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La perspectiva territorial resulta hoy fundamental en el análisis del conflicto armado en Colombia, al mismo tiempo que la comprensión de la configuración del territorio colombiano necesariamente implica el análisis del conflicto como uno de sus ejes principales. La relación entre territorio y conflicto se presentará a continuación a través del caso de estudio de la localidad rural de Sumapaz, con el fin de comprender el proceso de construcción social del territorio desde las narrativas de violencia y resistencia social de sus campesinos. 1
El territorio es entendido aquí desde la perspectiva de construcción social del territorio que, como lo afirma Henry Lefebvre (1974:15), es el producto de la acción humana a través de la historia, constituido mediante un proceso de territorialización, en el cual el espacio natural-físico deviene en territorio. Es decir, se da en el espacio un conjunto organizado de relaciones y de acciones sociales, que expresan y/o reproducen las desigualdades, las asimetrías y los conflictos entre los distintos grupos sociales, lo que da como resultado una serie de prácticas de índole socioeconómica, político-institucional y simbólico-cultural, que hacen que el espacio llegue a ser un territorio socialmente diferenciado y limitado.
En este sentido, las relaciones de poder y los conflictos que de él se desprenden son inherentes al proceso de construcción social del territorio. Siguiendo los aportes de Claude Raffestin (2013: 73), el territorio es un espacio que devela relaciones marcadas por el poder, ubicadas en un contexto socio-histórico y espacio-temporal, al igual que, como lo afirma Ricardo Abramovay (2006: 51) el territorio se configura a partir de luchas históricas por el control de las condiciones materiales y simbólicas del espacio social.
Por esta razón, el territorio devela siempre simetrías y asimetrías del entramado y redes del poder, cuya forma más extrema y brutal es la violencia; por ésta se entiende“todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el desarrollo humano o el crecimiento de las capacidades potenciales de cualquier ser humano” (Jiménez, 2012: 18). Se presentan diferentes formas de violencia interrelacionadas; puede ser directa (verbal, psicológica o física), estructural (pobreza, represión, contaminación, alienación, etcétera) o simbólico-cultural.
Como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011: 52), en el caso colombiano la violencia ha sido transversal a la configuración del territorio; particularmente, el territorio rural históricamente se ha definido a través de una marcada desigualdad, derivada en gran medida del problema de la concentración de la tierra, así como de una alta exclusión social, dada por las fuertes asimetrías entre los sectores urbanos y los rurales, en términos de poder y calidad de vida. Todo ello ha configurado unas condiciones de violencia estructural, generadoras de conflictos de diferente naturaleza, conducentes a escenarios de violencia directa y simbólica, que siempre han tenido como epicentro los territorios rurales.
Sumapaz es la localidad 20 del distrito capital de Bogotá; es un territorio totalmente rural ubicado a 37 kilómetros del casco urbano de la ciudad. Tiene una baja densidad poblacional, con 2 714 habitantes en una extensión total de 75 756 hectáreas (ha). Una parte importante de su territorio lo conforma el Parque Nacional Natural del Sumapaz, considerado como el páramo más grande del mundo,2 de forma que se trata de un área de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico a nivel regional, nacional y mundial (Bernal, 2007: 2).
En el caso de Sumapaz, los esquemas de poder se evidencian mediante una dinámica conflictiva desde la conformación del territorio, pues allí han tenido lugar todas las formas de conflicto armado que históricamente han ocurrido en Colombia. El campesinado sumapaceño se ha enfrentado contra los diferentes actores que han ostentado el poder en un momento dado: primero frente a la clase terrateniente, luego a la clase política conservadora, posteriormente a los agentes armados (legales e ilegales) y más recientemente a agentes empresariales, cada uno de los cuales, en diferentes momentos históricos, ha buscado la apropiación del territorio y/o sus recursos naturales.
Pese a los daños y las fracturas sociales que sobre el tejido social ha ocasionado este tipo de conflicto permanente y sistemático en la localidad, a la vez tal situación ha motivado el surgimiento de diferentes organizaciones sociales, como forma de reacción y defensa por parte del campesino para luchar por sus derechos y mantenerse en el territorio. Así como el conflicto armado en Sumapaz ha sido un factor crucial en su historia social, también lo ha sido la capacidad de resistencia de sus campesinos, manifiesta en la fortaleza de su tejido asociativo comunitario.
Este artículo se encuentra estructurado en tres partes. El eje central de análisis se titula “Resistencia campesina en el conflicto armado contemporáneo”, referido a las vivencias de los campesinos en una zona guerrillera, la violencia política que padeció la comunidad, así como el impacto de los enfrentamientos armados en la zona. Se hizo necesario comprender el conflicto armado desde los orígenes de la violencia y la resistencia del territorio de Sumapaz. Al final, se presentan algunas perspectivas a futuro sobre los retos del post-conflicto.
Metodología
La configuración social del territorio se abordó desde una metodología cualitativa, a través de la perspectiva etnosociológica, que busca estudiar un fragmento particular de la realidad social-histórica, comprendiendo su funcionamiento, la transformación y la configuración de las relaciones sociales (Bertaux, 1997: 31).
El corpus metodológico está conformado por los datos recolectados durante el trabajo de campo realizado entre 2015 y 2016, a través de 40 entrevistas a campesinos de la localidad y la observación participante del territorio, así como el análisis bibliográfico y de fuentes documentales. Como unidad de análisis se tomaron las narrativas sobre el conflicto de los propios actores sociales, entendiéndose por estas sistemas discursivos configurados a partir de aproximaciones histórico-vivenciales sobre la realidad, condicionadas por las estructuras de poder existentes (Foucault, 1983: 297). En el artículo las narrativas se presentan como fragmentos de las entrevistas que, bajo una función argumentativa, ilustran los sentidos y los significados de los campesinos sumapaceños.
