Despojo territorial y extractivismo en pueblos indígenas

El primer bloque de textos aborda cuatro estudios de caso sobre procesos de despojo territorial de poblaciones indígenas por proyectos extractivistas de capitales nacionales y extranjeros, en los que los Estados nacionales son cómplices y facilitadores de los procesos de despojo, sea por la adecuación de la ley a los intereses empresariales o mediante la represión de las protestas indígenas.

El primer texto se titula “Si hay montes, hay una riqueza para nosotros, pero cuando terminan con la naturaleza también terminan con nosotros”, de Mariana Wiecko Volkmer de Castilho, Karina Bidaseca, Matías Lustman y Clarisa Neztor, quienes abordan un caso de extractivismo forestal que ha impactado los territorios ancestrales del pueblo mbya guaraní en la provincia de Misiones, región nordeste de Argentina, limítrofe con Paraguay y Brasil, analizando los impactos producidos sobre la selva paranaense nativa por el monocultivo de especies exóticas (que destruye ecosistemas, acidifica el suelo, propicia incendios), y mostrando los efectos que tiene sobre sus habitantes la expropiación de estos territorios por parte de la empresa chilena Arauco. La epistemología que utilizan es relacional en su forma de ver y narrar la naturaleza. Los efectos de los monocultivos de pinos son diversos: medioambientales, sanitarios, alimentarios, de desplazamiento, de reproducción física y cultural. Los pinos sustituyen al bosque autóctono en un proceso prácticamente irreversible, dada la rapidez con la que se extienden, además de modificar el microbioma del suelo. Este artículo aporta un análisis exhaustivo sobre las formas en que el capitalismo exportador de commodities desarrolladas en América Latina desde la década del 2000 impacta al campo político, subordinando los gobiernos nacionales a los centros de decisión del capitalismo global, analizando en este sentido el extractivismo y sus impactos sobre la naturaleza y los territorios, así como los conflictos que produce, recuperando autores como Gudynas, Svampa, Araoz, Acosta y Zhouri.

Las autorías abordan también la problemática relación del Estado argentino con los pueblos originarios y, en especial, con el pueblo mbya guaraní, por el apoyo del primero a la empresa en la “megapinería”, y la respuesta de los mbya en las diversas prácticas de reexistencia puestas en acción para seguir sembrando vidas. Señalan que la importancia de los pueblos originarios en Argentina ha sido negada históricamente y que no fue sino hasta 1985 que inició su reconocimiento con la Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En 2001 se incluyó por primera vez a los pueblos originarios en el Censo Nacional de Población, y el Censo 2010 registró casi un millón de indígenas (955,032), que representan 2.4% de la población total del país. Existen 39 pueblos originarios en territorio argentino, uno de ellos es el guaraní con una gran diversidad de nombres, su autodenominación es ava, que significa “persona”. Sin embargo, no existe todavía una ley que regule la propiedad comunitaria indígena, como establecen los convenios internacionales firmados por el Estado argentino.

El segundo artículo, “¿Ecuador plurinacional o pluricolonial? Megaminería y resistencia indígena en la Amazonía”, de Nayeli Moctezuma Pérez, analiza los efectos de la megaminería en la Cordillera del Cóndor, territorio megadiverso situado en la Amazonía sur de Ecuador, ancestralmente habitado por la nacionalidad shuar y por población kichwa y colonos. A este espacio de gran importancia biológica y cultural arribaron los primeros proyectos megamineros del país, a cargo de capitales chinos. La autora muestra cómo pese a la plurinacionalidad reconocida constitucionalmente en Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael de Correa, asumió como eje de su política el apoyo a la megaminería en contra de los intereses de la población indígena, lo que da cuenta de la disputa civilizatoria en la que los pueblos y nacionalidades indígenas siguen resistiendo desde su matriz comunitaria al Estado-nación ecuatoriano. Moctezuma sustenta teóricamente su planteamiento con la categoría de colonialismo interno propuesta por González Casanova en 1969 y que mantiene su vigencia en el presente, articulado con el colonialismo internacional y el transnacional en el patrón de acumulación capitalista dependiente, transformando las relaciones espaciales en todo el mundo.

