Introducción
Los estudios del periodismo mexicano transitan de la dispersión hacia la consolidación. Tal transición es producto de la interacción entre sus principales representantes, tanto en la conformación de redes de colaboración como en el debate formal e informal de sus perspectivas de análisis y hallazgos empíricos. En contraste con la dispersión durante años lamentada por los estudiosos del periodismo nacional (Fuentes, 1995; Hernández & Schwarz, 2008; Jurado, 2010), empieza a surgir una consciencia del campo disciplinar que contribuye al acumulación y disrupción del conocimiento.
Esta tendencia es particularmente observable en la línea de investigación sobre los alcances y las limitaciones de la transición política,2 donde académicos de origen nacional e internacional debaten en torno a los cambios y las continuidades que tal apertura introdujo en las instituciones, organizaciones y prácticas del periodismo mexicano. Este tipo de discusión es inédita en la breve historia del campo disciplinar en nuestro país, pues supone una ruptura del pacto no escrito sobre no cuestionar el trabajo ajeno y una puesta a prueba de las hipótesis hasta ahora dadas por sentadas.
En el presente artículo se realiza una revisión crítica de los estudios efectuados en esta línea de investigación. El trabajo está conformado por dos apartados: en el primero se analiza la hipótesis que plantea que la transición democrática favoreció -o fue favorecida- por una transformación normativa del periodismo nacional; en el segundo se examina la hipótesis que contradice la anterior, para postular que las continuidades pragmáticas hacen inválido al cambio normativo. Por último, en las conclusiones, se presenta una tercera vía para intentar trascender la dicotomía recién expuesta.
El cambio normativo como efecto dominó
Históricamente, los estudios del periodismo mexicano han sido conducidos a partir de una perspectiva de déficit; es decir, se ha hecho más énfasis en las deficiencias que en las virtudes de su práctica en el país. Esta forma de entender y explicar los fenómenos periodísticos es heredera de las perspectivas de modernización, pues parte del supuesto de que el periodismo nacional muestra señales de atraso respecto del mundo occidental y propone, en el mejor de los casos, modernizarlo para trascender dicho rezago.
Entre las décadas de 1980 y 1990, con el desplazamiento del campo disciplinar, el énfasis en el déficit adquirió mayor legitimidad gracias al predominio de la economía política de la comunicación. En su versión más sofisticada, esta perspectiva de análisis se centra en el estudio de las relaciones de poder que constituyen la producción, la distribución y el consumo de las noticias, así como de otros bienes informativos y culturales. En su interpretación menos sofisticada, la producción periodística está determinada por la estructura de la propiedad y se orienta a proteger intereses particulares.
En el marco de la transición política mexicana, un híbrido entre ambas versiones fue empleado por una parte de los estudiosos del periodismo mexicano para dar sentido a las siete décadas de hegemonía política del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde ahí, sus adeptos se dedicaron a ponerle paños fríos al entusiasmo generado por la derrota del PRI en las elecciones de 2000 y a negar la posibilidad de cambio bajo la premisa de que la propiedad de los medios masivos seguía altamente concentrada (Ramírez, 2008; Trejo, 2001; Villamil, 2005).3
En sí, la economía política de la comunicación presenta ciertas limitaciones en el estudio de los fenómenos periodísticos. En primer lugar, es estructural funcionalista y su acento en las relaciones de poder tiende a acotarla a la estructura de propiedad. Por tanto, su potencial explicativo se reduce al análisis de la concentración y a la discusión del impacto que esta tiene o puede tener en la vida pública. Aunque es fundamental para el entendimiento de la estructura del sistema mediático, poco puede decir sobre la agencia de los actores más allá de su presunta dependencia.
En el caso nacional, las limitaciones aumentan porque los trabajos desarrollados desde esta perspectiva, al menos en la línea de investigación de la transición política, tienden a caer en lo ensayístico, confirmando o desafiando determinada hipótesis sin presentar evidencias empíricas robustas (González, 2013). En el mismo sentido, al caracterizar al periodismo como medio para la promoción de determinados intereses económicos y políticos, relegan el análisis microsociológico de la asimilación o la resistencia a las relaciones de poder (Márquez, 2012).
