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Introducción
La ciudadanía es un concepto que se ha resignificado en los últimos 40 años, tanto en el mundo como en México, a partir de la expansión de la economía basada en el modelo del libre mercado, la globalización y el neoliberalismo. Encarnó sustancialmente en el imaginario liberal que se edificó sobre los fundamentos de la autonomía y la responsabilidad individuales. No obstante, un elemento contrastante de este periodo ha sido la enorme participación de grandes sectores de la población por medio de nuevas formas de organización, que con la construcción de redes sociales y la definición de repertorios de movilización colectiva han hecho emerger un nuevo sujeto social, la ciudadanía -en su noción más general-. Este sujeto social ha transgredido los marcos establecidos para exigir derechos y confrontar proyectos de nación, lo que lo ha llevado a asociar las formas institucionales de participación, como las elecciones, a otras formas, no institucionales, enraizadas en la protesta y la lucha social. Esta experiencia incluso ha logrado transformar desde abajo regímenes políticos.
A pesar de la insinuación e impaciencia liberal para reducir el papel de la ciudadanía a un comportamiento individual, competitivo y racional, los individuos se asumieron como ciudadanos críticos; es decir, se constituyeron conscientemente en sujetos políticos y reivindicaron derechos de manera colectiva pero con identidades diferenciadas, basadas en la clase social, la etnicidad y el género.
En este sentido, el objetivo de este artículo es reflexionar acerca de una interpretación distinta de la ciudadanía, que parte de la crítica al neoliberalismo y transita por dos vías de discusión: la primera es un acercamiento teórico a algunos de los autores fundamentales del tema, que tuvieron una influencia intelectual en el desarrollo teórico de la ciudadanía en México - autores que establecen con toda precisión que dicho concepto es una construcción social y está fundamentado en la lucha social-; la segunda es la identificación de las dimensiones del análisis de la relación entre ciudadanía y movimientos sociales en México, a raíz de una revisión de los principales trabajos publicados en el país en la década de 2010. El propósito es documentar y evidenciar la tendencia de los estudios en el sentido de que la ciudadanía liberal es un imaginario basado en una interpretación elitista de la sociedad; y en contraposición, identificar el proyecto de ciudadanía que se sustenta en la lucha social y se relaciona con los movimientos sociales.
Este artículo es resultado de una investigación sobre el estado del conocimiento del tema de los movimientos sociales organizada por la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales.1 Sistematizamos la parte del estudio de los movimientos sociales que se relaciona con el tema específico de la ciudadanía activa, que históricamente se define en función de derechos o atributos en situaciones de conflicto y negociación (Tamayo, 1999), así como con la cuestión de los derechos humanos, pensados como un espacio en disputa e impulsados en parte por los movimientos sociales (Laaka, 2016).
Para exponer lo que se había escrito en México, nos propusimos buscar en diferentes fuentes. El periodo de estudio abarca de 1994 a 2017. Consideramos que en estos años habría investigaciones relacionadas con los sucesos de la vida política y social del país, como los acontecimientos protagonizados por los movimientos indígenas y las movilizaciones de trabajadores en el contexto neoliberal, la lucha por la ampliación de la ciudadanía como parte de la búsqueda de la apertura democrática y de participación política, y el auge de las reivindicaciones de los derechos humanos, los derechos a la diversidad y pro ambientales.
Se recopilaron 746 textos publicados,2 correspondientes a las siguientes categorías: participación política, sociedad civil, derechos humanos y comunidad, y derechos ciudadanos. En este artículo se retoman parcialmente los resultados del estudio, que se organizan metodológicamente con base en esas mismas categorías, aunque el periodo de exposición se reduce a 2011-2017. Las principales tendencias de este periodo se describen en el apartado titulado “La lucha por ¿qué ciudadanía?”, que hemos querido contrastar con las afirmaciones de autores fundamentales del estudio de la ciudadanía y su relación con los movimientos sociales. Los enfoques se confrontan al menos en dos direcciones. La primera, hegemónica, proviene de las ciencias políticas más formales y la segunda resulta de la articulación con el tema de los movimientos sociales. Los primeros apartados de este artículo, titulados “La ciudadanía es resultado de la lucha social” y “Ciudadanía y movimientos sociales”, intentan descifrar teóricamente las dimensiones de análisis que constituyen la crítica a la ciudadanía formal, hegemónica, y que le dan sentido al apartado “La lucha por ¿qué ciudadanía?”
Queremos advertir al lector que en este texto no se hacen referencias a las definiciones formalistas de la ciudadanía ni a discusiones empíricas sobre los movimientos sociales tomados de forma aislada. Se trata, más bien, de entrever la relación que se ha producido analíticamente entre estos dos conceptos, en la que se ha concebido una posibilidad para pensar tanto en la ciudadanía como en los movimientos sociales desde el punto de vista de su constitución antisistémica y emancipadora.
La ciudadanía es resultado de la lucha social
En México y Latinoamérica, la ciudadanía como herramienta para el cambio político y la transformación social mostró su mayor vigencia en la década de 1990, cuando el neoliberalismo se profundizó. Sin embargo, en su acepción más general e institucional, no es una noción que se refiera al cambio, sino preponderantemente a la integración y el orden social.
