Los industriales rosarinos

La principal organización de los industriales, la Unión Industrial Argentina, representaba los intereses de los empresarios afincados en Buenos Aires y en particular los más concentrados. Si bien la relación de la rosarina Federación Gremial con esta organización fue muy débil, la más clara adscripción a la Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción -representativa ella también de intereses económicos concentrados y de capitales extranjeros-, se agotaba en el transcurso de los años precedentes.

Las organizaciones locales, como la tradicional Bolsa de Comercio de Rosario o el Centro Unión Almaceneros, no contemplaban las demandas específicas del sector industrial. De modo que ante la escasa identificación de los grupos industriales de la ciudad con las organizaciones existentes, la Federación Gremial pasó a ocupar ese espacio de representación corporativa en el ámbito regional.

Sin embargo, este proceso adquirió ritmos y temporalidades específicas. Los años de la segunda guerra mundial representaron para la organización de los industriales rosarinos -y su pugna por la representación- un momento crucial, de definitivo encumbramiento en las comisiones directivas de los grupos burgueses vinculados a las actividades industriales. Ese ascenso estuvo liderado por comerciantes mayoristas e importadores -o sus representantes-, quienes migraron una porción de sus negocios hacia las actividades industriales. En paralelo se desenvolvía otro proceso: el desembarco en las comisiones directivas, de patronos de pequeños talleres, industriales de establecimientos de pequeñas dimensiones, que nutrieron la fundación de cámaras de base, surgidas dentro de la Federación Gremial, como las de madera, mueble, vidrio, metalúrgica, entre otras. Este proceso apenas despuntaba para profundizarse durante los años peronistas.

De modo que el carácter de "bisagra", que revistió al periodo, quedó evidenciado, por un lado, en los principales liderazgos de la Federación Gremial, aún en manos de los industriales-importadores, como en el caso del presidente Ernesto Daumas y el vicepresidente Enrique Vilamajó, y por otro lado, en la progresiva identificación de la organización con la pequeña y mediana industria local y sus intereses y demandas, impulsadas por los nuevos liderazgos.

Daumas¹ era ya un experimentado líder empresarial cuando fue elegido presidente de la Federación Gremial en 1939 y sus posturas favorables a la industrialización eran conocidas. En 1930, un artículo de su autoría fue publicado en la Revista de Economía Argentina y prologado por el propio Alejandro Bunge, en donde cuestionaba la dependencia de la economía nacional de las exportaciones agropecuarias

cuando las demás naciones se hallan empeñadas en un gigantesco esfuerzo para bastarse a sí mismas, nos exponemos inconscientemente a quedar sin recursos para proveernos de los objetos indispensables a la vida de la población. [...] [El gobierno debía] propender aun a riesgo de disminuir el comercio exterior; a desarrollar los recursos internos del país hasta independizarlo del extranjero en todo cuanto su suelo pueda suministrar (^{Daumas, 1930, p. 40}).

Poco más de una década más tarde, ya como presidente de la Federación Gremial, ^{Daumas (1941) (pp. 7-12)} sostenía la necesidad de defender y fomentar el sector industrial ante el previsible descenso de las exportaciones para evitar la "disminución del poder adquisitivo interno y externo, paralización comercial, desocupación, baja del standard de vida"; también consideraba que el país poseía condiciones favorables para aspirar "a una total independencia económica [... e] imprimir a su comercio exterior el rumbo y extensión que convengan a sus intereses". De modo que las actividades manufactureras debían "ser intensificadas prudentemente hasta colocarlas en condiciones, cuando así lo exigiera el equilibrio de la balanza de pagos, de proveer la totalidad de los objetos indispensables a la vida y a la defensa de la población".

Para ^{Daumas (1941)}, el desarrollo industrial estrechaba e incluso eliminaba la dependencia con el extranjero, creaba trabajo y consumo, atraía población, elevaba el nivel de vida social e intelectual: "Hacer en casa cuanta mercancía necesitamos para el propio consumo debe ser nuestro lema[...] Sólo pueden aspirar a su completa independencia política los pueblos que cuentan con recursos propios para vivir y defenderse" (pp. 7-12). Era preciso intensificar el crecimiento industrial en ramas como alimentación, vestido y construcciones para reducir las importaciones y proteger con derechos aduaneros las industrias química, de papel y cartón, vehículos y maquinarias. Para debatir estos temas y ante la urgencia de la coyuntura, ^{Daumas (1940)} proponía la constitución de un organismo nacional asesor compuesto por industriales y funcionarios para estudiar y fomentar actividades fabriles "de utilidad pública", mediante el crédito oficial o formando sociedades mixtas (pp. 4-8).

