Introducción

El debate en torno a la sociedad civil (SC) en las últimas décadas se relaciona con los procesos de democratización en Latinoamérica, Europa meridional y del Este, Asia y África (^{Keane, 2020}). Compuesta por varios tipos de movimientos y organizaciones sociales, medios alternativos y otros actores diferenciados del Estado y el mercado, la SC, en su variante y vocación democráticas, ha sido identificada con los principios de autonomía, autorganización y autolimitación (^{Coheny Arato, 2000: 703}). La construcción de normas, valores, formas de organización, actuación e incidencia ajenas a las lógicas acumulativas de poder y riqueza relativas al sistema político y el mundo empresarial serían elementos centrales de su constitución desde esta perspectiva.

La SC está conformada por una multiplicidad de grupos autoconstituidos, que coexisten de manera pacífica y resisten en colectivo la subordinación al Estado, al mismo tiempo que exigen su inclusión en las estructuras políticas nacionales (^{Dilla y Oxhorn, 1999}). Se le ha identificado como un espacio asociativo compuesto por formas -relativamente- autónomas de agrupamiento y acción colectivos (^{Chaguaceda, 2008}), ajenas a la institucionalidad política y económica, caracterizadas por lógicas de reciprocidad, solidaridad, interacción simétrica y defensa de identidades comunes, que canalizan la actividad voluntaria de los ciudadanos en disímiles esferas de interés particular.

La SC se estructura sobre prácticas de autonomía, solidaridad y representación de identidades específicas para enfrentar demandas colectivas, problemas comunitarios e incidir en lo público. Para casos como el que se trata en este texto, la referencia a la SC resulta adecuada “para designar a grupos socialmente interconectados, asociaciones y redes que operan de forma clandestina, resistencia de las bases al gobierno postotalitario en los regímenes unipartidistas de socialismo de Estado de la Unión Soviética y China” (^{Keane, 2020}).

Contexto del problema

Desde hace 61 años, Cuba vive bajo un régimen político de tipo soviético -hoy en una fase postotalitaria- que consagra el monopartidismo, la ideología de Estado, el control estatal de la economía, la educación y los medios de comunicación masiva, así como las acciones extendidas de una poderosa policía política, como mecanismo de control social. El régimen cubano pertenece a la categoría de los revolucionarios,² con la Unión Soviética, China, Irán, Corea del Norte y Vietnam, surgidos de una lucha sostenida, ideológica y violenta, cuyo establecimiento se acompañó de una movilización masiva e importantes esfuerzos para transformar las estructuras estatales y el orden social existente. A pesar de la intensa presión externa, la desafección ciudadana y los malos resultados económicos, este tipo de regímenes ha mostrado capacidad para sobrevivir durante décadas. Es un tipo de autoritarismo de los más duraderos del mundo moderno (^{Levitsky y Way, 2013}).

El régimen cubano vigente corresponde a la categoría de postotalitario. Ya sea en su modalidad carismática (^{Mujal y Saavedra, 1998}), bajo el mando de Fidel Castro, o en el enfoque clásico de ^{Juan J. Linz y Alfred Stepan (1996)}, los elementos centrales del postotalitarismo están presentes en la isla tras la muerte del autócrata carismático. La Cuba de los últimos años se caracteriza por el liderazgo con tendencia a la burocracia, la movilización limitada, el menor peso de la ideología como mecanismo de cohesión y control social, y el incremento de la diversidad social sin reconocimiento del pluralismo político. Por lo tanto, ubicamos el régimen cubano en un postotalitarismo inicial con rasgos de tránsito hacia un modelo congelado (véase el Cuadro 1).

El régimen postotalitario cobija un marco normativo que rige de manera formal el asociacionismo cubano, centrado en la Constitución de la República de Cuba y la Ley de Asociaciones número 54/85. En el plano práctico habría que añadir los mecanismos de control social del Estado. En relación con las organizaciones sociales, la Constitución de 1976, reformada en 1992 y 2002, reconocía la primacía del partido único y el Estado sobre las principales organizaciones sectoriales-de masas-de tipo leninista: obrera, campesina, estudiantil y femenina (^{Asamblea Nacional del Poder Popular, 2003}). La Constitución de 2019 mantuvo los rasgos característicos de ese modelo: define al Estado como socialista, al Partido Comunistade Cuba (PCC) como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, y establece como horizonte la construcción del socialismo.³ En su artículo 14 señala que el Estado “reconoce y estimula las organizaciones sociales y de masas que contribuyen al desarrollo de la sociedad socialista”, y en el artículo 56 asienta que “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.