En su ramificación sociológica, se fundamenta en el individuo y se concibe como un proceso de integración a un poder socialmente constituido, como mecanismo de unidad nacional basado en la colaboración. Por eso, la ciudadanía -culturalmente referida- constituye una identidad amplia, fincada en la nación y la comunidad de sentimientos, con fuertes raíces históricas, enraizada en la cultura y definida en relación con la otredad. Se expresa mediante un lenguaje común, oficializado, y una significación más o menos similar de tradiciones, cultura ancestral e historia nacional. Hacia el interior, se manifiesta como sentido de pertenencia a un Estado y una cultura; hacia el exterior, como diferencia y sentido de alteridad. En el marco de esta definición ampliada, se ha destacado la idea de una ciudadanía basada en la virtud cívica asociada a las instituciones, como un dispositivo de modernidad y una expresión de autonomía y racionalidad individual articulada a procesos de integración social y responsabilidad política (Turner, 1997).
Más aún, con el peso específico y la persistencia de las corrientes hegemónicas sobre el tema, en México y otros países de Latinoamérica, desde las guerras de independencia de alrededor de 1810, la noción de ciudadanía no se intercaló en las referencias teóricas al pensar en la historia de sus pueblos, a diferencia de la noción de ciudadanía surgida de la Revolución francesa, sino que se redujo al ciudadano a una categoría jurídica e identitaria, más que a un sujeto político. Los individuos se constituyeron en nacionales, antagonistas del imperio colonial: se era pueblo y compatriota; se era comunidad construida sobre el patriotismo y el nacionalismo, para consolidar culturalmente a las nuevas naciones independientes; se era la patria que se diferenciaba y contraponía al extranjerismo, el imperialismo el intervencionismo foráneo; éramos hombres libres con derechos, individuos cargados de razón, que debían ser conducidos hasta alcanzar la ciudadanía anhelada como mayoría de edad y hombres de buena cuna (García, 2006; Escalante, 1992). La ciudadanía y el nacionalismo se fueron instituyendo en una sola dimensión. En la construcción de la nación latinoamericana, los ciudadanos eran dirigidos por los criollos, hombres respetables, patriarcas de buena familia, de origen hispano y con patrimonio propio. Clase y raza definían la virtud cívica. Las mujeres, los esclavos, los indígenas, los campesinos y los pobres en general eran excluidos de la ciudadanía.
En México, durante el siglo XX, se hizo un vacío en el tema porque con la Revolución y el periodo posrevolucionario se encontró en la noción de “pueblo” la cohesión que necesitaba la nueva modernidad. “Pueblo” se convirtió en una categoría cómoda para desplazar el análisis de la lucha de clases e igualar en el discurso a los diferentes. No fue sino hasta la década de 1990 cuando el término de ciudadanía empezó a profundizarse en el país, y se pueden identificar al menos tres enfoques diferenciados.
El primero corresponde a la perspectiva neoliberal, que al basar su explicación de la nueva sociedad capitalista en el individuo y el papel de un Estado restringido a la función de garante de la seguridad individual, con el monopolio exclusivo de la violencia, rescató el término de ciudadanía para oponerlo al de pueblo y el de clases sociales, que se habían convertido en los actores fundantes del periodo posrevolucionario, enraizado en el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, el populismo de un Estado de bienestar más activo que sus ciudadanos y la oposición de una izquierda socialista y nacionalista revolucionaria, sustentada en la lucha de clases y debilitada sistemáticamente por la represión estatal (Roberts, 1995).
El segundo corresponde a la perspectiva de los derechos humanos y se originó a partir de la lucha contra la represión de Estado -encarcelamiento, desaparición y asesinato de luchadores sociales-. La reivindicación de derechos civiles y libertades democráticas, del derecho a la vida y la libertad de asociación, de disidencia, pensamiento y creencia fue fundamental desde el movimiento estudiantil de 1968, y su resonancia inmediata repercutió en los movimientos guerrilleros y sociales de la década de 1970, así como en las luchas del campo, los sindicatos y las calles de las ciudades. Poco después, durante los años ochenta, con el trabajo de las decenas de asociaciones civiles que se multiplicaron durante la década, se fue conformando la llamada sociedad civil, que se articuló a muchos movimientos sociales y reforzó tanto la teorización como la práctica de la lucha contra las violaciones a los derechos humanos. Después, en 1983 y 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con su base eminentemente indígena, se confirmó la naturaleza del cambio de actores políticos que protagonizaban esta nueva era y la solidaridad con las comunidades indígenas fue persistente en la defensa de sus derechos humanos (Alonso y Aziz, 2003; Arias, 2003; Arias y Rodríguez, 2015).
