nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción y antecedentes del estudio
Este estudio exploratorio parte de la pregunta de si las tendencias en las bajas humanas debidas a la política de seguridad pública iniciada por el presidente Felipe Calderón en su “guerra contra el narcotráfico” ha cambiado desde 2008, cuando el Equipo Bourbaki (EB) (2011)1 develó el proceso constituyente del costo humano. Los principales hallazgos del Equipo Bourbaki han sido fruto de una acumulación investigativa acerca de la conflictividad social y del costo humano en México desde la década de 1990. Ésta puso al desnudo la existencia simultánea de un doble proceso: el de una creciente apertura política democrática, en que los partidos de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) han ido gobernando, y el de la persistencia de un proceso de exterminio selectivo,2 independientemente del signo partidario del gobernante en turno.
A su vez, el EB (2011) ha expuesto las principales características del proceso constituyente del costo humano. Ha identificado los sujetos que de manera interpenetrada lo realizan: el “dominio del orden delictual”, que es un sujeto armado de carácter ilegal, múltiple y diversificado, y el “dominio del orden legal”, que es el complejo aparato estatal, civil y armado, en sus niveles federal, estatal y municipal (Equipo Bourbaki, 2011:20 y 29). También ha hallado que las principales víctimas del costo humano son los “desconocidos” y la “sociedad civil”, más que el crimen organizado, las autoridades gubernamentales y las Fuerzas Armadas (Equipo Bourbaki, 2011:43).
Con estos antecedentes, el actual avance exploratorio ha seleccionado el periodo de registro del costo humano, entre agosto de 2018 y agosto de 2019 (exactamente a diez años del registrado y analizado por el Equipo Bourbaki), como uno de los indicadores del estado de poder que cunde en México. Dicho periodo ha coincidido con la coyuntura electoral en que se efectuó la transición de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2022), del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en diciembre de 2018.
Algunas de las interrogantes que intenta responder este estudio han sido las siguientes: ¿cuáles son las principales características del proceso constituyente de bajas humanas?, ¿dónde y cuándo se efectuaron?, ¿quiénes recibieron estas bajas?, ¿qué tipo de bajas han recibido?, ¿quiénes realizaron estas bajas?, ¿qué relación existe entre quienes sufrieron las bajas y los que las efectuaron?
La interpenetración entre los dominios del orden legal y el orden delictual se caracteriza por la violencia en la producción de bajas humanas. Ésta se impone a partir de una política de militarización de la seguridad pública a cargo de fuerzas armadas legales e ilegales, logrando transformar a los cuerpos en mercancías con su apropiación y exterminio. Estos cuerpos, en cuanto territorialidades sociales, son susceptibles de registro. Nuestra estrategia metodológica ha sido el registro hemerográfico, basado en el periódico La Jornada, teniendo como unidad de observación las noticias sobre bajas humanas y como unidad de análisis las acciones de bajas humanas. Las 4,580 acciones registradas en el periodo de estudio se han vaciado en una base de datos previamente diseñada y se han analizado con el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), con un enfoque teórico seleccionado que se expone a continuación, seguido de una breve presentación del contexto que caracteriza en México a los hechos registrados. Luego daremos a conocer los principales resultados obtenidos de la investigación para finalizar con un conjunto de reflexiones en torno a ellos, en relación con los interrogantes planteados.
Abordaje teórico-metodológico
Los diversos procesos de violencia que caracterizan al estado del poder en México se desarrollan en el contexto de la crisis del modelo neoliberal,3 el cual ha representado un proceso de transnacionalización del capital con la consecuente transformación de las relaciones sociales y las funciones del Estado. Posiblemente estemos ante la configuración de una nueva estatalidad, caracterizada por el incremento “de la violencia estatal y paraestatal” en América Latina (Svampa, 2019:21), o bien ante una “hegemonía criminal” que ejerce el exterminio hacia los líderes sociales (Ortiz, 2020). Para Robledo y Querales (2020), la violencia política
ha ingresado en el repertorio de la violencia criminal en donde los motivos y los actores asociados con el fenómeno se tornan ambiguos, ocultando la participación del Estado detrás de la multiplicación de fuerzas paramilitares, que suma nuevas geografías, víctimas y perpetradores (a lo que se agrega) el crimen organizado (...) como actor principal en la guerra por los territorios, la trata de personas, la migración forzada y la violencia letal contra las mujeres, haciendo uso de tecnologías de la crueldad que han circulado desde los ejércitos regulares y paramilitares (2020:2).
De este modo, el poder de facto lo constituye
el crimen organizado (que) no es más que un sistema de redes clientelares de cooperación entre criminales profesionales y funcionarios públicos, que persiguen el propósito de obtener ganancias económicas mediante el desarrollo de actividades ilícitas, apoyadas, en última instancia, por el uso de la violencia (Flores, 2013; Robledo y Querales, 2020:2).
