Introducción

El constante cambio en el que se sumerge la sociedad en la primera mitad del siglo XXI ha ocasionado la aparición de distintos enfoques en lo que respecta a la responsabilidad social (RS), lo que ha supuesto una confusión terminológica derivada de que cada investigador asume la RS desde su propia perspectiva (^{Valor y Hurtado, 2009}). Aunque algunos consideran que el problema principal radica en que estamos ante una teoría relativamente nueva (^{Mullerat, 2010}), autores como ^{Freeman et al. (2010)} argumentan que el problema proviene del uso que se está haciendo del mismo, lo que provoca la pérdida de su significado.

La RS es un concepto amplio y complejo y, aunque hay múltiples definiciones, no hay una clara unanimidad debido a la variedad de temas que aborda (^{Kolk, 2010}). A pesar de su importancia aún carece de una definición generalmente aceptada (^{Green y Peloza, 2011}), por lo que ha de ser entendida como un proceso de integración y mejora continua que busca conciliar el crecimiento y la competitividad combinando a su vez un compromiso permanente con la mejora medioambiental y el desarrollo social. A pesar de encontrar una multitud de definiciones al respecto, el número de conceptualizaciones de RS ha disminuido en los últimos años (^{Kolk, 2016}). A continuación, presentamos aquellas definiciones que se consideran más relevantes.

En un contexto internacional, la Comisión Europea, en su Libro Verde (^{COM, 2001: 4}) y en su Comunicación 2002/347, define la RS como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. Esta publicación supuso uno de los grandes hitos a favor de la RS. En España, el Foro de Expertos en RS constituido en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la define como

además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos, que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivasen de sus acciones. (^{Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005: 7})

Por su parte, la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría define la RS como “el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa” (^{AECA, 2004: 21}).

La importancia de la RS repercute del mismo modo en las organizaciones de las administraciones públicas, por lo que deben llevarse a cabo políticas públicas responsables plasmadas a través de la divulgación de la información, fomentando así su sostenibilidad y transparencia informativa (^{Nevado, Gallardo y Sánchez, 2013}; ^{Navarro, Alcaraz y Ortiz, 2016}; ^{López, 2010}; ^{López, 2006}). La transparencia en la información pública es indispensable para la toma de decisiones y el pluralismo participativo, es decir, suministrar información al público y evitar acciones corruptas, entre otras funciones (^{Shuler, Jaeger y Bertot, 2010}). A lo largo de la literatura podemos encontrar gran cantidad de estudios que analizan la importancia de la divulgación de información a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las administraciones públicas (^{Pacios, 2016}; ^{Garde, Rodríguez y López, 2015}). En los últimos años, uno de los mecanismos de transparencia administrativa que ha ido alcanzando una importancia relevante gracias al uso de las TIC es la divulgación de información a través de los sitios web (^{Chaín, Muñoz y Más, 2008}; ^{Ayuso y Martínez, 2005}). Esta nueva forma de interacción de los gobiernos locales con sus stakeholders, conocida como administración electrónica, e-administración, gobierno electrónico o e-gobierno, dará lugar a un gobierno más eficiente, responsable y transparente (^{García López, 2007}; ^{Bannister y Connolly, 2011}).

Con respecto al ámbito local, la revisión de la literatura pone de manifiesto en los últimos años el incremento de estudios que se centran en el análisis de la información divulgada, ya sea voluntaria, financiera, sostenible o de RS. Centrándonos en estos dos últimos aspectos, encontramos estudios que analizan al grado de divulgación de información pública de los gobiernos locales. Así, en el ámbito nacional, encontramos trabajos como los de ^{Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010)}, que analizan los sitios web de 55 gobiernos locales, realizando una aproximación a la difusión de información sobre RS y la publicación de información económica, social y medioambiental; ^{Prado-Lorenzo, García-Sánchez y Cuadrado-Ballesteros (2012)}, que analizan 78 municipios españoles de más de 100 000 habitantes; García-Sánchez, ^{Frías-Aceituno y Rodríguez-Domínguez (2013)}, que estudian los sitios web de 102 gobiernos locales españoles; ^{Cuadrado-Ballesteros, Frías-Aceituno y Martínez-Ferrero (2014)}, que examinan 102 municipios españoles; ^{Alcaraz-Quiles, Navarro-Galera y Ortiz-Rodríguez (2015)}, que se encargan de analizar 55 gobiernos locales españoles, y ^{Nevado, Milanés y Prieto (2018)}, que estudian 213 municipios de la región de Cáceres.