El tercero, que también parte de una perspectiva sociológica y antropológica, se adentra en un cierto pluralismo teórico y eclecticismo crítico, y proviene de autores como Thomas H. Marshall, Bryan S. Turner, Herman R. van Gunsteren, Jack M. Barbalet, Rainer Bauböck y Bryan Roberts, quienes suponen la ciudadanía como resultado de una construcción social, cargada de tensiones y luchas por su ampliación y hegemonía, incluso en su dialéctico equilibrio, debido a los efectos de la lucha de clases contemporánea (Spener, 1998; Shafir, 1998). En esta vertiente, la ciudadanía no es un espacio de integración sino una fuente de conflictos, por la naturaleza del capitalismo, la formación de las clases y las diferentes reivindicaciones y significaciones que ésta implica para diferentes actores sociales y políticos.
Los dos últimos enfoques contienen en su argumentación las bases para considerar a la ciudadanía -y su ejercicio- como sujeto de cambio y proyecto de transformación. En este sentido, el feminismo y el movimiento de mujeres es un ejemplo que cuenta con una trayectoria de lucha muy relevante, al menos desde la formación del Frente Nacional por las Libertades y Derechos de las Mujeres en 1979, pasando por la tercera ola del feminismo de los años noventa, hasta las nuevas expresiones del radicalismo feminista de la segunda década del siglo XXI, contra el acoso, la cultura patriarcal y los feminicidios (Serret, 2001; 2015; Kabeer, 2007; Arruzza, 2015).
No obstante, varios especialistas mexicanos han incursionado en la temática de acuerdo con las líneas y orientaciones intelectuales con las cuales se sienten más identificados. La teoría de la democracia, que se expandió en todo el mundo neoliberal como fundamento de su estructura política, se constituyó en la garante de la definición de ciudadanía. A partir de allí, formar ciudadanos y hacer ciudadanía en un país como México, que llegó tarde a la democratización, tenía que pasar por el vínculo con las formalidades del quehacer democrático, desde la representación institucional formal. Ser ciudadano, en su forma política, era actuar con responsabilidad y apego a derecho, participar en las elecciones y elegir a los representantes de manera respetuosa y pacífica (Woldenberg, 2013; Salazar, 2001; Aguilar, 2017; Krauze, 2012; González, 2012). La transición a la democracia se demostró válida en el modelo neoliberal, al alcanzarse por primera vez en la historia del país la alternancia presidencial en 2000. La ciudadanía se pensaba, desde este enfoque, como una verdadera comunidad política de individuos que se definía por su participación civilizada, responsable, formal e institucionalmente regulada. Ciudadanía, en esta perspectiva, era, en efecto, integración y fundamento de la democracia representativa.
Sin embargo, para los objetivos de esta revisión, el estudio de la ciudadanía en México se expandió hacia diversos tópicos, y en su dimensión social e histórica se vinculó a los movimientos sociales y la formación de la sociedad civil. Así, desde la noción misma de ciudadanía se ha tratado de explicar tanto la dinámica de los movimientos como, al contrario, desde la visión de los movimientos se ha buscado comprender y con ello realzar una crítica al discurso de la ciudadanía formal e institucional.
Nuestro enfoque, apoyado por la literatura mexicana sobre este tópico, no considera a la ciudadanía únicamente como un conjunto de atributos estáticos y rígidos, formales y jurídicos consagrados en una Constitución que funciona como contrato social y ordenador del comportamiento entre los individuos que constituyen su membresía, sino que propone considerar que uno de sus constitutivos básicos está formado por los efectos de la hegemonía política de quienes detentan el poder al conducir la trayectoria de un país. Las tensiones y conflictos que se generan en una sociedad están siempre sujetos a las interpretaciones y afectaciones de derechos y responsabilidades que emanan de su Carta Magna. No obstante, la Constitución política también es resultado de luchas y tensiones sociales, así como de políticas de gran intensidad y resonancia. Su redacción y ejercicio jurídico y político son resultado de combinaciones de proyectos, o bien del logro parcial, aunque hegemónico, de algún bloque político e ideológico. Intervienen entonces múltiples actores políticos, asociaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en la lucha por la hegemonía de la ciudadanía.
Estos dos últimos enfoques, el vinculado a la sociedad civil y los derechos humanos y el que articula la crítica de la ciudadanía a los movimientos sociales, se retoman aquí para pensar tanto en la ciudadanía como en el ciudadano como sujeto político. Estos enfoques se han venido delimitando a partir de una definición previa, menos jurídica y menos política, en términos de su reglamentación e institucionalización, y más de corte sociológico, antropológico y comunicacional; parten de los primeros textos que invadieron los seminarios latinoamericanos sobre el tema, The Making of Citizens -la formación de ciudadanos en las nuevas ciudades latinoamericanas-, de Roberts (1995), y Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización, de Néstor García Canclini (1995). En México, antes de estos textos seminales, pocos libros y artículos analizaban el tema (Tamayo, 1999).
Ciudadanía y movimientos sociales
La perspectiva de los movimientos sociales relativa al tema de la ciudadanía ha estado orientada por cuatro dimensiones analíticas principales: a) la participación ciudadana y política; b) la formación de la sociedad civil; c) la lucha por derechos, y d) la constitución de proyectos de ciudadanía como proyectos de futuro y discusión de la nación.
