INTRODUCCIÓN

Durante años, los programas subsidiados diseñados para brindar oportunidades económicas a la población joven han mostrado, en general, resultados positivos al contribuir con diversos indicadores de desarrollo humano. No obstante, su impacto en la reducción de la violencia y el crimen sigue siendo poco claro, por lo que se requiere una evaluación más profunda. Diversos enfoques teóricos respaldan la relación entre las dificultades sociales –o la falta de oportunidades económicas– y el comportamiento delictivo. Desde esta perspectiva, intervenciones como los programas de empleo subsidiado podrían atender las necesidades económicas de la población y, en consecuencia, contribuir con la disminución de la criminalidad, especialmente entre los jóvenes. En este contexto, el objetivo de este artículo es analizar si la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), que ofrece capacitación subsidiada para el empleo juvenil, ha tenido un impacto en la reducción de los homicidios dolosos en México.

Esta investigación emplea dos métodos para evaluar el impacto del programa: 1) el análisis de series de tiempo interrumpidas, con y sin grupos de control, y 2) el análisis de regresión lineal. El primero permite evaluar el efecto de una intervención –en este caso, el programa JCF– sobre el nivel y la tendencia de una variable, específicamente los homicidios dolosos, así como determinar la significancia estadística de estos efectos (^{Penfold y Zhang, 2013}). Para este análisis, se seleccionaron dos estados como casos de control: Baja California y Chiapas, los cuales presentan similitudes geográficas, socioeconómicas y políticas en relación con los estados de tratamiento, Coahuila y Tabasco, respectivamente. Por otro lado, el análisis de regresión lineal se utilizó para examinar la relación entre la variable dependiente (esto es, los cambios en las tasas de homicidios dolosos) y una o más variables independientes (como el número promedio de beneficiarios del programa JCF per cápita) (^{Bangdiwala, 2018}). Este análisis se realizó ajustando una línea de regresión a las observaciones reales a nivel estatal.

Esta investigación contribuye al conocimiento sobre la eficacia de los programas de empleo juvenil subsidiado en la reducción de la violencia en América Latina, particularmente en México. Comienza con un análisis teórico de estos programas y sus posibles efectos en la violencia, seguido de una descripción detallada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Luego, se presentan los métodos utilizados en el estudio y los resultados obtenidos. Finalmente, se discuten las conclusiones sobre el impacto del programa JCF en los homicidios dolosos y en la violencia en México.

PROGRAMAS DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA POBLACIONES JUVENILES Y SU RELACIÓN CON LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA

La mayoría de la literatura sobre iniciativas dirigidas a ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes destaca resultados generalmente positivos. Estas iniciativas contribuyen de manera significativa a mejorar diversos aspectos del desarrollo humano juvenil. Un ejemplo notable son los programas de transferencias condicionadas (PTC), diseñados principalmente para aliviar la pobreza e incrementar el consumo familiar a corto plazo, así como fomentar el desarrollo humano a largo plazo (^{Cecchini y Madariaga, 2011}; ^{Reinecke y Weller, 2014}). Inicialmente, estos planes proporcionaban transferencias monetarias a los hogares, condicionadas al cumplimiento de compromisos como asistir a la escuela o a citas médicas. Sin embargo, más recientemente, algunos programas han ampliado sus beneficios para incluir recursos no monetarios.

Aunque la evidencia sobre su eficacia generalmente respalda su justificación –dependiendo de su diseño– para abordar la pobreza y mejorar las capacidades humanas (^{Arnold et al., 2011}; ^{Bastagli et al., 2016}), su potencial para contribuir a la reducción de la violencia sigue siendo poco explorado. No obstante, cuatro perspectivas teóricas sustentan la relación entre la falta de oportunidades económicas y la violencia. La primera perspectiva que respalda esta relación es la teoría de la desorganización social (TDS), que sostiene que los factores estructurales (es decir, la desventaja social y las dificultades económicas) están estrechamente relacionados con el crimen en lugares específicos. Esta asociación ha sido documentada tanto en investigaciones anteriores como en contemporáneas (^{De Oliveira y Rodrigues, 2013}; ^{Kubrin y Weitzer, 2003}). Según esta teoría, las desventajas estructurales debilitan las capacidades organizacionales y los controles sociales informales, creando condiciones favorables para el comportamiento delictivo. Esto explica por qué el crimen está distribuido de manera desigual en diferentes áreas (^{Kubrin y Weitzer, 2003}).

Los desarrollos recientes en la literatura de la TDS también destacan el papel de la agencia humana (^{Bandura, 2000}). Desde esta perspectiva, la capacidad de los miembros de la comunidad para responder activamente a las condiciones adversas puede influir significativamente en los resultados del crimen (^{Kubrin y Weitzer, 2003}). En consecuencia, intervenciones como los programas subsidiados para el entrenamiento laboral juvenil podrían fortalecer estas capacidades organizacionales, reduciendo así las condiciones favorables al crimen.