Resultados
El conflicto armado en Colombia surgió como un conflicto de clase basado en la lucha por la tierra entre terratenientes y campesinos. La mayor evidencia se encuentra en las décadas de los años veinte y treinta, cuando surgieron diversos movimientos sociales (no armados) en el país. Posteriormente, este conflicto se transformó en un asunto político (1948-1968) en el periodo conocido históricamente como La Violencia, entre los partidos políticos liberales y conservadores y sus respectivos aliados armados (guerrillas liberales,3 pájaros4 y chulavitas).5 A partir de la década de los años ochenta, se ha dado lo que se conoce como el conflicto contemporáneo, en el que la guerra política poco a poco se transformó en una económica-productiva, que tuvo como epicentro inicialmente el narcotráfico y más recientemente la apropiación y extracción masiva de recursos naturales, en el cual intervienen múltiples actores armados (guerrillas comunistas, paramilitares de ultraderecha, narcotraficantes, etcétera). En 2015, con la firma del acuerdo de paz con el principal grupo guerrillero, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), empezó el periodo inicialmente denominado como post-conflicto, que pronto cambiaria a post-acuerdo, dado que pese a la gran importancia de los acuerdos de paz y la reducción del conflicto en todas sus manifestaciones, pronto emergerían nuevas formas de conflictos basadas en los residuos de los grupos armados, el mantenimiento de la injusticia social en las zonas rurales, y estructuras de poder muy fuertes que siempre han vivido de la guerra y buscan mantener dicho statu quo.
Uno de los ejes centrales del conflicto armado en Colombia ha sido la concentración de la tierra, el cual ha sido causa y efecto de la violencia, es decir, ha sido en gran parte el origen de la guerra, la cual a su vez ha producido procesos de despojo y concentración de tierra. La concentración de la tierra tiene sus orígenes desde los tiempos de la Colonia, cuando se crearon las haciendas señoriales y se adjudicaron grandes extensiones de tierra a pocas manos, lo que dio origen al sistema de latifundios que actualmente impera en todo el territorio nacional. Después de la independencia, los bienes de la corona española se transfirieron a manos privadas para pagar deudas nacionales o favorecer a determinadas familias distinguidas de criollos, sin afectar el tamaño de las propiedades. Con el tiempo, estos latifundios aumentaron su extensión, de modo que, partiendo de la propiedad base original, empezaron a incorporar paulatinamente gran cantidad de minifundios y terrenos baldíos, con lo cual se consolidaron propiedades de enorme extensión (Fals-Borda, 1975: 62). Aunque se ha intentado su reforma en varias oportunidades, el latifundio como forma de propiedad realmente nunca ha sido alterado, y ha configurado históricamente un problema social de grandes magnitudes.
Orígenes de la violencia y resistencia en el territorio de Sumapaz
El periodo de 1900 a 1970 inició con la protesta social en Colombia y el surgimiento de diversos movimientos sociales debido a la inequidad social del campesinado, lo cual se convertiría a partir de 1948 en un conflicto armado político. Con la Ley 61 de 1874, el Estado estimuló la colonización dirigida y la adjudicación de baldíos; por su capacidad financiera y productiva, los terratenientes fueron los principales beneficiados, y extendieron significativamente sus latifundios (Incoder, 2013: 157). Posteriormente, con la Ley 200 de 1936 se dio el primer intento fallido de reforma agraria, con la cual el Estado intentó mediar en el conflicto entre terratenientes y campesinos, comprando algunas haciendas que estaban en litigio en Cundinamarca, en el Tolima y en Sumapaz, y posteriormente vendiéndolas a los campesinos, pero se trató de un proceso muy focalizado en algunas regiones, y no generalizado en el país. De nuevo, con la Ley 135 de 1961, conocida como Ley de Reforma Agraria, se intentó democratizar la propiedad de la tierra con la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora); esto sería continuado entre 1966 y1970 con un proyecto de modernización del campo colombiano, además de crear toda una serie de mecanismos de participación política para los campesinos. Pese a los importantes logros que empezaban a evidenciarse mediante la reforma agraria, en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales y el empoderamiento de los campesinos, el temor entre la clase política por la radicalización de las organizaciones sociales tuvo su cometido en el Acuerdo de Chicoral de 1972, fundamentalmente basado en la estimulación de la agricultura capitalista, la seguridad jurídica sobre la gran propiedad y el proteccionismo arancelario frente a la competencia externa, lo que puso fin a la reforma agraria (CNMH, 2014: 129).
El territorio de Sumapaz se formó a principios del siglo XX, cuando se instaló en él la Hacienda Sumapaz,6 un latifundio tradicional que vinculaba a gran cantidad de trabajadores, quienes posteriormente darían origen al campesinado sumapaceño. Desde 1920, aproximadamente, emergió en la hacienda un conflicto de clase por la tierra, que paulatinamente adquirió grandes proporciones y dio lugar a las primeras manifestaciones de violencia directa en Sumapaz.
Aunque desde 1851 se había abolido definitivamente la esclavitud, las haciendas mantenían prácticas de sujeción extraeconómicas con los campesinos que laboraban en sus territorios hasta al menos los años cuarenta. En el caso de Sumapaz, como se evidencia en diferentes testimonios y se ratifica en diversas fuentes documentales,7 los trabajadores vinculados a la hacienda bajo un esquema social señorial eran sometidos a toda clase de arbitrariedades en términos laborales, sociales y familiares, además de vivir en condiciones de extrema precariedad y miseria, como se describe a continuación: “Estos seres abandonados a su propia suerte nacen, viven y mueren casi en la misma condición de seres irracionales demasiadamente trajinados. Pasan por la vida de la República sin sentir en lo más mínimo los beneficios de la civilización” (Cámara de Representantes, 1932: 41).
En estas circunstancias, se creó en 1928 una sólida organización social de base campesina denominada Sociedad Agrícola de la Colonia de Sumapaz. Ello supuso el inicio del Movimiento Agrario de Sumapaz, recordado como uno de los de mayor reconocimiento a nivel nacional, dada su capacidad de organización e incidencia en la vida social y política del país.
Puede decirse que el movimiento agrario tuvo tres momentos en su vida y obra. El primero fue su conformación, crecimiento y expansión, cuando se convirtió en una fuerza opositora contundente contra la clase terrateniente, a través de los pleitos jurídicos por la tierra de los colonos. En el segundo, dirigió todo su accionar hacia la lucha por la tierra para los campesinos, y logró la compra de la Hacienda Sumapaz por parte del Estado en 1934 y su posterior adjudicación a los campesinos en 1935. En el tercero, el movimiento agrario se vinculó con otros movimientos sociales e ingresó a la vida política del país desde una perspectiva de mayor amplitud, que integraba a los agrarios como totalidad. Los campesinos narran todo este proceso de la siguiente forma:
En todo caso, el problema fue que Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia principiaron por decirle a la gente que esos señores que decían ser dueños no lo eran, y que la tierra la debíamos reclamar al Estado, y así fue; si acaso los Pardo Roche tenían algo de propiedad era una cosa muy pequeña, esa tocó comprárselas. Erasmo Valencia era un hombre muy honesto y Juan de la Cruz igual, eran hombres muy honestos, nunca les gustó la mala fe. Erasmo nombró a Secundino Palacios, Luis Rubiano y Antonio Torres, esos tres fueron los que compraron la tierra (entrevistado 28, líder comunitario, adulto mayor, 2015).
