Introducción

En 2008, como lo hicieron en 2005, varias organizaciones sociales y pobladores locales se dieron cita en el edificio de la escuela secundaria de El Hoyo, en el Noroeste de la provincia de Chubut, Comarca Andina del Paralelo 42^o,¹ Patagonia argentina, para realizar otro “Foro de políticas públicas por el acceso a la tierra”. La convocatoria tenía como propósito abrir un espacio en el que los pobladores cuyas tierras estuvieran atravesadas por conflictos o se vieran imposibilitados para acceder a ellas compartieran sus problemas y se organizaran. Entre las experiencias relatadas en esa oportunidad, se encuentran los recuerdos de Elba Pulgar Huentuquidel sobre las penurias que su familia ha vivido por su tierra en Puerto Patriada, un paraje rural de El Hoyo:

Sí, nosotros que somos de acá, de la zona, del barrial arriba. Ahí en el 78, más o menos, Bosques lo cerró. Mi abuelo tenía la casa de este lado y ellos cerraban con alambre, los de Bosques. Y mi abuela forzaba porque tenía las ovejas del otro lado, y las vacas. Venía Bosques, le volvía a cerrar. Y hace años, desde el año 78 que estamos luchando por nuestras tierras (Entrevista con ^{Elba Pulgar Huentuquidel, El Hoyo, 20 de septiembre de 2008}).

Los relatos de los pobladores locales que vieron sus campos cercados por el ente provincial encargado de los bosques y la consecuente reducción de sus rodeos son una constante en la Comarca Andina. En su mayoría, remiten al periodo entre 1960 y 1980, en el que se implementaron políticas de desarrollo forestal impulsadas por la Dirección General de Bosques y Parques del Chubut (DGBYP) y dinamizadas principalmente por dos empresas, la Sociedad Anónima Forestal Epuyén (SAFE) y la Maderera Noroeste Sociedad Anónima (MANOSA), que operaron en las localidades de Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo.

En este artículo nos proponemos reconstruir, desde una perspectiva etnográfica, las complejidades locales que supusieron estas políticas de desarrollo. A partir de las memorias de quienes se vieron afectados de manera directa o indirecta por ellas, los relatos de funcionarios y trabajadores en ejercicio en ese contexto y la revisión de expedientes forestales, de tierras, judiciales, entre otros, analizamos las particularidades de la implementación de proyectos de desarrollo en localidades pequeñas y alejadas de los centros de poder y las instituciones, en especial en el marco de una provincia nóvel, como lo era Chubut cuando estos proyectos comenzaron. Examinamos la historia de las acciones de estas dos empresas forestales y nos enfocamos en las experiencias destacadas por los pobladores que han vivido en la zona o trabajaban en estos proyectos en aquel entonces, o ambos, y se han visto “vulnerabilizados” por estas iniciativas (^{Lins Ribeiro, 2007}). Entendemos que ésta es una mirilla privilegiada para acceder a procesos que, si bien las trascienden, nos permiten reconstruir el contexto desde dos perspectivas. Por un lado, desde la manera en que la puesta en marcha de estas políticas influyó en el problema territorial que afecta a campesinos e indígenas de la Comarca Andina desde mucho tiempo atrás. Por el otro, desde la forma en que los proyectos de desarrollo entraman y enhebran lo público y lo privado, en ocasiones por medio de la figura de personas particulares. Apuntamos a precisar cómo el surgimiento y las acciones de estas empresas, en el marco de los proyectos de desarrollo implementados en zonas periféricas, devinieron en severos condicionamientos de uso del espacio y sus recursos, que en algunos casos significaron el despojo parcial o total de tierras de familias campesinas e indígenas.

Algunos prolegómenos sobre las políticas forestales desarrolladas en el Noroeste de Chubut entre 1950 y 1970

En 1949, la recién creada Administración Nacional de Bosques diseñó el Primer Plan de Ordenación Forestal de la nación. Este plan delimitaba el interés sobre determinadas superficies de bosque nativo e impulsaba la actividad forestal por medio de desgravaciones impositivas y créditos especiales.² Casi diez años después, hacia 1960, se presentó otro plan de ordenamiento que promovía la reforestación con especies exóticas (^{Valtriani, 2008}). Más que la defensa, protección, reproducción y ampliación del bosque por cuestiones ambientales o paisajísticas, el objetivo apuntaba a promover la producción de madera y la formación de una industria forestal (^{Mendes, 2010}). El bosque importaba como recurso económico con valor de cambio en el mercado y las acciones institucionales tuvieron ese horizonte como motor (Entrevista con ^{ex responsable del Destacamento Epuyén de la DGBYP, Esquel, 8 de marzo de 2016}), incluso durante la década de 1970, cuando se creó el Instituto Forestal Nacional (IFONA).³

Si bien ^{Valtriani (2008)} y los ex funcionarios de la DGBYP (Entrevistas, ^{Esquel, Chubut, diciembre de 2015 y marzo de 2016}) señalan la ausencia de una política integral de desarrollo forestal nacional, las propuestas diseñadas se inscribían dentro de programas de desarrollo, cuyo propósito era impulsar el tránsito de formas de producción “tradicionales” a modelos productivos y de consumo “modernos”, mediante la inversión estatal en sectores industriales considerados estratégicos.⁴