Otra perspectiva que vincula el desempleo con la violencia es el modelo epidemiológico de prevención de la violencia. Este modelo se basa en la noción de que la violencia se comporta de manera similar a una epidemia, propagándose según ciertos factores de riesgo y protección (^{Akers y Lanier, 2009}). Según este enfoque, reducir o gestionar los factores de riesgo asociados con comportamientos violentos contribuye a la disminución de la violencia. Los factores de riesgo comunes identificados en la literatura incluyen la adicción a las drogas, el embarazo temprano, la crianza coercitiva, el abandono escolar, el desempleo, el hacinamiento y la pertenencia a pandillas (^{Tanner-Smith et al., 2013}). Desde esta perspectiva, el desempleo y las oportunidades económicas limitadas representan factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que los individuos se involucren en delitos violentos. Por lo tanto, los programas que generen mejores oportunidades económicas para las poblaciones juveniles –como la capacitación laboral y las iniciativas de empleo subsidiado– deberían reducir significativamente la violencia.

De manera similar, la teoría general de la tensión (TGT) propone que los individuos se involucran en comportamientos violentos o delictivos debido a las emociones negativas derivadas de su incapacidad para alcanzar metas socialmente valoradas mediante medios institucionalizados (^{Agnew, 1992}). La sociedad impone expectativas sobre los jóvenes, lo que genera una gran presión cuando estas no pueden cumplirse a través de caminos socialmente aceptables, lo que a menudo lleva a los jóvenes a recurrir a actos violentos y delictivos (^{Agnew, 2013}). Así, los programas de empleo y capacitación subsidiados amplían las oportunidades para que las poblaciones juveniles logren una vida satisfactoria mediante medios legítimos, reduciendo de este modo la presión que contribuye al crimen y a la violencia.

Una cuarta perspectiva teórica que vincula al desempleo con la violencia proviene del marco de oportunidades dentro de la economía del crimen, propuesto originalmente por ^{Becker (1968)}. Según este enfoque, los individuos comparan los costos de cometer actos violentos o delictivos con sus beneficios potenciales; si los beneficios percibidos superan los costos, se involucrarán en comportamientos criminales o violentos (^{Becker, 1968}; ^{Tullock, 1969}). En consecuencia, aumentar el costo de oportunidad del delito o la violencia es crucial para reducir su incidencia. Cuando los individuos tienen más que perder al involucrarse en actividades criminales, es menos probable que actúen de manera violenta (^{Tullock, 1969}). Así, los programas de empleo y capacitación subsidiados pueden aumentar efectivamente el costo de oportunidad asociado con el crimen y la violencia, fomentando sociedades más seguras y pacíficas. Por lo tanto, ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes debería incrementar el costo de oportunidad de la violencia, reduciendo así la inseguridad.

En conjunto, estos cuatro enfoques teóricos, a pesar de sus diferencias, convergen en la conclusión de que mejorar las oportunidades económicas podría mitigar la violencia. Desde estas perspectivas, la violencia surge parcialmente de las circunstancias económicas de los individuos. Los individuos pueden optar por involucrarse en comportamientos violentos debido a bajos costos de oportunidad, estrés económico o circunstancias personales desfavorables. Sin embargo, si el desempleo disminuye y los niveles de ingresos aumentan, la violencia debería reducirse en consecuencia. Por lo tanto, el mecanismo principal a través del cual los programas de empleo y capacitación subsidiados pueden reducir la violencia es mejorando las perspectivas económicas de los posibles infractores.

Mejorar las perspectivas económicas de los hombres jóvenes (de 16 a 30 años) podría potenciar especialmente los efectos de los programas de empleo y capacitación subsidiados para la reducción de la violencia. De hecho, la violencia se concentra desproporcionadamente entre los hombres jóvenes, quienes con frecuencia son tanto víctimas como perpetradores de delitos violentos (^{Agnew, 2013}). Por lo tanto, abordar las desventajas económicas de este grupo demográfico tiene un gran potencial para reducir significativamente la violencia en general.

Varios programas se han implementado con esta idea en mente. Probablemente, los programas que han sido más rigurosamente evaluados, debido a su continuidad y prevalencia en diversas comunidades, son los de empleo juvenil subsidiado durante el verano, como el Boston Summer Youth Employment Program, el New York Summer Youth Employment Program y el One Summer Chicago Plus Program. La idea detrás de estos programas subsidiados por el gobierno es ofrecer a los jóvenes una oportunidad de empleo o capacitación durante el verano, con el propósito de mejorar sus perspectivas económicas y mantener a las poblaciones juveniles ocupadas y alejadas de actividades y comportamientos antisociales (^{Heller, 2014}; ^{Modestino, 2019}). La premisa es que, al proporcionarles experiencia laboral, capacitación e ingresos, estos jóvenes podrán desarrollar más fácilmente una vida satisfactoria alejada de la violencia y el crimen. No todos estos programas están dirigidos a toda la población juvenil más propensa a cometer actos violentos o delictivos; más bien, tienden a enfocarse en los jóvenes varones (^{Lehman, 2021}).

