2.1. Definiciones

¿Qué son las zonas grises y por qué importan para nuestro objetivo? Primo Levi fue un químico y escritor, superviviente judío del genocidio perpetrado por el Tercer Reich a través de la solución final de Adolf Hitler. De su paso por Auschwitz, Levi explicita que la zona gris emerge de un contexto totalitario en el que la voluntad de la víctima fue aplastada a través de un largo camino que tuvo su punto de inflexión con la entrada al Lager (campo de exterminio de Auschwitz). A diferencia de los campos de trabajo o concentración, el objetivo del Lager fue destruir masivamente a grandes poblaciones consideradas como enemigas e infrahumanas, como los judíos (^{Levi, 2019b}).³

Para ejecutar el trabajo sucio, fue necesaria la mano de obra esclavizada de algunos judíos para destruir el tejido social e identitario de comunidades enteras. Los nazis crearon así situaciones para involucrar culposamente a los prisioneros judíos, supervivientes incluidos. En un contexto de estrés extremo, los supervivientes no fueron los mejores ni los más buenos, sino los que contaron con algún privilegio social o supieron hacerse útiles para los intereses de los nazis. Los mejores hombres y mejores mujeres murieron en el Lager. Una idea que subyace de tal afirmación es que, a mayor violencia, mayor disposición de colaborar con los opresores para salvar la propia vida, disminuir el sufrimiento, o crearse una ilusión o expectativa de futuro. Es más fácil corromperse cuando el estrés alcanza niveles extremos.

Ciertamente existen individuos proclives a desear la complicidad con las clases opresoras. El deseo de poder de algunos oprimidos en situaciones atroces aceita la maquinaria de los sistemas de violencia, dentro y fuera del Lager. Es la complicidad artificial despertada por la omnipotencia, pero también por una corrupción moral previa, como ocurrió con Chaim Rumkowski, jefe todopoderoso que decidió quién vivía y quién no en el gueto de Varsovia cuando las autoridades nazis le exigieron vidas a cambio de mantener el control. Quienes accedieron a esta tentación no solo anhelaban salvarse sin importar que muchas vidas inocentes fueran destruidas, sino también anhelaron experimentar el poder sobre otros y un control antes inimaginable. El punto es que había un carácter corrupto previo que supo hacerse un lugar en las estructuras asesinas del nazismo. Sin embargo, también fueron corrompidas personas sin ese antecedente (^{Levi, 2019a, pp. 56-64}).

Pocos tuvieron la capacidad de encontrar placer o provecho de su complicidad, aunque sus labores beneficiaran a los opresores. En el Lager, los nazis crearon figuras como los Kapos y, más especialmente, los Sonderkommandos para inculpar a los judíos con la sangre de su propio pueblo. Los Kapos poseían poder sobre las vidas de otros prisioneros; empleaban frecuentemente la violencia extrema. Los Sonderkommandos fueron los judíos entrenados para deshacerse de los ejecutados, antes y después de ser sacrificados. Ellos eran los guías en el camino a las cámara de gas y los despachadores en el recogimiento de sus cadáveres y el posterior retiro de sus cenizas de los hornos crematorios. A diferencia de los primeros, carecían de agencia para aplicar su voluntad, mientras que los Kapos, con mayor margen de acción y decisión, se involucraron más profundamente en el trabajo más sucio y quizás obtuvieron algún beneficio (^{Levi, 2019a, pp. 56-64}).

A pesar de su utilidad, Kapos y Sonderkommandos seguían siendo tratados como prisioneros subhumanos por los nazis: convertir a familiares y vecinos en sanguinarios verdugos formaba parte del plan de constatar la inmundicia moral y corrupción innata de los judíos, una narrativa fundamental para justificar el genocidio. Las vidas de estos colaboradores pendían siempre de un hilo, y en el caso de los Sonderkommando, casi todos fueron exterminados por quienes les confirieron privilegios, poder e información, bienes que los demás prisioneros tuvieron estrictamente negados. Gracias a Levi sabemos que, detrás de la complicidad de estos personajes, existió un sistema malvado fabricado por gente como Adolf Eichmann.

Ahora bien, una teoría filosófica contemporánea del mal abandonará idealizaciones personalistas o psicológicas que conciban el mal como propiedad exclusiva de individuos perversos. Tampoco lo comprenderá como una condición diabólica, ajena al comportamiento moral humano. Existen personalidades malvadas que perpetran daños irreversibles y profundos. Sin embargo, muchas acciones atroces son perpetradas simplemente por sujetos que se encontraron en condiciones de posibilidad en sistemas morales corruptos y excluyentes. Resulta más conveniente, en su lugar, explicar los antecedentes sociohistóricos que posibilitan que los villanos, sus cómplices, secuaces y verdugos consoliden las situaciones de destrucción en las que las víctimas tendrán que tomar elecciones impuestas, vergonzosas e inhumanas. Son los escenarios fabricados las condiciones que producen y facilitan que las relaciones grisáceas prosperen y corrompan a más personas (^{Levi, 2019a}).

