¿La muerte tiene permiso?

Las violencias políticas en general y electorales en particular no son ajenas a la democracia (^{Birch, Daxecker, Höglund 2020}), pero en términos prescriptivos resultan incompatibles con una normalidad democrática que apuesta por dirimir conflictos recurriendo a canales pacíficos.

¿Dónde ubicar a México respecto a dicha apuesta? El balance arroja claroscuros: si bien amplias regiones del país están bajo control de aparatos gubernamentales constitucionalmente erigidos, en otras la debilidad del Estado es evidente y los ejes del entramado societal giran alrededor de una violencia cada día más punzante. La declaración de guerra contra el narcotráfico, que a fines de 2006 modificó las políticas federales de combate al crimen organizado, nunca asumió el estado de excepción para la vida en democracia que ello implicaba.

Caracterizar/conceptualizar el dolor, muerte y destrucción que tal paradoja ha propiciado constituye en sí mismo un desafío (^{Arratia 2016}; ^{Lomnitz 2022 y 2023}; ^{Rojo Fierro 2020}; ^{Schedler 2015}; ^{Trejo y Ley 2020}; ^{Zepeda Gil 2018}), pero al margen de cómo se le nombre, a partir de entonces la puerta quedó abierta para el abuso del monopolio legítimo de la violencia en la lucha contra enemigos cuya capacidad de recomponerse fue mal evaluada. El galimatías formal resultante difícilmente encontrará salidas satisfactorias, la guerra interna y sus costos en cuanto a la violación de derechos humanos (^{Anaya Muñoz 2014}; ^{Coste 2022}; ^{Estévez 2012}; ^{Pérez y Castillo 2019}) se prolongó durante el siguiente sexenio, aun cuando en términos discursivos no se apelara a ello (^{Rosen y Zepeda 2016}).

Entre los factores que explican el aplastante triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2018 está el hartazgo ciudadano frente a dicha continuidad. El proyecto vencedor ofrecía cambios de fondo en el tema, pero los resultados tampoco fueron mejores (^{Álvarez Icaza 2020}). En el marco de la históricamente compleja relación México-Estados Unidos, desde 2006 se apostó por la captura o muerte de los líderes de los carteles, pero el problema rebasaba la mirilla con la que por lo general se le ha abordado (^{Escalante Gonzalbo 2013}). Sin reconocer esto último, en 2012 se mantuvo la apuesta y en 2018 se modificó la dirección del enfoque, pero se conservó el punto de partida que explicaba sus raíces.

El elefante en la habitación siguió ahí: obviar los efectos de lógicas prohibicionistas que en lugar de disminuir el fuego lo atizan. Las decisiones de quienes encabezaron el Poder Ejecutivo federal bajo distintas siglas partidarias -Partido Acción Nacional (PAN) en 2006, PRI en 2012 y Morena en 2018- tuvieron un origen similar, aunque cada cual le imprimió su marca: en las tres administraciones se diseñaron políticas públicas que carecían de diagnósticos documentados, de articulación y de evaluaciones serias (^{Atuesta y Madrazo Lajous 2018}), errores que produjeron y reprodujeron severas crisis en el ámbito de la seguridad.

Ese ambiente privó antes, durante y después de la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Sin invitación, pero tampoco identificadas como algo ajeno, distintas formas de violencia -reducirlas a singular esconde la pluralidad de sentidos y materialidades con las que, dependiendo de condiciones históricamente acotadas, se las produce (^{Crettiez 2008}; ^{Menéndez 2012})- fueron otra variable a considerar en el desarrollo de los procesos comiciales. La que se ejerció para sesgar el resultado de los cargos en disputa estuvo separada por fronteras porosas de la impuesta en una cotidianeidad que la ha incorporado como parte de ella.

¿Qué nos llevó a este punto? Entre las posibles explicaciones está la idea de que el combate inicial contra el narcotráfico devino en una guerra civil motivada por la economía en lugar de por disputas políticas o ideológicas (^{Schedler 2015}). Más que la definición a la que Schedler llega -como se adelantó líneas arriba ese desafío conceptual está en curso- recupero los cuestionamientos que plantea a las explicaciones simplistas sobre el tema. Ir más allá de la niebla que oculta patrones de normalización de la violencia y fronteras entre crimen organizado, sociedad civil y Estado ayuda a entender que los actos e imágenes consignados en la prensa y reforzados por el discurso oficial no son sólo producto de las acciones de grupos criminales que rivalizan entre sí o que repelen a las corporaciones de la fuerza pública; sus detonantes y consecuencias cruzan al conjunto de la sociedad.

