Primera: Santos ¿cacique?

Usualmente afirmaríamos que Santos fue un cacique puro y llano. Sin embargo, nuevos conceptos han surgido y, en una segunda reflexión, quizá el término tradicional no sea tan adecuado para este caso. Al mencionar el nombre de Santos, solemos escuchar que fue “el cacique potosino”, como lo han mencionado Rocha Chávez, Falcón, Martínez Assad, entre otros. ^{Carlos Monsiváis (2000)} lo sugiere como el cacique por antonomasia. La primera parada entonces es cuestionarnos si tal conceptualización histórica es adecuada o no.

Vayamos por partes:

José Varela, desde la perspectiva de un historiador político de la España del siglo XIX, propone una definición breve pero sustantiva: “tiranos chicos” […] Paul Friedrich propuso una definición más puntual: “un líder fuerte y autocrático en relación a los procesos políticos locales y regionales, cuya dominación es personal, informal y generalmente arbitraria, y que es ejercida mediante un núcleo central de familiares, pistoleros y dependientes y que se caracteriza por la amenaza y el ejercicio efectivo de la violencia”. Fernando Salmerón agrega a la definición otros elementos: la ilegalidad, el nombramiento y manipulación de las autoridades locales formales y, desde luego, el control de los recursos estratégicos más importantes, que bien pueden ser económicos, políticos o, incluso, culturales. En cualquier caso, Robert Kern y Ronald Dornkart hacen ver, en su propia definición, que el caciquismo es parte central de sistemas políticos oligárquicos, muy piramidales, dominados por una élite heterogénea en donde el poder local del cacique es empleado para cumplir con los objetivos de quienes controlan el poder a nivel nacional (^{Meyer, 2000}).

Los caciques, entonces, actuaron desde un escenario que carecía de estructuras estables y sin la necesidad de cuidar que sus acciones estuviesen enmarcadas dentro de la normatividad. Basaban su poder y organización en el carisma que poseían, los adeptos que conseguían y la muestra de su mando a través de acciones frecuentemente violentas, aunque combinándolas con una relación que bien puede pasar por afecto personal hacia sus seguidores.

^{Alan Knight (2000)} agregó también una serie de características de los caciques, que aquí se resumen:

La tipología de Knight contiene elementos que bien empatan con la manera en la que ejerció el poder Santos; sin embargo, como revisaremos más adelante, las condiciones políticas de la época forzaron a modificar estas características para adecuarlas a nuevos modos autoritarios que ahora tenían que pasar, de entrada, por el tamiz de la legalidad. Así, no consideramos que el modelo presentado para los caciques “puros” sea adecuado para el personaje en estudio, aunque no negamos que este llevó a cabo prácticas caciquiles.

Ahora bien, ^{Victoria Lerner (1980, pp. 375-446)}, ^{Romana Falcón (1988, pp. 265-293)} y ^{Raymond Buve (2003, pp. 19-39)}, entre otros, afirman, que el concepto “cacique” no es inamovible, sino que evoluciona conforme transcurre el tiempo y las circunstancias políticas y económicas cambian. En otras palabras, no podemos tener una especie de listado de características definitivas para clasificar a un personaje como cacique, tal y como lo afirma Knight,⁴ sino que debemos atender el momento histórico preciso en que este tipo de personajes aparecen para aventurarnos a establecer su pertenencia a algún concepto historiográfico.

Aun así, podemos enunciar ciertos rasgos comunes entre quienes ejercen el cacicazgo: el ejercicio autoritario y personalista del poder sobre un territorio y su población; el control político, administrativo y muchas veces militar de determinada zona. Los caciques se instalan en un espacio estratégico y fungen como “guardianes” de la región. Estas características se ven potenciadas cuando se ejercen dentro de un espacio con geografía complicada y de difícil acceso en el cual subsistan la pobreza e ignorancia entre la población. Tales elementos se conjuntaron tanto en la Zona media como en la Huasteca potosina; en la primera se vivió el control absoluto que por años tuvieron los hermanos Cedillo; en la segunda, el mando de la familia Santos. Dentro de este panorama de supervivencia, podemos entonces, para caracterizar la actuación de Santos como gobernador del estado, referir el trabajo de ^{Rogelio Hernández (2015)}, quien integró los liderazgos del estilo santista bajo el concepto de “hombres fuertes” (p. 14).

