en la que se discute la legitimidad de un régimen autoritario” (Hernández & Coutiño, 2019, p. 23). De manera que el paradigma “cultura política” conlleva a tomar en cuenta las disposiciones psicológicas de los individuos hacia los objetos sociales y políticos; por ello, los estudios sobre la “participación” nos demuestran evidencia teórica y empírica al respecto. Por ello, resulta importante el estudio de los elementos cognoscitivos, afectivos y evaluativos que el individuo tiene sobre la política, el sistema político, las instituciones políticas y sobre él como ciudadano, en busca de comprender la realidad de los fenómenos sociopolíticos, no solo desde los enfoques habituales sino también desde orientaciones que validan y legitiman la democracia como modelo político (Hernández & Cazarín, 2022).

El presente trabajo se ubica en la tradición de Almond y Verba; y en una revisión minuciosa de la obra se pretende identificar los elementos teóricos, metodológicos y empíricos que se pueden emplear en el estudio de las nuevas formas de participación, como lo es el asociacionismo político, entendido como la pertenencia a una asociación, grupo u organización y la participación en las actividades de estas. Consideramos que los elementos de la “cultura política” referente a las orientaciones específicamente políticas, las posturas relativas al sistema político, así como las actitudes con relación al rol del ciudadano, son cruciales para el estudio de los factores individuales que influyen en el asociacionismo.

La pertenencia y participación en asociaciones puede ayudar a cumplir la premisa de la obra pionera: conseguir una cultura política de participación. Porque las actuales condiciones individuales y contextuales permiten al ciudadano cumplir con su rol de “participante activo” en el proceso político. Un ciudadano que “se interesa por saber quién gana las elecciones, […], se preocupa por saber quién se beneficia por la legislación […]. Incluso en su relación con el voto [se ve beneficiada]…” (Almond & Verba, 1970). Para ello siempre se deben tomar en cuenta las preguntas teóricas: ¿Por qué (y cómo) la gente participa en la política? O bien, ¿por qué algunos ciudadanos participan (en política) y otros no?

El trabajo tiene la siguiente estructura: el primer apartado es un bosquejo del núcleo teórico de la cultura cívica que busca identificar los elementos y tipos de cultura política, mediante una revisión puntual de los aspectos teórico-conceptuales que trascendieron a las posteriores dimensiones de estudio. En segundo lugar, se destacan algunas aportaciones empíricas en el orden de los estudios de política comparada y con los datos reportados en la obra; los campos cognitivos, los sentimientos de afecto, la evaluación al sistema y la confianza social son la estructura central del estudio de posteriores dimensiones que emanan de la cultura política. En tercer lugar, se define el asociacionismo político y su marco de referencia teórico y empírico; con ello se analiza la pertinencia de los estudios que emanan de los postulados de obra clásica en cuanto a lograr una cultura política de participación.

Antecedentes de la cultura cívica

La corriente de la sociología política de la democracia construyó tres propuestas dominantes. La primera, la “teoría de la modernización social”, proponía que las condiciones económicas y sociales constituyen las precondiciones para el establecimiento y mantenimiento de los sistemas democráticos; Lipset sostenía que la creciente riqueza, la educación, la urbanización y la industrialización eran las bases sociales de la democracia y la participación masiva en el sistema político de la época; según su hipótesis, “la generalización más común que enlaza los sistemas políticos con otros aspectos de la sociedad consistió en que la democracia se relaciona con el estado de desarrollo económico” (1959). Al respecto, King (1986) agregó que cuanto más próspera sea una nación, tanto mayores son las posibilidades de que mantendrá una democracia con elementos políticos desarrollados y consolidados.

La segunda, la “teoría de la modernización política”, destacó la importancia de la infraestructura institucional; con base en la idea central de que la “estabilidad política” depende de la relación entre institucionalización y participación política. A medida que la participación en todas sus modalidades políticas aumente, entonces, la complejidad, la autonomía, la adaptabilidad y la coherencia de las instituciones políticas deben crecer, también, si se desea mantener la estabilidad política (Huntington, 1972). En concreto, la prevalencia de un sistema político democrático depende del desarrollo institucional y de cómo este permite y motiva la participación ciudadana en los asuntos políticos.

La tercera fue la “teoría de la cultura política”. La propuesta formulada por Almond y Verba colocó la cuestión de los procesos de difusión de las “bases culturales” de los sistemas políticos; es decir, introdujo los componentes culturales como elementos mediadores entre las estructuras económico-sociales y el sistema político. De acuerdo a Gabriel (1990), esta propuesta “consideró que el alto nivel de desarrollo socioeconómico era solo una condición necesaria pero no suficiente de la estabilidad democrática” (p. 9). Al respecto, Inglehart (2001) señaló que el desarrollo económico puede fomentar la democracia, pero la democracia no surge automáticamente. Surge y florece en la medida en que el crecimiento económico produce los cambios sociales y culturales necesarios y suficientes (pp. 239-240). En tal sentido, la modernización socioeconómica tuvo que traducirse en los valores y actitudes de la población favorables al sistema político. También, Inglehart consideró que las características culturales que prevalecen en una sociedad concreta en un momento y lugar determinado no son inmutables, sino que están influidas por factores históricos, además de los económicos y políticos; condicionantes de la democracia.

La cultura política

La cultura democrática (o cívica) o “cultura política mixta”, en la que son congruentes la cultura y las respectivas estructuras políticas, buscó dar respuesta a una interrogante central en el estudio de los Gobiernos democráticos de la época: “qué clases de actitudes [políticas] se asocian con sistemas democráticos de funcionamiento estable” (Almond & Verba, 1970, p. 54); o bien, “¿Existe una cultura política democrática -una pauta de actitudes políticas […] que fomente la estabilidad democrática, que en algún sentido ‘resulta apropiada’ al sistema político democrático?” (p. 529). Con estas interrogantes como guía, la obra se concentra en estudiar los rasgos positivos democráticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México. Los autores examinaron de forma comparativa las actitudes políticas del “ciudadano corriente y no de las élites de gobierno. [Advierten] Nos interesa la percepción del hombre de la calle acerca de su propia influencia” (1970, p. 216).