En correspondencia con planteos de ingenieros y militares en el ámbito nacional, Daumas consideraba indispensable encarar la explotación minera para construir la industria pesada. "País sin hierro, [-afirmaba- era un] país desarmado" (pp. 4-8), enfatizando así su importancia para la defensa nacional. Las medidas adoptadas por el gobierno, en particular la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, eran exaltadas por el líder empresario para quien la intervención del Estado se tornaba crucial. Alertaba también sobre un tema que se tornaría central durante la guerra, el problema de la conflictividad obrera, consecuencia natural de la caída de la producción industrial, para lo cual era preciso adecuar la legislación.

Si estos temas resultaban coincidentes con los que circulaban en la capital nacional, la cuestión de la centralización de las actividades manufactureras fue un tópico particular y recurrente en los debates rosarinos. Para Daumas, en Argentina el centralismo se encontraba exacerbado, lo cual constituía un problema que era a la vez social, económico, político y militar. Para resolverlo, se formularon propuestas y políticas de acción. Se proponía la descentralización de oficinas públicas nacionales, el otorgamiento de mayor independencia a las existentes, la representación de empresarios de las provincias en entes nacionales, una distribución racional de las plantas industriales sobre la base de la proximidad a las fuentes de materias primas y energía y a los mercados de consumo (^{Daumas, 1940, pp. 4-8}). La macrocefalia rioplatense, afirmaba, "no tiene precedente en ninguna otra parte del mundo, y en ninguna época", e ilustraba sus afirmaciones con cifras y porcentajes que fundamentaban su postura. Y finalmente aseveraba: "Tamaña concentración coloca al interior en estado de vasallaje absoluto" (^{Daumas, 1941, pp. 7-12}).

No obstante, ^{Daumas (1940)} consideraba que Rosario poseía una sólida base industrial previa (alimentación, papel, fabricación de armas, destilería de petróleo, entre otras) y condiciones propicias (costa accesible a la navegación ultramarina, una significativa población obrera, disponibilidad de agua, tierras de bajo costo, ubicación en la zona de influencia de futuras centrales hidroeléctricas, distancia adecuada a otras grandes aglomeraciones urbanas, red ferroviaria y caminera) que debían ser potenciadas por determinadas políticas estatales (puerto franco y zona industrial, participación de los actores económicos locales en la administración del puerto, exención de impuestos municipales y provinciales) para erigirse como un importante centro manufacturero. Para ello hacía falta una política de descentralización industrial que contribuyese a la creación de fuentes de trabajo y al arraigo de poblaciones de manera equilibrada en el conjunto del territorio nacional (pp. 4-8).

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Gremial, Enrique Vilamajó, fue uno de los más activos participantes de los debates sobre la industrialización, sus potencialidades y límites.² Si bien tras la crisis de 1930 sostuvo posturas librecambistas y reactivas a la promoción industrial (véase ^{Vilamajó, 1933, pp. 9-10}), este líder empresario se había convertido hacia finales de la década en un activo promotor de la industrialización y de la descentralización económica y un defensor de la radicación de industrias en la ciudad, para lo cual estimulaba la adopción de políticas activas por parte de los municipios.

En ^{Vilamajó (1938)} también aparece con fuerza la necesidad de adoptar políticas para evitar conflictos sociales, pero en su caso los esfuerzos tendían a "conjurar" la fama de Rosario como "la ciudad de las huelgas y de los conflictos obreros" para propiciar radicaciones industriales.³ Para "evitar que vuelva a formarse una atmósfera de desprestigio en torno a la ciudad" (pp. 19-20), postulaba la intervención estatal en estos temas, así como la responsabilidad empresarial en propiciar políticas como asistencia médica al obrero y seguros de vida que tendiesen a involucrar a los trabajadores "en el éxito de la fábrica, pues de ello depende la seguridad de su hogar" (pp. 19-20). Estas posturas orientadas a exaltar las relaciones armónicas de trabajo, los altos salarios y la creación de dispositivos diversos de bienestar para los trabajadores fueron crecientemente compartidas por empresarios, profesionales y funcionarios y estuvieron asociadas al recrudecimiento de la conflictividad obrera a partir de 1936, potenciado por la recuperación de la economía y el crecimiento de la militancia comunista en los gremios industriales (^{Simonassi, 2014}; ^{Vilamajó, 1938, pp. 19-20}).