Por otro lado, en el ámbito internacional, encontramos algunos autores como ^{Frías-Aceituno, Marques y Rodríguez-Ariza (2013)}, que estudian el contenido de 25 sitios web de municipios brasileños, colombianos, mexicanos, portugueses y españoles; ^{Moura, Ribeiro y Monteiro (2014)}, que se centran en la divulgación de información responsable en 60 municipios portugueses; ^{Mir, Chatterjee y Taplin (2015)}, que se encargan de analizar la divulgación de información de 85 gobiernos locales de Nueva Zelanda; ^{Navarro et al. (2015)}, que analizan los sitios web de 21 de los gobiernos locales de países nórdicos; ^{Brusca, Manes Rossi y Aversano (2016)}, que examinan 46 gobiernos locales italianos y 59 españoles, y ^{Hashim et al. (2016)}, que centran su muestra en 98 entidades locales en Malasia, entre otros.

Metodología

El objetivo del presente estudio consiste en analizar la información sobre RS que ofrecen los 50 gobiernos locales que conforman las capitales de provincias españolas a través de sus sitios web, utilizando la técnica de análisis de contenido. De acuerdo a nuestro objetivo, nos hemos planteado las siguientes preguntas de investigación:

La justificación de las preguntas de investigación que planteamos tiene su base en la importancia de la difusión de información pública a través de las páginas web como mecanismo de transparencia administrativa. En los últimos años se han publicado diferentes estudios relativos a la divulgación de información pública por parte de las administraciones públicas, motivado por un crecimiento significativo del interés del ciudadano hacia la transparencia de los gobiernos en materia de RS (^{Nevado, Gallardo y Sánchez, 2013}). Por tanto, en este trabajo planteamos el estudio del análisis de la información divulgada y, concretamente, del grado y de la naturaleza de dicha información.

En relación a la muestra, se eligieron los gobiernos locales de las capitales de provincia de España que, como establece la sinopsis del artículo 141 de la Constitución Española, desde 1927 pasa a tener 50 capitales de provincia cuando Las Palmas de Gran Canaria se separa de Santa Cruz de Tenerife. Los 50 gobiernos locales seleccionados suman un total de 14 833 628 habitantes, resultantes de la revisión de los padrones municipales, según el RD 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017. Se considera, por tanto, una muestra capaz de arrojar resultados significativos respecto al nivel de divulgación de información, puesto que se considera re- levante estudiar hasta qué punto los gobiernos locales de las capitales de provincia están desarrollando una adecuada labor de difusión mediante el uso de las TIC para contribuir a la divulgación de información responsable.

Con el fin de alcanzar los objetivos de nuestro estudio, esta investigación parte de la compilación de datos relacionados con la divulgación de información en materia de RS a través de los sitios web de los gobiernos locales utilizando la técnica de análisis de contenido empleada en investigaciones previas (^{Navarro et al., 2011}; ^{Moneva y Martín, 2012}; ^{Nevado, Gallardo y Sánchez, 2013}; ^{Beuren y Angonese, 2015}; García-Sánchez, ^{Frías-Aceituno y Rodríguez-Domínguez, 2013}). La recopilación de los datos se llevó a cabo a través del acceso mediante el buscador de la página principal de cada ente local entre los meses de enero y junio de 2018. El criterio utilizado para puntuar el nivel de divulgación sobre RS fue asignar a cada indicador una escala dicotómica, es decir, el valor 1 si el ítem es divulgado por el gobierno local estudiado y 0 en caso contrario (^{Nevado, Gallardo y Sánchez, 2016}; ^{Nevado y Gallardo, 2016}; ^{Frías-Aceituno, Marques y Rodríguez-Ariza, 2013}, entre otros).