Según Hernández, los hombres fuertes fueron personas políticamente poderosas al inicio de la época de fortalecimiento institucional que lograron adaptarse a la normatividad y a las estructuras del Estado. Surgieron gracias a la habilidad de adaptarse a los nuevos tiempos y los define de la siguiente manera:

Hombres que ejercieron su poder mediante las instituciones modernas que el sistema fue creando y que paulatinamente fueron fortaleciendo al Gobierno Federal. Eran políticos con poder indiscutible, pero lo desarrollaban mediante sindicatos, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales. Debido a su destacada influencia en los estados, y en más de una ocasión en regiones extensas, estos líderes prestaron importantes servicios políticos al sistema, no sólo controlando disidencias y conflictos locales sino manejando instituciones nacionales, como las cámaras del Congreso y enfrentando a opositores con conflictos federales. Su estrecha relación con las instituciones hizo, de estos líderes, figuras con características tan complejas que hace imposible, a riesgo de forzar las interpretaciones o hacerlas valorativas, calificarlos como caciques (^{Hernández, 2015, p. 14}).

Hernández marca una línea divisoria entre caciques y hombres fuertes, sobre todo por la íntima relación que los últimos tuvieron con las organizaciones del Estado, a diferencia de sus predecesores. Sin embargo, es difícil apreciar que la división sea tajante, ya que, como el mismo texto de Hernández analiza, en casos como el de Santos, Reynoso o Flores Muñoz, aún se detectan prácticas puramente caciquiles.

No obstante, quizá valga la pena asignarles a estos liderazgos el nuevo concepto, reconociendo que el término “hombres fuertes” no es una categoría pura y de rompimiento, sino que vincula un actuar institucionalizado con los usos del pasado. Híbridos como el concepto que los define, si algo supieron estos personajes que provenían de una escuela donde la arbitrariedad y el personalismo eran el sello distintivo de quien ejercía el poder, fue encontrar la manera de adaptarse a las instituciones modernas y mostrar habilidades administrativas que conjugaron bien con su instinto político: “lo que hizo peligrosos a estos hombres fuertes, no fue tanto su poder personal, como su inteligente decisión de observar las reglas de la competencia”.⁵

Efectivamente, los hombres fuertes acataron las nuevas reglas del juego: a diferencia de los caciques tradicionales, se disciplinaron bajo las órdenes del presidente en turno, no se marginaron, no crearon disidencias que los enfrentaran y, de esta manera, se sostuvieron en sus respectivos estados e incluso algunos de ellos trascendieron en el ámbito nacional. Creemos que aquí radica el punto de quiebre entre el concepto tradicional en el caso de Santos, dado que este, lejos de crear o mostrar rupturas o desacuerdos para fortalecerse, entendió que su valía estaba en entrar al servicio del régimen, hacerse útil y de esta manera afianzarse políticamente. A diferencia del modelo de Knight, este estilo de liderazgo tenía una codependencia con el régimen presidencial mexicano que estaba en plena construcción.

De modo contraintuitivo, Hernández sostiene que los hombres fuertes no fueron señal de la supremacía presidencial, sino signo de debilidad del sistema que los necesitó para mantener el orden en ciertas regiones donde el presidente aún no podía hacerlo por sí mismo. En este sentido, encontramos una coincidencia con las figuras caciquiles anteriores a la época en que se iniciaba la vida institucional mexicana. Estudios de personajes similares surgidos antes o durante el porfiriato -como es el caso de la familia Terrazas en Chihuahua- y de los caciques revolucionarios muestran la fragilidad de un sistema que fácilmente podía ser cimbrado. Quienes estuvieron al frente del Gobierno en todos estos momentos optaban por aliarse con los jefes locales, que terminaban convertidos en una especie de tentáculo del Estado. No los enfrentaban, ya que sabían que muy posiblemente sería una lucha perdida. El presidencialismo, entonces, se encontraba lejos de tener la fortaleza que mostró años adelante.

Santos detectó que la supervivencia política dependía de reglas recientemente escritas y supo adaptarse, como lo veremos más adelante, por lo que pudo sobrevivir a varios de sus contemporáneos y mantenerse políticamente vigente al ajustarse a los nuevos tiempos; por tanto, el concepto “cacique”, no necesariamente resulte adecuado en este caso. No dejamos de lado, por supuesto, las prácticas caciquiles en las que incurrió, pero sostenemos que, de haber sido un cacique en el estricto sentido del término, su influencia política hubiese sido menos prolongada. Lo que le ayudó a conservar su poder, independientemente de los cargos públicos que ocupó, fue que se sometió a las nuevas maneras de gobernar, las cuales incluían la institucionalización de prácticas, encuadres legales y normativos y una relación de cooperación constante con la presidencia de la república.

Segunda: Santos gobernó como quiso

Con la expresión “como quiso”, nos referimos a que, si las condiciones hubiesen sido distintas y la institucionalización del país no hubiese estado en pleno desarrollo, Santos no se hubiese tomado la molestia de realizar, como veremos, una serie de movimientos normativos a la vez de la creación de instituciones que arroparan su actuar como gobernador. Dentro del contexto de los hombres fuertes, Santos no podía manejarse como agente libre. Más bien, tenía que crear un escenario formal e institucional como la época lo requería. Para que Santos actuara con libertad, necesitaría una estructura legal bajo la cual arroparse, ya que ni siquiera él, un gobernador con incuestionable poder propio, sería sostenido por el presidente, aun siendo su amigo, si contradecía la política nacional. Era necesario despojarse del ropaje caciquil y enfundarse en otra vestidura.