Participación
En esta dimensión se ha escrito acerca de la incorporación de la noción de participación en las políticas públicas, los diferentes programas de desarrollo, la discusión y aprobación de las leyes locales de participación ciudadana y las tensiones entre diferentes actores sociales en su definición y ejecución. Se refiere a procesos institucionalizados de consulta ciudadana. No obstante -así se ha pensado desde la dinámica de los movimientos sociales-, participación política es una categoría que se apoya en la noción de política de la contención de Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly, en la que se define la participación no formal de la ciudadanía por medio de canales de activismo político, repertorios de movilización (Combes, 2008; 2011; Combes, Tamayo y Voegtli, 2015) y las propias dinámicas de los movimientos sociales (Zibechi, 1999; 2008; Alonso, 2013; Tamayo, 2016). Hay una vertiente importante que relaciona la participación con la democratización, pensada principalmente en términos formales, aunque empiezan a publicarse trabajos interesantes sobre los procesos de democratización dentro de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. Finalmente, a partir de los trabajos de Pippa Norris (2002) y Hélène Combes (2011), se han retomado las categorías de activismo político y militantismo como formas de participación.
Sociedad civil
La noción de sociedad civil es básica para el estudio de la ciudadanía. Aunque entre lo publicado poco se ha hecho para distinguir con mayor precisión la ciudadanía de la sociedad civil, los trabajos seminales de Alberto J. Olvera (2002) constituyen un referente para el estudio de las asociaciones y movimientos sociales de la sociedad civil como dimensión política y social del ejercicio de la ciudadanía en México y Latinoamérica. La sociedad civil se ha retomado como una instancia organizacional, como una manera de analizar organizaciones orientadas tanto a la asistencia social como al observatorio político de procesos electorales. Asimismo, se ha analizado la participación de otras organizaciones de los movimientos sociales, como se plantea en el trabajo cardinal de Lucía Álvarez Enríquez (1994) respecto de diferentes agrupaciones del movimiento urbano popular.
De esta manera, el estudio de la sociedad civil se ha dirigido a la existencia de movimientos sociales y la reivindicación de derechos y construcción de ciudadanía. Asimismo, como parte de esta dimensión analítica, hay una noción basada en la definición sui generis del entonces subcomandante Marcos -hoy subcomandante Galeano-, representante del EZLN, que tuvo un impacto político esencial, tanto en la nominación de sociedad civil como en el impulso de formas organizativas autónomas, que incorpora un conjunto plural de actores en el entendimiento mismo del término de sociedad civil (Tamayo, 2016).
Lucha por derechos
La perspectiva de los derechos de la ciudadanía ha sido de primordial importancia en los estudios sobre el tema pues ha permitido repensar el papel político de los movimientos sociales. Tanto por la influencia de Tilly (2008), como desde la postura actualizada de Alain Touraine (2016), la perspectiva de los derechos se sitúa en la búsqueda del equilibrio entre lo social y lo político, la particularidad y la universalidad. Los derechos ciudadanos son de alguna manera una clasificación política de las prerrogativas que los miembros de una comunidad disfrutan y logran para ser adscritos como ciudadanos plenos. Pero los derechos, que pueden ser tanto de tipo colectivo como individual, sociales o civiles, constantemente entran en tensión entre sí. Desde el punto de vista de los movimientos sociales, de acuerdo con Tilly (2008), el paso de lo social a lo político permite que los movimientos sociales transiten de una experiencia meramente gremial y reivindicativa de lo social a un enfoque más ciudadano, más político, que aspira a la democratización. La esencia de la ciudadanía es así eminentemente política, y cuando ese paso se logra, se alcanza un estadio superior en los procesos de subjetivación política. Con una postura crítica, esta apuesta es la idea que mantienen los movimientos sociales que se asumen como antisistémicos y antagonistas (Zibechi, 2015; Modonesi, 2016).
Por otro lado, para Touraine (2016), la atención debe ponerse en la universalidad de los derechos humanos, como dispositivo de la política que permite mover la lucha por la emancipación. No obstante, este proceso tiene que articularse a la experiencia local y social de los individuos si se pretende alcanzar el equilibrio entre los extremos, porque la ciudadanía debe enraizarse también en el polo de la relatividad cultural.
