Capitalismo dependiente y colonialismo interno

Guerra hacen los capitalistas, nosotros nos preparamos para defendernos. Luis Tiwiram, nacionalidad shuar

Nosotros no tenemos armas, no tenemos plata, no tenemos poder de la justicia. Solamente tenemos un territorio donde vivimos, ésa ha sido nuestra trinchera de lucha, nuestra trinchera de batalla. (...) El ejército nuestro son nuestra gente, nuestro pueblo, nuestras comunidades, pero no un ejército armado con armas, sino un ejército armado con inteligencia y con la fuerza del poder espiritual del shuar que nos da la naturaleza. ^{Pepe Acacho}, nacionalidad shuar

La invasión a nuestro continente provocó uno de los genocidios más grandes de la historia y la interrupción violenta de los procesos civilizatorios de los pueblos que habitaban estos territorios. La imposición de relaciones coloniales fue fundamental para la consolidación del capitalismo mundial a partir del despojo de las tierras y materias primas, además de la explotación de la fuerza de trabajo indígena.

En América Latina se desarrolla una heterogeneidad estructural que hará que se combinen diferentes tipos de relaciones (esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado) en el marco de un capitalismo sui generis, que Bagú definió como capitalismo colonial.¹ Asimismo, las relaciones coloniales configurarán una división de clases que se convierte también en una división étnica.

Posteriormente, con los procesos de independencia política, el destino de nuestras naciones seguirá atado a los designios de la división internacional del trabajo, que dictará a nuestros países la tarea de proveer de alimentos y materias primas a los países centrales. De este modo “la colonia continuó viviendo en la república”, como dijo ^Martí. La condición de dependencia² se engarza con la construcción de Estados nacionales que imponen una identidad definida por una sola lengua, cultura, tradición, historia, bajo una supuesta homogeneidad nacional. Las nacientes repúblicas no sólo no cuestionan las relaciones étnicas de dominación heredadas de la colonia, sino que reproducen un colonialismo interno³ mediante el cual las clases dominantes “rehacen y conservan las relaciones coloniales con las minorías y las etnias colonizadas que se encuentran en el interior de sus fronteras políticas” (González, 2006:416).

Pablo González Casanova plantea que el colonialismo interno opera en el terreno económico, político, social y cultural, evolucionando a lo largo de la historia del Estado-nación y del capitalismo. Si bien da cuenta de cómo los pueblos indígenas son objeto de dominación y explotación, también son fundamentales sujetos de resistencia y liberación.

A partir de la década de 1980, en el marco de la crisis económica, el capitalismo se reestructura generando relaciones de dependencia similares a las del patrón agro-minero-exportador que predominó en América Latina de mediados del siglo XIX a inicios del XX. La división internacional del trabajo otorga nuevamente a los países latinoamericanos la tarea de proveer de materias primas a los países centrales, además de reconvertir las industrias y orientarlas a la exportación. Se genera así un nuevo patrón de reproducción exportador en el que los espacios que no han sido incorporados a la lógica del capital se vuelven claves. Los territorios con recursos naturales como petróleo, gas, minerales o con vocación de uso agrícola, son apropiados por el capital, reeditando el proceso de acumulación originaria que ha significado para los pueblos indígenas violencia, despojo y etnocidio.

Este patrón de reproducción implica la articulación del colonialismo interno con el internacional y el transnacional, moviendo por distintos lados un “frente de invasión” del capital y transformando las relaciones espaciales en todo el mundo. Para González Casanova, en la actual etapa “Colonización internacional y colonización interior tienden a realizar expropiaciones y despojos de territorios y propiedades agrarias existentes, y contribuyen a la proletarización o empobrecimiento, por depredación, desempleo y bajos salarios, de la población y los trabajadores de las zonas subyugadas” (González, 2006:423).

En esta etapa del capitalismo las políticas económicas que responden al patrón de reproducción exportador son cada vez más agresivas y se manifiestan mediante la guerra (abierta o velada) y la violencia que enfrentan los pueblos oprimidos y, en particular, los pueblos indígenas.

En Ecuador se ha impuesto la megaminería en la Amazonía sur a partir de dichos métodos. En el presente artículo, analizamos este caso con las herramientas teórico-conceptuales del pensamiento social latinoamericano, retomando la teoría marxista de la dependencia y la teoría del colonialismo interno. A su vez, la investigación que se presenta es resultado de un trabajo de campo entre 2018 y 2019, en el marco de una investigación doctoral, en el que se utilizaron metodologías cualitativas como la entrevista a defensores del territorio con cargos organizativos y dirigentes indígenas que en algunos casos han sido criminalizados o amedrentados. También se recogieron testimonios de personas directamente afectadas por el despojo y la violencia que ha implicado la concesión y entrada en operación de la minería a gran escala, dos de estos testimonios son anónimos a petición de los entrevistados. Asimismo, empleamos la observación participante, en los siguientes territorios amazónicos de Ecuador: Macas, Gualaquiza, Tundayme, Tsuntsuim y Sevilla Don Bosco.