Así, los discursos santistas comenzaron a manifestar su convicción en el estricto actuar conforme a la ley. Justificadamente puede dudarse de su sinceridad; los mensajes más bien mostraban una disciplina hacia la política presidencial, respetada sólo por ser necesaria para su subsistencia.

De entrada, el ajuste hacia lo legal comenzó poco antes de la elección. Previo a la campaña para gobernador en 1943, a mediados de año y de manera sorpresiva -ya que se esperaba hasta finales de ese año- se organizó la elección de diputados locales. La intención de formar una legislatura con tanta prontitud se debía a que Santos quería que el estado se acompasara con la reforma federal que permitía que el poder ejecutivo se extendiera por un periodo de seis años.⁶ Hasta entonces, la Constitución local de 1917 regulaba que el gobernador iniciaría sus funciones el 16 de septiembre, que duraría en su encargo cuatro años y que no podía ser reelecto.⁷

Este movimiento se realizó como parte de la preparación previa en la que Santos comenzaría a regular. El movimiento, sorpresivo e impredecible, tomó a la incipiente oposición desprevenida y el Congreso quedó conformado por diputados del Partido Nacional Revolucionario (PNR) afines a Santos.

Cumpliendo con la tarea, el decreto 9 del 11 de mayo de 1943, publicado por la XXXVII Legislatura, amplió de cuatro a seis años el periodo del gobernador. El nuevo artículo 48 estableció también el principio de no reelección para el cargo, además de establecer ciertas provisiones en caso de tener que nombrar gobernador sustituto o provisional (^{Vázquez y Lomelín, 2010, p. 14}).

A continuación, la legislatura se encargó de regular las atribuciones del gobernador, cosa que ocurrió en la reforma del 2 de noviembre de 1943. Las facultades del poder ejecutivo señaladas en el artículo 56 fueron amplísimas y autorizaban que el gobernador interviniera en prácticamente todos los asuntos de la vida pública del estado. Entre ellas estaban facultades naturales al puesto, como nombrar y remover a sus colaboradores, pero también se le otorgaba una autoridad amplísima para separar del cargo, sancionar y suspender el sueldo a los servidores públicos cuando, a su juicio, incumplieran con sus labores, facultad que se extendía hasta consignarlos a las autoridades o formarles causas de otra naturaleza en su contra (^{Vázquez y Lomelín, 2010, p. 14}).

De igual forma, el gobernador podía inspeccionar personalmente todas las oficinas públicas, lo cual no tendría nada de raro si dicha facultad se limitara a las del poder ejecutivo; pero esta prerrogativa se extendía incluso al poder judicial, en donde podía “excitar” a los funcionarios para cumplir con una correcta administración de justicia y, derivado de las visitas a tribunales menores -que podría realizar por sí mismo o por interpósita persona-, hacer del conocimiento del Supremo Tribunal de Justicia algún abuso o irregularidad que detectara.

El gobernador, por su parte, sólo debía entregar una “memoria” al Congreso el día en que se instalara la legislatura, resumiendo el estado que guardara la administración. La redacción de esta fracción omite la palabra informe, que implica la rendición de cuentas frente a alguna autoridad, y utiliza “memoria” como si el documento entregado fuese una concesión generosa y no una relatoría obligatoria de las obras y acciones del gobierno. Tampoco permitió que los diputados cuestionaran el contenido de la memoria, ya que era potestad del gobernador enviar al secretario general a informar (en esta fracción sí se usa el término) al Congreso de los asuntos relacionados con la administración pública del estado.

De igual manera, la reforma quitó a la legislatura estatal la facultad para calificar las elecciones municipales y transfirió dicha atribución al procurador de justicia del estado, quien dependía, por supuesto, directamente del gobernador. En su primer informe de gobierno, Santos alegó que dicha reforma se hizo para “garantizar el mayor respeto a la voluntad popular, eliminando el factor político a la calificación de las elecciones”.⁸ Sin embargo, es evidente que ese “factor político” quedaba ahora en manos del propio Santos. En el nuevo proceso, la demanda de nulidad en las elecciones debía ser tratada a solicitud de partes por el procurador, bajo pretexto de “reducir el problema a su aspecto netamente legal, encomendándose su resolución a un funcionario que, para desempeñar su cargo, [debía] llenar los requisitos [exigidos] para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia” (^{Vázquez y Lomelín, 2010, p. 14}).