En esta época regía un paradigma de desarrollo esencialmente económico, asociado a un crecimiento y progreso de evolución lineal. Este paradigma entendía que sólo podía desafiarse la desigualdad y la pobreza por medio de la apropiación eficiente y económicamente rentable de recursos naturales, bajo un estilo de vida de tipo occidental (^{Gudynas, 2011}). Bajo esta visión, las prácticas tradicionales se entendían como un obstáculo y debían ser reemplazadas por las que los países “desarrollados” occidentales ofrecían. Los debates se centraban en la distribución de los beneficios que traería el desarrollo, las asimetrías en las relaciones internacionales, la propiedad de los medios de producción, etc. Pero ciertas nociones en las que se basaban estas políticas, como “avance”, “modernización” o “progreso”, no se cuestionaban, tampoco el postulado sobre “la necesidad de aprovechar la riqueza ecológica de América Latina para nutrir ese crecimiento económico” (2011: 25).

En el marco de este paradigma y de los planes nacionales de ordenamiento del bosque, las recién creadas provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut impulsaron en sus jurisdicciones una serie de políticas de desarrollo forestal. Entre las décadas de 1960 y 1970 promovieron acciones sobre los recursos boscosos de la cordillera, que tenían como propósito impulsar un sistema de producción alternativo a la ganadería ovina extensiva. Incentivaron la plantación de especies exóticas de rápido crecimiento provenientes del hemisferio norte —pinos oregon, ponderosa, radiata y murrayana—, que se superponían con el área de distribución del ciprés de la cordillera⁵ y de otras especies nativas, sobre las que se operó la tala rasa a partir de la década de 1970.

En el caso de la provincia de Chubut, la mayor parte de las forestaciones realizadas entonces pertenecían a dos empresas que se expandieron en el Noroeste cordillerano: SAFE, y en menor medida, MANOSA (^{Valtriani, 2008}).⁶ Esta región, fronteriza con Chile, se había constituido como periférica respecto de las grandes inversiones del capital y también por la forma en que sus pobladores fueron visualizados por las agencias estatales. En su mayoría, vivían ahí pequeños campesinos, muchos de ellos indígenas no reconocidos, de muy escasos recursos, a quienes se negaba la regularización de sus espacios territoriales, lo que los colocaba en una situación de vulnerabilidad. Una serie de normativas de distinto alcance promovía esta condición, que a la par habilitaba este tipo de emprendimiento por parte de las agencias estatales provinciales. La flamante Constitución provincial de 1957, en su artículo 102, establecía que el bosque era de propiedad inalienable de la provincia y ésta tenía pleno dominio y jurisdicción sobre los recursos naturales de todo el territorio (^{Convención Constituyente, 1957}). Además, dos normativas contribuían al ejercicio de ese dominio y jurisdicción, en particular en esta zona andina fronteriza. Por un lado, la Ley Nacional de Zonas de Seguridad de Fronteras núm. 15385 (^{Ministerio del Interior, 1944}) denegaba la entrega de títulos a quienes fueran considerados de nacionalidad extranjera; entre ellos, muchos mapuches que ocupaban estos espacios, de quienes se consideraba sólo el lugar en el que habían sido enrolados en el ejército —en muchos casos, Chile—, sin tomar en cuenta su origen étnico. Por otro lado, el decreto núm. 2585, de 1961, prohibía otorgar la propiedad de la tierra a quienes tuvieran más de 30% de bosque (^{Subsecretaría de Bosques e Incendios de Chubut, 1961}).⁷ Ambas normas negaban a muchos pobladores de esta zona la titulación del espacio ocupado y a cambio otorgaban un permiso precario de ocupación que, como su nombre lo indica, los dejaba en una posición frágil ante posibles acechos sobre sus territorios y recursos.

Las empresas “desarrolladoras”. Entre el personalismo y la “consorciación”⁸

Las empresas SAFE y MANOSA intervinieron como “agentes o industrias del desarrollo” en localidades de la Comarca bajo características diferenciadas y trayectorias divergentes (^{Lins Ribeiro, 2007}).