Vilamajó fue uno de los empresarios que más sistemáticamente cuestionó la desproporción entre la industria de Buenos Aires y Rosario en relación con las posibilidades existentes. De acuerdo con su perspectiva, la falta de una política de fomento industrial y el encarecimiento de las materias primas importadas por el puerto debido a los mayores fletes y gastos eran las razones fundamentales (^{Vilamajó, 1939, pp. 11-12}). No sin cierto pesimismo, el centralismo porteño era señalado como "el mayor obstáculo que tendrá Rosario para su engrandecimiento: la centralización absorbente de Buenos Aires, pero en este punto, el problema deja de ser rosarino para convertirse en argentino, pues afecta a todo el interior de la República" (pp. 11-12). Contrarrestar y revertir esa realidad era, para el dirigente empresarial, tarea del Estado nacional.

La prensa rosarina participó en diversas ocasiones sobre el debate en torno a la industrialización regional y la crítica al centralismo porteño. El diario La Capital reconocía la importancia lograda por la producción industrial en la región, pero advertía enfáticamente sobre la excesiva intervención del Estado y el proteccionismo desmedido.⁴ No obstante, no dejaba de exaltar el crecimiento registrado por el sector en Rosario.⁵ Por el contrario, La Tribuna, otro de los principales diarios rosarinos, cuestionaba la política oficial para demandar crecientes esfuerzos para impulsar la producción industrial.⁶ Contra el centralismo porteño, sin embargo, se pronunciaban coincidentemente los dos medios locales y convocaban a los rosarinos a luchar para revertirlo.⁷

El gobierno provincial -al frente del cual se ubicó entre 1937 y 1943 la Unión Cívica Radical de Santa Fe, que respondía al radicalismo antipersonalista- promovió el debate en las Cámaras provinciales de una ley de fomento industrial que impulsara el rumbo industrial que la provincia adquiría, potenciando las posibilidades que la segunda guerra mundial había abierto para la satisfacción del consumo interno. No obstante, advertía que la acción estatal debía orientarse a favorecer aquellas industrias que utilizaran materias primas nacionales "para evitar que se creen industrias artificiales antieconómicas, que no podrían sobrevivir en una época normal".⁸ Si bien en esos debates se esgrimieron diferencias respecto a qué industrias proteger y qué porcentajes de exenciones aplicar, todos los partidos con representación finalmente, en 1942, votaron la ley de fomento industrial, con un criterio adverso a la autarquía e inclinado a la promoción de industrias que utilizaran materias primas nacionales o que tendieran a cubrir necesidades del mercado interno.

Los profesionales rosarinos

Convergiendo con estas posturas y ante la alarma provocada por la coyuntura del final de la guerra, un grupo de ingenieros y economistas rosarinos editaron una serie de publicaciones, algunas de ellas con el subsidio de empresas y corporaciones empresariales. Entre 1944 y 1945, las publicaciones Argentina económica e industrial (1944a) y Argentina en la post guerra (1946) -a cargo de Pedro J. Cristiá,⁹ Elías Díaz Molano¹⁰ y Samuel Gorbán,¹¹ entre otros- tuvieron como propósito resaltar las limitaciones del proceso de industrialización, que consideraban obedecían a las "improvisaciones, ensayos y extravíos" de los sucesivos gobiernos, al tiempo que aseveraban que era posible torcer el rumbo reestructurando la economía en la posguerra (^{Cristiá, Díaz Molano, Gorbán, Lazarte, López-Mayer y Ottado, 1946}).

Cada capítulo de Argentina en la post guerra, abordaba de manera autónoma los diferentes temas -población, salud pública, producción, energía, industria, comercio exterior, bancos y régimen impositivo- y culminaba con diversas propuestas de acción. En el capítulo correspondiente, ^{Cristiá et al. (1946)} reseñaban la historia de la industria hasta 1935 a partir de datos censales, mientras que para analizar la evolución del sector industrial durante la guerra hasta 1942 utilizaban estadísticas industriales.

Allí ^{Cristiá et al. (1946)} resaltaban el "extraordinario empuje alcanzado por nuestra industria en su afán de cubrir nuestras necesidades y al mismo tiempo estructurar una gran industria nacional" (p. 303), así como las limitaciones: el crecimiento de industrias, como las de maquinarias y vehículos, sin el correspondiente aumento de personal ocupado, un constante incremento de las exportaciones de productos industrializados, pero también una notable participación de materias primas importadas en ramas fundamentales como la citada. Esta situación era particularmente remarcada como demostración de la dependencia económica: "la independencia de un país no se alcanza única y exclusivamente a través de su industrialización, sino que ella constituye un proceso de magnitud y complejidad en el que se incluyen numerosos factores entre los cuales, al lado del desarrollo industrial se encuentra el de la reconquista de los servicios públicos, aumento de la población, creación de fuentes de energía permanente y creación de una conciencia nacional..." (p. 303).