Llaman la atención en especial las atribuciones que se le concedían al gobernador respecto a los ayuntamientos, los cuales podía incluso presidir cuando lo creyera necesario, por supuesto, “a fin de proveer al bien y necesidad de los pueblos”, como lo señala la fracción V del artículo 56 de la Constitución del estado (^{Vázquez y Lomelín, 2010, pp. 14-15}). Al no marcar causas específicas bajo las cuales se darían tales intervenciones, se daba un amplio margen para que Santos decidiera, por ejemplo, entrar en sustitución de algún presidente municipal que le resultara incómodo, pretextando cualquier causa -también indefinida- que tuviese que ver con el bien del municipio.⁹

La redacción del artículo 56 está plagada de frases que dan pie al uso discrecional de las atribuciones establecidas en el numeral: “según lo estime conveniente”, “cuando lo crea necesario”, “cuando juzgue conveniente”, fórmulas que se repiten para dejar en una zona de ambigüedad las áreas delicadas del ejercicio del poder (^{Vázquez y Lomelín, 2010, p. 14}).

El sexenio continuó con el ímpetu legislativo con el que inició. Durante el primer año de gobierno, el ejecutivo envió una veintena de leyes y reglamentos al Congreso del estado.¹⁰ La misma intención continuó por los cinco años siguientes, haciendo hincapié en la mejora económica del estado, pero también en la creación mediante decreto de patronatos para la construcción o remodelación de obra pública clave en el sexenio, como el Hospital Central, la remodelación del Teatro de la Paz, la construcción o remodelación de mercados y la construcción de la Escuela Normal del Estado.

Ahora bien, todas estas atribuciones ciertamente daban a Santos un control absoluto y discrecional del estado, con lo cual podríamos afirmar, en primera instancia, que gobernar fue un ejercicio donde lo único que valía era la voluntad del político; pero en este caso, queremos hacer notar que, a diferencia de los cacicazgos tradicionales, hubo que revestir esas facultades dentro de la ley, incluso de la propia Constitución estatal. Los tiempos obligaron a que, en lugar de realizar las acciones a mero gusto, debía ceñirse a la directriz presidencial que demandaba apego a la legalidad y a las instituciones, cosa que en otro momento y contexto no hubiera sido necesario. La diferencia es sutil pero importante, dado que indica que México dejaba atrás la época de los mandatos discrecionales para otorgar mayor peso a la ley, o por lo menos esa era la intención del presidente Ávila Camacho. Sin embargo, el camino aún estaba muy al principio, pero muestra hacia dónde se enfocaba en ese entonces el futuro del ejercicio de gobierno. Santos se apegó a esta voluntad más por conveniencia que por otra cosa, pero tal situación le permitió diferenciarse de otros tipos de liderazgo que se enfrentaron a la intención presidencial e incluso la desafiaron. Estos, eventualmente desaparecieron, mientras que Santos tuvo años después relevancia política y peso en la región.

Tercera: Santos se “mandaba solo”

A estas alturas, y en el contexto ya mencionado, no es desacertado afirmar que Santos no podía “mandarse solo”. Tenía sobre él la todopoderosa mirada presidencial y, además, una resistencia pública que se había hecho patente desde antes del inicio de su campaña.

A finales de 1942, comenzó a circular el rumor de que Gonzalo N. Santos sería el candidato a la gubernatura por parte del PNR y que, además, su candidatura sería de unidad. Este no había perdido contacto con el presidente, al contrario, desde finales de 1941 se intensificaron los encuentros personales con Ávila Camacho, quien recibía a Santos sin mayores trámites.¹¹ Pero, aun teniendo al presidente y al Congreso local de su lado, hubo dos sectores que inmediatamente manifestaron su rechazo: el obrero y el estudiantil.

Los primeros en hacer público su descontento fueron los estudiantes, ya que se había publicado una nota afirmando que estos respaldaban a Santos. Inmediatamente la nota fue desmentida.¹² Al tomar más fuerza los rumores sobre la candidatura hicieron un llamado apelando a la sensatez del presidente a través de un valiente desplegado público:

La juventud universitaria no podía permanecer al margen de algo que significa el aseguramiento de la prosperidad de nuestra provincia, el respeto para la vida humana, la extricta [sic] administración de justicia, en una palabra, la tranquilidad del Estado Potosino, que sólo puede obtenerse con una sola fórmula, HONRADEZ Y CAPACIDAD EN LOS ENCARGADOS DE LA COSA PÚBLICA.

GONZALO N. SANTOS no posee ni una, ni otra. Su vida pública como Dip. y Senador está plagada de crímenes sin cuenta y el estudiantado conserva vivo aún el recuerdo del brutal asesinato de Capdeville efectuado por él y sus corifeos en las circunstancias más asquerosas y cobardes; actos de esta naturaleza abundan en el haber del que tratan de presentarnos como Candidato a Gobernador, bastando mencionar los alevosos asesinatos del estudiante Martín del Campo en México y el Lic. Juan V. Torres en San Luis Potosí.¹³

Finalmente, hacían un llamado a los universitarios de México para reaccionar ante el que llamaron “el enemigo número uno del estudiantado”.