Pese al fortalecimiento del movimiento agrario del Sumapaz, los altos niveles de injusticia social en todo el país, especialmente en sus zonas rurales, se profundizaron debido a las luchas bipartidistas en el periodo de La Violencia (1948-1958). Esto motivó la formación de las llamadas guerrillas liberales, conformadas inicialmente por grupos de autodefensa campesina y posteriormente, por grupos de guerrillas y bandoleros.
Este escenario político nacional modificó el tipo de conflicto en Sumapaz. Si bien antes se había planteado como un conflicto entre terratenientes y campesinos por la lucha de la tierra, después del Bogotazo (1948) el conflicto en Sumapaz se concibió como un enfrentamiento partidista armado entre los liberales y los conservadores. Como lo explican los mismos sumapaceños:
Entonces ellos crearon una figura que en su momento se llamó de Autodefensa y Vigilancia de Masas. Lo que hacían a través de esta figura era proteger el territorio de amenazas externas… Esa situación llevó a que desde este momento fueran estigmatizados, y cuando se inicia ese proceso de persecución contra ellos, esas organizaciones que lo que hacían era proteger sus vidas, pero masivamente: montando guardia, vigilando los territorios para que nadie llegara a atacarlos, porque era lo único que hacían… Esa situación de persecución llevó a que se convirtieran incluso en grupos alzados en armas de guerrilla, o sea, de la figura de Autodefensa y Vigilancia de Masas pasaron a ser movimiento guerrillero y posteriormente, a través de diferentes negociaciones, volvieron a ser movimiento agrario (entrevistado 7, funcionario distrital sumapaceño, adulto, 2015).
Fue así como el movimiento agrario del Sumapaz se transformó en grupo guerrillero liberal de autodefensa, en las llamadas Guerras del Sumapaz. Su hito histórico fundacional fue La Marcha del Palmar,8 referido a la travesía que emprendieron los campesinos desde el oriente del Tolima al Alto Sumapaz para salvaguardar sus vidas, y a partir del cual, en 1949 se conformaron los grupos de autodefensa campesina de Villarica e Icononzo, y posteriormente en 1953 se conformó el grupo guerrillero del Alto Sumapaz.9
Pese a que en muchos de los enfrentamientos el ejército logró tomar el control de diferentes poblaciones de la región de Sumapaz, en el Alto Sumapaz no logró hacerlo, probablemente por las dificultades que las condiciones geográficas del páramo imponían, con lo cual paulatinamente esta zona se consolidó como un fortín de la guerrilla campesina. Pese a ello, en el Alto Sumapaz todo este periodo transcurrió en medio de hostigamientos y arbitrariedades en contra de la población por parte de la policía conservadora, que permanecen en la memoria colectiva a través de diferentes testimonios de guerra, como el siguiente:
Rojas Pinilla 10nos obligó a coger el monte otra vez, entonces hubo que hacerlo para defender honra, bienes, vidas de los moradores y las propias vidas de los mismos guerrilleros… Hasta cuando ya le dieron el golpe de Estado al viejo Rojas Pinilla, y pudimos como reparar y volver otra vez a nuestras tierras; pobres, pobres y jodidos (JAC Sumapaz, 1998: 68).
En 1954, la guerrilla del Sumapaz se acogió por segunda y definitiva vez a la amnistía con el gobierno nacional. Su máximo líder, Juan de la Cruz Varela, entregó las armas y fundó el Partido Comunista en el Alto Sumapaz, y ha permanecido en la vida civil hasta el día de hoy. Desde entonces, la resistencia campesina se ha realizado a través de las organizaciones sociales.
Paulatinamente se ha ido conformando un tejido asociativo muy sólido en Sumapaz, representado hoy en una amplia red de organizaciones sociales. Actualmente hay desde organizaciones más tradicionales, como el Sindicato Agrario y la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas), tendientes a abordar problemáticas clásicas del campesinado como clase social; otras de origen institucional, que buscan el control social de la labor pública, como la Junta Administradora Local (JAL); por último, aquellas organizaciones de aparición más reciente focalizadas en nuevas áreas de interés, como la perspectiva de género, la problemática medioambiental o la soberanía alimentaria.
Todas estas organizaciones constituyen una de las mayores fortalezas de la comunidad, por la que son reconocidos los sumapaceños externamente, a la vez que representan un gran valor histórico-social dentro de la comunidad, como ellos mismos lo expresan:
Estar en las organizaciones es como un deber, porque eso le ayuda a uno mucho, además de que se necesita el trabajo de estas organizaciones, pues también se está más integrado con la comunidad. Para la comunidad la organización más importante ha sido el sindicato, en nuestro corregimiento se creó en 1960, entonces ha sido una organización que ha orientado a la comunidad por la lucha de la tierra, por las reivindicaciones como la carretera, los colegios, la salud, y también digamos que para pelear contra el gobierno por los derechos humanos, porque después de la entrada de la fuerza pública, realmente la situación de derechos se nos agravó bastante; entonces ha sido como la organización más representativa en todos los sentidos de los intereses del campesino (entrevistado 11, líder comunitario, adulto mayor, 2015).
Como se ratifica en el anterior discurso, las organizaciones sociales creadas desde los años sesenta se han convertido en el principal instrumento de resistencia campesina, a través del cual se garantizaron la defensa del territorio, las reivindicaciones por el bienestar del campesino y la denuncia por la vulneración de sus derechos.
Resistencia campesina en el conflicto armado contemporáneo
Desde la década de los años ochenta, las políticas de ruralidad se orientaron como una política más de mercado de tierras; el Estado dejó en manos del mercado y los particulares la decisión de acceder o no a la tierra (Incoder, 2013: 74). La Ley 160, de 1994, buscó implantar una estrategia de un mercado de tierras asistido, adecuado a una economía más abierta e internacionalizada. Esta alternativa nuevamente fracasó, dado las asimetrías entre propietarios y campesinos, la precariedad de la oferta de créditos, así como la disponibilidad presupuestal de la nación de la que dependía. Desde entonces, las políticas rurales se enfocaron hacia la productividad y la competitividad del sector agropecuario, sin alterar la concentración de la tierra. Por el contrario, de 2002 a 2010, se crearon políticas que de algún modo pueden interpretarse como políticas de contrarreforma agraria, realizadas mediante una significativa reducción de la institucionalidad agraria, así como de una discutible adjudicación de tierras rurales a través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) creado en 2007, con el cual se terminaron legalizando las tierras al narcotráfico y al paramilitarismo, a la vez que se otorgaron grandes cantidades de tierras a empresarios y particulares; algunas de estas adjudicaciones tuvieron reverso y fueron reintegradas al Estado (Machado, 2005).