Después del intenso ciclo de lucha y resistencia indígena durante la década de 1990 en Ecuador, la Asamblea Constituyente de 2008 emitió el llamado Mandato Minero que estableció el cese de concesiones que afectaban nacimientos y fuentes de agua en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento o que constituyeran prácticas monopólicas, entre otros criterios, lo cual inicialmente se consideró como una victoria de los movimientos sociales, pero el mismo día en que se expidió, el presidente Correa se reunió con representantes de las empresas más importantes del sector para asegurarles que el gobierno no se opondría a la megaminería, sino que promovería una “minería social y ambientalmente responsable”. Frente a ello, en marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Minería ante la Corte Constitucional y convocaron a la Marcha por la Defensa de la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, aglutinando organizaciones sociales en torno al Mandato Plurinacional con 19 exigencias, ésta fue una de las más grandes movilizaciones durante el gobierno de Correa. Sin embargo, la Corte Constitucional justificó la aprobación de esta ley.

El gobierno de Rafael Correa promovió la megaminería para reemplazar al petróleo como fuente principal de ingresos y puso al aparato de Estado al servicio de la minería y de la producción de energía a gran escala, garantizando las condiciones materiales y sociales para la rentabilidad de los proyectos mineros transnacionales, estableciendo lo que se puede denominar un “mineralo-Estado”, es decir, la instrumentalización del aparato estatal al servicio de los capitales megamineros transnacionales. Aunado a lo anterior, un tema creciente en lo que respecta a la defensa del territorio, como queda evidenciado en los siguientes artículos, es el que genera el crecimiento del desarrollo urbano que acecha a los pueblos originarios a partir de la adecuación de legislaciones y la alianza de los gobiernos locales con empresas inmobiliarias, que despojan de tierras y futuro a los pobladores originales.

El tercer artículo, titulado “‘Los fraccionamientos no es progreso...’. Violencia inmobiliaria y racismo en San Andrés Cholula, Puebla”, de Laura Romero López y Mauricio González González, aborda el proceso de despojo que han vivido indígenas nahuas de San Andrés Cholula, territorio ancestralmente habitado por ellos, y el conflicto que se vive entre diversos pobladores y su gobierno municipal, produciendo una violencia inmobiliaria y urbanística que se expresa en la especulación, el acoso (mobbing), la gentrificación, los desahucios, el incremento en el precio de alquileres e hipotecas, los planes de gobierno, etcétera.

Las autorías recurren metodológicamente a la reflexividad de algunos pobladores en torno al propio proceso, a manera de teoría local o teoría etnográfica, donde la agencia epistemológica de los interlocutores configura las ideas centrales del argumento en su conjunto. Romero y González describen el proceso de urbanización reciente de Cholula que, señalan, es consecuencia de la expansión de la vecina ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, que se acelera en la década de 1970 con la construcción de avenidas de acceso y la expropiación de ejidos en diversos poblados para la construcción de un tramo de la carretera Puebla-Atlixco. Con más expropiaciones, la venta ilegal de tierras, por parte de propietarios cholultecas a empresarios, particulares y personas vinculadas con el gobierno, quienes aprovechando la incertidumbre generada por las expropiaciones masivas compraron a precios irrisorios las tierras colindantes a las reservas generando procesos de especulación. Lo anterior ocasionó, entre otras cosas, el desplazamiento de los habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula, la gentrificación, la reestructuración urbana que desplaza de forma paulatina viviendas y espacios de reproducción de las clases desfavorecidas por medio de construcciones, remodelaciones y servicios destinados a clases privilegiadas, siendo un proceso que comienza en un barrio o sector específico y avanza rápidamente hasta que la gran mayoría de los ocupantes iniciales son desplazados, modificando el carácter social previo. Así, se construyen restaurantes, bares, hoteles, tiendas especializadas y centros comerciales para abastecer departamentos y conjuntos habitacionales destinados al turismo y a los nuevos inquilinos, en un régimen de urbanización voraz y desordenada que disputa y mercantiliza el histórico paisaje cholulteca que cuenta con iglesias coloniales, uno de los basamentos arqueológicos y centro ceremonial prehispánico más importantes de América y los espacios habitacionales que aún sostienen las formas vernáculas de existencia.

