INTRODUCCIÓN

La violencia sociopolítica constituye un aspecto significativo de la historia colectiva de América Latina. Este fenómeno ha permeado innegablemente las vidas de los individuos en toda la región (^{Stern et al., 2014}). En respuesta a estos desafíos, las sociedades latinoamericanas se han esforzado por cesar la violencia y establecer sistemas democráticos que prioricen la coexistencia pacífica.

La democratización y pacificación que siguieron a los procesos de violencia han sido impulsadas en gran medida por la sociedad civil y organizaciones internacionales, que han presentado una serie de demandas éticas, políticas y legales contra los Estados latinoamericanos (^{Garretón et al., 2011}; ^{Pearson, 2017}). Como resultado, se han establecido varios mecanismos para abordar los impactos de la violencia y ofrecer reparación a las víctimas. Según algunos autores, como ^{Cuenca (2015)}, esto ha llevado a una predilección continental por adoptar un modelo de justicia transicional, que prioriza las medidas restaurativas sobre las punitivas y compensatorias.

Aunque muchas medidas de reparación son de naturaleza administrativa, financiera y material, también hay un enfoque en los elementos simbólicos. Este aspecto es crucial para la justicia transicional, ya que trabajar sobre las memorias y representaciones simbólicas del pasado es esencial para proporcionar reparaciones integrales a las víctimas (^{Castillejo Cuéllar, 2017}).

En este modelo de transición, es imperativo que el gobierno inicie acciones que faciliten la reconstrucción de la verdad sobre los hechos ocurridos y el desarrollo de memorias relacionadas con los episodios violentos (^{Mora-Gámez y Brown, 2019}; ^{Rettberg y Ugarriza, 2016}; ^{Sánchez, 2020}). Además, es fundamental destacar el vínculo entre las reparaciones simbólicas y la construcción de la memoria en estos escenarios. Las reparaciones simbólicas se refieren a medidas que buscan reparar el daño moral y social causado por los abusos, más allá de la compensación económica. Abarcan acciones como la búsqueda de la verdad, su difusión pública, el reconocimiento oficial de responsabilidades, el establecimiento de memoriales y museos de la memoria, y las solicitudes formales de perdón a las víctimas (^{Jaramillo Marín, 2009}; ^{Jelin, 2001}; ^{Piper-Shafir et al., 2013}).

En este contexto, hemos optado por centrarnos exclusivamente en las perspectivas de la memoria utilizadas en la microsociología y la psicología social, en especial aquellas que conceptualizan la memoria como un fenómeno socialmente construido.

Al abordar la memoria de esta manera, nos referimos a su dimensión social; es decir, como un proceso y resultado de significados compartidos en las acciones de las personas en cada momento histórico (^{Vázquez, 2001}; ^{Piper, 2005}). Discutir la memoria social incluye prácticas sociales como conmemoraciones, actos de recuerdo socialmente construidos, el contexto de la memoria individual y la organización retórica del recordar y olvidar, así como las prácticas institucionales que influyen en ella (^{Middleton y Edwards, 1992}).

En este sentido, los significados construidos en torno a la memoria dependen de una serie de acuerdos sociales, concernientes a lo que debe ser recordado, lo que no, y la interpretación del pasado. De acuerdo con ^{Bruner (1991)}, nuestra forma de vida culturalmente adaptada se basa en significados y conceptos compartidos, y también se apoya en formas comunes de discurso que facilitan la negociación de diferencias en la interpretación y el significado. En otras palabras, nuestra existencia se desarrolla públicamente a través de significados compartidos, negociaciones e interpretaciones (^{Gergen, 2006}). En consecuencia, la memoria social se establece a partir de procesos de significación derivados de acuerdos colectivos, que pueden ser moldeados por disposiciones institucionales que, a su vez, guían o condicionan comportamientos (^{Ramírez Ruiz, 2022}; ^{González Viveros, 2022}).

Por esta razón, los recuerdos de las víctimas y otros actores sociales de estos periodos de terror se convierten en un requisito esencial para brindar reparaciones a quienes han sufrido violencia sociopolítica (^{Jelin, 2013}; ^{Lira, 2010}; ^{Passmore, 2016}).

En este contexto de reparaciones y de evolución de la justicia transicional en el continente, existen diversas políticas enfocadas en recuperar la historia de episodios violentos, conocidas como políticas de memoria (^{Aguilar Fernández, 2001}). Estas se definen como “acciones deliberadas, establecidas por gobiernos u otros actores políticos o sociales con el objetivo de preservar, difundir y valorar las memorias de ciertos aspectos del pasado considerados especialmente significativos o importantes” (^{Groppo, 2002: 192}). Tales políticas pueden categorizarse como oficiales o no oficiales.

Mientras que el enfoque oficial se refiere a los esfuerzos del gobierno para afirmar y moldear narrativas históricas (^{Wills, 2022}), las políticas no oficiales son acciones que buscan llamar la atención sobre la diversidad de memorias presentes a nivel local y público (^{Aguilar Fernández, 2008}; ^{Aguilar et al., 2011}; ^{Da Silva Catela, 2014}).