La elección de ^{Levi (2019a)} por la expresión “zona gris” se fundamenta en la dificultad para asignar responsabilidades por acciones indudablemente dañinas ejercidas por personas que sufrieron o sufren violencias en contexto de estrés extremo y que frecuentemente adoptan una posición cruel e irreflexiva ante nuevas víctimas. El adjetivo grisáceo cuestiona de raíz la existencia de un bien absoluto, puro y eterno (blanco) incapaz de corromperse, el cual se contrapone a una maldad innata, diabólica, sin matices (negro) que practican exclusivamente personas malvadas. No fue la intención de Levi afirmar que no existan personas buenas o malas (o víctimas inocentes, como los supervivientes de genocidios y atrocidades) e incapaces de resistirse o de reconocer si sus acciones son benévolas o destructivas, sino más bien que las personas primordialmente buenas pueden ser cómplices de acciones malvadas en situaciones en que su agencia fue restringida por falta de consciencia, por coerción o por restricciones severas de la libertad individual y colectiva. Fuera del Lager, la inacción de los buenos también los ha orillado a participar en actos de innombrable felonía. Visto superficialmente, quienes tiran el gatillo para asesinar a sus congéneres de desgracia son corruptos, carecen de convicciones morales, son responsables y merecen un castigo. La víctima de una zona gris es violentada en un contexto contaminado por la manipulación, coerción y violencia extrema. En conjunto, lo anterior corrompe a personas moralmente consolidadas. Hablamos de zona gris cuando las víctimas de una o varias violencias podrán tirar del gatillo para eliminar a alguna persona más vulnerable, pero desde una coerción proveniente de un escenario profundamente alterado por la fuerza de los opresores, cuyas ventajas materiales privan a las víctimas de alternativas aceptables (^{Levi, 2019a}). Las zonas grises presentan, entonces, una o varias de las siguientes situaciones:

Las memorias y postulados de Levi son retomados por Claudia Card para integrar el paradigma de la atrocidad. Card aclara que las zonas grises no deben confundirse con la maldad diabólica o el totalitarismo nazi. El Ku Klux Klan, las agrupaciones neonazis, el crimen organizado, los asesinos a sueldo, los traficantes de personas, o los agresores sexuales y colectivos pederastas no son grises ni dejan lugar a la ambigüedad: son entidades malvadas. Además de producir víctimas, las zonas grises precisan de malhechores comunes (evildoers) cuya complicidad carezca de una justificación moral, aunque el cobijo de costumbres y normas que tamizan sus acciones como inevitables parezcan justificarlos (^{Card, 2010, p. 18}). Los malhechores estrechan el margen de decisión y acción de la persona en condición de violencia, quedando desconcertada y obstaculizada parcialmente, dificultándose una visión crítica de su situación real.

2.2. El paradigma de la atrocidad: una aproximación

^{Claudia Card (2002)} sostuvo que, pese a las indicaciones sobre la delimitación de este concepto, reconocer una zona gris es complicado. Algo es evidente: hace falta un sistema estructural que separe a las víctimas de un poder significativo, que en su lugar las aproxime a una muerte social por motivo de su pertenencia a un grupo. El uso repetitivo e irreflexivo del concepto encierra el riesgo de simplificar y banalizar las atrocidades perpetradas en el Lager por los nazis, solapadas y toleradas por parte del pueblo alemán de esa época. Muchas violencias y atrocidades actuales recuerdan a los supervivientes del campo de exterminio, pero la comparación es conflictiva y errónea, y contribuye al olvido de la singularidad del Lager y de la maquinaria nazi. Primera lección: debemos diferenciar las grandes atrocidades de los males comunes. Segunda: hay que usar las herramientas adecuadas para hacer visibles males y atrocidades potenciales que posiblemente sean defendidos o tolerados hoy. Dicho esto, aunque parezca tentadora una analogía entre las atrocidades nazis del Lager y problemáticas especialmente graves (trata de personas, explotación laboral y sexual, persecución de migrantes), solamente salvando las distancias históricas y sociales entre uno y las otras es que podemos sacar provecho de un análisis más fino sobre la agencia de las personas en el contexto de la prostitución desde la zona gris.

Las zonas grises no nacen ni mueren en el Lager, aunque fueran esbozadas por este origen. Hoy, hace falta conceptualizarlas empleando metodologías descriptivas del contexto social de los agentes y de sus implicaciones morales. Por ejemplo, el feminicidio y la violación como arma de guerra precisan necesariamente de fundamentos feministas para comprender la funcionalidad social de la violencia sexual masculina ejercida contra la integridad de las mujeres, empleando el silenciamiento, la destrucción de la agencia, el ostracismo y el descrédito de las supervivientes de violación (^{Card, 2002, pp. 118-138; 2010, pp. 267-293}).

El paradigma de la atrocidad pretende identificar prácticas e instituciones malvadas que funcionan mediante complicidades en estructuras sociales contemporáneas que un paradigma distributivo no podría tratar adecuadamente (^{Card, 2002}). Primeramente, una atrocidad es un mal que daña profunda, grave e inexcusablemente (sin una justificación moral), que es ejercida por agentes responsables o culpables. Es cometida contra una persona, un grupo o un colectivo; es perpetrada en contra de una institución respetable y honorable (la educación y la sanidad públicas), o contra ecosistemas completos, con animales y plantas, vinculadas con formas de vida complejas que proveen bienes invaluables (^{Card, 2010, pp. 6-9}).

Las atrocidades se definen según el daño y el involucramiento de una agencia responsable o culpable. Un huracán y sus efectos no son una atrocidad; la desatención del gobierno lo es. La diferencia entre un daño menor (lesser wrong) y un mal mayor o atrocidad (evil) tiene en cuenta aspectos cuantitativos del daño, y cualitativos por la presencia de una o varias agencias responsables. Desde la perspectiva kantiana del mal radical, se realiza un mal atroz cuando la voluntad renuncia al cumplimiento obligatorio de la ley moral y prioriza la satisfacción de un deseo egoísta, sin importar la dignidad de los otros (^{Card, 2010, pp. 46-50}). Las atrocidades son males diferentes a la discriminación, las injusticias y los errores distributivos. Los movimientos sociales como el feminismo (con mención especial del feminismo radical) priorizan la lucha contra las atrocidades y sus estructuras, colocando los males menos nocivos o menores en un nivel de urgencia posterior (^{Card, 2002, pp. 111-117}).

El paradigma de la atrocidad otorga relevancia capital a la agencia humana. Por agencia, nos atenemos a la concepción estándar, según la cual es la capacidad para actuar y llevar a cabo acciones, individuales o en conjunto, desde una intencionalidad enraizada en eventos mentales que persiguen una razón o propósito (^{Schlosser, 2019}). Los perpetradores raramente son las únicas agencias culpables, y frecuentemente tampoco administran la maquinaria social de las peores atrocidades. Todos abonamos un grano de arena para fomentar diferentes violencias. Quienes colaboran con males estructurales adquieren responsabilidades, aunque la culpabilidad individual sea difícil de asignar y reconocer.