El derecho de asociación en específico quedóregulado por la Ley 54, vigente desde el 27 de diciembre de 1985, como indica su preámbulo:

Las transformaciones operadas en el país […] demandan la reorganización de los registros de asociaciones a nivel nacional y la aprobación de una nueva legislación ajustada a las necesidades actuales, que dé respuesta al creciente interés demostrado por la población respecto a la constitución y desarrollo de las asociaciones de bien social (^{Asamblea Nacional del Poder Popular, 1985}).

Un punto central en los modos de implementación de esa norma es la existencia de los llamados órganos de relación, entidades estatales -ministerios, agencias-que tutelan asociaciones, cuyo objeto social las hace cercanas a sus agendas, lo que impide la aparición de organizaciones alternativas-se prohibe que haya más de una organización con un tema común- y restringe de modo arbitrario las acciones de las autorizadas.

La existencia de la organización depende, en gran medida, del interés que tenga el Estado, expresado por medio del organismo con fines similares, que debe otorgarle el aval correspondiente. Una vez autorizada la organización por resolución de la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia, el llamado órgano de relación se convierte en su supervisor y pauta las relaciones por venir entre las partes.⁴ Además, la representación monopólica de segmentos enteros de la sociedad, que enarbolan las llamadas organizaciones de masas, impide la inscripción de nuevas organizaciones de mujeres, abogados y campesinos, entre otros grupos. En temas tabú, como derechos humanos o rendición de cuentas, la labor de la SC ha quedado prácticamente vetada.⁵

La mayoría de las organizaciones de la SC legalmente reconocidas en Cuba asumen la tipología jurídica de asociaciones, están reguladas por la Ley 54 e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. También pueden ser fundaciones u organizaciones de inspiración religiosa matriculadas en un registro independiente, subordinado al PCC.⁶ Estas organizaciones se constituyen con personalidad jurídica restrictiva y se limitan a los fines y medios expuestos con claridad en sus estatutos, aprobados por el Ministerio de Justicia.⁷ Los procedimientos de aprobación para las asociaciones civiles son escabrosos, incluso pueden llevar años. La experiencia demuestra que los vínculos con el órgano de relación no son eficaces, porque no comprenden la función social de las asociaciones civiles y sus funcionarios muestran visiones esquemáticas hacia las organizaciones contraparte.⁸

El procedimientoregular para crear una asociación comienza con la asesoría legal para el grupo de personas que llevan adelante el proyecto. Luego uno de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) evalúa si la actividad a desarrollar es necesaria y si tiene vínculos con esa entidad. Más adelante deben cumplirse los requisitos exigidos por la Ley 54. El OACE evaluador se dirige al ministro de Justicia para solicitar la creación de la asociación o devuelve a los interesados el expediente. Los interesados, además, deben presentar los estatutos para dictamen: si son aprobados, se emite una resolución que autoriza la constitución y se otorga un plazo de 30 días para hacerlo. Ya con la escritura notarial, el acta de la primera reunión va al Registro de Asociaciones para su asiento.⁹

La sociedad civil cubana: mapa somero de actores y agendas

La SC cubana ha sido clasificada de acuerdo con la existencia de varios actores y campos asociativos, con rasgos sociológicos y adscripciones ideológicas diferenciados. Las tipologías suelen reconocer el asociacionismo oficial tradicional, una zona de organizaciones civiles surgidas en las décadas de 1980 y 1990, y una franja opositora. Una tipología identifica organizaciones de masas; asociaciones fraternales, culturales y deportivas; iglesias y congregaciones religiosas; organizaciones no gubernamentales (ONG) de desarrollo; movimientos comunitarios; cooperativas, centros y publicaciones académicos, y grupos disidentes (^{Dilla y Oxhorn, 1999}). Otra considera asociaciones paraestatales, asociaciones antisistémicas, asociaciones sectoriales o profesionales y asociaciones territoriales o populares (^{Chaguaceda, 2008}).

