Introducción

La carencia alimenticia no puede ser tratada como un simple problema de falta de alimentos por ingresos insuficientes, sino como un asunto complejo que involucra la intervención de muchos actores. En realidad, el hambre tiene muchos rostros y éstos no pueden ser tratados de forma homogénea. A este respecto, la literatura es abundante. A inicios del siglo XXI, por ejemplo, ^{Quispe-Cornejo (2000)} consideró que existían básicamente dos corrientes que dominaban la interpretación del fenómeno del hambre: la marxista-leninista y la corriente del problema social. Según la autora, la primera enfatiza el aspecto demográfico del problema de la alimentación en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, con un enfoque crítico de las ideas burguesas. Por su parte, la segunda analiza el problema del hambre desde el punto de vista de su desarrollo histórico. Ambas corrientes convergen en que el hambre en la actualidad, obedece a ciertas lógicas de la crisis del capitalismo en determinada dimensión espaciotemporal. Por su parte, ^{Rufin (2004)} afirma que en los años 70, el hambre solía asociarse sobre todo al subdesarrollo; luchar contra el hambre consistía entonces en excavar pozos, aportar asistencia técnica a los agricultores y organizar el desarrollo.

Obviamente, estas posturas o antecedentes desde el punto de vista analítico, en la actualidad quedan cortas o tienden a ser insuficientes para una comprensión cabal u holística del “complejo fenómeno del hambre” (^{López y Martínez 2002}; ^{Ochoa y Muñoz-Muñoz, 2014}; ^{Argueta-Mondragón y Carrazón-Alocén, 2014}). En el caso específico de Zacatecas, los orígenes e impactos, las causas y manifestaciones de la carencia alimenticia son múltiples. Esto se debe principalmente a que el lugar donde viven las personas es un factor importante al momento de definir las oportunidades a las que tienen acceso, así como los desafíos que enfrentan; por lo cual, el problema del hambre merece ser analizado desde varias perspectivas.

En realidad, en las actuales condiciones sociales en México, la reproducción de la vida cotidiana de las familias en contextos de pobreza tiene como escenario el lugar donde vive la gente. Desde allí, las familias despliegan una serie de estrategias para cubrir sus necesidades básicas. Como lo plantea ^{Ceja-Mena (2004)}, para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable contar con una visión de cambio y crecimiento constante para el beneficio de la ciudadanía; este cambio depende, en gran medida, de la capacidad estratégica y administrativa en su modo de planeación e implementación de políticas públicas, que ayuden al desarrollo sociopolítico y económico de los diversos actores que participan en la dinámica funcional del Estado.

En México, cubrir las necesidades (en todos los ámbitos) de los ciudadanos es un desafío importante relacionado con la gran desigualdad en el modo de distribución de la riqueza nacional. Asimismo, las necesidades del pueblo mexicano tienen muchas dimensiones, tales como la potencialización de las capacidades humanas, la educación, la salud, la seguridad, el acceso a la infraestructura y los ingresos, entre otros; sus efectos, de igual manera, son multifacéticos y multidimensionales y, en general, se traducen en pobreza, hambre, inseguridad, vulnerabilidad y exclusión o marginación social.

La negación de estas múltiples dimensiones y realidades puede concebirse como una aproximación imperfecta a la noción de bienestar en términos de libertad o capacidad de una persona para elegir el manejo de su vida. Asimismo, resolver los problemas públicos como el hambre, depende en gran medida de la conjunción de los polos de toma de decisiones de los gobiernos, así como de las capacidades de los ciudadanos y de su habilidad para convertirse en “seres y haceres” (^{Mballa, 2017a}). Dicha habilidad está determinada en gran medida por el contexto político-económico en el que vive la gente y sobre todo, por las oportunidades de un trabajo productivo. Los esfuerzos coordinados entre las diferentes estancias del gobierno y los actores de los demás sectores (académico, empresarial, sociedad civil, etc.) permiten sostener el desarrollo económico y social de las comunidades en desventaja.

Por lo tanto, en este artículo, se busca aprovechar el modelo econométrico de regresión lineal múltiple con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para analizar cuantitativamente la problemática del hambre en el estado de Zacatecas. En primer término, la investigación plantea que la desregulación financiera ha influido en el sector agrícola en esa entidad federativa, ya que el libre mercado en dicho sector, sin duda alguna, ha afectado las condiciones de vida de los ciudadanos. En este sentido, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha profundizado la dependencia alimentaria para la población mexicana en general y para la del estado de Zacatecas, en particular.

En segundo lugar, después de una revisión de algunos datos generales sobre el estado de Zacatecas, resultó necesario analizar la problemática del hambre, sus principales causas y consecuencias a través de fuentes estadísticas nacionales y estatales. Con base en dichas fuentes, se elaboró una gráfica que muestra el Valor Agregado Bruto (VAB), la Población Económica Activa (PEA) y el Producto Interno Bruto (PIB) por municipio en Zacatecas, datos claves en la investigación, que permitieron la construcción del modelo.

En tercer lugar, se ha aprovechado el modelo econométrico para analizar esa problemática del hambre en Zacatecas. Dicho análisis se fundamenta en el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios con una justificación de las variables tomadas en cuenta para realizar dicho modelo. En efecto, como se demuestra en la investigación, el análisis de regresión múltiple puede emplearse para construir mejores modelos que permiten la comprensión de la realidad social. En este caso en particular, se muestran los resultados arrojados por dicho modelo así como su explicación en relación con la problemática del hambre.

1. Marco conceptual: la desregulación financiera y su impacto en el sector agrícola en México

La desregulación económica en el sentido amplio del término, resulta de una restricción relacionada con alguna actividad económica, impuesta por el gobierno a los diversos actores socioeconómicos. Se refiere a la liberalización de las fuerzas competitivas y la “no” obstaculización a la entrada y salida del mercado, que son sinónimo de la libertad de competencia (^{Ramírez-Hernández, 2007}). Es decir, el libre mercado en toda la expresión de la palabra, y todo lo que éste conlleva, incluidas las crisis en las que se ve inevitablemente inmerso.