Siguiendo a Harvey, Zibechi (2020:18) afirma que “el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y estructurante de la política y la economía”, y que las violencias que atraviesan el subcontinente latinoamericano expresan “una guerra contra los pueblos y los pobres para despojar territorios, con el objetivo de convertir los bienes comunes en mercancías”. Desde nuestra perspectiva, esto también incluye el ejercicio de una violencia directa hacia “cuerpos frágiles” o vulnerables. Incluso Lomnitz ha escrito que el crimen organizado propicia un nuevo orden social acompañado de un cambio moral profundo (Vargas, 2023:4). Para el Equipo Bourbaki,
Lo que sucede en México forma parte de un proceso global que trasciende su territorialidad (...) Es expresión (...) de una lucha intercapitalista de carácter internacional (...) El debilitamiento producido en las estructuras de gobierno de los estados-nación implica una pérdida en la capacidad de decidir el rumbo de las políticas económicas (...) Esta incapacidad de responder a los grupos menos favorecidos da como resultado la conformación de “territorios-sin-gobierno” (...) a cargo del “crimen organizado”, cuyo dominio pasa por la construcción del monopolio transnacional creciente de una nueva mercancía (2011:45, 16-17).
A lo que agrega:
el uso de la fuerza se da por el control de territorios de producción y distribución de la nueva mercancía (...) Esta mercancía, todavía ilegal, genera un nivel de ganancias inimaginables por cualquier otra mercancía “legal”, y al igual que el comienzo de las actuales mercancías legales, es necesaria la utilización del aparato del Estado para construir no sólo esta capacidad de acumulación excepcional, sino además, la protección para su violenta gestación. El Estado es el encargado de garantizar que la acumulación capitalista se lleve a cabo, defendiendo y protegiendo a los diferentes monopolios o más bien, protegiendo a unos monopolios de la competencia para lograr afianzar su producto (2011:38).
Es de este modo que el EB (2011:19) identifica la constitución y desenvolvimiento de dos grandes dominios tremendamente interpenetrados: el “dominio del orden delictual”, que utiliza una fuerza armada ilegal, y el “dominio del orden legal”, constituido por los tres poderes del Estado.
Esta interpenetración entre ambos dominios también ha sido señalada por diversos autores, años después del EB (2011), como causante de la violencia. Para Rita Segato (2014:342), América Latina “vive en un contexto de guerra permanente, de tipo no convencional”, en donde “el crimen organizado es hoy un continente en expansión”. Éste ha realizado una interminable serie de negocios ilícitos y se ha constituido como un “Segundo Estado”, que, como tal, ha contado “con fuerzas de seguridad propias, es decir, corporaciones armadas4 ocupadas en proteger para sus ‘dueños’ la propiedad sobre la riqueza incalculable que en ese universo se produce y administra” (Segato, 2014:358), configurando una “segunda realidad” subterránea, compatible con un Estado de derecho, en la que “el accionar de (las) corporaciones armadas tiene por finalidad ocuparse del mercadeo ilegal y de la protección de la propiedad y del flujo de los capitales sumergidos, así como de la intocabilidad de este ambiente. Es, por esto, un Segundo Estado, con su economía, con sus leyes, fuerzas de seguridad y organización propia” (Segato, 2014:359).
También Valencia (2016:52, 206) resalta la imbricación del Estado mexicano con la economía criminal, “ejercida por sujetos endriagos (...) quienes crean una especie de nueva clase internacional que hemos denominado clase criminal”. Considera que el gobierno y el crimen están enfrentados “en la contienda por el monopolio del poder”, lo que lleva al “uso de la violencia como herramienta mercantil”, en donde existe “una relación estrecha entre las exigencias de los mercados legales y la creación y florecimiento de los mercados ilegales. Es decir, las distintas estructuras de la ilegalidad funcionan por demanda de la legalidad” (Valencia, 2016:45, 47, 52 y 54). Incluso refiere que en México “el nuevo Estado no es detentado por el gobierno, sino por el crimen organizado, principalmente por los cárteles de la droga” (Valencia, 2016:45).5
Marcelo Bergman, del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, apunta que “Lo interesante del negocio del crimen es que hay un fuerte componente legal” y que “los mercados ilegales se yuxtaponen con actividades lícitas (...), mientras los estados han perdido la capacidad de desincentivar el crimen” (Villanueva, 2024). Para Santamaría,
Es imposible pensar que una facción criminal pueda llegar a un nuevo territorio sin contar con una red de protección e impunidad de sus acciones. Los procesos de expansión requieren de una compleja organización de la cual hacen parte funcionarios de las aduanas y de migración, policías, miembros del sistema judicial y también autoridades electas. La cara más visible de estas estructuras son las facciones armadas y los mandos de las organizaciones. Sin embargo, también hacen parte de ésta algunos empresarios y políticos, que tienen participación en las economías ilegales y reciben beneficios de la expansión criminal (citado en Garzón et al., 2013:17-18).