Por esta razón, a finales de la década de 1990 empezaron a surgir una serie de estudios que examinaron el impacto de la transición política en el periodismo nacional desde otras perspectivas de análisis. En contraste con el énfasis en el déficit de los trabajos previos, dichos estudios se diferenciaron porque pusieron acento en las virtudes de un periodismo en transición. En una época de tensiones entre la vieja y nueva guardia, eran necesarias otras narrativas para entender y explicar los fenómenos periodísticos.
Como en otros ámbitos académicos, la nueva mirada sobre la realidad nacional provino del extranjero, de estudiosos como Demers (2000), Hughes (2009) y Lawson (2002).4 Particularmente los últimos dos, a partir de la divulgación de los resultados de sus respectivas tesis, transformaron la percepción que se tenía en el exterior sobre el periodismo nacional. Su hipótesis, años después cuestionada, es la siguiente: entre las décadas de 1970 y 1990, el periodismo mexicano experimentó una transformación en sus instituciones, organizaciones y prácticas para gradualmente superar su atraso.
Desde las ciencias políticas, Lawson (2002) sostiene que hubo tres factores clave detrás de la apertura del periodismo en México: a) la liberalización de la política, en tanto abrió espacios y removió obstáculos; b) el cambio normativo que fomentaron determinadas organizaciones periodísticas, y c) la apertura comercial que permitió a las publicaciones remplazar su dependencia hacia el Estado por un modelo de financiamiento basado en circulación y publicidad. Esto, a su vez, habría fomentado la competencia en el sector.
Su análisis es relevante porque plantea que en las organizaciones periodísticas que encabezaron el cambio se impuso una visión periodística particular por encima de los intereses económicos, pues de lo contrario había mayores certidumbres en las viejas prácticas de corrupción que en la aventura del periodismo independiente. De esta manera, el autor desafía una de las ideas más enraizadas en los estudios del periodismo mexicano: la que supone que la principal, por no decir única, racionalidad de los agentes del periodismo es una racionalidad económica.
En su trabajo, Hughes (2009) sigue la hipótesis de Lawson pero buscando explicaciones más allá de la democratización y la liberalización. Por ello, concede mayor importancia a: a) las ideas alternativas y los valores disidentes al interior de las salas de redacción; b) las etapas de transformación y capacitación, también dentro de las organizaciones, y c) las nuevas identidades profesionales que todo esto produjo. Así, reconoce al cambio ideológico -desde su concepción y divulgación hasta su consolidación- como el principal factor de transformación.
A diferencia de Lawson (2002), Hughes (2009) no se conforma con definir al nuevo periodismo como independiente o libre, y lo caracteriza como cívico. Con esta definición intenta establecer una diferencia entre el periodismo desarrollado en las publicaciones críticas y la relativa apertura de los noticiarios de radio y televisión. En otras palabras, propone una tipología para no confundir al periodismo cívico con el de "mercado" o el "autoritario", que a pesar de la apertura democrática prevalecía -y prevalece- en numerosas organizaciones periodísticas.
Este es uno de sus grandes aciertos y desaciertos. Por una parte resulta un acierto porque hace hincapié en que la transformación se expresó de manera diferenciada en los periódicos, y en la radio y la televisión. Por otra parte, es un desacierto, ya que aludir a un periodismo cívico remite a un movimiento que intentó cambiar al periodismo de Estados Unidos durante la década de 1990, con la estimulación de la ciudadanía como partícipes y no espectadores de lo público; algo que no necesariamente coincide ni con los objetivos ni con las prácticas del periodismo de la transición política mexicana.
En su tesis sobre el periódico Siglo 21, Demers (2000) incurre en una situación similar al desarrollar el concepto de "periodismo funcional" para representar las prácticas que colocaron a este periódico a la vanguardia de las publicaciones de Jalisco luego de un inicio complicado. A partir de la teoría de la democracia funcional, el autor sostiene que Siglo 21 se distinguió de sus competidores porque estableció una relación con su audiencia -en lugar del Estado- al cubrir a profundidad eventos como las explosiones del sistema de alcantarillado o el asesinato del obispo Juan Jesús Posadas.