Los ajustes estructurales en América Latina a lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado, siguieron fielmente los postulados del “Consenso de Washington” (^{Ornelas-Delgado, 2007}). Asimismo, la privatización y la desincorporación de empresas públicas fueron esenciales en los procesos de reformas estructurales en México. La primera fase comenzó en 1985 con la privatización de empresas paraestatales. La segunda se dio de 1989 a 1996, marcada por la renta de empresas grandes con poder de mercado (^{Kuntz-Ficker, 2010}); con ello, la intervención del Estado dio un giro radical, lo que tuvo como consecuencia el abandono de la estrategia que identificaba los sectores con potencial. Se volvió a lo ortodoxo, es decir, dejar al mercado hacer su juego y que las fuerzas del mismo hicieran lo suyo.

En México, la primera generación de reformas estructurales promovidas por las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banca Multilateral, etc.) iniciaron con el expresidente Miguel de la Madrid; su gobierno representó un parteaguas en el actual sistema político mexicano, por acabar con el “estado de bienestar” e incorporar plenamente a México en el modelo neoliberal. Con la política de Miguel de la Madrid, los cambios provocados en el campo mexicano se profundizaron en el sexenio de Salinas de Gortari, que con el pretexto de promover las reformas necesarias para el desarrollo del sector agropecuario, puso en marcha el Plan Nacional de Modernización del Campo, con un planteamiento de un conjunto de lineamientos, para eliminar la política proteccionista y la apertura comercial del sector. Ante la falta de apoyos gubernamentales para que los campesinos cultiven la tierra, muchos ejidatarios se transformaron en jornaleros de sus propias tierras.

A su vez, en la gestión de Ernesto Zedillo (1994-2000), la política exterior de México se enfocó, primero, a la resolución de la crisis financiera de 1994 y, después, a la búsqueda de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. La administración de Vicente Fox fue muy conservadora, pues sólo actuó para administrar los equilibrios macroeconómicos, sin arriesgar nada para estimular el crecimiento (^{Ornelas-Delgado, 2007}). El presidente Calderón heredó de su antecesor una política exterior dislocada, sujeta a las agendas personales de miembros del gabinete pero, sobre todo, seriamente limitada por la visión aldeana del expresidente inmediato anterior, incapaz de valorar la tradición diplomática de México (^{Levy, 2009}). El sexenio de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, se ha basado en el desarrollo de las “Reformas estructurales” las cuales, según sus creencias y convicciones, fomentan un ambiente propicio para el desarrollo empresarial, al fundamentarse en el free market, que busca la atracción de la inversión y tecnología extranjera.

Con una población creciente, una economía en expansión y un sector agrícola más orientado al mercado, México se ha convertido en el tercer socio de comercio agrícola más grande de Estados Unidos (después de Canadá y los 27 países de la Unión Europea) en términos de exportaciones e importaciones combinadas. En 2008, México representó alrededor de 13.9% de las exportaciones agrícolas de EE. UU. y 13.5% de las importaciones, tal como se definen y clasifican por el USDA (United State Department of Agriculture). Entre 1993 (el último año antes de la implementación del TLCAN) y 2008, las exportaciones agrícolas de EE. UU. a México se expandieron a una tasa anual de 10.4%, mientras que las importaciones agrícolas de México crecieron a una tasa de 9.7% (^{Crawford, 2011}).

En este sentido, la crisis alimentaria, que pudiera ser considerada como una consecuencia más del capitalismo, obedece a la lógica de una desregulación financiera y económica de un país (^{Calderón-Salazar, 2014}). En el contexto del modelo neoliberal, un orden agroalimentario global está totalmente interconectado en la forma de funcionamiento del régimen de acumulación. Según ^{Rubio (2013)}, los bienes básicos para la alimentación han orientado este orden mundial agroalimentario, esencialmente hacia las exportaciones. Quienes lideran los mercados mundiales en ese ámbito son los países desarrollados que desvalorizan las materias primas de origen agropecuario en orden de contrarrestar la caída de la cuota de ganancia; esto permite reducir costos de producción, para así exportar y vender a precios por debajo (inclusive y aunque parezca una paradoja) de sus costos de producción.

Esta tendencia se da por ser países altamente competitivos a todos los niveles, lo cual permite que sus gobiernos otorguen fuertes subsidios a los productores agrícolas. En este sentido, las empresas trasnacionales logran desplazar a productores locales, con ayuda de acuerdos comerciales que permitan aranceles de importación muy bajos. Estos precios reducidos se imponen como referentes en el mercado mundial, significando esto una competencia desleal frente a los agricultores de menor rango, como son la mayoría en el estado de Zacatecas.

En ese marco de la desregulación financiera, se introdujo un “sistema financiero sombra” (shadow banking) que abrió la puerta al capital especulativo en el ámbito de las materias agrícolas. A juicio de ^{Vega-Mena et al. (2013)}, la desregulación financiera y los ajustes subyacentes han implicado una drástica reducción de la cobertura financiera en el sector agropecuario en México, por lo cual, según los censos agropecuarios 1991 y 2007, las unidades de producción agrícola o forestal tuvieron acceso a 19% del financiamiento de sus actividades en 1991 y tan solo 4% en 2007.