SAFE, de Ramón de Errasti, se instaló en Puerto Patriada —en la actualidad, localidad de El Hoyo— hacia 1960, en una antigua ocupación de 144 ha de una familia que no tenía título de propiedad y desarrollaba actividades ganaderas.⁹ De Errasti se ubicó ahí con el propósito de crear un establecimiento forestal exclusivo. Aunque no logró concretarlo, su interés era emplazar una planta industrial de aglomerado. De Errasti contaba con cierto capital gracias a un aserradero que poseía en Epuyén, y según algunos entrevistados, tenía vínculos con los poderes políticos de la época. Su actividad en la zona había empezado con el primer plan de ordenación forestal nacional, en el que había realizado una serie de cortas de bosque nativo entre 1951 y 1960 (^{Valtriani, 2008}), pero hasta 1963 la provincia le concedió una gran cantidad de beneficios para la explotación de los recursos boscosos. Por un lado, le otorgó la explotación de una gran superficie de hectáreas de bosque en Puerto Patriada, en concesión por 30 años, con posibilidad de renovación por 30 años más,¹⁰ y la propiedad de la madera de esta reforestación. También le brindó apoyo financiero para crear una planta de fabricación de aglomerados y le cedió la concesión de las aguas de la laguna Las Mercedes para proveerse de electricidad para la planta industrial (^{Valtriani, 2008}). En 1968 le renovó por cinco años más la reforestación del lugar. Ante la baja rentabilidad y la falta de cumplimiento en los apoyos provinciales que reclamaba la empresa para la instalación de la fábrica de aglomerado, la provincia la incorporó a un proyecto de reequipamiento y adecuación industrial que promovía la producción de viviendas y productos de carpintería industrializados. A partir de 1973 y hasta 1976, la empresa y la DGBYP se vieron inmersas en una serie de negociaciones. SAFE pidió nuevos proyectos de contratos, pero la provincia otorgó contratos a terceros sobre el área y le quitó la exclusividad. En 1979, se le otorgaron 858 ha más. Hacia 1983, la zona de explotación de la empresa se proclamó área turística y esto generó incompatibilidades con la producción forestal (^{Valtriani, 2008}). Por diversos motivos, la empresa comenzó a tener problemas económicos y quebró. En 1999, se declararon extinguidas las concesiones, y en 2002, se dictaminó la caducidad de la adjudicación de las 144 ha de Puerto Patriada. Muchos recuerdan la deuda nunca saldada de la empresa con los empleados, las frustradas iniciativas colectivas de reclamos, en especial la falta de pago de los aportes de seguridad social a varios de sus empleados a lo largo de todo su ciclo de funcionamiento.

RICARDO RAMÍREZ ARRIOLA ► “Cuando nos avisan en la noche que la paciente ya está en trabajo de parto, corremos a atenderla. Nos alumbramos con ocote por los caminos, para que todos se den cuenta, hasta los borrachos y los ladrones, que vamos a asistir un alumbramiento”. San Pedro Pinula, Jalapa, Guatemala, 2000. 

Por su parte, MANOSA no fue otra cosa que una agrupación de aserraderos familiares de baja escala —en su mayoría extranjeros, como sirio-libaneses, polacos, ucranianos o de primera generación argentina— que se encontraban en las localidades de Lago Puelo y El Hoyo. Se unificaron a comienzos de la década de 1970, bajo el decreto núm. 39/72 de la DGBYP de Chubut (^{Provincia del Chubut, 1972}), aunque algunos ex trabajadores sugieren que fue en respuesta a una presión ejercida por el Estado, que los amenazó con no permitirles seguir operando en la zona si no concretaban la integración. Desde sus orígenes, MANOSA fue pensada por el Estado provincial como una empresa forestal monopólica que incentivaría el desarrollo regional. Se buscaba una explotación “más eficiente” de los recursos, dado que, por su dimensión, los aserraderos resultaban antieconómicos y desperdiciaban materia prima (^{Provincia del Chubut, 1972}). Un ex empleado de MANOSA agrega que la idiosincrasia de sus dueños y la forma en que concebían “el negocio” frenaban las inversiones en maquinaria que les hubieran permitido una explotación con menor desaprovechamiento de recursos.¹¹ De manera que el proyecto de unificarlos, según el Estado provincial, respondía a propiciar una explotación de características industriales que evitara el desperdicio. El objetivo era integrar la explotación de la materia prima con un secadero, un aserradero y la fabricación de carpintería de obra, con la instalación de un vivero que produjera las plantas necesarias para las forestaciones compensatorias. A diferencia de SAFE, su presidencia fue rotativa entre los dueños de los pequeños aserraderos, pero como parte del mismo paradigma de desarrollo bajo el que operó, la empresa se dedicó a deforestar extensas superficies de bosque nativo y reforestarlo con variedades de pino en las localidades de Lago Puelo y El Hoyo.¹² El Estado le otorgó un crédito para instalar la planta industrial. Si bien el consorcio cumplió con su instalación, mejoró y elevó su productividad —en poco tiempo pasó de producir 500 000 a 2 000 000 de plantas anuales en su vivero—, lo cierto es que siguió operando con la mentalidad individualista de una empresa pequeña. La falta de afinidad societaria condujo a permanentes pujas de poder internas, en las que cada parte buscaba lo mejor para “su” pequeño aserradero, lo que limitaba y afectaba la actividad. Según testimonios de ex funcionarios y trabajadores calificados, esta falta de acuerdos y de trabajo conjunto trajo aparejados “desmanejos” —mala administración— y ausencias severas de control en los cortes y las intervenciones en el medio boscoso objeto de explotación. Cortes clandestinos, desperdicios de rollizos a gran escala —que se bajaban, pero no se utilizaban—, robo de madera, etc., fueron dinámicas frecuentes, producto de esta suerte de individualismo societario. La empresa tuvo varios problemas, en particular de liquidez,¹³ y su paquete accionario fue vendido a un empresario de la provincia. La planta funcionó hasta 1990 y arrastró hasta entonces diez años de decadencia. Buena parte de los pinos y de la tierra en la que éstos fueron plantados hasta hoy es una fuente de conflicto sin resolución.