Dicha propuesta fue atendida en varios niveles de análisis. El primero fue la delimitación de cultura y cultura política; para ello, los autores son claros al señalar que emplean el “concepto cultura en uno solo de sus muchos significados: el de orientación psicológica hacia [los] objetos sociales” (1970, p. 30). En ese orden, el concepto “cultura política” refiere al sistema político que informa sobre los conocimientos, sentimientos y valoraciones de la población. Además, representa la traslación del concepto cultura al campo específico de la política (Pye & Verba, 1965, pp. 521-522). Los objetos sociales son el sistema y el régimen político; con ello se delimita la cultura política (de la cultura económica o religiosa). Por lo tanto, centran su atención en el rol que tienen los objetos políticos que median las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político; en concreto, con el Estado (Nevitte, 2002).

En un segundo nivel, los autores dirigen su atención a los significados de la “cultura política”. En una primera aproximación se precisa que el término refiere a las “orientaciones específicamente políticas, [y a las] posturas relativas al sistema político y sus diferentes elementos” (Almond & Verba, 1970). Dicho brevemente, el eje de la cultura política consiste en la particular distribución de las pautas de orientación hacia los objetos políticos entre los miembros de dicha nación; o bien, lo que describe el “patrón de actitudes y orientaciones individuales con respecto a la política” (Almond & Powell, 1972, p. 50). La definición propició que el concepto se convirtiera en la forma operativa para el análisis empírico desde las ciencias sociales. En una segunda aproximación, el término denota las posturas relativas al sistema político; es decir, orientaciones subjetivas hacia la política (Pye & Verba, 1965, p. 513). En el plano empírico, se trataba de concepciones subjetivas de la política que prevalece en una población nacional o (en) la subserie de esta (Almond, 1999). Pero, hay que indicar, ¿qué son las orientaciones subjetivas hacia la política? Para ello, Pye y Verba señalaron que el núcleo de las “concepciones subjetivas” radica en lo que la gente cree; o bien, interpreta de lo que ocurre en el ámbito de la política, en la dinámica de los procesos políticos y en la relación de los individuos con los actores políticos y las instituciones. En concreto, “se trata no de lo que ocurre efectivamente en el mundo de la política, sino de lo que la gente cree de eso que ocurra […]. Esto quiere decir que la gente responde a lo que percibe de la política e interpreta a su modo lo que ve” (1965, p. 515-516).

En un tercer nivel, se abocan a establecer los elementos del concepto “cultura política”: las orientaciones políticas y los objetos políticos. Las primeras aluden a los aspectos internalizados de objetos y relaciones; además, se desglosan en: a) “orientación cognitiva” o conocimiento concreto (o no) de los objetos políticos y las creencias de estos; b) “orientación afectiva” o sentimientos de apego, compromiso o rechazo hacia los objetos políticos; y c) “orientación evaluativa” o juicios y opiniones sobre objetos políticos que involucran la combinación de criterios de valor con la información y los sentimientos (Almond & Verba, 1970, p. 31). Los objetos políticos son: a) el sistema (político) como objeto general; b) los objetos políticos (input); c) los objetos administrativos (outputs); y d) uno mismo [individuo] o ciudadano considerado elemento activo o pasivo en el sistema (pp. 32-33). El cruce teórico de las tres “orientaciones” y los cuatro “objetos” da como resultado doce indicadores para el análisis y con ello poder indagar sobre los niveles de conocimiento, los sentimientos o afectos y cuál es la evaluación del ciudadano respecto a los objetos políticos-administrativos y de ellos mismos como sujetos políticos.

Por último, un cuarto nivel refiere a los tipos de “cultura política”. Almond y Verba (1970) advierten que las orientaciones hacia los objetos políticos no son homogéneas; en consecuencia, hay diferentes pautas de actitudes políticas y distintas culturas políticas entre naciones y distintas subculturas políticas en una misma nación. En términos teóricos, se dice, hay tres tipos ideales de cultura política: 1. “parroquial”, conformado por los individuos que manifiestan poca o ninguna conciencia de los sistemas políticos nacionales; es decir, los apolíticos (p. 34); 2. “súbdito”, compuesto por los individuos que tienen conciencia de que existe el Gobierno, pero solo tienen relación con los objetos administrativos (outputs) y que generan la autoridad “hacia abajo” (p. 35); y 3. “cultura participante”, configurado por los individuos activos que se identifican con los insumos (inputs) del sistema y con sus productos (outputs); son los ciudadanos que pertenecen a algún grupo social, un partido político, un movimiento social, el votante o el activista político, y que sobre todo tratan de influir en la elaboración de las políticas de gobierno (p. 36).

Los datos empíricos reportados en la obra nos advierten que no existen culturas políticas homogéneas o “puras”, ya que toda cultura política resulta ser un híbrido, o denominadas “sistemáticamente mixtas” (Almond & Verba, 1970, p. 40). Dicha amalgama indica reconocer que toda cultura política está compuesta de al menos dos de los tres tipos descritos, pero con predominio de alguno de ellos. Entonces, en términos empíricos existen diferentes tipos de cultura política: a) la cultura “parroquial de súbdito” [tipos 1 y 2]; b) la cultura de “súbdito-participante” [tipos 2 y 3]; c) la cultura “parroquial-participante” [tipos 1 y 3]; y d) la “cultura cívica”, compuesta por elementos de los tres tipos ideales, es decir, “combinan las orientaciones políticas de participación con las de súbditos y parroquiales, sin ocupar su lugar. Los individuos se convierten en participantes en el proceso político, pero no abandonan sus orientaciones ni como súbditos ni como parroquiales” (p. 49). En ese sentido, la cultura cívica constituye el “fundamento de un proceso democrático estable” (p. 13), porque muestra una cultura política donde comulgan la cultura y las estructuras políticas.

Aspectos empíricos para el estudio del asociacionismo político

La obra pionera reportó importantes hallazgos derivado del entramado teórico y con base en los datos de la encuesta de las naciones del estudio. Las dimensiones se analizan respecto a un conjunto de variables tales como: los “mapas cognitivos” o pautas de conocimiento político (capítulo 3); los “sentimientos hacia el gobierno y la política” (capítulo 4); las pautas de “partidismo político” (capítulo 5); el sentido de “competencia política subjetiva” (capítulos 7-9); las condiciones sociales asociadas a la cultura política como la “confianza social” que detonará las relaciones sociales, el asociacionismo, la socialización (capítulos 10-12). En la parte IV (capítulos 13 y 14) se resumen “para cada nación la pauta de actitudes”: cultura “enajenada” en Italia (pp. 455-467), “enajenación y aspiración” en México (pp. 467-482), “indiferencia política y competencia de súbdito” en Alemania (pp. 482-494), “cultura cívica de participación” en Estados Unidos (pp. 494-510) y “cultura cívica deferencial” en Inglaterra (pp. 510-526). Por último, el capítulo 15 da respuesta a la pregunta central: ¿Existe una cultura política que fomente la estabilidad y resulte apropiada al sistema político democrático? (p. 529); la respuesta arguye que los equilibrios entre los objetos políticos “ayudan a explicar la manera en que las pautas más mezcladas de actitudes políticas asociadas con la cultura cívica son adecuadas para un sistema político democrático” (p. 532); es decir: la cultura cívica constituye la esencia de la cultura política democrática.

