Nuevos abordajes de la gobernanza en los barrios de conformación informal

La gobernanza asociativa, muestra ser efectiva donde las demás formas de gobernanza se han mostrado incapaces de afrontar la complejidad social existente en los barrios informales, repensando la estructura y las funciones de las instituciones de representación de intereses con el fin de hacerlas más incidentes, creando una alternativa a las formas tradicionales de representación democrática.

^{Pierre y Peters (2005)} plantean que “la gobernanza es el producto de la combinación de cuatro actividades clásicas en la tarea de gobernar” (p. 5): la articulación de algunas prioridades comunes de la sociedad, la coordinación y la coherencia interna de esas prioridades, la capacidad de direccionamiento y acción articulada para alcanzar los objetivos, y la rendición de cuentas a los diferentes públicos y a los asociados sobre los resultados obtenidos en el proceso, sean estos positivos o negativos, o por el contrario efectos inesperados.

Por lo tanto, este tipo de gobernanza es una alternativa cuando se ponen en evidencia las deficiencias en el diseño de las instituciones encargadas de resolver los problemas de la población, su escasa flexibilidad para asumir las realidades más allá de la norma, y su poca vocación democrática para considerar a los habitantes de los barrios como actores capaces de diseñar soluciones eficientes y sostenibles para asegurar su calidad de vida.

Los trabajos de Vincent y Elinor Ostrom sobre gobernanza democrática muestran que esta es el resultado de esfuerzos deliberados de los actores comunitarios para construir comunidades autoorganizadas, más allá de la acción de los Estados. De esta manera, ^{Vincent Ostrom (1997)} reconoce que

las ficciones creadas por las asociaciones de individuos son útiles sólo a la luz del entendimiento compartido y la complementariedad de sus acciones partiendo de la reflexión y la elección continuas [...] son formas de crear conceptos sobre la realidad, pero no son la realidad (p. 76).

La propuesta política que se deriva de este postulado es la policentralidad en la gestión del gobierno de los servicios y bienes comunes, así como la importancia de las reglas para el funcionamiento de la gobernanza.

En este sentido, el trabajo de ^{Ostrom (2000)} muestra que las reglas, los estatutos y contratos entre comunidades se basan en el principio de la soberanía de la gente. A partir de la crítica a los postulados de la elección racional, Ostrom muestra que los individuos tienen capacidad de aprender normas de interacción que permitan buscar, no sólo el beneficio individual, sino el colectivo, concertar y desarrollar acción colectiva organizada.

Para Ostrom, la acción colectiva se entiende como la cooperación de los individuos, la concertación de sus decisiones y la coordinación de acciones para alcanzar objetivos comunes. Sin embargo, esta no es una constante toda vez que, en la acción colectiva, los individuos tienen que enfrentarse con costos y dilemas significativos, que en algunos casos fortalecen las instituciones sociales y la acción colectiva, pero en otros genera rupturas.

La gobernanza asociativa plantea enfocarse en los problemas cotidianos e involucrar a las personas en las decisiones que conducen a su solución, para desarrollar una estrategia de abajo hacia arriba que se legitime con base en la responsabilidad compartida, lo que implica una revisión de las nociones de justicia social, libertad y creatividad individual, con una ventaja adicional: la participación de los directamente afectados por los procesos de toma de decisiones, que puede incidir en la continuidad de los proyectos, una vez que el ente gubernamental salga del entorno barrial donde son ejecutados.

Otra característica que hace a la gobernanza asociativa una opción para entender y trabajar en conjunto con lo que el Estado llama la “ciudad informal” son las estrategias que crean inclusión social, como la garantía de los derechos y prerrogativas que otorga la ley a todos los ciudadanos. La base de esta gobernanza es la socialización, entendida como la inducción e internalización de normas, reglas y modelos de comportamiento de una comunidad o sistema social complejo (^{Hooghe, 2005: 888}). En su versión de socialización recíproca, busca consensos que permitan llegar a acuerdos preservando las diferencias existentes en la comunidad.

Los trabajos de ^{Elinor Ostrom (2000)} proponen que, cuando los actores tienen la posibilidad de diseñar sus propios modelos de interacción, discusión, monitoreo y sanción a un conjunto de reglas que permiten su funcionamiento como comunidad autoorganizada, los resultados de la cooperación son óptimos. El papel de las reglas en la construcción de la gobernanza, desde la perspectiva de esta autora, evidencia que en los casos en los que los actores siguen las reglas para construir infraestructura o servicios comunes, a partir de los mecanismos acordados por ellos, teniendo en consideración las particularidades del barrio, no sólo permite avanzar en la obtención de bienes comunes que mejoran la calidad de vida, sino que, además, fortalece los patrones sociales que derivan en la consolidación de instituciones propias de estas comunidades autoorganizadas.

A partir de los ocho principios de solidez institucional, propuestos por Ostrom en 1990, en su libro El gobierno de los bienes comunes, es posible identificar al menos cinco que fortalecen la gobernanza asociativa y que podrían explicarse como sigue: cuando los actores de una comunidad autoorganizada diseñan sus propias reglas (principio 3) y estas reglas son monitoreadas por los miembros de la comunidad a través de procesos de rendición de cuentas, asociados a sus mecanismos de representación como las Juntas de Acción Comunal (principio 4), utilizando un sistema de sanciones graduadas para aquellas personas que violen la confianza mutua o la solidaridad (principio 5), se logra definir quiénes tienen derecho a acceder a los bienes y servicios resultado de la lucha comunitaria (principio 1), asignando los costos y beneficios de manera proporcional (principio 2), impulsando la acción colectiva organizada a partir de la aplicación y el fortalecimiento de las reglas propias de la comunidad.

Los ejercicios de interacción y trabajo conjunto producen el aprendizaje de estrategias e instrumentos que permiten el cumplimiento de metas comunes desde su carácter interactivo y dialéctico, pues en las idas y venidas de estos, se supera la categorización de los subgrupos, eliminándose la distinción “nosotros-ellos” señalada por ^{Terhalle (2011)}. Como resultado, aparece un sistema de segundo orden que integra los códigos y valores de los grupos que interactúan, y que, preservando la autonomía de los actores, desarrolla una alta interdependencia entre estos para generar acuerdos y, eventualmente, soluciones al problema.

En estos sistemas asociativos complejos se crea una resocialización, entendida como el abandono por parte de los participantes, así sea por un tiempo, de los anteriores patrones de comportamiento, aceptando algunos nuevos. Así, son la confianza mutua y la práctica deliberativa las que dan solidez a la estructura de gobernanza, adecuándola con los objetivos de cada una de las organizaciones que entran en interacción. Los resultados de investigación evidencian cómo la socialización aumenta el rendimiento social de los barrios como sistemas asociativos complejos, por su eficacia en la solución de los problemas de los mismos, avanzando en la práctica de los valores democráticos en las comunidades que habitan los territorios y los actores que participan en la construcción de las redes de gobernanza.