La violencia del capital

“Sabido es que en la historia real desempeñan un gran papel la conquista, el esclavizamiento, el robo y el asesinato, la violencia, en una palabra”. Carlos Marx

La guerra es inseparable del sistema capitalista, y así como la historia del capitalismo está acompañada de diversos tipos de guerra, la historia de la colonización y del reparto de los territorios es también la historia del despojo, explotación, represión y discriminación, las cuatro ruedas del capitalismo según el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en este sentido, para el subcomandante insurgente Marcos, nos encontramos en una etapa en la que el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera:

La producción de nuevas mercancías y la apertura de nuevos mercados se consiguen ahora con la conquista y reconquista de territorios y espacios sociales que antes no tenían interés para el capital. Conocimientos ancestrales y códigos genéticos, además de recursos naturales como el agua, los bosques y el aire son ahora mercancías con mercados abiertos o por crear. Quienes se encuentran en los espacios y territorios con estas y otras mercancías, son, quiéranlo o no, enemigos del capital (Subcomandante Insurgente Marcos, ²⁰⁰⁷).

Desde la década de 1960 el capital impone en el continente una guerra interna, que en su origen es una guerra contrainsurgente y que en nuestros días se manifiesta como una guerra de conquista de territorios para su reconfiguración y administración. Para González Casanova, “La ‘guerra interna’ muestra, en tanto guerra, que la mayoría de los Estados-nación y sus clases dominantes actúan predominantemente como cómplices o asociados en las acciones contra los pueblos, sin que por ello dejen de existir enfrentamientos entre los Estados-nación de las grandes potencias” (²⁰⁰⁶:429).

Se trata también de una guerra de variada intensidad, a veces oculta, que se vale de la reactivación de guerras anteriores, la generación de nuevas guerras abiertas o conflictos que justifiquen la intervención en los territorios considerados estratégicos para el capital: “los hidrocarburos, los minerales y cada vez más las tierras raras ocupan el lugar central y son objeto de la mayor disputa mundial, orientando los desplazamientos geopolíticos y las guerras” (^{Ceceña, 2017}:2).

Esta guerra de conquista abarca distintas dimensiones de la vida social, no se restringe a las acciones bélicas, echa mano de medidas económicas, políticas, ideológicas, culturales; utiliza medios de comunicación y se vale de métodos de proyección de fuerza o terror para anular las posibles resistencias ante el avance del capital.

En América Latina, la guerra interna, como parte del colonialismo interno, se vale de una justificación civilizatoria mediante la cual los sujetos colonizadores, en nombre del progreso, tienen la legitimidad para apropiarse de los territorios por la fuerza de la razón y si ésta no alcanza, por la fuerza militar, en un nuevo ciclo de conquista.

Como dijimos, se trata de una guerra contra la humanidad, pero hay sujetos sociales que representan grandes obstáculos para la caravana neocolonizadora, los pueblos indígenas, cuya matriz comunitaria es fuente de resistencia para defender la vida. En Ecuador, pequeño país megadiverso, las nacionalidades indígenas han resistido diferentes ciclos colonizadores, defendiendo sus territorios y formas de vida. En la Amazonía, se han enfrentado en distintas ocasiones a la penetración del capital mediante misiones religiosas, caucheros, colonos, compañías madereras, empresas petroleras (a partir de la década de 1970) y megaminería (luego de la década de 1990).

La reestructuración capitalista comienza a operar en Ecuador mediante políticas de ajuste estructural mandatadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde la década de 1980, sin embargo, es a partir de 1990, después de la caída de los precios del petróleo, cuando se multiplican las reformas estructurales que afectarán a la gran mayoría de la población, creando un gran descontento encauzado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que hace del movimiento indígena un protagonista central en la lucha contra las políticas neoliberales (Moctezuma, ²⁰¹⁵:75).

Así, durante la década de 1990, la Conaie encabezó grandes levantamientos que tuvieron la capacidad de derrocar gobiernos y poner en la mesa de discusión nacional las propuestas políticas de los pueblos indígenas, entre las que destacaban la plurinacionalidad, la interculturalidad y la lucha por la tierra y el territorio. Todas estas demandas quedaron plasmadas en la Constitución de 2008, después de un intenso debate en la Asamblea Constituyente, en la que el movimiento indígena y las organizaciones sociales lograron el reconocimiento de Ecuador como un Estado plurinacional, que garantiza los derechos de la naturaleza y el sumak kawsay (buen vivir).

A pesar de los avances constitucionales impulsados por el movimiento indígena y las organizaciones sociales, las leyes secundarias respondieron a un proyecto de modernización capitalista que quedó entrampado en la espiral de la dependencia primario-exportadora, con una economía basada en la extracción petrolera, el agronegocio y el impulso a la minería a gran escala. Si bien, durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador salió de la órbita imperial estadounidense, entró en la dependencia hacia China. Al no transformar la matriz productiva y en un contexto de alza en los precios de las materias primas, reprodujo el patrón exportador de capital justificando el extractivismo como un medio para generar la necesaria “financiación del desarrollo”. Aunque en este periodo hubo una mayor redistribución de la renta orientada al gasto social, no se transformaron las estructuras de desigualdad, explotación y despojo.