Estas dinámicas políticas han experimentado un auge significativo en las décadas recientes en el sector gubernamental, la sociedad civil y la academia. Para esta última, contemplar la evolución de la memoria en el marco de la justicia transicional ha presentado un desafío complejo (^{Dulitzky, 2017}; ^{Rigney, 2012}).

En este escenario, la memoria es intrínsecamente un espacio de tensión y lucha continua, arraigado en los significados compartidos de las experiencias de un grupo en respuesta a eventos específicos.

El acto de legislar la memoria busca mitigar estas tensiones y conflictos sobre la memoria, al cristalizar una gama de voces y perspectivas relacionadas con tales eventos (^{Verovšek, 2016}). Esencialmente, cuando la memoria colectiva se institucionaliza a través de procesos legislativos, se vuelve confinada, dejando de ser un fenómeno social dinámico y perdiendo su esencia intersubjetiva (^{Jaramillo Marín, 2012}).

Cuando se legisla la memoria, se establece una definición legal sobre quiénes son los actores principales en un fenómeno o evento histórico, las características de dicho evento, el significado en la memoria colectiva de quienes lo vivieron, los juicios morales y éticos formalizados en torno al evento, y los límites de lo que se considera y no se considera traumático. Así, la memoria pasa de ser una experiencia vivida a un hecho documentado, transfiriendo así la propiedad de estos recuerdos de los individuos que experimentaron los eventos históricos a los Estados que, bajo el disfraz de la democracia, dictan lo que se puede y no se puede recordar.

Sin pasar por alto la naturaleza dual de las políticas de la memoria (^{Groppo, 2002}), este estudio se centrará en entender la perspectiva oficial. No obstante, varios estudios en la región han destacado iniciativas relacionadas con las memorias de los ciudadanos, manifestándose en políticas de memoria no oficiales (^{Herrera y Pertuz Bedoya, 2016}; ^{Raposo Quintana, 2012}; ^{Rubio, 2016}; ^{Ruiz, 2014}). En particular, esta investigación se enfocará en las políticas oficiales de memoria dentro de los modelos de memoria de transición implementados por diferentes países latinoamericanos, ya que es factible discernir ciertos paralelismos y distinciones en estas acciones gubernamentales.

Es frecuente que estos estudios¹ se enfoquen en los aspectos administrativos de las regulaciones oficiales, casi siempre pasando por alto la relación entre reparaciones simbólicas y memoria, su potencial conexión con las nociones de “verdad” o “justicia”, y el significado atribuido a la memoria social en las políticas de reparación (^{Cueto Rua, 2017}). Sin embargo, varios investigadores en esta región sostienen que estas políticas de memoria “transicionales” han sido formuladas como parte de una estrategia globalizada para abordar conflictos pasados en países latinoamericanos en transición hacia diversas formas de democracia (^{Castillejo-Cuellar, 2013}; ²⁰¹⁵). Estos modelos se basan en el entendimiento de que estas sociedades han sufrido profundas disrupciones sociales con severas consecuencias, lo que hace necesario que los gobiernos brinden reparación a las víctimas de estas disrupciones (^{Piper, 2017}).

Así, se ha establecido un “deber de memoria” en los Estados latinoamericanos (^{Jaramillo Marín, 2012}; ^{Vinyes, 2014}) que define, a través del desarrollo de un discurso unificado y dominante sobre el pasado, los parámetros de cómo, dónde y quién puede recordar, llevando en última instancia a la supresión de diversas memorias individuales y locales (^{Vinyes, 2011}). Según Gabriel ^{Gatti (2017)}, estas políticas oficiales de memoria en el modelo transicional latinoamericano apuntan a “crear una verdad singular, fáctica y monolítica” (p. 53), que se convierte en un componente esencial de la reconciliación nacional.

Como resultado, al implementar este modelo globalizado de reparaciones y memoria, varios autores han emprendido análisis comparativos de las características de diferentes políticas oficiales que han surgido en el continente, con el objetivo de comprender los diversos impactos que han tenido en las memorias construidas. Se observa que la exploración de la memoria y su evolución dentro de contextos transicionales ha sido algo limitada en estos estudios comparativos, a menudo confinada a análisis de países individuales en lugar de una perspectiva comparativa más amplia (^{Achugar et al., 2011}; ^{Borrelli, 2011}; ^{Reyes et al., 2013}).

PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO

El objetivo de este estudio es comparar y dilucidar las políticas oficiales de memoria en Colombia y Chile en el contexto de las políticas de reparación derivadas de la justicia transicional. Por lo tanto, esta investigación detallará cómo se configura el concepto de memoria dentro de las políticas oficiales de reparación en Chile y Colombia, situadas dentro de un modelo global de memoria. Este propósito se alinea con la oportunidad de contribuir al espectro de investigación sobre políticas públicas, dada la necesidad de apoyo empírico en este campo en América Latina (^{Bentancur et al., 2023}).