El Bloque de Mineros Metalúrgicos también se manifestó en contra de Santos a través de un desplegado que repudiaba su candidatura. Los mineros afirmaban que oscuros intereses pretendían comprometer el prestigio del presidente, haciéndole creer a la ciudadanía que este apoyaba a Santos, a quien tachaban de desleal cedillista. Pedían para San Luis un candidato honrado y acorde con los tiempos de guerra por los que el país atravesaba.¹⁴

Aunque en la prensa potosina no se encuentran indicios de inconformidad contra la postulación de Santos, salvo las ya mencionadas, sí hubo severas protestas enviadas al presidente de la república.

Para inicios de marzo de 1943, el Partido Político Potosino Ponciano Arriaga hizo llegar un documento a Ávila Camacho en el cual le referían que, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, con respeto ponían a su consideración una terna conformada por el general Tito Ferrer Tovar, el licenciado Franco Carreño y el coronel Rafael Santos Lazcano para ocupar la titularidad del poder ejecutivo del estado, todo con el objeto de evitar la imposición de Gonzalo N. Santos como candidato a gobernador. Esta agrupación política estuvo presidida por Amado M. Flores y el secretario de la organización fue Jorge L. Ugalde, de Rioverde, quien también presidía la Liga de Comunidades Agrarias de la República en ese municipio y, a través de esa institución, protestó por la candidatura del huasteco.¹⁵

Para mediados del mismo mes, Ávila Camacho recibió una carta del capitán primero de caballería Amado M. Flores Negrete, quien le advirtió que el estado de San Luis Potosí repudiaba a Santos, por lo que, de resultar electo, tendría el descontento de todo el pueblo potosino.¹⁶

Aunado a esto, el 21 de marzo el Partido Revolucionario de Guerrero “José Rangel”, una organización política local de Villa Guerrero -justo donde Santos tenía sus propiedades-, comunicó al presidente que “si triunfa Gonzalo Santos en los comicios electorales que se avecinan como gobernador del estado, [los ejidatarios] emigrarán a otros estados donde encuentren garantías que el mencionado candidato no sabrá darles”.¹⁷

Para abril se evidenciaron abusos por parte de Santos y le exigieron al presidente garantías para los ejidatarios. Acusaron al precandidato de haber ordenado encerrar a dos campesinos de Villa Guerrero en el enclave Santista, ya que “por el sólo hecho de no apoyar a Gonzalo N. Santos han sido víctimas de las autoridades del lugar, como demuestra la detención de Juan y Felipe Tinajero, vecinos del lugar, detenidos desde hace 40 días sin que se les haya comprobado delito”.¹⁸

Las manifestaciones en contra llegaron incluso desde otras demarcaciones. Retomando un discurso que el presiente Ávila Camacho pronunció el 22 de febrero de 1943, en el cual pedía a la ciudadanía que denunciara a los funcionarios que desprestigiaran su gobierno, el Comité Regional de Acción Nacional en La Laguna envió desde Torreón, Coahuila, un telegrama en que pidieron acciones penales en contra de Santos, “por ser que todo México lo conoce de asesino”.¹⁹

Las muestras de oposición disminuyeron para finales de 1942 y principios de 1943, quizá porque ya sonaban otros dos precandidatos: el general Genovevo Rivas Guillén y el teniente Rafael Santos Lazcano, quien, como vimos, formaba parte de la terna que propuso el Partido Político Potosino Ponciano Arriaga.²⁰

Santos fue muchas cosas, pero no tonto. Al tomar posesión del cargo, sabía que su nombramiento era cuestionado y que, de no atender la situación, su gobierno podía volverse un verdadero dolor de cabeza. Así, actuó inteligentemente tratando de, en primera instancia, mandar un mensaje institucional y de inclusión. Gobernaría para todos. En segundo lugar, fue cuidadoso al elegir a su equipo de trabajo.

^{Javier Auyero (1999, pp. 297 y ss)} identifica tres zonas de influencia indispensables para el sostenimiento de los liderazgos caciquiles. Por un lado, habla de un círculo íntimo (inner circle), formado por personas que gozan de la plena confianza del líder. Este espacio lo ocupan miembros de su propia familia y amistades con una historia compartida desde años atrás.

El segundo grupo lo conforma una especie de parientes por elección, un grupo de amigos cercanos que muchas veces iniciaron la relación con el hombre en el poder debido a que los auxilió en cierto momento crítico de su pasado. Esta ayuda es usualmente percibida como bien intencionada y sin motivos ulteriores, y estrecha los lazos emocionales y directos con el líder.