Megaminería en ecuador

La megaminería en Ecuador es relativamente reciente y según ^{Sacher (2017}) se puede dividir en tres etapas, las primeras dos durante las políticas económicas neoliberales (1991-2001 y 2001-2007) y la tercera en la etapa posneoliberal, a partir de 2007.

El primer periodo se dio luego de una serie de reformas legales e iniciativas neoliberales en la década de 1990, cuando se promulgó la primera ley minera neoliberal (la Ley 126). Desde entonces arribaron al territorio ecuatoriano capitales estadounidenses que adquirieron derechos de exploración en territorios de diferentes características: selva amazónica, páramos andinos y bosques húmedos. Sin embargo, a finales de la década, las empresas abandonaron poco a poco sus proyectos a causa de una serie de factores económicos, políticos y sociales a nivel nacional e internacional (^{Sacher, 2018}).

A partir del año 2000 el ingreso de capitales transnacionales en este sector tuvo un auge en Ecuador debido a dos factores: por un lado, la consolidación del marco legal minero y, sobre todo, por el llamado “boom minero”, resultado de una coyuntura mundial de aumento de los precios de materias primas y, en específico, de minerales requeridos por China.

De este modo, para finales de 2007, 20 % del territorio ecuatoriano llegó a ser concesionado, es decir, 5,629,751 hectáreas (^{Acosta, 2009}:98) en territorios rurales, de fragilidad ecológica como los páramos, en territorios ancestrales indígenas y en áreas protegidas, esto generó una primera ola de despojos y también de resistencia.

Durante los primeros años de la década, organizaciones indígenas y campesinas, apoyadas por movimientos ecologistas urbanos, se movilizaron para defender su territorio, como los casos de Íntag y Quimsacocha, así como la toma de campamentos mineros en la Cordillera del Cóndor. Esto generó una fuerte represión de los gobiernos neoliberales.

Minería en la etapa posneoliberal

Después del intenso ciclo de lucha y resistencia durante la década de 1990, se abrió un importante espacio de debate y disputa para sentar las bases de una transformación en la Asamblea Constituyente en 2008, en ésta se emitió el llamado Mandato Minero, que consistió principalmente en el cese de concesiones que afectaran nacimientos y fuentes de agua, estuvieran en áreas protegidas y en zonas de amortiguamiento o que constituyeran prácticas monopólicas, entre otros criterios.

El Mandato Minero fue considerado una victoria de los movimientos sociales. Sin embargo, el mismo día en que se expidió, el presidente Correa cortó de raíz esta oportunidad de ruptura con la tradición primario exportadora: el mandatario se reunió con representantes de las empresas más importantes del sector -incluso con el embajador de Canadá-, para asegurarles que el gobierno no se opondría a la megaminería, más bien promovería una “minería social y ambientalmente responsable” (^{Báez y Sacher, 2014}:17).

Lejos de seguir con el espíritu de la Asamblea de Montecristi, el gobierno de Correa marchó en sentido opuesto al mandato minero y, si bien se revirtieron algunas concesiones, no se afectó a las empresas que controlaban los proyectos mineros más avanzados.⁴ Por el contrario, el gobierno impulsó una nueva Ley de Minería que permitió el inicio de la megaminería, inaugurada con el proyecto Mirador.

La resistencia no se hizo esperar, poco después de la aprobación de la ley, la Conaie, junto con otras organizaciones sociales y ecologistas, solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Minería ante la Corte Constitucional y convocaron a la Marcha por la Defensa de la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que se realizó entre el 8 y el 22 de marzo de 2008, a lo largo del país, con la participación de diversas organizaciones que plasmaron sus exigencias en un Mandato Plurinacional, en el que se planteaba, entre otras cosas, la nulidad del contrato del proyecto Mirador y el rechazo a la ampliación de la negociación de las rondas petroleras X y XI, ésta fue una de las más grandes movilizaciones durante el gobierno de Correa. Sin embargo, en su fallo, la Corte Constitucional justificó la aprobación de esta ley sin consulta prelegislativa, una disposición prevista en el artículo 57 de la Constitución (Moctezuma, ²⁰¹⁵:125).

La ley minera aprobada en enero de 2009 abrió las puertas a la minería a gran escala en el país. Con cerca del 4.5 % del territorio nacional concesionado, cinco proyectos mineros a gran escala son considerados estratégicos y 13 más de segunda generación. Todos estos proyectos están en zonas frágiles, con fuertes pendientes, altas biodiversidad y pluviosidad, territorios indígenas, tierras agrícolas y campesinas densamente pobladas, o zonas de importancia arqueológica (^{Martínez, 2013}:175).

Desde 2011, se sentaron las bases para el ingreso de transnacionales mineras, sobre todo capitales chinos y canadienses, además de comprometer la soberanía nacional concesionando territorios fronterizos con Perú. Como parte de la promoción de este tipo de inversión, el Estado ecuatoriano promulgó una serie de normativas y códigos legales, como el Decreto 1619 y el Código Orgánico Integral Penal, que se usarían para criminalizar a los defensores del territorio frente a la megaminería.

Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se impulsó la megaminería como un nuevo motor de la economía que podría reemplazar al petróleo como fuente principal de ingresos. Dado el carácter clave de esta actividad, el gobierno de Correa puso sectores del aparato de Estado al servicio de la minería y de la producción de energía a gran escala, garantizando las condiciones materiales y sociales para la rentabilidad de los proyectos mineros transnacionales, e instalando lo que Sacher caracteriza como un “mineralo-Estado”, es decir, la instrumentalización del aparato estatal al servicio de los capitales megamineros transnacionales.

Los últimos esfuerzos del gobierno de Correa para atraer las inversiones mineras obtuvieron frutos: al terminar su mandato en 2017, 15 % del territorio ecuatoriano se encontraba concesionado, esto es, un aumento del doble de las áreas afectadas por la minería entre el inicio y el fin del mandato correísta. El gobierno puso énfasis en cinco proyectos que catalogó como estratégicos: Mirador-Mirador Norte, Panantza-San Carlos, Fruta del Norte, Loma Larga (ex Kimsacocha) y Río Blanco.

Mirador-Mirador Norte, Panantza-San Carlos y Fruta del Norte se ubican en la Cordillera del Cóndor.⁵ Los dos primeros son proyectos de minas de cobre a cielo abierto en manos de las compañías chinas Tongling y CRCC. El tercero es una mina de oro subterráneo, al igual que Loma Larga y Río Blanco, que son proyectos más pequeños ubicados en la provincia del Azuay.

La actividad megaminera en Ecuador se impuso con un discurso que pretende legitimar el despojo del territorio: “no daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigos en un saco de oro”.⁶ Se recurrió a la práctica colonialista que, con la bandera del “progreso”, justifica el despojo, el desplazamiento y la violencia por “el bien de la civilización” o, en el discurso correísta, “por el bien de la patria”, ubicando a las nacionalidades indígenas como obstáculos para el ansiado “desarrollo”. De tal suerte, no se hicieron esperar medidas coercitivas que han implicado que a nivel local las comunidades enfrenten divisiones, ocupación territorial, desalojos, asesinatos y militarización.

La primera muerte resultado del conflicto minero fue la del maestro shuar Bosco Wisum, en el contexto de la movilización contra la Ley de Aguas en la provincia de Macas en 2009; posteriormente, Freddy Taish fue asesinado a raíz de un operativo militar en contra de los “mineros ilegales” en 2013; después, el 2 de diciembre de 2014, el cuerpo de José Tendentza, defensor de su territorio frente al megaproyecto Mirador, fue encontrado sin vida a orillas del río Zamora, con signos de tortura.

Analizaremos a continuación los dos principales proyectos megamineros de Ecuador ubicados en territorio shuar y campesino de la Cordillera del Cóndor: Mirador y Panantza-San Carlos.

Proyecto mirador

El 4 de marzo de 2012, el gobierno del presidente Rafael Correa firmó un contrato de explotación de una mina de cobre a cielo abierto con Ecuacorriente, una empresa que pertenece al consorcio de empresas estatales chinas Tongling-CRCC, para efectuar por primera vez en el Ecuador la explotación minera a gran escala.

Mirador es un megaproyecto minero de cobre y oro que queda aproximadamente a 1000 metros de altura en la Cordillera del Cóndor, en la zona de frontera entre Ecuador y Perú, al límite de las provincias de Zamora-Chinchipe y Morona-Santiago, en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui. Es actualmente el megaproyecto minero más avanzado del Ecuador. La infraestructura se encuentra en la cuenca del río Quimi, afluente del Zamora, y abarca una parte importante de la cuenca de dos afluentes del río Quimi: el Wawayme (cuyo curso sería completamente transformado por la mina) y el Tundayme (^{Baez et al., 2016}).

(...) el consumo de agua podría sobrepasar los 250 litros por segundo (para hacernos una idea, es lo que aproximadamente se consume en agua en la ciudad de Ibarra cada segundo, una ciudad de aprox. 130.000 hab.; y alcanzaría una generación aproximada de 107.000 toneladas de desechos sólidos diarios, es decir que cada día la mina expulsaría la misma cantidad de desechos que lo que produce la ciudad de Quito en basura doméstica durante dos meses (^{Baez et al., 2016}:9).

La parroquia Tundayme está compuesta por varias comunidades: San Marcos, Valle del Quimi, El Quimi, Machinatza Alto, Chuchumbletza, así como los centros shuar Etsa, Churuwia, San Carlos de Numpaim, la comunidad shuar Yanua Kim y su cabecera parroquial.

Diversos testimonios⁷ de habitantes de la cordillera refieren la manera encubierta en que fue llegando la multinacional china Ecuacorriente a sus territorios. “No decían que iban a hacer minería, que ellos estaban haciendo estudios para ver qué especies hay acá, qué es lo que encuentran (...) nos decían que iban a crear proyectos de ganadería” (entrevista a Sánchez, 2018).