Asimismo, los mercados de materias primas pudieron entrar en el sector de las especulaciones financieras y, sobre todo, en la mira de los index investors que buscan inversiones a largo plazo, atesorando mercancías por largos periodos. Así, se comenzó a impactar en el mercado de las materias primas, provocando alzas de precios a pesar de no existir cambios reales en el comportamiento de la oferta y demanda. Sin embargo, según ^{Rubio (2013)}, el aumento de precios internacionales en productos básicos del sector agrícola no se transmitió a los nacionales debido a una marcada oligopolización en el mercado de granos y el aumento de precios en los insumos provocado por el incremento del precio del petróleo. Esta situación se ha agudizado con los planteamientos del TLCAN, poniendo a México en una situación de dependencia en productos agropecuarios.

2. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como factor de dependencia alimentaria

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo de amplio alcance que establece las reglas que rigen el comercio y las inversiones entre Canadá, Estados Unidos y México (^{TLCAN, 2012}). Desde que el tratado entró en vigor, el 1 de enero de 1994, el TLCAN ha eliminado gradualmente las restricciones al comercio y a la inversión entre los tres países de la región de América del Norte. Como lo sustentan ^{Mella y Mercado (2006)}, dadas las características de la economía agropecuaria mexicana y las políticas de apoyo al sector en los tres países miembro, ha habido efectos favorables para el desarrollo de un grupo de productos y productores, así como consecuencias restrictivas en otro grupo de la economía agropecuaria mexicana. Para estos autores, las características del sector agrícola mexicano en el marco del TLCAN destacan lo siguiente: 1. Hay problemas de competitividad con el exterior en términos de subsidios y otras fuentes de abatimiento de costos; 2. Persiste un dualismo estructural (moderno y exportador frente al tradicional y de auto-consumo destinando excedentes al mercado); 3. El comercio es especializado (concentrado en Estados Unidos) y no intraindustrial, y 4. La inversión extranjera directa agropecuaria se ha contraído y ha registrado una creciente participación de Estados Unidos.

Por su parte, ^{Arámbula-Reyes (2008)} sostuvo que el TLCAN brinda a las empresas de América del norte un mejor acceso a los materiales, las tecnologías, los capitales de inversión y talentos disponibles en toda la región. En este mismo sentido, ^{Romero (2017)}, con base en estadísticas oficiales, afirma que el TLCAN ha sido profundamente desfavorable para México; a consideración del autor, después del desplome de la producción agrícola mexicana debido a la competencia a la que se vieron sometidos los agricultores con los de EE. UU. y de Canadá en el marco del TLCAN, casi 80% del arroz, 31% del maíz, 65% del trigo, 40% de la carne de cerdo, 16% de la carne de aves y más de 16% de la leche, son importados.

La propia agencia ^{Food Secure Canada (2012)} asegura que el TLCAN para el sector agropecuario ha profundizado la dependencia alimentaria de México en cereales, oleaginosas, carne de bovino, porcino y productos lácteos, perdiéndose así su soberanía alimentaria. Por su parte, ^{Crawford (2011)} reafirma que 70% de las importaciones agrícolas de México hacia sus dos socios del Tratado consisten en verduras, frutas y cerveza, gracias a la experiencia histórica de México en la producción de bebidas alcohólicas y su amplia gama de frutas y verduras.

En efecto, la agricultura en México en el marco del TLCAN ha mostrado un nuevo rostro en la agroindustria que ha internacionalizado su producción, empezando con los contratos de comercio en cultivos tradicionales. Tal integración ha generado todo un nuevo modo de unificación industrial mediante contratos de producción, “paquetes” tecnológicos para industrias enteras y formas no equitativas de control internacional sobre la producción agrícola (^{Losch, 2016}). También ha significado que la distinción entre los procesadores en agronegocios nacionales y multinacionales caiga en esquemas de homogenización de la producción alimentaria.

En la literatura actual, varios autores (^{Rivera de la Rosa et al., 2014}; ^{Urquía, 2014}; ^{Sánchez-Cano, 2014}; ^{Vela-Martínez y Armenta-Ramírez, 2015}; ^{Acosta-Acosta, 2017}; ^{Moral-Barrera y Murillo Villanueva, 2015}) enfatizan esta dependencia alimentaria de México ante sus socios del TLCAN. Asimismo, los planteamientos de estos autores justifican la afirmación de ^{Sánchez-Juárez (2013)} al respecto de la dependencia alimentaria de México, agudizada por la implementación del TLCAN, la cual ha provocado que el sector agrícola ya no esté básicamente destinado a producir alimentos para la población nacional, debido a que dicho sector funciona como “sector insumo” para los agronegocios y el comercio transnacional.

Del mismo modo, la urbanización del trabajador rural es un hecho derivado de la contraposición entre la creciente despoblación rural con la ascendente necesidad de fuerza de trabajo estacional en el medio rural. Así, el trabajador rural en el marco del TLCAN debe competir con trabajadores urbanos por un puesto de trabajo, pero en la realidad se da un hecho contrario, ya que el trabajador rural debe contrapesar la falta de trabajo en el medio rural con trabajo urbano. Existe una tensión en la búsqueda de trabajo, ya que la ciudad no ofrece para este trabajador una fuente de empleo seguro (^{Tolón-Becerra y Lastra-Bravo, 2008}). Con la investidura de Donald Trump como presidente de EE. UU., el destino del TLCAN ha caído en una incertidumbre innegable, con el riesgo de generar nuevos nichos de pauperización de la ciudadanía en desventaja.

El índice de dependencia alimentaria se define como “la proporción que las importaciones cubren del consumo nacional”, ^{Moreno-Sáenz et al. (2016)} han demostrado que este índice de dependencia de México frente a EE. UU., en el marco del TLCAN es de 43%, lo cual coloca a México en una posición desfavorable ante cambios exógenos; según estos autores, ese elevado índice de dependencia explica la deterioración de las condiciones de vida de los agricultores mexicanos y sus familias; por tal motivo, la readaptación productiva derivada de la modernización e industrialización, como lo exige el TLCAN, no ha resuelto los problemas del campo mexicano.