^{Bourdieu (2006)} sostiene que en las economías precapitalistas los empresarios son los que “hacen al capitalismo”. Ahora bien, ^{Lins Ribeiro (2007)} señala la relevancia que tienen en la lógica del desarrollo, por un lado, los “procesos de consorciación” —es decir, el encadenamiento de distintos grupos de poder que organizan nuevas entidades o “consorcios” para cumplir tareas económicas y administrativas—, pues son formas de reforzar las relaciones capitalistas de modo piramidal, en las que los niveles elevados ejercen su hegemonía sobre los niveles bajos; y advierte la importancia que adquieren, por el otro, las relaciones personales, pues habilitan coaliciones público-privadas ad hoc. En este caso, observamos algunos rasgos vinculados a estos planteamientos que nos permiten pensar en el desarrollo en la periferia. En el caso de SAFE, el personalismo de su dueño, que impulsa una forma novedosa de extracción de valor en un rubro “tradicional”, como la explotación de la madera, y organiza de un modo particular el territorio de su empresa pero también sus lindes, es lo que, de alguna manera, torna “palpables” las aristas de una nueva organización económica en la región.¹⁴ Las palabras de su fundador resultan ilustrativas: “aprendimos que el primer cuento del bosque es que la riqueza no existe, hay que hacerla” (Ramón de Errasti, 1969, citado en ^{Valtriani, 2008}). En el caso de MANOSA, este proceso y la forma de aprehenderlo se hace complejo, pues el Estado, por medio de esas instituciones que le permiten expandirse para tener presencia en la periferia de su territorio, es el que crea, con el consorcio, un actor empresarial para racionalizar, organizar y optimizar la extracción de valor de la explotación forestal que llevaban a cabo de manera dispersa varias pequeñas empresas. Si la empresa de De Errasti logró imponer un estilo de trabajo y organización de la producción por sí misma y funcionó como “organizadora” de los tiempos y dinámicas de algunas localidades, con MANOSA ese proceso fue “posible” de manera compulsiva, y el Estado —con el proceso de consorciación— fue quien diseñó, organizó y potenció, aun con las dificultades puntuales que esto acarreó, esa forma de extracción y concentración de valor.

Ahora bien, para concretar este proceso de extracción de valor se requirió operar antes otro cambio. ^{Mastrangelo (2009)} sostiene que los recursos no son naturales; más bien, se naturalizan en determinados procesos de enunciación. Así, al clasificar algo como natural, se actúa y se opera culturalmente en función de esa representación. Ambas empresas, y por medio de ellas los proyectos de desarrollo que las hicieron posibles, provocaron intensos cambios en el paisaje, que supusieron un proceso por el cual se resaltó la condición “natural” del recurso —el bosque nativo—, al tiempo que se descontextualizaba de sus condiciones sociales de existencia y uso.

Entre condicionamientos y despojos: las acciones territoriales de las empresas y sus consecuencias para “los invisibles”

La explotación del bosque a lo largo de estas décadas estuvo signada por dos modalidades de usufructo de sus recursos. Implementadas en etapas, estas modalidades marcaron de manera diferencial el vínculo con los pobladores locales y sus medios de vida, incluso supusieron consecuencias distintas en los territorios.

Según un ex empleado responsable del destacamento de Epuyén de la DGBYP, antes de 1970, la explotación del recurso se basaba en el sistema de “entresaca”. Esto es, la DGBYP otorgaba un permiso anual de entresaca a cada empresa maderera, lo que le permitía extraer un número determinado de plantas por hectárea. Se seleccionaban las mejores para ser maderadas y se dejaba el resto en pie. Sin embargo, a partir de 1970, con el cambio de dirección de la DGBYP, comenzó una forma de explotación basada en el sistema de tala rasa. Este sistema de explotación forestal, que surge al mismo tiempo que se conforma MANOSA y es adoptado también por SAFE, se basa en la quita completa del bosque nativo, no sólo de sus plantas maderables, para su reemplazo por especies exóticas de rápido crecimiento. Si el productor cumplía con la plantación estipulada, la DGBYP le otorgaba otro permiso de desmonte completo el año siguiente.