Entre los especialistas gubernamentales existe un debate sobre la denominación de las organizaciones de la SC cubana, así como sobre la pertinencia o necesidad de su existencia.¹⁰ Incluso se ha reconocido la existencia de dos discursos para tratar con el fenómeno, uno “hacia adentro” y otro “hacia afuera”, alusivos a la sociedad cubana y sus contrapartes foráneas.¹¹ Pero el tratamiento general del Estado sigue siendo, sin embargo, de sospecha, control y restricción de agendas.

Sadiel Mederos /elTOQUE ► Comunidad LGBTIQ+ desfila en el Parque Vidal para reivindicar sus derechos. Santa Clara, Cuba, 13 de mayo de 2015. 

Entre los análisis más recientes y completos sobre la SC cubana destacan los de ^{Marie Laure Geoffray (2012)}, ^{Marlene Azor (2016)} y ^{Velia Cecilia Bobes (2007)}. Las dos primeras han aportado análisis rigurosos, con base empírica, sobre los grupos cívicos emergentes, en los que destaca su resistencia a los intentos de control y cooptación estatal. También reconocen cuán difícil es expandir sus acciones y conectar con las expectativas de una población cansada, desciudadanizada y enfrascada en la supervivencia cotidiana. Bobes ha conducido una exhaustiva evaluación histórica y legal del fenómeno cívico, relacionado con los cambios y permanencias del modelo de ciudadanía militante -dependiente del Estado- que subordina y restringe los derechos civiles y políticos a la construcción del socialismo.

A partir de ese modelo, desde mediados de la década de 1990 el discurso oficial cubano reconoce la existencia de una sociedad civil socialista, compuesta por organizaciones de masas, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Todas son organizaciones afines al modelo leninista, concebidas como poleas de transmisión de las orientaciones estatales a las bases,¹² cuya naturaleza es distinta al corporativismo clásico conocido en otros regímenes autoritarios, como el mexicano, en el que la lealtad política al partido oficial no suprimía la posibilidad de reivindicar demandas e identidades subalternas en otros formatos de negociación y presión. Bajo el esquema soviético, la lealtad de los trabajadores, vecinos y agremiados no necesita ser seducida o comprada de manera sistemática: se presupone ex ante como parte del diseño y funcionamiento políticos.

Las organizaciones de masas encuadran franjas enteras de la población y desarrollan tanto objetivos políticos cuestionables, como movilización y control de los ciudadanos, como tareas comunitarias positivas, por ejemplo, campañas sanitarias, recolección de material reciclable, saneamiento barrial, etc. La participación en las organizaciones de masas ha decrecido, en particular en calidad y compromiso. La asistencia a sus actividades ha caído en una rutina, aunque el descontentono se refleja en acciones del pueblo a favor del cambio, debido a la falta de personalidad jurídica y de legalización de las organizaciones de la SC alternativa y los mecanismos de control político vigentes. En el plano legal, las organizaciones de masas, aunque reconocidas constitucionalmente, no se inscriben en ningún registro, y su existencia está condicionada por la encomienda estatal impuesta.¹³

En la década de 1990 aparecieron gérmenes de una SC alternativa, al margen del modelo tradicional, relacionada con respuestas a los déficits de oferta de servicios y bienes -como la alimentación urbana, la educación comunitaria, el cuidado ambiental y la reparación de viviendas populares-, impulsadas por intelectuales reformistas y el protagonismo de pastores cristianos identificados con el gobierno (^{Dilla y Oxhorn, 1999}; ^{Chaguaceda, 2008}). Por otro lado, la necesidad de recursos económicos, que tradicionalmente garantizaba el Estado, facilitó la vinculación de sus instituciones con agencias de cooperación extranjeras, en su mayoría europeas, ONG, fundaciones y programas internacionales y regionales.¹⁴

Surgieron organizaciones y movimientos comunitarios, asociaciones ligadas al mundo religioso -católicos, protestantes, hebreos, ortodoxos, cultos afrocubanos-, grupos ambientalistas y culturales, que expresaron una diversificación de actores y agendas de la SC (^{Dilla y Oxhorn,1999}). Los niveles de desarrollo y supervivencia de estos actores han sido condicionados por su nexo -autonomía negociada- con el Estado. Las nuevas organizaciones comienzan a llamarse no gubernamentales. Incluso algunas de las organizaciones de masas tradicionales y asociaciones profesionales comenzaron a (re)denominarse así en foros y documentos.