La dimensión de los derechos es fundamental en el estudio de la ciudadanía y en la definición de una ética del comportamiento de los movimientos sociales. En este sentido, no debería extrañar que los derechos representen el mérito de la lucha de los movimientos por la justicia y la libertad. Marshall (1950; 1998), el autor clásico de la ciudadanía, tras reivindicar su carácter social en la era del Estado de bienestar, definió con mucha precisión la construcción histórica de la ciudadanía a partir de la aparición de los derechos ciudadanos con la ciudadanía civil en el Renacimiento y la Ilustración, cuando se comenzó a otorgar un espacio de reconocimiento al individuo racional como garante de prerrogativas y libertades, con acceso a la justicia. Después apareció la ciudadanía política. Desde la Revolución francesa, y en especial durante la formación de los Estados-nación y las instituciones de participación y representación política, la ciudadanía se vinculó institucionalmente por medio de los parlamentos, en el siglo XIX, para finalmente establecer en las instituciones de seguridad social la garantía de los derechos sociales orientados a la búsqueda de la igualdad social. Marshall, sin embargo, nunca planteó que la ciudadanía social sustituiría el régimen de desigualdad social ni la lucha de clases en el capitalismo, pero sí estimaba que las abatiría de manera considerable. Asociaba el surgimiento de los derechos a la creación de instituciones, y desde ese posicionamiento construyó una especie de teoría de evolución natural de los derechos hacia lo que consideraba que llegaría a ser una ciudadanía plena. Mediante una crítica histórica, Margaret R. Somers (1999) destacó uno de los vacíos en la teoría de Marshall, que consistía en la ausencia de actores sociales y políticos que confrontaran sus ideas y proyectos para definir, según sus propios intereses y posiciones, los contenidos de los derechos y las características propias de las instituciones correspondientes.3
El paso del Estado de bienestar al neoliberalismo trajo otra visión de la relación entre derechos y ciudadanía. Los derechos humanos que se consideran universales, como el derecho a la vida, la seguridad y la naturaleza de las personas como seres humanos, con independencia de sus atributos raciales y étnicos, se basaron desde un principio en la protección de la vida contra el poder omnipresente del Estado por encima de los derechos de los individuos. El papel básico del Estado es proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad. En estas circunstancias se explica mejor el hecho de que la proliferación de asociaciones de la sociedad civil, en algunos casos, tuviera una fuerte carga orientada a la defensa de la persona contra el autoritarismo, la represión, las desapariciones forzadas, el asesinato y la tortura.
Sin embargo, al menos desde 2005 hasta ahora, hemos sido testigos de grandes cambios en los regímenes políticos latinoamericanos. Podemos decir que ha sido el paso del neoliberalismo al progresismo, el cual se presentó en algunos casos como populismo, en otros como rebeliones ciudadanas o socialismos del siglo XXI, y en otros más, como luchas por un Estado plurinacional. Antes de 2018 se anunciaba la desintegración de los progresismos y se hablaba, para el caso de México, de la llegada del “progresismo tardío”. No obstante, aún no es tan contundente ni evidente que los progresismos hayan fracasado por completo. En todo caso, se requeriría un análisis más riguroso para entender a los nuevos sujetos, si es que lo son, de transformación política (Gaudichaud, Weber y Modonesi, 2019).
A partir de estos fundamentos, los derechos humanos fueron modificando su acepción con la enorme participación de organismos de la sociedad civil durante los años ochenta en Latinoamérica y los noventa en el continente africano. La dignidad de la persona pasó a ampliar y extender la cobertura de la categoría de derechos humanos e incluyó todo aquello que garantizara una vida digna para los individuos. Los derechos humanos establecieron aquellas preferencias asociadas a las libertades democráticas fundadas en los derechos civiles -la ciudadanía civil-, y se añadieron aquellos aspectos sociales que permitieran alcanzar un cierto nivel de igualdad social ante la profunda fragmentación de los grupos sociales y el aumento galopante de la pobreza en el mundo - ciudadanía social basada en los derechos sociales-, así como aspectos que reforzaban el carácter democrático de los regímenes y sistemas políticos, como el derecho al voto y la representación política -ciudadanía política-. Hoy, el espectro de los derechos humanos, gracias a los cambios y la expansión de las definiciones universales llevados a cabo por diversos organismos internacionales, abarca al conjunto de los derechos catalogados en la ciudadanía, exigencias particulares asociadas a la diversidad y reivindicaciones colectivas que garantizan mejores condiciones para una vida digna, que incluya al conjunto de las poblaciones del mundo. Quizá en ello estriba la importancia de los trabajos de Turner (1986; 1990; 1997; 2012), el sociólogo británico y australiano que desarrolló una nueva línea de evolución de los derechos a partir de su crítica a los preceptos de Marshall, en una visión construccionista de la ciudadanía. En efecto, la ciudadanía tendría diferentes significados para diferentes actores sociales, como lo establece también Roberts (1999), y se va definiendo a partir de la lucha social y los procesos de tensión política enraizados en distintas resonancias históricas.
En esta trayectoria de profundización teórica de los derechos, en el contexto del neoliberalismo, la relación entre derechos y comunidad se constituyó poco a poco en un referente para comprender las luchas y reivindicaciones de los pueblos y comunidades indígenas, tanto en México como en otras partes del mundo (Alonso y Aziz, 2003). En particular, destacan las aportaciones de Charles Taylor (1994) y Will Kymlicka (1996) sobre la multiculturalidad y la ciudadanía diferenciada. Kymlicka, a partir de los conflictos pluriétnicos en Canadá, desarrolló una teoría sugerente sobre el multiculturalismo liberal. Su crítica a la ortodoxia y homogeneidad recalcitrantes del discurso clásico liberal sobre la nación es contundente; en contraposición, reivindica una ciudadanía diferenciada, basada en el reconocimiento de derechos pluriétnicos, grupos étnicos diferenciados y el derecho a la autodeterminación y la autonomía cultural. Su impacto ha marcado incluso a grupos y comunidades que luchan contra el neoliberalismo pero que han encontrado en sus escritos liberales una veta que les permite posicionarse teóricamente ante los conflictos propios. Los derechos de las comunidades representan una articulación compleja entre cultura y derechos humanos, así como una lucha constante por la inclusión social (Kabeer, 2007).