La noción es sugerente porque plantea que estos dos eventos muestran la crisis de la democracia representativa, la cual es aprovechada por la organización para dar un giro postmoderno al dejar atrás las normas del periodismo moderno y regresar a la cotidianidad. Sin embargo, como Hughes (2009), las evidencias que presenta son insuficientes para sustentar el argumento del cambio de paradigma y, más bien, parecen encuadrarse en los ideales modernistas de investigación y denuncia que se encumbraran en el imaginario periodístico desde principios del siglo XX.
Por estar escrito en francés y no haberse publicado en forma de libro, el trabajo de Demers (2000) ha sido menos discutido que los de Hughes (2009) y Lawson (2002). Además, se trata de un estudio centrado en un periódico y no en el periodismo nacional en su conjunto. Ello lo exenta de las críticas que han recibido los autores estadounidenses cuando reseñan una transformación de alcance nacional, al referirse a un "efecto cascada" que "fomentó la gradual transformación de la prensa en su conjunto" (Lawson, 2002, p. 89, traducción propia), o bien a una mímesis organizacional y generacional (Hughes, 2009).
En su investigación doctoral, Hernández (2006) también hace énfasis en el cambio, pero notando las continuidades y paradojas de la transición; por ello su trabajo es una suerte de bisagra entre las perspectivas extranjeras y las nacionales. Lo peculiar de este posicionamiento es que la autora ubica su objeto de estudio en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) y no en el final de la hegemonía del PRI. La racionalidad es la siguiente: en el sexenio de Salinas se articuló un discurso en contra de la corrupción entre el periodismo y la política; a partir de él, se legitimaron debates marginales.
Más allá de sus contradicciones, Hernández (2006) sostiene que el discurso salinista es relevante porque hace explícita la existencia del contubernio y porque propone medidas de transformación, como el establecimiento de un salario mínimo para periodistas, la desinstitucionalización de las dádivas mejor conocidas como "chayotes" y el surgimiento del Instituto Verificador de Medios (IVM) para certificar la circulación de los periódicos. El hecho de que las medidas no hayan producido el cambio esperado, argumenta, no le resta importancia.
En contraste con los otros autores que enfatizan el cambio, Hernández (2006) presta atención a las condiciones laborales y a la formación universitaria de los profesionales del periodismo como factores de atraso y desarrollo. En ambos sentidos plantea que el mercantilismo que predomina tanto en las organizaciones periodísticas como en ciertas escuelas de periodismo y comunicación, impide que el periodismo mexicano crezca en la medida esperada. Así, coincide con Hughes (2009) al preocuparse sobre las consecuencias indeseadas de la mercantilización de las noticias.
La continuidad pragmática como efecto dominó en reversa
Si las contribuciones extranjeras se orientan a describir el cambio, las respuestas de los investigadores nacionales hacen énfasis en las continuidades. Se trata de un cuerpo de trabajos que retoma la perspectiva de déficit de los estudios del periodismo mexicano, pero con un grado de sofisticación conceptual y metodológica mayor que aquellos escritos que tienden a caer en lo ensayístico y a confirmar o a refutar hipótesis sin presentar evidencias empíricas suficientes. De esta manera, se suman a la acumulación y a la disrupción del conocimiento.
Pero entre estos estudios hay múltiples perspectivas de análisis. No obstante las principales contribuciones se pueden agrupar en dos grupos, conforme a su discusión de la hipótesis del cambio normativo: a) por una parte, González (2013) y Márquez (2012) presentan una crítica directa a Hughes y Lawson, y b) por otra parte, académicos nucleados o vinculados a la Universidad de Guadalajara (UdeG) como De León (2012) y Orozco (2010) realizan una crítica indirecta, al hacer menor o nulo énfasis en tales investigaciones.
La crítica a Hughes y Lawson de González (2013) y Márquez (2012) puede entenderse a partir de su formación en el extranjero, donde esta interpretación del periodismo mexicano es aún predominante, mientras que su reducido protagonismo en los trabajos emanados o relacionados con la UdeG puede responder al hecho de que en la academia nacional no son considerados estudios cardinales. De cualquier manera, con o sin un debate explícito de la hipótesis foránea, son llamativos los puntos de encuentro entre los trabajos en cuestión.