De hecho, México, por medio del desmantelamiento del sistema capitalista nacional y su creciente integración en la economía mundial, iniciado por el entonces presidente Salinas de Gortari (1988-1994), se ha constituido en un mercado emergente para los inversionistas transnacionales, tanto a nivel financiero como en el uso de la reserva laboral. También ha propiciado la constitución de una serie de mercados ilegales, como los de drogas, de precursores químicos, de hidrocarburos, de armas, de trata de personas, de órganos, de medicamentos, de especies exóticas, de lavado de dinero, de secuestro, de extorsión,6 entre otros. Una parte de este proceso de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2016) lo constituye también la producción y acumulación diaria de los cuerpos vulnerados en el territorio mexicano, como una de las formas de su realización, a partir de una violencia extrema, diaria y permanente.
Es así que, en esta fase del capital, los cuerpos son transformados en mercancías, como mano de obra cautiva y desechable que circula a nivel transnacional, según las necesidades de producción, enfrentando “un ciclo mortal de despojo-explotación-exclusión’, hasta el genocidio” (Robinson, 2017:10) y su exterminio. Esto destruye el conjunto de relaciones sociales que dichos cuerpos representan, como obstáculo en el proceso de constitución monopólica de los mercados ilegales en el país (Harvey, 2016:127) y también para liberar el territorio ocupado por éstos.
El aporte de Harvey (2016) acerca de la doble lógica con que opera el capital transnacional podría acercarse a la hipótesis del EB (2011) en el sentido de que la apertura de los mercados y los sujetos ilegales estaría a cargo sobre todo del “dominio del orden delictual”, con un amplio margen de acción en la movilidad del capital. Esto se entrelaza con una parte del “dominio del orden legal”, a su vez más anclado a un territorio fijo, normado, sin el cual no podría operar, en cuanto da cobertura al primero y garantiza la continuidad local y transnacional del proceso de conformación de mercados emergentes. Muchos de los cuales son ilegales y requieren la eliminación masiva y selectiva de cuerpos para consolidarse monopólicamente. En México, esta violencia es producto de la determinación de una política militar de seguridad sobre la población, caracterizada por una creciente militarización de la seguridad pública, por lo menos desde 2006. Las fuerzas legales e ilegales participan
de una estrategia gradual de ocupación y limpieza del territorio y de la población, que además incluye el desplazamiento de miles de personas (...) para facilitar la eliminación selectiva y el control delictual de los cuerpos y el territorio. (...) De este modo, el estado del poder en el país está caracterizado por la interpenetración entre el orden legal del poder estatal y el orden delictual territorial, cobrando la forma de una compleja guerra civil (Colectivo Ángela Esperanza, 2013:3-4).
Para Segato (2014:352), “el poder actúa (...) directamente sobre el cuerpo”; por ello “los cuerpos y su ambiente espacial inmediato constituyen (...) el campo de batalla de poderes en conflicto (...) y pasa a constituir, en sí mismo, terreno-territorio de la propia acción bélica”. Del mismo modo, Valencia (2016:154), al concebir que “el poder siempre opera sobre los cuerpos”, señala que “para la necropolítica y los sujetos endriagos el cuerpo resulta fundamental puesto que éste se concibe como mercancía principalmente”.
Esta perspectiva se acerca a nuestro enfoque teórico, basado en la compleja teoría del poder que ha elaborado Juan Carlos Marín, para quien el poder “expresa una relación social entre los cuerpos” y “se ejerce sobre relaciones sociales” (Marín et al., 2010:40 y 48). En ese sentido, afirma que “el cuerpo es uno de los territorios de las luchas sociales” y que “lo que define a la violencia, aun en sus expresiones más simbólicas, siempre será algún tipo de alteración sobre el cuerpo humano” (Marín et al., 2010:21).
Así, el cuerpo puede entenderse “como un instrumento de registro de las relaciones de poder” (Marín et al., 2010:34) y lo podemos analizar como territorialidad social (Marín et al., 2010:31). De esta manera, nuestra estrategia metodológica se basa en el registro hemerográfico del periódico La Jornada7 acerca de acciones que han generado bajas humanas. Con esta estrategia teórico-metodológica hemos construido la base de datos sobre el costo humano de agosto de 2018 a agosto de 2019, a partir de una muestra de 10%, es decir, por sorteo se seleccionó, entre los primeros diez días del periodo seleccionado, la fecha del primer periódico a ser registrado y a partir de ahí un periódico a ser registrado cada diez días. La unidad de observación han sido las noticias sobre costo humano y la unidad de análisis, las acciones que han provocado las bajas que constituyen el costo humano. Esta estrategia posibilita develar el proceso en que se constituyen las bajas humanas, además, la identidad social de los sujetos que las realizan y la de aquellos que las reciben, así como los tipos de bajas humanas perpetradas.