Ambos países se han establecido como pioneros y ejemplos a nivel regional en la construcción de tales políticas de reparación y memoria (^{Pearson, 2017}; ^{Ruderer, 2010}; ^{Sikkink et al., 2014}). Por lo tanto, el objetivo de este estudio es comparar las políticas oficiales de reparación de Colombia y Chile, identificando tanto similitudes, en términos del modelo global regional, como diferencias específicas de cada territorio. Esta comparación ilustrará cómo la memoria, una vez institucionalizada por las leyes, pierde su naturaleza dinámica y se fija dentro de marcos preestablecidos.

Aunque las acciones en cada país surgen de diferentes contextos (los de Chile de una dictadura cívico-militar y los de Colombia de un conflicto armado), se pueden comparar para entender el modelo global de memoria mencionado anteriormente. Esto se debe a que ambas políticas de reparación se construyen a partir del modelo latinoamericano de justicia transicional y los procesos sociales e históricos únicos de cada país. Para comprender el desarrollo de estas medidas gubernamentales, se presentan a continuación los estudios de caso de cada país en orden cronológico.

ESTUDIO DE CASO I: POLÍTICAS DE REPARACIÓN EN CHILE

La dictadura cívico-militar en Chile se estableció el 11 de septiembre de 1973, inicialmente liderada por la autoproclamada Junta Militar y, desde la Constitución de 1980, por el general Augusto Pinochet. Este régimen duró casi 17 años, dejando aproximadamente 40 000 víctimas, más de 1 000 centros de detención, innumerables individuos desaparecidos (aún por localizar), y numerosos casos de tortura, exilio, exoneración y otras formas de violencia y violaciones de derechos humanos (^{Lira, 2010}; ^{Oteíza, 2009}).

El retorno a la democracia se marcó el 11 de marzo de 1990, primer día en el cargo del presidente Patricio Aylwin. Poco después de asumir el cargo (21 de mayo de 1990), enfatizó que se buscaría avanzar en justicia y verdad “en la medida de lo posible”, reflejando la continua influencia de los militares, en particular del ejército aún bajo el mando de Pinochet.

La primera medida gubernamental sobre reparaciones fue la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990) y su consecuente Informe Rettig (1991). Este informe, producto de acuerdos negociados, permitió que muchos perpetradores quedaran impunes y se centró en víctimas “desaparecidas” o fallecidas, causando un importante repudio en la sociedad civil y las organizaciones de víctimas, familiares y derechos humanos (^{Camacho, 2008}; ^{Rovira, 2007}).

Para implementar las sugerencias del Informe Rettig, se promulgaron la Ley núm. 19.123 (1992) y la Ley núm. 19.234 (1993). Estas leyes otorgaron pensiones para las víctimas reconocidas en el informe, establecieron el Programa de Reparación y Asistencia Integral en Salud para Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, y crearon la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Otra medida, el Programa de Derechos Humanos, surgió en 1997.

En octubre de 1998, el arresto de Augusto Pinochet en Londres redujo las presiones de su partido político sobre las medidas de reparación y trajo el tema de vuelta al primer plano nacional. En consecuencia, entre 1999 y 2000, se llevaron a cabo mesas redondas de diálogo con los militares para descubrir el paradero de ciertas víctimas.

En 2003, el presidente Ricardo Lagos estableció la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que condujo al Informe Valech (2004). El informe enfrentó críticas por su voto de silencio, limitando su impacto legal y social. Sus disposiciones se rigieron bajo la Ley núm. 19.992 (2004), y ese año se aprobó la Ley núm. 19.980 (2004) para mejorar los beneficios y pensiones otorgados por la Ley núm. 19.123. En 2006, la presidenta Michelle Bachelet otorgó una bonificación a las personas exoneradas políticamente a través de la Ley núm. 20.134.

Un año después, Bachelet se comprometió a crear un museo de la memoria y una Institución Nacional de Derechos Humanos, inaugurando el primero en 2010 y formalizando la segunda a través de la Ley núm. 20.405 en 2009. Junto con la Ley núm. 20.405, inició una nueva comisión para actualizar el número de víctimas, dando como resultado el Informe Valech II, que identificó a más de 40 000 víctimas. Durante el segundo mandato de Bachelet en 2016, se aprobó la Ley núm. 20.885, que establece la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Derechos Humanos (2017-2021).

ESTUDIO DE CASO II: POLÍTICAS DE REPARACIÓN EN COLOMBIA

Durante más de cinco décadas, Colombia ha estado envuelta en un conflicto armado que involucra guerrillas, grupos paramilitares, narcotráfico, disputas por la tierra y corrupción, junto con esfuerzos por pacificar, desmovilizar y negociar políticamente entre las partes (^{Marston, 2020}; ^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013}). El conflicto ha dejado más de ocho millones de víctimas, con muchos muertos, “desaparecidos”, reclutados o desplazados por la violencia (^{Unidad para las Víctimas, 2017}).

Como respuesta al conflicto armado, en 1997 se promulgó una Ley de Desplazamiento Forzado, considerada una de las primeras medidas gubernamentales de reparación. En 2005, bajo el presidente Álvaro Uribe, se creó la Ley núm. 975 de Justicia y Paz para facilitar la desmovilización de grupos paramilitares. Esta ley incluía disposiciones para reparaciones simbólicas, establecía el deber de memoria del gobierno y creaba la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Grupo de Memoria Histórica (^{Tamayo y Bonilla, 2014}). A pesar de ser una de las primeras leyes en consagrar el deber de memoria, su intento de crear una narrativa singular sobre el conflicto enfrentó la oposición de la sociedad civil (^{Antequera, 2011}).