Casos de estudio

Los resultados de investigación tienen como base seis estudios de caso para dar una perspectiva comparada. Estos nos permitieron conocer las estrategias que usan los actores de los barrios denominados informales ante la necesidad de resolver problemas inmediatos de acceso a servicios o construcción de infraestructura, así como la creación de procesos de negociación, reconocimiento y legalización, tanto de la existencia del barrio como de las organizaciones sociales que lo constituyen.

El estudio de casos se aconseja⁷ “cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos, y cuando el foco está en un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real” (^{Yin, 2005: 2}). La falta de control sobre los eventos se evidencia en que ni las mismas autoridades encargadas de gestionar el surgimiento, la expansión y la consolidación de los barrios cuentan con mecanismos que les posibiliten manejar algunas de las dimensiones que intervienen en la ocurrencia del fenómeno.

Selección de los casos de estudio

Los criterios de selección se asocian a ciudades intermedias, con más de 100 000 habitantes, con altos índices de informalidad, con crecimientos de población por encima de la media nacional y que pertenecen a regiones diferentes del país.

En Colombia, la mayor tasa de crecimiento poblacional se encuentra en las ciudades intermedias que crecieron en el periodo intercensal por encima de 60 por ciento (^{DANE, 2018}). Esta tasa de crecimiento incluye los municipios de Soacha y Villavicencio.

Debido al énfasis de esta investigación, se escogieron estos dos municipios teniendo en cuenta los índices de informalidad, en los cuales resalta que la tasa promedio nacional para el año 2019 se ubicó en 46.7 por ciento en Soacha, y en Villavicencio la tasa se ubicó por encima de 50 por ciento (DANE, 2020). Por último, en cuanto a su ubicación y representatividad regional, Soacha aglomera población trabajadora para la industria, el comercio y los servicios, que ejercen sus funciones en la ciudad de Bogotá; en Villavicencio; por otro lado, se sostienen relaciones e intercambios comerciales importantes con la capital del país.

Juego Metamorfosis: Construyendo mi barrio

Una segunda estrategia metodológica para conocer “desde el interior” la lógica de los habitantes y las propiedades particulares de un orden local en los casos fue la creación del juego Metamorfosis: Construyendo mi barrio,⁸ que permitió conocer la lógica de los actores que intervienen en la creación, conformación y consolidación de los asentamientos, mediante las explicaciones de los actores partiendo de sus condiciones de base (recursos), de las situaciones que determinan las decisiones (marco situacional) y de las capacidades de negociación personales y colectivas con las que cuentan (poder).

Entrevistas

Como instrumento de recolección de información se utilizó la entrevista a profundidad para acercarse a la perspectiva de los protagonistas sobre el fenómeno en cuestión. A través de NVIVO se procesaron 38 entrevistas a partir de las cuales surge la taxonomía de categorización, eje para el análisis posterior.

Descripción de los asentamientos

A continuación, se presenta el contexto de los barrios estudiados, a partir del compendio de los testimonios de sus habitantes.

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth, en: https://earth.google.com/earth/d/1cBir7PS8LFlJDeQCGrlB2zb9z9goRQRx?usp=sharing, 24 de noviembre de 2024.

Mapa 1 Localización de los municipios de Soacha y Villavicencio en relación con Bogotá 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth, en: https://earth.google.com/earth/d/1cBir7PS8LFlJDeQCGrlB2zb9z9goRQRx?usp=sharing), 24 de noviembre de 2024.

Mapa 2 Mapa panorámico de Colombia para localizar los municipios de Soacha y Villavicencio 

Soacha

Barrio el Oasis: Surge como invasión de terreno privado impulsado por un político de la década de 1980 llamado Rafael Forero Fetecua, que estableció un negocio inmobiliario sobre este territorio; sin embargo, junto a este confluyó la presencia de actores desmovilizados de la guerrilla del M-19, quienes también realizan una distribución del suelo, bajo la consigna: “la persona que necesita el lote, lo puede tomar y puede construir”. Con el paso del tiempo, estos procesos convergieron, la organización y administración del territorio quedan a cargo de un solo actor, que continúa con el negocio inmobiliario y ejerce el poder dentro del territorio a través de acciones violentas.

Barrio Villa Mercedes: Surge como un proceso de invasión a terrenos privados por vías de hecho impulsado por la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), asociada al Partido Comunista. Las personas que eran beneficiadas por estas invasiones debían apoyar con votos a los miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica (UP) en las elecciones que se presentasen. Estas eran invasiones planeadas con distribución y numeración de los lotes. A lo largo del tiempo, este barrio ha mantenido la fuerza de las organizaciones comunitarias y locales.

Barrio San Fernando: Este territorio emerge en los años ochenta como invasión de la hacienda Santa Ana por “tierreros”⁹ que establecieron un negocio inmobiliario ilegal. Esta situación llevó a acciones colectivas entre los habitantes del barrio, para abastecerlo con servicios públicos, generando el fortalecimiento de la organización interna y creando una representación barrial que puede negociar con las administraciones municipales.

Villavicencio

Barrio 13 de mayo: Surge como invasión por vías de hecho a un predio público. El desarrollo del asentamiento corresponde a redes familiares, de amistad o vecinales que difunden la noticia de la invasión del terreno y acuerdan el encuentro con la posibilidad de conseguir un lote propio. Los habitantes del barrio se convirtieron en los gestores del territorio a través de la división de los lotes, el trazado de las calles y la delimitación de los espacios para el equipamiento urbano.

Barrio La Nohora: Es una invasión de familias campesinas, desplazadas por los conflictos entre guerrillas y paramilitares en las zonas rurales del departamento del Meta. Los habitantes se organizaron para administrar el territorio y asignar lotes sólo a personas desplazadas y que tuvieran la necesidad de un lugar donde vivir. Con el tiempo, el barrio se extendió más allá de los límites establecidos e invadió un terreno privado.

Barrio El Brillante: El proceso de creación fue impulsado por mineros de esmeraldas del municipio de Coscuez-Boyacá, con el fin de establecer un proyecto inmobiliario ilegal, se invadió un terreno de propiedad público-privada y a través de una estrategia de “fachada”¹⁰ se evitó el desalojo y el barrio se consolidó.