Después del panorama general de la obra, corresponde ahora revisar las contribuciones empíricas que indujeron los estudios de la cultura política y que sirven de marco de análisis del asociacionismo político. Hacemos referencia a las dimensiones como el “conocimiento político”, el “afecto al sistema”, la “competencia política subjetiva” (o sentimientos de eficacia política) y la “confianza social”.

El conocimiento político

Los “mapas cognitivos” representan la condición primaria de una persona políticamente participante y que ha construido un “acervo de información política” (Almond & Verba, 1970) o que tiene un conocimiento del gobierno y de la política (Cornelius, 1980). El conocimiento político alude al conjunto de información del que disponen los ciudadanos acerca de la política; ello lo distingue de otros componentes o dimensiones de la cultura política, como las actitudes, los valores, las creencias, las opiniones de los ciudadanos hacia los objetos políticos. Además, la noción “conjunto de información” nos ubica en los diferentes campos y niveles de información que pueden tener los ciudadanos de forma individual o colectiva. Por último, la noción de “política” refiere al núcleo de la problemática y se distingue del conocimiento “no político”.

La literatura ha delimitado varios campos del conocimiento. En un primer ejemplo, Delli Carpini y Keeter (1996) subrayaron tres, las reglas del juego, la sustancia de la política y los personajes; los campos fueron desagregados en siete subcampos: las instituciones y los procesos, los derechos civiles y libertades, las figuras públicas, los partidos, la política nacional, la política mundial, y la geografía e historia política (pp. 143-151). Con esto el campo del conocimiento político “ayuda a los ciudadanos a tener opiniones estables y consistentes, lo que les permite trasladar sus intereses en formas significativas de participación política” (Santiuste, 2013). En un segundo ejemplo, Fraile también estableció tres: el “conocimiento de los actores” (partidos, sindicatos, líderes, etcétera), las “reglas del juego” (cada cuánto se celebran elecciones o cuáles son las competencias del gobierno) y “las acciones del gobierno, los temas de actualidad más relevantes y los problemas por resolver más urgentes”. Se trata de un conocimiento que se puede verificar objetivamente (Fraile, 2006).

En la obra, los autores realizaron “un número limitado de mediciones de procesos y contenidos cognitivos”, pero suficientes para destacar diferencias entre los países estudiados. El test de información política buscó “descubrir las diferencias en los distintos países en cuanto a la cantidad de información política que posee su población adulta” (Almond & Verba, 1970). Para ello, construyeron “dos medidas de información: la primera estaba basada en la capacidad de identificar a los líderes nacionales de los principales partidos políticos de cada país y la segunda se fundaba en la capacidad de identificar los Ministerios a un nivel nacional de Gobierno” (p. 118). La pregunta 53: “¿Podría usted darme los nombres de cuatro o más líderes del partido […]? ¿Podría nombrar a tres líderes del partido […]? ¿Podría decirme el nombre de un líder del partido…?”. La pregunta 73: “Cuando el nuevo primer ministro ocupa su cargo, una de las primeras cosas que debe hacer es designar a los ministros y autoridades gubernativas. ¿Me puede usted decir cuáles son algunos de esos puestos de gobierno? ¿Me puede usted nombrar algunos más?”.

Con base en las respuestas, los autores indicaron que alemanes, ingleses y estadounidenses reportan el mayor porcentaje de personas bien informadas. El elevado número de italianos no informados está en consonancia con el elevado porcentaje de italianos que confiesan no seguir los asuntos políticos ni las campañas políticas. Mientras tanto,

los datos mexicanos (son) de mayor interés. Aun afirmando con una frecuencia relativamente grande que siguen los asuntos y las campañas políticas, los mexicanos demuestran ser los más pobremente informados de todos nuestros grupos nacionales (Almond & Verba, 1970, pp. 118-119).

En efecto, casi la mitad de los mexicanos no pudo nombrar correctamente a ningún líder político (53 %) o un ministerio del Gobierno federal (47 %). En el otro extremo, solo el 5 % de los entrevistados citó a cuatro o más dirigentes partidistas.

Entonces, ¿cómo se mide el conocimiento político? Delli Carpini y Keeter emplean la Survey of Political Knowledge (1989) para realizar un análisis longitudinal de la información política en Estados Unidos. Un primer hallazgo destacó que los niveles de conocimiento político han permanecido estables, aunque algunos subcampos revelan niveles más elevados de información que en el pasado (1996, p. 116). Un segundo hallazgo subrayó la existencia de “brechas sociales” en el mapa cognitivo. Estas diferencias generaron diez grupos: género, hombre y mujer; raza, blancos y negros; ingresos: alto, medio y bajo; y pertenencia generacional. Los datos revelaron que el “tamaño de las brechas” es sustancial: la diferencia por género es de 14.5 % a favor de los hombres; por raza, 27.5 % a favor de los blancos; por grupo de ingreso, 24 % a favor del grupo alto con respecto del bajo; y por generación la diferencia es de 14 % a favor de los pre-baby boom y los baby boom con respecto de los post-baby boom (Delli Carpini & Keeter, 1996, pp. 157-159).

El afecto al sistema

La dimensión afectiva de la cultura política refiere al análisis de “los sentimientos del pueblo acerca de sus sistemas políticos”; en tal sentido, el “estado en que se hallan los sentimientos o (la) emoción política en un país constituye […] el banco de prueba más importante sobre la legitimidad de su sistema político” (Almond & Verba, 1970, p. 123). Esta variable, denominada como “afecto por el sistema” (Gobierno y política), refiere a dos componentes: el sistema en su conjunto y los partidos políticos. El examen de los sentimientos hacia el sistema fue realizado en tres momentos: el primero trata del “orgullo nacional” (p. 126); el segundo revisa el “afecto por la función administrativa” (output), es decir, las expectativas que tiene la gente sobre el trato a recibir de manos de las autoridades (p. 130); y el tercero estudia el “afecto por el fenómeno político” (input), es decir, los sentimientos ciudadanos hacia las cuestiones políticas (p. 141). De las tres, el orgullo nacional ha sido la más influyente y persistente en los estudios sobre cultura política.