En 2010, se promulgó la Ley núm. 1408, que honra a las víctimas de desaparición forzada criminal y establece medidas para su localización e identificación. Sin embargo, esta ley no se reglamentó hasta 2015, cuando, debido a la presión social, se ordenó la creación de una base de datos para el perfil genético de víctimas “desaparecidas”. Ese año también se estableció la opción de declarar memoriales con la placa “Nunca más” y el Día del Desaparecido.

Durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos en 2011, se aprobó la Ley núm. 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Fue la primera ley en reconocer el papel histórico del gobierno colombiano en los hechos violentos del pasado (^{Antequera, 2011}), dando lugar a un catálogo de medidas de satisfacción y al establecimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica. La ley también instituyó el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y se comprometió a crear un museo del recuerdo y un programa de derechos humanos. Sin embargo, a pesar del reconocimiento, las medidas de reparación no han sido ampliamente aceptadas por las víctimas, pues 90 por ciento informa que no ha recibido reparaciones (^{Rettberg, 2008}).

METODOLOGÍA

La metodología empleada fue la del análisis comparativo trasnacional (^{Hantrais y Mangen, 2007}); específicamente, un enfoque de análisis de casos binarios, utilizado para describir e interpretar varios procesos históricos a través de un examen comparativo de distintos elementos inherentes a cada nación (^{Hantrais, 2009}). Con este enfoque, se han identificado y analizado varios temas clave relacionados con la memoria dentro de las políticas de reparación en Chile y Colombia.

Este enfoque facilitó el análisis de políticas públicas específicas desde una perspectiva comparativa, con el objetivo de identificar diferencias y similitudes en la implementación de legislaciones que influyen en la construcción del pasado dentro de escenarios de justicia transicional en el contexto de un modelo globalizado de memoria. Esto implica que el estudio no se centrará en los aspectos históricos del surgimiento de estas normas, ya que su propósito se limita a comparar cómo cada legislación aborda la memoria y sus efectos en Chile y Colombia.

MUESTRA

Para obtener la muestra, se realizó una búsqueda exhaustiva de leyes relacionadas con las políticas de reparación en Chile y Colombia. En Chile, esta búsqueda se realizó utilizando el sitio web LeyChile.cl y la Biblioteca del Congreso de Chile. En Colombia, los documentos se recopilaron del sitio web de la Secretaría General del Senado. Después de una revisión inicial de estas regulaciones, sólo se seleccionaron para un análisis posterior aquellas específicamente relacionadas con la construcción de la memoria o el deber de memoria del gobierno (véase el cuadro 1 para comprender el corpus final de regulaciones utilizadas en este análisis comparativo).

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Para reducir y categorizar la información recuperada de las regulaciones, se implementó el análisis de contenido temático como técnica (^{Bolívar, 2014}). Este enfoque permitió la organización sistemática de conceptos en categorías analíticas, estructuradas en torno a temas y subtemas (^{Bardin, 1991}; ^{Piñuel, 2002}).

Se realizó un análisis de contenido temático cualitativo e inductivo (^{Díaz Herrera, 2018}), identificando las características o temas centrales que emergen de los diversos análisis de documentos. Esta técnica se aplicó utilizando la herramienta informática Atlas.ti, versión 7.5.18, y se logró un consenso entre los autores en 100 por ciento de las categorías, lo que sirvió como criterio de validación (^{Flick, 2018}).

El análisis se dividió en tres etapas según las sugerencias de ^{Braun y Clarke (2006)}: la etapa de preanálisis, la etapa de análisis y la etapa de postanálisis. La primera etapa implicó lecturas transversales para obtener una comprensión inicial del contenido. Posteriormente, el proceso continuó con una revisión adicional de las leyes y la creación de unidades de texto preliminares o citas iniciales, facilitando una codificación más efectiva de los resúmenes. La segunda etapa implicó analizar estas unidades, sacando a la luz los temas y subtemas subyacentes. Durante la etapa final, se examinaron las regulaciones en el contexto de los temas identificados, resultando en una codificación temática integral. Finalmente, se desarrolló una síntesis para dar sentido a los temas identificados y organizarlos en categorías coherentes (^{Clarke y Braun, 2013}; ^{Mieles-Barrera, 2013}).

Al analizar las leyes de reparación de ambos países, se identificaron cuatro categorías relacionadas con la memoria, abarcando tanto las regulaciones chilenas como colombianas. Estas categorías se alinean con el modelo de memoria integral de la Justicia Transicional. Específicamente, son: Relación entre Memoria y Verdad Oficial como Mecanismos para las Reparaciones, Instituciones que Construyen Memoria, Archivo como Dispositivo para Centralización y Salvaguarda de Memorias en Regulaciones Chilenas y Colombianas, y Conmemoración de Eventos Pasados. Esta categorización facilitó una comparación en términos de similitudes y diferencias (^{Cais, 2002}; ^{Carmel, 1999}; ^{Ragin, 1987}), que finalmente permitió la ejecución de un análisis comparativo global integral.