Origen de los barrios y gobernanza asociativa

La gobernanza asociativa define la toma de decisiones sobre asuntos públicos, la gestión de los recursos y la garantía de derechos, no como procesos monopolizados por la administración pública, sino como procesos decisionales autónomos por parte de la sociedad. Este tipo de gobernanza concilia valores democráticos participativos dentro de los asentamientos de conformación informal, a través de la identificación de los márgenes de libertad y los recursos con los que cuentan los distintos actores que intervienen en la construcción de estos territorios. Esto coincide con los testimonios sobre el origen de los barrios estudiados.

La investigación muestra que los habitantes de estos asentamientos abandonaron la posición “pasiva” o de simples usuarios de la política pública de vivienda, para configurarse, a través del uso de sus recursos, en actores con márgenes de libertad para influir dentro de la gestión del territorio.

También se evidencia que los gestores informales, como los tierreros y/o gestores urbanos ilegales, son algo más que actores “criminales”, pues tienen conocimiento sobre el funcionamiento del mercado del suelo urbano y suplen una demanda para un sector de la sociedad socioeconómicamente más vulnerable. La distribución desigual de los recursos muestra al Estado como un actor con recursos limitados (en lo político, lo fiscal y lo legal), lo que condiciona su intervención, y abre paso a replantear su función en este contexto.

Frente a los barrios de conformación informal, las autoridades de los municipios de Soacha y Villavicencio han tenido visiones distintas. En el caso de Soacha, la administración municipal se ha debatido a lo largo del tiempo entre la persecución a los habitantes de los asentamientos para expulsarlos y desalojar los terrenos, y la negociación y el mejoramiento de las condiciones de vida en los barrios; esto corresponde a las dinámicas de crecimiento demográfico del municipio.

Ante la situación de crecimiento poblacional desmedido, la administración municipal ha ampliado sucesivamente el perímetro urbano del municipio, desde 300 hectáreas en 1979, pasando a 3 300 hectáreas urbanizables en 1987, llegando en 2015 a 15 900 hectáreas urbanizables. El último acto de legalización y reconocimiento oficial de desarrollos a asentamientos localizados en Soacha es el acuerdo 38 del año 2000.¹¹

Para el caso de Villavicencio, en el año 2017 fue expedido el decreto municipal 1000-21-157, que no sólo reconocía la existencia de barrios por fuera de la conformación “formal”, sino que planteaba rutas de intervención y acompañamiento para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en esos lugares. No obstante, el decreto se enmarca en la perspectiva clásica de la gobernanza tripartita donde es el Estado, en este caso representado en la alcaldía de Villavicencio, el que determina todos los requerimientos, tanto para la selección de los barrios sujetos de recibir programas de mejoramiento integral para dignificar las condiciones de vida de sus habitantes, como para los actores que son reconocidos como interlocutores válidos ante la administración municipal. En términos de significación de los sujetos, el decreto sigue llamando a los barrios “asentamientos humanos subnormales” y a las condiciones de diseño, conformación y consolidación de las viviendas como “subóptimas” o “inapropiadas”. No obstante, en la administración del alcalde Felipe Hartmann se instauró una mesa de legalización de barrios denominada “Pacto para la construcción de paz en Villavicencio” (Decreto 186, 2021) a través de la cual se creó una política pública municipal para el reconocimiento y la legalización de barrios de conformación informal, que cubría la totalidad de barrios en tal condición hasta el año 2021.

Los relatos sobre el poblamiento describen las situaciones a las que se enfrentaron los habitantes al inicio del barrio y develan que, para compensar la carencia de recursos económicos, los habitantes recurrían a recursos organizativos y cognitivos, basados en su capacidad de agencia, para construir un territorio habitable.

Llegamos en el año 1985 [a San Fernando]. No había nada; todo esto era sólo potreros, había caballos de paso, perros bravos; abajo había una hacienda [yo] cuidaba todos esos terrenos […]. Nosotros éramos los primeros habitantes… gracias a Dios este barrio nos acogió muchísimo (J. Gaitán, comunicación personal, 9 de marzo de 2022).

Yo estoy aquí desde el año 95; vivo en la parte media del barrio el Oasis. Cuando yo llegué se podían contar con los dedos las casas, no había más de diez (Y. Nuñez, comunicación personal, 8 de marzo de 2022).

En este contexto, el terreno podría transformarse en un lugar hostil por la vulnerabilidad tanto de las casas por los materiales de construcción, como por la carencia de servicios públicos. Sin embargo, los habitantes agencian procesos de solidaridad y trabajo colectivo que permiten enfrentarlas:

Nosotros llegamos en el 85 aquí, no había agua, no había luz, no había carreteras. Todo esto, el alcantarillado que tenemos, lo hicimos nosotros (J. Gaitán, comunicación personal, 9 de marzo de 2022).

El agua se compraba por galones, había una señora que tenía un burro y vendía el agua en galones (Y. Núñez, comunicación personal, 8 de marzo de 2022).

En el municipio de Villavicencio, encontramos situaciones similares a las relatadas en Soacha. Así, los habitantes comienzan a realizar juntanzas y trabajos colectivos para lograr asentarse:

La luz la pedíamos chiviada para nuestro barrio […], no la pagábamos; eso era chiviado o robada, se puede decir (A. Jatin, comunicación personal, 20 de octubre de 2022).

Para el sector 1, se juntó la comunidad cuando no teníamos postes. Había un poco de comunidad; iban y se robaban los postes de Telecom, como a las 3 o 4 de la mañana arrastrábamos los postes para arriba, para el sector 7. Muchas personas en este momento ya no están [porque] se fueron o los mataron. [Por eso], a las personas que son nuevas se les olvida que en un poste de luz hubo el sacrificio de muchas personas (C. Ruiz, comunicación personal, 20 de octubre de 2022).

En estos testimonios se reflejan procesos de organización y coordinación, donde los barrios aún informales “no son asentamientos sin planificación o sin pensamiento estratégico” (^{Herrle y Foldak, 2011}). Los actores toman decisiones según sus necesidades e intereses, y desarrollan estrategias para ocupar y proteger el territorio.

[…] Al invadir, tenían que luchar por eso, pararse firmes para obtener su casa; entonces, cuando venían los problemas, venían a quemar la policía, y ellos cuando veían que llegaban desarmaban y cuando llegaron no podían… y cuando se iban, volvían y armaban porque eran casas de paroi¹² (B. Socorro, comunicación personal, 10 de marzo de 2022).

[…] Yo estaba pagando arriendo en Villa Mélida cuando me dijeron que había una invasión aquí en la Reliquia, entonces yo me vine con unos amigos en un carro y nos pusimos a dar vueltas y vueltas hasta que conseguí el lotecito y a invadir (A. Jatin, comunicación personal, 20 de octubre de 2022).