En la obra colectiva Argentina en la post guerra, se postulaba la pertinencia de la intervención estatal en diversos aspectos: si bien los autores entendían que el Estado debía fomentar las industrias que utilizaran materias primas nacionales, avanzaban en la propuesta de explotar recursos naturales que permitan:

levantar... la gran industria siderúrgica que el país necesita y nuestra economía reclama [...] Cuando de nuestras fábricas salgan las máquinas industriales que hasta hoy importamos, cuando nosotros mismos fabriquemos los repuestos para ellos, cuando hayamos levantado altos hornos y fabriquemos elementos de precisión, entonces y solamente entonces, habremos alcanzado un grado de industrialización tal, que será uno de los sólidos pilares sobre los que ha de asentarse nuestra total independencia económica y política (^{1946, pp. 305-306}).

Aunque aún no estaban generalizadas en las corporaciones rosarinas, las ideas sobre la necesidad de promover la industria pesada formaban parte de la ideología sobre la industrialización que circulaba en los textos que leían y financiaban los industriales y eran adoptadas por algunos de sus líderes, como es el caso del propio Daumas.

En cada uno de los capítulos de la obra Argentina en la post guerra, los autores se ocupaban de analizar los desequilibrios existentes entre Buenos Aires y el interior, y sancionaban: "Buenos Aires nos gobierna política y económicamente como el emperador a sus vasallos" y "Nuestro régimen de federalismo político fracasa, entre otras razones, porque no descansa sobre el federalismo económico" (p. 7). En este aspecto era fundamental la actuación del Estado para promover la eliminación de fletes diferenciales y las desigualdades impositivas, el acercamiento de las reparticiones oficiales, el desarrollo de una red caminera, la canalización de los ríos, la electrificación de los saltos de agua que promuevan la industrialización de la materia prima en las zonas de origen (p. 319). El Estado debía mirar hacia el interior del país, buscando en sus "inexploradas riquezas la fuente inagotable de nuestro progreso incesante. Cuando eso se haga habrá desaparecido el mito de las provincias ricas y provincias pobres" (pp. 323-324). En el tema del comercio exterior, consideraban imperiosa la defensa de los nuevos mercados conquistados durante la guerra, intensificando el comercio con los países latinoamericanos y con la URSS, que tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas aparecía como un mercado inmenso y proveedor de petróleo y maquinarias. Proponían el desarrollo de los mercados del interior del país, la ampliación y diversificación de las exportaciones y la planificación de las importaciones con miras a la sustitución de equipos agrícolas e industriales, de transporte y servicios públicos.

De modo que el libro continuaba -en algunos casos en que se había dificultado el acceso a nuevos datos-, la línea de Argentina económica e industrial, publicación cuya financiación estuvo a cargo de diversas organizaciones empresariales y profesionales de la ciudad. La nómina de casi 70 organizaciones y empresas denotaba heterogeneidad -grandes y medianas empresas industriales, bancarias, de seguros, de la construcción, nacionales y extranjeras-, lo cual resultaba expresivo del amplio universo de sectores que compartían preocupaciones sobre la proximidad de la posguerra. Los temas abordados en esa primera publicación eran similares: población, salud e instrucción pública, producción, petróleo, energía, industrias, desequilibrio económico, transporte y comunicaciones, comercio exterior, bancos, gasto público e impuesto a los réditos y en todos ellos el problema del centralismo resultaba prioritario.

A su vez, los autores de Argentina económica e industrial y Argentina en la post guerra publicaron trabajos sobre algunos de los problemas parciales abordados en esas obras de síntesis. Por ejemplo, Pedro J. Cristiá tuvo a su cargo la investigación del contrato entre la Sociedad de Electricidad de Rosario y (hacia mediados de 1944) la por entonces Empresa Mixta de Transporte de Rosario, poco después municipalizada (^{Cristiá, 1945a}). El estudio había sido encargado por la dirección de la empresa antes de la municipalización, para analizar las condiciones del contrato y posibles soluciones a futuro para la provisión de energía para tracción y servicios auxiliares. ^{Cristiá (1945a)} se propuso abordar el cometido atendiendo al carácter de "empresa popular y estatal o semi-estatal" antes que como una empresa puramente comercial, es decir, "deberá tenerse en cuenta la vinculación que la E.M. tiene con la Municipalidad, y dada tal circunstancia, contemplar la posibilidad de que ésta en colaboración con aquella recupere el servicio eléctrico de toda la ciudad" (p. 9). El carácter del estudio excedía los aspectos puramente técnicos, para desnudar las condiciones abusivas de los contratos suscritos con grandes empresas extranjeras proveedoras de servicios públicos y la conveniencia de su nacionalización, convirtiéndose en un excelente y documentado instrumento de denuncia y de acción pública.¹²