Para ello, se han utilizado los indicadores propuestos en estudios previos por ^{Nevado, Gallardo y Sánchez (2013)} compuestos por un total de 118 indicadores divididos en cinco ejes de análisis (Tabla 1). Debido a la desaparición de las financiaciones por parte del Fondo de Sostenibilidad hemos adaptado tales indicadores de tal forma que en total disponemos de 115. El resultado, por lo tanto, es el siguiente: el eje de análisis 1 contiene 27 indicadores relativos a información sobre la corporación municipal; el eje 2, 28 indicadores referentes a información social, sobre los ciudadanos y la sociedad; el eje 3 incluye 21 indicadores sobre información económica; el eje 4, 24 indicadores de información sobre contratación de servicios y obras públicas y, por último, el eje 5, que contiene 15 indicadores sobre información medioambiental.

Una vez analizados los sitios web objeto de estudio se elaboran los índices de divulgación partiendo de los propuestos por ^{Nevado, Gallardo y Sánchez (2016)} y ^{Nevado y Gallardo (2016)}, y desarrollados por ^{Carvalho, Gallardo y Nevado (2018)}, con el objetivo de analizar el grado y el tipo de información responsable que los gobiernos locales de las capitales de provincia españolas divulgan. La medición del nivel de información mediante índices se ha llevado a cabo en estudios como los de ^{Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010)} y ^{Navarro et al. (2015)}, ^{Moneva y Martín (2012)}, ^{Gandía y Archidona (2008)}, y ^{Beuren y Angonese (2015)}, entre otros.

En este contexto, se realiza una medición de la divulgación de información en dos niveles. Por un lado, se mide la divulgación por gobierno local en cada uno de los ejes de análisis a partir de un índice de partida (IDGE) y, a continuación, se calcula un nuevo índice con el objetivo de medir la información total en cada gobierno (IDG). Por otro lado, se calcula la divulgación total de cada indicador (IDI), a partir del cual se construye otro para cada uno de los ejes de análisis (IDE) y se culmina con la medición de la divulgación total de la muestra (IDT) (Tabla 2).

Presentación y análisis de resultados

En el Anexo 1 se plasman los resultados obtenidos en los índices de divulgación de información por ítems (IDI). De manera desglosada y partiendo del primer eje de análisis, información sobre la corporación municipal, se puede observar en la Figura 1 que la mayoría de los gobiernos publica la relación de puestos de trabajo (98 %), la Agenda 21 local (98 %) y un “Código de buen gobierno” (98 %). Además, casi todos especifican los datos biográficos y direcciones electrónicas del Alcalde y los concejales (97 %) y publican las Ordenanzas y Reglamentos Municipales (96 %). En contraposición a lo anterior, sólo 2 % identifica los compromisos cumplidos del programa de gobierno e incluye eventos, logros y fracasos durante el periodo de información, y 17 % incluye en su declaración los desafíos y metas para los próximos 3/5 años.

Indicadores eje de análisis 1 (Véase Anexo 1)

Figura 1 Índices de divulgación de información de cada ítem en el eje 1 de análisis (IDI) Fuente: elaboración propia 

En relación al segundo eje de análisis (Figura 2), información social (los ciudadanos y la sociedad), todos los sitios web de los gobiernos tienen un buscador interno en la página web, ofrecen la posibilidad de realizar trámites administrativos, permisos y licencias online, tienen un buzón ciudadano o una sección para quejas y sugerencias, radio municipal y publican noticias destacadas. Sin embargo, ninguna capital divulga el salario mínimo local, no tienen wikis compartidas entre departamentos ni webcams. Además, cabe destacar que 85 % de los gobiernos ofrecen la posibilidad de aportar sugerencias y participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. Por contra, un porcentaje mínimo de sitios web dispone de un servicio de mensajería móvil (2 %) y de un servicio de chat (1 %).