Los procesos de organización reflejados en los testimonios se complementan con los resultados del juego Metamorfosis: construyendo mi barrio.¹³ Al analizar la asignación de recursos que los participantes decidieron dar a los diversos roles según los grupos de interés¹⁴ conformados, se confirma la capacidad de agencia que poseen los habitantes de los barrios incluso en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Los cuatro tipos de recursos dados durante el juego son recursos sociales, políticos, económicos y cognitivos.

Los cuadros 2 y 3 presentan la distribución de recursos dada por los jugadores del barrio El Oasis, en Soacha, y La Nohora, en Villavicencio.

En los cuadros 2 y 3 se observa la importancia dada por los actores que conforman el grupo de interés del barrio a los recursos sociales y cognitivos. Si lo comparamos con los testimonios presentados anteriormente, es a través de este andamiaje social y cognitivo que se materializan los trabajos colectivos y la solidaridad entre los habitantes, que permiten garantizar por un tiempo el acceso a servicios públicos y construir un territorio con estándares mínimos de habitabilidad y dignidad. Así, tanto en el juego como en las situaciones descritas, los habitantes del barrio gestionan los recursos que poseen de manera estratégica y compensan, en su cotidianidad, la escasez de elementos políticos y económicos.

Aspectos que confluyen con la experiencia de “los comunes” en Barcelona, que estudia múltiples casos para comprender las apuestas de estos espacios, considerados de resistencia frente a las nuevas propuestas de ciudad desde el urbanismo neoliberal, ya que:

los comunes son mucho más que una serie de recursos compartidos, y que siempre implican tres aspectos: i) un recurso común (common pool resource) capaz de satisfacer una necesidad; ii) una comunidad que comparte el recurso y a la vez lo mantiene; y iii) una acción de comunalizar (to common) que refleja el proceso social por el que el común se crea y reproduce (^{Cámara-Menoyo et al., 2022: 5}).

Lo anterior se asimila a los hallazgos sobre las decisiones y la distribución de recursos en nuestros estudios de caso, que enfrentan necesidades diferentes, pero son la motivación de su accionar, así como el interés en hacer sostenibles los procesos que les permiten dar solución a sus falencias y, por ende, generan un accionar conjunto que va adaptándose a cada territorio.

En cuanto a la distribución de recursos para los actores del grupo de interés de los del barrio en el municipio de Villavicencio es similar a la de Soacha, en donde los habitantes priorizan los recursos sociales para consolidar el asentamiento. Identificar los márgenes de libertad de los habitantes del barrio configura, para estos actores, la posibilidad de participar en los escenarios de toma de decisiones para administrar y construir el territorio. De esta manera, los asuntos como el abastecimiento de servicios o garantía de derechos dejan de ser un proceso monopolizado por la administración pública, y se transforman en arenas de interacción y decisión entre múltiples actores. En los cuadros 4 a 7 se observa la influencia que se evidenció en las mesas de juego por parte de los otros dos grupos de interés, “Los de la autoridad” y “Los del lote”, dentro de la construcción de dos asentamientos.

Los resultados muestran que los urbanizadores ilegales, los tierreros y los impulsores de invasiones de suelo público o privado tienen el conocimiento y las herramientas para suplir la demanda de suelo y vivienda que existe entre las poblaciones socioeconómicamente vulnerables, en contraste con la capacidad de agencia que las alcaldías municipales han desplegado para solventar este problema:

Le dieron facilidades de pago, como ya la conocían […] también a cuotas, pero mi mamá no les tenía una cuota fija, sino que ella trabaja y si tenía 50 mil les daba o 30 mil les daba, porque el señor era muy buena gente y ya mi mami consiguió una prefabricada y nos venimos a vivir ahí al Oasis cerca al caño (F. Ochoa, comunicación personal, 8 de marzo de 2022).

Ahí el papá de mi hija murió y me dieron una plata y con esa plata compré en 2 700 000 un lote esquinero […] con lo que me dieron compré esto, gracias a Dios, ahí he ido construyendo […] así fue como llegué al barrio la Nohora, y era lo más barato que podía encontrar (C. Ruíz, comunicación personal, 20 de octubre de 2022).

Estos actores ilegales muestran una capacidad de manejo y aprovechamiento en su beneficio de la situación de vulnerabilidad, en tanto que los actores gubernamentales no han desarrollado capacidades para adaptarse a las necesidades de las personas pobres en busca de vivienda. Así, los gestores ilegales de suelo se convierten en actores que ofrecen la oportunidad de acceder a un lote para construir una vivienda, un lugar de trabajo y una comunidad de vida. Los habitantes del barrio afirman que conocían la condición ilegal de los predios, aceptando las condiciones que estos agentes les plantearon para llegar al lugar y permanecer en él y los defienden diciendo que los gestores ilegales han logrado lo que los gobiernos municipales y nacionales nunca han garantizado: suelo y condiciones para construir vivienda:

[...] era un dueño de veintialgo de manzanas: a él lo mataron aquí en San Antonio […] se llamaba Don Juan. Muy bella persona, muy buena gente. Él dijo que a nosotros nos daban los lotes y que nos iba a dar 5 millones en material. Dijo a cada familia: “les voy a dar 5 millones en materiales para que hagan y cuando sea una casita se sienten a vivir ahí” […] y en esa semana lo mataron. Él nos iba a colaborar, pero no lo dejaron (A. Rodríguez, comunicación personal, 21 de octubre de 2022).

[…] yo no conocí a Fetecua, pero lo que sí he visto es que en ciudadela Sucre a él lo tienen como si fuera un santo. Una vez entramos a una casa y tenían ahí un cuadro de la Virgen y al lado tenía el del señor Fetecua y le tenían veladoras y esas cosas […] y hay gente que es así (D. Peña, comunicación personal, 8 de marzo de 2022).

En contraste, el rol de las autoridades estatales ha sido reactivo y negligente, pues, con pleno conocimiento de las invasiones que se daban en Altos de Cazucá y de la movilización de personas que hacían tanto los grupos de guerrilla como de paramilitares, sólo reaccionaban a la situación con medidas paliativas de acceso al agua o a la construcción de accesos viales. Por lo tanto, los barrios se consolidaron bajo la mirada impasible y la total inmovilidad de la administración municipal. Como lo confirma una servidora pública del municipio en los años que inician las invasiones en la Comuna 4 de Soacha:

Los funcionarios de la alcaldía diariamente iban a revisar las invasiones. Se ponían entonces en la tarea de buscar qué barrio era legal o ilegal. No encontraban personas desplazadas sino trabajadores […] El comandante de la policía que acompañaba era una persona radical, que no tenía buen concepto de los movimientos políticos de izquierda, y los habitantes de los nuevos barrios le fueron cogiendo miedo. Este señor lideraba procesos en los que, con los funcionarios de la alcaldía, llegaban a incendiar las casas […] Ante los constantes ataques, incendios provocados por los funcionarios de la alcaldía y por el comandante de policía, las personas, especialmente las venidas del barrio Policarpa, se empezaron a defender con palos piedras y fuego (B. Moreno, comunicación personal, octubre de 2021).