La estructura agraria en Sumapaz actualmente presenta menor concentración de la propiedad en comparación con el nivel nacional; allí 1% de los propietarios es dueño de 35% del territorio, en comparación con 52% de la tierra en el nivel nacional, y hay mayor presencia de la propiedad mediana (Bautista Gómez, 2018: 295). Esto se debe a que los dos intentos de reforma agraria en el país fueron efectivos en Sumapaz. En el primero, los campesinos lograron desmontar el latifundio de la hacienda y tener la propiedad de la tierra, y en el segundo lograron la titulación de sus predios, a diferencia de la mayor parte del territorio rural del país, que tiene un serio problema de titulación. No obstante, desde los años noventa empezó a aumentar la concentración de la propiedad, que presentó una tendencia hacia el aumento de las grandes propiedades y, por ende, una disminución de las pequeñas y medianas. En 1991 el tamaño de los predios era de 7.1 ha; para 2004 se registró un cambio en la propiedad de la tierra, con la coexistencia de pequeñas, medianas y grandes propiedades, que persiste hasta la actualidad (Chaves, 1991: 40).
No obstante, su posición geográfica y su riqueza hídrica nuevamente pusieron a Sumapaz en el centro del conflicto armado contemporáneo. Puede considerarse como una zona de alto conflicto, al ser uno de los principales corredores guerrilleros de las FARC. Al igual que en muchos territorios rurales del país, la localidad afrontó un conflicto armado directo, de alta frecuencia y baja intensidad, que convirtió a la población en víctima directa de todos los actores armados y en todas las modalidades de guerra.
Ante tal situación, la población, a través de las organizaciones sociales, optó por hacer una resistencia pacífica de no involucramiento en el conflicto, bajo la consigna de: “no colaboración, no desplazamiento y no confrontación”, es decir, de resistencia civil para permanecer en el territorio, a pesar del conflicto armado, y procurar la defensa de los campesinos.
Vivencias de una zona guerrillera
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2001: 7) la localidad fue tomada por las FARC en los años ochenta; éstas continuarían afianzándose durante los años noventa, con la instalación de los frentes 25, 52 y 55, probablemente como consecuencia de una diáspora de esta guerrilla a nivel nacional, a razón del bombardeo del ejército a Casa Verde.11 En este proceso Sumapaz se convirtió en un objetivo tácito de esta guerrilla debido a su posición geográfica estratégica, como bien lo explica Luis Osorio (2010: 63) :
La región de Sumapaz y la localidad 20 en particular han sido un territorio estratégico para esta guerrilla por constituir un corredor de movilidad al comunicar el Caquetá y el Meta con Bogotá, y a Cundinamarca con Tolima y Huila y posibilitar la circulación de combatientes, secuestrados, armas, pertrechos y dinero desde y hacia el Distrito y el suroriente colombiano; por el control del recurso estratégico del agua y como zona de retaguardia por su enorme extensión y las difíciles condiciones de acceso y visibilidad que obstaculizan los ataques aéreos de las Fuerzas Militares.
De esta forma, la guerrilla se hizo con el control de la zona, determinando por completo la vida social, a través de una forma de operar tradicional de las guerrillas en las poblaciones que tomaban bajo su mando. Como se encuentra documentado en el libro La violencia en Colombia (1988), en las zonas de guerrilla, ésta creaban una institucionalidad, en la que los líderes guerrilleros asumían los roles de comisario político, jefe de la comunidad, el parcelador, el responsable de cada vereda, un secretario general, etcétera, en tanto que la justicia la administraba el más alto rango que hubiere, asesorado por el Estado Mayor. Es decir, la insurgencia mantenía el orden social, como se evidencia en el siguiente testimonio:
La insurgencia se hizo fuerte, la insurgencia llegó a ser Estado, prácticamente reemplazó todas, todas las funciones del Estado. El comandante decía, por ejemplo, bueno, el día sábado todo el mundo en la vía que conduce a tal parte a trabajar, y la gente iba ceremoniosamente a trabajar… El comandante había estado arreglando para poner de acuerdo a los infractores por una cerca, entonces que el comandante llegaba por ahí a escucharlos pero no decía nada, empezaban a las 8 y eran las 10 y el comandante que les decía: bueno, son las 11 de la mañana, por decir algo, en media hora yo me voy, en 15 minutos si no han resuelto, esa franja que va de aquí a acá se la vamos a dar a fulano de tal, que no tiene tierra donde trabajar. ¡En eso se ponían de acuerdo rapidito! (entrevistado 20, funcionario distrital externo, adulto, 2015).
La presencia de la guerrilla en Sumapaz determinaba por completo su vida social, permeando las prácticas económicas, políticas y sociales mediante un fuerte control poblacional a través de la zozobra y el miedo. La guerrilla estaba presente en las tiendas, en las fiestas, los guerrilleros patrullaban la zona, instalándose en el territorio como cualquier otro habitante de la localidad. Tenían control total sobre los bienes y el trabajo de los campesinos, obligaban a sus habitantes a entregar los productos de su trabajo si así lo requerían, o a cubrir cualquier otro tipo de necesidad. Era de obligatorio cumplimiento para el campesino acatar las órdenes de la guerrilla.
Es por ello que los espacios sociales para compartir las vivencias cotidianas o de debate político eran muy restringidos. Las jornadas de votación transcurrían con un clima de tensión general y absoluto silencio, sumado a una gran presión de la guerrilla en la constitución de los organismos de representación ciudadana. Entre 2001 y 2008 la guerrilla prohibió el funcionamiento de las JAL, y posteriormente, aunque permitió el ejercicio de la organización, el asedio fue constante. Fue asesinado en 2008 el edil liberal Guillermo Rivera, y en 2009, los también ediles liberales Fernando Morales y Fanny Torres.
