Artículos

 

Juventud, readaptación y sueños truncados: Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana, Baja California

 

Youth, Rehabilitation, and Truncated Dreams: Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana, Baja California

 

María Ruth Velázquez Gutiérrez, Jesús Méndez Reyes

 

Universidad Autónoma de Baja California ruthvelazquez@uabc.edu.mx, jmreyes@uabc.edu.mx

 

Fecha de recepción: 4 de septiembre de 2013.
Fecha de aceptación: 26 de junio de 2014.

 

RESUMEN

La violencia no es un problema de pobreza o marginación; se vincula al deterioro de condiciones de vida, desintegración familiar y bajas expectativas de adolescentes y jóvenes en el futuro. Este abandono los orilla a conductas antisociales tipificadas en delincuencia juvenil y su reclusión en el sistema penitenciario en Tijuana. El estudio sitúa en perspectiva las medidas instrumentadas en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana y sugiere cambios en las prácticas de reinserción, por lo menos en lo educativo. El ejercicio se apoya en entrevistas con adolescentes recluidos para entender y explicar mejor este fenómeno.

Palabras clave: jóvenes, violencia, readaptación, Baja California, Tijuana.

 

ABSTRACT

Violence is not a problem linked to poverty or marginalization, but rather to the deterioration oflife conditions, family disintegration, and the low expectations of teenagers and young adults about the future. This neglect has driven them to juvenile delinquency and is reflected by their presence in Tijuana's penitentiary system. This study examines the methods used by the Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana, and suggests introducing changes in the recidivism program, at least in educational matters. Interviews with detained teenagers were used in this study to help explain and provide understanding for this situation.

Keywords: youth, violence, rehabilitation, Tijuana, Baja California.

 

INTRODUCCIÓN

El ser humano es resultado de su tiempo, circunstancias y entorno histórico, cultural y social en el que se desenvuelve. La cantidad de jóvenes residentes en áreas urbanas sobrepasa 50 por ciento a nivel mundial en un contexto de rápida transformación social y ha modificado los cambios normativos, entre los que se observan salud física y emocional, desarrollo neurológico e inadecuados satisfactores de las necesidades humanas básicas (Tienda y Wilson, 2002:3). Los adolescentes vienen atrás y de igual forma participan, aprenden, reproducen el ambiente, además de construir patrones de conducta a través de la cultura (Bourdieu, 1990:163).

En los últimos años, México se ha visto inmerso en una etapa de fuerte violencia, alta movilidad humana, debilitamiento de las instituciones, escasas expectativas para las generaciones más jóvenes y una errónea instauración de políticas subsidiarias, lo que ha provocado que la juventud sea presa fácil de grupos delincuenciales y partícipe de conductas antisociales. Paradójicamente, los procedimientos del Estado para garantizar seguridad y enfrentar la delincuencia han generado mayor violencia, y ésta, a su vez, acarrea frustración social entre los diversos sectores de la sociedad (Wielandt, 2005:8), lo que afecta a las generaciones más jóvenes.

La violencia no es específicamente un problema de pobres o clases sociales marginadas, pero sí responde a realidades específicas vinculadas al deterioro de las condiciones de vida y el desequilibrio social, la desintegración familiar, el consumismo y las bajas expectativas en cuanto al futuro de adolescentes y jóvenes que abandonan la educación formal ante la falta de apoyo afectivo y económico y de atención a sus sueños, aunada a la violencia intrafamiliar. De igual manera, la pobreza por sí misma no determina la violencia, pero ésta es más frecuente en los grupos sociales de menores recursos y mayor vulnerabilidad –como es el caso de los hogares en Tijuana cuyo jefe es una mujer sola–, debido a la carencia de redes sociales, excesivos tiempos de traslado a la escuela y falta de protección social (López, 2012:151). Además, los jóvenes y adolescentes con empleos mal remunerados o subempleos son más propensos a la "segregación, inhabilitación social y discriminación" (Salvia, Miranda y Carpio, 1997). En este panorama, se observa el ascenso permanente de jóvenes enquistados en la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y en delitos de alto impacto (homicidios, secuestros, robos con violencia), y es que, para muchos adolescentes, "la mendicidad, las actividades ilegales y el desaliento social constituyen verdaderas estrategias de vida y únicas opciones de realización personal y colectiva" (Jiménez, 2005:227).

Por otro lado, cada vez es más evidente la ineficacia de las políticas públicas para el rescate social de los jóvenes en sus dos vertientes: prevención y readaptación social. Así mismo, los principios de la política penitenciaria en México –equilibrio adecuado entre el derecho a la seguridad del ciudadano y la de los reclusos− no se cumplen y perfilan problemas en el sistema de justicia y el fomento de la impunidad. ¿Qué pasa en los llamados tutelares para menores, centros de readaptación o los destinados a reinsertar a los jóvenes delincuentes en la sociedad?