En su informe presentado en el periódico El Financiero, ^{Chávez (2014)} mostró con precisión las características de esa dependencia alimentaria de México ante EE. UU. en el marco del TLCAN. Las gráficas siguientes ilustran ese fenómeno.

Como puede observarse en estas gráficas y a juicio del autor, la soberanía alimentaria en México se ha estancado desde la entrada en vigor del TLCAN; en los últimos 20 años la dependencia alimentaria de México ha registrado un crecimiento sostenido, pasando de 10% en 1994 a 43% en 2013, a pesar de que el país ha destacado como exportador de cerveza, tomate fresco, aguacate, berries, chiles y tequila. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que en 1994 se importaron alimentos por un total de 1800 millones de dólares, en 2013 esa misma factura fue por 21,407,000; es decir, la balanza comercial agroalimentaria de México fue deficitaria por más de 3,374,000 de dólares (^{Chávez, 2014}).

Fuente: ^{Chávez, 2014}.

Gráfica 1 Panorama general de la dependencia alimentaria de México 

En este marco, destaca claramente que los resultados en el sector agropecuario son negativos; las expectativas que se tenían con el TLCAN no se han cumplido debido a que México no ha logrado aprovechar las ventajas competitivas en ese contexto de regionalización de los intercambios. Además, los problemas estructurales del agro mexicano como el atraso tecnológico, la falta de infraestructura e inversión de largo plazo han agudizado la dependencia alimentaria del lado mexicano.

En fin, podemos situar los intercambios agropecuarios en un marco del TLCAN y la dependencia alimentaria subsecuente, en la lógica de las asimetrías¹ en la cooperación internacional. Mientras que México adquiere de sus socios del TLCAN (principalmente de EE. UU.) los productos estratégicos para la alimentación del pueblo mexicano, como los ya mencionados, los norteamericanos adquieren alimentos “suntuarios y periféricos” para su alimentación, como la cerveza, el vino, el café o las frutas frescas. Esto indica claramente que en el marco del TLCAN, el intercambio en el ámbito agropecuario está basado en una relación asimétrica de complementariedades, que al final son nocivas para el campo mexicano, lo cual ha generado procesos de pauperización en la población.

3. La pobreza y el hambre: representación de los problemas públicos en México

Los datos precedentes sobre el estado de Zacatecas están alineados a la situación general de la pobreza en México, con mayor concentración en el sur y sureste del país, pero con matices que evidencian a otras entidades (^{Coneval, 2015}). Datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación (^{Coneval, 2017}) indican que a pesar de la disminución, la pobreza en términos porcentuales (en comparación con el 2014), cuatro de cada 10 habitantes en México en 2016 se encontraban en situación de pobreza, equivalente a 53,418,151 personas y a 43.6% de la población nacional y distribuidas de la siguiente manera:

Ahora bien, más allá de sus innumerables definiciones y aproximaciones, la pobreza es una condición socioeconómica y política en la cual las personas viven con muy bajos niveles de bienestar (^{Flores-Alonso, 2012}). En las agendas del gobierno mexicano, el tema de la pobreza como problema público² siempre ha ocupado un lugar preponderante. Esto significa que las políticas de combate a la pobreza y el hambre subsecuente se han incluido permanentemente en las agendas del gobierno, aunque sus dimensiones y características han variado en función de las ideologías dominantes, las condiciones macroeconómicas vigentes y las visiones de gobernanza en diferentes momentos (^{Mballa, 2015}).

En efecto, la sistemática transición de la pobreza en problema público tiene implicaciones trascendentales en la determinación de la agenda gubernamental, ya que implica un efecto de exclusión o inclusión debido a que todas las necesidades no pueden formar parte de la agenda del gobierno (^{Ibarra-Cortés y Mballa, 2017}). En México, la complejidad de esta transición nunca ha sido consecuente ni a priori; más bien ha resultado de una pugna incesante entre las autoridades legítimas (gobierno) y el conjunto de actores en situaciones de pobreza. Es precisamente en este sentido que ^{Flores-Payan y Salas-Durazo (2018)} aseveran que las acciones gubernamentales para la atención de problemáticas y demandas de grupos socialmente vulnerables se constituye en la identificación de las causas y los efectos que tiene una situación o condición específica en una población en particular para así incluirlo en la agenda pública.

El reconocimiento de la pobreza como una realidad problematizable es lo que ^{Roth-Deubel (2014)} denomina “representación de los problemas públicos”. Esto significa que la inclusión de la pobreza y el hambre subsecuente en la agenda del gobierno en México es resultado de la tensión entre la “objetividad/subjetividad/racionalidad” del gobierno y la “objetividad/subjetividad/racionalidad” de los actores en situación de pobreza o hambre.

Gran parte de las iniciativas públicas para combatir la pobreza en México se insertan en el paquete de los programas sociales (Solidaridad, Progresa, Oportunidades, la Cruzada Nacional contra el Hambre, etc.). En el estado de Zacatecas, la persistencia de la pobreza, a pesar de la implementación de diferentes políticas públicas y programas sociales para su combate, tiende a ser el resultado de procesos incongruentes e inacabados de los actores de toma de decisiones.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (^{FAO, 2017}) define a las personas con hambre (personas subalimentadas) como aquellas que habitualmente no comen lo suficiente para llevar una vida activa. Esto significa que el hambre es una consecuencia de la pobreza en su dimensión extrema. El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. En este sentido, la ^{FAO (2017)} considera que gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo de las personas del campo y proteger el medio ambiente. Actualmente en zacatecas, la pobreza alimentaria es uno de los principales problemas que materializa la marginación social; de acuerdo con estadísticas de Inegi, Zacatecas acarrea profundas carencias, de 1,579,000 zacatecanos, 850,000 son pobres; 300,000 pobres alimentarios y 89,000 pobres extremos (^{Castro, 2016}).