Proyectos de ciudadanía
Por último, en esta reflexión sobre las principales categorías que tocan el tema de la lucha social, la noción de proyecto de ciudadanía ocupa un lugar importante. Importante, decimos, por la posibilidad de comparar y redefinir las actuales luchas sociales, movimientos revolucionarios y alternativas de transformación social que la ciudadanía puede tener desde su praxis, es decir, desde su práctica concreta y su elaboración cognitiva y teórica. La ciudadanía es discurso y práctica (Alejandro, 1993), y por lo tanto, se resignifica constantemente. Es idea, imaginario, pero también ejercicio ciudadano. Puede llegar a un nivel superior de comprensión, en el sentido de que es posible otra ciudadanía - como forma de relación e interacción social-, y así otras formas de vida, otras relaciones sociales y personales. Un proyecto de ciudadanía es la síntesis de marcos de interpretación y espacios de experiencia. Lo que define la relación entre el Estado y la sociedad civil son las ideas y las prácticas; la concepción que se tiene de los derechos, su jerarquía en el contexto del proyecto de ciudadanía y la forma como se establecen opciones para superar, o al menos reducir, las tensiones entre los diferentes tipos de derechos -civiles, sociales, políticos, culturales, económicos, industriales, humanos, etcétera-. Sin embargo, es necesario reconocer que los proyectos de ciudadanía no siempre se presentan bien estructurados, sino que pueden tener distintas fases de maduración. Esto es así porque un proyecto es un proceso de sistematización de experiencias y teorías. En efecto, son procesos de subjetivación política que resultan de luchas sociales, de alianzas políticas entre actores sociales, del ejercicio y la resignificación de los derechos. Los proyectos de ciudadanía se erigen sobre una experiencia precisa de participación política (Olvera, 2002). Una participación que puede ser formal, cuando se inscribe en los procesos de institucionalización que regulan y orientan el comportamiento ciudadano por medio de figuras y formas de participación en elecciones, espacios de representación y ámbitos de consulta y discusión pública, a través de los medios de comunicación y en los partidos políticos institucionalizados y esferas gubernamentales; pero también no formal, cuando los proyectos de ciudadanía se levantan por medio de una participación que transgrede o intenta transgredir las instituciones, mediante movimientos sociales, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, el activismo y organizaciones políticas y medios de comunicación no institucionalizados. Esta participación no formal se relaciona de manera estrecha con la teoría de los movimientos sociales y la contención política transgresiva. Los proyectos de ciudadanía pueden asociarse a otras nociones, que se han denominado proyectos de nación, proyectos de futuro o utopías emancipadoras (Tamayo, 2010), que constituyen elementos fundamentales para su análisis.
La lucha por ¿qué ciudadanía?
Queremos reflexionar sobre algunos ejes temáticos que pueden ayudarnos a explicar la experiencia de lucha por la ciudadanía y su relación con los movimientos sociales en México, en particular entre 2011 y 2018, resultantes de los trabajos de estudiosos y especialistas en el país. Para situar las tendencias analíticas de este periodo, es necesario destacar algunos aspectos del contexto.
Desde la primera década del siglo XXI, y por un lapso de 18 años, hubo en México una etapa de aplicación sistemática de políticas antipopulares y antisociales, tanto durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (pan), como con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder. En esta etapa, dichas políticas se fueron encajando en la sociedad, no sin agresividad, por medio de las reformas estructurales más neoliberales de todo el proyecto. El voto útil promovido por grupos de ciudadanos en aquel 2000 de la alternancia, que favoreció el acceso del pan al poder, no tuvo los efectos de democratización que se deseaban, sino efectos contraproducentes. El proyecto que impulsaron estos gobiernos tuvo graves consecuencias en el desmantelamiento de los sindicatos menos heterónomos, en la escalada de violencia sin precedentes en todo el país, en el impacto directo que sufrió la seguridad de los ciudadanos y sus familias, en la muerte de decenas de miles de hombres y mujeres, en la persecución incansable de organizaciones sociales y la criminalización de la protesta, y en el sostenimiento del fraude electoral como mecanismo de reproducción del poder de las elites, que desmoronó la endeble edificación de la democracia electoral construida años antes con grandes esfuerzos y sacrificios personales. Los respectivos fraudes en las elecciones del siglo XXI, al estilo de los peores tiempos priistas, se llevaron a cabo con la finalidad de evitar por cualquier medio que un movimiento popular y antineoliberal llegase al poder; por otro lado, el decaimiento del zapatismo durante el periodo 2012-2018 lo colocó en una posición de debilidad para enfrentar la eternizada agresión del Estado en términos tanto políticos como militares.