La juventud es una etapa de la vida en la que los individuos "tratan de copiar las formas de los adultos, pero son tratados por la ley como niños" mientras moldean su personalidad. Según Jiménez (2005:224), en los últimos años, la juventud ha sido "amamantada en el escándalo de las malas costumbres, en el miedo al sacrificio, en la búsqueda de lo material sin esfuerzo y la renuncia a la austeridad". Entre los años 1994 a 2000 se legisló sobre los consejos tutelares para menores infractores del distrito y territorios federales, con especial atención en la readaptación de los adolescentes y jóvenes. En el lustro 2007-2012, los menores de edad "capturados por delitos" relacionados con la delincuencia organizada "creció en un 100 por ciento". En Tijuana, en los primeros tres meses de 2013, "la Policía Municipal arrestó y presentó a 378 muchachitos, 3 de ellos en asesinato, 89 en algún tipo de robo y 99 en posesión de droga. Solo en el primer mes, la procuraduría inició proceso contra 22 menores por delitos contra la salud, 11 resultaron reincidentes y 21 adictos" (Mosso y Torres, 2013:15-16). Algo pasó y continúa ocurriendo que ni el diagnóstico ni el tratamiento de la población más joven logró revertir, ni siquiera apaciguar con el tiempo.

Tijuana, localidad fronteriza del norte de México –igual que otras ciudades con características similares–, experimenta peculiares fenómenos sociales, entre otros, la migración, el trabajo agrícola temporal, niños en situación de calle, menores repatriados, mendicidad, hacinamiento y migrantes que, frente al deseo frustrado de cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos, permanecen como población flotante (Ybáñez y Rangel, 2009:318; Hernández, 2009:85-87). Así mismo, la llegada a cuentagotas de familias y grupos de personas de diversos puntos de la república en busca de mejores condiciones de vida, pero sin ahorro o capital de inversión, los obliga a asentarse de manera irregular en la periferia de la ciudad, a emplearse en el comercio informal o en lo que sea, y desatender a los hijos en edad formativa. Por otro lado, la alta demanda de servicios públicos rebasa a corto plazo al gobierno municipal y al estatal que, imposibilitados para ofrecer condiciones mínimas de vida, subsidian vanas esperanzas con migajas presupuestales y aseguran el voto cautivo en épocas electorales.

En este contexto, se presentan los resultados obtenidos de un estudio para mostrar la urgencia de modificar las rutinas de ocio y el plan de clases que el Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana (Cedat)¹ ofrece a algunos internos. Esta investigación también tuvo como propósito identificar algunas características de los adolescentes y jóvenes recluidos en el Cedat para una diagnosis de las causas que predisponen a un/a joven a sumarse a conductas antisociales en esta ciudad y entender por qué los jóvenes vuelven a delinquir y regresan al Cedat. El instrumento metodológico utilizado fue un cuestionario semiestructurado y entrevistas directas realizadas a una centena de internos, todos adolescentes infractores. Los datos y diversos niveles de análisis en el apartado correspondiente tienen un alto grado de confiabilidad, pese a las numerosas preguntas del instrumento y la inhibición de algunos entrevistados.² El resultado del estudio sugiere que el sistema penitenciario mexicano, que atiende a los adolescentes infractores, vive uno de sus peores momentos en cuanto a las tareas y funciones encomendadas por la ley y la sociedad. Los encargados de llevar a cabo las acciones de readaptación de los reos se limitan a cumplir con mantenerlos retenidos, privándolos de la libertad como una manera de sancionarlos.

A pesar de la información recabada, no se cuenta con elementos suficientes para aseverar que, al final del día, estos centros de detención y tratamiento se convierten en semillero de sujetos resentidos con la sociedad, pero algunos comentarios dieron pie a sugerir que el interno, al cumplir su pena, se transforma en un individuo con un perfil de mayor peligrosidad delictiva. Lo que sí fue claro es que estas agencias y centros de readaptación son costosos para el erario y la sociedad en su conjunto, amén de la saturación de las cárceles, ocio improductivo, desigualdad en el trato de los reos y ausencia de actividades para la formación y terapias ocupacionales. Quienes administran los centros de readaptación fomentan su inoperancia por no contar con personal capacitado, preparación profesional o aptitudes suficientes para convivir con adolescentes y jóvenes recluidos. Este hecho pudiera provocar tensiones, inconformidad, amotinamientos y fugas que pueden empeorar el panorama penitenciario en Tijuana, violentar aún más al adolescente, que de ser victimario pasa a ser víctima, lo que dificultará su integración a la sociedad.

 

LA JUSTICIA JUVENIL Y EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO PARA ADOLESCENTES DE TIJUANA

El sistema penitenciario tiene su sustento en el artículo 18³ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Segob, 2013), que prevé los lineamientos sobre la obligatoriedad de brindar a los sentenciados los medios para la reinserción social. Entre las vías que marca la legislación aparecen la ocupación, la capacitación para el trabajo, la educación y el deporte. Hace más de una década existían en México los consejos de menores dependientes del Poder Ejecutivo y la figura de los consejeros instructores, que resolvían la situación jurídica del menor procesado.

El sistema de justicia para los adolescentes ha sufrido transformaciones a lo largo de su historia y, de manera paulatina, se ha trabajado en la homogeneidad de criterios, la utilización de terminología y, sobre todo, los límites de edad de un adolescente infractor. Otro de los avances significativos fue el surgimiento de tribunales de justicia especiales para estos jóvenes. Actualmente, la carta magna establece que debe existir un sistema integral de justicia para adolescentes que incurran en conductas ilícitas tipificadas en las leyes penales como delitos, y cuyos límites de edad sean mayores de 12 años y menores de 18, mientras que los menores de 12 años sólo serán sujetos de rehabilitación y asistencia social. No obstante, en Tamaulipas un niño de seis años puede enviarse al Consejo de Menores, y en Jalisco o Aguascalientes los menores no cuentan con representante social ni defensor de oficio (Hernández, 2009:165).