En este periodo hubo varias reuniones dentro y fuera de la isla, en el marco del “Programa de relaciones con ONG europeas”, en las que participaron alrededor de 30 organizaciones que se reconocían como parte de una naciente comunidad no gubernamental cubana.¹⁵ Los encuentros fueron momentos de aprendizaje sobre el establecimiento de agendas propias para los vínculos con la cooperación internacional. Las organizaciones cubanas, cuyas actividades se habían desarrollado en particular con los países del extinto campo socialista, enfrentaban dificultades por su desconocimientoen la elaboración de proyectos con contrapartes externas y una pobre capacidad autogestionaria. Abogaban por una mayor autonomía en la administración y la coordinación entre ellas, y mejor difusión de sus actividades. Esto propició que el Estado las viera con recelo.

Desde otra arena, emergieron varias organizaciones cuya agenda de trabajo o visión programática se oponían a las del régimen vigente (^{Hidalgo, 1994}), como las asociaciones de defensa de los derechos humanos -por ejemplo, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos-, los colectivos de periodistas independientes -como Cubapress-, las dedicadas a labores de formación cívica-en el caso de Vitral-, y las de asistencia comunitaria. Esa oposición no se expandió lo suficiente por la represión directa que padeció y en algunos casos por la fragmentación de los grupos que la integraban.

En ese campo cívico apareció, en 2001, el Proyecto Varela, una propuesta de referéndum para reescribir la Constitución, impulsada por el Movimiento Cristiano Liberación, encabezado por Oswaldo Payá. La dura represión a esa iniciativa -con el encarcelamiento de 75 disidentes en 2003- aumentó la visibilidad del sector opositor, pues parte de los procesos fue transmitida por televisión. Madres y mujeres parejas de los presos se organizaron para pedir la liberación de sus familiares. Así se creóel movimiento de las Damas de Blanco. La audacia de esas mujeres que desafiaron la agresión física y moral en las calles de la isla les ganó el apoyo de instituciones internacionales, la Iglesia católica y ONG y grupos de militantes en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Dentro de Cuba también obtuvieron respeto y visibilidad, y fueron apoyadas por artistas e intelectuales críticos (^{Lüthers, 2006}).

En los últimos años, con la ampliación de la actividad y visibilidad de la disidencia -campañas y manifestaciones públicas, reuniones de formación en inmuebles privados- creció también la represión dura: mítines de repudio con turbas civiles movilizadas, detenciones arbitrarias, registros domiciliarios, desalojos con uso de la fuerza pública y hasta tropas especiales, así como agresiones físicas y encarcelamientos prolongados. Grupos como las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba fueron protagonistas de estos sucesos, en relación directa con su protagonismo mediático y activismo público (^{Chaguaceda y Torrealba, 2017}).

Con estos precedentes, en las páginas siguientes dirigiremos nuestra mirada a los problemas que siguen lastrando el desarrollo de la SC cubana a partir del análisis y los testimonios de actores cívicos emergentes que, sin considerarse oposición política ni afiliarse al campo oficial, desafían las restricciones vigentes en busca de oportunidades para expresar las identidades y demandas crecientes de una sociedad cada vez más diversa y activa.

Desafíos persistentes

El desarrollo de la SC cubana permanece secuestrado por las leyes e instituciones postotalitarias. El año 1997 marcó el fin del periodo de tolerancia por omisión -Haroldo Dilla dixit-, que favoreció el florecimiento de una SC más independiente, alineada con los estándares de la cooperación para el desarrollo y las ong internacionales. Desde entonces, el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia apenas permite la inscripción regular de nuevas organizaciones, excepto por la regularización de una que otra ya existente. Se detuvo el crecimiento de este tipo de organizaciones, se paralizóla inscripción de asociaciones que se asumen o se identifican con el fenómeno de las ONG,¹⁶ y se impusieron nuevos controles a las organizaciones existentes, además de la vigilancia y la denuncia pública continua de los financiamientos externos.