Socialización, aprendizaje desde la deliberación y la negociación

El proceso de democratización abre la puerta para la creación de actitudes comunitarias que desarrollaran una conciencia política entre los habitantes del barrio. Cuando los habitantes del barrio reconocen la potencia de sus recursos, no abandonan el equilibrio ni la estabilidad temporal que han logrado alcanzar en sus asentamientos.

Por ello, el concepto de socialización a partir de la concertación en los barrios permite conocer el alcance que tienen las relaciones y los procesos de negociación que se llevan a cabo entre dos o más actores, mostrando los elementos que han aportado a la creación, consolidación y existencia actual de estos asentamientos.

Los resultados de la investigación muestran momentos de deliberación y negociación entre los habitantes del barrio para evitar que problemas en materia de servicios públicos o las posibilidades de desalojo derrumben la estabilidad que temporalmente han conseguido en el territorio.

De esta manera, se muestra que la socialización aumenta el rendimiento social de los barrios como sistemas asociativos complejos. Demuestran ser eficaces como mecanismo de solución a las situaciones particulares de los asentamientos, convirtiéndose en dispositivos legítimos, ganando el interés de los múltiples actores que conforman el tejido social de la comunidad.

Por ejemplo, en el barrio la Nohora, deciden organizarse y planear la distribución del territorio:

A medida que iba llegando la gente cogía su lote, porque quedaron lotes vacíos […] Nadie podía tomar más de uno, todos los lotes eran igualitos, de 8 x 16 […] Durante el sector 1 y 2, nunca hubo peleas por lotes, porque el requisito principal era ser desplazado y se regía bajo un reglamento. Dijimos: ‘si nosotros queríamos darle la pelea al gobierno, nosotros mismos tenemos que ser aplicados y no formar el desorden, porque si hacemos el desorden el gobierno dice venga para acá’. Entonces llegaba personería y confirmaban quiénes eran los que estaban acá (K. Holmes, comunicación personal, 21 de octubre de 2022).

Las dos primeras normas citadas en el testimonio tienen el ánimo de crear un principio de igualdad dentro del territorio y así evitar conflictos agudos dentro de la comunidad. El último intenta garantizar la existencia y permanencia del barrio, evitando posibilidades de desalojo al haber invadido un predio.

Sin embargo, las decisiones y los acuerdos a los que se llegan pueden cambiar:

[…] le voy a decir por qué: hubo una señora que no era desplazada, nosotros intentamos ayudarle entre todos a que la cobijaran como desplazada, pero ella cometió un error. Nosotros le dijimos que dijera que ella era de Mapiripan, le dimos todas las indicaciones, cuando fue a la personería no pudo responder la primera pregunta que le hicieron […] Entonces le tocó salirse. Gracias a Dios, la señora está bien, tenía cinco niños y a nosotros nos daba lástima por eso (K. Holmes, comunicación personal, 21 de octubre de 2022).

También en estos procesos de socialización, por su naturaleza deliberativa y de negociación, se puede evidenciar un abandono, así sea temporal, de los acuerdos previamente establecidos entre actores. En el caso de La Nohora, los principios de distribución del suelo pueden alterar y generar nuevas actitudes comunitarias en la población, como abrir el territorio no sólo a personas desplazadas, sino a personas social y económicamente vulnerables.

En el barrio 13 de Mayo, del municipio de Villavicencio, observamos otro caso:

[…] al año de que empecé ahí fue lo del cuento de que iban a hacer lo del megacolegio, y teníamos que salir de ahí, que si no desalojábamos esa parte desalojaban todo el barrio; entonces propusieron que la gente de estos lados diera dos metros en cada uno de los lotes, para ubicar a la gente que iba a salir de allá o si no nos iban a sacar a todos. Entonces, allá todos nos pusimos de acuerdo y dijimos que bueno, pero entonces hubo gente que dio los dos metros y hubo gente que no, por lo menos en la cuadra en donde yo vivo hay tres lotes, que son de cuatro metros, son los más pequeños, el resto es de 6 x 12 metros, el mío es uno de los que quedó en cuatro metros (O. Fuentes, comunicación personal, 20 de octubre de 2022).

Lo importante de estos casos es el proceso de socialización recíproca que toma lugar, en este caso se priorizó la garantía de vivienda para todas las personas que ya se habían asentado en el barrio, garantizando un espacio habitable para quienes tenían que dejar su lote, a pesar de no lograr el compromiso equitativo de todos los habitantes; es decir, se redefinieron las decisiones previas.

Los testimonios reflejan un proceso de negociación que ha permitido mantener el equilibrio dentro del territorio y la consolidación del proceso de producción del asentamiento, evitando conflictos mayores que afecten la calidad de vida que han logrado conseguir en las diferentes etapas.

La importancia de esta socialización radica en que los espacios de consensos son mucho más que escenarios donde ponerse de acuerdo: son espacios para construir o consolidar una identidad colectiva; para establecer puntos de encuentro y de discordia; para solventar discusiones; para disentir y para crear lazos de asociatividad y confianza, además de que a través de la internalización de los valores de cooperación, reciprocidad y tolerancia se puede contribuir a mejorar el rendimiento social del asentamiento.

Construcción de la gobernanza

Los procesos de deliberación y negociación abren la posibilidad de establecer figuras y mecanismos que garanticen una representatividad colectiva del barrio para relacionarse con otros actores, garantizando su legitimidad frente a distintas autoridades institucionales.

En los casos estudiados, las condiciones de vida muy adversas de los habitantes de los barrios los empujan con más fuerza a tener un desempeño organizacional más eficiente y un rendimiento social mayor. Es importante para estos asentamientos fortalecer la cultura política de las organizaciones de base, para que en el proceso de socialización con otros actores sea eficiente en la consecución de resultados que beneficie la estructura de gobernanza del territorio. En el cuadro 9 se esbozan los mecanismos utilizados por los actores sociales en los dos municipios.

Los relatos de los habitantes de los barrios también describen momentos de transformación, con la influencia de esa fuerza organizativa del colectivo, sus habilidades de la gestión y negociación. Esto se evidencia en la conformación de las diversas organizaciones de base, que representan intereses prioritarios, como el abastecimiento de servicios públicos, la construcción de equipamientos urbanos y la garantía de derechos en educación o salud:

[…] usted ve algunas Juntas de Acción Comunal y no manejan libros, no manejan informes, no manejan proyectos; [pero] ahorita en las juntas lo maneja usted con proyectos, si usted no tiene proyectos, no le van a dar plata o no le van a asignar recursos si no radica un proyecto […] (O. Pérez, comunicación personal, 21 de octubre de 2022).