Ahora bien, el reconocimiento de la pobreza y el hambre subsecuente como problemas públicos, su agendación e institucionalización no obedecen a ninguna fórmula de acción política preestablecida (^{Roth-Deubel, 2007}). Este proceso requiere de un análisis y comprensión de los alcances, efectos y avatares de dichos problemas públicos, para ingeniar las políticas públicas necesarias en pro de su combate. Esta perspectiva que se cristaliza en la toma de decisiones le confiere un carácter de constructo social a las políticas públicas de combate a la pobreza, al hambre y a la marginación social, con base en la racionalidad de los diferentes actores involucrados en el proceso.

La experiencia en México ha demostrado que gran parte de las estrategias de combate a la pobreza y sus derivados han tenido un enfoque generalmente asistencialista-paternalista (los programas sociales mencionados anteriormente); la propuesta de esos enfoques en lugar de erradicar dichos problemas públicos los nutre y los perpetúa. En el marco de este artículo, consideramos que la orientación de las políticas de combate a la pobreza y al hambre han de descifrar la complejidad de esos problemas públicos. Descifrar esa complejidad implica contemplar, al menos:

Como bien lo puntualiza ^{Villarespe-Reyes y Sosa Ferreira (2008)}, aunque la pobreza haya existido desde hace siglos, su concepción y contenido han cambiado de acuerdo a los procesos y mecanismos de cohesión social que operan en cada momento del desarrollo social y, en consecuencia, las acciones para atenderla también. En realidad, es la solución de esos problemas públicos y el grado de satisfacción que genera a la ciudadanía, la que permite comprender la esencia, el fundamento y la ontología no solamente de las acciones de los diferentes actores (gobierno, sociedad civil, academia, sector privado... ), sino y, sobre todo, de las decisiones que han precedido esas acciones (^{Mballa, 2017b}).

4. Zacatecas y los avatares del sector agropecuario: predominancia de una estructura económica tradicional

Zacatecas tiene una extensión territorial de 75,284, lo cual representa 3.8% del territorio nacional. Sus coordenadas extremas son 25°09’ al norte, 21°04’ al sur de latitud norte; al este 100°49’ y al oeste 104°19’ de longitud oeste. Colinda al norte con el estado de Coahuila, al noroeste con el estado de Durango, al oeste con el estado de Nayarit, al este con los estados de San Luis Potosí y Nuevo León y al sur, con los estados de Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. Tiene una población aproximativa de 1,490,668, habitantes; lo cual representa 1.3% de la población nacional, ubicándose en la 25º entidad más poblada de México (^{Concanaco, 2014}). Está conformado por 58 municipios, como lo indica el Mapa 1.

Fuente: ^{Inegi (2005)}.

Mapa 1 Estado de Zacatecas con división política por municipios 

Zacatecas revistió una importancia económica de primer orden en la época colonial, producto de su legendaria riqueza minera, por lo que se convirtió en una de las principales fuentes de tributo para la Corona española. Sin embargo, a partir del siglo XIX, el estado ha sido un actor secundario y marginado de los grandes procesos económicos que ha vivido México (^{Arnaut y Giorguli, 2010} y ^{Vittrup-Christensen, 2016}). De este modo, la combinación de diversos factores propios de la entidad, aunados al carácter territorialmente concentrador de los patrones de desarrollo aplicados en el país, han propiciado una situación adversa para el desarrollo del sector agropecuario. En zacatecas, este sector se ha caracterizado por un escaso dinamismo e innovación, con una especialización en actividades de bajo rendimiento, la escasa remuneración de los trabajadores y una marcada incapacidad para generar empleos (^{Sagarpa, 2010}).

Hoy por hoy, la estructura económica zacatecana es marcadamente tradicional, donde las actividades primarias y extractivas representan una parte importante del empleo y la producción, en comparación con la composición económica del país; sin embargo, estas actividades aportan muy poco al crecimiento y desarrollo del estado. En la Gráfica 2 se muestra la aportación de cada municipio en materia del Valor Agregado Bruto, que es una aproximación al cálculo del Producto Interno Bruto municipal (^{Plan Estatal de Desarrollo, 2011-2016}).

Fuente: elaboración propia con datos del ^{Inegi, 2011}.

Gráfica 2 Valor Agregado Bruto per cápita por municipio (Zacatecas, 2009) 

En Zacatecas, según datos de ^{Inegi (2014)}, los municipios con un Valor Agregado Bruto más alto son Calera, Sombrerete y Zacatecas. Calera muestra un alto VAB en materia de manufacturas, por ser un municipio ubicado en medio de la zona industrial del estado. Sombrerete es un municipio minero y su VAB está fuertemente compuesto por este sector. El sector turismo aporta al municipio de Zacatecas gran parte de su VAB. Noria de Ángeles, El Plateado de Joaquín Amaro y Apulco se encuentran entre los municipios con menor VAB. De igual forma, se presentan fuertes rezagos en materia de productividad y competitividad de la mayoría de los sectores; esto se debe a factores como infraestructura deficiente, rezago tecnológico, reducido tamaño de las unidades económicas y especialización regional en ramas productivas de bajo valor agregado.

A pesar de ese sombrío panorama, las actividades agropecuarias constituyen un sector productivo muy importante para la mayoría de los municipios que conforman la entidad. La actividad agrícola se desarrolla en alrededor de 1.13 millones de hectáreas, que representan casi 6% de la superficie cultivada en el país. Dicha labor genera una producción cuyo valor es actualmente de poco más de 10 mil millones de pesos. Sólo 12.7% de la superficie cultivada en el Estado cuenta con riego, producto principalmente de la escasez de agua en la mayor parte del territorio estatal. En cuanto a la orientación de la actividad, continúan predominando los granos básicos, especialmente el frijol, cultivo al que se dedica 39% de la superficie, seguido del maíz grano con 23%. Les siguen en importancia la avena forrajera, el trigo, el chile verde y la cebada grano (^{Inegi, 2014}).