Comenzaron a ingresar a las comunidades entregando balones o capacitando, dando como charlas y dando refrigerios a la gente, diciendo venga, tenga camiseta, pero nosotros no sabíamos quiénes eran porque eran incluso de los ministerios ( ...) venían dando regalitos, venían médicos o por medio del MAGAP, por medio del MIES venían a decir mira tú necesitas esto y venían a decir mira el gobierno de Rafael está apoyando, ve, te está dando el bono (entrevista a ^{Rogeron, 2019}).

En el caso de Tundayme, se utilizaron testaferros para comenzar a comprar tierras “compraron algunas cosas a nombre de ellos, para ellos liderar estos proyectos que hablaban de agricultura y, en cuanto estaba la escritura a nombre de ellos, en días ya estaba la escritura a nombre de la empresa” (entrevista a Sánchez, 2018).

Luego de esta etapa de desinformación y confusión, vino una etapa de división interna en las comunidades: “Hablaban individualmente, nunca socializaban en colectivo, sino que simplemente a un dirigente le cogían y él podía convencer a sus socios” (entrevista a ^{Tiwiram, 2019}); “comienza a expandirse esa compañía, con regalos, les daban pollos, quintal de arroz, vuelos de entrada y salida a la gente que apoyaba” (entrevista a R. ^{Ankuash, 2019}).

Cuando los habitantes corroboran la presencia de la empresa minera, a partir de 2005, se organizan para impedir el proyecto megaminero con protestas que fueron reprimidas. Aunado a lo anterior, el Mandato Minero de la Constituyente y la caída de los precios del cobre hicieron que la empresa ECSA/Corriente Resources paralizara un tiempo sus actividades. Sin embargo, las condiciones favorables que generó el Estado permitieron la continuación del proyecto (^{Báez et al, 2016}).

Posteriormente, a partir de 2012, la ECSA, ya en manos de capitales chinos, empezó un nuevo proceso de adquisición de tierras con el objetivo de ampliar el proyecto. Sin embargo, muchas de las familias que no quisieron dejar sus tierras, fueron demandadas administrativamente por la empresa y desalojadas de manera violenta. En este contexto se conforma legalmente la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor (Cascomi).

Pese a la insistencia y el acoso por parte de la empresa para que los pobladores vendieran sus tierras y se fueran del lugar, Cascomi logró frenar el avance del proyecto por varios meses y la empresa tuvo que recurrir a los juicios por servidumbre para lograr apoderarse de las tierras.

La servidumbre es una figura legal administrativa que consta en la ley de minería, por medio de la cual las tierras que están dentro del proyecto minero y las aledañas a éste son consideradas de utilidad pública, por lo que sus propietarios deben ceder su uso a la empresa minera, a cambio de una compensación económica, durante el tiempo que dure el proyecto. Esto puede ser entre 20 y 50 años (^{Báez et al, 2016}).

De este modo, para que la minera pudiera construir la infraestructura necesaria para la explotación, cientos de hectáreas fueron acaparadas mediante compras fraudulentas, juicios por servidumbre minera y, finalmente, por desalojo violento. La retroexcavadora de la empresa destruyó las casas de decenas de familias de Tundayme y demolió por completo la comunidad de San Marcos⁸ para construir ahí una piscina de relave que almacenara los residuos tóxicos de la mina.

Sin previo aviso y en la madrugada, empleados de la empresa china, con apoyo de la fuerza pública y con presencia de seguridad privada, expulsaron a las familias sin importar que hubiera mujeres embarazadas o personas de la tercera edad. El primer desalojo ocurrió en septiembre de 2015; el siguiente en diciembre del mismo año y, posteriormente, en enero de 2016.

Presentamos a continuación relatos de los desalojos recopilados en Tundayme. Las personas entrevistadas solicitaron permanecer anónimas dado el hostigamiento y amedrentamiento de la minera hacia las y los comuneros que se han opuesto al megaproyecto.

Relato del primer desalojo:

Mandaron sacando a la señora que estaba recientemente dada a luz, a ella la botaron con guaguas y todo a las cuatro de la mañana, jalando a la fuerza afuera. Sin aviso previo, no habían dicho nada. Debían de haber dado un papel firmado, un aviso de que iban a desalojar, pero no dieron nada. Lo que sí, andaban unos días antes, por medio de empleados de la ARCOM⁹ y de la empresa misma habían ido a decirle a mi papá que coge el cheque, coge el cheque.

El desalojo, fue con militares, con policías, con gente de seguridad pagados por la empresa, habían traído gente de Cuenca, habían traído gente pagándole la empresa propiamente a que vengan.