Algunos de estos programas han sido evaluados rigurosamente utilizando métodos como los ensayos controlados aleatorios para evaluar su impacto en el crimen y la violencia. Los resultados indican reducciones significativas en la violencia (^{Davis y Heller, 2020}; ^{Heller, 2014}). Las comunidades donde se han implementado estos programas –especialmente cuando se enfocan en los jóvenes más vulnerables– han experimentado disminuciones notables en los incidentes violentos, incluidos los homicidios. Sin embargo, los mismos estudios sugieren que estos programas tienen un impacto mínimo en otros tipos de crimen e incluso pueden llevar a un aumento de los delitos contra la propiedad (^{Lehman, 2021}).

La reducción del comportamiento violento no parece derivarse directamente de las condiciones económicas mejoradas, sino más bien de las habilidades socioemocionales mejoradas y los lazos comunitarios fortalecidos a través de la participación en el programa (^{Modestino, 2019}). Esto explicaría por qué otros tipos de delitos permanecen sin cambios o incluso aumentan. El aumento observado en los delitos contra la propiedad parece estar relacionado con las nuevas oportunidades disponibles para los jóvenes dentro de sus entornos de participación, aunque estos mismos jóvenes se abstienen de involucrarse en la violencia.

Cabe señalar que la disminución de la violencia tiende a ocurrir al final de la implementación de los programas y persiste durante un período considerable después de su conclusión (^{Davis y Heller, 2020}). Estas intervenciones parecen reducir la violencia no mediante la mejora de las condiciones económicas –ya que no hubo una mejora significativa a medio o largo plazo en los ingresos o la empleabilidad– sino a través de cambios en el comportamiento (^{Modestino, 2019}). El aumento observado en los delitos contra la propiedad en algunos casos solo está presente durante la implementación del programa. Una vez que este concluye, los delitos contra la propiedad vuelven a sus niveles habituales. Los cambios en el comportamiento ocurren de manera similar tanto en los programas que incluyen componentes de asesoría o terapia cognitivo-conductual como en aquellos que solo proporcionan capacitación laboral. Esto sugiere que los cambios en el comportamiento provienen de las actividades realizadas en el trabajo (^{Davis y Heller, 2020}).

Los estudios mencionados hasta ahora podrían aportar información valiosa al contexto mexicano, ya que podrían ayudar a abordar las necesidades de asesoramiento y empleabilidad de los jóvenes, y contribuir a la reducción de la violencia. Un ejemplo de esto es un estudio del Banco Mundial donde se analizó la relación entre los jóvenes que no estudian, no tienen empleo ni capacitación³ y los homicidios (^{De Hoyos et al., 2016}). El estudio encontró una correlación que se hace más evidente después de 2007, siendo particularmente más fuerte en los estados del norte en comparación con el resto del país. Durante esos años, las organizaciones criminales intensificaron su reclutamiento de jóvenes para sostener sus conflictos armados con grupos rivales y fuerzas del estado (^{Trejo y Ley, 2020}).

Además, la industria maquiladora –que comprende fábricas principalmente ubicadas a lo largo de la frontera y que emplean mano de obra de bajo costo para ensamblar productos destinados a la exportación hacia Estados Unidos– experimentó una disminución significativa debido a diversos factores económicos (^{De Hoyos y Vargas, 2016}). Estos factores parecen explicar la relación entre el creciente número de jóvenes NEET y el aumento de los homicidios: a medida que esta población aumentaba, también lo hacía la violencia. Cabe destacar que este contexto de reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado no aparece en ninguna de las otras experiencias con programas subsidiados de empleo juvenil que se han implementado.

EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue diseñado para beneficiar a 2.3 millones de personas de entre 18 y 29 años de edad, que se encuentran desempleadas y fuera del sistema educativo, específicamente en los municipios de México con altos o muy altos niveles de marginación y violencia (Secretaría del Trabajo y Previsión Social ^{[STPS], 2021}). Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 22 por ciento de la población juvenil en México no trabaja ni estudia, una cifra particularmente preocupante en un país donde la edad promedio es de 29 años (^{Cervantes, 2022}). Aunque el programa persigue múltiples objetivos, una de sus principales preocupaciones es la vulnerabilidad de esta población al reclutamiento por parte del crimen organizado o a la participación en conductas antisociales.