El cuarto texto es “Los pueblos originarios en la Ciudad de México: de la legislación a la lucha del pueblo de San Sebastián Xoco”, de Alberto López Laredo, quien hace un seguimiento sobre la denominación de pueblo originario en los padrones elaborados por el gobierno de la Ciudad de México de 2011, 2017 y 2023 y sus antecedentes. El autor considera que tal denominación es un campo en constante disputa semántica entre el Estado y los habitantes de pueblos originarios, y que su significado depende de quién, dónde y para qué la emplea. Así, para los pobladores esta denomi-nación es un elemento constitutivo de la identidad de su comunidad, una forma de nombrarse diferente a otros asentamientos, o bien una herramienta de defensa legal frente a la expropiación y despojo de sus tierras, mientras que el discurso del Estado al respecto suele ser cambiante en razón del momento político-económico en el que se encuentra. El autor identifica que en los documentos del gobierno de la Ciudad de México referidos a los pueblos originarios, desde 2007 hasta 2023, se reconoce el derecho a su diferencia cultural, a su hábitat, a su autogestión política comunitaria, a sus sistemas tradicionales, a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo.

De igual modo, construye un cuadro comparativo entre los tres padrones oficiales para identificar qué pueblos mantienen la denominación de originario y cuáles la perdieron. López Laredo considera que el concepto de pueblo originario nace como forma de resistencia y defensa de su cultura, territorio y autonomía frente al poder hegemónico del gobierno de la ciudad; sin embargo, éste fue expropiado y reconstruido institucionalmente, bajo el supuesto de identificar los derechos, además de las obligaciones, de todos los habitantes de esos territorios. Señala que la necesidad administrativa de crear padrones o registros contrasta con el derecho a autoidentificarse como pueblos originarios, y condiciona ese reconocimiento, pues es el mismo gobierno el que decidirá qué pueblo puede portar dicha denominación y, por ende, ejercer los derechos que ésta otorga. El autor muestra que, entre el primer padrón presentado en 2011 y el de 2023, cerca de 100 pueblos fueron desconocidos como originarios y, por lo tanto, privados de sus derechos, menospreciando su historia y tradiciones, quedan-do a merced de las intervenciones privadas o públicas en su territorio. Y observa que la mayoría de los pueblos que perdieron su registro están en las zonas más pobladas de la ciudad, en las que la industria, el comercio y los complejos habitacionales se han apropiado de su territorio, siendo reducidos a unas pocas cuadras o simplemente desapareciendo.

Nuevos órdenes sociales construidos para enfrentar el despojo

Este bloque está conformado por un artículo que analiza la construcción de mecanismos realizados por la ciudadanía frente al despojo de territorios y cómo se crea un orden interno de aplicación de justicia y vigilancia.

En “Vigilar, castigar, disciplinar. Una etnografía del subsistema de seguridad de las autodefensas”, Edgar Guerra ofrece el análisis del sistema de vigilancia, justicia y disciplina del grupo de civiles armados denominados las autodefensas de Michoacán, a partir de la observación etnográfica, y desde la teoría general de sistemas sociales de Luhmann, pues el autor considera que ésta ofrece herramientas conceptuales para abordar la complejidad y contingencia de los grupos armados en Tierra Caliente y permite alumbrar aspectos empíricos interesantes para la sociología de los grupos armados, como son los procesos de diferenciación funcional, la construcción de distinciones adversariales o el uso de medios de comunicación simbólicamente generalizados. El autor señala que el movimiento de autodefensas surgió en Tierra Caliente, Michoacán, en el 2013 con el alzamiento de decenas de civiles que se organizaron, tomaron las armas y se movilizaron para salir a las calles, caminos y carreteras de la región para enfrentar el despojo territorial y la muerte, con el objetivo de liberar a la población de Tierra Caliente de la dominación y expoliación que desde 2005 impusieron los grupos del crimen organizado denominados la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