El asesinato de estos líderes locales fue un duro golpe para la comunidad. En su momento, a los campesinos los embargaban sentimientos de dolor e impotencia. En charlas informales se hacía mención de la incoherencia de la guerrilla, que decía defender los derechos de los campesinos y los mataba… Actualmente, todavía es recordado como un episodio de gran dolor, que sembró el temor ante cualquier tipo de contradicción política, como se evidencia en el siguiente discurso:
El tema de los asesinatos que hicieron con nuestros colegas ediles y pues que digamos eso intimidó muchísimo la comunidad y la participación por el sector de Nazareth y Betania. Si tú ves la localidad de Nazaret y Betania, es más baja la participación que el sector de San Juan, porque la comunidad tiene miedo (entrevistada 32, funcionaria distrital sumapaceña, adulta joven, 2015).
Asimismo, la guerrilla ejerció un fuerte control con respecto a la presencia de población externa al territorio, la cual se limitaba a funcionarios del distrito o empresas vinculadas a los servicios sociales, cuyo accionar era altamente controlado por la insurgencia. Estas instituciones aprendieron a coexistir en un entorno de conflicto, asumiéndose como actores neutrales, aunque con pleno conocimiento de que había limitantes de acción que no podían desacatar, como se evidencia en el siguiente relato:
Pues digamos que hay épocas de épocas, entonces eso depende de pronto de algunas cosas políticas, de pronto de alguna, como se dice, de situaciones que lleguen a suceder, que de pronto ellos digan: por ahora trancamos tal proceso. Pero sí se ha dado… Ellos sí fueron un poquito como cerrados en decir: permitimos únicamente a estas personas, hacer estas y estas cosas, el resto no lo permitimos hacer (entrevistada 2, funcionaria distrital externa, adulta, 2015).
En cuanto al accionar bélico se refiere, la guerrilla convirtió a la región de Sumapaz, y dentro de ella a la localidad 20, en uno de los escenarios de mayor actividad bélica del departamento de Cundinamarca. Básicamente, la localidad era un territorio fundamental en el tráfico de secuestrados de Bogotá hacia la zona sur-oriental del país. Del secuestro se tiene registro en Sumapaz desde finales de los años ochenta; se incrementó durante los años noventa y tuvo su pico más alto a inicios de los años 2000.
Sumado a todo ello, como era usual en las zonas controladas por las FARC, la población sumapaceña fue víctima de reclutamiento forzado de jóvenes, extorsión, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado, entre otras muchas vulneraciones y ataques directos a la población civil. El miedo, la intimidación y el peligro de la vida de quienes infringieran mínimamente alguna norma fueron constantes a lo largo del conflicto.
Sin embargo, al parecer, la intermediación de las organizaciones sociales, a través de la resistencia civil de no involucramiento en el conflicto, logró significativos avances en el respeto a la vida y la integridad de la población civil. Informalmente, hay testimonios de que fenómenos muy recurrentes en el resto del país en zonas de guerrilla, como el reclutamiento forzado, fueron muy fuertes al inicio de la instauración de la insurgencia, pero posteriormente tuvieron mucho menor incidencia.
De esta forma transcurrieron en la localidad los años ochenta, los años noventa y la primera década del 2000. Si bien la guerrilla tenía el control del territorio, las Fuerzas Militares hacían presencia estacional, en medio de permanentes hostigamientos a la población. En Sumapaz, como en otras regiones tomadas por las FARC, una vez tomaron el control del territorio e impusieron sus normas sociales, se vivieron periodos de relativa calma, interrumpidos abruptamente en ciertas coyunturas políticas y enfrentamientos militares.
El control territorial y poblacional que ejerció la guerrilla de las FARC en Sumapaz a lo largo de tantos años, como lo sostiene Felipe Pérez (2012: 184) , tuvo un impacto social muy grande en las subjetividades de los habitantes de la localidad, lo cual se reflejó en el trabajo, los hábitos y el lenguaje, así como en su percepción de la guerrilla como agente que imponía las condiciones en la vida cotidiana. Es decir, la guerrilla como institucionalidad es parte de la historia social de la localidad, a la vez que el miedo y la zozobra que imponía permanecen en la memoria local a través de narraciones de violencia.
“La guerra sucia”
La población de Sumapaz, además de ser víctima de la guerrilla, ha sido siempre estigmatizada como una comunidad guerrillera. Desde finales de los años ochenta, esta población fue víctima de lo que se conoció como “La guerra sucia”, es decir, la guerra contra la izquierda legal, producto de la alianza entre las élites políticas con miembros de la fuerza pública y el narcotráfico, operada a través de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte. En el caso de Sumapaz, este tipo de violencia sería una constante a lo largo del conflicto armado, manifiesto a través de diferentes formas de lo que el Informe Colombia Nunca Más (MNVCE, 2010: 40) ha denominado crímenes de Estado.
Dicho proceso inició en los años noventa, cuando a nivel nacional se vivió uno de los periodos más críticos, debido al aniquilamiento sistemático de líderes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica, el cual contaba con muchos simpatizantes en la localidad. En Sumapaz, al igual que en otras zonas rurales del país organizadas políticamente a través de sindicatos y movimientos políticos, se hicieron rutinarias las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado a la población civil, como se narra a continuación:
En Sumapaz, desde los años noventa, se presenta un elevado número de casos de asesinatos, desapariciones, amenazas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, adicionalmente los hostigamientos militares a la población se hicieron prácticas comunes, que iban desde el control y retenes sobre el ingreso de comida y combustible en Usme y San Juan, la imposición de horarios de tránsito entre veredas, el robo de ganado, la quema y allanamientos de casas, pasando por detenciones de rutas escolares, hasta abusos y violencia sexual a las jóvenes, detenciones arbitrarias, interrogatorios prolongados, detenciones de familias completas y arrestos bajo cargos de rebelión, muchos de quienes posteriormente soltarían por falta de pruebas (MNVCE, 2010: 41).
Posteriormente, hacia finales de los años noventa e inicio de la década del 2000, inició una nueva etapa de “La guerra sucia”, derivada del amplio fortalecimiento del paramilitarismo en todo el país. Hubo una serie de asesinatos de reconocidos líderes sociales de un alto impacto simbólico, lo que fue desestabilizador para el país.