Que usted no tiene que estar aquí, que tiene que irse, que esto es pa la empresa. Ha dicho mi papá (77 años de edad) “yo soy el dueño, yo tengo mis escrituras, yo soy el dueño”, enseguida llegaron de ARCOM coja el cheque y ya váyase, no coge el cheque, lo agarran de aquí del brazo y hasta ahora tiene el dolor del brazo (la entrevista fue realizada dos años después del desalojo). Lo lastimaron duro, lo cogieron de los brazos y lo sacan fuera de la casa. Mientras unos sacaban a mi papá, otras ya habían venido con barretas, con fierros a desarmar la casa, a sacar las tablas de las paredes, a desclavar todo. Solito había estado él (entrevista a X, 2019).

Relato del segundo desalojo, 6 de diciembre de 2015 a las seis de la mañana:

Llegaron la policía, los señores de la compañía llegaron, el Sr. comisario, teniente político del Pangui, otras personas más, los guardias de la compañía (...) Yo estaba enferma.

No hemos sabido nada, no nos han dado nota ni nada. Nos han dicho hoy día cojan el camino y vean a donde van, les hemos dicho cómo vamos a coger el camino así nomás si aquí nosotros vivimos. (...) Estaba lluvioso, nos resbalábamos, nosotros nos hacíamos para atrás, como estoy mal del pie me resbalé y me caí. Un guardia de la compañía es conocido, es el Sr. AP, entró, abrió la puerta y ahí entró con la policía y todo. (...) Se metieron adentro y nos botaron gas, a mi hijo que tenía un niño de un año cinco meses le han botado gas, a la entrada de las puertas. Yo cerraba los ojos sin saber qué hacer, feísimo, una locura. Mi nuera viene y me dice: “A mi niña le han botado gas, está agonizando, la quieren llevar a la Cruz Roja”.

Ladrones, vienen aquí a entrar a la casa botando el gas. Entraron para adentro y ahí sí, entraron e hicieron lo que ellos quisieron, para decir ellos llevaron el ganado. Ya cuando vine yo con el ganado, ya las casas ya las enterraron. ¿Qué el ganado es de su mamá, a dónde le llevan el ganado, a dónde le llevan las cosas? Si ésas son mis cosas, nosotros hemos trabajado para tener esas cosas (...) Todo botaron en el camino, animales, cosas. Yo lloraba, gritaba. Dijimos, y ahora qué vamos a hacer, no tenemos ni adónde irnos a vivir (entrevista a Y, 2019).

Además de esta violencia ejercida a la comunidad que se ha resistido al proyecto minero, no ha cesado el acoso y hostigamiento a los miembros de Cascomi. En 2022, se pretendió despojar de su casa comunal a la organización y en noviembre de 2023, luego de que se denunciara ante la sociedad ecuatoriana los peligros de la relavera del proyecto Mirador y los abusos e irregularidades de la empresa, fue incendiada la casa de Luis Sánchez, comunero comprometido con la defensa del territorio y con el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Proyectos Panantza y San Carlos

Los dos megaproyectos Panantza y San Carlos, se encuentran en manos de la empresa EXSA, también subsidiaria de las chinas Tongling y CRCC. Panantza-San Carlos está menos avanzado que Mirador. Se encuentra en pleno territorio de la nacionalidad shuar. Está conformado por un conjunto de 14 concesiones mineras que abarcan un total de más de 38,549 hectáreas.

Los proyectos Panantza y San Carlos consisten en la excavación de dos tajos de enormes dimensiones en ambos lados y a escasos metros de las orillas del río Zamora. Este proyecto es aún más gigante que Mirador. Se calcula que producirá un total de 178,200 toneladas diarias de desechos sólidos, es decir, 10 veces el volumen de desechos producidos a diario por la ciudad de Quito. Al final de la vida de la mina, el volumen de la relavera de Panantza-San Carlos alcanzará un total de aproximadamente 720 millones de toneladas (^{Báez et al.,2016}:29).

Para poner en marcha la explotación megaminera en este territorio, fue necesario despejar “obstáculos” y controlar la zona, por lo que el Estado ecuatoriano, mediante la fuerza pública, desalojó a las familias shuar de la comunidad de Nankints en agosto de 2016, con una demostración de fuerza y violencia sin precedentes en estos territorios. Más de mil militares del ejército ecuatoriano con tanques de guerra expulsaron a una población de apenas 16 familias para favorecer la instalación del campamento de la EXSA/Tongling-CRCC.

El 11 de agosto de 2016, la comunidad de Nankints fue violentamente desaparecida. En su lugar fue ubicado el campamento minero La Esperanza (nombre que resulta una ironía). Además, otros tres centros shuar fueron ocupados por un operativo militar nunca antes visto en el Ecuador: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados y cientos de militares y policías allanaron varias comunidades, destruyeron buena parte de la infraestructura comunitaria y saquearon las viviendas. Tsuntsuim fue uno de los centros shuar que vivió el desplazamiento forzado, violento e inconstitucional. Los militares ocuparon la comunidad, allanaron las viviendas, quemaron cuatro de ellas, rompieron los postes de luz, enterraron y quemaron los cultivos, se comieron los animales y luego se fueron. Meses después, las familias desplazadas que habían conseguido refugio en otros centros shuar vecinos y solidarios, regresaron (^{Solís, 2018}:160).