Cristiá y el ingeniero Vicente Ottado escribieron sobre ferrocarriles (^{Cristiá y Ottado, 1946}). Pedro J. Cristiá se destacó además por intervenir en el debate sobre problemas técnicos-sociales, en particular en las controversias acerca del aprendizaje industrial, promoviendo además la apertura en la ciudad de escuelas medias con el objetivo de formar técnicos para la industria (^{Cristiá, 1944b} y ^1944c; ^{Simonassi, 2011}). En su tesis doctoral, presentada en noviembre de 1950 y publicada poco después, Samuel Gorbán analizó el tema de la integración económica de América Latina y caracterizó a las economías latinoamericanas como "deformadas por la acción combinada del capital monopolista foráneo y las clases dirigentes indiferentes o tolerantes" (^{Gorbán, 1950}, ¹⁹⁵¹). En 1947 publicó un libro sobre planificación industrial prologado por Cristiá (^{Gorbán, 1947}).

El grupo promotor de Argentina económica e industrial publicó a partir de entonces en la Editorial Rosario, la cual constituyó un espacio de convergencia entre los ámbitos empresariales y académicos. Estuvo conformada por dirigentes empresariales de la Bolsa de Comercio y Federación Gremial e intelectuales como Cristiá, Cortés Pla, Díaz Molano y Gorbán, junto a Laudelino Ruiz, librero y editor. La empresa tuvo su sede en instalaciones de la Bolsa de Comercio. Allí, y en la empresa de Ruiz, el grupo realizaba periódicamente reuniones improvisadas o planificadas. La editorial publicaba temas científicos y literarios y las investigaciones económicas fueron incluidas en la serie Temas de Economía.¹³

En estas publicaciones los temas del desarrollo industrial eran abordados a partir de información cuantitativa disponible, aunque no siempre actualizada. Utilizaban profusamente información contenida en la prensa periódica y corporativa, así como documentación oficial, en particular, memorias de diversas agencias estatales. Como entre sus autores encontramos predominantemente ingenieros y economistas -y también un médico- no resulta llamativo que las ideas fueran tributarias de fuentes diversas, aunque buena parte de sus posturas estaban mediadas por la lectura de integrantes de la Revista de Economía Argentina, como Alejandro Bunge, Francisco García Olano, Emilio Llorenz, el teniente coronel Mariano Abarca, Ernesto Herbin y Adolfo Dorfman, intelectuales que participaron en los debates en la capital nacional. La heterogeneidad de las fuentes intelectuales que eran citadas en estos trabajos da cuenta asimismo del pragmatismo que impregnaba sus ideas económicas y sus propuestas de política industrial.

Varios ejes de debate, como el tipo de industrias que caracterizaría el desarrollo industrial, el mercado de destino de la producción fabril y el papel que asumiría el Estado en dicho proceso (^{Belini, 2010}), coincidieron con los transitados en Buenos Aires. No obstante, los intelectuales rosarinos profundizaron en aspectos escasamente abordados, en particular los asociados a las economías del interior y sus problemas. Fue precisamente de esta forma como los empresarios locales, y los industriales en particular, se apoyaron para elaborar y difundir sus demandas.

En ese diagnóstico sobre las limitaciones del desarrollo industrial regional, algunas cuestiones eran particularmente destacadas. A continuación se despliegan dos problemas principales y el modo en que fueron abordados, para hacer inteligible este rasgo distintivo de las ideas económicas de intelectuales, profesionales y empresarios de una región del interior argentino. Se trata de temas que son considerados medulares y que esclarecen, además, el citado proceso de convergencia entre empresarios, profesionales e intelectuales.

Nacionalismo y federalismo en los debates sobre el puerto

Los debates sobre el problema portuario anudaron problemas propios de la guerra, la industrialización y el creciente centralismo de las actividades económicas en Buenos Aires. En rigor, el tema había despertado el interés de los principales actores económicos y políticos desde su propia planificación y puesta en funcionamiento. Desde principios del siglo XX y hasta octubre de 1942, su explotación había estado a cargo de una empresa extranjera, la Sociedad Anónima Puerto Rosario, y representaba el segundo puerto en importancia a nivel nacional. Se había caracterizado por recoger la producción de Santa Fe, Córdoba y el norte del país y era punto obligado en la navegación de cabotaje del Río Paraguay y Alto Paraná, que interconectaba sitios como Asunción y Buenos Aires y los de la provincia de Entre Ríos y Corrientes (^{Lázzaro, 1992}). Había alcanzado durante la década de 1920 el máximo nivel de actividad como principal centro de exportación de granos del país y uno de los primeros del mundo.