En primer lugar, el orgullo nacional se evaluó con una pregunta abierta (P33) y reseña lo siguiente: “Hablando en general, ¿cuáles son las cosas de este país de que se muestra usted más orgulloso como…” (Almond & Verba, 1970, p. 591). Las respuestas se agrupan en seis categorías: económicas, sociales, políticas, históricas, geográficas y culturales. Los resultados mostraron la distribución de los aspectos nacionales de los cuales los interrogados dijeron estar más orgullosos: a) los estadounidenses y británicos destacaron que el eje de su orgullo nacional radica en sus sistemas políticos, su legislación social y el prestigio internacional del país; b) los italianos, en su mayoría, no se sienten satisfechos ni de su sistema político ni de su economía o sociedad; y c) los mexicanos muestran en comparación, con los alemanes e italianos, un “índice relativamente elevado de orgullo político” (Almond & Verba, 1970): un 30 % dijo estar orgulloso de las instituciones políticas o del Gobierno; el 24 % subrayaron el sistema económico y el 22 % destacó las características físicas del país.

En segundo lugar, el afecto por la función administrativa (output), en particular, las expectativas de trato por parte del Gobierno y la Policía. La experiencia sobre la forma en que han sido tratados por el Gobierno es lo que determina la afectividad; entonces, un trato “positivo” conlleva a un afecto a este. Las preguntas radicaron en dos situaciones hipotéticas: “En la primera, se les pedía que se imaginaran hallarse en una oficina del Gobierno, con un problema que reclamaba una acción oficial. ¿Cómo pensaban que les trataría? ¿Serían tratados del mismo modo que todos los demás?” (Almond & Verba, 1970). La segunda situación pedía que se imaginaran haber tenido un pequeño roce con la policía. ¿Esperaban ser tratados del mismo modo y correctamente por la policía? Para el caso mexicano y en las dos situaciones las respuestas con mayor frecuencia fueron: “No espera trato igual”; 50 % y 57 %, respectivamente (p. 131).

En tercer lugar, el “afecto por el fenómeno político” (input), que refiere a los sentimientos respecto a las cuestiones políticas. La diversidad de elementos de análisis se vierte en las actitudes hacia lo siguiente: comunicación política, intensidad de afecto al partido político, sentimientos acerca del voto y de las campañas electorales (Almond & Verba, 1970). En general, se trata de “pautas de comunicación política”, que deben hacer sentir en los ciudadanos que su participación en la democracia es buena y con ello orientar una afinidad hacia los asuntos públicos y todo lo que conlleva a experimentar una actividad política democrática.

El primer elemento refiere a la “libertad de la comunicación política”, entendida como el grado de discusión política. Los resultados reportan que en México “Jamás se habla de política…”, con el 61 %, solo detrás de Italia, que registra 66 % (p. 142). El segundo elemento apunta a la “intensidad de afecto al partido político”; la idea se concentra en que los ciudadanos conozcan el partido político al que pertenecen o bien por el que han votado en las últimas elecciones (locales y naciones). “En Estados Unidos, Inglaterra y México, prácticamente todos los interrogados dieron el nombre del partido por el cual habían votado en las últimas elecciones […]” (p. 143). El último elemento, “los sentimientos acerca del voto y de las campañas electorales”, da sustento al afecto ciudadano hacia el sistema político; resulta ser que “El gran acto de participación masiva en una democracia está en las elecciones” (p. 175). Por un lado, los sentimientos acerca de la votación, la P43: “¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a sus sentimientos cuando va a las urnas a depositar su voto?”. Por otro lado, en el caso de los sentimientos durante la campaña electoral: “¿Se enfada usted alguna vez por las cosas que suceden durante las campañas electorales?” (P46). “¿Considera usted que las campañas electorales son agradables y que se disfruta en ellas?” (P47). “¿Encuentra usted que las campañas electorales son estúpidas o ridículas?” (P48). En particular, los resultados de México muestran porcentajes bajos respecto a los sentimientos sobre las votaciones y las campañas electorales. Solo una tercera parte menciona satisfacción al acudir a la votación al colegio electoral con el 34 %, y sobre las campañas el 41 % menciona que jamás disfruta, se enfada o siente desprecio.

Los sentimientos de eficacia política

El comportamiento político subjetivo se manifiesta en los sentimientos de eficacia política y con ello se genera el tema de la evaluación del sistema político. La bibliografía nos indica que la eficacia política es una variable clave de la “salud global de los sistemas democráticos” en la medida en que los ciudadanos “se sienten capaces de actuar efectivamente en política” (Craig et al., 1990). Formulada a mediados de los años cincuenta, Campbell y otros (1954) definieron la eficacia política como el sentimiento de que la acción política individual tiene, o puede tener, un impacto sobre el proceso político. Almond y Verba (1970) la vincularon a las percepciones que poseen las personas acerca del grado de influencia que pueden tener sobre las decisiones de gobierno. Entonces, la eficacia política refiere al “sentimiento y creencia” ciudadana de que ellos tienen capacidad de participar e influir en los asuntos políticos.2 En otras palabras, la eficacia política refiere a los “sentimientos de un ciudadano […] de que sus decisiones cuentan o influyen en el proceso político” (Durand & Smith, 1996, p. 69). En esa perspectiva, podemos decir que los ciudadanos eficaces son aquellos que creen “que tienen medios para decirle al Gobierno lo que piensan, que son escuchados por los funcionarios del Gobierno, (que son) capaces de entender a la política y al Gobierno, y que sí hay forma de influir en lo que el Gobierno hace” (Durand, 2004, pp. 184-185).

La medición de la eficacia política realizada por Almond y Verba se basó en una batería de cinco preguntas (P16, P22, P24, P27 y P29) respecto al Gobierno local; los autores emplearon las actitudes frente al Gobierno local -y no frente al nacional- porque se reportan niveles relativamente más alto[s] de competencia subjetiva en relación con el Gobierno local en todos los países (p. 275). Las preguntas buscaron conocer si los entrevistados “creían que podían entender la política local [e] influir sobre el Gobierno local, si tenía esperanza alguna de éxito […], y si alguna vez había tratado de ejercer esa influencia” (p. 270). Cabe señalar que para nutrir la cultura política del ciudadano hay que fomentar su participación en los asuntos públicos y ello hace necesario generar un ambiente político donde los ciudadanos tengan incidencia tangible.