3.1. Instituciones sociales y opresión

¿Qué se quiere decir con “institución social”? Son organismos con sistemas complejos de atribuciones y expectativas compartidas socialmente, en las que ocurren intercambios entre personas, y que generan prácticas sociales mantenidas en el tiempo entre actores identificables con posiciones de estatus más o menos duraderas. Las funciones y eficacia de las instituciones gozan de reconocimiento público en aquellos menesteres que tratan; en último sentido, las instituciones son el resultado de la acción humana sobre expectativas en común; pueden ser buenas o malas, exitosas o un fracaso en función de lo que hacen o producen y de la valoración de sus resultados (^{Jaeggi, 2022, p. 12}). El matrimonio es una institución, como también la seguridad social y el fútbol. El común denominador es que las instituciones involucran formas de representatividad y legitimidad, lo cual lleva a otra cuestión: la responsabilidad moral de las personas en las instituciones. Aunque las prácticas y actitudes morales son compartidas social y colectivamente, la responsabilidad individual no desaparece: seguimos siendo agentes responsables en cada institución, y, en algunos casos, cómplices, cuando pensamos en personas que administran y sirven para instituciones malvadas.

Así, los llamados comercios sexuales serían instituciones afianzadas por prácticas sociales entre agentes reconocibles. Mi objetivo no es afirmar o negar en este punto que la prostitución es una institución, en un sentido filosófico, buena y compatible con los derechos y libertades. Las perspectivas feministas tienen sus posturas al respecto. No obstante, siguiendo a ^{Rahel Jaeggi (2022)}, cuando se incrementa la dificultad para reconocer las responsabilidades de sus actores, las instituciones entran en crisis. Por tanto, lo primero que debe quedar claro de una institución es su origen como construcción social, es decir, que es obra de la acción humana; y segundo, una buena institución no mantiene sus preceptos “escritos en piedra”, sino que reactualiza y se apropia de las normas.

El meollo para las diferentes corrientes feministas, entonces, es la dificultad de razonar con seguridad las responsabilidades de los agentes dentro de una institución social como los mercados sexuales, y si hay responsabilidades merecedoras de castigo. Más específicamente, se cuestionan por qué muchos hombres se suponen merecedores de un derecho al sexo de pago, robusteciendo la demanda de prostitución. He dicho que hay acciones malvadas para nada grises. El supremacismo racial y la misoginia son males profundamente nocivos, que continúan siendo perpetrados porque otorgan réditos a un grupo privilegiado percibido como mejor frente a grupos oprimidos percibidos como peores, habitantes de una otredad. Los integrantes del Ku Klux Klan son responsables y culpables de múltiples acciones nocivas contra los derechos humanos, indudablemente, tanto por la influencia de su militancia como por sus actos individuales y colectivos. Sin embargo, el supremacismo racial y la misoginia no solo se mantienen gracias a los ultras y extremistas, sino también por acciones atribuidas a gente común que, sorprendentemente, puede definirse como antirracista o igualitaria, pero que sigue propiciando males raciales (^{Blum, 2002}). Creo que la prostitución posee esa indefinición ética, principalmente por hallarse en contextos problemáticos que vulneran significativamente la agencia (^{Satz, 2010}). Así, para aproximarse a los grupos con experiencias de exclusión y discriminación graves (y que experimentarán zonas grises frecuentemente) y reconocer sus demandas, es prudente recurrir al concepto de “opresión”, otra herramienta necesaria para definir las zonas grises.

3.2. Opresión, zonas grises y complicidades

La opresión consiste en prácticas sociales que, interactuando en conjunto, enmascaran la violencia que padecen las personas oprimidas, haciéndola pasar como algo aceptable normativamente, creando dudas sobre las palabras de las víctimas. Una función de la opresión es, precisamente, engañar, distorsionar la realidad de una persona que padece una desigualdad estructural: hacer creer a la mirada común que las personas oprimidas eligieron su suerte, aunque sus posibilidades de florecimiento estuvieran bloqueadas inicialmente. La opresión puede manifestarse como un racimo: la explotación, marginación, imperialismo, falta de poder y violencia. Son mecanismos que un grupo opresor emplea para controlar a otros grupos y, así, mantener un estatus (^{Young, 2008}). Según ^{Frye (1983)}, la opresión inmoviliza, presiona, moldea, reduce; limita la capacidad tanto de las personas oprimidas como la de las demás para comprender la realidad de las injusticias sociales, sexuales, epistémicas, etcétera. La opresión es invisible para la mirada no entrenada, que frecuentemente percibe las circunstancias de las personas oprimidas de manera reduccionista, individualista, parcial, microscópica. Una visión oceánica o macroscópica, por el contrario, sí captura el cuadro completo de la funcionalidad de la opresión para unos grupos a costa de otros por el simple hecho de pertenecer a una clase. Las mujeres serían oprimidas por el hecho de serlo, en conjunto con otras violencias que muchas padecerán por motivos raciales, de clase social, etcétera (^{Frye, 1983, pp. 10-16 y 121-127}).