Durante la década de 1930, y a pesar de la crisis, la exportación de productos agrícolas, en particular el maíz, creció, mientras las importaciones, que no habían sido históricamente relevantes en el movimiento portuario local, perdieron aún más preponderancia para decrecer todavía más en la década siguiente. Para 1938 se calculaba que alrededor de 5% del total de las importaciones ingresaba por Rosario. Sin embargo, en los años de la segunda guerra mundial, combustibles y lubricantes, hierro, cemento, madera y asfaltos provenientes de Inglaterra y Estados Unidos entraron en cantidades significativas, destinados a proveer de insumos a la industria local (^{Fernández y Armida, 2000}).

Durante el plazo que duró la concesión, las condiciones arbitrarias impuestas por la empresa generaron múltiples controversias. Durante la guerra, las peticiones de los principales actores económicos de la ciudad circulaban alrededor de diversas cuestiones irresueltas: la necesidad de contar con infraestructura y servicios adecuados, el abaratamiento de tarifas, la canalización del río Paraná y la instalación de zonas francas que promovieran la descentralización del puerto de Buenos Aires (^{Simonassi, 2012}).

Ahora bien, a esos antiguos ejes de debate se añadieron las controversias sobre el futuro del puerto tras el vencimiento de la concesión, en octubre de 1942. Esta situación fue percibida por empresarios de las distintas corporaciones locales, profesionales y funcionarios locales como la posibilidad de revertir problemas largamente irresueltos interviniendo en las transformaciones que se avecinaban. La prensa local cumplió también un papel importante presionando en la misma dirección.

En 1940 fue conformada, por iniciativa de la Facultad de Ciencias Matemáticas y con la presidencia de su decano, el ingeniero Cortés Pla, una comisión de empresarios y académicos para estudiar el problema del puerto. El dictamen fue entregado al ministro de Obras Públicas a principios de 1942 y abordaba diversos aspectos del problema: en lo concerniente a la transferencia, y ante diferencias en la interpretación de los derechos de la empresa concesionaria, resaltaban el derecho del estado nacional a percibir la suma que correspondiera, sometiendo cualquier diferencia a los tribunales nacionales, sin alterar la fecha del fin de la concesión. Sostenían además la necesidad de conformar una comisión integrada por funcionarios y "privados" para estudiar cuestiones técnicas y administrativas de la transferencia y que la futura administración del puerto quedara a cargo de una entidad autárquica con participación estatal y privada. Se pronunciaron también sobre el tema de las tarifas, las obras de ampliación, la canalización, es decir, se pronunciaron a favor de atender los reclamos históricos de mejoramiento de la infraestructura y potenciación de las condiciones existentes, así como de erigir una zona industrial en el puerto y fomentar el comercio de cabotaje.¹⁴ En similares términos se pronunciaron los líderes empresarios, que presionaban para avanzar en la discusión sobre la futura gestión.

Por el contrario, desde el Ministerio de Obras Públicas la principal preocupación, consistía en estudiar las condiciones de la transferencia y los aspectos técnicos, postergando la decisión sobre la administración futura.¹⁵ Los argumentos desplegados se orientaron a insistir en que tras el vencimiento de la concesión, la gestión y administración debía confiarse a una comisión mixta integrada por empresarios locales. El gobierno provincial apoyaba las gestiones y posiciones de las corporaciones rosarinas (^{Revista, 1942b, p. 21}).

Finalmente, el gobierno nacional creó la comisión asesora integrada por empresarios y funcionarios públicos, pero en su interior rápidamente se planteó la tensión entre los partidarios de la administración centralizada y aquellos que abogaban por la descentralización.¹⁶ El presidente de la Bolsa de Comercio local, Arturo Atlántico Dianda,¹⁷ como parte de la comisión, defendía la "unidad de dirección ejercida sobre el terreno de los acontecimientos" (^{Revista, 1942a}), al otorgar capacidad de decisión a las personas e instituciones representativas de las actividades económicas regionales. Postulaba que la centralización representaría un retroceso, caracterizado por la tramitación directa con la empresa en el orden local y "una simple cesión al fisco de su principal instrumento de trabajo para que el Estado lo maneje a distancia" (p. 3).¹⁸ El gobierno procuraba llevar el debate hacia la nacionalización de los puertos y la unificación del sistema portuario argentino, tema que los empresarios rosarinos proponían postergar.

Estas divergencias condujeron a los actores rosarinos de la disputa a incrementar las acciones de presión. Una profusión de publicaciones esgrimía argumentos técnicos, económicos y jurídicos, conformando un movimiento de opinión local.¹⁹ Es el caso de Francisco E. ^{Lecchini (1942)}, quien analizaba los factores primordiales a considerar en el debate: tarifas portuarias y ferroviarias, estado de las instalaciones, accesos, formas de prestación del servicio, o Natalio Muratti, Rafael Bielsa y Gregorio Meira.²⁰ La prensa local contribuyó en el mismo sentido (^{La Tribuna, 24 de julio de 1942, p. 7}).