La iniciativa de este tipo de explotación forestal se justificaba en tanto se preveía una mayor rentabilidad de estas plantaciones, comparada con la proveniente de la actividad ganadera ovina (^{Schlichter y Laclau, 1998}); un incremento del empleo respecto del requerido para el pastoreo tradicional, y una rápida adquisición de recursos, comparada con el aprovechamiento del bosque nativo. Mientras un bosque de lenga o ciprés, especies nativas, madura a sus 80 años de edad, los pinos lo hacían aproximadamente en la mitad de ese lapso. Esto produjo tensiones con los pobladores locales, pues contravenía tanto sus formas tradicionales de subsistencia campesina como la tolerancia que hasta ese momento habían tenido ante la intervención de terceros en el medio boscoso que ocupaban. Ciertas tradiciones y seguridades que organizaban la vida campesina se vieron desgarradas por estas novedosas intervenciones estatales y privadas sobre su espacio (Tovillas, citado en ^{Bourdieu, 2006}). Si bien el sistema de entresaca había obligado a los pobladores sin títulos de propiedad a permitir el ingreso de otras personas a su tierra para hacer uso —bajo intereses y decisiones ajenas— de los mejores recursos del bosque nativo, no perdían sus espacios de pastoreo, y en ocasiones, estos espacios mejoraban, pues la entresaca posibilitaba el ingreso de más luz solar.

El corte indiscriminado de las mejores plantas de ciprés produjo cambios importantes en el ambiente a largo plazo. No obstante, la situación se agravó a partir de la puesta en marcha del sistema de deslindes de parcelas para la tala rasa, que en Puerto Patriada se combinó con la clasificación y ordenamiento del espacio como Reserva Forestal Cuartel Lago Epuyén en 1964.¹⁵ Esto no sólo modificó el paisaje local de manera radical, sino que introdujo cambios abruptos y produjo problemas severos para el poblador, que devinieron en su empobrecimiento. En efecto, las hectáreas otorgadas por la provincia a estas empresas con propósitos de explotación forestal eran en su mayoría tierras ocupadas por pequeños campesinos y mapuches que habían logrado obtener un permiso precario de ocupación sobre el espacio, pero nunca su titulación. Esto habilitaba a las dos empresas madereras, secundadas por la provincia, para cercar áreas de desforestación y reforestación con alambrado, y a excluir al poblador del uso para el pastoreo. Esta exclusión continúa hasta hoy, producto de la acidez generada en el suelo por el monocultivo de pinos, que inhibe el crecimiento de pasturas.

Las familias, cuyo mayor capital eran sus animales, se vieron obligadas a venderlos o trasladarlos a espacios cercanos, con lo que perdieron gran parte de su patrimonio y riqueza, pues algunos se extraviaban, morían o eran robados.

El sistema de tala rasa, que provocó serias pérdidas en las posibilidades de reproducción de los sujetos, sumado a los contratos de concesión otorgados a los empresarios forestales, tornó desesperante el panorama del poblador. Ante la carencia de títulos de propiedad, los empresarios detentaban un contrato de concesión en el cual una gran cantidad de hectáreas del bosque de las localidades estaban sujetas a explotación. Es decir, si bien la DGBYP otorgaba permisos anuales para tala rasa y reforestación, lo cierto es que el contrato de concesión daba vía libre a MANOSA para poner bajo su ámbito de operación la masa forestal comprendida en los lotes allí detallados que, como apuntamos, abarcaba prácticamente toda la masa forestal aprovechable de esas localidades. De esta operación podían defenderse mejor quienes habían logrado tener títulos de al menos una parte de las tierras comprendidas en sus precarios permisos originales de ocupación:¹⁶

Es que ellos iban con el contrato de concesión donde estaba todo el territorio, todos estábamos ahí adentro, los convencían de que eso era de ellos, de la Maderera [MANOSA] y arreglan con el poblador (Entrevista con ^{ex empleado de MANOSA, Lago Puelo, junio de 2016}) [las cursivas son nuestras].

Acá, cuando yo trabajaba, ¿sabe qué? El martillo de Bosques [herramienta con la cual la institución marcaba la madera para talar] se le dejaba a los empresarios (Entrevista con ^{DP, ex trabajador de SAFE y reclamante de su territorio, El Hoyo, 4 de diciembre de 2014}).

La exclusión se justificaba con base en un aprovechamiento “racional”, industrial y moderno del bosque versus las formas tradicionales que, como sugeríamos, se entendían como obstáculos para el desarrollo. Los dueños de estos aserraderos fueron apodados los “industriales/empresarios” por parte de los pobladores, quienes en sus recuerdos suelen vincular su poder y sus acciones a lo que en efecto los empobreció, y en algunos casos, los obligó a dejar el campo para asegurar su reproducción.¹⁷

El pesar era vivido por el poblador, era un desgarro, ellos tenían sus animales, las plantas pasaron a ser más importantes (Entrevista con ^{ex empleado de MANOSA, Lago Puelo, junio de 2016}).

Y sería claro, trabajaría con el Estado, con provincia, sería que nadie lo paraba, ¿no? Porque ellos venían y hacían y deshacían. Después empezaron a meter los pinos, ¿vio? Y acá lo engañaron, dijeron que ellos sacaban la madera nomás. Al finado Pulgar le dijeron que ellos sacaban la madera y quedaba la tierra. Pero ya después empezaron a alambrar, ya después pasaron un alambre, agarraron todo eso para allá (Entrevista con ^{VL, ex trabajador de SAFE y reclamante de territorio, El Hoyo, 13 de diciembre de 2013}).

PROMETEO LUCERO ► Indígenas tu'un savi —mixtecos— lograron construir una clínica en la población de Mini Numa, después de interponer un amparo legal que obligara al gobierno estatal a atender a la población, 2008. 