Desde una postura contraria respecto al carácter bélico del escenario actual, los crecientes problemas de seguridad pueden explicarse por la retracción del Estado y su incapacidad para regular las economías informal e ilícita (^{Lomnitz 2022 y 2023}). El telón de fondo es un debilitamiento de las estructuras de poder que dominaron el escenario bajo la égida priista y el fortalecimiento de dominios alternos que reproducen prácticas y símbolos cargados de violencia. Ello abona a la hipótesis de que en el plano municipal los sistemas y formas de negociación se trastocaron. Por razones diferenciadas, dependiendo de la historia particular de cada lugar, a partir de 2008, la amenaza de una actuar violento que se escondía tras las bambalinas del intermediar político pasó de la latencia a la acción, y la muerte adquirió permiso (^{Escalante Gonzalbo 2011}).

Si bien distanciadas en cuanto a su punto de partida, ambas aproximaciones dan cuenta de experiencias colectivas que se cruzan con subjetividades individuales. Comparten también el rechazo a valoraciones morales para interpretar la participación ciudadana, activa o pasiva, en la reproducción de entornos marcados por la violencia y subrayan la debilidad del Estado para ejercer las funciones que le corresponderían en un régimen democrático.

De acuerdo con la Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), México finalizó 2024 ocupando el cuarto lugar en términos de conflictividad y violencia.¹ Los criterios y numeralia que le sirven de base² son debatibles, pero, independientemente de la exactitud con la que se les cuantifique y la posición respecto a otros países que se nos asigne, pone de manifiesto la magnitud del problema.

El año previo a las elecciones de 2024 se registraron de manera oficial 31 062 homicidios en todo el territorio nacional, es decir 24 por cada 100 000 habitantes. El parte de guerra respectivo, en el sentido casi literal del término, fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI 2024a}) con la intención de mostrar que las tasas de violencia habían disminuido respecto a 2022 (26 homicidios por cada 100 000 habitantes), 2021 (28 homicidios por cada 100 000 habitantes) y 2018-2020 (29 homicidios por cada 100 000 habitantes) (véase gráfica 1).

Fuente: Elaborado por Rodrigo León con base en INEGI, “Comunicado de prensa núm. 460/24”, 1º de agosto de 2024, p. 3 e INEGI, s.f., “Conjunto de datos. Defunciones por homicidios”, https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est; https://www.inegi.org.mx/ temas/estructura/.

Gráfica 1 Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes en el territorio nacional Serie anual 1990-2023 (total) 

Las causas de la tendencia decreciente son motivo de controversia. De un lado se ha interpretado como el éxito de políticas públicas impulsadas en el marco de la Cuarta Transformación (4T), del otro se han subrayado anomalías y posibles manipulaciones en el registro de delitos de alto impacto para la ciudadanía. Los debates que sobre el tema suscitó el caso de la Ciudad de México (^{Pérez Esparza y Sumano Rodríguez 2023}; ^{Ramírez Guillén y Ruiz Ojeda 2023}; ^{Romero Rocha y Pérez Ricart 2023}) pueden replicarse en otros entornos locales junto con una tercera variable: los arreglos pacíficos a los que llegan las fuerzas enfrentadas (^{Vargas Hernández 2023}).

El razonamiento técnico que cada postura esgrime escapa a los objetivos de este escrito, aceptando sin conceder que las cifras no están maquilladas y que el factor determinante fue la eficacia de la política de seguridad impulsada a partir de 2018, la disminución en la tasa de homicidios está lejos de significar que la violencia en sus distintas acepciones haya cedido terreno. La tasa en este rubro -homicidios- sigue siendo muy alta, e igual sucede con otros indicadores. El año previo a las elecciones la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) consignó que 27.5% de los hogares tuvo al menos una víctima del delito y, meses antes de los comicios, la percepción de inseguridad de la población mayor de 18 años ascendió a 73.6%, ello en medio de altas dosis de impunidad, pues los delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación durante 2023 fueron 92.9% (^{INEGI 2024b}). Las desapariciones forzadas se incrementaron entre 2022 y 2023 7.3% y de 2023 a 2024 6.3% (^{IMDHD 2024}), mientras que los procesos de desplazamiento forzado interno que en 2016 fueron abordados en un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (^{CNDH 2016}) han carecido de seguimiento oficial, pero su existencia es innegable (^{Pérez y Castillo 2019}; ^{Salazar C. y Álvarez Lobato 2018}; ^{Vázquez Moreno 2017}). Además de ello, algunas de las formas en que las violencias se ejercen/viven alcanzan niveles extremos (^{Reguillo 2021}).