En Sumapaz quizá el mayor impacto fue el asesinato en 1997 de la pareja de investigadores Mario Calderón y Elsa Alvarado, reconocidos líderes socioambientales de la localidad, que para ese entonces habían creado la Asociación de Reserva Natural del Sumapaz y realizado el primer ejercicio de memoria histórica en la localidad. Como se evidencia en el siguiente testimonio, este crimen fue un duro golpe moral para la comunidad:
Entonces Mario Calderón llega a Sumapaz por medio de la alcaldía, acepta ser coordinador del Instituto de Cultura y Turismo Distrital… Me dijo: mire, siéntese, escríbala con su propia mano, con sus errores escríbala y me la trae a mi oficina. De hecho, duré tres días escribiéndola, y se la presenté a la oficina (imagínese cómo iba yo), pero tomamos los elementos de juicio e hicimos la historia, la ubicamos, la ordenamos y la presentamos al Instituto de Cultura y Turismo del Distrito…. Entonces nosotros cuando asesinan a Mario, nosotros teníamos unos documentos ya escritos, y presentados al Instituto de Cultura y yo era el representante de la localidad, entonces comencé a hacer la gestión, pero ¿quién se iba para Sumapaz?, porque allá ellos ignoraban por qué se había muerto Mario. Si era por estar en Sumapaz, por estar trabajando con Sumapaz, ¿qué pasó? Es el gran interrogante… Pero hoy podemos decir que ese proyecto se realizó y de hecho lo realizamos en la memoria de Mario Calderón, entonces Mario está vivo en todos los salones comunales y en la memoria de los sumapaceños, eso está vivo (JAC Sumapaz, 1998: 58).
Posteriormente, con la Política de Seguridad Democrática (2002-2010) se dio una crisis de legitimidad del Estado, debido a hechos como las ejecuciones extrajudiciales presentadas como muertes en combate, conocidas como “falsos positivos”. El Informe Colombia Nunca Más (MNVCE, 2010) señala casos de falsos positivos presentados en la localidad ocurridos en 2005 a manos del ejército, como una ejecución extrajudicial (2010: 41). Esto es ratificado en el testimonio de los campesinos ya que, durante las entrevistas realizadas, los pobladores afirman en reiteradas ocasiones que los falsos positivos empezaron en Sumapaz, como se manifiesta en el siguiente relato:
Fue en Sumapaz donde inició el problema de los falsos positivos, hace unos años a unos campesinos los llevaron, los torturaron y los asesinaron y fue denuncia pública nacional e internacional; sin embargo, no pasó nada, y eso fue antes de que se diera lo de los falsos positivos. Estos señores eran humildes campesinos y aparecieron con ropas, prendas militares, y el reporte de momento es que habían sido muertos en combate, o sea que los falsos positivos sí empezaron en Sumapaz (entrevistado 7, funcionario distrital sumapaceño, adulto, 2015).
Aunque en los años posteriores, especialmente desde 2012, la violencia empezó a disminuir, la persecución política a los líderes sumapaceños se mantuvo, aunque en menor proporción, como se narra a continuación:
Por estos últimos años, ha habido varios asesinatos, el más reciente el de Víctor Hilarión, un campesino que vivía en el páramo, pero que a su vez hacía parte del Sindicato Agrario… Además de eso, en este momento hay campesinos judicializados, acusados de pertenecer a una insurgencia, cuando jurídicamente a los que han podido salir libres no les han podido probar nada; hay un edil que en este momento se encuentra detenido, Alexander Guzmán… Eso demuestra cómo no ha parado esa ofensiva de guerra, no ha cesado esa intención nefasta de eliminar a los campesinos, de sacarlos del juego, de impedir por todos los medios que sigan siendo un movimiento de campesinos fuerte… Hacia las regiones agrarias sigue habiendo señalamientos, porque sigue habiendo detenciones… Propiciando asesinatos, hay una persecución sistemática a los sectores políticamente organizados… El campesinado sigue siendo golpeado… No ha parado esa ofensiva de guerra (entrevistado 7, funcionario distrital sumapaceño, adulto, 2015).
Todos estos episodios han acrecentado en los campesinos los sentimientos de rabia y desconfianza hacia la fuerza pública, y por lo tanto, también ilegitimidad del Estado. Los campesinos sumapaceños no han dejado de denunciar los atropellos de los que han sido víctimas; se han manifestado a través de marchas comunitarias para exigir sus derechos, y han realizado denuncias legales nacionales e internacionales como mecanismo por excelencia de defensa contra los atropellos a la población civil, pero también como una expresión de las reivindicaciones del campesinado sumapaceño.
Enfrentamientos armados
Uno de los efectos más traumáticos de esta guerra son los enfrentamientos armados directos entre el Ejército Nacional y la guerrilla, acelerados en ciertos periodos de acuerdo con la política militar del gobierno de turno y la respuesta igualmente militar de las FARC. La población se encontró siempre entre ambos bandos, en condición de total indefensión.
Se tiene registro de los primeros enfrentamientos en los años noventa, bajo el marco de la Política de Seguridad Contrainsurgente del gobierno de César Gaviria (1990-1994). De acuerdo con la documentación hallada, en 1990 se denunciaron bombardeos en la localidad de Sumapaz en las veredas de San Juan, Chorreras, Lagunitas, Santo Domingo y La Playa. Posteriormente se inició el descenso de soldados a la localidad, así como el ingreso vía terrestre de contingentes del ejército de aproximadamente 2 000 hombres, como se narra a continuación:
Del año 90 para acá, que se rompieron los diálogos entre el movimiento armado, la guerrilla de las FARC y el gobierno, se vienen unos operativos militares sin precedentes en la historia donde desmedidamente se agrede a la población civil, el ejército entra quemando casas, destruyendo puentes, torturando física y psicológicamente a los campesinos, deteniendo gente, eso es a partir del 17 de diciembre de 1990. A partir de ahí la presencia militar ha sido constante (MNVCE, 2010: 28).
Son muchos los recuerdos de terror que permanecen en la memoria de los campesinos. Entre los más sobresalientes se encuentran las maniobras militares en el territorio en 1997, bajo las operaciones Destructor I y II del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), que propiciaron enfrentamientos y bombardeos de gran impacto en la población, como se expresa en el siguiente discurso:
La parte de los tiroteos, aquí fue terrible la vaina porque aquí no solamente en San Juan hubo tiroteos, eso fue en Cabrera, San Bernardo, Pasca, por todo esta cordillera de arriba, de día y de noche la plomacera de los helicópteros, de los mismos soldados, el ejército se agarraban a plomo unos con los otros, eso daba nervios salir uno allí al caserío, eso había veces que eso le daba a uno temblor de salir a llevar unas dos panelas pa’ la casa pero tocaba salir (MNVCE, 2010: 31).