[…] actualmente soy presidente de Junta, siempre nos ha gustado ayudar, que gestionar mercados […] inclusive esta estructura [oficina] se consiguió porque nosotros lo trabajamos, vino CHF internacional¹⁵ nos reunió, nos hizo talleres de adultos, jóvenes y todos nos decían qué necesitaban y concluimos que necesitábamos un espacio para nosotros en donde reunirnos y por eso CHF nos dejó esta estructura en la que estamos (F. Ochoa, comunicación personal, 8 de marzo de 2022).

Resalta el papel de las Juntas de Acción Comunal (JAC), a partir de las cuales se extienden las redes de gobernanza, interactuando con ONG, empresa privada o con instituciones municipales, con lo que se logra consolidar los barrios y poder gestionar otro tipo de procesos. Al crear una identidad colectiva, los actores se integran a la conversación sobre el manejo y la construcción de sus territorios. En la participación comunitaria, los habitantes del barrio “no son sólo una fuerza impulsadora para planificar el desarrollo de los servicios existentes, sino para desafiar su diseño en general” (^{Sorrentino et al., 2018: 36}).

Se encontró también el interés en velar por la diversidad en sus comunidades, adaptándose según lo expresado por los grupos poblacionales:

[…] yo tengo un problema que vivía bravo, era el entretenimiento de los muchachos. Cuando yo entré de presidente había un polideportivo que dejaron en el plan. Entonces ese polideportivo el anterior presidente lo llamaba politierra y cuando yo entré lo llamé polibarro, porque hacía cualquier lloviznita y eso de una vez el barrial tan tremendo y ese es el único polideportivo que hay alrededor de estos barrios. Entonces yo logré en trabajo con la alcaldía [que] se le echara el pavimento […] eso ha sido un logro (Y. Núñez, comunicación personal, 8 de marzo de 2022).

[…] Yo reciclo, hacemos jabones de arroz, de caléndula […] Entonces yo aprendí que podía ponerme sostenible con mis emprendimientos. Ha sido duro, pero ya se conoce nuestra marca; ya saben que [la Fundación] Semillas tiene un emprendimiento; […] Yo quiero, con todos esos murales, yo sueño llenando toda la Loma; porque yo quiero que haya un turismo comunitario acá, que le dé trabajo a los jóvenes que no tienen trabajo, y si no trabajamos con los pelados que necesitan pues se van a volver malos; son pelados que se van al norte a robar; se van al centro a robar, por eso es que se vuelven malos, porque el hambre llama (V. Pardo, comunicación personal, 10 de marzo de 2022).

Las fuerzas organizativas, además de generar redes de gobernanza que aumenten el rendimiento social dentro de los asentamientos para enfrentar crisis específicas, también fortalecen el desarrollo social de la población. A través de las relaciones entre actores se evidencia un sistema asociativo complejo por su nivel de heterogeneidad en origen, fines e itinerarios de acción colectiva, así como en la diferenciación funcional de los actores que las integran, que a la vez implica múltiples concepciones, motivaciones, intereses y problemas relativos al mejoramiento de la calidad de vida en cada lugar, al acceso a servicios públicos y sociales y a la posibilidad de ser integrados a la “ciudad formal”.

Un caso similar es el de los espacios públicos de gestión ciudadana en la ciudad de Zaragoza, donde se estudian dos experiencias de gestión público-comunitaria al apropiarse de los centros sociales.

Como ya se ha señalado, los EPGC responden, en gran medida, a una demanda participativa. En tanto ciudadanos-miembros de una comunidad social y política (la ciudad), los actores intervinientes son conscientes de estar implicados activamente (en distintos grados: practican y se apropian del espacio) en la vida del centro social. En él se reconoce como válida toda una pluralidad y diversidad de usos y opiniones; la horizontalidad en la toma de decisiones suele ser una máxima comúnmente compartida, lo cual no supone dejar de lado la posible conflictividad derivada de diferentes opciones estratégicas, organizativas, políticas e ideológicas (^{Diaz et al., 2021: 73}).

En los casos de estudio, establecidas las organizaciones de base, estas encuentran la legitimidad para ingresar en los mecanismos de participación, ya que, una vez reconocidos y legitimados como organización y no como “barrios ilegales”, los habitantes entran en la disputa por la gestión y administración de sus territorios, a través de las interacciones con las autoridades del municipio.

Coproducción: La configuración colectiva del territorio

La construcción de las figuras de representación que encapsulan los valores, necesidades y objetivos de la población, abre la posibilidad de gestionar la existencia, pervivencia y mejoramiento del asentamiento, a través de las relaciones entre la fuerza organizacional de los barrios y la institucionalidad en sus distintos niveles.

Para expresar las relaciones y los procesos de negociación que se llevan a cabo entre dos o más actores, en los casos estudiados, se usará el concepto de coproducción. Desde la ciencia política, este concepto explicita los escenarios de negociación constante entre las comunidades carentes de servicios y con poca garantía de derechos y las instituciones que están obligadas a garantizarlos.

Sin embargo, el tipo de coproducción que se despliega a través de los resultados de los casos guarda diferencias con lo propuesto desde la ciencia política, ya que se aparta de la concepción Estadocéntrica, donde este actor es quien propicia la interacción y define quiénes participan en la toma de decisiones, en qué marco decisional lo hacen y con qué finalidades.

De este modo, la coproducción permite entender las situaciones que los asentamientos han tenido que transitar para llegar donde están, sin intentar ser un concepto generalizador y homogeneizante respecto a quienes desarrollan la gestión de servicios y equipamientos de los territorios. Aquí la coproducción hace énfasis en las relaciones que se tejen en el territorio para dar solución a las situaciones problemáticas:

[…] aquí la que ha molestado harto y ha hecho por el barrio es la edil doña Milena […] ella es la que se la ha jugado y ella es la que le ha dicho a la gente, por ella hay que dar el voto para ver si la votamos al consejo […] ella peleaba aquí por el barrio y se ha echado enemigos por eso […] el alcantarillado es prácticamente por ella, la pavimentada prácticamente por ella y sí porque ella aprieta la junta, ella acosa a la junta […] por eso yo le he dicho a la gente por ella hay que votar a ver si la votamos al consejo […] (M. Rubio, comunicación personal, 20 de octubre de 2022).