Los saldos para el tejido social de tan sombrío panorama son inconmensurables, pero existen cuantificaciones de sus costos económicos en América Latina -Caribe incluido- (^{Pérez Vincent et al. 2024}) y en México. Las metodologías empleadas y los resultados obtenidos dependen de la fuente que se consulte -de acuerdo con las estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz (^{IEP 2024}) durante 2023 se perdieron 4.9 billones de pesos en México, es decir, 19.8% del producto interno bruto (PIB), la Envipe, por su parte, consigna en el mismo rubro un monto de 282 mil millones de pesos, 1.5% del PIB (^{INEGI 2024b})- disparidad que remite, entre otras cosas, a los retos de proyectar situaciones contrafactuales.

Un desafío similar surge cuando se introduce la variable electoral. Pueden encontrarse correlaciones entre contextos mediados por la violencia y el comportamiento de candidatos y votantes, pero sus implicaciones para el intercambio político en los niveles macro y micro apenas se están procesando. A mediano y largo plazo se contará con más elementos para construir información que empíricamente permita comparar la comisión de delitos con la participación electoral en los distintos ámbitos del país, de momento la propuesta que aquí se desarrolla está centrada en constatar si la democratización de las urnas se ha traducido en la pérdida de espacios de mecanismos de acceso y control del poder basados en el uso de la violencia.

Violencia, dominios alternos y democracia

La violencia en sus distintas manifestaciones remite a prácticas sociales que, además de incidir en el ejercicio de la soberanía estatal, dañan la dignidad e integridad de las personas y los patrones de convivencia de las comunidades (^{Zavaleta Betancourt 2018}). Sin embargo, entendida como resultado de cadenas que se concatenan (^{Auyero y Berti 2013}), y dejando de lado posicionamientos de índole moral que en abstracto la rechazan (^{Soriano Hernández 2024}), la alternativa de exorcizarla se desvanece.

Además de sus manifestaciones objetivas puede ser rastreada en un plano simbólico. Las relaciones de poder que se generan en este último se construyen a partir de pautas culturales que abonan a la imposición de consensos lógicos y morales y a la reproducción del orden social (^{Bourdieu 1977}). A contracorriente de la violencia física, la simbólica se ejerce sin que necesariamente quien la padece se percate de ello. Un ejemplo paradigmático es la dominación masculina (^{Bourdieu 2000}), pero en realidad se extiende por todos los campos de la vida en sociedad y es un mecanismo de control estatal (^{Fernández 2005}).

Ni la fuerza del Leviatán, ni la idílica autorregulación humana bastan para borrar del escenario ambos tipos de violencia, su manejo, en todo caso, dependerá de conflictos y acuerdos internos. ^{Max Weber (2007)} sostiene que su dimensión objetivada sólo se legitima cuando se ejerce desde el Estado. La capacidad coercitiva que ello implica se respalda en leyes que regulan la vida en sociedad y a las que se debe reconocimiento y obediencia, de allí que su uso por fuera de dicho monopolio constituya un factor inversamente proporcional a la fortaleza del orden democrático.

El peso normativo del modelo resultante es innegable; no obstante, cuando se le aterriza de manera empírica surgen claroscuros que desafían sus alcances hermenéuticos. En México la construcción de estatalidad no ha conllevado que el imperio de la ley prevalezca para mantener el orden social, ni que el monopolio legítimo de la violencia siga los cánones weberianos.

Por ello resulta más útil pensar en clave de un orden mixto (^{Hincapié y Olvera 2019}) donde los márgenes estatales son difusos y sus zonas grises (^{Das y Poole 2008}; ^{Maldonado 2010}) no constituyen una anormalidad (^{Migdal 2011}), sino la concreción de las relaciones que atraviesan el binomio Estado-sociedad (^{Brachet-Márquez 2016}), en el entendido de que el conflicto es un elemento estructurante de estas relaciones (^{Saavedra Estrada 2025}).