Las respuestas, clasificadas en positivas y negativas, distribuyeron a los encuestados en seis categorías, “encabezadas por el grupo con la puntuación máxima de cinco, para los que demostraron poseer el mayor grado de competencia subjetiva, hasta el de puntuación mínima de cero, para los que manifestaron la menor competencia subjetiva” (p. 271). Más explícitamente, los entrevistados que alcanzaron valores de 0 o 1 fueron definidos como ciudadanos con baja competencia subjetiva o “políticamente incompetentes”, aquellos con valores 2 y 3 fueron denominados como ciudadanos con “competencia media”, y aquellos con valores 4 y 5 fueron definidos como ciudadanos con “competencia subjetiva alta” o “ciudadanos confiados” (pp. 272-277). Los resultados de la medición presentan la distribución de los seis grupos según nivel de competencia política subjetiva en los países: Estados Unidos y Gran Bretaña tienen los porcentajes más altos de “ciudadanos confiados” (52 % y 38 %, respectivamente); Italia y México, los porcentajes más altos de ciudadanos “incompetentes” (52 % y 46 %, respectivamente); mientras que los alemanes ocuparon una posición intermedia entre las dos parejas de naciones (pp. 271-275).

La investigación empírica recogió la propuesta construida por Lane (1992), quien arguyó que la eficacia política se compone de dos dimensiones separadas (Hayes & Bean, 1993, p. 266) pero complementarias (Morán & Benedicto, 1995, p. 45): la “eficacia interna” y la “eficacia externa”. Según Lane, la primera refiere a la imagen que el individuo tiene de sí mismo como ciudadano capaz de actuar e influir políticamente, es decir, se trata de la eficacia autoatribuida; mientras tanto, la segunda alude a la imagen que se tiene del sistema político -instituciones, gobernantes, funcionarios y/o políticos- en función de su receptividad a las demandas de los diferentes grupos y sectores sociales o de grupos ciudadanos (Hayes & Bean, 1993, pp. 266-268; Morán & Benedicto, 1995, p. 45). Los estudiosos (Craig et al., 1990; Hayes & Bean, 1993; Gabriel, 1998) han subrayado que esta escala es una herramienta útil para el análisis de una amplia variedad de actitudes y comportamientos políticos. En todo caso, las personas que se asumen “políticamente competentes” tienen más probabilidad de seguir regularmente la política, prestar atención a las campañas electorales, discutir cuestiones políticas, expresar satisfacción con los proceso[s] electorales y de avalar las normas democráticas (Abramson, 1987, p. 169).

La confianza social

La confianza es una modalidad de la acción humana que refiere a las actitudes individuales que socializadas se orientan a otras percepciones racionales, las cuales se desarrollan en los procesos de socialización primaria. Entonces, la confianza se convierte en “una forma más o menos consciente política elegida para manejar la libertad de otros agentes o agencias humanas” (Dunn, 2000). Una definición positiva de confianza radica en que esta es una “actitud” que tienen los sujetos sobre las intenciones y los comportamientos de otros sujetos u organizaciones, que se resuelve en un estado intermedio entre el saber y el no saber la forma en cómo se responderá (Brugué et al., 2018). Dunn (1993) subraya que la “confianza mutua se encuentra en el núcleo de todos los procesos políticos” (p. 641).

Montero y colaboradores (2008) señalan que la anterior propuesta no es reciente; tiene una larga historia que nos puede remontar a Hobbes, Locke y otros.3 Pero, ¿a qué refiere la confianza social? Bourdieu indica que

es el agregado de los actuales o potenciales recursos que están relacionados con la posesión de una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo -en otras palabras, con la pertenencia a un grupo- […] (1986, p. 249).

Por su parte, Putnam refiere el compromiso cívico y las características de las redes sociales como precondición para el desarrollo económico y, por ende, para un gobierno efectivo (1994). En términos generales, se dice que existe confianza social cuando una persona no pretende dañar a otra; en este sentido, se dice, “confío en las personas cuando creo que cumplirán su palabra y no […] me dañarán, mentirán o se aprovecharán de mí” (Montero et al., 2008). Empíricamente, la dimensión confianza social refiere a aquellas “actitudes” que llevan a los individuos a confiar en otras personas. Este tipo de confianza puede darse entre personas que se conocen entre sí (o confianza particularizada) o entre extraños, a partir de la creencia de que la mayor parte de la gente es digna de confianza (o confianza generalizada) (Medina, 2005, p. 134).

Por lo tanto, la confianza social constituye un elemento clave para lograr objetivos comunes en la sociedad y un factor aglutinante para la organización social que permite emprender acciones conjuntas. De ese modo, Putnam (1994) arguye que un grupo “cuyos miembros manifiestan confiabilidad y confían ampliamente unos en otros, estará en la capacidad de lograr mucho más en comparación a un grupo donde no existe la confiabilidad ni la confianza” (p. 212). Por el contrario, a falta de confianza, se debilitan la organización social y el compromiso cívico ante las instituciones y el sistema de gobierno (Flores, 2002).

En el campo de la cultura política, el estudio de la confianza social ocupó un lugar central desde la obra pionera; sin embargo, cobró nuevo impulso cuando el concepto de confianza social se convirtió en objeto de análisis en la literatura sobre capital social (Medina, 2005). El punto de partida es la asociación que existe entre un conjunto de orientaciones sociales, la cultura política y, particularmente, el tipo de cultura democrática (Almond & Verba, 1970). Una de esas orientaciones es la confianza social, definida como un prerrequisito para la cooperación cívica, la formación de asociaciones voluntarias, la participación ciudadana, la confianza en las instituciones y, más en general, la eficacia de un sistema democrático: actitudes sociales y cooperación política (Almond & Verba, 1970). Para Inglehart (1991), el sentimiento de confianza interpersonal es

un requisito previo para la formación de asociaciones secundarias que a su vez son esenciales para una participación política efectiva en cualquier gran democracia. También se requiere el sentimiento de confianza para el funcionamiento de las reglas del juego democrático (p. 11).