Finalmente se impuso el criterio de nacionalización del puerto de Rosario bajo una administración centralizada, lo cual representó la frustración de los anhelos de los empresarios locales de tomar parte en el control y la gestión de la puerta de entrada y salida de mercancías de la ciudad y la región.

Los industriales rosarinos, a través de sus publicaciones, trataron el tema desde la perspectiva del excesivo centralismo porteño, subrayando diversos problemas como el de las tarifas,²¹ los accesos, el trazado de líneas férreas (^{Vilamajó, 1936}), el dragado y canalización para buques de alto calado que requerían de políticas públicas para su resolución (^{Revista, junio de 1937a, p. 1}). En particular, Vilamajó introdujo el tema de la artificialidad del centralismo al considerar que la demora en la construcción del Canal Mitre -necesaria para el ingreso de buques de gran calado- no residía en motivos de orden técnico ni financiero, sino "artificiales", en el peligro que significaría para Buenos Aires perder parte del tráfico marítimo (^{Revista, 1937b, pp. 2-6}). Esta idea de la artificialidad de la centralización estaba presente también en los autores de Argentina en la post guerra, para quienes la descentralización del puerto de Buenos Aires, la adopción de medidas de desarrollo para el resto y la creación de zonas francas sólo era posible a través de las políticas estatales.

El problema del crédito industrial

Otro de los temas que ilustra la convergencia entre profesionales y empresarios es el crédito industrial. El perfil comercial de la ciudad y su necesidad de hacer frente a las coyunturas difíciles explicaron la importante proliferación de instituciones de crédito públicas y privadas y de compañías aseguradoras (^{Fernández y Armida, 2000}), a lo cual se sumaba la necesidad específica de contar con préstamos a largo plazo para financiar las actividades industriales. De modo que desde mediados de la década de 1930 estudios y publicaciones generadas desde la Facultad de Ciencias Económicas en el marco de la cátedra de Bancos, el seminario o las tesis, abordaron el problema del crédito en general y del crédito industrial en particular.²²

Entre las organizaciones industriales el problema del crédito se instaló con particular fuerza durante los debates en torno al Plan Pinedo. Tanto la porteña Unión Industrial Argentina como la Federación Gremial aprobaron las ideas contenidas en el plan. Los industriales rosarinos argumentaron que en el interior los síntomas de la depresión económica eran mayores, por lo cual pedían créditos y participación en el trazado de las políticas de financiamiento (^{Revista, 1940a}, ^1940b).

Reclamaban la creación de un banco de crédito industrial o una sección especial en el Banco de la Nación que implementase préstamos a reducido interés y plazos de diez a quince años, con garantía de prenda sin desplazamiento de maquinaria, instalaciones y mercaderías. Comenzaron por estos años a esgrimir un argumento que se generalizaría, el reclamo en nombre de los pequeños y medianos industriales, base cada vez más nutrida de la organización: "es común observar en el país el caso de un obrero que luego se convierte en patrón, empresario y por último propietario de una gran industria" (^{Revista, 1941a, p. 1}) que dependía especialmente de la disponibilidad de créditos. En general estos empresarios contaban con letras que debían descontarse en tres o seis meses y no resolvían el problema, "de ahí que se deba apresurar la producción y venta del artículo -a veces en desmedro de la calidad- para hacer frente al rápido vencimiento" (p. 1) y por supuesto carecía de las posibilidades de las sociedades anónimas, de emisión de obligaciones o acciones.

Desde entonces las demandas de crédito industrial, es decir, a plazos más largos y con bajas tasas, aparecieron de manera sostenida entre los industriales locales. Francisco Scarabino, diputado nacional rosarino por los radicales antipersonalistas de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Fe, fue quien presentó el proyecto de creación de una sección de crédito industrial en el Banco de la Nación Argentina (^{Federación Gremial del Comercio y la Industria, Memoria, 1942}; ^{Revista, 1941a}, ^1941b, ^1941c). Los proyectos presentados, en temas como fomento industrial, rebajas de fletes ferroviarios para traslado de productos de la minería, reformas de las leyes de trabajo para permitir la implantación del aprendizaje a menores de 18 años, modificación de los derechos aduaneros y prioridad en las licitaciones de las reparticiones públicas y empresas concesionarias de los servicios públicos a la industria nacional, fueron difundidos en el mundo empresarial a través de sus publicaciones (Federación Gremial del Comercio y la Industria, 1942; ^{Murmis y Portantiero, 1971}, p. 52).²³