Guerra propone que, una vez que las autodefensas vencieron en combate a los grupos delictivos y “liberaron” a las poblaciones, comenzaron a ejercer tareas de vigilancia para controlar el territorio. Asimismo, resolvieron cómo castigar a quienes no se alineaban a las estrictas medidas de disciplina que, desde su punto de vista, eran indispensables para proteger a las poblaciones. Y afirma que también afrontaron el dilema sobre qué tipo de medidas punitivas había que tomar ante las personas que fueron capturadas durante los enfrentamientos y que presuntamente integraban a los Caballeros Templarios. El autor se pregunta cómo las autodefensas garantizaban seguridad, impartían justicia e imponían disciplina en los territorios bajo su control, y desde la teoría de sistemas sociales de Luhmann hace una descripción etnográfica de las actividades de vigilancia del territorio, disciplinamiento de la población y justicia ante las atrocidades y argumenta que, dada la captura por los grupos delictivos de las instituciones estatales que debían cumplir la función de proveer seguridad física, patrimonial y jurídica, las autodefensas constituyeron un orden social propio y articularon un subsistema dentro del movimiento de autodefensas que cumplía las funciones de vigilancia, impartición de justicia y de disciplinamiento de los cuerpos.

Las violencias del orden legal e ilegal contra la sociedad civil

Los artículos del tercer bloque analizan algunas de las graves consecuencias que ha tenido el avance del despojo del territorio y los bienes comunes.

En “El doble exterminio por la interconexión entre el orden legal y el crimen. México (2018-2019)”, Myriam Fracchia Figueiredo se pregunta si las tendencias de la producción del costo humano en México, entre agosto de 2018 y agosto de 2019, se mantienen o modifican en relación con las observadas en 2008 por el Equipo Bourbaki (EB) y publicadas en 2011, cuyo estudio se hizo dos años después de iniciada la política de seguridad pública denominada “guerra al narcotráfico” del presidente Felipe Calderón. El periodo de observación elegido por la autora es diez años después del realizado por el Equipo Bourbaki, y coincide con las elecciones de 2018 y los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El Equipo Bourbaki se define como “un grupo de investigadores de diversa proveniencia geográfica y profesional, interesados en conocer qué pasa en México, teniendo como herramienta básica la construcción de conocimiento que permita contribuir a la humanización de nuestro mundo”. En su investigación sobre la conflictividad social y el costo humano en México desde la década de 1990, muestra la existencia simultánea de un doble proceso: el de una creciente apertura política democrática, en que los partidos de oposición al Partido de la Revolución Intitucional (PRI) han ido gobernando, y el de la persistencia de un proceso de exterminio selectivo, independientemente del signo partidario del gobernante en turno.

La estrategia metodológica usada por la autora es el registro hemerográfico del periódico La Jornada, elaborando una base de datos con las 4580 acciones registradas y analizadas con el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Los principales resultados obtenidos de la investigación son que se mantiene la imbricación entre los dominios del orden delictual y del orden legal. Ambos son responsables del doble nivel de exterminio que ocurre en el territorio mexicano -el masivo y el selectivo-, el orden legal con la militarización de la política de seguridad, y con la ejecución directa de la mayoría de las bajas humanas, el crimen organizado y en parte también el mismo orden legal. La autora encuentra más una interconexión que una lucha entre Estado y crimen, en una alianza que se expresa de manera heterogénea en el territorio. Dentro de las bajas humanas causadas por ambos sujetos es predominante la muerte, sin desdeñar ninguna de las demás bajas humanas con que ejercen su poder sobre los cuerpos (desapariciones, lesiones graves, que incluyen tortura y violaciones, detenidos, secuestros, desplazamientos, extradiciones y bajas laborales por amenaza, entre otros).