Los regímenes democráticos no se erigen por decreto, se pueden promulgar leyes que así lo indiquen y pronunciar discursos que refuercen la idea, pero sólo los análisis históricamente situados permiten tipificarlos y, hasta donde conozco, sus resultados muestran que las métricas ideales nunca se han alcanzado. Los acercamientos a la historia del tiempo presente en México refrendan la idea de que en la base del régimen actual coexisten dos tipos de arreglos: aquellos que desde una lógica weberiana buscan fortalecer el entramado institucional y los que incorporan prácticas y valores que se rigen a partir de otras formas de sociabilidad.

La apuesta por desplazar a los segundos fortaleciendo a los primeros se ha traducido en zonas grises que no parecen próximas a decantarse en uno u otro sentido. Tal coexistencia ha roto preceptos básicos en cuanto al manejo de las violencias de la vida en sociedad. Dicho de otra manera, los tipos ideales de democracia ofrecen modelos de referencia más que prototipos a imitar, sus aterrizajes particulares no constituyen anormalidades, aunque, dependiendo del horizonte al que apunten, algunas veces generan tejidos sociales profundamente rasgados (^{Lomnitz 2022}).

¿Se vislumbra alguna salida en el corto plazo? Parecería poco probable, ello requeriría que desde las esferas estatal y societal hubiera incentivos para deshacer un nudo gordiano que ha sido redituable en los dos espacios. Con todo, frente a lo poco halagüeño del rumbo tomado, urge impulsar resortes que modifiquen los destinos que prefigura. El primer paso sería reconocer las raíces estructurales del problema, mientras se le circunscriba a la lucha entre criminales visualizados como un bloque compacto versus estatalidades igualmente homogéneas la sociedad, en lugar de actriz protagónica, se convierte en convidada de piedra.

Existen propuestas para avanzar por líneas alternas de interpretación. Empezando por desmontar la idea de que el imperio de la violencia se había extendido en México desde la década de los noventa del siglo pasado (^{Escalante Gonzalbo 2009}), uno de los primeros aportes en este sentido fue el ejercicio de releer los macrodatos estadísticos sin asumir la hipótesis de que la fuente de todos los males era el narcotráfico (^{Escalante Gonzalbo 2011}). Las cifras estaban allí, hacía falta un hilado fino para intuir que el cambio drástico en la tendencia que durante dos décadas había mantenido a la baja la tasa nacional de homicidios no era sólo producto de la guerra que en 2006 declaró el gobierno federal al crimen organizado.

La llamada a mirar los árboles sin perderse en el bosque era y sigue siendo pertinente. Por supuesto entre las cuestiones a considerar destacan los efectos de las fallidas políticas que en el campo de la seguridad pública se han impulsado de entonces a la fecha, pero junto a ese disparador hay historias individuales, comunales y regionales que redimensionan su peso. Para visualizar el bosque en función de los árboles falta incorporar estudios de largo plazo que pongan en su lugar los efectos catalizadores de la coyuntura (^{Knight 2014}; ^{Picato 2022}) y mucho trabajo a nivel de piso que apoye a desmenuzar los entretelones de las cifras agregadas (^{Kloppe-Santamaría y Abello Colak 2019}).

2023-2024: Claroscuros comiciales

Para garantizar que las y los 98 329 591 ciudadanos que integraban el padrón nominal pudieran expresar sus preferencias a través de las urnas, el 2 de junio de 2024 se instalaron a lo largo del territorio nacional 81.9% del total de casillas electorales (^{INE 2024b}). Quienes radicaban en el exterior y se registraron -187 388 personas- también tuvieron la opción de expresar su preferencia a distancia. Se trató de la elección con el mayor número de cargos a decidir en la historia de México -20 708 distribuidos en los planos municipal, estatal y federal- (^{INE 2024c}), y, además de romper récords en los niveles de participación de quienes vivían fuera del país -82% de las y los registrados ejerció su derecho al voto, tasa contrastante con el 61% que acudió de modo presencial a las casillas, y mayor en 86.73% a la calculada para los votos provenientes del extranjero en 2018 (^{INE 2024d})-, por primera vez se permitió que quienes se encontraban en prisión preventiva o les fuera físicamente imposible asistir a las casillas -así como las personas cuidadoras primarias- votasen de manera anticipada (^{INE 2024a}). Los impulsos democráticos de tales acciones contrastan con el aumento de la violencia electoral. El supuesto de que los potenciales incrementos de esta última, asociados con la inestabilidad propia de las transiciones políticas, deberían disminuir en los comicios posteriores, fue desafiado desde el proceso 2017-2018. A poco más de tres lustros de que iniciaran las alternancias en la titularidad del Poder Ejecutivo federal, las evidencias cuestionaron los principios de desarrollo progresivo aplicados al campo de la política, pero aventurar explicaciones más allá de la coyuntura resultaba difícil (^{Alvarado Mendoza 2019}). Con reservas similares, el proceso 2023-2024 confirmó tales indicios, así como la invitación a revisar el contraste entre aquello que se esperaba en la teoría y lo que ha sucedido.