Cabe señalar que existen particularidades de la confianza social que deben tomarse en cuenta en la articulación empírica, porque se tienen elementos que nos indican sus diferencias: a) la confianza particularizada (entre personas no ajenas) es diferente a la confianza generalizada; b) la confianza social es diferente a la confianza política; y c) la confianza en la gente es diferente a la confianza en las instituciones (Montero et al., 2008). En concreto, la pauta orientada a la confianza en las personas es un componente indispensable de un sistema político democrático y constituye un componente crítico en las democracias nuevas que buscan su consolidación (Almond & Verba, 1970; Inglehart, 2001). La pregunta nodal es: ¿Cómo explorar la confianza social? Los autores recogieron la contribución de Rosenberg (1956), una escala compuesta por cinco preguntas que buscaban verificar la hipótesis de que la “confianza en la gente” está relacionada con valores y actitudes democráticas y, en consecuencia, “con la fe en el proceso democrático” (1970, p. 299). El cuestionario pedía a los entrevistados juicios globales sobre la naturaleza y conducta humanas, en forma de simples respuestas: de acuerdo o en desacuerdo. El cúmulo de respuestas por los países del estudio se agruparon en: “manifestaciones de confianza” (P1, P2 y P5) y “manifestaciones de desconfianza” (P3 y P4).

El cuadro 4 (p. 305) de la obra muestra tres pautas. La primera, compuesta por las respuestas norteamericanas e inglesas, sitúa a estas “en el extremo bajo de la escala para medir la desconfianza social y en el extremo alto de las medidas de confianza”. La segunda, compuesta por alemanes e italianos, muestra “una desconfianza bastante elevada y poca confianza”. La tercera pauta, compuesta por las respuestas mexicanas, muestra una pauta mixta, es decir, “son más los mexicanos que apoyan las manifestaciones negativas, por encima de los alemanes e italianos. Con una sola excepción, los mexicanos superan en número a los alemanes e italianos en lo que respecta a las tres manifestaciones positivas” (p. 306). Estudios posteriores subrayaron la importancia de la confianza social, pero han precisado que esta es necesaria para apoyar una democracia estable (Inglehart, 1991). Recientemente, los estudios de la “escuela del capital social” han señalado que la confianza social es el “elemento central en un complejo círculo virtuoso en el cual un conjunto de actitudes, como la mutualidad, la reciprocidad y la confianza, se asocian con la participación social y la implicación en asuntos comunitarios y cívicos” (Montero et al., 2008, p. 13).

El asociacionismo político

El último referente analítico corresponde al asociacionismo (social y político) como forma particular de participación política cuyo principal objetivo es influir en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Almond y Verba lo conciben como todas aquellas actitudes políticas (que devienen de las actitudes sociales) encaminadas a lo que designan como “cooperación cívica”; “-la inclinación a trabajar con lo demás para tratar de influir sobre el Gobierno-” (Almond & Verba, 1970, p. 312). Recordemos que el requisito para “trabajar con los demás…” radica en la confianza social o confianza interpersonal particularizada. En el nivel individual, la confianza es la piedra angular, es la respuesta directa que se encuentra asociada a un clima de confianza social que permite a los ciudadanos cooperar entre sí, construir una identidad común y perseguir objetivos comunes (Montero et al., 2008).

El asociacionismo político se explica en dos momentos; el primero apunta a la delimitación conceptual como dimensión de la participación política (y subdimensión de la cultura política). Los estudios sobre la participación política han ocupado un lugar central en el análisis empírico de la política; la amplia gama de formas de participación política en los asuntos públicos la ubica como un principio básico de la teoría política. Por ejemplo, Tocqueville (2019 [1835]) destaca que sin la participación de los ciudadanos en el proceso político la democracia carece de sentido y legitimidad; además, el problema se agudiza con la débil participación de los ciudadanos en los asuntos políticos y en el distanciamiento de estos con la política, las instituciones públicas y los actores políticos. Para lo anterior, retomamos una propuesta contemporánea a la obra de Almond y Verba, donde se considera que la participación es “una actividad de ciudadanos privados diseñada para influir en la toma de decisiones gubernamentales” (Huntington & Nelson, 1976, p. 4). Para desagregar la definición, los autores emplearon cuatro elementos. El primero refiere al estudio del comportamiento separado de las actitudes, pero sí les interesa conocer cómo diversas actitudes y sentimientos se relacionan con diversas formas de acción política. El segundo nos orienta a que la participación la llevan a cabo los ciudadanos privados, es decir, que no tienen un interés de configurarse como políticos profesionales. El tercero radica en que la participación está orientada a “influir en la toma de decisiones” y en la elección de los tomadores de estas. El último elemento apunta a que toda actividad encaminada en influir en la toma de decisiones puede ser exitosa o no, pero ello no debe diezmar la participación.

El tipo o forma de participación que abarca estos elementos de la definición se concentra en el asociacionismo, entendido como la pertenencia y participación de los ciudadanos en asociaciones de índole política. El asociacionismo político, como forma específica de participación política, refiere a la pertenencia a aquellos grupos formales y:

[…] organizados de ciudadanos que persiguen bienes colectivos y que tienen como principal objetivo influir en los procesos de adopción de las decisiones políticas, ya sea mediante su intervención en la selección del personal gubernamental o en sus actividades, la introducción de temas en la agenda política o la transformación de los valores y preferencias que guían la adopción de decisiones políticas (Morales, 2006, p. 30).

Tres atributos destacan: primero, “formalmente organizados” implica una formación consensada y constituida legalmente, lo que permite actuar dentro de los lineamientos institucionales. Segundo, perseguir “bienes colectivos concretos” los hace diferenciarse de los movimientos de protesta o la acción colectiva, ya que cuentan con objetivos comunes que los mantienen vigentes y eso hace que no se pierdan sus demandas. Por último, “influir en los procesos de adopción de las decisiones” de gobierno y de las políticas públicas, hace del asociacionismo político el mecanismo de mayor incidencia en el Gobierno a diferencia de otras formas de participación.

El segundo momento de análisis abarca la base analítica de la tradición de Almond y Verba. La obra propone la configuración y desarrollo de la “personalidad democrática”, la cual se sustentaba en la “cooperación cívica” y daría paso a la “cooperación política”. La pregunta central para el análisis fue: ¿Por qué algunas personas creen que pueden colaborar con otros conciudadanos en las actividades políticas, mientras otros no lo creen? Y la empírica fue: ¿Por qué fijarse en las causas de la tendencia a colaborar con otros en los asuntos políticos? Su respuesta indica “que la cooperación política se veía influida por los puntos de vista personales acerca del ambiente social circundante” (Almond & Verba, 1970, p. 312). Además, existen consecuencias significativas que nutren las perspectivas políticas sobre la cooperación política: a) el trabajo en común con los conciudadanos aumenta la influencia frente al gobierno; b) la posibilidad de formar grupos políticos representa una “reserva de influencia” por parte del ciudadano; c) la afiliación a los grupos “primarios” supone ligar a los ciudadanos con los entes del sistema político; y d) la creencia de colaboración con otros conciudadanos políticamente activos representa la unión de demandas y convertir las personales en colectivas (p. 313). Entonces, aparece el concepto de confianza social porque va a detonar los valores de la comunidad democrática que propiciará la participación en asociaciones en el contexto de la cooperación cívica y política.