El sistema de justicia mexicano que atiende a los jóvenes forma parte de los tratados internacionales que el gobierno federal ha suscrito con la finalidad de proteger a la niñez. Tales acuerdos tienen rango constitucional, como lo establece el artículo 133 (Segob, 2013); es decir, deben cumplirse como si se encontraran incluidos en la propia carta magna.⁴ México se ha sumado además al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), bajo los principios de no discriminación, respeto a su dignidad y equidad. En este convenio queda instituido el límite de edad de la niñez, es decir, individuos menores de 18 años. La normatividad y la realidad, sin embargo, suelen no ir al mismo ritmo.

Existen otros tratados universales no menos importantes que tutelan el respeto a la integridad de los adolescentes infractores y que establecen pautas para sentar las bases del sistema de justicia para adolescentes, así como las medidas correspondientes en los centros de internamiento de jóvenes delincuentes, entre otras, las Reglas mínimas de las naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General 40/33 (ONU, 1985) el 28 de noviembre de ese año, las cuales se discutieron en el foro regional de justicia para adolescentes en la ciudad de Oaxaca, en marzo de 2006. Algunos resolutivos de esa reunión acentuaron la capacitación, la formación y el tratamiento integral de los infractores en los centros penitenciarios para adolescentes, a fin de brindarles formación y adiestramiento durante la reclusión "que los habiliten" para su adecuada reinserción social. En Baja California existe también la Ley de protección y defensa de los derechos del menor y la familia de 1999 (H. Congreso del Estado de Baja California, 2008) así como el Plan estatal de desarrollo 2002-2007 (citado en Ybáñez y Rangel, 2009:321-322) para reducir las conductas antisociales, aunque la variable educativa no ha sido integrada.

El sistema penitenciario de Baja California lo conforman el inmueble conocido como El Hongo, con capacidad para 240 reos, y penales de mediana seguridad mixtos –para mujeres y hombres adultos– en los municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana. Esta última municipalidad y su zona conurbada suman dos millones de habitantes, a los que se añade la población migrante y flotante que llega a la región de manera continua, tanto en busca de mejores oportunidades como para intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos en busca del "sueño americano". Otro fenómeno son los deportados que expulsa ese país –entre ellos padres de familia que no tienen residencia legal, pero cuyos hijos, al haber nacido en suelo estadounidense, se quedan allá, lo que resquebraja familias binacionales–, además de niños y adolescentes que viajan solos con alto riesgo y vulnerabilidad (Silva y Cruz, 2013), sobre todo los centroamericanos. En otros casos, los expulsados no conservan sus documentos de identidad, no desean regresar a su tierra natal y permanecen en la frontera sin posibilidades de contratarse o establecerse de manera permanente en Tijuana.

La opinión pública, por su parte, increpa al adolescente infractor por sus hechos y, en muchas ocasiones, solicita que la justicia lo sancione con la severidad de un adulto. ¿Qué tan efectivo es castigar a un sujeto que no ha terminado de concluir su desarrollo biopsicosocial? Según Valenzuela (1997:53), la juventud –y por ende la adolescencia– es una construcción que selecciona actores y características, pero también olvidos. Este temor de incluir en un solo nicho a los jóvenes ha generado, por años, criterios cuadrados, terminología legal incompleta y códigos heterogéneos en toda la república mexicana, por lo que se aplican de manera supletoria los códigos penales federal y estatales. La directriz internacional sugiere que la privación de la libertad de los menores sea el último recurso, y México se ha adherido a este criterio. Sin embargo, tal decisión se contrapone con los principios en favor de las víctimas, quienes demandan, para quien los agravió, la pena de prisión como mecanismo de restauración del daño.

El efecto de privar de su libertad al agresor conlleva otras implicaciones, por lo que el sistema de justicia mexicano tiende paulatinamente a incluir la justicia restaurativa como una forma de enmendar, en lo posible, el daño generado a la parte ofendida. A lo largo del desarrollo de la justicia para adolescentes en Tijuana se ha procurado no estigmatizar al adolescente infractor –como si se tratara de un delincuente adulto a quien se le puede reprochar su actuación–, privilegiar la readaptación y crear los mecanismos adecuados para que ésta funcione. Entre otras herramientas, se consideró la educación formal dentro de los mismos centros de diagnóstico y tratamiento (H. Congreso del Estado de Baja California, 2006:6, 40). No obstante, en Baja California, estos últimos incumplen con las disposiciones legales, que ordenan un centro para cada municipio, donde los sentenciados cumplan el tiempo impuesto por el juez de adolescentes y sean aplicadas las medidas de tratamiento sugeridas. Éstas deben individualizarse a partir de un perfil delincuencial (Rodríguez, 1997:445) y ofrecer atención integral especializada para salvaguardar el bienestar del infractor.

La entidad cuenta con cinco municipios, un único Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Mexicali, y sendos centros de diagnóstico en Tijuana y Ensenada, que operan también como centros de tratamiento y deberían cumplir la norma de brindar educación, orientación, capacitación y una terapia ocupacional para la readaptación social (Villanueva, 2004:4). Las características sociodemográficas de los jóvenes que permanecen en los centros de diagnóstico de Baja California refieren edades de entre 14 y 25 años, con intereses y desarrollo emocional completamente diferentes. Esta anomalía se debe a que algunos menores de 18 años cometieron alguna infracción y la pena decretada fue de varios años y, en lugar de trasladarlos a otro espacio, los dejaron ahí para "rehabilitarse".

El Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana (Cedat), elegido para este estudio, cuenta con una infraestructura que ha ido creciendo de forma desordenada en los últimos 15 años. Aunque los dormitorios de los internos adolescentes están separados de las áreas de procesados y sentenciados, no cuentan con la infraestructura y los espacios suficientes para que ambos grupos de internos reciban medidas de orientación, reinserción, instrucción y cumplan con las disposiciones impuestas por el juez especializado. En el Cedat se acondicionó un reducido espacio para talleres de capacitación en oficios como mecánica automotriz, carpintería y herrería para brindar terapia ocupacional a los jóvenes internos, pero, como describiremos en el siguiente apartado, son muy pocos los que invierten el tiempo en dichas actividades.

Por otra parte, el patio común es un área aproximada de 400 metros cuadrados, utilizada para ceremonias cívicas y algunos festivales, además de servir para "la práctica deportiva". Para una población que fluctúa entre 240 y 300 internos diarios, es evidente que el espacio resulta insuficiente para ejercitarse o canalizar la energía de los adolescentes, más aún si consideramos que la adolescencia es un período en el que "los miedos y la ansiedad poseen especial relevancia educativa, social y clínica", además de que el nivel de ansiedad en un centro educativo cerrado es muy alto (Ferrer et al., 2008). La dificultad de no poder extenderse a sus anchas deviene en peleas continuas o agresiones sexuales en las áreas de dormitorio, como manifestaron los jóvenes durante las entrevistas. Existen también dos áreas de usos múltiples y un área pequeña que hacen las veces de salón de clases, donde se imparte educación primaria y secundaria bajo los programas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), aun cuando los internos pedagógicamente no sean parte de ese grupo. Un número reducido de jóvenes cursan el bachillerato sin saber exactamente de qué sistema se trata y cómo se imparte, amén de estar limitado a los varones. Las mujeres quedaron fuera de esta medida de tratamiento, ya que las autoridades del Cedat consideran inapropiado mezclar ambos géneros, así como el argumento de que no vale la pena atenderlas por ser una minoría en el total de internos.

El personal del Cedat lo componen el director, el personal jurídico, administrativo y técnico, más un número no determinado de custodios. Los funcionarios que ocupan niveles altos del organigrama cumplen con formación profesional, experiencia y vínculo con los gobiernos municipal y estatal, que evita problemas políticos o administrativos. Por su parte, el equipo de custodios que protege y vigila a los jóvenes es personal semimilitarizado con escasa preparación universitaria o técnica para atender a la población del centro de diagnóstico. En el pasado, algunos custodios fueron enviados al Cedat como castigo y, en otra ocasión, se les mandó allí para despresurizar conflictos administrativos que tuvieron en otras dependencias del área de justicia. Estas decisiones, en caso de que sigan repitiéndose, pueden ocasionar fricciones entre el personal y los infractores que rompan o cuestionen las reglas del Cedat, inconformidad que es parte del proceso formativo de los adolescentes.

Al aplicar la encuesta, se pudo observar la insuficiencia del personal de custodia para encaminar a los diversos grupos a la rutina o agenda diaria, así como cierto temor entre los jóvenes si llegaban tarde a las actividades cotidianas. Las sanciones por el incumplimiento las desconocemos, pues no tuvimos elementos para probar de manera factual estas diligencias. En cambio, la información que se presenta a continuación manifiesta la carencia de psicólogas y trabajadoras sociales que atiendan a toda la población del Cedat; la ausencia de notas y apuntes durante las consultas ofrecidas; el número exacto de recomendaciones no atendidas y la espaciada periodicidad de las sesiones de psicoterapia de quienes reciben atención de este tipo. La indagación de la existencia de esas fuentes tiene relación directa con los procesos de los muchachos, ya que una parte de los reportes por escrito de cada adolescente se utiliza para informar al juez sobre la causa de internamiento, diagnóstico y seguimiento del infractor. Al preguntar sobre el particular, la respuesta fue que la información no está actualizada, los expedientes se retrasan o nunca llegan a la oficina correspondiente. De cualquier manera, el cuestionario aplicado in situ permitió un análisis más profundo y focalizar las pretensiones del muestreo con las siguientes características.

 

LAS ENTREVISTAS EN EL CEDAT: NOTA METODOLÓGICA Y RESULTADOS

Para aplicar el cuestionario/entrevista se realizó la petición formal a la Subsecretaría Penitenciaria del Estado de Baja California, se explicó el propósito netamente académico y se aceptó seguir el protocolo de seguridad de la institución, que considera, entre otras medidas, la revisión minuciosa antes de ingresar en el Cedat, así como la restricción a portar aretes, collares, teléfonos celulares, dinero, llaves y cualquier material que pudiera utilizarse para fabricar un arma, incluidos los anteojos de cualquier tipo.⁵ En ese momento, el universo de internos era cercano a 300 jóvenes de ambos sexos y edades que fluctuaban entre 14 y 24 años. Al principio se solicitó entrevistar a más de una centena y, de preferencia, conferenciar con los sentenciados de ambos géneros y distintas edades. La selección, sin embargo, estuvo a cargo de la propia institución, que autorizó aplicar el cuestionario a 98 jóvenes sentenciados y bajo proceso (94 varones y cuatro mujeres).