Esta arremetida militar se hizo más fuerte durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que bajo el Plan Colombia incrementó significativamente la capacidad armamentística del Estado, desarrollando las operaciones militares Aniquilador I y II en 2000, lo cual nuevamente trajo consigo fuertes enfrentamientos armados en la zona, como se narra en el siguiente testimonio:
El operativo militar se inició con ametrallamientos desde helicópteros artillados y tanques Cascabel en el plan de Sumapaz, vereda San José y otras en límites con el municipio de Cabrera. La escuela de “La Granada” quedó semidestruida con el argumento de que en ella se encontraban atrincherados guerrilleros de las FARC (MNVCE, 2010: 36).
A través de estas operaciones militares, el Ejército paulatinamente restauró su control sobre el corredor guerrillero que incluía a la localidad de Sumapaz. Se instaló definitivamente en la zona en 2001, con el Batallón de Alta Montaña del Sumapaz, ubicado en la Vereda Las Águilas, en los límites entre Bogotá y el municipio de Cabrera.
En consecuencia, la guerrilla fortaleció su ofensiva de guerra con el fin de mantenerse en el territorio. Entre otras formas de guerra, procedió a la siembra de minas antipersonales en gran parte del territorio, con el objetivo de limitar los movimientos de la Fuerza Pública. Como suele ser frecuente con el uso de este tipo de armas, fueron víctimas de las minas antipersonales tanto militares como campesinos, lo que hizo aún más impenetrable y aislada la zona.
Posteriormente, con la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se fortalecieron altamente las Fuerzas Militares, lo que significó una relativa recuperación del control sobre el territorio a nivel nacional y un importante retorno del monopolio de la fuerza en el Estado, en tanto que la guerrilla fue perdiendo terreno, legitimidad y capacidad ofensiva. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014: 46), desde 2005 empezó en todo el país un proceso de des-escalonamiento, es decir, reducción progresiva del conflicto armado, de todos los actores armados y todas las modalidades de guerra.
En Sumapaz, en el año 2009 el Ejercito propinó fuertes golpes a las FARC a través de la denominada Operación Fuerte, en la que se dio la captura de importantes cabecillas de la guerrilla y bajas en combate en el territorio de Sumapaz (Osorio, 2010: 72). Con ello empezó el proceso de repliegue de las FARC. Aunque dicho grupo concentró su estrategia en el retorno a Bogotá, ejerció en este periodo nuevamente hostigamientos a la población; de todos modos, paulatinamente fue desmontado el fortín guerrillero en el que se había convertido el territorio de Sumapaz por muchos años, y poco a poco el Estado fue retomando su control.
Pacificación y retos del post-conflicto
La violencia empezó a disminuir progresivamente en todas sus expresiones. Si bien persistía en Sumapaz la insurgencia de las FARC, el ejército se encontraba presente de forma permanente. A la vez, aunque continuaban los hostigamientos y el asedio político contra los líderes agrarios, poco a poco se normalizó la relación de la comunidad con el Estado y sus instituciones.
Desde 2010, el des-escalonamiento del conflicto se hizo mucho más fehaciente, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos retomó la vía de la pacificación. La vida social se hizo mucho más tranquila; lentamente se fueron recuperando espacios como festividades públicas y privadas; en el ámbito político, las votaciones empezaron a transcurrir con normalidad, y actualmente hay posibilidad de debate frente a diferentes opciones políticas.
En 2011 se iniciaron los diálogos de paz. El 28 de agosto de 2017 las FARC dejaron de existir como grupo armado. Tras tantos años de guerra, la paz representa para los sumapaceños un valor incalculable y su más grande anhelo, como lo expresa uno de los entrevistados:12
La paz para nosotros es prioritaria, porque sin paz no podemos estar tranquilos. De todas maneras, en el campo es donde se genera más la violencia, aunque en Bogotá también, pero es a causa de la misma violencia, porque si a la gente la desplazan de los campos, entonces se vienen a la ciudad y no encuentran empleo, los que encuentran son malos y eso crea más situación difícil social. Con lo del proceso de paz en un comienzo estábamos muy esperanzados, pero en este momento la verdad estamos muy escépticos porque hay mucha gente con mucha influencia de Colombia que seguramente no van a permitir que eso pase. Pensamos nosotros como campesinos y viendo las cosas, sin ningún apasionamiento, que la guerrilla en este momento sí quería la paz, pero el Estado fue el que no… Además que también sabíamos que allá no se iba a hacer la paz hasta que no haya transformaciones sociales en este país, realmente no se puede, pero sí era un pasito y bien grande para que hubiera la paz en Colombia; sin embargo, hay que tener fe y de pronto se logre (entrevistado 11, líder comunitario, adulto mayor).
Para una comunidad como Sumapaz, que prácticamente a lo largo de su historia ha vivido en medio de la guerra, son realmente trascendentales los efectos de la paz; el ambiente de tranquilidad que hoy se respira en Sumapaz no se vivía desde los años setenta. En primera instancia, está por supuesto el cese de enfrentamientos armados, de donde provienen quizá los efectos más traumáticos de la guerra. Pero es también de un gran valor el cese del hostigamiento a la población en la cotidianidad: hoy se puede transitar libremente por el territorio, es decir, sin retenes militares o guerrilleros, sin pedir permiso expreso para realizar cualquier acción, y con libertad de pensamiento y expresión.
Asimismo, como un hecho histórico que nunca antes había ocurrido en la localidad, ha iniciado el proceso de reconocimiento y reparación de víctimas. Aunque aún es incipiente, ha empezado la identificación de víctimas con todos los elementos probatorios que esto implica, y en algunos casos ya se está dando el proceso de reparación, aunque sea en su fase inicial, como se evidencia en el siguiente discurso:
Por ejemplo, aquí hay una señora acá en Betania, Aura María Pabón Dimaté, a ella le mataron dos hijos, a ella se le ha hecho el acompañamiento, incluso de registrarle las muertes, porque mucha gente aquí los muertos ni siquiera los registraban, encontraban sus muertos, iban y los enterraban y ya. Entonces he empezado ese proceso de registrarle los muertos ante la registraduría, solicitar toda la documentación ante medicina legal y las certificaciones de la fiscalía de cómo van esas investigaciones para poder hacerlas reconocer ante la ley de víctimas, pero es muy difícil; de todas maneras he conseguido la primera persona a la que le van a reconocer el dinero, a la señora Lucila… Le van a reconocer la compensación, creo que es de 24 millones de pesos, pero con las demás me ha sido muy difícil, hay otras personas de las Ánimas y de las Sopas a las que les mataron los maridos, y ahí estamos trabajando en eso para que les reconozcan, de todas maneras 24 millones de pesos no es mucho, pero para una persona que no tiene nada le sirven, por lo menos comprarán sus cuatro o cinco vaquitas y un lotecito aquí y tendrán dónde vivir (entrevistado 20, funcionario distrital externo, adulto, 2015).