Aunque a priori estos proyectos no parecían unidos a mecanismos de despojo, el trabajo de campo nos ha hecho comprender de qué forma la generación de empleo local que supuso este tipo de emprendimiento en la región se encuentra ligada a procesos de desposesión. Si como ilustra ^{Bourdieu (2006)}, en su lúcido trabajo sobre Argelia, conviven durante cierto tiempo disposiciones e ideologías económicas que pertenecen a distintas estructuras económicas, estimamos que en estos casos la generación de empleo, la propagación de la ideología hegemónica de desarrollo imperante de entonces y una serie de engaños que los pobladores suelen destacar fueron los dispositivos que permitieron, en muchas ocasiones, la dilación de formas de conciencia ante los efectos más nocivos de la nueva y masiva manera de intervención del bosque.

Las entrevistas que mantuvimos sobre el tema, la investigación de ^{Valtriani (2008)} sobre modelos de desarrollo forestal en Chubut, así como su análisis sobre lo sucedido en el área, señalan la alta tasa de empleo de estas industrias, ya sea de manera directa —permanente o estacional— o indirecta. ^{Valtriani (2008)} apunta que SAFE empleó a más de 150 trabajadores de planta y MANOSA a 300. A esto debemos sumarle la cantidad de jornaleros que trabajaban “en negro”, de manera estacional, y el empleo indirecto que la presencia de estas fuentes de trabajo producía.¹⁸

La generación de empleo a gran escala era algo desconocido para la zona. A la par, para muchos se trataba de la única fuente de trabajo cercana a su hogar y a la que podían acceder dado su bajo nivel de instrucción. Si bien suponía tareas muy pesadas y duras, incluso en las que se corrían ciertos riesgos físicos, no implicaba trasladarse lejos de la familia durante periodos prolongados, como en otros trabajos:

Tenías que saber trabajar en la cordillera. Saber pelear con los palos. Yo le tenía miedo a trabajar con las piedras porque se quedaban los palos. Se atrancaban porque los voltaban [sic] y quedaban cruzados. ¡Era muy duro! […] Había poco trabajo en los años 70 y era la única empresa que había en ese tiempo (Entrevista con ^{PI, ex trabajador de MANOSA y SAFE, Lago Puelo, 10 de marzo de 2015}).

No había otra cosa, ésa era la empresa que había. Todos estábamos contentos. Ni siquiera sospechábamos que íbamos a quedar sin nada (Entrevista con ^{DP, ex trabajador de SAFE y reclamante de su territorio, El Hoyo, 4 de diciembre de 2014}).

Asimismo, algunos visualizaban ciertas tareas como una extensión de las que estaban habituados a realizar en el monte. Las actividades de raleo y limpieza no eran ajenas a la vida campesina, más allá de que la actividad principal fuera la ganadería. Limpiar para reducir el riesgo de incendio y para acopiar leña, y mejorar las picadas para los animales eran tareas emprendidas por muchos en la zona. La nueva estructura de acumulación capitalista logró imponerse sin producir, en un principio, resistencias severas, pues el trabajo asalariado se acopló y superpuso a un hábito que, con diferencial acento, intensidad y sentido, algunos pobladores tenían, lo que propició una suerte de amortiguación de sus efectos adversos.

Como lo expresan en algunos relatos, la semejanza relativa con algunas actividades realizadas en el campo, y en especial la importancia que tuvo por ser la única fuente de ingreso cercano en contextos de escasez de recursos, fueron algunos de los motivos por los cuales las familias, que fueron perdiendo parte de su territorio de pastura, tardaron un tiempo en sentir la gravedad de esta reducción. A pesar de que hombres, mujeres y niños¹⁹ de las mismas familias a quienes cercaron sus espacios vitales y sus posibilidades de subsistencia recuerdan haber recibido un magro ingreso, a veces combinado con pago en especie por parte de SAFE, la menor productividad doméstica no se hizo sentir de manera acuciante en un primer momento.

A estos mecanismos se sumaba la dificultad para reclamar a las instituciones, sea por el poder que tenían los industriales como por la lejanía geográfica en la que estaban los espacios de reclamo. En el caso de SAFE, se agregaban las relaciones de tipo paternalista que, según algunos testimonios, Ramón de Errasti mantenía con los trabajadores, así como los engaños en los que recuerdan haber estado envueltos muchos pobladores por parte de ambas empresas:

Entonces le dice [De Errasti]: “Pulgar, ¿por qué no me das permiso para sacar la madera?”. Entonces el abuelo le dice: “si querés, llevate toda la madera, pero te voy a pedir que me dejes el campo cerrado y limpio para mis vacas”. Cuando el abuelo le da el aval, este… lo primero que hacen fue hacer un camino de alambrada allá, que es por todos los cerros, quemaron todos los cercos, lo primero que hicieron. Entonces empezamos a cortar, empezamos a cortar digo, porque yo también colaboré con eso sin saberlo (Entrevista con ^{DP, ex trabajador de SAFE y reclamante de su territorio, El Hoyo, 4 de diciembre de 2014}).