Como consecuencia, las agrupaciones sobrevivientes fueron obligadas a mantener acciones discretas. Algunas fueron cerradas con el argumento de que sus funciones ya eran asumidas por organizaciones establecidas, como en el caso de la organización feminista Magín, disuelta con el pretexto de que duplicaba el trabajo de la FMC.¹⁷ Se exceptuóde este veto a organizaciones que gozaban de protección política especial por sus vínculos con la alta dirección estatal, en particular con Fidel Castro, o por la relevancia de sus contactos internacionales, de interés estatal. El Centro Martin Luther King Jr., famosa organización de origen cristiano, cumple con ambos criterios.

El tema del financiamiento genera posiciones restrictivas, aunque no exentas de contradicciones entre los mismos funcionarios. Todos los proyectos son revisados por funcionarios del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, además del filtro político. Las demoras y trámites para aprobar los proyectos de colaboración provocan pérdidas de financiamientos o reducción en su plazo de ejecución, lo que afecta la eficacia de sus objetivos. Para activistas y miembros de organizaciones civiles, la cooperación ha sido un factor estimulante para una economía frágil, deteriorada, en crisis. La inyección en ayuda y materiales de todo tipo ha dinamizado a comunidades, ha permitido que las organizaciones desplieguen tareas importantes, como el desarrollo de la agricultura y la salud, y programas de talleres que viabilizan el conocimiento, la perspectiva de género, la cultura de paz, el cuidado del medio ambiente. No obstante, el costo de acceder a esos recursos es “subordinarse plenamente a los órganos de relación que monitorean constantemente las acciones, y sobre todo el comportamiento ideológico de dichas instituciones, es decir, el control está muy bien definido” (entrevista con ^{Teresa Díaz Canals, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba 2020}).¹⁸

La impronta del financiamiento se vincula también con proyectos sobre temas de moda desarrollados por asociaciones interesadas sólo en el recurso, sin agendas propias de acuerdo con su objeto social y las necesidades de su población meta. Esto puede derivar en un doble discurso que responde más a los intereses de las agencias financiadoras que a las necesidades de los beneficiarios, además de convertirlas en entidades asistencialistas, proveedoras de recursos que el gobierno debería garantizar a la ciudadanía.¹⁹

La relación con la cooperación internacional también está marcada por la regulación legal de los actores sociales en Cuba. A partir del intercambio con actores de la cooperación extranjera y sus metodologías de trabajo, las asociaciones civiles cubanas han adquirido mayor profesionalidad en su trabajo.²⁰ No obstante, “la cooperación con actores radicados fuera de las fronteras nacionales ha afectado de manera significativa a las organizaciones de la sociedad civil cubana, con una importante asimetría entre el acceso a financiamiento [de] las organizaciones legalmente reconocidas en la isla y las que existen fuera del amparo legal” (entrevista con ^{Isbel Díaz, Estados Unidos, 2020}).

Como se ha explicado, el financiamiento a cualquier actividad autónoma siempre despierta sospechas y conlleva vigilancia y supervisión; a veces se ha preferido eliminarlo. Para la directora del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo:

Las oficinas de cooperación y desarrollo de las embajadas con sede en Cuba, así como agencias donantes, están destinando recursos de todo tipo -humanos, físicos, financieros, etc.- para acompañar el proceso ciudadano cubano. Cada contraparte internacional tiene su enfoque, siempre transversalizados por los derechos humanos, el empoderamiento económico, el papel de la ciudadanía, prevención de violencias sociales, especialmente en mujeres e infantes, y el trabajo con poblaciones vulnerables y menos favorecidas. Esto siempre conlleva una revisión constante de lo que hacemos y ciertas limitaciones a trabajar con determinadas organizaciones -por ejemplo, la Fundación Sueca para los Derechos Humanos- desde donde se trabajan temáticas sobre derechos humanos (entrevista con ^{Rita García, La Habana, Cuba, 12 de julio de 2020}).