Los años 2010 y 2011 marcaron un parteaguas en las características e intensidad de los movimientos. A partir de 2012, el PRI abrió una nueva transición política. Ya nadie con una lógica razonable hablaba de transición a la democracia, que había sido el tema fundamental en la década de los noventa. No obstante, un nuevo ciclo de protestas se abrió con la campaña electoral de 2012, desde el movimiento #Yosoy132 hasta la indignación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La estructura de oportunidad política cambió, así como la percepción que los actores tenían al respecto.
El fuerte impacto regresivo en la clase trabajadora y los sectores populares en los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, a partir de las reformas estructurales que se impulsaron, ha sido neurálgico para el sistema. No obstante, la respuesta social, aparentemente, no fue suficiente, a pesar de que en las postrimerías de las elecciones de 2018 la ciudadanía se volcó hacia el proyecto de nación que ha venido representando la salida antineoliberal a la crisis.
A partir de la experiencia del movimiento #YoSoy132, y en el marco de los movimientos que surgieron en otras partes del mundo, como Occupy Wall Street en Estados Unidos, el Movimiento 15-M en España y la Primavera árabe (Castells, 2012; Turner, 2012), por nombrar sólo unos cuantos, la participación, la construcción de nuevos espacios de debate público y el uso de las redes sociales digitales se convirtieron en referentes básicos de muchos investigadores para explicar las nuevas formas de hacer política y construir resistencias a procesos como el de la criminalización de la protesta, o para entender la liga con los repertorios de la movilización (Rovira, 2012; Cotarelo, 2011; Espino, 2014; Treré, 2014; Castillo, 2014).
En este marco contextual se sitúan algunas dimensiones analíticas que fueron retomadas en los estudios sobre la relación entre ciudadanía y lucha social. Un primer aspecto permanente, que se presenta como dificultad en los movimientos sociales mexicanos, es su fragmentación. Desde una postura más o menos pragmática, se ha considerado que las demandas particulares son lo que empuja a los individuos a la movilización. Sin negarlo, debemos reconocer que esta condición no es suficiente. La ciudadanía también se ha organizado en asociaciones en torno a propuestas de la derecha. También desde ahí se construyen organizaciones sociales y se recrean determinados repertorios de movilización. El punto central en el que debemos poner atención, sin embargo, es la construcción de un tipo de proyecto de ciudadanía crítico, que responda a los principios de justicia social; que haga referencia a la relación horizontal entre Estado y sociedad civil, así como al equilibrio razonable entre derechos civiles y democráticos, con un impulso a los derechos sociales para todos y todas, y una amplia participación que organice de manera adecuada y democrática la participación activa y la representación (Lachenal y Pirker, 2012). Es decir, un proyecto de ciudadanía que aspire a ser universal, en términos de la discusión de Touraine (2016), para reencontrar en los derechos humanos universales un asidero en el que se reconozcan las prácticas locales interculturales. O como dice Boaventura de Sousa Santos (2016), para funcionar como un traductor intercultural y simbólico de los deseos de la gente y su visión de felicidad. Los movimientos construyen proyectos de futuro, pero no siempre son exitosos para alcanzar universalmente a la mayoría de la población y persuadirla de luchar. Varios autores han tratado este tema y han puesto el énfasis en el surgimiento de identidades parciales, locales y sectoriales. Los movimientos necesitan también romper su propia camisa de fuerza para erigirse como una posibilidad para las multitudes (Adame, 2013; Tamayo, 2010; 2016; Sánchez-Mejorada, 2016; Pírez y Cosacov, 2016; Álvarez, 2019).
Carolina Jaschack Marcha #YoSoy132 en contra de Enrique Peña Nieto, Ciudad de México, julio de 2012.
Un segundo aspecto trata sobre la cultura política. Los movimientos construyen en la experiencia, consciente o inconscientemente, una cultura política propia y futuros alternativos. James C. Scott (2007; 1998) plantea que en los espacios sociales desligados del poder los subordinados construyen discursos de resistencia ocultos, que terminan por manifestarse abiertamente, aunque disfrazados. Estos discursos ocultos son formas de insubordinación que pueden llamarse “la infrapolítica de los desvalidos”; es decir, estrategias de insubordinación, a veces inconscientes, para oponerse a las herramientas de legibilidad, legitimidad y consenso de los dominadores (2007: 22).
Erik R. Wolf (2001), en su libro Figuras del poder, ideologías de dominación y crisis, dice que la cultura, como constructo de valores, comportamientos, visiones del mundo, ideologías y experiencias, tiene que dinamizarse para modificar las relaciones sociales de dominación. Los movimientos que se han venido manifestando en México son heterogéneos. Sin embargo, no siempre la pluralidad se presenta como cualidad, a pesar de las teorías en boga sobre la diferencia. Puede ser al contrario, un freno, un obstáculo para alcanzar la unidad de acción. Existen movimientos que sustentan culturas diferenciadas. Para entenderlas, la cultura de los movimientos sociales debe adjetivarse (López y Tamayo, 2013). Hay culturas definidas por preceptos religiosos, sean hegemónicos o ancestrales, mientras otras navegan, o bien en la heteronomía, o bien en la búsqueda de la pureza autonómica. Unos podrán perderse en las redes de manipulación del poder, otros podrán construir identidades sectarias y cerradas. No todos los movimientos, en consecuencia, se presentan democráticamente, ni por ser de izquierda ni por ser de derecha. En este sentido, constan diferentes prácticas y razonamientos para establecer vínculos con los partidos políticos, y en general, con la política. Unos rechazan totalmente vincularse, al generalizar la aseveración de que son corruptos; otros reclaman la necesidad de construir partidos independientes, autónomos del poder y del sistema de partidos institucionalizados, pero aún son demasiado débiles y reducidos como para impactar en la esfera política.