Para llevar a cabo esta parte de la investigación se utilizó la entrevista semiestructurada,⁶ realizada a los 98 jóvenes considerados en la autorización. Con ese propósito, se preparó un cuestionario con preguntas directas que agilizara el vaciado de la información y una muestra por conveniencia para facilitar el análisis y la redacción de los resultados. El cuestionario constó de 68 preguntas divididas en tres grandes apartados: 1) información personal y general (edad, antecedentes familiares, grado escolar y aficiones); 2) razones de internamiento y medidas de tratamiento que refirieran educación, instrucción y administración del tiempo; 3) si había sido su primer ingreso, algún motivo particular si era reincidente (más de un ingreso), impresiones sobre su estancia dentro de las instalaciones (para cruzar información con lo manifestado por las autoridades) y expectativas al salir del centro u obtener su libertad.

Las entrevistas con cuestionario en mano se llevaron directamente en el Cedat a lo largo de dos meses, conscientes de que los entrevistados reaccionan según el grado de relación que se establezca con el entrevistador, más que por el contenido de la entrevista (Namakforoosh, 2010:142), principalmente por la situación de encierro del interpelado. Para levantar las encuestas se contó con el apoyo de una estudiante de nivel medio superior, a quien se proporcionó inducción previa sobre la metodología y las conductas por seguir al aplicar el instrumento, además de las características y el perfil de los encuestados. En ningún momento la estudiante estuvo sola en el Cedat ni llegó sola a este centro.

La etapa de la adolescencia está asociada a individuos de ambos géneros que tienen corta edad –entre 10 y 20 años–, desarrollo biopsíquico en formación y un ciclo vital condicionado a su entorno. Suelen presentar conductas impulsivas, son influenciables y se caracterizan por un marcado comportamiento hedonista y la ley del menor esfuerzo (Craig, 2009). Entre los jóvenes infractores entrevistados, la edad promedio fue de 17 años (53 %), pero había seis chicos de 14 años y un joven de 24, la mayoría, adolescentes del género masculino y sólo cuatro mujeres, quienes comentaron haber sido utilizadas por sus parejas sentimentales al momento de perpetrar el delito (secuestro, homicidio y robo con violencia). Tres de las entrevistadas habían tenido embarazos a temprana edad y provenían de hogares disfuncionales (Wielandt, 2005:28).⁷ En este sentido, los jóvenes del Cedat iniciaron su vida sexual a edad temprana y no están convencidos de establecer uniones legales en pareja; hubo algunos casos de internos que hasta antes de su detención vivían en unión libre con sus parejas y tenían uno o dos hijos.

Entre los datos que llaman la atención estuvo el lugar de procedencia de los delincuentes juveniles. A este respecto, no predomina la población migrante de lejanos estados del país –como acostumbra mencionarse (Hernández, 2009) o se repite en los medios de comunicación–, sino se trata de jóvenes nacidos en Tijuana (59 %) y provenientes de diversos poblados de Sinaloa (22 %) que han vivido en la periferia de la ciudad o en las zonas con asentamientos irregulares, en su mayoría hijos de migrantes de primera generación, que pertenecían a alguna pandilla (72 %). Por supuesto, es impensable que un individuo se convierta en delincuente por el hecho de nacer en tal poblado o barrio, o bien que la población usuaria de drogas sea automáticamente criminal (París, 2013:111); sin embargo, existen componentes de tipo endógeno y exógeno que suelen influir en conductas antisociales y predisponen al joven a delinquir, lo que los especialistas llaman factores criminógenos (Hikal, 2009). También cabe destacar que 8 de cada 10 adolescentes declararon pertenecer a un credo religioso pero sin mayores implicaciones en su vida.

Al iniciar las preguntas sobre adicciones, pocos jóvenes infractores aceptaron su dependencia a estupefacientes, pero una tercera parte de ellos consintieron en que el delito por el que se encontraban recluidos lo cometieron bajo el influjo de alguna droga.⁸ En el caso de los varones, se asocian ellos mismos a grupos y pandillas donde tuvieron su primer contacto con el alcohol, la marihuana y las sustancias tóxicas de tipo anfetamínico o solventes industriales. De ellos, 20 por ciento comentaron haber consumido drogas todos los días antes de ser recluidos, 31 por ciento admitió haber usado algún tipo de droga alguna vez, y 41 por ciento manifestó ser consumidor ocasional, esto es, utilizarlas con sus amigos en las fiestas de fin de semana. Entre aquellos que negaron consumir estupefacientes, se observaron rasgos físicos muy cercanos a los de los adictos, entre otros, dentadura carcomida, mengua en la tonalidad de la piel, resequedad en la dermis, rictus en las fosas nasales y cierta alteración al preguntarles sobre el particular.