Contexto mexicano de los hechos de violencia registrados
La reestructuración de México hacia un mercado transnacional con la reprimarización de su economía, y con 126 millones de habitantes hasta el periodo de registro seleccionado (Inegi, 2021), ha tenido, a raíz de la crisis financiera internacional y la pandemia de la COVID-19, una caída del producto interno bruto (PIB) y de los sectores industrial y de servicios (Inegi, 2020). Posee una de las mayores desigualdades en América Latina (Cepal, 2019), es el tercer país con la mayor cantidad de población con altos índices de pobreza y de pobreza extrema (Carvajal, 2021) y con un “59 por ciento de los hogares (...) en algún grado de inseguridad alimentaria” (Laureles, 2021:17). Además, el país tiene una fuerza de trabajo empobrecida, precarizada, con una tasa de desempleo de 12 % en 2017 (CAM, 2018) y el aumento de la informalización del empleo, que en 2019 abarcaba a más de 31 millones de personas, según Inegi (Ordaz, 2019).
Respecto a la violencia, a partir de nuestras investigaciones, hemos advertido un entrelazamiento entre autoridad y crimen, como lo señalamos en el apartado anterior. El Comando Norte de Estados Unidos declaró que en México opera el crimen organizado a nivel transnacional controlando alrededor de 35 % del territorio. Esto genera una inestabilidad que provoca masivas migraciones hacia Estados Unidos (Brooks, 2021:22). A su vez, según el Instituto para la Economía y la Paz (citado en Castillo, 2021:10), “en México (...) la fragmentación de las principales organizaciones delictivas y (...) la proliferación de grupos organizados más pequeños (...) han intensificado la competencia por el territorio, el acceso a las rutas del narcotráfico y el control de las actividades ilícitas” (Castillo, 2021).
Esto ha conducido a que la violencia en México se haya concentrado en la disputa por el territorio para garantizar el tráfico de drogas y que se desenvuelva en dos niveles entrecruzados. Uno tiene un carácter masivo y creciente, que se hizo explícito desde 2006 con la política de “guerra contra el narcotráfico” y después con la “política contra la inseguridad” de Enrique Peña Nieto. Se contabilizan más de 300,000 muertos, de 2006 a 2019; 3,628 feminicidios de 2015 a 2020; alrededor de 3,000 fosas clandestinas, entre 2006 y 2019, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, generando una grave crisis forense; 91,327 desaparecidos, del 15 de marzo de 1964 al 30 de agosto de 2021, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y 346,045 desplazados internos (Inegi, 2021; Cepal, 2019; Inmujeres y ONU, 2020; Infobae, 2021; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2020).
El otro nivel de violencia se caracteriza por el exterminio selectivo. México fue el tercer país con el mayor número de defensores del territorio y del ambiente asesinados durante 2020, según la organización Global Witness; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registra 171 homicidios de periodistas y la desaparición de 23 comunicadores, de 2000 a julio de 2021, y durante el proceso electoral de 2017-2018 se registraron 102 políticos asesinados (Enciso, 2021; Redacción de La Jornada, 2021:5; Etellekt Consultores, 2021). Es así que ese doble proceso de exterminio opera mientras se vive una creciente apertura política.
El proceso del costo humano mexicano
Durante la investigación sobre el costo humano en México de agosto de 2018 a agosto de 2019, hemos hallado y registrado 4,580 acciones con bajas humanas, en 27 de las 32 entidades federativas concentradas principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas; Baja California, Jalisco y Veracruz. La Región Centro ha acumulado más de la mitad del total de los registros (56 %), seguida por la Región Norte (27 %) y la Región Sur (16 %).8
Los tipos de bajas constituyentes del costo humano
La muerte ha sido el efecto abrumador de dos tercios del total de estas acciones, seguida por el “resto de las bajas”. Éste ha incluido, de mayor a menor intensidad, acciones que han efectuado detenidos (890 acciones); heridos (lesionados, torturas, violaciones) (320 acciones); desapariciones (120 acciones); bajas laborales (100 acciones); secuestros (60 acciones); desplazamientos (50 acciones) y extradiciones (20 acciones).
¿Quiénes han recibido el costo humano?
Es amplia la diversidad social de los cuerpos objeto de este conjunto de bajas humanas. En primer lugar, se halla la “sociedad civil” o ciudadanos “no necesariamente vinculados con los procesos de confrontación en el delito organizado” (Equipo Bourbaki, 2011:24),9 que ha recibido 37 % del total de las acciones. En segundo lugar, estas acciones se han dirigido hacia los “desconocidos”,10 que son, “según la prensa, también indeterminados social y políticamente. Presumiblemente son la aureola que rodea al ‘núcleo duro’ del orden delictual” (EB, 2011:24), con 35 % del total de las acciones.