Indicadores eje de análisis 2 (Véase Anexo I)

Figura 2 Índices de divulgación de información de cada ítem en el eje de análisis 2 (IDI) Fuente: elaboración propia 

Del análisis del tercer eje, que corresponde a la información económica, se puede observar en la Figura 3 que 97 % de las webs analizadas disponen de una publicación de modificaciones presupuestarias; 89 % divulga sus cuentas anuales y 88 % publica informes periódicos sobre la ejecución del presupuesto. Sin embargo, tan sólo 18 % informa sobre el endeudamiento relativo.

Indicadores eje de análisis 3 (Véase Anexo I)

Figura 3 Índices de divulgación de información de cada ítem en el eje de análisis 3 (IDI) Fuente: elaboración propia 

En relación al eje de análisis 4, información sobre contratación (servicios y obras), todos los sitios web de los gobiernos tienen un espacio donde publican el perfil del contratante. En España, la nueva ^{Ley 9/2017}, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, plantea incorporar de forma transversal criterios socialmente responsables a la hora de preparar y ejecutar los contratos públicos, por lo que las administraciones públicas han comenzado a elaborar guías y aprobar instrucciones para la implementación de cláusulas socialmente responsables en sus contrataciones. Por este motivo, encontramos obvio dicho resultado. Además, se publica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) (98 %), se informa sobre la composición y convocatorias de las mesas de contratación (95 %) y se publican los mapas y los planos que se detallan en el PGOU (93 %). Por su parte, tan sólo 19 % ofrece información relativa a los gastos derivados de urbanismo o informa del presupuesto total de gastos.

Indicadores eje de análisis 4 (Véase Anexo I)

Figura 4 Índices de divulgación de información de cada ítem en el eje de análisis 4 (IDI) Fuente: elaboración propia 

Por último, en la Figura 5, eje correspondiente a información medioambiental, se puede observar que 75 % de los gobiernos locales difunde iniciativas llevadas a cabo para mitigar impactos ambientales, alrededor de 68 % divulga acciones llevadas a cabo para incrementar el ahorro de energía y 64 % informa sobre actuaciones para promover la sensibilidad de los ciudadanos. Sin embargo, son pocos los gobiernos locales que ofrecen información sobre el grado de reducción de las iniciativas (2 %) y sobre el grado de reducción de ese impacto (2 %). Además, tan sólo 10 % informa sobre el total de gastos e inversiones ambientales.

Del mismo modo, se han calculado los índices de divulgación por cada eje de análisis (Anexo 1) que recogen la aportación de cada eje al índice de divulgación total. En la Figura 6 se observa que el eje más divulgado es el eje de análisis correspondiente a información sobre contratación, servicios y obras (15.30 %), seguido del tercer y segundo eje de análisis, información económica (13.29 %) e información social (13.15 %).

Indicadores eje de análisis 5 (Véase Anexo I)

Figura 5 Índices de divulgación de información de cada ítem en el eje de análisis 5 (IDI) Fuente: elaboración propia 

Figura 6 Índices de divulgación por ejes de análisis (IDE) Fuente: elaboración propia 

Además, se ha analizado el índice de divulgación total (IDT), que indica que el conjunto de gobiernos de las capitales de provincia españolas divulga de media 62.36 % de la información total sobre RS (Anexo 2). Por tanto, se observa una alta divulgación de información, por lo que los gobiernos locales tendrán que mejorar sus prácticas de divulgación tan sólo en 37.64 % para poder alcanzar 100 %.