Márquez (2012) es la autora que más se ha esmerado en refutar la hipótesis del cambio como efecto dominó. Para ella, el principal defecto de los trabajos de los académicos de origen extranjero es que solo se concentran en el cambio. Aunque tanto Hughes como Lawson hagan notar la persistencia de las prácticas de contubernio con la clase política en ciertas organizaciones periodísticas, sus análisis dan a entender que estas se encuentran en erosión. Márquez cuestiona esta idea y argumenta que, además de la persistencia o no del contubernio, es necesario interrogar determinadas prácticas de reporteo.
Uno de los aspectos más innovadores de su investigación, discutido en distintos artículos y ponencias, es el análisis de la manera en la que son interpretadas y puestas en práctica las normas del periodismo liberal, especialmente la de la objetividad. Lo que encuentra, a través de 90 entrevistas a reporteros, editores y directivos de la Ciudad de México, es que más allá del apego que manifiestan hacia estas normas, las entienden y ejercen con ambigüedad. Es por ello que, por ejemplo, dicen actuar como observadores absolutamente distanciados de la realidad y a la vez abogar por el cambio social.
En el día a día, descubre la autora, semejante ambigüedad hace que el cambio se exprese en forma de continuidad y, lejos de empoderar a los periodistas frente a los actores de la clase política, los mantiene como simples recolectores y reproductores de declaraciones (Márquez, 2012). Entonces, en vez del periodismo proactivo que describen e idealizan Hughes, Lawson e incluso Demers, prevalece la pasividad y triunfa un periodismo de declaraciones donde el contraste de todas las fuentes de información involucradas es el máximo estándar de calidad.
González (2013) coincide con Márquez en su crítica a Hughes y Lawson, pero se enfoca en cuestionar el alcance de la transición. Parte de la tendencia a analizar el periodismo en su dimensión local para afirmar que uno de los déficits de los estudios previos es su propensión a generalizar por medio de evidencias empíricas recabadas en la Ciudad de México. Esta idea empieza a generar consenso entre la comunidad de estudiosos del periodismo nacional, pues hacen hincapié en los estados y en las regiones para intentar capturar la diversidad cultural del periodismo del país.
En su análisis de contenido, González (2013) no halla señales de periodismo proactivo en los diarios de información general de Morelia, Michoacán. Por el contrario, localiza un periodismo que suele depender de una sola fuente de información y excesivamente centrado en la clase política; circunstancia que difiere con las nociones de periodismo cívico y funcional adelantadas por Hughes y Demers. Estos hallazgos los suplementa con el análisis de los anuncios de los mismos periódicos, encontrando un vínculo entre los actores de las noticias y las inserciones pagadas (González, 2013).
En contraste con Lawson, Hughes y Demers, González (2013) sostiene que emerge en el periodismo un "partidismo económicamente impulsado". Esto significa que el ideal de imparcialidad, estrechamente relacionado al de objetividad, solo se habría adoptado en el plano discursivo, pues aquel partidismo impulsado por la ideología de la época de esplendor de la hegemonía cultural del PRI estaría de vuelta mediante la especulación financiera. La idea es provocadora, aunque puede caer en la lógica instrumentalista de la economía política de la comunicación si no es matizada y acotada.
En sus respectivos estudios, De León (2012) y Orozco (2010) dan cuenta de la transformación reseñada por González (2013). En general, observan cierto saneamiento en las relaciones entre los periodistas y las fuentes de información gubernamentales, pero también un desplazamiento de los intercambios de recursos de los actores operativos (reporteros y encargados de comunicación gubernamental) hacia los actores cupulares (propietarios de organizaciones periodísticas y funcionarios públicos de alto nivel). Esto puede ser interpretado como un cambio que brinda continuidad a las viejas prácticas.
De León (2012), ampliamente citado por González (2013), es el autor que mejor estructura esta transformación. A partir del concepto de comunicación pública desarrollado por Demers (Demers, 2008; Demers & Lavigne, 2007), analiza la relación entre la clase política y el periodismo en Aguascalientes y muestra cómo la transición política modificó las posiciones y las reglas de una manera en la que la producción de las noticias dejó de estar controlada por el Estado para quedar sometida al aparato de la publicidad (De León, 2012).