RESULTADOS

Los resultados muestran un enfoque desde una perspectiva comparativa de documentos legales, que omite los contextos históricos que condujeron a la creación de leyes en cada país. Si bien se entiende que los contextos históricos de la aparición de cada legislación corresponden a diferentes marcos sociales, es el modelo globalizado el que proporciona un marco de referencia para comprender los efectos de la institucionalización de la memoria sobre las prácticas sociales del recuerdo.

Cada una de las categorías mencionadas se presentará en cuadros, lo que le permitirá al lector comparar el contenido de las regulaciones colombianas y chilenas. Es importante destacar que cada regulación es producto de circunstancias sociales e históricas específicas. El concepto de reparaciones dentro del marco de la justicia transicional se cruza con cada una de ellas, y la aplicación de la memoria varía entre los dos países (^{Collins et al., 2013}).

RELACIÓN ENTRE MEMORIA Y VERDAD OFICIAL COMO MECANISMOS DE REPARACIONES

El concepto de verdad oficial, en relación con la memoria social como mecanismo de reparaciones, es evidente en las regulaciones de ambos países. Esto estandariza la reconstrucción de eventos pasados, lo que ofrece una narrativa clara sobre lo que sucedió para facilitar las reparaciones a las víctimas.

En Chile, el Decreto Supremo núm. 355 (1990), el Informe Rettig (1991), el Decreto núm. 1.040 (2003), el Informe Valech (2004) y el Informe Valech II (2010) enfatizan que reconstruir la verdad de los hechos es crucial para brindar reparaciones por violaciones graves de los derechos humanos (véase el cuadro 2). Una relación interconectada es evidente a partir del Decreto Supremo núm. 355 en adelante, lo que indica que la reconstrucción del pasado es fundamental para que el gobierno reconozca el daño causado a la conciencia nacional y posteriormente ofrezca reparaciones a las víctimas, a fin de facilitar la reconciliación nacional. Para este propósito, es esencial una narrativa racional basada en los hechos ocurridos (Decreto Supremo núm. 355, 1990: 1-2).

Por lo tanto, el establecimiento de la memoria social en Chile está intrínsecamente vinculado a la búsqueda de la verdad oficial. En consecuencia, la memoria y la verdad oficial se convierten en mecanismos de reparación. Las regulaciones indican que, tras la recuperación del pasado, se construirá la verdad, conduciendo a reparaciones para las víctimas.

Este enfoque de la memoria social, alineado con la construcción de una verdad oficial, se ha aplicado sistemáticamente a lo largo de las regulaciones chilenas. El primer Decreto Supremo y su informe subsiguiente (1990-1991) clasifican a las víctimas sin hacer distinciones precisas. En el Informe Valech (2003), se introdujo una clasificación más amplia, al incluir a las víctimas de tortura y prisión política, y expandirse en el Informe Valech II (2010) para incluir a los ejecutados por razones políticas y a los “desaparecidos”. Además, la Ley núm. 20.134 (2006) describe medidas para las personas consideradas exoneradas políticamente.

En Colombia, la relación entre la memoria y la verdad como mecanismos para brindar reparaciones a las víctimas es evidente en leyes como la Ley núm. 975 (2005), la Ley núm. 1.408 (2010) y la Ley núm. 1.448 (2011), que enfatizan la importancia de adoptar medidas de reparación para las víctimas del conflicto armado (cuadro 2). La primera de estas leyes indica que la memoria debe integrarse en las medidas de reconciliación nacional, mientras que la Ley núm. 1.448 (2011) reconoce la memoria como un componente crítico de las medidas de satisfacción, reforzando así su papel en el logro de reparaciones simbólicas (Ley núm. 975, art. 80, 2005: 9-10; Ley núm. 1.448, art. 141, 2011: 66). Este enfoque refleja la superposición observada en Chile, donde establecer la memoria y la verdad es esencial para la reconciliación nacional y brindar reparación a las víctimas.

En las regulaciones colombianas, al igual que en Chile, la memoria social vinculada con la verdad oficial sirve como mecanismo de reparaciones. En un inicio, la Ley núm. 975 (2005) asoció la verdad con los orígenes de los grupos armados ilegales. Posteriormente, la Ley núm. 1.408 (2010) reconoció la participación del gobierno en los crímenes de “desaparición” forzada. Por último, la Ley núm. 1.448 (2011) legitimó y reconoció a las víctimas como actores clave en el conflicto armado, no sólo a los perpetradores.

La diferencia clave entre las regulaciones chilenas y colombianas radica en el reconocimiento del deber de memoria respecto a los crímenes cometidos. En Chile, el gobierno no reconoce su deber de memoria por los crímenes de la era de la dictadura, sino que se centra en descubrir la verdad para brindar reparaciones y promover los derechos humanos, con el objetivo de evitar la recurrencia de tales hechos violentos. Este enfoque se alinea con los estándares internacionales de garantías de no repetición.