A propósito de los rostros de la opresión, la identificación de la víctima con el opresor y con sus valores, reproduce una situación opresiva particularmente interesante para las ambigüedades de la prostitución (^{Card, 2010}). En estos contextos, las víctimas atraviesan entornos retorcidamente corruptos, adoptando estrategias de supervivencia y desechando el comportamiento igualitario. El síndrome de Estocolmo es un buen ejemplo de la aclimatación y familiarización con una forma de la esclavitud sexual donde opera una identificación semejante (Barry, 1980). Igualmente, la agencia moral de los implicados, sus intenciones, elecciones, antecedentes, biografías, son puestas en contexto con males opresivos que despiertan estrategias de supervivencia moralmente intrincadas. El objetivo es que el paradigma y las zonas grises nos permitan apreciar que una víctima da un paso importante para superar la opresión cuando es capaz de reconocer que, en algún momento, fue colaboradora de una práctica nociva, gracias al poder de la identificación con el opresor (^{Card, 2000}). Sin añadir ambigüedades innecesarias, el modelo de la zona gris ambiciona que las víctimas y personas oprimidas adquieran poderes morales: conseguirse justicia, conceder perdón (si es posible), combatir instituciones malvadas, sobrevivir y abandonar la victimización, pactar amnistías. Lo anterior ocurrirá cuando consiga ver (y hacer ver a otros) las formaciones sociales e ideologías creadoras de relaciones abyectas que conducen a una persona moralmente decente a tomar decisiones reprobables pero coaccionadas.

Como sostuvo ^{Levi (2019a, p. 40)}, ni las personalidades malvadas ni sus acciones constituyen las formas más finamente acabadas del mal radical. Las instituciones malvadas, afianzadas en ideologías extremas y procesos de exclusión opresivos, son causantes de daños irreversibles que robustecen las acciones de agentes específicos. Las instituciones apoyan e impulsan las aspiraciones no solo de los malvados más poderosos, sino también las de malhechores comunes. La maldad (hacer el mal por el placer intrínseco) pasa a segundo término; resulta más poderoso un sistema institucional contrario al pensamiento crítico que se divorcia de la empatía y de otras emociones solidarias. Un resultado es que las instituciones malvadas, como las ideologías totalitarias, son respaldadas por la omisión y sumisión de la “gente común”, especialmente sectores privilegiados cómodamente camuflados como ciudadanos decentes que toleran atrocidades y abominaciones (^{Leiva, 2020}). La prostitución, como institución, incentiva y merece un debate de esta guisa: no basado en la maldad, pero sí en un espaldarazo institucional machista.

4.1. El feminismo radical: agencia, explotación sexual y las zonas grises

El feminismo radical teoriza que existe un sistema de opresión estructural y sistemático que opera como jerarquía sexual: los hombres dominan a las mujeres, y la sexualidad es una materialidad por medio de la cual los primeros mantienen su dominio sobre las segundas (^{MacKinnon, 1989}). La abolición de la prostitución y la pornografía es prioritaria por tratarse de crímenes graves, como la violación y el abuso sexual. Desde esta óptica, los mercados sexuales empoderan a los varones a acceder a los cuerpos de las mujeres. El consentimiento es considerado como indiferente porque las estructuras sexistas representan una desventaja para las mujeres. El feminismo radical no prioriza una hipotética igualdad con los varones: exige la liberación de las mujeres de todas las relaciones patriarcales.

Siguiendo a ^{Catharine MacKinnon (1993)} y ^{Andrea Dworkin (1993)}, la prostitución y la pornografía son los brazos de una potente jerarquía opresiva. La violencia y sujeción son herramientas usadas por muchos varones para perpetuar su poder ejerciendo sexualidades posesivas que restringen la libertad sexual femenina. Según ^{MacKinnon (1993)}, la prostitución es una institución de desigualdad y subordinación sexual que infringe los derechos humanos y civiles de las mujeres. Tanto la prostitución como la pornografía silencian a las mujeres: sus testimonios de violencia sexual no reciben atención o justicia reparativa porque el consentimiento (cuando es real) en las mujeres prostituidas es parte del oficio, aunque las consecuencias negativas superen cualquier pacto anterior. Las leyes e instituciones silencian un hecho: que las mujeres son mayormente quienes se prostituyen (o acaban orilladas a prostituirse por culpa de terceros) porque la desigualdad sexual es un pacto sacralizado. Legalizar la prostitución como trabajo con la excusa de eliminar el estigma social y otorgar así derechos laborales y sociales a quienes se prostituyen oculta hechos socialmente relevantes. Las mujeres en prostitución lo están en gran parte porque provienen de entornos y biografías profundamente oprimidas. Inmigración, violencia, abuso infantil, abandono, baja escolaridad, pobreza, falta de oportunidades, exclusión social (^{MacKinnon, 1993, p. 22}). Frente a la vulnerabilidad estructural que afecta la toma de decisiones, para el feminismo radical, el consentimiento es tan irrelevante como lo es para quienes tienen como única opción la servidumbre. Desde una lógica economicista, las mujeres en prostitución toman decisiones difíciles pero racionales para su supervivencia (^{MacKinnon, 1993, pp. 24-25}).

Andrea Dworkin argumenta que la prostitución se origina en la supremacía masculina. Dworkin es explícitamente materialista al definirla: “son los órganos sexuales y orificios de las mujeres siendo invadidas por cualquier parte del cuerpo de un varón una y otra vez ad infinitum” (1993, p. 3), excluyéndose categóricamente que pueda tratarse de una actividad laboral elegida donde la mujer decide qué sucede y qué no. Dworkin afirma que la única diferencia entre la prostitución (consentida o no) y la violación grupal es el pago, pues en las transacciones mercantiles de este comercio también se reproducen los valores misóginos de posesión y dominación. Literalmente, la supremacía masculina significa que los hombres tienen derecho a tener relaciones sexuales y, para cumplirlo, las instituciones sociales machistas normalizan y facultan el proceso. Muchas situaciones propician la prostitución, pero el derecho sexual masculino sobresale como elemento clave de la demanda. Tal derecho sería observable en la prostitución por el hecho de que las mujeres prostituidas rutinariamente deben retirar barreras y límites de sus cuerpos para satisfacer las expectativas de los hombres, permaneciendo desnudas y disponibles, en un desamparo que no es metafórico sino material, palpable (^{Dworkin, 1993, p. 5}).