A diferencia de Hughes (2009), quien critica a lo que denomina "periodismo de mercado" porque su dependencia hacia la venta de espacios publicitarios le impiden cuestionar a la clase empresarial, De León (2012) advierte que el nuevo esquema de negociación hace que el Estado pierda su poder de veto directo, el cual recupera en forma de publicidad oficial, la principal fuente de ingreso de buena parte de las organizaciones periodísticas del país. Ello, deduce el autor, reduce la agencia de los periodistas porque los hace dependientes de los arreglos realizados en las cúpulas.
Centrada en el caso de Tepic, Nayarit, Orozco (2010) coincide con De León y con González al reconocer un cambio de reglas en la relación entre el periodismo y la clase política, pero difiere al encontrar que tal transformación no necesariamente implica la erosión de las prácticas de corrupción entre los actores operarios. En Tepic, sostiene, persisten las dádivas porque se han institucionalizado como normales, naturales y legítimas. Por ello, los actores las integran a sus rutinas profesionales y las justifican como una manera de hacer.
De acuerdo con la autora, la socialización de estas prácticas de corrupción está basada en la yuxtaposición de tres factores: a) el subdesarrollo económico de la ciudad, pues la ausencia de anunciantes mantiene a la publicidad oficial como principal fuente de ingresos; b) la resistencia al cambio que han encontrado los editores y reporteros en los propietarios de las organizaciones periodísticas, quienes anteponen las certezas del subsidio a la aventura del periodismo crítico e independiente, y c) la precariedad de las condiciones laborales, que obliga a los periodistas a buscar otras fuentes de ingresos.
Aunque no discute con Hughes y Lawson, el trabajo de Orozco (2010) brinda elementos para cuestionar el alcance nacional de la transformación. Como González (2013), presenta una serie de evidencias empíricas de que la ruptura definitiva no ha llegado al periodismo de ciudades como Morelia y Tepic o entidades como Michoacán y Nayarit, incluso cuando en ambas ha habido gobiernos de alternancia, encabezados por partidos políticos que no son el PRI. En el mismo sentido, pone sobre la mesa un factor poco explorado: no solo la política, sino también la economía de las regiones estimula o inhibe el cambio.
Conclusiones: entre el cambio y la continuidad
En apariencia, la hipótesis del cambio es irreconciliable con la de continuidad. Como se ha expuesto en la presente revisión bibliográfica, una se organiza para refutar a la otra. En el caso de la primera, la respuesta es en contra de aquellos trabajos de corte ensayístico que conceden omnipotencia y omnipresencia a los medios masivos. En el caso de la segunda, la réplica es en contra de la primera. Además de la publicación de nuevos argumentos y evidencias (Márquez, 2014; Martínez, González & Miranda, 2015), ello manifiesta la paulatina consolidación del campo disciplinar.
Más allá de la superficie, ambas perspectivas de análisis pueden ser mediadas si se advierte su diferenciación espacial y temporal: mientras Lawson, Hughes, Demers y Hernández, conducen su trabajo de campo en la década de 1990, con atención especial a las organizaciones periodísticas de las grandes ciudades; Márquez, González, De León y Orozco, hacen lo propio en la década de 2000 y tomando en cuenta al periodismo de ciudades medias. Por la naturaleza de la transición política mexicana, significa que unos trabajan en una época de entusiasmo y otros en una de pesimismo.
Este factor tal vez pueda explicar por qué el trabajo de Hernández (2006) funciona como una suerte de bisagra entre ambas hipótesis, pues defiende su tesis al concluir el sexenio del primer presidente panista, Vicente Fox, y examina el discurso modernizador del hasta entonces último presidente priísta, Salinas. Ello le permite tomar distancia de su objeto de estudio y tener una perspectiva histórica más profunda que la del resto de estudios desarrollados en esta línea de investigación. En cierto sentido, eso hace sugerente su hipótesis porque la defiende a pesar de las promesas incumplidas.