En cambio, las identidades sociales que se esperaría fueran el blanco central de las acciones con bajas (debido a la narrativa política de seguridad que ha explicado la inevitabilidad de la violencia como producto de confrontaciones entre bandas delincuenciales) no lo han sido. La “organización delictual”11 o “identidad inequívoca de individuos organizados del orden delictual, (que) puede considerarse el ‘núcleo duro’ de dicho orden” (EB, 2011:25), ha sido objeto de 14 % del total de las acciones. Los que cumplimentan dicha política hacia la “organización delincuencial” han recibido el restante 14 %, es decir, las “fuerzas armadas”12 o miembros de Seguridad Pública, Ejército y Marina, a nivel federal, estatal y municipal (9 %) y las “autoridades gubernamentales” de los tres niveles de gobierno, incluido el poder judicial (5 %).13
Respecto a los tipos de baja que cada una de estas identidades sociales ha recibido, todas han sido predominantemente objeto de la muerte, sobre todo los “desconocidos” (94 % del total de las acciones recibidas); la “sociedad civil” (64 %) y las “fuerzas armadas” (53 %). En cambio, menos de la mitad del total de acciones del costo humano han sido dirigidas hacia las “autoridades gubernamentales” (37 %) y hacia la “organización delictual” (25 %) (Cuadro 1).
De manera inversamente proporcional a la muerte ha sido el comportamiento que ha seguido el “resto de las bajas”: sus acciones se enfocan de manera predominante hacia las “fuerzas delictuales” y las “autoridades gubernamentales” (75 % y 63 %, respectivamente) y menos de la mitad del total de acciones hacia las “fuerzas armadas” (47 %), la “sociedad civil” (36 %) y los “desconocidos” (6 %) (Cuadro 1).
Al desagregar el “resto de las bajas” ha quedado al desnudo la estrategia de aniquilar físicamente a los “desconocidos”, así como a gran parte de la “sociedad civil”. Ésta, además, ha sido objeto de la mayor cantidad de acciones de desaparición. Por otro lado, la baja predominante que se ejerce hacia las “fuerzas armadas”, las “autoridades gubernamentales” y la “organización delictual” ha sido la detención. Esto apuntaría a que la violencia en México no pareciera ser producto de la confrontación entre bandas delincuenciales, como dictan las diversas políticas de seguridad, sino la resultante de una estrategia dirigida contra la sociedad. Ésta recibe la mayor fuerza de aniquilación junto a los desconocidos, mientras que la mayor parte de las bajas entre quienes están al frente de dichas políticas ha sido la detención, de la misma forma que entre la organización delictual.
Cuadro 1: Identidades sociales según el tipo de baja humana recibida. México (agosto de 2018 a agosto de 2019)
| Identidad/tipo de baja | Muerte | Resto de las bajas |
|---|---|---|
| Desconocidos | 94 % | 6 % |
| Sociedad civil | 64 % | 36 % |
| Fuerzas armadas | 53 % | 47 % |
| Autoridades gubernamentales | 37 % | 63 % |
| Organización delictual | 25 % | 75 % |
Fuente: elaboración propia con base en datos hemerográficos (2018-2019).
Los sujetos responsables de las bajas humanas
Como señalábamos en el apartado anterior, tanto en investigaciones sobre el costo humano en México (EB, 2011; Colectivo Ángela Esperanza, 2013) como en nuestro avance exploratorio se identifican dos grandes dominios interpenetrados que son responsables de este costo: el “dominio del orden delictual” y el “dominio del orden legal”. El “dominio del orden delictual” actúan a partir de la “organización delictual” o el “crimen organizado”, que se conforma por fuerzas armadas ilegales, abarcando una multiplicidad de grupos, cárteles y sujetos armados organizados cuya identidad no siempre ha sido explicitada en la prensa. El “dominio del orden legal” está conformado por “fuerzas armadas” y “autoridades gubernamentales” de los tres niveles y de todos los poderes del Estado. A éstas se suma la llamada “sociedad civil”.
En nuestro estudio, hemos hallado que el “dominio del orden delictual” es el responsable de dos tercios de total de las acciones de costo humano registradas, mientras que el “dominio del orden legal” lo ha sido para el restante tercio del total de las acciones (Cuadro 2).