Para 2012, la economía zacatecana medida por su Producto Interno Bruto anual, ascendió a 123 mil 430 millones de pesos corrientes, cifra que representa aproximadamente 1.0% de la economía nacional, ubicándose como el quinto estado con menor PIB. En lo que se refiere al dinamismo económico en los últimos años, Zacatecas ha presentado un crecimiento promedio cercano a 4% que, si bien es mayor al promedio nacional, resulta insuficiente para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población y generar los empleos requeridos (^{Sánchez-Toledano et al., 2013}).

En efecto, la economía se caracterizó por una caída en el sector secundario (construcción y manufacturas), estancamiento de las actividades agrícolas y avance marginal de algunas actividades terciarias. Sin embargo, la recuperación de los ingresos por remesas del extranjero en la entidad 2.6% contribuyó a compensar parcialmente el bajo crecimiento del empleo formal en la entidad (^{Monreal, 2013}). Como consecuencia de ello, en el Informe de Pobreza y Evaluación de Zacatecas 2012, ^{Coneval (2012)} concluye que con respecto de las 32 entidades federativas, Zacatecas ocupó el lugar seis en porcentaje de población en pobreza y el lugar 12 en porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, se ubica dentro de las 10 entidades con mayor pobreza y hambre en el país. La Gráfica 3 muestra datos sobre la pobreza en Zacatecas en 2012.

Fuente: elaboración propia con datos de ^{Coneval, 2012}.

Gráfica 3 Población en pobreza en Zacatecas 2012 

Según esta gráfica, en 2012 del total de la población que habitaba el estado, 54.2% se encontraba en situación de pobreza; es decir, 835,517 personas de un total de 1,541,155 tuvieron al menos una carencia social y no tuvieron ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Del total de la población, 7.5% se encontraba en pobreza extrema, lo que significa que 115,296 personas tuvieron al menos tres carencias sociales y no tuvieron un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Del total de la población, 60.6% cuenta con un ingreso menor a la línea de bienestar y 30.3% con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.³ A nivel municipal, ese mismo informe indica los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza extrema repartido de la siguiente forma: 1. Fresnillo, 118,352 personas (56.1%); 2. Pinos, 58,628 personas (73.0%); 3. Guadalupe, 50,935 personas (34.7%); 4. Sombrerete, 38,423 personas (62.5%) y 5. Río Grande, 38,209 personas (62.9%) (^{Coneval, 2012}).

Como se observa, destacan varias incongruencias en el sector agropecuario en Zacatecas, con una clara predominancia de una estructura económica tradicional. Asimismo, independientemente de su temporalidad, estos datos constituyen una buena base para entablar un análisis del hambre en el estado de Zacatecas bajo el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios.

5. Marco metodológico: Procedimiento del modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios

De acuerdo con ^{Hanke y Wichern (2006)}, el procedimiento para el uso del MCO consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los valores del modelo.

Dado un conjunto n de parejas (xi,yi) de datos, se debe encontrar la ecuación de la recta y = ax + b que pasa lo más cerca posible de los puntos experimentales (de forma que éstos se repartan uniformemente alrededor de la recta). En este sentido, el método del ajuste por mínimos cuadrados o regresión lineal permite obtener la pendiente a de la recta y la ordenada b en el origen, correspondientes a la recta y = ax + b que mejor se ajusta a los n datos (xi,yi); es decir, permite establecer una relación funcional entre dos variables; donde x es la variable independiente e y es la variable independiente.

Dada una muestra aleatoria, con el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), se estiman los parámetros de la pendiente y la intercepción del modelo poblacional. Según ^{Wooldridge (2010)}, con la línea de regresión de los MCO se obtiene el cambio pronosticado en la variable dependiente (y) para un determinado cambio en las independientes (x1. x2, ...xk) El análisis de regresión múltiple es más adecuado para un análisis Ceteris Paribus debido a que permite controlar de manera explícita muchos otros factores que afectan en forma simultánea a la variable dependiente. Esto es importante tanto para probar teorías económicas como para evaluar los efectos que pueden tener esas teorías en la realidad social, es decir, cuando hay que apoyarse en datos no experimentales. Sin embargo, hay que reconocer que debido a que los modelos de regresión múltiple pueden admitir diversas variables explicativas que tal vez estén correlacionadas, puede esperarse una inferencia casual en casos en los que el análisis de regresión simple podría no dar buenos resultados.

Si al modelo se le agregan factores que pueden ser útiles para explicar y, entonces puede explicarse más de la variación en y. Por tanto, el análisis de regresión múltiple puede emplearse para construir mejores modelos para predecir la variable dependiente. Otra ventaja del análisis de regresión múltiple es que puede incorporar relaciones con formas funcionales muy generales. En el modelo de regresión simple, en la ecuación únicamente puede aparecer una función de una sola variable explicativa.

El modelo de regresión múltiple sigue siendo el vehículo más empleado para el análisis empírico en la economía y en otras ciencias sociales. Asimismo, el MCO se usa de manera general para estimar los parámetros del modelo de regresión múltiple (^{Wooldridge, 2010}).

Con base a ese planteamiento, el modelo general de regresión lineal múltiple puede expresarse de la forma siguiente:

En (1):

β₀ es el intercepto

β₁ es el parámetro asociado con

β₂ es el parámetro asociado con x ₂. Y así sucesivamente.

La variable “ε_t” es el término de error o perturbación. Este término contiene los otros factores distintos de x₁, x₂, …, x_i , que afectan a “y”.