La revisión bibliográfica realizada en este artículo igualmente permite adquirir una perspectiva histórica del cambio y la continuidad en el periodismo mexicano. Escribirla a mediados de la década de 2010, con el colapso de la promesa del Partido Acción Nacional (PAN) y el retorno del PRI a la Presidencia de la República, también contribuye en el mismo sentido. Asimismo, a ello hay que agregar la evolución de la industria periodística, que en la última década ha sufrido una pérdida de influencia societal que ha puesto en crisis su modelo de financiamiento basado en la circulación y la publicidad.
Estos dos fenómenos permiten entrelazar las hipótesis del cambio normativo y de la continuidad pragmática por medio de una tercera hipótesis: entre las décadas de 1970 y 1990 hubo un importante proceso de transformación normativa en el periodismo mexicano, que fue apoyado por la liberalización de la economía y la política, el cambio de mando en las organizaciones periodísticas y el desencanto de la ciudadanía con la clase política; entre las décadas de 2000 y 2010, la crisis financiera de los periódicos puso un alto al cambio y dio inicio al desmontamiento de los avances.
En sí misma, la continuidad no es negativa; por el contrario, el cambio requiere de continuidad para sostenerse en el tiempo. Entonces, se podría plantear que en el periodismo nacional hubo un proceso de transición, pero que a tal proceso le faltó mayor continuidad; es decir, ha sido insuficiente la continuidad en el cambio para que este se consolide. Pero esta hipótesis tampoco puede presentarse como una teoría general del periodismo mexicano, en tanto sigue habiendo numerosas organizaciones e individuos dedicados a la práctica de un periodismo crítico a pesar de los obstáculos.
En este punto, la perspectiva de análisis desarrollada por Márquez (2012) adquiere mayor relevancia porque indica que la adopción de los ideales del periodismo liberal se da de una manera sui generis, para entender a la objetividad como la recolección y la reproducción de declaraciones. Ahí no hay un factor económico determinante, sino un defecto formativo que puede originarse en las universidades, donde parte importante de los profesionales del periodismo mexicano adquiere los conocimientos básicos de su profesión, o en las organizaciones, que establecen normas específicas de trabajo.
Como se ha hecho notar en esta revisión bibliográfica, los trabajos reseñados parten de diversos marcos conceptuales y emplean igualmente distintas técnicas de investigación. Sin embargo, algunos elementos en común es que parten de la ciencia política, la economía política y la sociología de las profesiones. Esta última perspectiva de análisis es de particular utilidad para el estudio del cambio y la continuidad en los planos normativos y pragmáticos. No obstante, tal abordaje muestra sus limitaciones al establecer una relación entre la práctica y las relaciones laborales.
La explicación de que el soborno existe y persiste a causa de las bajas percepciones de los reporteros es insuficiente porque no da cuenta del hecho de que su paulatina erosión no necesariamente ha sido acompañada por incrementos salariales. También implicaría que todos los profesionales del periodismo que tienen problemas para llegar con dinero a fin de mes son corruptos. En su lugar, lo que se observa en la práctica es que estos actores "se las arreglan" con dos o más trabajos, algunos incluso fuera del periodismo.
Más compleja es aquella explicación que traza el desplazamiento del contubernio de un nivel operativo hacia uno cupular; sin embargo, reproducida estudio tras estudio sin confirmarse empíricamente, hace que corra el riesgo de convertirse en un constructo social antes que en una herramienta para interrogar las nuevas relaciones entre el periodismo y la clase política. Debe haber algunas organizaciones periodísticas que no se adhieran a las nuevas/viejas prácticas y es necesario documentarlo para no diseminar la imagen de que todo el periodismo mexicano es malo y corrupto.
Para trascender el punto en el que los salarios explican la falta de cambio, es preciso realizar estudios a partir de la sociología del trabajo antes que de la sociología de las profesiones. En otras palabras, no solo hay que centrarse en la interpretación y puesta en práctica de las normas periodísticas, sino también en las condiciones, las relaciones y la organización del trabajo periodístico. La dimensión laboral es relevante porque determina las condiciones y las orientaciones del trabajo más allá de lo idealizado por sus actores.