Por su parte, el sector de la SC abiertamente criminalizado por el gobierno, ligado a la oposición y a grupos promotores de los derechos humanos, enfrenta importantes obstáculos para establecer lazos con actores extranjeros, imprescindibles para su labor, lo que limita la sostenibilidad de una SC emergente y crítica, con gran vocación de autonomía e incidencia.²¹ Las organizaciones no inscritas en Cuba, pero que actúan en Cuba -blogs, revistas, plataformas audiovisuales, think tanks-, necesitan del financiamiento exterior igual que las demás, pero “en su caso, todo el dinero que reciben es considerado por el Estado cubano como mercenarismo, lo que impide una relación tranquila y diáfana entre sociedad civil y Estado en Cuba” (entrevista con ^{Julio Antonio Fernández Estrada, La Habana, Cuba, 2020}).

Por otra parte, las relaciones entre las agencias de cooperación internacional y los actores sociales que funcionan fuera de la legalidad cubana ocurren de manera solapada, no sistemática, irregular, y esto genera grandes dosis de vulnerabilidad en los colectivos que funcionan en la isla. Este tipo de cooperación se expresa sobre todo en capacitación, apoyo a la visibilidad internacional y aprovechamiento de materiales básicos para el trabajo de las organizaciones no reconocidas.

Por último, los obstáculos para acceder a la comunicación e información impactan las acciones de la SC cubana. La falta de información o las dificultades para acceder a la que existe en las instituciones públicas genera sesgos y silencios a la hora de posicionarse ante los temas públicos de interés. Estadísticas sociales, evaluaciones de impacto ambiental o el presupuesto estatal en determinado municipio son inaccesibles para buena parte de la ciudadanía. Esto tiene consecuencias inmediatas en la percepción de los problemas sociales y en el diseño de estrategias de promoción, transformación o mitigación por parte de las organizaciones de la sociedad civil.²²

Un elemento importante de la SC cubana, que conspira contra su desarrollo, es la fragmentación. La perspectiva del ordenamiento jurídico cubano en materia de asociaciones, que establece que sólo una organización puede aglutinar a los ciudadanos con inquietudes y objetivos similares, ha sido acicate suficiente para que en la práctica se reproduzca un sentimiento contrario. Eso no sólo ha favorecido el desarrollo de organizaciones y actores con impactos limitados, sino también la incapacidad de impulsar de manera mancomunada, como sociedad civil, agendas en las que coincidan múltiples sectores o actores (entrevista con ^{Eloy Viera, Toronto, Canadá, 8 de julio de 2020}).

Los retos del presente

En diciembrede 2019, el Parlamento Cubano aprobó un cronograma en el que se establecen los plazos y cambios legislativos derivados del proceso constituyente. Según se informó, hasta 2028 deberán aprobarse 107 nuevas normas jurídicas, entre las que se encuentra la muy reclamada Ley de Asociaciones -apuntada en julio de 2022-, que deberá regular las formas asociativas y su funcionamiento.

Sin esperar esos “cambios”, en Cuba se han expandido las acciones y las restricciones del asociacionismo y la movilización autónomos de la ciudadanía cubana: desde protestas contra la criminalización del arte independiente, con un hito alrededor de la figura y trabajo del artista Luis Manuel Otero Alcántara (^{ADN Cuba, 2020a}), hasta la céntrica protesta de casi un centenar de los llamados “cuentapropistas”, gremio que abarca a trabajadores informales, autoempleados y dueños de pequeños negocios particulares, en la provincia Villa Clara (^{ADN Cuba, 2020b}), pasando por las reivindicaciones de los defensores de los animales, los reclamos de habitantes de zonas populares por déficits de su hábitat (^{ADN Cuba, 2020c}) y la cobertura mediática profesional del periodismo alternativo emergente con reportajes de investigación (^{ADN Cuba, 2020d}).