El conteo aritmético de las amenazas y/o agresiones físicas que sufren quienes pretenden ocupar algún cargo público genera radiografías por sí mismas insuficientes para explicar la realidad. Sabemos que este tipo de violencia busca incidir en la distribución del poder reconocido de manera oficial, pero hasta dónde altera la balanza política, con qué intereses de por medio y en qué contextos lo hace, son algunos de los interrogantes que quedan en el aire.

Ofrecer respuestas certeras entraña ajustar la lente y analizar caso por caso, esfuerzo de largo aliento que rebasa la mirilla de este texto. Bajo una lógica descriptiva más que explicativa lo que sí puede hacer se es primero ratificar lo obvio: la tendencia ascendente de actos violentos relacionados con procesos electorales. Si en 2018 se encendieron señales de alerta, en 2024 las expectativas sobre su perfil coyuntural y aislado disminuyeron. Habrá que esperar a los próximos comicios para corroborar hasta dónde se han convertido en fiel de la balanza, por lo pronto la información disponible muestra que a nivel municipal tuvieron un peso importante, condición no aplicable a todas las entidades y municipios del país.

El campo político no es pacífico, por el contrario, lo que se libra en su interior es una cruenta y ritualizada batalla por el poder (^{González Calleja 2018}). Por tanto, tampoco es inusual que en la historia del México moderno la violencia electoral siempre haya estado ahí, el matiz remite a las formas en las que se materializa y a su intensidad. De la década de los noventa del siglo pasado a la fecha prácticas propias de la etapa que ^{Guillingham (2021)} denomina “democracia del pistolero” han aumentado.

La posibilidad de que las elecciones desembocaran en violencia abierta había disminuido durante los cuarenta años previos (1953-1994), aunque desde golpizas hasta tiroteos pasando por encarcelamientos se repetían en la esfera municipal (^{Guillingham 2021}). Además de esa latencia lejana a los reflectores, conviene recordar que el preludio del parteaguas político datado en el año 2000 fueron dos asesinatos de alto impacto: el secretario general del pri y el candidato de este partido a la Presidencia de la República.

La presunción de que junto con el declive de la hegemonía priista tales resabios autoritarios irían desapareciendo proviene de un sesgo normativo y del principio de progresión aplicado al devenir histórico. El camino seguido es el contrario. Cuando la contienda para acceder a Los Pinos se volvió competitiva, las campañas negativas -entendidas como formas de violencia simbólica- enrarecieron el escenario y, dada su virulencia durante el proceso 2005-2006, al año siguiente se modificaron la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para prohibirlas.

La pertinencia de la medida genera polémica (^{Dworak 2012}) y su aplicación ha sido poco efectiva (^{Guerrero Martínez y Moreno López 2020}), las campañas negativas desplegadas en el 2000 e intensificadas en el 2006 (^{Kuschick 2008}; ^{Pérez Dámazo 2014}) siguieron usándose como recurso de comunicación política en 2011-2012, 2017-2018 y 2023-2024 (^{Echeverría, Mani y González Macías 2019}; ^{Vallejo 2024}). Sin que exista una relación causal directa, es viable suponer que los discursos polarizantes asociados con ese tipo de campañas tienden a favorecer situaciones en las que de las palabras se pase a los hechos.

Toda elección propicia ambientes contenciosos, realzar virtudes propias y vicios ajenos no sólo es común, sino entendible, lo que marca la diferencia son los niveles de polarización que permanecen al concluir la etapa de lucha discursiva para solicitar el voto. En espacios ideológicamente polarizados, con sociedades rasgadas que reproducen dinámicas por fuera de la norma y donde el poder y sus esferas partidarias se han fragmentado, las situaciones de conflicto -elecciones incluidas- producen un buen caldo de cultivo para que, sobre todo en escenarios de competencia cerrada, la violencia se desborde. Si a ello agregamos que esta última ha echado raíces locales y forma parte de una cotidianeidad que rebasa los contornos territoriales en los que se presenta mayor virulencia, se entiende su carácter focalizado y a la vez estructurante.