Con base en los índices individuales de cada gobierno local (IDG), en el Anexo 3 se presenta el ranking de las capitales respecto al nivel de información divulgada. Como se puede observar, Madrid encabeza el ranking con un índice de 83.38 %, seguido de Zaragoza (80.44 %), Barcelona (77.58 %), Alicante (76.10 %) y Guadalajara (74.42 %). Las últimas posiciones las ocupan las localidades de Almería (28.74 %), Pontevedra (31.26 %) y Jaén (40.35 %).

Asimismo, puede apreciarse que tan sólo cinco gobiernos, los tres anteriores seguidos de A Coruña y Girona, divulgan por debajo de 50 % de los indicadores propuestos.

Por último, si observamos la información que divulga cada gobierno local en cada eje de análisis (IDGE) (Anexo 3), comprobamos que los gobiernos locales que más información ofrecen sobre la corporación municipal (eje de análisis 1) son Zaragoza, con un índice de divulgación de 17.04 %, seguido de Barcelona y Alicante, mientras que Madrid (16.43 %), Valladolid, Pamplona, Albacete y Cáceres (16.07 % cada uno) son los gobiernos que más información ofrecen sobre información social, los ciudadanos y la sociedad (eje de análisis 2). En cuanto al tercer eje de análisis, información económica, las capitales que más información divulgan son Madrid y Valencia con un índice de divulgación del 19.05 % y 18.10 % cada uno. Por su parte, los gobiernos locales de Madrid (19.17 %) y Salamanca (18.33 %) son los que ocupan las primeras posiciones en divulgación de información referente al cuarto eje de análisis, información sobre contratación, servicios y obras. Las primeras posiciones en el ranking sobre el eje de análisis 5, información medioambiental, las ocupan los gobiernos de Madrid con 14.67 %, y Zaragoza y Alicante con 14 % cada uno.

Discusión

Los resultados de nuestro estudio, en relación al índice de divulgación to- tal (IDT), que alcanza un valor de 62.36 %, mejoran los obtenidos en otros trabajos previos, como los de ^{Nevado y Gallardo (2016)}, para una muestra de 58 municipios que conforman el Alentejo, en Portugal Continental; los de ^{Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010)}, que analizan una muestra de 55 gobiernos locales españoles, y los de Nevado, Gallardo y Sánchez (2013), para 40 municipios extremeños con población de más de 5 000 habitantes. En estos estudios se manifiestan bajos niveles de divulgación, concretamente el 30.69 %, el 40.42 % y el 19.19 %, respectivamente. Por tanto, y conectando con la primera cuestión planteada en nuestros objetivos, podemos decir que los gobiernos locales de la muestra objeto de estudio divulgan información sobre RS a través de sus páginas web. En relación a la segunda pregunta de investigación, hemos podido constatar, a través del IDT calculado, que las capitales de provincias españolas alcanzan un alto grado de divulgación de información, si lo comparamos con los estudios anteriormente mencionados.

Enlazando con la tercera pregunta de investigación que planteamos, la naturaleza o el tipo de información que se divulga, observamos que los gobiernos locales de las capitales de provincias españolas ofrecen más información sobre contratación de servicios y obras públicas. Sin embargo, en el estudio de ^{Nevado y Gallardo (2016)}, las mayores carencias obedecen a este tipo de información. Este hecho podría justificarse con la entrada en vigor en España, el 9 de marzo, de la nueva normativa en materia de contratación pública, la ^{Ley 9/2017}, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, que plantea incorporar de forma transversal criterios socialmente responsables a la hora de preparar y ejecutar los contratos públicos. Ante esta situación, las administraciones públicas han comenzado a elaborar guías y aprobar instrucciones para la implementación de cláusulas socialmente responsables en sus contrataciones.