Por el contrario, en Colombia, el gobierno reconoce explícitamente su deber de memoria y enfatiza que mejorar las prácticas de reconstrucción de la memoria contribuye a la realización del derecho a la verdad (Ley núm. 1.448, 2011: 66). Este enfoque fomenta las garantías y condiciones necesarias para la reparación de la sociedad, promoviendo medidas de reparaciones simbólicas.

INSTITUCIONES QUE CONSTRUYEN MEMORIA

Tanto en Chile como en Colombia, se han establecido instituciones dentro de las regulaciones de reparación para asegurar la recuperación de la memoria y la reparación de las víctimas. Estas entidades tienen como objetivo solidificar los mecanismos de reparación y gestionar el pasado y otras medidas simbólicas, legitimándolas como parte del modelo global de memoria.

Las regulaciones chilenas han establecido nueve instituciones clave: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1996), el Programa de Derechos Humanos (1997), la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2003) (Valech I), la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (2010) (Valech II), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (2009), el Museo de Memoria y los Derechos Humanos (2010), la Subsecretaría de Derechos Humanos (2016) y el Plan Nacional de Derechos Humanos (2018-2021).

En Chile, hay un enfoque pronunciado en la creación de instituciones que primero establecen una verdad oficial creciente y luego promueven y respetan los derechos humanos. Sin embargo, las únicas entidades explícitamente encargadas de construir memoria son el Museo de Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos, responsable del Plan Nacional de Derechos Humanos, que incluye la preservación de la memoria histórica de Chile.

En Colombia, las instituciones específicamente para reconstruir la memoria del conflicto armado han sido establecidas explícitamente por ley: la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Ley núm. 975 de 2005), el Centro de Memoria Histórica (Ley núm. 1.448 de 2011) y la Comisión Nacional de Búsqueda (Ley núm. 589 de 2000).

Por lo tanto, ambos países han ordenado la creación de instituciones para regular la memoria, institucionalizando su versión de los hechos a través de estas entidades. La mayor diferencia es el establecimiento del Centro de Memoria Histórica en Colombia, centralizando la memoria institucional en una sola entidad, mientras que en Chile la gestión de la memoria se distribuye entre varias instituciones establecidas por las leyes de reparaciones.

ARCHIVO COMO DISPOSITIVO PARA LA CENTRALIZACIÓN Y SALVAGUARDA DE MEMORIAS

Tanto los marcos regulatorios chilenos como colombianos definen la memoria social como la documentación de eventos. La memoria se materializa en archivos que contienen registros, testimonios y evidencias del pasado. El Informe Rettig (1991) en Chile y la Ley núm. 975 (2005) en Colombia subrayan la necesidad de crear instituciones para gestionar estos archivos de memoria (cuadro 3). Cabe resaltar que en ambos países estos archivos funcionan de manera similar a una biblioteca (Informe Rettig, 1991: 1300; Ley núm. 1.448, 2011: 68).

Ambos conjuntos de regulaciones describen acciones gubernamentales asociadas con el archivo de la memoria, incluyendo la salvaguarda de los archivos, su centralización a nivel nacional y su preservación como patrimonio nacional (cuadro 3).

Al diferenciar entre los dos países, es crucial resaltar las distinciones en sus regulaciones respecto a la apertura y accesibilidad al archivo. El Informe Valech (2004) indica que el archivo de Chile es confidencial. Esta confidencialidad está ordenada por el artículo 15 de la Ley núm. 19.992 (2004: 3-4), que estipula un periodo de cincuenta años de secreto para los registros recopilados. Sin embargo, en Colombia, de acuerdo con la Ley núm. 1.448 (2011), la memoria articulada en el archivo no está sujeta a censura, reflejando el deber del gobierno de asegurar la preservación de la memoria y el derecho a la memoria que se menciona en la ley 1408 de 2010 (art. 14).

El archivo está designado como una entidad con responsabilidades similares a las de una biblioteca, incluida la clasificación, salvaguarda, centralización y conservación. Por lo tanto, el modelo global de memoria sugiere que el pasado puede documentarse en papel, y estos documentos deben preservarse meticulosamente debido a su importancia en las reparaciones nacionales y de las víctimas.

CONMEMORACIÓN DEL PASADO

En las leyes de reparación de ambos países, se han establecido diversas acciones relativas a la conmemoración. Estas naciones subrayan en su legislación la importancia de establecer fechas y lugares para el recuerdo (cuadro 4). Un aspecto compartido, indicativo del modelo global de memoria, es la celebración del 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha reconocida internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1991 y adoptada por Chile bajo el Decreto núm. 121 (2006) y por Colombia bajo la Ley núm. 1.408 (2010).

Chile y Colombia difieren en sus prácticas conmemorativas. Chile carece de un día específico para el recuerdo colectivo de todas las víctimas, pero ha designado fechas para conmemorar los derechos humanos, los torturados y los ejecutados políticos como parte del proceso de reparación. En contraste, Colombia celebra el 9 de abril como Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas (cuadro 4).