Meses después, el pueblo shuar intentó recuperar esos territorios, pero sólo lo lograron por unas horas, pues el Estado ordenó una nueva incursión armada para salvaguardar los intereses de la minera, en el enfrentamiento murió un policía, lo que desencadenó una fuerte represión (Corral y Báez, ²⁰²⁴:8). En diciembre de 2016 el gobierno decretó estado de excepción en toda la provincia de Morona Santiago, militarizando este territorio y suspendiendo, durante dos meses, libertades fundamentales como el derecho de reunión, la libertad de circulación y de expresión. Además, se abrieron procesos penales a más de 70 indígenas shuar.

La violencia avasalladora del Estado al servicio de una empresa transnacional evidenció que Ecuador no estaba en el camino del buen vivir, de la soberanía, ni de la plurinacionalidad, sino en un ciclo de expansión del capital sobre los territorios amazónicos. Tal como plantea González Casanova, el colonialismo interno se acompaña de una guerra de conquista de territorios para su reconfiguración y administración. De este modo, territorios indígenas ancestrales en la Cordillera del Cóndor fueron “despejados” para la obtención de materias primas necesarias para la reproducción del capital chino.

A pesar de los discursos de una “minería responsable”, de un “beneficio para las comunidades locales”, después de cuatro años del inicio de la fase de extracción del proyecto Mirador, la calidad de vida de la población local se ha visto perjudicada. Las personas que han conseguido trabajo en la empresa refieren abusos y un trabajo “duro y feo”. Se han instalado bares y prostíbulos, además de una dinámica de masculinización del territorio que genera desigualdades y violencia hacia las mujeres.

Asimismo, 98 % de la extracción se convierte en desechos tóxicos que permanecerán en el territorio amenazando la vida de la población ante un posible accidente de ruptura de las piscinas de relave construidas en un territorio sísmico y con alta pluviosidad.

Los ríos Tundayme, Quimi y Wawayme se han contaminado con sustancias como arsénico, cadmio o mercurio y dado que estos ríos desembocan en el río Zamora, que se conecta con otros que son afluentes del río Amazonas, el impacto ambiental es transnacional. No se ha proyectado ninguna planta de tratamiento de agua contaminada (Comunálisis, ²⁰²³).

Además de la contaminación que afecta a toda la población, el modo de vida indígena y campesino, basado en la agricultura, ganadería y pesca, se vuelve cada vez más difícil, reeditando los procesos de acumulación originaria, despojando a las comunidades de sus medios de vida para que su única opción sea vender la fuerza de trabajo por debajo de su valor. De este modo, se reproduce una dinámica dependiente en la que se sobreexplota la fuerza de trabajo al interior del país y se cumple con el designio de proveer materias primas para el mercado mundial, atendiendo a las necesidades de producción del capitalismo en detrimento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas y de los trabajadores.

Resistencia y plurinacionalidad

Una demanda histórica del movimiento indígena en Ecuador ha sido la plurinacionalidad, que parte del reconocimiento de distintas nacionalidades como entidades colectivas con una continuidad histórica, formas propias de organización económica, política y social, territorio, idioma, religiosidad, cosmovisión, etcétera (Moctezuma, ²⁰¹⁵:192).

La propuesta de Estado plurinacional se ha desarrollado principalmente en los proyectos políticos de la Conaie y en la propuesta que se entregó a la Asamblea Constituyente de 2008, la cual buscaba materializar la garantía de la libre determinación, así como derechos colectivos e individuales, derecho al territorio, educación bilingüe, instituciones propias, justicia indígena y autogobierno. Además, se planteaba que en Ecuador se debían cambiar las estructuras de poder y redistribuir la riqueza social (Moctezuma, ²⁰¹⁵:193).

Después de un largo camino de lucha, se logró que la Constitución de 2008 reconociera a Ecuador como un Estado plurinacional, orientado a buscar el sumak kawsay (buen vivir), otorgando derechos a la naturaleza, además de una serie de derechos colectivos como los siguientes:

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. (...) 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. (...) 6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. (...) 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; (...) 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral (Constitución de la República del Ecuador, ²⁰⁰⁸, cap. 4, art. 57).

La megaminería en Ecuador viola todos los derechos antes referidos de los pueblos shuar y kichwa que se encuentran en la Cordillera del Cóndor. Ningún proyecto minero ha consultado a las poblaciones. Según ^{Domingo Ankuash}, un dirigente histórico del pueblo shuar, “Cuando un gobierno piensa de esa manera cómo puede construir un Estado plurinacional si sólo mira petróleo, cobre, uranio, minerales, nomás no mira al ser humano, cómo debemos vivir en paz para que desarrolle según su cultura, más bien hay que quitarle su cultura, desaparecer su cultura es lo que piensa”.