Por otro lado, los estudios de ^{Nevado, Gallardo y Sánchez (2013)}, ^{Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010)} y ^{Nevado y Gallardo (2016)} encontraron mayor divulgación en los aspectos sociales y una escasa divulgación en lo que respecta a la información económica y medioambiental. En los gobiernos locales de nuestra muestra, del mismo modo que los anteriores, ofrecen carencias correspondientes a la información medioambiental; sin embargo, encuentran mayor divulgación en la información económica. Consideramos que uno de los motivos influyentes en la elevada información económica que ofrecen los gobiernos locales de nuestra muestra, en relación con los estudios anteriores, podría ser a la aprobación de la ^{Ley 19/2013}, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta ley incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública y reconoce el derecho a la información a los ciudadanos. Como se puede observar en nuestro estudio, existe un alto porcentaje de municipios que divulgan información económica, como las cuentas anuales, los presupuestos y liquidaciones, información sobre ingresos, gastos, en definitiva, información económica clave relativa a aspectos económicos.

Consideraciones finales

El presente trabajo analiza el grado y el tipo de información divulgada por los gobiernos locales de las provincias españolas a través de sus sitios web, contribuyendo al tema de la RS en el ámbito de las administraciones públicas españolas, ya que no existe una normativa legal que guíe a las mismas en su difusión sistemática. Estas lagunas ponen de manifiesto la necesidad de proponer unas guías de RS a los gobiernos locales de toda España, mejorando así los sistemas de información de cara a su difusión a través de sus webs.

En respuesta a las preguntas de investigación que planteamos en nuestros objetivos podemos decir, con base en los resultados obtenidos, que los gobiernos locales de las capitales de provincias españolas divulgan información responsable a través de sus páginas web. Al mismo tiempo, hemos podido comprobar que la información que ofrecen es bastante alta, alcanzando un grado de divulgación de 62.36 %, tal y como muestra el IDT. Por lo que respecta a la naturaleza de la información divulgada, de los cinco ejes analizados y como se ha comentado previamente, la divulgación de información relacionada sobre la contratación de servicios y obras públicas es la más difundida, seguida de la información económica, en contraposición a la de carácter medioambiental, que constituye la menos divulgada. Esto demuestra un mayor compromiso e implicación por parte de los gobiernos locales españoles con las contrataciones públicas y la dimensión económica de la RS, en relación a los aspectos medioambientales.

Destaca de forma notable el compromiso que muestra Madrid, ya que es la capital que más información divulga de todas las analizadas. Madrid, capital del Estado, constituye la capital de provincia analizada más poblada, la cual ofrece un amplio conjunto de servicios del gobierno nacional para su población y para la población del territorio que la rodea, sirviendo de ejemplo para las demás capitales de provincia. Además de Madrid, los gobiernos locales que más información en materia de RS ofrecen son Zaragoza, Barcelona y Alicante, mientras que Jaén, Pontevedra y Almería son los que menos información divulgan.

En relación con las implicaciones de los resultados obtenidos, consideramos que, para el ámbito académico, nuestro estudio contribuye a la literatura ya existente con una muestra superior, lo que supone una mayor explicación de lo que está sucediendo en relación con la divulgación de información sobre RS en el sector público, debido a la escasez de trabajos en esta materia. En cuanto a sus limitaciones, podemos señalar que se trata de un estudio meramente descriptivo, de corte transversal, por lo que no es posible realizar inferencias. Este motivo nos lleva a plantear una nueva línea de investigación encaminada a analizar los factores explicativos del desarrollo de estas prácticas de divulgación, considerando su evolución en el tiempo. Cabe señalar, además, que el trabajo se centra en el análisis de los sitios web, por lo que no muestra la totalidad de las acciones responsables llevadas a cabo por los gobiernos analizados. Debido a ello se propone, además, una ampliación del estudio que aborde los comportamientos socialmente responsables en otros ámbitos distintos al abordado en nuestro trabajo.