En atención a las preguntas teóricas y empíricas de la cooperación “cívica” y “política”; los autores describen su relación con: las actitudes sociales (p. 312), la libertad de comunicación (p. 318), los valores sociales (p. 319), la confianza en la gente (p. 323). En el capítulo 11 los autores describen que las asociaciones organizadas (voluntarias) “son el medio primero y principal por el que se realiza la función mediadora entre el individuo y el Estado. Por su conducto, el individuo es capaz de relacionarse de un modo eficiente y consciente con el sistema político” (p. 341). Por ello, la integración en asociaciones voluntarias le ofrece al ciudadano recursos políticos para expresar sus intereses en el espacio público. Un aspecto en particular de la pertenencia en asociaciones es su calidad “voluntaria”; el asociacionismo político, como forma particular de la participación política, refiere a las acciones, orientaciones y actitudes colectivas de los ciudadanos cuyo objetivo es influir en los procesos de adopción de decisiones políticas y en la selección de quienes adoptan estas. El carácter voluntario (voluntarismo cívico) es importante, porque si se obliga al ciudadano a participar por coacción, eso implicaría una movilización desde las élites o los políticos profesionales y no expresaría la participación desde abajo.

En breve, los resultados sobre la afiliación en asociaciones voluntarias por naciones fueron: Estados Unidos (57 %), Gran Bretaña (47 %), Alemania (44 %), Italia (29 %) y México (25 %) (Almond & Verba, 1970, p. 343). Por su parte, los tipos de organizaciones a los que se afilian las personas de las naciones nos muestran tres: 1. sindicatos; 2. sociales; y 3. religiosas (1970, p. 344). Para el caso mexicano, esta condición de los tipos de asociaciones no ha cambiado mucho; por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ha indagado sobre la afiliación en asociaciones y en la versión de 2003 se dan los porcentajes más altos de pertenencia asociativa, indicando, en primer lugar, las “agrupaciones religiosas” con el 23.4 %; en segundo lugar, las asociaciones de “Vecinos, colonos y condóminos” con el 17.1 %; en tercer lugar, las “organizaciones ciudadanas” con el 14 %.

Consideraciones finales

A pesar de las décadas transcurridas y de los innumerables trabajos realizados desde diversas disciplinas sociales y que comprenden una vasta bibliografía sobre la cultura política, esta confirma su influencia teórica y metodológica (y desde el enfoque comparativo). La bibliografía inmediata a la obra se analiza desde tres ejes: 1. análisis secundarios de los datos reportados en la obra original;4 2. investigaciones nacionales que se realizaron después de la publicación; por ejemplo, una obra subsecuente fue Political Culture and Political Development (1965), editada por Pye y Verba, que reunió a un número importante de especialistas que realizaron análisis cualitativos de la cultura política en diez países; y 3. el tercer eje se compone por las tesis doctorales escritas en aquellos años.5

Además, The Civic Culture se convirtió en el objeto de críticas que destacó sus limitaciones y debilidades teóricas, metodológicas y empíricas. Los propios autores, en 1980, editaron The Civic Culture Revisited,6 obra que reunió a un grupo de críticos que subrayaron dos temas. El primero radica en el sesgo ideológico y etnocéntrico del modelo anglosajón de democracia y su patrón de actitudes políticas; la cultura cívica como paradigma de la cultura política democrática se exportó a todos las naciones democráticas (Morán & Benedicto, 1995). El segundo apunta al reduccionismo causal -o “tinte determinista”- que va de la cultura cívica al sistema democrático y su estabilidad política. De acuerdo con la obra clásica, la relación es directa: una cultura cívica genera democracias estables.

En concreto, tal como se mencionó al principio del trabajo; la obra pionera ofrece las bases analíticas para construir un “modelo de análisis” para el estudio de una subdimensión de la cultura política: el asociacionismo (social y político). De modo que el conjunto de actitudes cognitivas, afectivas, evaluativas, y la confianza social, representan los factores individuales para el estudio de las diversas modalidades de participación política. En específico, nos referimos a la pertenencia y participación en asociaciones o, en palabras de los clásicos, en la “cooperación cívica y política”. En concreto, la cultura política representa el bastión teórico, metodológico y empírico para el estudio del asociacionismo político como forma específica de participación política. En específico, la obra de Verba et al. (1995) nos ofrece elementos para el análisis sobre el “voluntarismo cívico” donde se observan la comunión de los postulados de la cultura política y el desarrollo analítico sobre la participación en asociaciones y los efectos positivos para el funcionamiento de un sistema democrático a través de considerar a las asociaciones como “escuelas de democracia”.

La obra de Verba et al. (1995) ofrece un marco de análisis que retoma las propuestas de la cultura política; el Modelo del Voluntarismo Cívico (MVC) nos brinda la ruta operativa más aceptada para el análisis de la participación política porque “ofrece el marco conceptual y analítico hasta la fecha más completo para afrontar la pregunta central de por qué (no) participan los ciudadanos” (Morales, 2006, p. 20). El MVC es un instrumento para explicar que la participación política se genera cuando capacidad, motivación, y movilización confluyen en el mismo individuo. La capacidad se apoya en los recursos individuales que posee cada persona para participar en la política; la motivación resulta del compromiso que puede tener un individuo por los asuntos públicos; y, por último, las pautas de movilización refieren al contexto en el cual se desarrolla o toma acción política el individuo, de este dependerán las oportunidades reales de participación política.7

Como referente analítico y conceptual, el MVC cívico afronta la pregunta central del análisis de la participación política: ¿Por qué algunos ciudadanos participan (políticamente) y otros no? Dicho modelo ofrece tres explicaciones mutuamente excluyentes. Los ciudadanos participan -o no-: porque no pueden (capacidad), porque no quieren (motivación), y porque nadie se los solicita (pautas de movilización). El marco de análisis considera tres dimensiones que permiten explicar las formas de participación en asociaciones: las actitudes que conducen a la motivación, los recursos que originan la capacidad y las oportunidades políticas son creadas por la movilización de las agencias y del Gobierno (Morales, 2006). Las tres dimensiones de análisis capacidad (can), motivación (like) y movilización (asked)8 son un constructo teórico que tiene su origen en los postulados de Almond y Verba en The Civic Culture. En particular, en las dos primeras dimensiones, las cuales brindan los factores individuales para la participación: la capacidad y la motivación. El primer factor, la capacidad, se define en términos de tiempo, recursos y aptitudes cívicas para participar en los asuntos públicos. Entonces, la idea general recae en que los ciudadanos con mayores recursos participaran más; los recursos derivan de las estructuras sociales y la educación: el estatus económico y demográfico. El segundo factor, la motivación o implicación psicológica, surge de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la eficacia del sistema político, el interés por la política y las normas sociales. Sin olvidar que la legislación vigente como contexto permea la participación en asociaciones políticas.