Finalmente, en esta clasificación, existe un tercer aspecto de la importancia de la participación política, de acuerdo con la literatura. Como hemos visto al referirnos a la noción de cultura política de los movimientos sociales, un punto central estriba en adentrarse, de nueva cuenta y con una perspectiva distinta, en las formas simbólicas de la cultura política y en la construcción de las identidades colectivas de los movimientos, pero siempre con un matiz crítico, para evitar el análisis complaciente y la apología. En esta etapa, los estudios sobre ciudadanía y movimientos sociales, a raíz de la experiencia mexicana, han vinculado los movimientos sociales con partidos políticos, activistas, militantes, y en general, con la política. El tema de la participación ciudadana se ha coligado con la participación política, y a diferencia de los análisis de la década anterior, el esfuerzo se ha hecho en el sentido de comprender los vínculos contradictorios entre participación institucionalizada y no institucionalizada, es decir, entre partidos políticos institucionalizados, movimientos sociales y la crítica de la democracia (Moreno, 2013; Pérez, 2011; Tamayo, 2010; Lara y Hernández, 2014; Figueroa y Martínez, 2014; Goirand, 2015; Rodríguez, 2014; Valdés y Maldonado, 2014).
Consideraciones finales
En este artículo hemos querido hacer hincapié en una interpretación transgresiva de la ciudadanía, que rebasa los límites contenidos en los marcos institucionales y refleja fehacientemente un proceso autonómico, en el que la participación no es únicamente individual sino colectiva. En particular, nos interesaba mostrar la discusión teórica que la fundamenta, tanto en la transición del siglo XX al XXI, como en los análisis de los últimos diez años.
Trabajamos con varias categorías de los movimientos sociales para comprender el papel de la ciudadanía a partir de diversos enfoques. De allí que habría que reconocer que la ciudadanía puede ser una herramienta de cambio social, un instrumento de modificación y expansión de derechos que puede originar cambios en la relación sociedad-Estado y en la correlación de fuerzas en los niveles de gobernabilidad, así como impulsar diferentes formas de participación directa.
Con esta visión, la interpretación de la ciudadanía que se sostiene en la mayoría de los artículos que hemos analizado rompe con la mirada individualista que erige al ciudadano como una persona responsable en la medida que reproduce normas y códigos institucionales. En efecto, la ciudadanía no se reduce a un comportamiento basado en la libertad democrática, es decir, en la igualdad política y el derecho a elegir representantes, sino que abarca derechos políticos más amplios, igualdad de género, y sobre todo, aspiraciones de justicia social. Así, la ciudadanía se construye por medio de movimientos que reivindican la libertad y la justicia contra la violación a los derechos humanos y la violencia contra las mujeres, y reconocen el movimiento LGBT+,4 en conjunto con otras luchas sociales por una vida digna en las ciudades, la defensa del territorio o contra violaciones a los derechos laborales.
La ciudadanía implica un ejercicio centrado en la participación democrática, pero no únicamente en la democracia entendida como normas y regulaciones de participación, sino como distintas formas de lucha de ampliación democrática e igualdad social sustentadas por diferentes grupos y clases en pugna.
Por eso, la ciudadanía es, además, un proyecto de futuro. Es el diseño y la creación de una utopía que permita alcanzar un lugar de igualdad, libertad y solidaridad entre los individuos. Pero si la sociedad se encuentra fragmentada en clases y grupos sociales, no puede existir un solo proyecto de futuro. En este sentido, se debe construir a partir de los diferentes esfuerzos y experiencias, cuyos distintos grados de desarrollo se contrastan y confrontan en el proceso mismo de la lucha social, hasta que un proyecto logre alcanzar la hegemonía política que le permita avanzar con cierta legitimidad hacia una utopía universal.
Como resultado de lo anterior, proponemos tres líneas generales de investigación que pueden impulsarse en el futuro para repensar la ciudadanía y los movimientos sociales: 1) la dificultad que se presenta para la unidad de acción de los sectores populares a partir de la fragmentación ideológica; 2) la inserción de las nuevas formas de cultura política en los movimientos sociales, para explicar holísticamente su dinámica interna, y 3) el papel relevante de la participación política, tanto formal como informal.
Finalmente, podemos decir que la ciudadanía es discurso y es experiencia. Estas dos cualidades generalmente se muestran fragmentadas. El desafío es encontrar aquellos elementos de unión que permitan construir puentes de alineamiento entre esos discursos y formas de lucha que se expresan en distintos proyectos, para construir uno más general, con mayor fuerza y legitimidad social y política, para lograr así el cambio social anhelado.