En las últimas décadas, las feministas radicales han teorizado más sobre la agencia y su capacidad para defenderse y prevenir daños a su persona en contextos de explotación sexual para responder a los embates del movimiento pro-trabajo sexual y de un feminismo académico pro-trabajo sexual autónomo (^{Moran y Farley, 2019}). Igualmente, conceptualizan la agencia de las mujeres en situaciones enormemente ambiguas que involucran la violencia sexual, y ahí es donde las zonas grises pueden proponer caminos nuevos. En dichos estudios se afirma que la agencia de las mujeres coexiste con explotaciones estructurales y mecanismos de silenciamiento para afrontar violencias tanto cotidianas como extraordinarias; es decir, no se niega la existencia de la agencia en el panorama de las mujeres enroladas en la prostitución y en otros mercados sexuales, independientemente del consentimiento (^{Miriam, 2005}; ^{Jean, 2015}). Un grave obstáculo de la agencia de las mujeres son las instituciones patriarcales antes, durante y después de las acciones afirmativas, por ejemplo, la heterosexualidad obligatoria y la división sexual del trabajo, pilares de la columna vertebral del patriarcado, que modelan socialmente a las mujeres para servir y existir desde la perspectiva masculina y no desde una construcción independiente (^{Miriam, 2007}). Tres situaciones de la agencia de las mujeres, al menos, entran en juego:

^{Kathy Miriam (2005)} disiente de los señalamientos al feminismo radical, al que considera esencialista, obsoleto y superado por otras corrientes feministas o de género. La prostitución, entendida como institución y no sólo como decisión economicista, implica una forma de coerción o uso de la fuerza “incorporadas” en el consentimiento, cohesionadas con un escaso poder de controlar el acceso de terceros a su persona. La prostitución coexiste con una idea liberal de agencia, pues el entorno “pone a trabajar al agente” en beneficio de un mercado; es indiferente que el agente pueda satisfacer algunos propósitos propios. Es la dinámica de la explotación, pero con una distinción. Si la noción liberal de la agencia define las libertades de las mujeres como sinónimo de elegir, deja de adentrarse en un conflicto: la coerción incorporada en el consentimiento.

Según Miriam, acoplar al feminismo la noción liberal de la agencia basada en la elección posterga una conceptualización feminista sensible a las incidencias transformativas de las condiciones sociales, materiales e ideológicas necesarias para el florecimiento de las mujeres más proclives a prostituirse o a involucrarse en comercios nocivos. El objetivo respaldado por ^{Pateman (2004)} y ^{Miriam (2007)} consiste en que la agencia tenga como fin último el de trastocar el canon del patriarcado, incentivando así a más mujeres a participar activamente en señalar las estructuras patriarcales. Contrariamente, el modelo de trabajo sexual se apoya en el individualismo posesivo, que establece que los cuerpos, sus funciones y sus órganos son pertenencias con las que se prestan servicios para cumplir intereses, siempre que no haya coerción externa de terceros. Muchas mujeres dentro y fuera del comercio sexual conciben, entonces, sus cuerpos como bienes y recursos (^{Miriam, 2005}).

En síntesis, para el feminismo radical, la agencia es la capacidad de actuar según una toma de consciencia ante la ambigüedad en la toma de decisiones impuesta por el trinomio consentimiento-coerción-opresión (^{Frye, 1983}; ^{Miriam, 2007}; ^{Pateman, 2002}). La agencia de las mujeres mantiene un desbalance o asimetría con el derecho (privilegio) sexual masculino que otorga poderes injustos y normalizados a los varones. Por tanto, la política feminista prioriza las acciones contra los males estructurales derivados de las instituciones machistas, pues la fase de supervivencia frente a la opresión debe superarse colectivamente. Son males dañinos, profundamente arraigados y mantenidos por complicidades, que no pueden abordarse con procedimientos restitutivos y reformistas del Estado, sino que la estructura completa del mal debe ser señalada (^{Card, 2002, pp. 98-100 y 111-114; 2010, pp. 71-76}). Sus políticas le han costado numerosas enemistades, sobre todo de otras feministas pro-trabajo sexual que valoran su actitud no como revolucionaria sino, en realidad, como conservadora, sesgada y aislacionista (^{Lamas, 2016}). Cuando las feministas priorizan el combate a los males estructurales, siguiendo a ^{Frye (1992)}, una consecuencia de su comitiva es la visibilización de los males sexo-genéricos encubiertos por las ideologías misóginas en boga, muchas veces híbridas con violencias raciales, de clase social, lesbofobia, etcétera.

4.2. Zonas grises y explotación sexual: casos de mujeres colaboradoras con la prostitución

Revisando lo anterior desde el paradigma de la atrocidad, la agencia de muchas mujeres bajo condiciones extremas experimenta ambivalencias gracias a las instituciones patriarcales, aunque sus dilemas (traiciones, complicidades, crímenes) parezcan exclusivamente individuales. Se desprende de las tesis del feminismo radical que la colaboración activa (y más o menos consciente) de ciertas mujeres en perjuicio de otras mujeres (y a favor de las instituciones machistas) constituye, por así decirlo, la quintaesencia de la opresión sexista. Recordemos que la más siniestra modalidad de la zona gris, según Primo Levi, es la colaboración cómplice en búsqueda de privilegios. Tentativamente, un eslabón (entre muchos que no analizaremos aquí) en el funcionamiento de los mercados basados en la explotación sexual podría ser la colaboración táctica de ciertas personas que experimentaron coerción y violencia sexual y que, tiempo después, colaboran para abastecer el mercado de nuevas mujeres. O bien, actores en el tiempo y lugar que los inducen a colaborar con la explotación sexual ajena que, sin haber sido víctimas, se benefician de este mercado aunque sea difícil atribuirles una culpabilidad.