Por otro lado, entre los entrevistados resultó recurrente escuchar el bajo rendimiento en el aula, el rechazo de compañeros o profesores por su comportamiento, y sufrir bullying o discriminación. El único círculo donde dijeron ser aceptados fue en la pandilla, y el componente de escape fue el consumo de drogas. Los interrogados manifestaron que para ser aceptados entre su comunidad siguen ciertos modelos de comportamiento, como usar tal o cual vestimenta, interpretar un lenguaje corporal exclusivo, realizarse tatuajes, expresarse en caló y utilizar un sobrenombre.⁹ Destacan los apodos como Sicker, Ficker, Kion, Irika, Krek y otras grafías sin significado para nosotros, pero que, según ellos, los identifican con su clica o como sujetos peligrosos que inhiben a otros grupos a meterse con ellos. En algunos de los entrevistados se observó baja autoestima y poco interés en regresar al hogar cuando salgan del Cedat. Una porción de éstos pertenece a familias criminógenas, es decir, en las que algún miembro se ha visto involucrado en la comisión de delitos.

Se mencionó que las instalaciones del centro no cuentan con la infraestructura ni el espacio adecuado para actividades deportivas, lúdicas, talleres de capacitación, educación escolarizada, psicoterapia u otras diligencias. Jugar futbol o correr por espacio de una sola hora a la semana resultó alarmante; la energía de un joven entre los 14 y 24 años de edad debe canalizarse de alguna otra manera. Fue evidente que las áreas para los 279 internos que convivían en esos días resultaban exiguas. En el caso de los entrevistados, 7 de cada 10 jóvenes comentaron que el tiempo diario para una actividad productiva –escuela, taller o algún curso de orientación– es de tres horas en promedio, y el resto del día lo pasan entre tomar los alimentos, dormir y ver en la televisión telenovelas, programas de concursos, talk shows, ventas por catálogo y lo "que haya en esos momentos".

Del total de los jóvenes, 61 por ciento manifestaron ver televisión más de tres horas al día, otros preferían dormir o permanecer la mayor parte del tiempo en el dormitorio. Los primeros expresaron que permanecían frente al televisor para evitar peleas o pleitos frecuentes por el espacio. Los jóvenes que se encuentran bajo proceso tienen menos actividad; no reciben capacitación ni clases porque se da preferencia a los sentenciados, a quienes el juez impele a ajustarse a las medidas de tratamiento impuestas en el Cedat. Al preguntar a los directivos sobre los tiempos de esas actividades improductivas, la respuesta fue que al contar con poco personal de custodia, no hay quien vigile a los internos, y tenerlos juntos inhibe las fugas de los muchachos o los enfrentamientos y pleitos.

 

ACTIVIDADES COMO MEDIDAS DE TRATAMIENTO EN EL CEDAT

Bajo esta lógica, se pudo constatar que las tareas en el Cedat no se adaptan a las que recomienda Marchiori (2009:115) para transformar el actuar antisocial del sujeto estando en reclusión. En este sentido, el interno debe contar con labores que le apoyen en materia psicológica, médica, de trabajo social y pedagogía. Algunos de los adolescentes recluidos en la institución reciben terapia psicológica cada mes; sin embargo, no hay continuidad de parte de los profesionales, quienes les ofrecen una hora de psicoterapia, que difícilmente logrará modificar la conducta de estos jóvenes para enfrentarlos con la realidad al salir del centro.

Entre las recomendaciones de los especialistas para lograr la readaptación están la capacitación para el trabajo, los oficios o el regreso a casa en condiciones saludables tan pronto los jóvenes obtengan su libertad. Al respecto, sólo 24 por ciento de los entrevistados comentaron estar en proceso de aprender un oficio, pero infortunadamente el programa de instrucción dura tres meses sin mayor prórroga o práctica, ya que una vez tomado el adiestramiento tienen que ceder su turno a otro interno. ¿Cómo puede evaluarse entonces el programa de integración y readaptación bajo estos parámetros?

Por otra parte, la educación que reciben los adolescentes en reclusión es excluyente: deja fuera a las mujeres, los extranjeros, los indígenas y los jóvenes que carecen de documentos para matricularse. Los planes y programas de estudios son inapropiados, pues son parte del sistema abierto del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en libertad. Quienes tienen la suerte de matricularse en "la escuela" del Cedat (28 % de la muestra), comparten material didáctico poco atractivo para los jóvenes, pues no cubre sus expectativas, amén del tiempo que dedican a las sesiones. La entrevista con la persona que imparte docencia a los jóvenes infractores permite señalar que el nivel de concentración de los participantes no es mayor a 40 minutos, y el rendimiento escolar, en caso de existir, resulta muy bajo.

En este punto se corroboró que los muchachos recluidos en el Cedat reciben "instrucción" bajo los programas del INEA y que ésta se ofrece sólo a algunos de los chicos; además, los materiales para la actividad docente son inexistentes (lápices, borradores, libretas, reglas, compases, etcétera). Así mismo, de manera sorprendente, las mujeres internas están excluidas de la "enseñanza" por considerarse inapropiada y un riesgo a la seguridad al mezclarlas con los varones. La sorpresa es aún mayor, dado que las internas representan un porcentaje mínimo del total de la población y podría ser viable otorgarles el servicio. Este sólo hecho conculca los derechos humanos de las reclusas.