En cuanto a los lugares de memoria, Colombia ha establecido dos ubicaciones institucionales para la conmemoración: los Santuarios de la Memoria y el Museo de Memoria (cuadro 4). En los Santuarios, se debe instalar una placa con la frase “Nunca más” (Ley núm. 1.408, 2010: 4), reflejando la tendencia global de institucionalizar la memoria por parte de los gobiernos. Sin embargo, el Museo, tal como se describe en la Ley núm. 1.448 (2011), aún está en proceso de construcción. Por el contrario, en Chile, la responsabilidad de crear lugares de memoria recae en la sociedad civil, encargada de transformar los sitios de memoria en monumentos nacionales bajo la Ley núm. 17.288 (1970/2017).

Chile aborda la conmemoración de su pasado violento y la reparación nacional a través de la financiación de quienes ganan fondos nacionales de derechos humanos o premios. Siguiendo el Informe Valech (2004), se propuso el establecimiento de tres fondos relacionados con los derechos humanos: uno para la investigación en derechos humanos, otro que destaca obras literarias que reconocen los hechos pasados, y un tercero relacionado con obras de arte que reflejan dicho reconocimiento (cuadro 4). Posteriormente, bajo la Ley núm. 20.405 (2009), se promulgó una recomendación del Informe Rettig (1991), creando el Premio Nacional de Derechos Humanos para reconocer financiera y simbólicamente a personas vinculadas al campo, con el objetivo de fomentar una sólida memoria histórica (p. 6).

En el aspecto administrativo de las reparaciones, ambas naciones regulan la asignación de fondos públicos para la reparación de las víctimas, estipulando cuándo, dónde y a quién recordar. En general, el modelo global de memoria es evidente en las fechas y lugares institucionales designados para las conmemoraciones del pasado.

CONCLUSIÓN

El análisis comparativo de las políticas de reparación chilenas y colombianas en este estudio destaca las formas para reconstruir pasados violentos, guiados por el modelo de justicia transicional. Este modelo, compartido por ambos países, se adapta a sus necesidades y contextos históricos únicos. El objetivo era examinar cómo se institucionalizan los procesos de violencia política en Chile y Colombia a través de la legislación.

En Chile, un vínculo entre la memoria social y la verdad oficial sirve como mecanismo de reparación. La reconstrucción del pasado es vital para establecer la verdad oficial, poner fin al silencio, expresar arrepentimiento y, en última instancia, reclamar la dignidad de la nación y las reparaciones para las víctimas. Esta relación entre verdad y memoria como mecanismo de reparación está respaldada por acciones gubernamentales cuidadosamente planificadas, que conducen a la creación de instituciones reguladoras como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones de la Verdad.

Notablemente, en Chile, la memoria se conceptualiza como una herramienta de archivo, centralizando y salvaguardando la historia de los eventos de la era de la dictadura. Este archivo es confidencial (Informe Valech, 2004), y desde la Ley núm. 19.992, se ha decretado que sus contenidos permanezcan en secreto durante cincuenta años (art. 15, 2004: 3-4), limitando el acceso público a esta verdad oficial. El gobierno de Chile adopta un enfoque institucional para la conmemoración, apoyándola a través de fechas internacionales e incentivos financieros para la promoción de los derechos humanos. Estas actividades simbólicas de conmemoración son manejadas principalmente por la sociedad civil, independientemente de regulaciones específicas (^{Raposo Quintana, 2012}; ^{Reyes et al., 2013}).

En Colombia, el gobierno reconoce de manera explícita su deber de memoria, al vincularlo a una narrativa más amplia y veraz que facilita las reparaciones de las víctimas y la reconciliación nacional. Esta narrativa general emerge de forma gradual a través de nueva legislación y es gestionada por instituciones establecidas bajo la Ley núm. 1.448 (2011), como el Centro Nacional de la Memoria Histórica y el Museo de Memoria.

El modelo colombiano del archivo, como una entidad tangible que centraliza y salvaguarda el pasado, no está sujeto a censura y debe preservarse. Está destinado a servir como la narrativa definitiva para las reparaciones nacionales y la reconciliación. El gobierno colombiano también desempeña un papel proactivo en la gestión de la conmemoración en lugares institucionales, adhiriéndose a fechas y temas internacionales, en línea con el modelo global de memoria. Este enfoque deja poco espacio para narrativas alternativas, asegurando un discurso uniforme sobre el conflicto armado.

El estudio identifica un modelo global de memoria en América Latina, basado en el compromiso transicional de reparar los países afectados por la violencia política sancionada por el gobierno. Este modelo se caracteriza por construir una verdad oficial derivada del pasado para ayudar a las reparaciones de las víctimas, crear instituciones para gestionar este proceso y asegurar la preservación y centralización de la memoria. El pasado se conmemora a través de fechas internacionales y lugares predeterminados, alineados con las pautas del modelo de memoria.

Tanto Colombia como Chile ilustran cómo los marcos legales pueden moldear la memoria colectiva, regulando cómo se recuerdan los eventos sociopolíticos. Por lo tanto, legislar la memoria a menudo simplifica y restringe la rica complejidad de la memoria social y colectiva. El proceso de definir eventos históricos a través de la legislación implica afirmar autoridad sobre la narrativa de lo que debe recordarse y cómo.