El feminismo radical quiere abolir los mercados sexuales, exigiendo la fuerza del Estado para impartir penalidades a los consumidores. El falso compromiso de la industria del sexo con la agencia personal y la generación de mejores oportunidades, derechos sociales y laborales para las mujeres (^{Jeffreys, 2008, pp. 248-257}) ha sido un gancho para muchos partidos progresistas. El modelo pro-trabajo sexual no responsabiliza a los consumidores ni a otros participantes en la fabricación de riesgos y violencias contra las mujeres, ni problematiza las consecuencias de amplificar o diversificar la oferta. Así, el feminismo abolicionista contemporáneo deposita sus expectativas de incidencia política en el modelo nórdico de Suecia, Noruega e Islandia. La política consiste en la criminalización del tráfico de personas y el proxenetismo, pero también del consumo de prostitución (clientes-puteros). Paralelamente, el abolicionismo aprueba la descriminalización de todas las personas que comercien con su sexualidad de múltiples maneras, permitiendo su actividad sin multas ni castigos, pero penalizando a quienes forman parte de la demanda. El modelo encuentra un respaldo legal en la Convención de 1949 contra la trata de personas con fines de explotación sexual y en el Protocolo de Palermo⁴ del año 2000: uno de los aspectos más relevantes de ambos -y que las asociaciones pro-trabajo sexual buscan eliminar- es que el consentimiento de las personas prostituidas es considerado irrelevante en la identificación, diagnóstico y persecución del crimen de trata y explotación sexual de personas. En la elaboración del protocolo de Palermo intervino ^{Janice Raymond (2002)}, para quien el consentimiento de la persona explotada sexualmente (mayormente mujeres) es indiferente en el cargo de responsabilidades y culpabilidades en el delito de tráfico de personas.

El modelo nórdico es acusado de punitivo y perjudicial para las mujeres. La acusación radica en que supone que las mujeres son siempre oprimidas por los hombres por las mismas razones; según la crítica progresista, para este feminismo las mujeres raramente se convierten en cómplices, verdugas, o agentes libres para decidir hacer el mal o voltear a otro lado. Aunque algo hay de cierto en ello; esto requiere mayor análisis. En efecto, las radicales sostienen a menudo que toda filosofía no postulada por mujeres feministas (con distintos grados de separatismo) es netamente androcéntrica y feminicida (^{Daly, 1978, pp. 22-23}), y que la presencia masculina en espacios feministas es inhibidora de la creatividad y expansión vital de las mujeres (^{Frye, 1983, pp. 98-108}). Aunque son posicionamientos controvertidos y utópicos, sus críticos raramente valoran los mapas conceptuales empleados por las feministas radicales para entender la agencia de las mujeres y el sentido de la liberación. Por ejemplo, la prioridad de redirigir toda su atención hacia la historia de las ancestras para hacer una valoración filosófica y gine-alógica de sus vidas, lo cual obliga a retirar la identificación con los varones y sus sesgos y valoraciones éticas, epistemológicas y estéticas. Sin tales consideraciones, efectivamente es sencillo tildar a estas feministas de conservadoras y esencialistas.

El feminismo radical sostiene que, sobre el consumidor de sexo de pago y los intermediarios (proxenetas, mesdames, hoteleros, pornógrafos) recae una responsabilidad culpable. Pero no solo eso: la demanda de cuerpos para mantener encuentros sexuales y las instituciones sociales que facilitan el negocio fabrican situaciones de riesgo e injusticias que hacen proclives a ciertas mujeres a tomar elecciones que favorecen a la industria del sexo (^{Jeffreys, 2008}). Dichas acciones implican un involucramiento masculino bastante variado en sus manifestaciones, pero no solo en el rol consumidor. Sabemos que la demanda de sexo comercial emerge en un entorno misógino en donde es común la proliferación de males sexo-genéricos que afectan mayormente a las mujeres. El punto es el entramado social cooperativo que mantiene oxigenada la industria del sexo, algo que trasciende por mucho al consumidor habitual. La cultura de la prostitución tiene que ver con la creencia según la cual los varones poseen el derecho de satisfacer su hipotética necesidad de consumir cuerpos. Es un deseo altamente apreciado, no solo por quien lo presenta sino por las ventajas que trae para quienes buscan satisfacerlo. Esta creencia encaja en una ideología mayor que, a su vez, se relaciona con la masculinidad hegemónica de los consumidores, pero que también está presente en otros hombres asociados a la explotación sexual de mujeres (^{Vargas Urías y Lozano Verduzco, 2012}).

Para pensar éticamente dichas complicidades, el término de mal “sexo-genérico” puede ser útil. El mal sexo-genérico define la clase de situaciones que encuentro problemáticas en la explotación sexual y que las feministas radicales identifican como prácticas patriarcales. Además, este concepto puede integrar satisfactoriamente el posicionamiento de las feministas radicales junto con el paradigma de la atrocidad y las zonas grises. El mal sexo-genérico es una categoría diferente del sexismo y de la opresión, y hace referencia a prácticas que ocasionan daños graves desde una perspectiva normativa, no tanto a una conformación ideológica (sexismo) o a un fenómeno de interacción social (opresión), sino a las acciones ejercidas por agentes con poderes coercitivos sobre otras personas. Puede englobar atrocidades, crímenes y acciones dañinas (no solo de lesa humanidad, también otros comunes y corrientes), cuya motivación está relacionada con la posición de inferioridad atribuida al sexo femenino en la cultura patriarcal y que puede percibirse como una actitud reactiva y negativa hacia lo femenino. El término es provechoso porque no involucra necesariamente la culpabilidad causal de un individuo, sino una complicidad culposa de alguien que pertenece a un grupo opresor que, además de poseer un privilegio sobre otro grupo oprimido fomentado por una socialización identitaria, manifiesta ignorancia e insensibilidad ante la situación de desventaja de otras personas que carecen de su privilegio y socialización. Este sujeto, mediante sus acciones, quiere obtener un estatus social inmerecido desde una actitud de superioridad por motivo de su sexo (^{López Flores, 2021}).