En el marco de la crisis de la industria periodística, cobra mayor importancia investigar en este sentido porque los primeros afectados por los recortes financieros suelen ser, precisa y paradójicamente, los que hacen las noticias. En el contexto de la transición política mexicana, el aparente ascenso y descenso de la transformación del periodismo puede estar estrechamente vinculado al carácter cambiante del trabajo en la industria periodística. Además de los elementos salariales, ahí interactúan la nueva división y la recualificación del trabajo.
Como advierte De León (2012), en México no se observa una ola de cierres y despidos a causa de la crisis de financiamiento del sector. En su lugar, plantea el autor, los nuevos arreglos entre los actores cupulares mantienen una relativa estabilidad en las organizaciones periodísticas. Aunque el turnover laboral no se exprese en forma de una pérdida significativa de empleos, pueden estarse dando otra serie de fenómenos en torno a la reorganización del trabajo periodístico que ameritan investigación académica.
La referencia de los periódicos de Sonora, que fueron parte del cambio normativo descrito por Lawson (2002) y Hughes (2009), con El Imparcial de la familia Healy a la cabeza, brinda elementos para indagar en ese sentido, pues en ellos se observa cierta propensión por establecer una dinámica de puerta giratoria, con entradas y salidas a ritmo acelerado en sus departamentos de recursos humanos. Salvo en el mando medio conformado por editores y directores editoriales, cada vez son menos los profesionales que pueden y, sobre todo, quieren hacer una carrera en el periodismo.
Los estudios reseñados en esta revisión bibliográfica exponen ciertas tendencias a abandonar el periodismo para integrarse a los departamentos de comunicación de los partidos políticos y de los gobiernos estatales y municipales. Explícita o implícitamente, indican que los profesionales del periodismo que toman tales decisiones van en busca de mayor estabilidad laboral. Lo que no advierten porque sus análisis empíricos están enfocados en lo profesional y no en lo laboral, es que en la comunicación política hay mejores salarios, pero no necesariamente mayor satisfacción o seguridad laboral.
En este sentido, proponemos que la próxima generación de estudios sobre los alcances y las limitaciones de la transición política en el periodismo mexicano incorpore las herramientas conceptuales y metodológicas de la sociología del trabajo. Esto permitiría trascender el plano normativo-pragmático y ahondar en las mediaciones entre lo ocupacional y lo organizacional. Hasta ahora, el énfasis en el cambio o en la falta de cambio cultural ha impedido percibir su vinculación con las transformaciones y las continuidades en el mundo del trabajo.
Nota metodológica
Siguiendo a Cooper (1988) y a Randolph (2009), se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de trabajos que abordaran el impacto de la transición democrática en el periodismo mexicano en numerosas bases de datos. Se emplearon palabras clave como "periodismo", "democratización", "modernización", "transformación" y "transición". A partir de ello, se identificaron dos tipos de trabajos: a) aquellos de corte ensayístico que -sin evidencias empíricas- argumentan a favor o en contra de la hipótesis del cambio, y b) aquellos de corte sociológico que hacen lo propio, pero basados en evidencias empíricas.
Por la abundancia de los trabajos de corte ensayístico y su escasa contribución a la acumulación y a la disrupción del conocimiento, se determinó realizar una revisión bibliográfica centrada en los estudios de corte sociológico que han iniciado y mantienen el debate sobre el cambio y la continuidad. Esta decisión metodológica implicó un desplazamiento de lo exhaustivo a lo pivotal. Además, se utilizó como criterio de inclusión y exclusión la presencia de los autores en el campo disciplinar; es decir, se le concedió mayor atención a los trabajos publicados que a las tesis no publicadas.
Los criterios de evaluación fueron las hipótesis, las metodologías y las evidencias empíricas de los estudios. En este sentido, se realizó una revisión bibliográfica centrada en los postulados y los resultados de las investigaciones. La intención de este proceder era: ubicar el estado de la discusión académica sobre el impacto de la transición política en el periodismo nacional, e identificar sus convergencias y divergencias para dar sentido a las instituciones, las organizaciones y las prácticas periodísticas del país. El énfasis recayó en los prospectos del desarrollo de nuevas líneas de investigación.