Cuando observamos el tipo de bajas cometidas por cada ámbito, descubrimos que, aun si ambos son responsables de la muerte y el “resto de las bajas”, su participación en ellas ha sido inversamente proporcional: el “dominio del orden delictual” ha ejecutado la mayor cantidad de las acciones que han ocasionado la muerte (89 % del total de sus acciones), mientras que el “dominio del orden legal” ha sido el mayor responsable de las acciones que han originado el “resto de las bajas” (80 %) (Cuadro 2).
¿Contra cuáles identidades sociales ha actuado cada dominio territorial? Examinemos ahora estas relaciones sociales por cada ámbito de poder.
Cuadro 2: Tipo de bajas humanas según el dominio territorial. México (agosto de 2018 a agosto de 2019)
| Tipo de bajas / cantidad de acciones | Acciones del “dominio del orden delictual” | Acciones del “dominio del orden legal” | Total de acciones con bajas en México |
|---|---|---|---|
| “Muertos” | 89 % | 20 % | 66 % |
| “Resto” de las bajas | 11 % | 80 % | 34 % |
| Total | 100% (3,060) | 100% (1,520) | 100% (4,580) |
Fuente: elaboración propia con base en datos hemerográficos (2018-2019).
Caracterización del “dominio del orden delictual”
El “domino del orden delictual” se enfoca hacia todas las identidades sociales registradas y todas han recibido la muerte, principal baja de la que es responsable. Respecto al “resto de las bajas”, el “dominio del orden delictual” provoca, de mayor a menor intensidad, heridos (40 %) y desaparecidos (30 %), sobre todo entre la “sociedad civil” y las “fuerzas armadas”. La “sociedad civil” es la única identidad que ha sido objeto de este ámbito delictual por desplazamiento (14 %) y secuestro. Esta última baja es la única sufrida por las “autoridades gubernamentales” (16 %). Mientras que la “organización delictual” ha recibido la menor proporción de acciones, todas dirigidas a la aniquilación. Así, la “sociedad civil” es la única identidad social que fue el blanco de la mayor diversificación de tipos de baja humana por parte de este ámbito de poder (Cuadro 3).
Es contundente la prevalencia de la acción del “dominio del orden delictual” en el costo humano y quiénes son sus principales blancos, siendo los menos afectados los que han conformado la cúspide que ha declarado su combate. Entonces, ¿qué papel desempeña en la producción del costo humano el “dominio del orden legal”?
Caracterización del “dominio del orden legal”
Este ámbito se caracteriza por la complejidad de sus sujetos: las “fuerzas armadas”, fueran ejecutoras de 56 % del total de las acciones de este ámbito de poder (Seguridad Pública, 40 %, y el Ejército, 16 %), las “autoridades gubernamentales” (35 %) y, finalmente, la “sociedad civil” (9 %).
Cuadro 3: Tipos de baja humana según identidad social objetivo del “dominio del orden delictual” México (agosto de 2018 a agosto de 2019)
| Identidades/tipo de bajas | Muerte | “Resto” de las bajas |
|---|---|---|
| Desconocidos | 97 % (1,440) | 3 % (40) |
| Sociedad civil | 78 % (900) | 22 % (250) |
| Fuerzas armadas | 82 % (180) | 18 % (40) |
| Autoridades gubernamentales | 91 % (100) | 9 % (10) |
| Organización delictual | 100 % (100) | 0 % |
| Total | 100 % (2,720) | 100 % (340) |
Fuente: elaboración propia con base en datos hemerográficos (2018-2019).
Cada uno de los sujetos del “dominio del orden legal” provoca la muerte y el “resto de bajas”. La “muerte” ha sido ejecutada sobre todo por las “fuerzas armadas” (76 % de las acciones), seguidos por la “sociedad civil” (17 %) y las “autoridades gubernamentales” (7 %) (Cuadro 4).
Acerca del “resto de las bajas” que este dominio ha provocado, predominan las detenciones (73 %), seguidas por las acciones que han provocado heridas (16 %), bajas laborales (8 %), extradiciones (2 %) y desaparecidos (1 %). Las “fuerzas armadas” han emprendido la totalidad de las acciones de desaparición, poco más de la mitad de acciones con heridos y de detenciones y menos de un tercio de las bajas laborales; las “autoridades gubernamentales” efectuaron todas las acciones de extradición, la mitad de las acciones de bajas laborales y un poco menos de la mitad de las detenciones, así como pocas acciones que han provocado heridas. La “sociedad civil” fue responsable de menos de un tercio de las acciones con heridos y bajas laborales.
Cuadro 4: Sujetos del “dominio del orden legal” según la producción de la muerte. México (agosto de 2018 a agosto de 2019)
| Sujetos del orden legal | Muerte |
|---|---|
| Fuerzas armadas | 76 % (230) |
| Autoridades gubernamentales | 7 % (20) |
| Sociedad civil | 17 % (50) |
| Total | 100 % (300) |
Fuente: Elaboración propia con base en datos hemerográficos (2018-2019).