El mal sexo-genérico se apoya en el privilegio (casi membresía) que provoca efectos injustos, nocivos, inmerecidos e intolerables para un grupo o grupos perjudicados por desigualdades profundas. Los privilegios no son méritos, sino ventajas injustificables que conceden un estatus alto; quienes carecen de ellos a menudo necesitan de políticas de reconocimiento. Llevar a cabo males sexo-genéricos no necesariamente hace culpable a alguien ni obligatoriamente lo hace merecedor de un castigo, salvo si sus intenciones malvadas son evidentes y el daño provocado es de buena magnitud. Si de algo son responsables estos agentes es de reproducir una estructura social que fabrica y promueve zonas grises. El privilegio es un mal moral porque las acciones ejercidas bajo su cobijo provienen directamente de un atributo inaceptable, provocando así la asimetría en la agencia del grupo oprimido (ciertas mujeres proclives socialmente a ser explotadas en los mercados sexuales). Por ende, el agente privilegiado posee reforzadores sociales para trasgredir las barreras de seguridad de una persona oprimida. El privilegio masculino denunciado por las radicales podría acompañar un hipotético derecho sexual que, presumiblemente, está presente en la demanda de mujeres para sexo comercial. Conceptualizar el derecho sexual masculino no es el propósito aquí, pero cuestionar la masculinidad hegemónica podría representar un giro en la enseñanza de otra educación sexual sobre mercados sexuales.

A continuación, expongo dos investigaciones empíricas sobre explotación sexual con las zonas grises como perspectiva analítica. Preferí compartir estos casos en lugar de una de las numerosas investigaciones producidas en territorios regulacionistas por los motivos siguientes. Primero, la prostitución y los comercios sexuales clandestinos no han sido desplazados tampoco en los países regulacionistas, como Alemania, Bélgica o los Países Bajos, donde incluso el problema del tráfico tiende a aumentar después de legalizarse el comercio sexual (^{Marinova y James, 2012}). Por tanto, sigue siendo pertinente analizar cómo los tejidos sociales coinciden con las zonas grises y producen cómplices que robustecen y cooperan con la demanda. Segundo, porque las instituciones asociadas a la explotación sexual poseen un contexto sociohistórico que las legalizaciones pro-trabajo sexual podrían modificar, aunque su objetivo primordial no sea transformar o incidir en el consumo. Pretenden retirar el estigma social sobre las personas en prostitución, pero las decisiones y privilegios de los consumidores y quienes promueven estos comercios no suelen figurar como problemáticos. La demanda de prostitución no se origina en esencialismos biológicos (los machos necesitan sexo para estar bien) o determinaciones sociales. La demanda y la oferta de prostitución dependen de momentos históricos y jerarquías sociales en las relaciones de género (^{Camiscioli y Payne, 2024}). Desde luego, mi estudio no busca sentencias absolutas. En la coda dedicada a la réplica pro-trabajo sexual intentaré dialogar con la perspectiva contraria a la expuesta.

4.3. Complicidad femenina y familiar en la explotación sexual en Tlaxcala, México

^{Oscar Montiel Torres (2013 y 2022)} desarrolló una investigación sobre la cultura proxeneta en Tlaxcala (México) atendiendo la formación de los hombres explotadores para conseguir la cooperación femenina en la captación y resguardo de mujeres migrantes o de pueblos vecinos para explotarlas sexualmente. Un padrote es un proxeneta que capta, aísla, traslada y explota sexualmente a una o a varias mujeres empleando el enamoramiento, el engaño, la coerción, la promesa de una vida mejor o la migración forzada. Incluso han creado una “escuela de padrotes”, una enseñanza en la cual los proxenetas experimentados transmiten pautas de comportamiento a nuevas generaciones, además de indicaciones para identificar a las mujeres apropiadas para explotación (^{Montiel, 2022, p. 70}).

Algunas reglas son “pactadas” entre los padrotes para cuidar cierta armonía entre dominios contiguos. Mientras el reclutamiento para la prostitución se realiza con “extrañas” ajenas a la comunidad del explotador, otras mujeres pertenecientes a la comunidad, conocidas como “parientas”, no son explotables. Esto se debe a que las mujeres de la comunidad ejercen la reproducción social y familiar (^{Montiel Torres, 2013}). Por su parte, en sus comunidades, los padrotes son valorados ampliamente: son elegidos como compadres, padrinos de bautizo, e incluso financian fiestas patronales. El reconocimiento por sus comunidades implica que estas “se hagan de la vista gorda” en cuanto a sus actividades delictivas, siempre que las mujeres explotadas no pertenezcan al mismo grupo comunitario (^{Montiel Torres, 2022, p. 72}). El dolor ajeno, por así decirlo, no lastima la moral pública de otras comunidades.

Los mencionados hallazgos estimulan el análisis de las prácticas sociales de la industria del sexo desde la perspectiva del paradigma y las zonas grises. Primero, porque la educación del proxeneta involucra una ruptura emocional con la moralidad de sus actividades, a la vez que se dirige a obtener un beneficio instrumental de las vulnerabilidades y capacidades morales de las mujeres explotadas. La deshumanización no solo alcanza a los proxenetas: también las comunidades deben insensibilizarse para asimilar como normales el intercambio y explotación de mujeres como mercancías. Al principio se aplican coacciones a los habitantes en desacuerdo con la proxenetización de la moral pública. Después, cuando el negocio florece, las comunidades son “beneficiadas” por su mecenas.

Segundo, la participación y colaboración femenina en el sistema prostituyente se apoya en relaciones de género preexistentes de instituciones sociales sólidas, especialmente la familia, cuyos códigos establecen cuáles mujeres son explotables y cuáles no. Las madres, hermanas, primas y demás familiares son figuras con poder en la formación y actividades de reclutamiento de los hombres proxenetas (^{Montiel Torres, 2013}). Así mismo, las colaboradoras se benefician económicamente del dinero de los proxenetas, lo que aumenta la probabilidad de justificar las actividades delictivas (^{Montiel Torres, 2013}). Mientras, los padrotes enseñan a sus hijos a enamorar mujeres jóvenes para involucrarlas en complicidades de la explotación. Más tarde, el tratamiento de las mujeres traficadas continúa con la aclimatación, concepto que según Kathleen Barry (1980) consiste en efectuar cambios notables en el carácter de las mujeres, disminuyendo su capacidad para defenderse y analizar su falta de libertad.