Lo sucedido en este periodo es resultado de las acciones y los aprendizajes, acumulativos y fragmentados, de años anteriores (^{Redacción IPS Cuba, 2020a}). Pese a las restricciones del contexto, movimientos de personas LGBTI y defensoras de los animales, por mencionar algunos, han puesto en tensión el control estatal al mostrar la contradicción entre una sociedad más viva y diversa, y un orden político-legal enfocado en el control vertical y la anulación de lo emergente.²³

El análisis del obsoleto y restrictivo marco legal vigente para el asociacionismo civil en Cuba sigue en cuestión. Para las personas entrevistadas, hay un consenso negativo sobre la imposibilidad de inscribir asociaciones “con idénticos o similares objetivos o denominación” a otra preexistente. Otras limitantes identificadas son la existencia del órgano de relación estatal como elemento de control y censura, y la polarización político-ideológica asociada al fenómeno de la SC, que afecta a los actores que funcionan por fuera de las estructuras legales. Así, grupos sociales cuyas necesidades y objetivos trascienden concepciones ideológicas son permeados por éstas, lo cual lastra la posibilidad de alianzas y crecimiento.²⁴

Los miembros de esa SC hacen un balance de logros y desafíos. Reconocen que “la vida cotidiana de la sociedad civil cubana es muy complicada, [por] la excesiva burocracia […], el excesivo control político de sus actividades y relaciones, y la constante amenaza de intervención, inspección y control, más allá de lo regulado” (entrevista con ^{Julio Antonio Fernández Estrada, La Habana, Cuba, 23 de junio de 2020}). En un tono moderadamenteoptimista, se admite que“lasociedad civil cubana está ahora en un momento de reconfiguración […]. No importa si se trata de emprendimientos productivos autónomos, proyectos de comunicación o activismos pro derechos humanos: todos han recibido la fuerte presión del sistema. Han logrado resistir, y en algunos casos, afianzarse” (entrevista con ^{Isbel Díaz, Estados Unidos, 2020}).

Durante los últimos 62 años, contra el desarrollo del sector ha conspirado la desarticulación de las instituciones, de valores democráticos y de formas de actuación que contribuyen a la formación de una cultura cívica auténtica y al empoderamiento de la ciudadanía.²⁵ De ahí que se señale la necesidad de “superar la expresión sectorializada de los intereses […], superar el espacio virtual como principal escenario de actuación y […] las segmentaciones basadas en criterios políticos” (entrevista con ^{Eloy Viera, Toronto, Canadá, 8 de julio de 2020}).

Yandry Fernández/elTOQUE ► Religiosos cubanos trasladan la imagen de la Virgen de la Caridad. La Habana, Cuba, 18 de agosto de 2018. 

Conclusiones

El 26 de noviembre de 2020, el desalojo violento de un grupo de activistas de la sede habanera del Movimiento San Isidro (MSI) marcó el comienzo de una escalada de conflictos inéditos entre la SC y el Estado cubanos. El 27 de noviembre (27N) sobrevino la concentración de aproximadamente 300 personas frente al Ministerio de Cultura (Mincult), quienes forzaron a las autoridades a prometer el diálogo sobre un conjuntode demandas culturales y cívicas (^{Rialta staff, 2020}).²⁶ Días después, el gobierno canceló el diálogo en declaraciones oficiales por la Televisión Nacional, por considerar a los miembros del 27N una mezcla de “contrarrevolucionarios”, y personas “confundidas” por una “estrategia de golpe blando” proveniente de Estados Unidos.

El 12 de enero de 2021, los integrantes del 27N enviaron a las autoridades sus propuestas y condiciones para el diálogo. Catorce días después, el viceministro de Cultura Fernando Rojas solicitó reunirse con tres voceros del movimiento el 27 de enero, a dos meses del plantón frente al Mincult. Ese día, algunos de los miembros del 27N decidieron congregarse de nuevo a las puertas de la institución para exigir una respuesta pública a los sucesos. A ello se sumó la protesta por las detenciones arbitrarias de artistas y periodistas independientes.

El desenlace de esta situación fue un violento atentado al derecho a la manifestación pacífica, consagrado en la Constitución de 2019. Funcionarios del Mincult agredieron a los manifestantes. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, golpeó a un periodista independiente que transmitía en vivo para arrebatarle su teléfono móvil. En respuesta, decenas de artistas cubanos se unieron a una iniciativa del 27N que solicitaba la revocación de Alonso Grau como diputado y ministro de Cultura (^{27N, 2021a}). El 3 de marzo de 2021, la Asamblea Nacional del Poder Popular comunicó que rechazaba la petición (^{27N, 2021b}).