Por ello, uno de sus principales fines es proporcionar las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan construir vidas plenas alejados de la violencia y el crimen. Su diseño prioriza los factores de riesgo, especialmente los de índole económica, en alineación con la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de abordar las causas profundas de la violencia para reducir los homicidios y, en consecuencia, la crisis de violencia nacional (^{Cruz, 2023}). Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) –dependencia encargada de implementar el programa–, los municipios con los niveles más altos de violencia y criminalidad también presentan los niveles educativos más bajos y las tasas más altas de desempleo (^{STPS, 2021}).

El programa JCF se basa en las experiencias de Alemania y España para integrar a los jóvenes al mercado laboral. Alemania ha implementado un sistema dual en el que los estudiantes dividen su tiempo entre la escuela y el trabajo en el sector industrial. Este enfoque tiene como objetivo complementar la educación en el aula con experiencia práctica y a la vez facilitar la conexión entre los estudiantes y posibles futuros empleadores. En España, uno de los países con las tasas más altas de desempleo juvenil, el programa Joven Valor, implementado por la Fundación Esplai, combina actividades educativas con un programa de formación empresarial de un año dirigido a personas de entre 18 y 25 años de edad. Ambos países han demostrado resultados positivos en la reducción del desempleo juvenil (^{STPS, 2021}).

En México, el Pronapred4 –implementado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto– ofreció capacitación laboral a corto plazo en comunidades con altos índices de violencia. Sin embargo, estos programas tuvieron una duración de solo dos a tres meses y carecían de vínculos con el sector industrial. Por otro lado, el programa Capacita-T, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ofreció cursos diseñados para ayudar a los jóvenes a regresar a la escuela, ingresar al mercado laboral o iniciar un negocio. A pesar de sus objetivos, el Capacita-T tuvo un alcance muy limitado. Por su parte, el programa Construye-T –también implementado por la SEP en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– se enfocó en el desarrollo de habilidades socioemocionales en los jóvenes para prevenir la deserción escolar. En contraste con estos enfoques, el programa JCF está dedicado exclusivamente a la capacitación laboral de todos los jóvenes «ni-ni» de entre 18 y 29 años de edad (^{STPS, 2021}).

El programa JCF comenzó en enero de 2019 y está dirigido a todos los jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentran en la categoría NEET. El programa ofrece una beca mensual y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cambio de la participación en un programa de capacitación laboral en un centro de trabajo (^{STPS, 2024}). El centro de trabajo anfitrión, ya sea una empresa o una oficina pública, ofrece las condiciones necesarias para la capacitación laboral, mientras que el programa cubre la beca y el seguro médico. Todos los centros de trabajo deben cumplir con un plan de capacitación laboral preaprobado. El programa tiene una duración de 12 meses, al final de los cuales los participantes reciben un diploma que certifica su capacitación. La beca mensual de 3 600 pesos mexicanos (MXN) al inicio del programa aumentó y actualmente es de 6 310 MXN (^{STPS, 2024}). Según datos reportados por la STPS, el programa ha beneficiado a 2 643 730 jóvenes a lo largo de casi cinco años, logrando una cobertura universal (^{Juárez, 2022}).

Para inscribirse en el programa, los jóvenes deben registrarse en una plataforma en línea para certificar que no están trabajando ni estudiando. Los centros de trabajo también se registran a través de la plataforma, suben sus planes de capacitación y se someten a una visita de inspección por parte de la STPS. Luego, los candidatos seleccionan los centros de trabajo de su interés y participan en una entrevista. Después de completar estos pasos, los beneficiarios comienzan su capacitación y reciben la beca y el seguro médico. Una vez que inician las actividades laborales, tanto los beneficiarios como los centros de trabajo se evalúan mutuamente en la plataforma de manera mensual (^{STPS, 2024}).

Cabe destacar que el programa JCF ha enfrentado críticas debido a casos en los que los centros de trabajo han cobrado una tarifa a los beneficiarios para permitirles capacitarse allí (^{Redacción AN, 2019}). Además, se ha reportado que algunas personas recibieron la beca sin asistir 4 Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. al lugar de trabajo designado. Las autoridades han atribuido estos casos a la corrupción, calificándolos como incidentes aislados (^{Redacción AN, 2019}). También se ha criticado al programa por presuntamente tener un mayor número de beneficiarios en los estados gobernados por el partido en el poder (Movimiento de Regeneración Nacional [Morena]), en comparación con aquellos gobernados por la oposición (^{Soto, 2022}).