La propuesta de cultura política nos ofrece las actitudes cognitivas, afectivas y evaluativas respecto de las dimensiones del sistema político, los objetos políticos (inputs), los objetos administrativos (outputs) y a los mismos sujetos. Además, estableció la dimensión de recursos con dos características: la educación y el sexo; pero la de mayor peso fue la educación, por su rol explicativo en la constitución de los diferentes patrones de cultura política. En el capítulo 13 de su obra, Almond y Verba establecen la proposición que vincula la educación con las orientaciones políticas y resumen algunos de los hallazgos más importantes en los países estudiados. La “educación” es la variable que influye y determina la participación en todas sus manifestaciones. La propuesta teórica refiere que:

Las poblaciones nacionales están compuestas de muchos subgrupos -clases sociales, grupos religiosos y étnicos, grupos por edades y otros semejantes-. [El trabajo trata de] separar una serie de características de grupo, que creíamos podían estar relacionadas con divergencias en la orientación política (Almond & Verba, 1970, p. 425).

En consecuencia, el cuadro 1 propone las variables e indicadores de la dimensión de recursos que configuran el “estatus” socioeconómico y demográfico del ciudadano y que brindará la capacidad al ciudadano para participar en los asuntos públicos, en la cual se agregan las características educación y sexo, que se trabajan en la cultura política.

Cuadro 1 Estatus socioeconómico/sociodemográfico 

Dimensión de recursos
Variables Indicador
Educación Nivel de estudios o escolaridad
Recursos económicos Nivel de ingresos familiares
Condición etaria Años cumplidos
Género Masculino/Femenino
Estado civil Soltero, casado, divorciado…
Crianza de los hijos Número de hijos
Tipo de población Urbano/rural
Religiosidad Nivel de acciones religiosas

Fuente: Verba et al. (1995) y Morales (2004).

La dimensión de orientaciones políticas que dará la motivación al ciudadano para participar en los asuntos públicos consiste en la motivación o implicación psicológica y surge de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la eficacia del sistema político, el interés por la política, el conocimiento político, la confianza social y las normas sociales. El cuadro 2 nos ofrece las respectivas variables e indicadores.

Cuadro 2 Implicación psicológica (orientaciones) 

Dimensión de orientaciones políticas
Variable Indicador
Afectiva Interés por la política Eficacia política Importancia atribuida a la política
Cognitiva Información política (frecuencia de consumo) Percepción subjetiva de la información política
Comportamiento Discusiones políticas (frecuencia) Frecuencia de convencer en temas políticos
Confianza social Confianza interpersonal
Evaluativa: adhesión democrática Percepción subjetiva de la democracia
Evaluativa: ubicación ideológica Eje ideológico: izq.-der.
Evaluativa: escala de valores Materialismo versus posmaterialismo
Evaluativa: orientaciones hacia el cambio social Reformismo versus conservadurismo

Fuente: Verba et al. (1995) y Morales (2004).

La bibliografía sobre el asociacionismo político indica que este es relevante para el “análisis del funcionamiento de las democracias contemporáneas porque: i) tiene consecuencias directas con el proceso político y, ii) condiciona otros comportamientos y actitudes políticas de los ciudadanos participantes” (Morales, 2004, p. 8). En resumen, se puede argüir que se deja claro en términos teóricos y empíricos la importancia de retomar los postulados básicos de la cultura política para el estudio del asociacionismo político. Las características sociales y actitudinales que los ciudadanos presentan nos permiten atender la pregunta clásica: ¿Por qué unos ciudadanos se asocian en asociaciones políticas y otros no? Con ello, se podrán describir los tipos de pertenencia asociativa; asimismo, explicar los niveles y formas de participación en asociaciones políticas. Lo cual resulta importante para el funcionamiento de la democracia y en la construcción de un ciudadano con un rol más activo en los asuntos públicos. Con ayuda de los recursos, aptitudes, orientaciones y actitudes políticas de los ciudadanos podrán “influir en la toma de decisiones políticas”, cometido primordial de la cultura política democrática.

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1. The Civic Culture: political attitudes and democracy in five nations. La traducción La Cultura Cívica: estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones (1970) es la que se cita en el trabajo.

2. En sentido positivo, Almond y Verba (1970) la designaron “competencia política subjetiva” y Gabriel (1998) la denominó “sentimiento de la efectividad política”. En sentido negativo, Finifter (1970) emplea “alienación política”.

3. Desde la sociología política: Tocqueville (1835), Simmel (1908), Tonnies (1896), Durkheim (1934), Weber (1922), Parsons (1961), y desde el “capital social” con Bourdieu (1986), Coleman (1988), Luhmann (1979), Putnam (1995), Van Deth et al., (1999).

4. Trabajos de Nie, Powell y Prewitt (1969); Di Palma (1970); Cornelius (1973); y Finifter (1970).

5. Citemos algunas: Carbajal (1972); Davis (1974); Dietz (1975); Machado (1975); Portes (1970); Pratt (1968).

6. Kavanagh analizó el declive de la cultura cívica británica, Abramowitz revisó la experiencia norteamericana o una cultura política bajo tensión, Conradt discutió los cambios de la cultura política alemana, Sani revisó las continuidades y cambios de la cultura política italiana, y Craig y Cornelius analizaron el nuevo perfil de la cultura política mexicana.

7. Este modelo de análisis deviene de la tradición de Almond y Verba (1963) y de consecuentes trabajos: Verba & Nie (1972); Verba et al. (1978); Barnes & Kaase (1979); Parry et al. (1992), entre otros.

8. El modelo se completa con la “estructura de oportunidades políticas” y las “pautas de movilización política”.

Recibido: 14 de Febrero de 2023; Aprobado: 12 de Marzo de 2024

Pablo Ranchero Ventura: Doctor en Estudios Sociales (línea de investigación en Procesos Políticos), Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Estancia posdoctoral Conahcyt, modalidad académcia. pablo.rventura@coltlax.edu.mx

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