No importa cuántas variables explicativas se incluyan en el modelo, siempre habrá factores que no se pueden incluir y todos ellos juntos están contenidos en ε_t (^{Wooldridge, 2010}).

6. Resultados: El análisis de la situación de hambre con base en el MCO en el estado de Zacatecas

El conjunto de datos o variables que se tomaron en cuenta para la caracterización del modelo en este artículo fueron los siguientes:

Promedio de años de escolaridad. La relación es Escolaridad-Ingreso. Una relación contundente que existe entre los años de escolaridad, entre más años de escolaridad se tengan mayor probabilidad de encontrar un trabajo mejor remunerado, y por ende menos probabilidad de padecer hambre. El dato se tomó de un informe realizado por la Sedesol en conjunto con el Coneval, donde se muestran los años de escolaridad en promedio de la población de cada municipio.

Promedio de habitantes por vivienda. Se considera que esta variable es de suma importancia y que se relaciona directamente con el hambre, pues como los estudios de la pobreza del Coneval lo indican, las familias más numerosas tienden a ser de las más pobres.

Valor Agregado Bruto (VAB) per cápita. Debido a la inexistencia de datos sobre el Producto Interno Bruto municipal en el estado de Zacatecas se calculó el Valor Agregado Bruto Total de la base de datos del ^{Inegi, 2010}, “Censo económico 2010”; para construirlo se sumaron las cifras totales las 18 actividades económicas que el Inegi contabiliza: agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, minería, generación de energía, agua y gas, construcción, industria manufacturera, comercio, transporte, información, y todos los servicios, de cada uno de los municipios del estado de Zacatecas. Al obtener la cifra se dividió entre el total de la población de cada municipio y se obtuvo el Valor Agregado Bruto Total Per Cápita, medido en pesos mexicanos.

Hectáreas cosechadas: Se consideró esta variable porque el estado de Zacatecas es un estado rural, donde una cantidad considerable de la población aún se dedica a este tipo de actividades. Está medida en hectáreas.

Porcentaje de población con Hambre, que se mide con el modelo. Las cifras son el porcentaje de gente con carencia alimenticia con respecto al total de la población del municipio.

Producto Interno Bruto (PIB) municipal estimado: Para incorporar esta variable, los datos del PIB fueron tomados de una investigación realizada por ^{Gonzalez-Estrada y Gallegos-Cedillo (2014)} con el título “El producto interno bruto de los municipios de México: II. Estados M-Z” en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. Dicha investigación propone un metodo no-parametrico para obtener los estimadores del Producto Interno Bruto (PIB) de los municipios de la república mexicana en su totalidad y por actividad económica.

Población Económica Activa (PEA) con alguna ocupación: Para obtener informacion sobre la población económica activa en Zacatecas, se recabó informacion de Inegi en un documento titulado “Censos y conteos de población y vivienda”.

7. Análisis econométrico con el MCO

Como se mencionó, el método utilizado se enfocó en la estimación de un modelo de regresión lineal múltiple por los MCO donde:

En (2):

y es el parámetro asociado a la variable hambre.

β₀ es el intercepto.

β₁ es el parámetro asociado a la variable Promedio Años de Escolaridad.

β₂ es el parámetro asociado a la variable Habitantes por Vivienda.

β₃ es el parámetro asociado a la variable Valor Agregado Bruto.

β₄ es el parámetro asociado a la variable Hectáreas Cosechadas.

β₅ es el parámetro asociado a la variable PEA ocupada.

β₆ es el parámetro asociado a la variable PIB municipal.

El modelo se aproxima a la satisfacción de los supuestos clave en el MCO. En la Tabla 2 siguiente se muestran los resultados obtenidos del modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios, usando el programa estadístico para computadora “Gretl”.

Contraste de normalidad de los residuos -

Hipótesis nula: el error se distribuye normalmente

Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 0.147696; con valor p = 0.928813

La (l) indica el uso de logaritmo para cada variable

Contraste de especificación RESET -

Hipótesis nula: La especificación es adecuada

Estadístico de contraste: F(2, 48) = 1.64306; con valor p = P(F(2, 48) > 1.64306) = 0.204077

De la Tabla (2), se construye la ecuación (3) donde se toman los valores de los coeficientes y se asocian a sus variables.

En (3) el intercepto β₀ es el valor predicho para hambre^ cuando todas las variables son igual a cero. Es decir, en caso de que la variable constante fuera significativa y todas las demás variables (explicativas) tuvieran un valor igual a cero la población con hambre sería de -.0861412. Dado que no puede haber una población en negativo, el intercepto no tiene en sí ningún significado.

Estimaciones más interesantes son las que arrojan los coeficientes “promedio de habitantes por vivienda y promedio de años de escolaridad”. Como era de esperarse, existe una relación parcial positiva entre el número de habitantes por vivienda y el porcentaje de personas con hambre; la interpretación es que con las variables: años de escolaridad, VAB per cápita, hectáreas cosechadas, PIB municipal y PEA ocupada, constantes (Ceteris Paribus), cada punto más en habitantes por vivienda, o sea cada habitante agregado a la vivienda, aumenta en 3.75 unidades el porcentaje de personas con hambre.

Es decir, si se eligen dos municipios, A y B, y éstos tienen el mismo promedio de años de escolaridad, mismo VAB, mismas hectáreas cosechadas, igual PIB municipal e igual PEA ocupada, pero en A habita en promedio una persona más en la vivienda, que en B, se predice que en el municipio A puede haber 3.75% más hambre que en municipio B. Los tres asteriscos en el p value en este parámetro estimado indican que la variable es al 99% significativa, lo que quiere decir que explica de una manera efectiva al hambre como la variable dependiente considerada en el estudio.