Porque MANOSA, como ser, los de Maderera, plantaron pinos. Que fueron con mentiras primero, porque yo me acuerdo. Llegaron los del bosque: “Don Domingo —le dicen— venimos a esto, a esto”. “¡Ah! ¿Qué?”. “Queremos sacar la madera, porque para esto es la madera. Y pero le vamos a traer pinos”, dice. Le dice: “¿qué es pino?”. “Pino —dice— que es una madera mejor. Y en tantos años usted llega a [...] tiene una madera linda y mejor que el ciprés y el coihue y todo”. Y dice: “crece muy rápido”. Y le dice: “ah, sí, pero esos pinos van a ser de ustedes porque nosotros ahora, este, sacamos la madera, le sacamos el bosque, ¿vio?, los cipreses, el coihue, los talamos”. “Bueno —dice él—, bueno, sí, bueno, saquen la madera”. Y ahí se metieron como… Claro, se lo llevaron todo a cambio de los pinos, ¿vio? […] Como le pasó a la gente de El Hoyo […], a todos le hacían el mismo baile, le presentaban el mismo plato. Y decía: “pero usted va a tener que sacar los animales porque los animales… van a poner los pinos ¿vio?” […]. Los sacaron para que ellos saquen toda la madera y se la lleven, la vendan y pongan pino. Y ahora, ellos son los dueños de los pinos […], de los pinos y de la tierra [ríe con ironía]. Era un daño, un daño moral a todos. No es que diga usted, yo hice daño a un solo poblador, nos hicieron daño totalmente a toda la zona [...], gente nativa (Entrevista con ^{VC, ex trabajador de MANOSA y reclamante de su territorio, Lago Puelo, 7 de abril de 2009}).

Como sugiere Gatti respecto a la empresa forestal del paraje El Coihue de Epuyén, estos emprendimientos forestales lograban obtener mediante un mismo movimiento los recursos de la tierra y “la propia mano de obra necesaria para su explotación a través del despojo de los campesinos” (2005: 11). No obstante, a pesar de todo, algunos recuerdan que ciertos pobladores ofrecieron resistencia a estos avances de las dos madereras. Lo hicieron cada uno a su medida y sus posibilidades: corrían alambrados, impedían el ingreso de “los industriales”, metían a sus animales en los espacios plantados:

Hubo resistencia, sí, le mandaban los animales adentro de las forestaciones (Entrevista con ^{EB, ex trabajador de MANOSA, Lago Puelo, junio de 2016}).

Ponían alambre. Y mi abuela iba y cortaba los alambres. Iban ellos, los de Bosques, y otra vez le metían los alambres. Los de Bosques, Errasti se llamaba. Porque ellos querían agarrar para sembrar pino (Entrevista con ^{EP, reclamante de su territorio, El Hoyo, 11 de diciembre de 2013}).

Y Bosques iba como policía. Como eran los dueños de la madera, decían: “yo voy a hacer esto y vamos a voltearlo allá”. Total, ellos llenaban el bolsillo, los pobladores quedaban en la calle y a ellos no les importaba que una familia muera o muriera un viejo. Le daba lo mismo. Así que fueron, y ahí, que dice m: “no, acá no se metan”, dice. “¿Por qué?” “Porque esto es ya es mío, y es propiedad”. “No —le dicen—, venimos a esto”. “No se metan —le dice—, si ustedes se meten lo…”. Y dice: “como siempre hay… Uno que anda de más, sobre esto…”, agarró y se metió. Pasó el alambrado y se metió en el campo de m. Y m ya le había dicho que no se meta. Así donde se metió, lo agarró a huascasos. Tenía una revólver, que le dio una paliza adentro que… Así que los otros se defendieron. Después la trajeron a la policía y al médico de El Hoyo, que lo cure. ¡No! Tenía unos… Después a m le trajeron, pero como […] era como un atropello de domicilio, así que no le hicieron nada. Y ése es el único lugar que quedó, que no se metió MANOSA (Entrevista con ^{VC, ex trabajador de MANOSA y reclamante de su territorio, Lago Puelo, 7 de abril de 2009}).

Pero también hubo ciertos rechazos de algunos pobladores sobre la tala innecesaria que se practicaba. Un ex trabajador de MANOSA recuerda haber visto 5 000 rollizos de coihue volteados en la tierra del poblador Alfredo Cárdenas, al oeste del río Azul, en Lago Puelo, que quedaron abandonados porque no podían bajarse desde la altura en la que habían sido talados. Según él, “Alfredo la peleó con Maderera [MANOSA] pero no pudo parar el daño” (Entrevista con ^{ex empleado de MANOSA, Lago Puelo, junio de 2016}). El relato resulta significativo, pues el consorcio conformado para paliar las formas precarias de producción de los aserraderos, que derivaban en desaprovechamiento del recurso, no evitaban el desperdicio. Producto del “desmanejo” e individualismo de sus socios, el acceso a grandes superficies boscosas y el nulo control estatal, el desaprovechamiento y el derroche se potenciaron.