Los pueblos amazónicos en Ecuador tienen presentes los 40 años de explotación petrolera en el norte de la Amazonía, que no han dejado beneficios para las poblaciones locales, todo lo contrario, por ello la vieja oferta de que las empresas llevarán trabajo y progreso a sus comunidades no les hace sentido. Su visión de bienestar es otra:

Nosotros no somos enemigos del desarrollo, nosotros somos amigos del desarrollo, sin tierra el pueblo nunca desarrollará, sin la unidad del pueblo no hay desarrollo, que nos vengan los gobiernistas o los capitalistas que digan con dinero es desarrollo es mentira, que digan que con dinero, con cobre, con oro es desarrollo es mentira, que digan que con armas desarrollan es mentira, es todo falso de ellos, sólo para lucrar su dinero, para negociar saqueando nuestra riqueza y para fabricar, hacer bombas para negociar y vender y seguir vendiendo y acabarnos a los pueblos indígenas (entrevista a ^{Tiwiram, 2019}).

Para las nacionalidades indígenas, el territorio es fundamental en cuanto base material de producción y reproducción de la vida, no es un bien mercantil:

No es que nosotros estemos defendiendo bienes económicos, esas cosas no, porque de eso no vivimos, nosotros vivimos de la tierra donde que podemos sembrar, donde que podemos tener nuestros animales, y todos podemos comer. Es algo inseparable para nosotros, la tierra, el río, por ejemplo (...) ésa es la conexión que tenemos con la Pachamama, estamos semlbrando, estamos bañando en el río, estamos andando aquí, ésta es nuestra casa y no se puede remplazar. Esta cordillera genera agua, lluvia, esta cordillera es toda una reserva biodiversa de bosque y sobre todo de especies de animales, aves (entrevista a Sánchez, ²⁰¹⁸).

El territorio es parte de la comunidad y es un espacio de espiritualidad fundamental: “Nosotros conversamos con la selva, todo lo que hay aire, bosque, cascadas, allí todo comulgamos nosotros, ésa es lo que a nosotros nos da fuerza, el poder de trabajo, de todo. Eso no queremos perder” (entrevista a ^{Tiwiram, 2019}).

A pesar de los procesos de despojo y violencia, la lucha en defensa del territorio amazónico continúa y se ha visto reflejada en los levantamientos de 2019 y 2022, en las demandas en contra del extractivismo petrolero y minero que son resultado de un tipo de capitalismo dependiente y de un Estado que reproduce prácticas de colonialismo interno contra las nacionalidades indígenas.

Reflexiones finales

A pesar de los derechos constitucionales que otorga el Estado plurinacional de Ecuador, resultado del largo proceso de organización, movilización y construcción de propuestas políticas del movimiento indígena, el proyecto político y económico del gobierno de Correa, entrampado en la reproducción de un capitalismo dependiente, se orientó a garantizar las actividades extractivas que exigieron despejar los territorios para que los capitales transnacionales pudieran asentarse.

Los impactos de la megaminería en Ecuador ya se dejan ver, además de los aspectos sociales y ambientales que hemos relatado, hay una nueva vuelta en la espiral de la dependencia, pues Ecuador no dispone de la tecnología y maquinaria necesarias para desarrollar las actividades industriales que requiere la minería a gran escala, cuestión que lo hace sumamente dependiente de las inversiones extranjeras y que no dinamiza la economía nacional, pues se trata de una actividad productiva aislada del resto de la economía y dominada por capitales transnacionales que extraen recursos para sus propios mercados (Moctezuma, ²⁰¹⁵:126).

La megaminería en Ecuador es un claro ejemplo del impacto del actual patrón de reproducción exportador que pone al país en la órbita del imperialismo que requiere los minerales de la Amazonía. A pesar de que el gobierno de Rafael Correa dejó de llevar a cabo algunas políticas económicas neoliberales, no desarrolló un proyecto que buscara salirse de los márgenes de un capitalismo dependiente posneoliberal que le permitió la distribución de la renta y de los ingresos provenientes de las exportaciones, implementando una relación asistencialista hacia la población en general y hacia los pueblos indígenas, con mecanismos que amenazan su reproducción como culturas, pueblos y nacionalidades.

En el llamado Estado plurinacional siguieron operando mecanismos de colonialismo interno: despojando violentamente a las nacionalidades de su territorio, subyugándolas con la fuerza del Estado, con la justificación “civilizatoria” del desarrollo, del progreso y “por el bien de la patria”. Además de mecanismos que acrecientan la dependencia o neocolonialismo. Por ello sería más preciso hablar de un Estado pluricolonial que articula el colonialismo interno con el transnacional.

La lucha indígena por el territorio no sólo busca preservar el espacio donde viven, intenta seguir reproduciendo sus relaciones políticas, económicas y culturales; es una lucha por seguir existiendo como pueblos y por plantear relaciones sociales distintas a las que impone el capitalismo.

En el contexto de la crisis civilizatoria actual (económica, política, social, ambiental) la resistencia que emprenden las comunidades en la Cordillera del Cóndor, en ese pulmón del mundo, es de trascendencia humana, es decir, su lucha va más allá de defender su territorio para desplegar su vida y su cultura. Su lucha es parte de una batalla más amplia en contra de un sistema que amenaza con la destrucción de la vida en la Tierra.