El signo de años de escolaridad, implica que con Ceteris Paribus, un cambio de un punto en años de escolaridad tendrá un efecto de -1.3 sobre el porcentaje de población con hambre. Se predice que un año más de educación disminuye la probabilidad de hambre en 3.33%. Lo que concuerda con la teoría descrita anteriormente, donde se estipula que la población con mayor escolaridad tiene mayor probabilidad de obtener un trabajo mejor remunerado y por ende, su probabilidad de tener carencia alimenticia es menor. Al igual que en parámetro estimado “habitantes por vivienda”, el parámetro estimado asociado a años de escolaridad tiene una significancia de 99% en el valor de la variable dependiente, es decir que esta variable explica de una forma muy convincente a la variable que se está tratando de estudiar.

El valor estimado para la variable hectáreas cosechadas con Ceteris Paribus arroja un valor de -0.0120103. En caso de que esta variable fuera significativa (la cual no lo es debido al p value), indicaría que una vez que se haya tomado en cuenta el número de habitantes por vivienda, años de escolaridad, el VAB y las hectáreas cosechadas, una hectárea más cosechada en el estado de Zacatecas, reduciría el hambre en 0.0120%. Sin embargo, esta variable no tiene gran significancia. El valor p no es significativo, como puede ser corroborado en la Tabla 1.

La variable Población Económicamente Activa Ocupada (PEA ocupada) tiene un valor de 0.103. Lo que resultado indica es que, al variar en 1% la PEA ocupada, el hambre fluctua en 0.103%. Esta variable no es significativa a la hora de la explicación de la variable dependiente; quizás, se puede justificar por aspectos como el hacinamiento o que actualmente los jóvenes vivan más tiempo en las casas de sus padres. Estos elementos se relacionan estrechamente con el ingreso, lo cual significa que la vivienda y sus espacios, generalmente, se configuran como un espejo del ingreso.

El PIB es una variable macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año. En cuanto al PIB municipal per cápita en Zacatecas, el modelo arrojó un valor del coeficiente de 0.0319442 con un p value poco significativo. Sin embargo, en caso que éste fuera significativo, lo que el modelo nos está diciendo es que las variaciones en el PIB influyen en la población con hambre en valor del orden de 0.031%. Sin embargo, es necesario comentar que el PIB per cápita no retrata la verdadera distribución del ingreso, al no reflejar la riqueza real de las familias y de las personas que viven en las casas.

Conclusiones

Después de este recorrido, el MCO nos indica que cuando se habla de análisis de una problemática como la del hambre, es necesario no sólo mirar su proceso global y sus características esenciales, sino también indagar las formas singulares como se involucran las demás dimensiones susceptibles de generarlo. Dicha tendencia abre el telón para la consideración de la multifactorialidad/multidimensionalidad como germen de cualquier problema público.

Asimismo, se observa que los resultados arrojados por el modelo son contundentes en términos epistemólogos. Concuerdan con los objetivos planteados. Tomando en cuenta las variables independientes del modelo econométrico construido, se observa que el número de habitantes por vivienda es el factor más importante al momento de determinar la probabilidad de padecer hambre. Es cierto que esta conclusión no requiere de comprobaciones de matemáticas; sin embargo, incluye de manera implícita e inductiva, el impacto de los subsidios y transferencias directas, que precisamente están vinculadas al número de habitantes de las familias en situación de pobreza y de carencia alimentaria.

Al ser Zacatecas un estado marginado, poco industrializado y en desventaja frente a los demás de la republica mexicana, este análisis nos advierte que el aumento de un habitante en la vivienda, incrementa considerablemente la posibilidad de padecer hambre en el mismo. De igual manera, los resultados muestran que un año más invertido en formación académica de una población es susceptible de disminuir la probabilidad de que ésta padezca carencia alimenticia. Por lo que se puede decir que la inversión en la educación es uno de los mejores mecanismos a largo plazo para combatir este problema. La tierra es un tema aparte, a pesar de que el estado Zacatecas sea líder en la producción de algunos productos básicos para lo hogares mexicanos, esta producción no aporta una cantidad considerable al PIB estatal ni nacional, y como se comprueba con el modelo, no tiene significancia sobre la variable estudiada.

Finalmente las variables Producto Interno Bruto, Valor Agregado Bruto y Población Económicamente Activa ocupada muestran resultados poco significativos, lo que evidencia que el hambre es un problema de alta complejidad que necesita ser estudiado desde diferentes enfoques. El gran desafío aquí es tener la capacidad de relacionar todos los elementos susceptibles de explicar los avatares del padecimiento del hambre en una población, ya que la carencia alimenticia es un problema derivado del complejo fenómeno de la pobreza. En este sentido, el análisis del hambre estudio desde un modelo matemático, tiene que ir de la mano con muchos más estudios cualitativos que ayuden a entender esta realidad social. En este sentido, compartimos la idea de ^{Bardach (1998)}, según la cual el análisis de cualquier problemática social, es más un arte que una ciencia, se basa tanto en la intuición como en el método; es la manera como se utiliza el conocimiento desde una perspectiva multidisciplinaria, para descifrar los enigmas y complejidades de los problemas sociales.

Para concluir este artículo, pensamos que una concepción del hambre desde su complejidad, obliga a abordarlo de manera integral a partir de los enfoques de subsistencia, de necesidades básicas y de capacidades, entre otros. A través del enfoque de subsistencia, es necesario centrar el análisis en la dimensión distributiva de los recursos; con respecto a la perspectiva de las necesidades básicas, centrar la atención en sus manifestaciones y en cuanto al enfoque de las capacidades, incorporar la explicación estructural de las causas, los alcances, los efectos y las consecuencias del hambre. Este planteamiento significa que, más allá de las dimensiones espaciotemporales, la aplicación de la regresión lineal es susceptible de generar información útil, quizás no tanto por el resultado en términos matemáticos, sino por el análisis de las diferentes variables tomadas en cuenta.