Aunque el “dominio del orden legal” tuvo menor responsabilidad directa en la producción del costo humano durante el periodo de registro respecto al “dominio del orden delictual”, hemos observado que ese costo está amparado por el Estado de derecho. Esto se debe a que es el propio Estado el que ha efectuado la gran mayoría de las acciones de detención, la totalidad de las extradiciones y de las bajas laborales registradas. Además, participa también en desapariciones y en la provocación de lesiones graves (tortura y violaciones).
Lo que resalta es que la sociedad civil ha sido un objetivo prioritario para ambos dominios, constituyéndose en una bisagra entre éstos. Una vez descritos ambos ámbitos de poder, veamos su relación en el proceso de producción del costo humano.
La relación entre los ámbitos de poder
Hemos encontrado que ambos dominios generan la baja más grave de todas: la muerte, además del “resto de las bajas”. El “dominio del orden delictual” es el mayormente responsable, respecto al “orden legal”, en la producción de acciones relacionadas con secuestro (100 % de éstas); desapariciones (92 %), muerte (90 %) y desplazamiento (80 % del total de dichas acciones).
A su vez, el “dominio del orden legal” llevó a cabo la totalidad de las detenciones, bajas laborales y extradiciones. Sin embargo, también fue responsable de más de la mitad del total de acciones que han provocado heridos (53 %), 20 % de las acciones con desplazados, 10 % de las acciones con muertos, 8 % de las acciones de desapariciones.
Cuando relacionamos los dos ámbitos de poder según las identidades sociales hacia las que se han orientado, observamos que han actuado directa y simultáneamente sobre ellas. Mientras el “dominio del orden delictual” ataca a la enorme mayoría de los “desconocidos”, el “dominio del orden legal” lo ha hecho contra la “organización delictual”. Sin embargo, el tipo de las bajas emprendido ha sido diametralmente asimétrico: los “desconocidos” han recibido la muerte, mientras que la “organización delictual”, la detención (Cuadro 5).
Cuadro 5: identidades sociales que reciben el costo humano según los órdenes delictual y legal. México (agosto de 2018 a agosto de 2019)
| Identidad / orden | Desconocidos | Sociedad civil | Fuerzas armadas | Autoridad gubernamental | Organización Delictual |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden delictual | 93 % | 68 % | 54 % | 44 % | 15 % |
| Orden legal | 7 % | 32 % | 46 % | 56 % | 85 % |
Fuente: elaboración propia con base en datos hemerográficos (2018-2019).
Cuando vemos los tipos de baja efectuados por ambos dominios entre cada identidad social, observamos que la “sociedad civil” ha recibido dos tercios del total de acciones del “dominio del orden delictual”, ocasionando sobre todo la muerte, además de la desaparición y el desplazamiento. Un tercio de las acciones ha provenido del “dominio del orden legal”, con heridos, detenciones y bajas laborales, además de contribuir con la más grave de todas: la muerte.
Las “fuerzas armadas” y las “autoridades gubernamentales” han recibido de manera proporcional acciones de ambos dominios, generándoles la muerte el “dominio del orden delictual”. Mientras que las acciones recibidas del “dominio del orden legal” han expresado la existencia de una contradicción en su propio seno, al dirigirse hacia las “fuerzas armadas” (contribuyendo con su muerte, heridas, bajas laborales y detenciones) y hacia las “autoridades gubernamentales” (a partir de bajas laborales, detención y secuestro).
El comportamiento de cada uno de los dos ámbitos de poder ha sido heterogéneo también en las entidades federativas según el tipo de bajas ejecutado. El “dominio del orden delictual” fue el causante de la totalidad de acciones con bajas humanas en seis entidades federativas (Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa y Sonora), manteniendo más de 50 % de esas acciones en otras 22 entidades federativas. Las acciones tampoco se dirigen hacia la misma identidad social. Por ejemplo, en Nayarit ha actuado contra los “desconocidos” y en Tabasco contra la “sociedad civil”. Del mismo modo, el “dominio del orden legal” tampoco se expresa de manera homogénea en el territorio nacional. Así, por ejemplo, en la Ciudad de México y en San Luis Potosí sus acciones fueron dirigidas contra la “sociedad civil”, en Chiapas contra la “organización delictual” y en Nuevo León contra las “fuerzas armadas”.
La investigación sobre el costo humano revela la interconexión entre varios procesos sociales que generan violencia. Se hace cada vez más necesario lograr desentrañar los entramados de las relaciones sociales que subyacen en el costo humano para acercarnos a su significación y a la de las transformaciones que está experimentando la estatalidad mexicana en sus alianzas políticas, militares, económicas y sociales.