[…] El de la casita comunal, la casita comunal fue un proyecto con ACNUR de Naciones Unidas, hacíamos trabajo por alimento. Nosotros trabajábamos para hacer las vías, ahorita está bonito, uno abría las vías y le daban un mercado; teníamos unas huertas caseras con ACNUR. ACNUR ayudó mucho aquí con un señor Juan Carlos […] nos enseñaron a plantar con las huertas caseras; teníamos cada uno huertas, nos dieron el abono […] (C. Ruiz, comunicación personal, 19 de octubre de 2022).

La comunidad busca el apoyo de la institucionalidad para obras de mitigación de riesgo y obras de construcción de equipamientos de gran tamaño, en donde necesitan herramientas que no pueden obtener a través de los recursos que poseen. Usualmente la intervención estatal dentro de estos barrios se intercambia por el apoyo electoral, ya sea para reelecciones de funcionarios públicos del municipio o para lograr un nuevo puesto dentro de la estructura político administrativa de este.

Aspecto registrado en otros países latinoamericanos, como menciona en su tesis doctoral ^{María Marta Maroto (2020)} al realizar estudios de caso entre dos asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires, la Villa 20 y Rodrigo Bueno, en el periodo 1990-2017.

Los intereses de la coalición gubernamental favorable al desarrollo urbano en el territorio donde se emplaza un asentamiento, y la capacidad de sus habitantes de articular su posición frente al Estado con actores e instituciones externas. En este marco, he sostenido que la decisión de incorporar integralmente un asentamiento informal es el resultado de una situación en la cual los intereses de la coalición desarrollista son altos y la comunidad es apoyada por una influyente red de aliados externos compuesta por agentes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Bajo estas condiciones, la política de incorporación selectiva surge como una “gridlock solution”, es decir, como la solución que le permite al gobierno destrabar el conflicto que le impide avanzar sus intereses asociados a proyectos de desarrollo urbano (p. 98).

En Soacha y Villavicencio, las personas del barrio esperan tener una interlocución directa e inmediata con los representantes políticos, lo cual les permite llegar a las esferas políticas tradicionales, como el concejo municipal o las alcaldías, y participar en las disputas por la gestión del territorio, además de agenciar soluciones rápidas para las problemáticas que se presentan en el asentamiento.

En Soacha nos compartieron esta experiencia al respecto:

[…] Aquí, por ejemplo, las calles se están arreglando, una parte la coloca la alcaldía y otra parte nosotros, la mano de obra, la escarbada, la enterrada de tubos, parte del pavimento y todo eso sale de nuestros bolsillos también porque queremos un futuro mejor tanto para nosotros, como para los que vienen detrás […] (V. Osorio, comunicación personal, 8 de marzo de 2022).

[…] Independientemente nosotros sí, pues nos hemos enfocado en la línea ganadora por decirle algo… ha habido buena comunicación favorable con la alcaldía con las administraciones, si entonces pues el barrio ha sido beneficiado en ese sector, pavimentación, es uno de los barrios que se necesita de un apoyo, que se tapó la alcantarilla y acá una solicitud se está demorando 15, 20 o un mes, dos meses, allá máximo lo están solucionando en dos o tres días[…] (G. Pulgarín, comunicación personal, 9 de marzo de 2022).

En estos testimonios, la relación con la esfera política aparece como una alianza estratégica, de la cual la gente del barrio obtiene lo necesario para su bienestar y las autoridades públicas obtienen el apoyo electoral que necesitan para sus carreras políticas. En contraste con lo sucedido en Villavicencio, en donde lo que se busca es tener acceso más directo e inmediato a estas autoridades, en Soacha, la relación es meramente transaccional.

Los casos de estudio presentan la coproducción como concepto que desenmaraña los procesos relacionales y colectivos con los cuales estos territorios han logrado sobrevivir y emerger en el sistema urbano de las ciudades. Los procesos de coproducción existentes en los barrios estudiados reconocen el límite de acción de las autoridades y la capacidad de agencia que pueden lograr los habitantes sobre el territorio, lo que garantiza la participación democrática de los actores que confluyen en estos territorios y la desaparición de los linderos entre los sujetos que pueden participar y los que no en los asuntos de índole pública, como el aprovisionamiento y mejoramiento de servicios públicos, la garantía de derechos como el acceso a suelo y vivienda, y la construcción de equipamientos urbanos que beneficien el bienestar de las poblaciones que viven en ellos.

Eficiencia de la gobernanza asociativa

Como se ha mostrado hasta aquí, la construcción de los barrios en Villavicencio y Soacha se caracteriza por un avance progresivo y persistente por parte de las comunidades, en configurarse como un actor que puede intervenir y participar en las decisiones y acciones que se toman para organizar y administrar un territorio en particular. Todos los procesos que se desarrollan fueron mecanismos de gobernanza asociativa, en ausencia de mecanismos institucionales que les permitieran tramitar las necesidades, obtener los servicios e infraestructura que requerían y reclamar la realización efectiva de los derechos que la Constitución les otorga por su calidad de ciudadanos.

La gobernanza asociativa que se dibuja en estos barrios corresponde a liderazgos orgánicos que contrastan con la distancia de las instituciones estatales frente a estos. Este tipo de gobernanza ha logrado darle un sentido especial de empoderamiento a los actores, “lo que permite acercarse a una coordinación más horizontal entre múltiples actores de la sociedad e incluso entre la relación Estado-sociedad para organizar y administrar el territorio” (^{Natera, 2005: 5}).

La efectividad y capacidad de esta gobernanza está en gestionar las necesidades particulares de los distintos territorios. No necesariamente se tiene una meta o un objetivo predeterminado, sino la visión de ir resolviendo poco a poco los múltiples problemas y necesidades que aquejan a las comunidades (Luna y Chávez, 2010). Así, los procesos asociativos expuestos en el apartado anterior han alcanzado niveles de eficacia y aceptabilidad al resolver situaciones problemáticas para los habitantes de los barrios:

[…] El frente de seguridad que se hizo cuando había guerra entre pandillas, se enfrentaban, por decir, Villa Sofía y San Fernando, entonces eh… se hizo como una reunión pues, con el frente de seguridad […] Sí, llegaban y entonces llamar a la policía para que se fueran y se habló, y sí, eso fue inmediato; no era sino llamar y decir ya van a empezar a llegar y llegaba inmediatamente el camión y recogía los que había. Entonces ni siquiera chismosos había porque se los llevaban a todos, eso también fue muy chévere, lo que se hizo esa vez […] (M. Camargo, comunicación personal, 9 de marzo de 2022).

[…] Como aquella no; ya ahorita tengo mi casa y yo siempre molesto por ese sector por lo que le digo, porque ese sector al estar a la orilla del caño no está legal, no estaba incluido. Ahorita estamos logrando que lo incluyan, y resulta que por eso no le instalaban alcantarillado ni acueducto, este barrio no hace mucho tiene alcantarillado y acueducto, entonces no se lo instalaban porque estaban a la orilla del caño y el alcantarillado iba hacia el caño imagínese. Y entonces nos tocó pelear, yo peleé, yo molesté con otra vecina de ahí y logramos que metieran el alcantarillado y el acueducto […] (O. Fuentes, comunicación personal, 20 de octubre de 2022).