En ese nuevo contexto los autores de Argentina en la post guerra retomaron y continuaron las investigaciones realizadas en el marco académico y analizaron los limitados datos que emergían de las memorias de instituciones de crédito, a partir de lo que interpretaban como un proceso de concentración bancaria. Con la recopilación de los datos disponibles de capitales y reservas, plantearon que el Banco de la Nación prestaba 85.9 pesos si se trataba de un solicitante de Capital Federal y 57.1 si era del interior; los demás bancos que operaban en el país lo hacían en 73.3 y 59.3%, respectivamente; aquellos bancos que operaban sólo en Capital Federal prestaban 69.7 pesos y los que funcionaban sólo en el interior, 84.2 pesos. Señalaban: "Queda así patentizado un hecho desconcertante: la economía del interior del país nutre con sus depósitos, en buena parte, la de la Capital Federal, cuando sería de esperar el fenómeno inverso, o sea que ella, como centro económico del país, volcara parte de sus recursos propios en el interior, que tanto los necesita para desarrollar las posibilidades económicas que yacen dormidas por falta de crédito habilitador" (^{Cristiá et al., 1946, p. 451}). Esto significaría otorgar préstamos al interior por 467 300 000 pesos, 29.6% más, afirmaban.

Estos datos representaban argumentos que respaldaban las peticiones empresariales de fomento del crédito industrial, creación de instituciones en el interior y aumento de atribuciones a sus funcionarios. Por cierto, la creación del Banco de Crédito Industrial Argentino en 1944 y de la sucursal Rosario un año después, fueron apoyadas con beneplácito por los industriales locales, quienes las consideraron un "esfuerzo orgánico digno de todo elogio", aunque resultado de la lucha de las organizaciones industriales (Federación Gremial del Comercio y la Industria, 1944). Exaltaban sus propósitos de dotar de créditos a la industria del conjunto del país y a la pequeña y mediana en particular, mediante créditos a largo plazo, en línea con lo sostenido por otras organizaciones empresariales, en particular, la Unión Industrial Argentina. Sin embargo, a partir del análisis de la primera memoria del Banco, advertían el predominio de los préstamos a grandes industrias, pues casi 80% de las sumas prestadas correspondían a préstamos superiores a los 100 000 pesos.

Las cifras expuestas mostraban además la absorción de los créditos en Buenos Aires, que consideraban agravante de la concentración, lo cual explicaban por la participación en el Directorio del Banco de industriales designados por la porteña Unión Industrial Argentina: "El Interior... bien, gracias" afirmaban (^{Cristá et al., 1946, p. 450}). La relevancia que adoptaban las pequeñas industrias en el interior era superlativa: "No olvidemos que en la Capital Federal una fábrica o industria que tiene un capital de un cuarto de millón, puede tener poca importancia para la economía en general, en el Interior del país, esa fábrica o industria puede dar vida a un barrio o a más de una pequeña ciudad. A ello debe ser dirigida la acción del Banco, así como a la pequeña industria que actúa en el interior de la república", p. 451.

Las posturas de estos intelectuales eran reproducidas en las páginas de la Revista (^{Cristiá, 1945b}) en tanto reflejaban criterios convergentes de evaluación y diagnóstico: "el Banco no intensifica su acción hacia la pequeña y mediana industria, ni distribuye sus créditos por igual entre aquellas radicadas en el interior y en la Capital" (pp. 17-19). De los datos analizados, resaltaban la disonancia entre la cantidad de operaciones y los montos, pues si bien las operaciones menores de 20 000 pesos representaban 63.6% del total, el monto correspondía a 6.1% de las sumas totales prestadas. Los préstamos superiores a 100 000 pesos representaban 14.8% de las operaciones, pero 79.9% de las sumas prestadas. Esta situación era contrastada con las manifestaciones públicas del Directorio del Banco en su primera memoria, que subrayaba la "amplia acción de ayuda a la pequeña industria". Por último, volvían sobre el argumento de la concentración industrial, al exponer que si bien 55.5% de las fábricas se concentraba en Capital Federal, hacia allí se había dirigido 70% de los créditos otorgados, mientras al interior, donde se encontraba 44.55% de las industrias, se había destinado 30% de los créditos (^{Cristiá, 1945b}).²⁴

En síntesis, la producción universitaria de la década de 1930 en temas financieros y bancarios fue continuada en la década posterior, cuando los empresarios comenzaron a reclamar sistemática y enfáticamente políticas de crédito industrial que atendieran las exigencias de los grupos empresarios del interior. A partir de estos años, comenzaron a cuestionar tenazmente la política crediticia del Banco de Crédito Industrial, formulando de manera temprana una serie de críticas ante una política que no se revertiría en años posteriores.