Con el correr de los años, los pinos se convirtieron en una plaga que desertificó el suelo, y según algunos relatos de pobladores locales, modificó las condiciones climáticas hacia temperaturas más secas. En los últimos años, funcionarios de las instituciones relacionadas con el bosque se lamentan de los efectos nocivos introducidos por el pino y prevalece en el discurso oficial la importancia de preservar las especies nativas, en particular el ciprés. Algunos pobladores reflexionan sobre esa época y comparan la codicia de los empresarios forestales de entonces con la codicia inmobiliaria del presente. Señalan a ambas como severas formas de intervención del territorio en pos de un negocio para sectores concentrados del capital. En este contexto, y en el marco de las reflexiones sobre aquellas experiencias y sucesos vividos, el pino, lejos de ser considerado un “recurso natural” suele ser definido por los pobladores nativos como un “mugrerío”.

A modo de cierre

La visión ontológica que distinguió en esa época a los países desarrollados de otros que se encontraban subdesarrollados y debían alcanzar el desarrollo, se expandió en el imaginario social en el interior de estos últimos, que también dividieron espacios territoriales y sujetos para replicar estos imaginarios y categorías. Esto sucedió en Argentina y en la región patagónica, en la que ciertas áreas se diferenciaron, en tanto “atrasadas”, para promover ahí el desarrollo. En algunas, lo hicieron con proyectos de gran envergadura. En otras, como en el caso de la región del Noroeste cordillerano, se montaron emprendimientos de dimensiones menores, pero no por ello sin implicaciones a corto y largo plazo.

Diversos motivos nos orientan a pensar en las acciones emprendidas en el Noroeste cordillerano de Chubut como políticas e ideas de desarrollo en la periferia de la periferia. Por un lado, porque se trataba de espacios fronterizos alejados de las instituciones, no sólo nacionales sino también provinciales, y suponían poco interés para el capital hasta entonces interesado, en todo caso, en la agricultura y ganadería a gran escala, como la desarrollada en otras zonas del país, o la industrialización vinculada a determinados rubros. Por otro, porque, en comparación con otros proyectos impulsados en Argentina, las acciones de desarrollo desplegadas contribuyeron de manera menguada en términos económicos. Por último, porque se caracterizó por reproducir la inclusión subordinada y exclusión de la población, que desde la conformación del Estado-nación había sido incorporada a la periferia bajo derechos diferenciados y desiguales respecto del resto de la ciudadanía, y cuyas condiciones de vida eran precarias.

Hacia la década de 1970, mientras estos proyectos de desarrollo entraban en escena, pocos estudiosos ponían en entredicho tanto sus bases de pensamiento como sus posibles implicaciones. Furtado sostenía que la idea de que “los pueblos pobres podrán algún día disfrutar de las formas de vida de los actuales pueblos ricos” era utilizada para “movilizar a los pueblos de la periferia y llevarlos a aceptar enormes sacrificios” y formas de dependencia, socavar prácticas culturales diferentes, etc. (Furtado, 1975, citado en ^{Gudynas, 2011}). Junto a estos cuestionamientos provenientes de las teorías de la dependencia, otros elaboraron un informe, en 1972, en el que planteaban la existencia de límites —en especial ecológicos— a la idea de un crecimiento perpetuo (Meadows et al., 1972, citado en ^{Gudynas, 2011}). De ahí en adelante, las reflexiones y críticas respecto al desarrollo y las concepciones que secundaban estos proyectos siguieron su curso por diversos senderos teórico-metodológicos dentro de la academia (^{Escobar, 2005}; ^{Restrepo, 2006}; ^{Rist, 2002}). En la cordillera chubutense, como se pudo apreciar en este análisis, los “periféricos de la periferia”, los pequeños campesinos, muchos de los cuales se reconocerían y organizarían en los últimos años como comunidades indígenas reclamantes de sus territorios expropiados, fueron movilizados para intervenir en estas políticas con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Las posiciones y cuestionamientos que mantuvieron fueron divergentes y en ocasiones era difícil distinguir entre sujetos que se resistieron y sujetos que acataron con pasividad estos emprendimientos. Algunos ensayaron comportamientos combinados, recurrieron en ciertos momentos a tácticas que desafiaran las jerarquías de poder prevalentes, incluso siguieron reclamando con intermitencias hasta la actualidad. Otros hicieron sus denuncias más tarde y unos más no denunciaron o bien guardaron sus experiencias entre las que relatan dentro del hogar. Pero para la mayoría, a largo plazo, estas experiencias se materializaron de manera indeleble, no sólo en el paisaje local sino en su propia trayectoria, su subjetividad y sus luchas.

En años recientes, los reiterados encuentros en los que se comparten historias de experiencias similares en la región permitieron desplazar la historia de estos proyectos forestales de meras historias ambientales o productivas a complejas experiencias con las cuales pueden explicarse —y ahora comprenderse con detalle— sus historias de despojo y sufrimiento. Esto ha significado, en palabras de ^{Bourdieu (2006)}, una suerte de posibilidad de “reapropiación del porvenir” para muchos pobladores.