Llama también la atención que la educación es pieza indispensable de las medidas de tratamiento determinadas por el juez de adolescentes y que no sea aplicable para todos. Si un joven infractor carece de documentos oficiales (acta de nacimiento) o antecedentes escolares (certificados, boletas, etcétera), no puede sumarse al estudio o concluir la primaria/secundaria durante su internamiento. En el caso de los extranjeros –la población flotante de personas provenientes de Centroamérica– ocurre lo mismo: no son candidatos a recibir instrucción por su condición migratoria y falta de documentos. Al preguntar las razones a la responsable del programa del INEA, sector XIII, comentó que la Secretaría de Educación Pública exige como requisito los documentos que comprueben la nacionalidad de quienes se atiende con presupuesto público, es decir, únicamente los mexicanos. Confirmamos que en Tijuana –y posiblemente en gran parte del país– no existen planes ni programas dirigidos a jóvenes en situaciones de internamiento, proceso o reclusión en los centros de tratamiento.

No obstante, esta investigación no tuvo el interés en denigrar al Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana ni a sus autoridades, ni operar de manera negativa en contra de los internos. Su propósito fue caracterizar el sistema de justicia para adolescentes que, al parecer, es ineficiente, burocratizado e indiferente, a pesar de las buenas intenciones de los funcionarios del mismo Cedat. Es probable que esta deficiencia sea un factor que favorezca la reincidencia de los excarcelados. Los encargados del Cedat manejan un índice de reincidencia de cinco a ocho por ciento entre quienes salen de sus instalaciones, pero, de acuerdo con la información recopilada, nos parece que es tres veces mayor.

Con datos del instrumento metodológico utilizado, se calculó que 37 por ciento de los entrevistados habían estado en la institución en una o más ocasiones, al participar en otros delitos con antelación. El porcentaje de reincidencia del total fue una variable que no se pudo calcular con exactitud, entre otras causas, porque los adolescentes que cumplieron la mayoría de edad, al volver a delinquir, ya no fueron canalizados al Cedat sino a un reclusorio, con lo que se pierde el registro estadístico de reincidencia de menores y se agrega al del penal para adultos.

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN

En el siglo XXI, la sociedad ha cambiado por múltiples factores, y Tijuana no es la excepción. Los adolescentes y jóvenes son más vulnerables, y las conductas antisociales de quienes caen en los centros de readaptación truncan sus sueños, los enfrentan a una realidad violenta que, antes que apoyarlos, los suma a las estadísticas de la delincuencia urbana que, con sus acentuadas "tendencias de segregación residencial", se traducen en "profundas polarizaciones sociales" (Wielandt, 2005:26). La juventud ha perdido –o no ha conocido– los referentes de antaño que, para bien o mal, representaba la escuela y la familia. Es cierto, no hay un modelo de familia; hay muchas familias con diferentes roles. Los hogares-familia en Tijuana son cada vez más amplios en su tipología y con una mayor presencia de hogares no familiares (López, 2012:144-146), entre personas que comparten el techo pero no la sangre ni los valores.

La madre tiene que salir a trabajar para completar el ingreso familiar; los niños quedan bajo el cuidado de familiares o vecinos; algunos llegan a la guardería pero, en muchos casos, permanecen solos, sin mayor supervisión. La interacción entre padres e hijos y la comunicación se han vuelto paupérrimas o de poca calidad y se ha abierto la puerta a la violencia, al abuso de las drogas y a las conductas antisociales, así tipificadas por la ley.

Los adolescentes que ingresan en los centros de diagnóstico y tratamiento en Tijuana pareciera ser que llegan al lugar a corregir conductas, superar problemas, rehabilitar comportamientos, aprender un oficio, seguir estudiando y salir de reclusión con mejores expectativas para enfrentar la vida. Sin embargo, no es así. Este estudio ha intentado poner en perspectiva lo que ocurre al interior del Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana, la ausencia de políticas públicas que atiendan una problemática real en aumento, así como una probable contrariedad entre las tareas de rehabilitación a través de la educación y las actividades que se ofrecen a los jóvenes sentenciados y en proceso de serlo.

La aplicación de un cuestionario/entrevista con un tercio de jóvenes infractores del Cedat ofreció una diagnosis de lo que ocurre al interior, tanto de la población que es atendida como del personal que presta sus servicios, que a todas luces es insuficiente y poco eficaz. Se conversó con el juez de adolescentes del municipio de Tijuana en el período en el que se iniciaron las entrevistas. En la primera conversación, el juzgador se mostró en favor de las actuales condiciones del sistema de justicia para adolescentes infractores; aseguró que hay un control y seguimiento a estos jóvenes y que, por tanto, los índices de reincidencia son mínimos, pero evitó dar números o cifras relativas constatables.

A partir de los datos recabados y que comentamos con él casi al final del levantamiento de los cuestionarios, aceptó que hay reincidencia entre los jóvenes que llegan al Cedat; se mostró receptivo a que los actuales límites de edad penal no son los adecuados y que los menores de 14 años que ahí se encontraban eran individuos vulnerables frente a los más grandes. El directivo se mostró reacio al abordar la ineficiencia policíaca, los vicios en la investigación judicial previa al ingreso de los adolescentes en el Cedat, así como el papel de los custodios y las actividades que se realizan a lo largo de la jornada.