A pesar de las críticas, la mayoría de las evaluaciones –ya sean experimentales o cuasi- experimentales– han atribuido resultados positivos al programa en materia de empleo y acceso a la atención médica. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el programa contribuye significativamente a mejorar el acceso al empleo y a la salud (^{Juárez, 2022}). Además, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ha reportado que casi la mitad de los beneficiarios del programa consigue empleo al finalizarlo. Un estudio realizado por esta institución encontró que los beneficiarios tienen el doble de probabilidades de encontrar empleo en comparación con los no beneficiarios (^{Juárez, 2022}). Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos, no se han realizado evaluaciones sobre el impacto del programa en la violencia criminal.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y DATOS

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este artículo es analizar el impacto del programa JCF en los homicidios dolosos, para lo cual se propone la hipótesis de que la implementación del programa ha contribuido en la reducción de los mismos. De esta manera, la variable independiente (tratamiento) se mide mediante el número promedio de beneficiarios per cápita, mientras que la variable dependiente representa los niveles de homicidio doloso. El diseño de la investigación sigue un enfoque longitudinal en su primera etapa para evaluar el impacto del programa a nivel nacional, y en su segunda etapa adopta un enfoque transversal para examinar los resultados a nivel estatal. En consecuencia, se emplean dos métodos, uno para cada etapa del análisis: 1) series de tiempo interrumpidas y 2) regresión lineal.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO

Para evaluar los resultados del modelo, es importante destacar que el análisis de series de tiempo interrumpidas permite examinar cambios en dos aspectos clave de la variable de interés: nivel y tendencia. Como se mencionó anteriormente, el cambio de nivel se refiere a la variación inmediata en la cantidad de una variable tras una intervención, mientras que el cambio de tendencia se refiere a la modificación en la pendiente de la línea de tendencia antes y después de la intervención. Modelo de series de tiempo interrumpidas a nivel nacional Los resultados presentados en el cuadro 1 muestran que a nivel nacional México experimentó una reducción significativa en el número de homicidios dolosos (-65.91) tras la implementación del programa JCF, con un efecto estadísticamente significativo. Así mismo, se observó una disminución sustancial en la tendencia de homicidios dolosos (-37.89), también estadísticamente significativa. El análisis sugiere que, tras la implementación del programa JCF, las tasas de homicidio dejaron de aumentar a nivel nacional, pasando de una trayectoria ascendente a una ligeramente descendente, como se ilustra en la gráfica 1. Estos hallazgos iniciales indican que el programa pudo haber contribuido a la reducción tanto del nivel como de la tendencia de los homicidios dolosos a nivel nacional. No obstante, es necesario un análisis más profundo para determinar si esta disminución fue resultado directo del programa o si pudo haber sido influenciada por otros factores no relacionados.

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{SESNSP (2023)}.

Gráfica 1. Serie de tiempo interrumpida a nivel nacional 

Modelo de serie de tiempo interrumpida para Coahuila con Baja California como grupo de control

Los resultados del modelo indican un leve aumento en el nivel de homicidios dolosos en Coahuila (28.31), en comparación con Baja California, tras la implementación del programa JCF, lo cual es estadísticamente significativo (p = 0.02). Este hallazgo contradice la hipótesis de que el programa JCF reduciría la violencia, dado que Coahuila ocupa el cuarto lugar en el país con mayor promedio de beneficiarios anuales por habitante, mientras que Baja California tiene el promedio más bajo de beneficiarios anuales por habitante en el país.

Además, en comparación con Baja California, Coahuila mostró un ligero aumento en la tendencia de homicidios (5.12), lo cual también fue estadísticamente significativo (p = 0.00), lo que se aleja aún más de las expectativas. A pesar de estos aumentos observados en el nivel y la tendencia de homicidios en Coahuila tras la implementación del programa, la magnitud de estos cambios es relativamente pequeña. Esto podría explicarse por el hecho de que Coahuila ya presentaba niveles bajos y estables de homicidio antes del programa, mientras que Baja California tenía tasas de homicidio más altas y en aumento. En consecuencia, el programa pudo haber enfrentado mayores desafíos para lograr reducciones en los homicidios en Coahuila debido a sus niveles inicialmente bajos, mientras que otros factores podrían haber contribuido a la estabilización de los homicidios en Baja California.

A continuación, en el cuadro 2 se presentan los resultados del modelo de serie de tiempo interrumpida para Coahuila, utilizando Baja California como grupo de control. Aunque los cambios observados en los niveles y las tendencias de homicidios contradicen la hipótesis de que la implementación de un programa como JCF reduciría los homicidios dolosos, ciertas condiciones específicas –como los niveles previamente bajos de homicidios en Coahuila y la estabilización de los homicidios dolosos en Baja California debido a otros factores potenciales– pueden estar influyendo en los resultados del modelo. Este patrón se ilustra en la gráfica 2.