El 27N, como movimiento abierto y plural, gestó de manera colectiva la forma de articulación, delegación y legitimación cívica más nítida e innovadora de las últimas décadas. Se trata de un grupo social comprometido con una creencia sobre el estatus activo de la ciudadanía, con la responsabilidad de los destinos de la nación y con su propia capacidad para participar en la vida pública. Los sucesos políticos, culturales y cívicos alrededor del msi y el 27N deberían entenderse como manifestaciones auténticas de la agencia de individuos que se rebelan contra un orden opresivo.

Un hito más reciente y amplio de la ciudadanía y la SC cubanas fueron las históricas protestas del domingo 11 de julio (11J). Todo comenzó en San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana. En redes sociales se transmitió en vivo una concentración de personas que caminaba coreando consignas contrarias al gobierno y exigiendo derechos. La noticia se esparció de manera exponencial y en pocas horas había manifestaciones en todas las provincias.

Un reporte reciente refiere protestas en más de 60 ciudades, con casi 200 000 participantes (^{OCC, 2021}). El marco de estos sucesos es una crisis severa derivada de la parálisis de las reformas económicas; el impacto de la pandemia de SARS-CoV-2, que afectó al turismo, fuente de divisas; la dolarización de la economía, y las sanciones de Estados Unidos. Se incrementaron la pobreza, la desigualdad y la escasez, mientras el gobierno privilegiaba la inversión inmobiliaria por encima del gasto social. Una nueva crisis energética provocó cortes graves del suministro eléctrico. La ausencia de políticas eficaces de apoyo al empresariado y los trabajadores coincidió con un control punitivo del comportamiento ciudadano. Las detenciones y vigilancia domiciliarias, los cortes de internet, el acoso y la difamación en los medios del Estado, así como la apertura de procesos penales contra los que disentían, recrudecieron el disgusto popular.

Conforme avanzaba la jornada, el 11J hubo enfrentamientos con las fuerzas policiales y las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, grupos de civiles movilizados para sofocar las manifestaciones. El presidente Miguel Díaz Canel compareció en la televisión por la tarde: negó la legitimidad de las manifestaciones, afirmó que estaba “dispuesto a todo” y que “la orden de combate [estaba] dada”. Por dos días más se sucedieron protestas menores que fueron reprimidas. A principios de septiembre el saldo era de 1 000 presos, decenas de lesionados y al menos un muerto reconocido entre la población civil.

Si bien el Estado retuvo a corto plazo el control del país, la crisis y el agravio social continúan, igual que las manifestaciones de descontento en el espacio público, físico y virtual. Varios grupos se organizan para acompañar a los presos y sus familias, defender agendas específicas -incluidos los derechos de las personas LGBTI, de cara al Código de Familia en ciernes- y reclamar el diálogo a las autoridades. Con las protestas de desmoronó la idea de un pueblo genéticamente incapacitado para reclamar a sus gobernantes y el mito de una Revolución eterna, que disuelve las responsabilidades del Estado autoritario en la supuesta identificación pueblo/gobierno/partido único. Se rompió el discurso de la unicidad y la irrevocabilidad del socialismo de Estado como sistema para Cuba.

En la coyuntura actual de “nueva normalidad pandémica”, el papel de la SC se hace tanto o más necesario (^{Redacción IPS Cuba, 2020b}), pero también más riesgoso. Si bien las libertades cívicas y democráticas fundamentales ya eran denegadas antes de que estallara la pandemia, ahora Estados como el cubano aprovechan la emergencia sanitaria para introducir restricciones adicionales a la SC (^{Civicus, 2020}). En Cuba, como en otros países de la región, la SC debe tener la posibilidad de escrutar las decisiones gubernamentales en respuesta a la crisis y asociarse en pie de igualdad para la reconstrucción pospandémica. Pero todo eso sigue siendo, desde la perspectiva estatal, algo peligroso.