El último texto, “Acceso a la justicia en México: el caso de las y los ambientalistas asesinados”, de Guadalupe Ortiz Hernández, aborda el tema del asesinato extrajudicial de ambientalistas en México. En él se aportan datos generales sobre el despojo de los territorios en la disputa por los bienes naturales en México y la estrecha relación entre la diversidad cultural y la diversidad ambiental. La base de la investigación son notas periodísticas, a partir de las cuales la autora hace un mapeo de los casos de ambientalistas asesinados en el país a partir del uso de sistemas de información geográfica QGIS y ArcGIS, y crea una base de datos con las fechas de sus asesinatos, territorios que defendían, actores involucrados, hechos e impartición de justicia.

Para avanzar en el análisis, la autora retomó algunos estudios sobre la defensa del territorio y las prácticas de acoso y hostigamiento que enfrentan los ambientalistas, y problematiza cómo este ambientalismo está vinculado, sobre todo, con poblaciones con menores ingresos o en condiciones de pobreza. Una variable importante encontrada en la investigación es la racialización que han enfrentado los ambientalistas en México, aspecto que se puede observar en los casos mapeados, que muestran que los asesinatos se han producido en lugares con mayor presencia de grupos indígenas, campesinos o pesqueros. Otro de los datos que se resalta es la instauración de una pedagogía de la crueldad, que busca desarticular la defensa del territorio y los movimientos sociales que surgen en México, pero que no es exclusiva de nuestro país. El estudio busca mostrar la falta de impartición de justicia por la que han pasado las familias de las y los ambientalistas asesinados. Si bien las prácticas sobre sus casos apuntan al olvido y a la puesta en práctica de una pedagogía de la crueldad y necropolítica por parte del Estado, se trata de poner los casos en la esfera pública para recuperar la memoria y la búsqueda de acceso a la justicia para la no repetición.

Las violencias contra las personas y comunidades que defienden el territorio y la vida

Este dossier ofrece una muestra de las diversas violencias que se ejercen contra los defensores del territorio y de la vida, así como referentes teóricos sobre el tema; ya que en la actualidad desde la academia, si bien hay diversos aportes, éstos se encuentran dispersos, por lo que aquí se proponen algunos acercamientos teóricos que dan cuenta de la complejidad de las interrelaciones entre seres humanos y naturaleza, con lo cual, por un lado, se contribuye a cuestionar el antropocentrismo y las lógicas del mercado y, por otro, se muestra la interdependencia de los seres humanos dentro del planeta. Así como el sentido contradictorio que la ideología del desarrollo tiene para las comunidades y para las empresas. Además, pone en el debate el papel de las legislaciones y los gobiernos.

Un eje central de los artículos que presentamos es reflexionar sobre el papel central de los pueblos originarios en la defensa del territorio en América Latina. Aún queda pendiente continuar con el registro de los movimientos de resistencia que se siguen organizando para la defensa del territorio, con el fin de entender los procesos organizativos y la construcción de alternativas, así como analizar los procesos de reconstrucción del tejido social destruidos por la violencia, el despojo y la depredación del territorio. Si bien con el ascenso de los llamados gobiernos progresistas en América Latina, como los de Lula da Silva en Brasil, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, algunos investigadores analizaron el incremento de lo que denominaron el neoextractivismo, para el caso mexicano, está pendiente entender la interacción y transformación del territorio con los nuevos gobiernos, así como analizar las nuevas dinámicas de explotación de los bienes naturales y las interacciones sociales entre los diversos grupos que habitan dichos territorios.