En tercer término, existe un círculo ajeno a esta intimidad (outer circle), pero igual de necesario, conformado por clientes eventuales que necesitan y se benefician de las gestiones o posición del líder, pero sin lazos emotivos que los aten a este.

Al grupo de personas con las que formó su gabinete, aunque no fueran parte de la familia o amigos de antaño de Santos, es al que llamaremos círculo íntimo, ya que sus integrantes, a fin de cuentas, fueron los elementos sustantivos que permitieron que el sexenio concluyera en su totalidad y exitosamente, permitiendo que Santos brillara como mandatario. Si bien es cierto que esta postura se aleja un tanto de la definición del término que Auyero presenta, se considera que en este caso la representación de intimidad es válida, ya que, aun sin elementos sentimentales o emotivos, sí se estableció un lazo con ellos que para Santos resultaba aún más importante: la intimidad política necesaria que garantizó su supervivencia como gobernador. En este círculo podemos mencionar a Luis Noyola (secretario general), Nicolás Pérez Cerrillo (oficial mayor), Ismael Salas (tesorero), Florencio Salazar Méndez (director de educación), Rocha Cordero y Martínez de la Vega. Noyola, Rocha y De la Vega no eran amigos del gobernador, pero sí eran personas inteligentes, moderadas, instruidas y le ayudarían a establecer un vínculo con los sectores académicos, empresariales e industriales, donde Santos sabía que no era bien visto. Sus nombramientos no fueron pagos de cuotas, ni despliegue de afecto, fueron utilitarios. En el caso de Pérez, Salas y Salazar, sí había historia de por medio, lealtades y deudas. Eran sus incondicionales y como tales se comportaron.

En un segundo grado de cercanía podemos ubicar a quienes no formaron parte del gabinete del poder ejecutivo, pero que ocuparon puestos que también fueron necesarios para mantener la gobernabilidad. Me refiero, por ejemplo, al presidente municipal de la capital y algunos funcionarios de ese nivel que facilitaron la ejecución de obra pública en la ciudad; también a unos cuantos diputados locales y federales y a los rectores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el mismo grado se encuentran los llamados “gargaleotes” de Santos, es decir, los hombres que figuraron como su brazo armado, pistoleros, guardaespaldas. Algunos de ellos sí ocuparon puestos dentro de la estructura formal, como jefes de la policía o encargados temporales de las arcas públicas. Aquí podemos mencionar, entre otros, a Ignancio Gómez del Campo (presidente municipal), Antonio Prieto Laurens (director de obras municipales), Arturo Medina (presidente municipal de Ciudad Valles y luego de la capital) e Ignacio Morones (rector).

Un tercer nivel de interacción se aprecia en el sexenio: la clase alta y empresarial a quienes, de haber sido posible, Santos hubiera preferido no involucrar en absoluto durante su gobierno. Hacia la clase alta tenía un desprecio patente que se comprueba en varios pasajes de sus Memorias, donde los llama despectivamente “los curros de la Lonja” y sitúa como su antítesis. Estos eran personas nacidas en la capital, educados en colegios particulares y religiosos -como el Sagrado Corazón, a cargo de las monjas de la misma orden, o el Instituto Potosino, dirigido por los hermanos Maristas- que posteriormente acudieron a la universidad. Muchos de ellos, además, vivieron en el extranjero, pero no como el propio Santos lo hizo, a costa del erario y tardíamente, sino con los recursos de sus adineradas familias. Además, eran ricos desde generaciones atrás, no “nuevos ricos”, y sus apellidos eran “de abolengo”, reconocidos incluso a nivel nacional. Varios de ellos, además, habían sido porfiristas recalcitrantes, enemigos de la revolución.

Sin embargo, por más que tuviera un desprecio personal y añejo, los necesitaba: los “curros” eran dueños de las empresas, de grandes extensiones de tierra, de los ingenios, de los ranchos ganaderos, de las minas, de los periódicos. La economía del estado no podía funcionar sin ellos ni Santos podría gobernar relegándolos. Así, este grupo se convirtió en “los necesarios”; como, por ejemplo, los miembros de la Cámara Nacional de Comercio e Industria del Estado, presidida por Filiberto Herrera, y de la Cámara de la Industria de la Transformación, liderada por Francisco de P. Cabrera.

Los Santos comenzaron a ser incluidos en los eventos sociales más importantes, por ejemplo, la instalación de la primera piedra del Club Deportivo Potosino, que sería el nuevo espacio de la elite capitalina.²¹ A cambio, los empresarios tuvieron una participación real en la política de crecimiento industrial y económico del estado, es decir, fueron escuchados y tomados en cuenta y se vieron favorecidos a través de algunas de las leyes que se publicaron en el sexenio.