Cuadro 2. Análisis de serie de tiempo interrumpida para Coahuila con Baja California como grupo de control  

Variable	Coeficiente
Time	4.671758 (0.237909)*
Coahuila	-3.647751 (9.584235)
Coahuila time	-4.840970 (0.336202)*
Level	-24.025106 (8.982070)*
Trend	-5.193916 (0.343329)*
Coahuila level	28.308631 (12.695513)*
Coahuila trend	5.120774 (0.485346)*
Constant	27.734775 (6.776609)*
AIC	1575.833
BIC	1621.438
LogLik	-773.9167

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{SESNSP (2023}).

^*Significativo al cinco por ciento (p () 0.05) | Tamaño de muestra = 192

Datos entre paréntesis son errores estándar.

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{SESNSP (2023)}.

Gráfica 2. Análisis de serie de tiempo interrumpida para Coahuila con Baja California como grupo de control  

Modelo de serie de tiempo interrumpida para Tabasco con Chiapas como grupo de control

Los resultados del modelo (cuadro 3), indican un aumento estadísticamente significativo en el nivel de homicidios (10.81) en Tabasco, en comparación con Chiapas como grupo de control, después de la implementación del programa JCF. Sin embargo, la tendencia de homicidios dolosos en Tabasco mostró una reducción estadísticamente significativa (-0.75) desde la implementación del programa en comparación con Chiapas.

Cuadro 3. Análisis de serie de tiempo interrumpida para Tabasco con Chiapas como grupo de control  

Variable	Coeficiente
Tiempo	0.12543 (0.077154)
Tabasco	-19.95651 (3.041408)*
Tabasco tiempo	0.37883 (0.109112)*
Nivel	-1.05587 (3.098288)
Tendencia	-0.43130 (0.105627)*
Tabasco nivel	10.81220 (4.381640)*
Tabasco tendencia	-0.74587 (0.149380)*
Constante	38.97949 (2.150600)*
AIC	1434.625
BIC	1486.745
LogLik	-701.3124

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{SESNSP (2023)}.

^*Significativo al cinco por ciento (p () 0.05) | Tamaño de muestra = 192

Datos entre paréntesis son errores estándar

Este último hallazgo respalda la hipótesis de que el programa JCF reduciría las tendencias de homicidios, ya que Tabasco tiene el mayor promedio de beneficiarios anuales del programa en el país, mientras que Chiapas ocupa el cuarto lugar en cuanto a promedio más bajo de beneficiarios. Sin embargo, el aumento en los niveles de homicidios contradice la hipótesis y podría atribuirse a un pico temporal de homicidios en Tabasco que coincidió con el lanzamiento del programa.

En resumen, los resultados confirman que la implementación del programa redujo la tendencia de homicidios en Tabasco en comparación con Chiapas. Sin embargo, este efecto no se observó en los niveles de homicidios, ya que un pico de homicidios en Tabasco coincidió con el lanzamiento del programa. Cabe destacar que ambos estados experimentaron una reducción en las tendencias de homicidios dolosos después de la implementación del programa, con el grupo de tratamiento mostrando una mayor disminución. Este resultado respalda la hipótesis de que el programa JCF contribuiría a reducir los homicidios dolosos. Este patrón se ilustra en la gráfica 3.

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{SESNSP (2023)}.

Gráfica 3. Serie de tiempo interrumpida para Tabasco con Chiapas como grupo de control  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN

Antes de llegar a conclusiones, es esencial comparar los resultados de los modelos de serie de tiempo interrumpida con los del análisis de regresión lineal. Este análisis examina la relación entre el promedio anual de beneficiarios del programa JCF y las tasas de homicidios dolosos, así como la relación entre el promedio anual de beneficiarios del programa JCF y los cambios en las tasas de criminalidad.

Relación entre homicidios y el programa JCF

El primer análisis de regresión lineal examina la relación entre el número de beneficiarios del programa JCF en cada uno de los 32 estados y el cambio en las tasas de homicidios. El número de beneficiarios del programa JCF se mide como la tasa promedio por cada 100 000 habitantes en cada estado durante el período de 2019 a 2021. El cambio en los homicidios dolosos se define como la diferencia en las tasas de homicidios por cada 100 000 habitantes entre 2019 y 2021.

Como se muestra en el cuadro 4, los estados con un mayor número de beneficiarios del programa JCF experimentaron una ligera reducción en los homicidios dolosos (-0.02); sin embargo, este efecto no es estadísticamente significativo. Además, el número de beneficiarios no explica la varianza en los homicidios dolosos. Este patrón se ilustra en la gráfica 4.

Cuadro 4. Resultados del análisis de regresión lineal para el promedio de beneficiarios del JCF y el cambio en homicidios  

Variable	Coeficiente
JCF	-0.02199 (0.04565)
Constante	-52.21852 (99.96348)
R-cuadrado ajustado	-0.0254
Estadístico F	0.2321°

Fuente: Elaboración propia con datos de la ^{STPS (2023)} y del ^{SESNSP (2023)}.