Las políticas de reparación representan un conjunto de prácticas nacionales destinadas a reparar a las víctimas por la violencia infligida e imbuir al pasado de significado, alineándose con los estándares internacionales de justicia transicional. Esto conduce al establecimiento de un modelo de memoria estandarizado a nivel mundial en cada país, manifestado a través de fórmulas predeterminadas como las cuatro categorías analizadas. Sin embargo, surgen ligeras diferencias a partir de los contextos sociales únicos en los que se implementan estas políticas en cada nación.

En síntesis, Chile y Colombia comparten cuatro formas de construcción de memoria basadas en políticas de reparación, pero difieren en su compromiso. Chile se enfoca en el futuro, sin detenerse en el pasado, mientras que Colombia ve la memoria como una verdad histórica y una obligación gubernamental. Ambos países crean instituciones para salvaguardar la memoria, siendo el enfoque de Chile más descentralizado y el de Colombia más estrictamente regulado.

Ambas naciones apuntan a centralizar los recuerdos de eventos pasados a través de archivos oficiales. El enfoque de Chile implica racionar el acceso a estos archivos, manteniendo la confidencialidad y el secreto, mientras que los archivos de Colombia son de acceso público. Esta diferencia subraya cómo los procesos más amplios de construcción y solidificación de la verdad influyen en la gestión de estos archivos, con variaciones según las memorias locales y nacionales (^{Taylor, 2003}; ^{Weld, 2014}).

En cuanto a la conmemoración, ambos países emplean mecanismos que involucran fechas simbólicas, lugares y actos. La distinción radica en el papel del gobierno: Colombia adopta un enfoque más activo para el recuerdo, mientras que Chile lo deja a la sociedad civil. La internacionalización o globalización de la memoria es evidente en ambos casos, ya que la formalización se extiende más allá de las conmemoraciones nacionales para incluir el reconocimiento de fechas y mecanismos internacionales para la memoria y las reparaciones (^{Mendlovic-Pasol, 2014}).

Institucionalizar la memoria es un esfuerzo para objetivar lo que es inherentemente subjetivo. Este enfoque vuelve a ver la memoria como archivos o capacidad cognitiva, en lugar de como un proceso social dinámico (^{Castillejo Cuéllar, 2009}). Desde una perspectiva psicosocial, legislar la memoria puede invalidar los aspectos narrativos e interpersonales esenciales para la memoria social (^{Antequera, 2011}; ^{Da Silva, 2014}).

Así, los casos de Chile y Colombia ejemplifican la existencia de un modelo global prescriptivo de memoria dentro de los marcos tradicionales de la justicia transicional. A pesar de sus diferencias en los tiempos históricos y contextos, estos países siguen pautas notablemente similares para abordar sus pasados violentos. Esta similitud demuestra que las políticas de reparación, bajo el paraguas del modelo de memoria, apuntan a concluir el pasado e, indirectamente, limitar el surgimiento de nuevas narrativas sobre los procesos de violencia. Como resultado, las perspectivas alternativas sobre los eventos históricos a menudo se ven eclipsadas por las narrativas institucionales, que se articulan en relatos rígidos y deterministas que formalizan una versión específica del pasado. Este enfoque tiende a fomentar el consenso más que la división, transformando el pasado en algo distinto de la memoria misma: un constructo institucional.

Transformar la memoria en una forma de política pública puede conducir a su “sobregestión”, lo que resulta en efectos burocráticos que disminuyen su profundo significado social. Navegar estos desafíos para preservar la memoria histórica como vibrante, diversa y profundamente arraigada en la sociedad es una tarea compleja, sobre todo cuando la memoria se ve limitada dentro de instituciones y marcos oficiales específicos (^{Arboleda-Ariza et al., 2020}). Lograr este delicado equilibrio requiere un enfoque libre de dogmatismo, honrando la diversidad de memorias existentes mientras se sostiene el compromiso social.

Sin embargo, existen enfoques alternativos de la memoria más allá de la institucionalización, que evitan las trampas de confinar ciertos eventos dentro de narrativas oficiales. Estas alternativas son fomentadas por diversas prácticas sociales, como la transmisión intergeneracional, donde la memoria se preserva espontáneamente y refleja la identidad y las experiencias vividas de un grupo. La producción cultural, derivada de experiencias pasadas y narrada por quienes las vivieron, ofrece otro camino. La investigación académica independiente, no guiada por directivas gubernamentales, se dedica a explorar, representar y analizar expresiones conmemorativas. Finalmente, el activismo por los derechos humanos tiene un papel crucial en el mantenimiento de una pluralidad de memorias más allá de los confines de los marcos institucionalizados.

Por último, a pesar de sus diferencias en los tiempos históricos y contextos, estos países siguen pautas notablemente similares para abordar sus pasados violentos. Esta similitud demuestra que las políticas de reparación, bajo el paraguas del modelo de memoria, apuntan a concluir el pasado y, de manera indirecta, limitar el surgimiento de nuevas narrativas sobre los procesos de violencia. Como resultado, las perspectivas alternativas sobre los eventos históricos a menudo se ven eclipsadas por las narrativas institucionales, que se articulan en relatos rígidos y deterministas que formalizan una versión específica del pasado. Este enfoque tiende a fomentar el consenso más que la división, transformando el pasado en algo distinto de la memoria misma: un constructo institucional.