Está, por ejemplo, el claro caso de la Ley de Fomento Industrial, que exentó el pago de 99% de los impuestos a las empresas nuevas o necesarias; o, como ya se mencionó, la publicación de leyes que abrieron la puerta para que el sector empresarial desarrollara proyectos económicamente ventajosos.²² A Santos le convenía tener una buena relación con los empresarios, ya que estos le zanjarían el camino en su gobierno y le ayudarían a generar empleos, pero también el trato era provechoso para los empresarios que, por un lado, participarían en las obras del sexenio -lo que les generaría ganancias- y, por otro, participarían en las decisiones del estado.

Finalmente, Santos procuró involucrar a miembros de prácticamente todos los sectores, otorgándoles funciones honoríficas e invitándolos a las mesas de los múltiples consejos, comités y patronatos que se crearon en el sexenio para impulsar temas y obras específicas. Esta táctica, en su momento novedosa, resultó efectiva. Los comités se llenaron de ciudadanos que, de otro modo, pudieron haberse resistido al estilo de Santos, pero, en su lugar, cooperaron porque obtuvieron un papel por desempeñar. Así, profesionistas reconocidos, damas de la alta sociedad, empresarios, académicos y comerciantes, trabajaron activamente para que el proyecto santista se concretara.

Una interesante estrategia, constante durante el sexenio, fue la creación de diferentes juntas, patronatos y comités para prácticamente cada tarea de gobierno. Estos comités estuvieron formados de manera mixta, es decir, por servidores públicos y por ciudadanos sin cargo que se involucraban de manera honorífica.

Por ejemplo, la Junta de Planeación y Urbanización²³ fue conformada por empresarios, constructores y arquitectos. Estos pudieron realmente aportar sus ideas sobre el desarrollo de la ciudad y varios de ellos se vieron incluso beneficiados económicamente como constructores de las obras que la junta proponía. Sus aportaciones generaron avances en la infraestructura del estado, en la planeación de las edificaciones y en la ubicación de los centros de desarrollo habitacional, que ya eran necesarios debido al crecimiento de San Luis.

Caso similar pasó con el Patronato creado para la construcción y después equipamiento del Hospital Central, del cual formó parte la propia esposa de Santos. También se creó un patronato para la remodelación del Teatro de la Paz, otro para el embellecimiento de la ciudad -cuyas labores incluyeron recaudar donaciones para instalar estatuas de los próceres de la patria- y otros para los festejos de aniversario de fechas importantes para el estado, además de que se sostuvo el patronato para la organización de la Feria Nacional Potosina.

Entonces, ¿gobernó Santos como quiso y con quien quiso? No necesariamente. Gobernó, más bien, con quienes en ese momento eran necesarios para mantener la estabilidad de su mandato. Así, podemos apreciar que, durante el sexenio, las personas y grupos con los que se reunió el gobernador no fueron precisamente los que él hubiera escogido, sino aquellos que podían generarle ingobernabilidad en el estado y causar que, como ocurrió en 1941, el caos fuese tal debido a las protestas, que el presidente tuviese que intervenir (recordemos que en aquel entonces se decretó desaparición de poderes). Las acciones de gobierno entonces tuvieron que ser cuidadas y consensadas, dado que sería ingenuo creer que por el simple hecho de ser incluidos de una forma u otra en el sexenio santista, se diera carta blanca al gobernante para proceder como quisiera. Aquí, las relaciones políticas tuvieron que ser cuidadas por estar sostenidas con vínculos más bien frágiles. No dudamos que al finalizar el sexenio esas relaciones hayan sido productivas para ambos lados, pero esto no elimina el hecho de que Santos tuvo que negociar de diversas maneras sus acciones y obras de gobierno.

Cuarta: Santos fue un matón

La ley más popular durante el sexenio santista no fue ninguna que haya surgido del proceso legislativo, sino una que la gente comenzó a llamar “la ley del hierro”. Resumida en tres palabras: encierro, destierro o entierro. Ha resultado una tarea compleja deslindar los mitos y las leyendas que giran en torno a Santos y su uso de los tres “hierros”. Sin embargo, encontramos evidencia de dos casos registrados en los expedientes del fondo Miguel Alemán Valdés del Archivo General de la Nación, aunque es muy probable que hayan existido otras situaciones similares que no quedaron documentadas.

El primer caso comprobado sucedió durante el mes de enero de 1947. Recordemos que la familia Santos sostuvo durante años rencillas con la familia Lárraga, que se intensificaron cuando los negocios ganaderos del joven Gonzalo N. Santos interfirieron con el poderío de Manuel Lárraga en la zona Huasteca. Pues bien, a finales de 1946, antiguos lugartenientes de Lárraga se encontraban en Zacatecas llevando todos consigo salvoconductos, cuando, de manera sorpresiva, fueron asesinados. El hecho delictuoso causó indignación en la sociedad zacatecana, por lo que el Círculo Social Zacatecano dirigió una carta al presidente de la república mostrando su repudio, atribuyendo el acto a “políticos de mala ley” y pidiendo castigo para los responsables, sin importar su categoría social o política²⁴ La carta no menciona el nombre de Santos y podría perderse la conexión con el gobernador de San Luis si no fuera por otro par de documentos.