^°En 1 y 30 dF | Tamaño de la muestra = 32.

Datos entre paréntesis son errores estándar.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ^{STPS (2023)} y del ^{SESNSP (2023)}.

Gráfica 4. Relación entre homicidios y el programa JCF 

De acuerdo con estos resultados, el número de beneficiarios del programa JCF no está relacionado significativamente con los cambios en las tasas de homicidios dolosos en los estados de México. Este hallazgo contradice la hipótesis de que la implementación del programa conduciría a una reducción en los homicidios dolosos.

Relación entre criminalidad y el programa JCF

Este segundo análisis de regresión lineal examina la relación entre el número de beneficiarios del programa JCF en cada estado y el cambio en las tasas de criminalidad. El número de beneficiarios del programa JCF se mide como la tasa promedio por cada 100 000 habitantes en cada estado entre 2019 y 2021, mientras que el cambio en las tasas de criminalidad se define como la diferencia en las tasas de criminalidad por cada 100 000 habitantes entre 2019 y 2021.

Como se muestra en el cuadro 5, los estados con más beneficiarios del programa JCF experimentaron un ligero aumento en las tasas de criminalidad (0.00631); sin embargo, este efecto no es estadísticamente significativo. Además, el número de beneficiarios no explica la varianza en las tasas de criminalidad. Este patrón se ilustra en la gráfica 5.

Cuadro 5. Resultados del análisis de regresión lineal para el promedio de beneficiarios de JCF y el cambio en la criminalidad  

Variable	Coeficiente
JCF	0.06318 (1.107)
Constante	-6168 (1621)
R-cuadrado ajustado	-0.03322
Estadístico F	0.003258°

Fuente: Elaboración propia con datos de la ^{STPS (2023)} y del ^{Inegi (2023)}.

^°En 1 y 30 dF | Tamaño de muestra = 32.

Datos entre paréntesis son errores estándar.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ^{STPS (2023)} y del ^{Inegi (2023)}.

Gráfica 5. Relación entre criminalidad y JCF 

De acuerdo con los resultados del modelo de regresión previo, el número de beneficiarios del programa JCF no tiene una relación significativa con los cambios en las tasas de criminalidad en los estados de México. Este hallazgo contradice la hipótesis de que la implementación del programa conduciría a una reducción de los crímenes y la violencia.

CONCLUSIONES

Los hallazgos de la investigación permiten extraer varias conclusiones importantes sobre el impacto del programa JCF en los homicidios dolosos y la criminalidad en México. Al examinar la evolución de los homicidios dolosos a nivel nacional, parece que el programa contribuyó en la reducción significativa tanto en el nivel como en la tendencia de los homicidios. Este resultado está alineado con la hipótesis de que un programa que aborde los factores de riesgo –en particular, la falta de oportunidades para la juventud– podría reducir los homicidios dolosos en contextos como el de México.

Este resultado también es consistente con gran parte de la literatura proveniente de Estados Unidos, la cual indica que los programas de empleo subsidiado para jóvenes, especialmente aquellos que integran empleo con asesoría o apoyo psicológico, conducen a reducciones significativas en los delitos violentos. Según estudios realizados en contextos anglosajones, los programas de empleo y capacitación para jóvenes han demostrado ser efectivos en la reducción de delitos violentos, aunque no se ha comprobado que disminuyan otros tipos de delitos. El análisis inicial presentado aquí sugiere que los esfuerzos por proporcionar oportunidades de empleo, capacitación e ingresos a las poblaciones jóvenes en México podrían respaldar la efectividad de las estrategias enfocadas en la reducción de factores de riesgo –en particular, los factores de riesgo económicos– para frenar la violencia relacionada con armas en el país.

Sin embargo, al analizar los datos con mayor profundidad utilizando otros métodos, como el análisis de serie de tiempo interrumpida y la regresión lineal a nivel estatal, los resultados no respaldan la premisa de que el programa JCF reduzca de manera efectiva los homicidios dolosos o la criminalidad. Mientras que los hallazgos a nivel nacional sugieren reducciones en el nivel y la tendencia de los homicidios dolosos tras la implementación del programa, y una disminución significativa en la tendencia de homicidios en Tabasco en comparación con Chiapas, el análisis de serie de tiempo interrumpida para Coahuila, con Baja California como grupo de control, contradice estos resultados.