Frente a los interrogantes que deja abierto un rastreo metodológica y analíticamente bien fundado de ambos planos para 2017-2018 (^{Alvarado Mendoza 2019}), lo sucedido en 2023-2024 ayuda a adelantar algunas respuestas. Estamos frente a épocas político-electorales más conflictivas, no se trata de una coyuntura pasajera atribuible a conductas individuales o partidarias que, desde actitudes polarizantes y contenciosas, se inclinan por competir bajo reglas poco civiles, incluso cuando esos elementos entran en juego. La emergencia de poderes paralelos a los constitucionalmente instituidos promueve y reproduce la violencia incremental de los procesos comiciales, aunque sea insuficiente para explicar su origen.

Si en 2000 y 2006 las campañas negativas acapararon la atención, a partir de 2008 creció el temor de que la cada vez mayor inseguridad afectara los procesos electorales. La preocupación inicial apuntaba al aumento del abstencionismo en municipios azotados de manera muy particular por la guerra contra el narcotráfico, pero el fortalecimiento de los carteles en ciertas zonas del país potenció el riesgo de que no sólo utilizaran en su favor la baja participación ciudadana, sino que diseñaran estrategias para interferir de forma directa en el desarrollo de los comicios (^{Bravo Regidor y Maldonado Hernández 2012}).

A pesar de que análisis posteriores han corroborado la pertinencia de tales proyecciones (^{Bejarano Romero 2021}; ^{Bolívar Meza 2021}; ^{Lizama Carrasco 2018}; ^{Hernández-Gutiérrez y Duro 2024}; ^{Hernández-Gutiérrez y Recuero-López 2024}; ^{Hernández-Gutiérrez y Somuano Ventura 2024}; ^{Ponce, 2014}), la afirmación formulada hace una década: “no hay resultados concluyentes sobre los efectos de la violencia vinculada con el crimen organizado sobre las actitudes políticas y los comportamientos electorales de los ciudadanos” (^{Bravo Regidor, Grau Vidiella y Maldonado Hernández 2014: 9}) sigue siendo válida. Además del desafío de sustentar lo contrario combinando cifras estadísticas e información cualitativamente construida, los cuestionamientos a la centralidad de la narcoviolencia como eje explicativo invitan a ponderar otras variables.

Sin importar el peso relativo de actores, intereses y circunstancias que detonaron actos violentos, el proceso 2023-2024 rompió cifras en este rubro y fortaleció la presunción de que las raíces estructurales que explican su tendencia ascendente no parecen próximas a erradicarse. La jornada electoral 2017-2018, en su momento catalogada como la más grande y violenta de nuestra historia reciente (^{Alacio García y Tavera Fenollosa 2021}; ^{Espinosa Silis 2019}; ^{Hernández Huerta 2020}; ^{Salazar y Nuche 2021}; ^{Vargas González 2019}), requirió tan sólo tres años para perder ambos títulos (^{Aguayo 2024}; ^{Aguirre Quezada 2021}; ^{Martínez Trujillo 2021}).

Las tres últimas elecciones concurrentes han establecido nuevos récords de violencia. Aunque las cuantificaciones que permiten afirmarlo son producto de diseños metodológicos distintos, y por tanto las bases de datos que las sustentan también difieren, todas llegan a esa conclusión.

De acuerdo con ^{ACLED (2024)} entre el 1º de marzo y el 2 de junio de 2024 hubo más de 330 incidentes de violencia contra figuras políticas y al menos 95 provocaron una o más muertes. Además, 553 candidatos solicitaron protección tras recibir amenazas, mientras que otros se retiraron de la contienda por lo mismo. Alrededor de 80% de las víctimas -candidatos, familiares y simpatizantes- competían por cargos locales, incluidas alcaldías y consejos municipales. En el ciclo electoral ampliado -del 11 de junio de 2023 al 16 de junio de 2024- la asociación registró 540 incidentes, 40% de los cuales se dirigieron contra funcionarios en activo que optaron por no presentarse.