Readaptar y reinsertar a jóvenes que cometen delitos considerados de alto impacto –como el secuestro, la violación y el homicidio– continuará siendo materia de debate. Tales medidas deben incluir a la familia de donde proviene el joven recluido y la convicción de que la educación para la vida no está operando como se pretende. Parece ser una tarea colosal, y lo que aquí se propone son reflexiones ya conocidas; quizá en el pasado haya habido otros intentos que no tuvieron eco, porque se apuesta a políticas públicas de relumbrón, no de real operatividad. El tema que no debe soslayarse es cómo se les atiende a los jóvenes infractores, cuáles son las medidas de tratamiento y por qué puede avanzarse un poco si los contenidos de los programas educativos por aplicar se adecúan al tipo de población que se atiende.

Otros aspectos que deben tomarse en cuenta incluyen la infraestructura para las actividades educativas, ocupacionales, deportivas, de capacitación y lo cotidiano y urgente: los dormitorios, los horarios, el personal suficiente en materia de psicología, trabajo social, docencia, instrucción para el trabajo, medicina y custodios capacitados o en constante adiestramiento. Las medidas de tratamiento deben cumplir precisamente con los lineamientos de la justicia alternativa, programas educativos y de capacitación laboral. El personal de custodia debiera estar comprometido y consciente de las personas a las que atiende, jóvenes que serán el futuro del país. A pesar de la obligatoriedad de las medidas de reinserción, los encargados de los centros de diagnóstico y tratamiento no están en condiciones de cumplir con la encomienda, por lo que el reingreso de los adolescentes y jóvenes en el Cedat se vuelve un círculo vicioso que hay que romper cuanto antes. El contexto en el que transcurre el tiempo de penas y sanciones de los jóvenes infractores, el ocio, la corrupción y el hacinamiento de los reclusos son las características que –al menos en el Cedat– nos han permitido conocer, analizar y posicionar este problema social.

El gobierno mexicano ha venido acatando los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, pero violenta otros, como el de la protección a los adolescentes infractores –entre ellos mujeres e inmigrantes– que conviven juntos en el Cedat. Mientras los tribunales para adolescentes no cuenten con suficiente personal ni programas que supervisen a los jóvenes –antes, durante y después de su internamiento– con programas para readaptarlos, habrá un problema permanente y cíclico. Quizá, para despresurizar el problemático sistema penitenciario en México, el gobierno apuesta por dejar al mayor número de delincuentes juveniles en libertad a través de la justicia alternativa, pero tarde o temprano regresarán al Cedat.

Por último, dirigir la mirada a los centros penitenciarios, conocer las condiciones de los internos, revisar o reestructurar los programas en materia de readaptación social es una tarea urgente. Principalmente, se requiere poner atención en las características biopsicosociales de los delincuentes juveniles que conviven en condiciones contradictorias para la rehabilitación y la integración a la sociedad. Hace falta un equilibrio entre las políticas públicas que prevengan que el menor número de jóvenes sea parte de la delincuencia, y quienes caigan en ella y lleguen a los centros de reclusión reciban la atención necesaria, incluidos el diagnóstico, el tratamiento y las actividades educativas. Es probable que lleve décadas evaluar los resultados de un sistema de justicia que sea efectivo por sí mismo. No se cuestiona el programa sino su aplicación y el contexto en el que se aplica. Una vez que se hagan efectivas las reformas en materia de justicia alternativa en México y se despresurice el Cedat, se podrá evaluar qué tan ciertas eran las preocupaciones planteadas al principio de este artículo.

 

REFERENCIAS

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Notas

¹ Si bien el nombre oficial de la institución estudiada es Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Tijuana, en éste también se ofrece tratamiento a los adolescentes sentenciados.

² Nos referimos a la incomodidad manifiesta de los jóvenes por la presencia de los custodios durante la charla –presentes por "órdenes superiores"–. No obstante, con el paso de los minutos, los jóvenes se relajaban y respondían con amplitud a los cuestionamientos.

³ "El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley".

⁴ "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados".

⁵ La entrada en las instalaciones es discrecional, ya que a personas con tatuajes o vestimenta considerada "antisocial" se les niega la admisión por considerarse "non gratas" para interactuar con los internos, así se trate de voluntarios, estudiantes de servicio social o visitantes que ofrecen algún tipo de apoyo.

⁶ Se basa en "una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados" (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2008:597). También es llamada inestructurada con cuatro características: entrevistados con una experiencia particular respecto del tema de estudio; situaciones analizadas previamente; se procede sobre la base de una guía de entrevista, y especificación de temas enfocados en las experiencias subjetivas consideradas en las situaciones en estudio (Namakforoosh, 2010:144).

⁷ Caracterizados por la desintegración familiar, historias de maltrato, abuso infantil y uso cotidiano de la violencia dentro del hogar, así como la obligación de aportar ingresos, trabajar, mendigar o generar alguna actividad informal bajo condiciones de alta explotación. Sobre la tipología de hogares en Tijuana, véase López, 2012:144-147.

⁸ En este sentido, el uso de drogas en la frontera norte sigue una tendencia al alza. Según los Centros de Integración Juvenil, el inicio del uso de drogas en Mexicali y Tijuana comienza a los 14 años (Prado, 2009:209-212), y el patrón de consumo se carga a drogas sintéticas como "el crico, la piedra y la chiva" (Medrano, 2013:167).

⁹ "El joven de los sectores populares ha quedado condenado a la invisibilidad o a la proscripción [...] requiere de símbolos visibles de identificación y diferenciación a través de la ropa, los tatuajes, el grafiti o el lenguaje" (Valenzuela, 1997:59).