Además, el análisis de regresión lineal que examina la relación entre el número de beneficiarios del JCF a nivel estatal y los cambios en las tasas de homicidios dolosos no encontró una asociación significativa entre estas variables. De manera similar, el análisis de regresión lineal que evalúa la relación entre el número de beneficiarios de JCF a nivel estatal y los cambios en las tasas de criminalidad general tampoco halló una relación significativa. El número de beneficiarios de JCF per cápita en un estado no explica la variación en los homicidios dolosos ni en las tasas de criminalidad.

Por lo tanto, los hallazgos no respaldan la hipótesis de que la implementación del programa JCF contribuyó a la reducción de los homicidios dolosos. Investigaciones adicionales podrían explorar las causas subyacentes de la ligera reducción observada a nivel nacional en los niveles y tendencias de homicidios, que coincidió con la implementación del programa, pero parece no estar relacionada directamente con él.

Es importante señalar que varios estudios (^{Sumano y Medina, 2022}; ^{Sumano, 2023}) han mostrado que la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento asociadas llevaron a una reducción en ciertos delitos, como el robo de vehículos, los robos en viviendas y los asaltos a negocios. Por el contrario, las medidas de confinamiento resultaron en un aumento de la violencia doméstica en la mayoría de los casos.

Sin embargo, el uso de series de tiempo interrumpidas con grupos de control permite tener en cuenta fluctuaciones en la variable dependiente que pueden ser causadas por intervenciones externas no relacionadas con el programa de interés. Por lo tanto, los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre el crimen y la violencia se han controlado dentro de los métodos aplicados. Además, varios análisis han indicado que la pandemia no influyó significativamente en las tasas de homicidio en México (^{Huicho85, 2020}). El análisis exploratorio realizado sobre este tema respalda esta conclusión.

Una primera conclusión que se puede extraer es que, aunque los niveles y las tendencias de los homicidios dolosos mostraron reducciones tras la implementación del programa JCF a nivel nacional, estas reducciones parecen estar asociadas con factores externos no relacionados con el programa. No se observa una correlación entre la implementación del programa y la reducción de homicidios dolosos. Por lo tanto, los hallazgos de este estudio no respaldan la hipótesis de que el programa JCF contribuyó a la disminución de los homicidios dolosos. Futuras investigaciones podrían explorar las causas subyacentes de esta reducción coincidente a nivel nacional en los homicidios.

Una segunda conclusión es que, a pesar de la falta de evidencia concluyente que respalde un efecto positivo del programa JCF sobre los homicidios dolosos, esto no necesariamente sugiere que el programa deba ser descontinuado. Aunque el programa parece no tener impacto sobre los homicidios dolosos, no causa daño y puede ofrecer otros beneficios a la población juvenil. Estudios futuros podrían examinar el impacto más amplio del programa JCF sobre otras variables más allá de los homicidios dolosos.

Existe una amplia evidencia que respalda la efectividad de enfocar los programas de prevención hacia los individuos más expuestos al riesgo (^{Abt, 2019}). Además, la literatura sugiere que los programas de prevención que combinan terapia cognitivo-conductual con asistencia económica para los jóvenes que muestran comportamientos antisociales tienden a arrojar resultados positivos en la reducción del crimen y la violencia (^{Blattman, 2022}). Es posible que el enfoque universal del programa JCF limite su capacidad para llegar a los jóvenes más expuestos al riesgo de involucrarse en violencia y crimen. Además, abordar únicamente los factores económicos de riesgo puede no ser suficiente para lograr reducciones significativas en los homicidios.

Desde una perspectiva de política pública, estos hallazgos no deben interpretarse como una justificación para descontinuar el programa. Como se mencionó anteriormente, el programa JCF no causa daño y puede proporcionar otros beneficios a los jóvenes. En muchas áreas urbanas de México, la violencia está altamente concentrada entre un pequeño grupo de jóvenes involucrados en conflictos entre grupos rivales. Estos individuos a menudo experimentan traumas y frecuentemente ocupan roles tanto de víctimas como de perpetradores. Una versión revisada del programa JCF, que se enfoque específicamente en los jóvenes con mayor riesgo e incorpore un componente de terapia cognitivo-conductual, podría generar mejores resultados en la reducción del crimen y la violencia. Además, centrar el programa de manera más explícita en abordar el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales –mediante el desarrollo de herramientas políticas específicas– podría mejorar su efectividad para mitigar la violencia.

Estudios adicionales podrían investigar los factores que contribuyen a las reducciones en los niveles y tendencias de homicidios dolosos a nivel nacional. Si bien las tasas de homicidio en México siguen siendo altas en comparación con otros países, estas han disminuido significativamente en ciertas áreas, como en Ciudad de México. Es por ello que comprender la efectividad de los programas sociales y las estrategias de prevención en el contexto mexicano podría proporcionar valiosos conocimientos para los gobiernos de América Latina, dotándolos de mejores herramientas para enfrentar la crisis de violencia que afecta a muchas de sus comunidades.