Conclusiones
El estudio exploratorio acerca de las características del costo humano en México, de agosto de 2018 a agosto de 2019, se ha realizado en plena coyuntura electoral y una vez más hallamos que el proceso de creciente apertura democrática en el país no ha logrado evitar el exterminio, que, como tal, destruye el conjunto de relaciones sociales que expresan los cuerpos que han recibido las bajas humanas.
Hemos podido desentrañar algunos de los entramados sociales de dicha violencia, como una de las formas en que se expresa el estado de poder del país. Como han advertido diversos autores consultados (Robledo y Querales, 2020; Segato, 2014; Valencia, 2016; Bergman, citado en Villanueva, 2024; Garzón, 2013; Mbembe, citado en Estévez, 2018), en consonancia con el Equipo Bourbaki (2011), dicho estado del poder se caracteriza por la imbricación entre los dominios del orden delictual y del orden legal.14 Ambos son responsables del doble nivel de exterminio que se desarrolla en el territorio mexicano -el masivo y el selectivo-, con la militarización de la política de seguridad, el orden legal, y con la ejecución directa de la mayoría de las bajas humanas, el crimen organizado, y en parte también el mismo orden legal, develando el gran entrecruzamiento de intereses que este proceso encubre. Vislumbramos más una interconexión que una lucha entre Estado y crimen. El poder de esa alianza que se expresa de manera heterogénea en el territorio podría ser la resultante de lucha entre las que se conforman en diferentes niveles territoriales, lo que haría más complejo el proceso del costo humano y algo que amerita ser analizado con mayor detalle por la investigación.
Entre las bajas humanas producidas por ambos sujetos es predominante la muerte, aunque no habría que desdeñar en este proceso ninguna de las demás bajas humanas que producen los dominios del orden delictual y del orden legal (desapariciones; lesiones graves, que incluyen tortura y violaciones; detenidos; secuestros; desplazamientos; extradiciones; bajas laborales por amenaza, entre otras). La observación permanente del proceso constituyente del costo humano podría convertirse en una alerta importante para la política pública, pero sobre todo para las personas, comunidades, pueblos y colonias, con el fin de definir qué hacer de manera específica en cada territorio.
En el año de registro, el orden delictual ha ejercido la mayoría de las acciones de muerte, desapariciones, secuestros y desplazamientos. Mientras que el orden legal ha realizado todas las detenciones, las bajas laborales y extradiciones, así como más de la mitad de las acciones con lesiones, torturas y violaciones, una parte de las acciones de desplazamiento y 10 % de las acciones de desapariciones y de muerte.
En relación con las víctimas del costo humano, el orden delictual ha afectado principalmente a los “desconocidos” y a la “sociedad civil”, infligiendo la muerte, y a esta última, la “sociedad civil”, también la desaparición y el desplazamiento. El crimen se ha dirigido también contra las “fuerzas armadas” y las “autoridades gubernamentales”, provocando su muerte. Por su parte, el orden legal enfoca sus acciones contra la “organización delictual”, las “fuerzas armadas” y las “autoridades gubernamentales”, a partir de su detención. Respecto de las dos últimas identidades, ha efectuado también su muerte, heridas, bajas laborales y secuestro. Sin embargo, el orden legal también ha actuado contra la “sociedad civil”, provocando su muerte, además de lesiones, detenciones y bajas laborales; por lo tanto, la “sociedad civil” constituye una bisagra entre los dos dominios y el blanco de todos los tipos de bajas humanas registradas.
La heterogeneidad en las formas de actuar de ambos ámbitos se manifiesta también en las entidades federativas, que se caracterizan en su gran mayoría por el predominio del orden delictual sobre el orden legal. Sus víctimas predominantes tampoco son las mismas en cada entidad. Éstas dependen de cómo se conformen las alianzas entre el orden delictual y el orden legal.
Este doble proceso de exterminio es susceptible de registro, como lo hemos mostrado, y devela el proceso constituyente de las bajas humanas, sus tipos, además de la identidad social de los sujetos que las realizan y de aquellos que las reciben, como lo mostró diez años antes el Equipo Bourbaki (2011), en el estudio fundacional de este fértil tipo de indagación exploratoria.
Se hace cada vez más necesario desentrañar los entramados de las relaciones sociales que subyacen en la producción del costo humano. Los cuales muestran algunas dimensiones similares al resto de la región latinoamericana, como el carácter transnacional de la participación del Estado y del delito organizado en la operación de los mercados emergentes. Ambos recurren en su defensa y protección con fuerzas armadas legales e ilegales para despejar territorios y desplazar poblaciones. Al mismo tiempo, cuentan con una enorme fuerza de reserva de trabajo criminal y un gran apoyo social, ante la precarización e informalización del empleo. De esta manera, el costo humano puede ser uno de los efectos del proceso de transnacionalización de los ámbitos de poder que se manifiestan en los mercados, muchos de ellos ilícitos.