Integralia Consultores (2024) documentó, entre septiembre de 2023 y el día de la elección, 889 víctimas de violencia política -incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos- cifra 197.3% más alta que la consignada en 2021 y 132.7% superior a la de 2018. A ello agregó que entre el 27 de mayo y el 5 de junio de 2024 hubo otras formas de intromisión: 113 acciones para movilizar o desmovilizar el voto; 46 intervenciones en casillas; 26 ataques contra instalaciones; 16 robos de urnas y siete de propaganda. También en este caso se resalta que la mayoría de los ataques tuvieron lugar en el ámbito municipal (75%) y que 92% de los candidatos asesinados buscaban un puesto de elección en dicho nivel de gobierno.

El Laboratorio Electoral (2024) registró 379 actos violentos y 116 asesinatos entre junio de 2023 y agosto de 2024. Por su parte, Data Cívica (2024) centró la atención exclusivamente en la violencia ejercida por el crimen organizado en contra de actores políticos, su recuento abarca del 7 de septiembre de 2023 al 27 de mayo de 2024 y consigna 105 aspirantes, precandidatos y candidatos que sufrieron algún tipo de ataque violento -31 fueron asesinatos sumando los ocurridos en los dos últimos días de campaña y eliminando otro perpetrado con un modus operandi distinto al de los grupos criminales organizados-. Además, identificaron a 74 candidatos que sufrieron: 13 ataques armados donde alguien más murió; 25 atentados; ocho secuestros, y 28 amenazas tangibles -videos o mantas- que llevaron al abandono de la contienda.

Los escenarios que se desprenden de esta numeralia repercuten en los ámbitos privado y público. En el primero se elevan los riesgos personales -extensivos a familiares y gente cercana- asociados con la decisión de ejercer el derecho de participación/representación política, mientras que en la esfera pública se deteriora la confianza en un proceso básico para mantener un régimen democrático. Incluso si la legitimidad de los resultados que en conjunto arrojaron las urnas el 2 de junio de 2024 no está en duda, los daños de los actos de violencia cometidos van más allá de su peso estadístico.

A manera de conclusión

Contrario a la racionalidad weberiana, en México las instituciones y los canales constitucionalmente regulados no son los únicos espacios en los que se procesa la violencia. Aunque en este y otros rubros siempre ha habido arreglos que funcionan fuera de la norma, los nudos gordianos construidos a partir de la guerra declarada al narcotráfico han propiciado el (ab)uso de la violencia desde poderes legal e ilegalmente constituidos.

Atrás de las cifras que demuestran que la muerte parece tener permiso se esconden rostros de hombres y mujeres que, sin distingo de edad, posición económica, nivel educativo o filiación ideológica, se han convertido en un número más dentro de las estadísticas.

Este escenario ensombrece las conquistas para fortalecer la democracia electoral. Abrir camino a la pluralidad y competencia políticas generó expectativas que no se han cumplido del todo, entre las asignaturas pendientes de los regímenes de la transición destaca la inseguridad ciudadana.

Convivir con la violencia en sus diferentes acepciones constituye parte de la cotidianeidad y hemos terminado por normalizar escenas humanamente inaceptables. Que se violenten las urnas no sorprende, pero sí preocupan sus saldos negativos para el juego democrático. En conjunto el proceso electoral 2023-2024 fue exitoso, ni la intimidación ni las agresiones directas -asesinatos incluidos- impactaron los resultados generales, sin embargo, la tendencia ascendente de este tipo de actos en los planos municipales y regionales constituye un elemento importante a considerar cuando se analizan los alcances de nuestra democracia.

El contraste entre la ampliación de espacios de participación/representación ciudadana por la vía electoral y su potencial constreñimiento mediante el recurso de la violencia coloca en el centro la paradoja de reconocer que la apuesta por la democracia lo es también por la desactivación de conflictos mediante canales pacíficos y, a la vez, aceptar que, dejando de lado las ideas de progresión que se cuelan al revisar el devenir histórico, dicha aspiración constituye un horizonte a alcanzar desde la contingencia más que en un sentido plano y lineal. El tiempo tiene la última palabra, por lo pronto, en lugar de pensar en clave de desviaciones normativas que eventualmente se corregirán, concluyo reiterando que no se ven incentivos para que los actores, intereses y circunstancias que propiciaron que el proceso 2023-2024 superara cifras previas de violencia modifiquen el rumbo, por lo que se fortalece la presunción de que las raíces estructurales que explican su tendencia ascendente tampoco están próximas a revertirse.