Por lo tanto, la gobernanza asociativa les ha permitido construir un orden social a partir de acuerdos colectivos. Sin embargo, como todo proceso, este mantiene deficiencias. Se pueden identificar riesgos en los procesos de socialización y redefinición de las posturas que apuntan a construir las prioridades comunes dentro del barrio, ya que pueden transformarse en procesos de cooptación desde las esferas de poder de la representación ciudadana, de creación de clientelas, donde los políticos tradicionales conviertan a las comunidades en gestores de votos a cambio de obras o servicios.

También, hay riesgos en los procesos de representación de las comunidades, ya que pueden producir distanciamiento entre la comunidad y sus líderes una vez que estos últimos se ubican más cerca de la esfera de las autoridades. Esto ocurre por la renegociación que se produce cada vez que se debe alcanzar un acuerdo para resolver un problema, con pobres ejercicios de rendición de cuentas por parte de los representantes de los miembros de la comunidad a la que representan. ^{Warren (2001)} muestra que cuando los representantes comunitarios no tienen mecanismos de refrendación de la voluntad de sus comunidades, como el voto o el principio de mayoría, suelen tener una autoridad y legitimidad fácilmente cuestionables para actuar como “representantes” de sus grupos y organizaciones de base, lo que vulnera los acuerdos alcanzados en el marco de la representación comunitaria.

Si bien la gobernanza asociativa se erige como una alternativa posible y eficiente para crear redes de acuerdos colectivos, no es una perspectiva sin desaciertos o equivocaciones para resolver problemáticas de acceso a servicios y garantía de derechos. Esto no supone un problema profundo para su aplicación; de hecho, reconocer sus desventajas permite afinarla, ajustarla, para que su implementación pueda ser más eficiente.

Reconocer la agencia de los habitantes del barrio

Para que los procesos de gobernanza asociativa en los asentamientos de conformación informal sean posibles, se debe considerar a los habitantes de estos barrios como actores con márgenes de libertad, abandonando la idea de que la vulnerabilidad socioeconómica es un principio de sujeción y coartación para los sujetos dentro del tejido social. La investigación mostró que los habitantes de los barrios, mediante recursos distintos a los económicos, han logrado conseguir suelo para construir una vivienda, negociar con actores institucionales la provisión de servicios y disputar la garantía de derechos en el territorio.

Reconocer la capacidad de agencia es un aporte clave para el estudio del desarrollo y profusión de los asentamientos informales en las ciudades. Así, los actores hacen consideraciones, examinan y valoran las opciones existentes de acceso al suelo dentro los mercados formales e informales. Comprender las lógicas de decisión de los sujetos permite entender cómo y por qué se consolida y perpetúa el sistema de producción informal del suelo y vivienda en el país.

La gente no busca solamente vivienda, sino suelo para construir su vivienda

Los habitantes de los barrios de conformación informal no están sólo en búsqueda de vivienda donde hospedarse, lo que buscan es suelo que pueda ser transformado en una opción viable para desarrollar su forma de vida. Las identidades socioculturales creadas por las personas en la ruralidad viajan con ellos y configurarán la noción de territorio que desean desarrollar en sus nuevos entornos. Encontrar una opción en donde el suelo sea construible y modificable a partir de las nociones de vida digna de las poblaciones configura uno de los criterios más importantes para preferir las ofertas de suelo informal sobre las que ofrece el mercado formal.

Tener una visión limitada sobre lo que las personas están buscando en el mercado de suelo puede provocar soluciones limitadas. De hecho, las políticas de vivienda de interés prioritario e interés social brindan alternativas de vivienda, pero ofrecen pocas opciones de suelo, en donde las personas en condición de pobreza y de informalidad puedan construir y desarrollar su forma de vida.

Debido al desconocimiento que tiene la institucionalidad acerca de los actores que ocupan los espacios, de la lógica de sus decisiones y de sus formas de vida, la política de vivienda no responde a las necesidades de la población que habita los espacios informales en las ciudades, lo que incentiva el surgimiento de las ofertas de los gestores informales, que comprenden lo que los sujetos están buscando, reconocen sus condiciones económicas, establecen múltiples opciones de pago, identifican los lazos entre las personas y el territorio, y ofrecen espacios en donde pueden materializar su identidad rural y la posibilidad de edificabilidad, pues distinguen las relaciones de solidaridad entre familiares que se gestan una vez que se crea un patrimonio.

Las autoridades deben aprender cómo hacer una gestión creativa, económica y solidaria

Tanto el conocimiento sobre el mercado del suelo que poseen los gestores informales como la gestión que los habitantes del barrio despliegan para abastecer el territorio con servicios públicos pueden ser mecanismos de aprendizaje para las autoridades.

Las comunidades, a través de trabajo colectivo y solidario, crean alternativas que les permiten abastecerse de servicios públicos, al menos de manera temporal. La escasez de recursos económicos movilizó la capacidad creativa de los habitantes para abastecer los servicios en el barrio de manera paulatina. A medida que la población aumentaba, el territorio pedía una manera distinta de abastecimiento y los habitantes, a través de relaciones con grupos de interés fuera de su territorio y a través de la solidaridad, generaron otras soluciones temporales, hasta que la infraestructura estatal llegara a suplir las necesidades. Lo que se aprende de la autogestión que toma lugar en estos barrios es que las soluciones se construyen con el paso del tiempo.

Evitar la uniformidad y reconocer la estética de lo comunitario

Las decisiones estéticas y creativas que se toman dentro de los barrios de conformación informal “son impresiones y sensaciones tangibles que los habitantes van dejando en el territorio” (^{Hernández, 2020: 71}) con la intención de fortalecer la relación y cercanía entre los habitantes y el espacio. Las decisiones estéticas del espacio público pueden ser la materialización de relaciones o expresiones culturales que se gestan entre sujetos de la comunidad y van configurando una manera de estar y habitar el espacio.

Los planes de mejoramiento barrial o los planes de rehabilitación urbana, sin ser su intención, pueden estar generando una violencia simbólica en contra de los habitantes de los barrios de conformación informal, porque han sido estos los que han decidido la composición de los espacios dentro de su territorio y han decidido plasmar algunos de los rasgos culturales y sociales que los acompañan dentro del mismo. Por lo tanto, las intervenciones físicas estatales pueden emerger como un elemento de fractura dentro de los procesos de apropiación, organización y arraigo territorial de las comunidades.