No obstante, este post-acuerdo enfrenta importantes retos y fuertes contradictores políticos. Por una parte, se encuentra la restitución de víctimas, la reincorporación de milicianos a la vida civil, la solución al problema agrario y la reconstrucción social del campo, entre otros. Por otra parte, la paz se enfrenta a diversos actores legales e ilegales de gran magnitud, generadores de nuevas formas de conflicto, que vuelven a sembrar el miedo de una eventual mutación del conflicto tendiente hacia la apropiación de los recursos naturales, proceso en el cual Sumapaz se encuentra altamente implicada, por sus recursos hídricos principalmente, y las medidas conservacionistas que restringen enormemente la actividad productiva ( Bautista Gómez, 2018).
Si bien estas situaciones representan serias amenazas a la paz, por lo pronto se mantiene la esperanza de alcanzar una paz duradera. Incluso, desde antes de que oficialmente se firmaran los acuerdos, los campesinos eran conscientes de los grandes retos que esto implicaba, como se evidencia en el siguiente discurso:
Nosotros somos muy optimistas. Uno, por los diálogos de paz que se están desarrollando y que seguramente todos los colombianos vamos a tener que hacer mucha fuerza y rodearlos para que ese proceso se dé, porque también sabemos que así como los que hemos sufrido la guerra, que somos muchos, también hay muchos que no la han sufrido, que la ven desde la barrera, y otros que han gozado y han vivido de la guerra, y a ellos les queda muy fácil hacerle propaganda a la guerra y eso es fácil, mientras que hacer el trabajo para que haya paz es muy difícil, pero estamos confiados en que la paz en algún momento tiene que llegar y ojalá se dé más pronto que tarde (entrevistado 19, líder comunitario, adulto, 2015).
Entretanto, las organizaciones sociales se han enfocado en acompañar los procesos de reparación de víctimas y de eliminación de los residuos de la guerra, como desminar el territorio (ubicar y desactivar las minas antipersonales), a la vez que continúan manifestándose en defensa del territorio y su campesinado.
Conclusiones
Si bien el territorio es el resultado de las estructuras hegemónicas de poder, también es producto de las acciones y las reacciones de los actores sociales, quienes no son sólo actores inertes del escenario, tienen injerencia y poder de transformación para revertir los órdenes establecidos y crear cambios socio-espaciales. En este sentido, el campesinado sumapaceño, a través de sus organizaciones sociales, se constituyó como un contrapoder civil, enfrentándose a los condicionantes dados por las estructuras político-económicas que representan el poder, a través de diversas formas de resistencia civil, que adaptó y cambió de acuerdo con el momento histórico, pasando de movimiento social a movimiento armado, y luego manifiesto a través de diversas formas organizativas de base comunitaria institucionalizadas en la comunidad. En síntesis, el territorio es el resultado de la interacción entre las estructuras de poder que lo condicionan, frente a las estructuras de contrapoder que limitan y resignifican en sus prácticas tales condicionantes. Dicho de otra forma, en un contexto socio-espacial dado, sobrevienen medidas y condicionantes de agentes hegemónicos que definen y estructuran el territorio en el orden macrosocial, el cual a su vez es redefinido por los actores que habitan en él, creando así diversas formas de territorialización en el orden microsocial, que definen concretamente los territorios locales.
Los cambios territoriales pueden interpretarse como cambios en las estructuras de poder que, expresados espacialmente, a lo largo de la historia producen diferentes representaciones y valoraciones sobre el territorio, generadores en muchos casos de conflicto. Cuando el poder lo marcaba la tenencia de la tierra, Sumapaz despertó el interés por los terratenientes y se instaló allí la Hacienda Sumapaz, cuyos intereses, al chocar con los de los campesinos del territorio, dieron origen a la lucha por la tierra. Posteriormente, el territorio empezó a adquirir importancia principalmente en términos estratégicos como recurso de guerra, con lo cual Sumapaz se convirtió en un corredor guerrillero y objetivo militar del Estado. Luego, sobrevinieron de forma paralela los enfoques conservacionista y extractivista del territorio, a través de los cuales los recursos naturales y ambientales del territorio fueron altamente valorados, con lo cual el territorio de Sumapaz nuevamente adquirió un valor inusitado, especialmente por su riqueza hídrica, lo que colocó al territorio en el centro de los intereses de muchos actores hegemónicos.
La historia de la violencia en Colombia vincula todo tipo de violencias contra el campesinado. La causa del conflicto armado ha estado siempre en la violencia estructural que han padecido los campesinos que habitan los territorios rurales de Colombia, marcados por fuertes procesos de exclusión social, política y económica. Pero también ha habido una violencia simbólica, determinada por la subvaloración del campesino en términos culturales y económicos, y a nivel político por considerarlo como un actor de desarrollo sin incidencia en el país; por ello, las políticas agrarias no han sido para su beneficio. Todo ello ha desembocado en una violencia directa que cambia de forma, pero que se ha mantenido a lo largo de la historia de Colombia. De igual manera, la historia de Sumapaz vincula todo tipo de violencias, tiene causas estructurales dadas por las condiciones de vida de miseria absoluta del campesino originario de Sumapaz, pero también ha sido la historia de una violencia simbólica determinada por el descrédito de su campesinado por su ideología de izquierda, y el estereotipo de pueblo guerrillero que siempre ha tenido, lo que ha propiciado toda la violencia directa que ha sufrido Sumapaz a lo largo de su historia. No obstante, pese a ser una víctima de la guerra en todas sus manifestaciones, la resistencia de su campesinado en gran medida ha logrado revertir la violencia estructural y simbólica, pues Sumapaz presenta una mejor repartición de la tierra y tiene mejores condiciones de salud y educación que muchas otras zonas rurales de Colombia, a pesar de haber estado siempre en el centro del conflicto armado.