Tercero, el flujo de mujeres explotadas sexualmente depende de las normas familiares y comunitarias, que permiten prostituir a unas y “respetar” a otras empleando códigos de poder asociados a la valoración masculina de las mujeres. También hay esposas prostituidas o exprostitutas, y esposas o parientas que nunca lo fueron; lo elemental para que el negocio funcione es que ellos “maten el sentimiento” y perciban a las mujeres como las otras: oriundas de territorios empobrecidos, excluidas, desterradas. Igualmente, si algunas mujeres prostituidas matan sus sentimientos, pueden dejar de serlo a cambio de que colaboren con la atracción de nuevas mujeres al negocio. Así, la enemistad femenina es producida por una alianza entre los proxenetas como figuras de autoridad con otros intermediarios (^{Montiel Torres, 2013; 2022, p. 86}).

Según los códigos morales de los cómplices e intermediarios de los padrotes, la prostitución es una actividad posiblemente benéfica -sobre todo para mujeres extremadamente vulneradas, abusadas o violadas-, mientras que para otras mujeres -no violentadas sexualmente- es altamente dañina e inaceptable, pues estas últimas ejercen cuidados y reproducción social. Se desvelan así los códigos esclavistas remanentes en muchas sociedades, que permiten que aquellas mujeres y personas que no podrían ser incorporadas a núcleos familiares o comunitarios se conviertan en prostitutas en territorios alejados de redes de apoyo. Las mujeres migrantes son, consecuentemente, especialmente vulnerables. En síntesis, los hombres en este negocio poseen un cuerpo de conocimientos socialmente construido para beneficiarse de injusticias y males sociales, utilizándolas a su favor para construir una institución encubierta comunitariamente (^{Montiel Torres, 2022}).

4.4. Las mesdames nigerianas en Italia

Las experiencias de mujeres nigerianas migrantes en Italia exponen zonas grises que coexisten con relaciones de ascenso, obtención y transacción de privilegios y ganancia de seguridad personal por parte de generaciones de mujeres migrantes. Las comunidades de prostitutas nigerianas son guiadas frecuentemente por una madame, una exprostituta que “presta” dinero a mujeres de su país con el propósito de que migren y ejerzan la prostitución en Italia. Según ^{Lo Iacono (2014)}, este tejido social que cuestiona la dicotomía víctima-verdugo en varios sentidos, justifica la implementación del modelo de la zona gris para ampliar el sentido del protocolo de Palermo, en el cual la explotación sexual es verdadera incluso si otorgó consentimiento.

Primero, la madame personifica una jerarquía poderosa, emancipada y contestataria, provocando en las recién llegadas el deseo de alcanzar, si hay suerte, un puesto de estatus. Segundo, la madame es una figura activa en la colocación de mujeres en burdeles y clubes de alterne, formando así una jerarquía vertical. No por “ayudar” a las mujeres a migrar y establecerse deja la madame de formar parte del tráfico de personas: es un eslabón fundamental para atraer, coaccionar y obtener réditos de las nuevas mujeres. Tercero, vinculado con lo anterior, abundan los roles intermedios, incluidos familiares de las mujeres, que incentivan las migraciones financiadas por cada madame. Así, apoyadas con prácticas como el vudú y los estrechos lazos familiares que hacen aquí de cómplices, ejercen un gran poder psicológico para convencer a las nuevas de que es la mejor opción y la única para salir adelante y adquirir el poder necesario para dirigir sus vidas. A diferencia de otras experiencias de tráfico, aquí la madame ejerce un magnetismo por identificación, haciendo que las otras reproduzcan su modus operandi una vez que consiguen la independencia necesaria y hacen una carrera como traficantes.

Ahora bien, las fases que una migrante nigeriana atraviesa para adquirir estatus como prostituta en Italia son reveladoras: 1) hacerse “la favorita” de la madame para obtener favores; 2) tras pagar las deudas, debe seguir prostituyéndose “por cuenta propia”, pues buscarse otro trabajo significaría aislamiento y desprotección; 3) familiarizarse con el negocio de la trata, pero esta vez explotando a otras mujeres recién llegadas, con el favor de su madame, en quien confía. En todo momento, la relación entre mujer prostituida y su madame existe en una zona gris: protección y confianza, combinadas con la figura de una cobradora y vigilante, frecuentemente coludida con la familia de la mujer en Nigeria para obtener los más altos beneficios de su explotación sexual (^{Lo Iacono, 2014}).

Tentativamente, conservar el término “víctima” puede ser emancipador cuando se le define desde la experiencia de atravesar una institución y no como inocencia vinculada con algún sentido de pureza. Reconocerlo es un paso decisivo para la supervivencia y para la posterior capacidad de identificar las raíces del mal (^{Card, 2000}). Lo anterior no traiciona la confianza en la agencia de las mujeres; las zonas grises desbaratan la dicotomía víctima/perpetrador al aclarar distorsiones y combatir estereotipos sin eliminar categorías: hay responsabilidades compartidas. Nadie encarna el estereotipo de víctima inocente, incluso varias arrastran culpabilidades; tampoco todos los intermediarios son estrictamente perversos, pues muchos son malhechores situacionales. De eso se trata aplicar las zonas grises como concepto que produce sentido: exponen que las instituciones y sus leyes funcionan para la formación continua de perpetradoras de males de tal manera que no sea sencillo atribuir mayor culpabilidad a, supongamos, los clientes, cuando otras personas cumplen roles quizás más determinantes en la repetición de ciclos de corrupción, como el trabajo que hacen una madame nigeriana.