El primero de ellos es también una carta dirigida al “Venerable Hermano Miguel Alemán” por parte de la Federación Masónica de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente del presidente del Consejo Masónico, Eliseo García. En ella le solicitaban a Alemán que le fueran otorgadas las debidas garantías para “salvaguardar la existencia, al parecer en peligro, del V. H. Manuel Lárraga, Past-Master y miembro activo de la Logia Simbólica”,²⁵ afirmando muy respetuosamente que el Consejo, al extender la súplica, no ignoraba que Lárraga se encontraba bajo el amparo de las leyes mexicanas, pero que “[había] considerado que sería impropio de [su] conciencia masónica desoír un fuego inspirado por sentimientos humanitarios”. La misiva tampoco menciona a Santos, aunque él mismo nos da la confirmación de que en ambos documentos hay referencias a su persona.

El propio gobernador potosino le envió un extensísimo telegrama al presidente, en donde se defendía afirmando que:

Acabo enterarme de que el bandido Manuel Lárraga me está llenando de calumnias, imputándome una serie de crímenes que sólo a un criminal de oficio como él se le ocurre. Después de haberse levantado en armas contra el Gobierno con bandera padillista y de huir cobardemente a la primera persecución que le hicieron las fuerzas federales en territorio veracruzano, se ha presentado dándose baños de pureza declarándose víctima mía sin que yo me haya ocupado de él jamás. Una noticia periodística dice que Defensa Nacional ha informado a periodistas que agentes del Gobierno de San Luis asesinaron a compañeros de Lárraga. Protesto enérgicamente contra esta calumnia y desafío a quien me acuse a que compruebe su dicho. Creo que el General [ilegible] jefe del Estado Mayor de la Defensa, no podrá aventurar juicio como el que se le atribuye, pues me lastimaría injustamente y no estoy dispuesto a permitir que me calumnien. Salúdolo [sic] muy afectuosa y respetuosamente. Gobernador Constitucional del Estado. Gonzalo N. Santos.²⁶

Difícilmente sabremos si en realidad Santos mandó matar a la gente de su antiguo enemigo. No se localizó ningún documento que evidenciara la apertura de alguna investigación para establecer si el gobernador potosino estuvo involucrado en el asunto. Tampoco se han encontrado documentos que nos indiquen qué medidas tomó, en caso de que lo haya hecho, la presidencia de la república, si atendió la súplica masónica y del círculo zacatecano para proteger la vida de Lárraga.

Otro incidente relacionado con la ley del hierro santista involucra a la familia Martínez,²⁷ que aparentemente fue desterrada de territorio potosino. Según una carta dirigida a la presidencia de la república por Armando Ramírez, redactor del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una familia compuesta por cuatro mujeres, dos jóvenes y cuatro niños, había sido prácticamente secuestrada por elementos de las fuerzas públicas de San Luis Potosí y llevada por el subjefe de la policía estatal a Tamaulipas, en un “acto inhumano y cruel del Gobierno de San Luis Potosí”.²⁸ Según el periodista, Santos pretendía hacer que un tal Felipe Martínez, miembro de esa familia, se rindiera y entregara a las autoridades debido a algún delito que se le imputaba, y al no hacerlo, Santos recurrió al destierro de su familia como medida de presión. El relato indica que el jefe del Servicio Secreto (aparentemente de Nuevo Laredo) se enteró de esta situación y avisó a la Junta de Administración Civil, que auxilió a la familia. El periodista pidió al secretario del presidente que, de considerarlo oportuno, le informara a su superior para que constatara cómo el gobernador de San Luis Potosí violaba garantías constitucionales.

Existe, entonces, evidencia de la ejecución de la popularmente llamada “Ley del Hierro” aunque no en las magnitudes referidas por la prensa y que todavía son señaladas en el imaginario potosino. Por supuesto, podemos suponer que, como se mencionó anteriormente, es muy factible que fuera de lo evidenciado hayan acontecido más hechos del estilo. En este caso, entonces, más que matón en uno de los significados establecidos por la Real Academia Española en su Diccionario de la lengua española, entendido como “persona que amedrenta, lesiona o da muerte a otra, generalmente por encargo” (^{Real Academia Española, s. f., definición 2}), técnicamente estamos ante la primera connotación que hace la Academia: “persona jactanciosa y pendenciera que procura intimidar a los demás”, por lo que, en este sentido, sí se comprueba el dicho popular. Sin embargo, no pasamos por alto que se dejan preguntas sin responder que, posiblemente, puedan ser respondidas a la luz de nueva evidencia.